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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06007-01

Fecha
1 de abril de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06007-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO. – REVOCAR la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2021, por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, conforme a la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO. - ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-06007-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

1 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., primero (1) de abril de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-06007-01
Demandante: Excehomo Rodríguez Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección E
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
JUDICIAL – No se configura – Tercera Instancia - la parte actora pretende reabrir el
debate jurídico al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural.

Procede la Sala a decidir las impugnaciones presentadas por la Nación – Ministerio
de Defensa y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección E, en contra de la sentencia de 23 de noviembre de 2021, proferida por
la Sección Tercera – Subsección B del Consejo de Estado, mediante la cual se
resolvió:

<<PRIMERO: AMPARAR el derecho al debido proceso solicitado por Excehomo Rodríguez
Sierra, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia proferida el 13 de agosto de 2021, por la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-33-35-015-2014-00706-01
y, en consecuencia, ORDENAR a la mencionada autoridad que, dentro de los 10 días
siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión, en la cual,
atienda lo expresado en la presente providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo
30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y
advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán
dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General
para tal fin.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia
en la página web del Consejo de Estado>> (negrilla propia del texto)

I. A N T E C E D E N T E S

1

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06007-01
Demandante: Excehomo Rodríguez Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección E.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 7 de septiembre de 2021, el señor Excehomo Rodríguez Sierra, actuando en
nombre propio, instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección E, con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y
trabajo, presuntamente vulnerados, al proferir la sentencia de 13 de agosto de 20211,
que confirmó la decisión adoptada el 9 de agosto de 2018 por el Juzgado 15
Administrativo del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 11001-33-35-015-2014-00706-01, que promovió
contra la Nación – Ministerio de Defensa – Dirección de Sanidad Militar.

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a las siguientes:

<<PRIMERA. - Que se amparen los derechos fundamentales al Debido Proceso, Al
Acceso a la Defensa y Administración de Justicia, a la Seguridad Social, a La Igualdad
Como Derecho Fundamental Frente a los Procedimientos Administrativos de la
Entidades Públicas, así como el de la Tutela Judicial Efectiva (art. 229 CP) y los
Principios de Legalidad y principios rectores del derecho al trabajo consagrados en el
Articulo 53 Superior, principio de seguridad Juridica. Asimismo, lo estipulado en la
Carta de los derechos Fundamentales de la Unión Europea en su Artículo 41 “derecho
a la buena administración”, Articulo 47 “derecho a la tutela judicial efectiva y a un Juez
imparcial”.

SEGUNDA. - Que se deje sin efectos la Sentencia de fecha 13 de agosto de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Subsección “E”, dentro del Proceso de Nulidad y Restablecimiento del derecho,
Expediente: 11001-33-35-015-2014-00706-01.

TERCERA.- Que como consecuencia de lo anterior, se emita directamente por el
Consejo de Estado o se ORDENE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Segunda Subsección “E”, emita una nueva sentencia, acatando los preceptos
Constitucionales (OIT y Bloque de Constitucionalidad), derechos fundamentales y
principios rectores del derecho del trabajo vulnerados en especial inescindibilidad y no
conglobación, así como la aplicación del régimen salarial y prestacional del personal
civil o no uniformado del Ministerio de defensa.

CUARTA. - Que se ordene que el amparo aquí deprecado se le dé cumplimiento dentro
del término de 48 horas, teniendo en cuenta que este litigio se ha prolongado por un
término de más de ocho (8) años.

QUINTA. - Que en subsidio de lo anterior, se ordene lo que el señor Juez considere
pertinente para la defensa y garantía de mis derechos laborales, haciendo uso de sus

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Decisión que fue notificada el 19 de agosto de 2021.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06007-01
Demandante: Excehomo Rodríguez Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección E.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

facultades Extrapetita y Ultrapetita que rigen en materia laboral>>.2 (negrilla propia del
texto)

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:

3.1.- El señor Excehomo Rodríguez Sierra prestó sus servicios a la Armada Nacional
a partir del 4 de octubre de 1993 en el cargo de adjunto tercero y desde el 1 de marzo
de 1996 fue incorporado a la planta de personal del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares, hoy Dirección de General de Sanidad Militar. Se retiró del servicio, el 25 de
marzo de 2014, por tener derecho a la pensión de jubilación, momento para el cual
ocupaba el empleo de profesional de defensa código 3-1, grado 15.

3.2.- Aclara que, con la expedición del Decreto 1302 de 1994, “solo en el aspecto
formal (nominador) [al] personal que laboraba en las Direcciones de Sanidad de las
tres fuerzas (Armada, Ejército y Fuerza Aérea), se [les] cambió el nominador,
pasando a ser este [el] Instituto de Salud de las Fuerzas Militares (que
posteriormente se denominó Dirección General de Sanidad Militar, hasta la fecha)”,
sin que hubiera tenido traslados físicos de dependencia o cambiado su puesto de
trabajo.

3.3.- Refiere que, en el Decreto 1214 de 1990, se establecieron las prestaciones del
personal civil del Ministerio de Defensa, algunas de las cuales, por coincidir con las
de la Rama Ejecutiva, son pagadas actualmente, pero otras son desconocidas.
Sobre el particular, cita los artículos 38, 46 y 47 del citado cuerpo legal, que versan
sobre la prima de actividad, la prima de servicio y la prima de servicio anual.

3.4.- Afirma que, desde su ingreso a las Fuerzas Militares, devengó, entre otros
emolumentos salariales, la prima de actividad (33% del sueldo básico), hasta el mes
de marzo de 1996 cuando se cambió de nominador.

3.5.- Manifiesta que las asignaciones laborales que en la nómina de la Armada
Nacional estaban constituidas por un sueldo básico más las primas de ley, fueron
sumadas dentro de un solo concepto, esto es, el “salario básico” cuando hubo
cambio de nominador, sin incluirse otro concepto adicional. Señala que en su caso
no se le sumó lo referente al subsidio familiar, ni la prima de antigüedad, toda vez
que no cumplía en dicho momento con los requisitos legales.

3.6.- Aduce que, en el año 2007, la prima de actividad para el personal del Ministerio
de Defensa se incrementó al 49,5%, “efecto que en ningún momento se nos trasladó
o efectuó a los funcionarios de la DGSM”, pues solo se pagaba el sueldo básico y al

2
Expediente digital, folios 10 y 11 del escrito de demanda.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06007-01
Demandante: Excehomo Rodríguez Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección E.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

final de año la prima de navidad y de vacaciones.

3.7.- Relata que fue reclasificado, según Resolución No. 207 de 2002, pasando de
nivel técnico a profesional, sin que tampoco se le hubieran cancelado las primas
referidas previamente, ni el subsidio familiar. Así, resaltó que, el 4 de octubre de 2008
cumplió 15 años de servicio activo, configurándose el derecho a recibir la prima de
antigüedad en una proporción del 10% del sueldo básico, el cual, se debía
incrementar en un 1% por cada año de servicio hasta llegar al 15% al cumplirse 20
años de servicio, sin embargo, esta prestación nunca le fue reconocida y pagada.

3.8.- Por lo anterior, el 24 de mayo de 2013, presentó solicitud de reconocimiento y
pago de las prestaciones ordenadas en el Decreto 1214 de 1990, tales como, la
prima de actividad y el subsidio familiar, ante el Ministerio de Defensa – Dirección
General de Sanidad Militar. Dicha petición fue negada mediante Oficio No. 341804
de 25 de junio de 2013, ante lo cual, el demandante presentó recurso de reposición,
el cual, también fue resuelto de forma negativa, mediante Oficio No. 353005 de 24
de septiembre de 2013.

3.9.- En desacuerdo con lo expuesto, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Dirección
de Sanidad, con el fin de que se declarara la nulidad de los oficios No. 341804 y
353005 de 2013, en virtud de los cuales, la entidad demandada negó el
reconocimiento de las prestaciones sociales y salariales contenidas en el Decreto
1214 de 1990, y como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, pidió ordenar a la parte demandada a reconocer y pagar la prima de
actividad, el subsidio familiar, así como todos los haberes laborales contemplados
en el Decreto 1214 de 1990, Título III, para el personal civil no uniformado del
Ministerio de Defensa, desde la fecha de su vinculación hasta el retiro definitivo,
sumas de dinero debidamente indexadas. Por lo anterior, pidió reajustar todas las
prestaciones recibidas durante su vida laboral y girar los aportes pensionales
actualizados a favor del accionante.

3.10.- En primera instancia, el Juzgado 15 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, mediante sentencia de 9 de agosto de 2018, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, ordenando únicamente el pago del subsidio familiar al
demandante desde el 20 de mayo de 2008, por prescripción, hasta el 24 de marzo
de 2014, fecha de retiro de servicio. Al respecto, señaló que al haber ingresado al
Comando de la Armada, el 1 de octubre de 1993 hasta el 1 de marzo de 1996, siendo
inmediatamente incorporado a la planta de personal del Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares, se encontraba cobijado por el régimen salarial y prestacional
establecido en el Decreto 1214 de 1990. En ese sentido, precisó que, estaba probado
que para el mes de febrero de 1996, el demandante devengaba una asignación
básica mensual de $167.090, más una prima de actividad de $55.139, para un total
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06007-01
Demandante: Excehomo Rodríguez Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección E.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

de $212.229, y al momento de ser incorporado a la planta del Instituto de Salud de
la Fuerzas Militares, empezó a devengar una asignación básica que ascendía a la
suma de $248.848, por lo que concluyó que conforme a lo señalado en el Decreto
171 de 1996, la prima de actividad fue incorporada dentro del salario básico del
demandante, pues su asignación se incrementó en el 48,9%, lo que compensaba la
prima de actividad dejada de percibir, por lo cual, negó las pretensiones de la
demanda sobre el particular.

3.10.1.- Por otro lado, como se mencionó previamente, accedió las pretensiones
relativas al reconocimiento del subsidio familiar, pues reiteró que era beneficiario de
lo dispuesto en el Decreto 1214 de 1990, y acorde con lo dispuesto en el artículo 89
del Decreto 1301 de 1994, era factible obtener el reconocimiento de esta prestación
cuando cumplieran los requisitos legales para ser su acreedor, sin importar si al
momento de ingreso a la entidad lo devengaba o no.

3.11.- Contra la anterior decisión judicial, el accionante interpuso recurso de
apelación para que se accediera a la totalidad de las pretensiones de la demanda,
reconociéndose la prima de actividad y de servicios conforme al Decreto 1214 de
1990, así como las diferencias en la liquidación de las restantes prestaciones ya
devengadas, como consecuencia del impacto en las mismas de los emolumentos
cuyo reconocimiento se pretendía.

3.12.- El 13 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección E, confirmó la decisión del A quo, al considerar que
la sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-19, proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, determinó que los empleados públicos del Instituto de Salud de
las Fuerzas Militares que fueron incorporados a la planta de personal de salud del
Ministerio de Defensa, quedaron sometidos al régimen salarial previsto para los
empleados de la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional. Así mismo,
que dicha providencia no estableció que el reconocimiento de la asignación básica y
demás primas o subsidios para este personal fuera conforme a lo señalado en el
Decreto 1214 de 1990, pues solo hizo referencia a este estatuto, en materia
prestacional, haciendo alusión al título VI, el cual comprende los artículos 81 a 131A,
que corresponden a la seguridad social y bienestar.

4.- Como fundamento de las pretensiones, la parte actora aduce que la autoridad
judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales, al haber incurrido en
desconocimiento del precedente judicial, pues desconoció los distintos fallos en los
que se dispuso que en materia salarial y prestacional se debía aplicar de manera
integral el Decreto 1214 de 1990 para aquellos empleados públicos del Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares que se incorporaron a la planta de personal de Salud
del Ministerio de Defensa Nacional y han prestado sus servicios desde antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Así, mencionó que se desconoció lo
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06007-01
Demandante: Excehomo Rodríguez Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección E.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

dispuesto en la sentencia SUJ-019-CE-S2-19 del 12 de diciembre de 2019, y las
siguientes providencias: (cuadro transcrito literal, folios 9 y 10 del escrito de tutela)

Proceso Actor M.P. Fecha
25000232500020050790701 Carlos Julio Niño Orjuela Alfonso Vargas Rincón 21/11/2011
No. Interno 2008-1157
25000232500020050764301 Julio Cesar Ramírez Rojas Alfonso Vargas Rincón 21/11/2011
25000232500020050793101 Luis Eduardo Nieto Guerrero Luis Rafael Vergara 21/11/2011
NI. 2009-1993 Quintero
25000232500020060204201 Federico José Barón Del Luis Rafael Vergara 21/11/2011
N. I. 2091-2008 Risco Quintero
25000232500020090038701 Adela Luz Ramírez Bertha Lucía Ramírez de 9/02/2012
N. I. 0808 -2011 Páez
25000-23-42-000-2013- Gloria Cecilia Gutiérrez Gabriel Valbuena 21/06/2018
00667 01(4861-15) Muñoz Hernández
15001-23-33-000-2013- Myriam Rosario Alemán William Hernández Gómez 7/11/2018
00700 01(2939-16) Novoa
No. 3406-2013 Lina Paola Medellín M. 29/01/2015
Número Interno 2487-2015 William Hernández Gómez 27/07/2017
Número Interno 2327-2015 William Hernández Gómez 27/07/2017

Sobre la sentencia de unificación, el actor resalta el siguiente apartado: “2. En
materia prestacional los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares incorporados a la planta de personal de Salud del Ministerio de Defensa
Nacional y que se hubieran vinculado antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se
les aplicará en su integridad el Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen
o adicionen”, del cual colige que es aplicable al caso concreto, al estar demostrado
que el accionante se vinculó al Ministerio de Defensa desde el año 1993, por lo tanto,
se les debe aplicar en su integridad el Decreto 1214 de 1990.

Acorde con lo anterior, afirma que, al aplicarle de manera selectiva el Decreto 1214
de 1990, el Tribunal desconoció el principio de inescindibilidad, consagrado en la
sentencia de unificación 02235 de 2019 proferida por el Consejo de Estado, según
el cual, las normas jurídicas bajo las cuales ha de regirse un asunto concreto deben
ser aplicadas en su integridad. Esto, en razón a que, en su criterio, la norma que en
todo momento rigió su vinculación con el Ministerio de Defensa fue el Decreto 1214
de 1990, no siendo posible aplicar dicha norma solo en lo referente al régimen
prestacional y no al salarial.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

5.- Mediante auto de 9 de septiembre de 2021, la Sección Tercera – Subsección B
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la autoridad
judicial demandada y, en calidad de terceros con interés, a la Nación – Ministerio de
Defensa – Dirección de Sanidad y al Juzgado 15 Administrativo del Circuito de
Bogotá.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06007-01
Demandante: Excehomo Rodríguez Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección E.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

6.- El Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca3 que profirió
la decisión cuestionada solicitó declarar improcedente la acción de tutela, al
considerar que esta se interpuso para surtir una instancia adicional al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, al controvertir cuestiones legales que fueron
objeto de pronunciamiento por parte del juez natural de la causa. Por demás, reiteró
los argumentos esgrimidos en el fallo de 13 de agosto de 2021, y finalmente, en lo
referente al uso de las facultades ultra y extra petita, consideró que este no era
procedente, toda vez que el análisis que se solicita no guarda congruencia con el
objeto de la demanda ordinaria, pues este no se orientó al reconocimiento del
régimen salarial del nivel ejecutivo del accionante.

7.- El Juzgado 15 Administrativo de Bogotá4 solicitó declarar improcedente el
amparo, al considerar que la decisión adoptada en primera instancia respetó el
derecho fundamental al debido proceso del accionante, encontrándose en dicho
proveído las razones de hecho y de derecho que sirvieron de sustento para acceder
parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin que cumpla por tanto la acción
con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela.

8.- La Nación – Ministerio de Defensa – Dirección de Sanidad, guardó silencio.

C. Sentencia de primera instancia

9.- Mediante sentencia del 23 de noviembre de 2021, la Sección Tercera –
Subsección B del Consejo de Estado amparó el derecho fundamental al debido
proceso del accionante y, en consecuencia, dejó sin efectos la sentencia de 13 de
agosto de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
ordenándole a dicha instancia judicial, dictar nuevo fallo atendiendo lo expresado en
dicha providencia.

9.1.- Así, empezó su análisis precisando que, si bien la parte demandante alegó
diferentes reparos a la sentencia enjuiciada, la mayoría de ellos iban dirigidos a
cuestionar el presunto desconocimiento del precedente establecido por el Consejo
de Estado frente a la aplicación integral del Decreto 1214 de 1990 en materia
prestacional, y la necesidad de observar el principio de inescindibilidad, al momento
de aplicar las normas, por lo que, el análisis del caso versó sobre dichos dos asuntos

9.2.- A continuación, transcribió las reglas establecidas en la Sentencia de 12 de
diciembre de 2019, Rad. 25000-23-42-000-2016-04235-01 (0901-18) SUJ-019-CE-
S2-19, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, y al comparar lo

3
Expediente digital, intervención contenida en 9 folios.
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Expediente digital, intervención contenida en 4 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06007-01
Demandante: Excehomo Rodríguez Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección E.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

dispuesto en el caso concreto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
concluyó que dicha instancia judicial incurrió en dos errores evidentes:

i) entender que la mera vinculación de una persona como empleado público a la
planta de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional, conlleva,
necesariamente, la pérdida del derecho a percibir las prestaciones laborales
establecidas en el Título III del Decreto 1214 de 1990, pues, esta interpretación “se
aleja de la verdadera regla fijada en la sentencia de unificación, según la cual, es la
fecha de vinculación y no este solo hecho aislado, lo que determina si el empleado
público tiene derecho a la aplicación integral del citado decreto o sólo a su título VI,
esto se decide, respectivamente, estableciendo si la vinculación se dio con
anterioridad a la Ley 100 de 1993 o con posterioridad a esta”, y

ii) al utilizar el régimen salarial y no el prestacional, establecido en el Decreto 1214
de 1990, para estudiar y decidir sobre el reconocimiento de las prestaciones
laborales del accionante, el Tribunal abarcó, bajo el régimen salarial, temas que no
correspondían a este, desconociendo así la regla de unificación que diferenció entre
estos 2 regímenes. Por ende, dado que desde el 4 de octubre de 1993, el señor
Rodríguez Sierra perteneció a la planta de personal de empleados públicos del
Ministerio de Defensa Nacional al servicio de la Armada Nacional hasta el 1 de marzo
de 1996, fecha en la cual fue vinculado a la planta global del Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares, la autoridad accionada debió acatar las reglas de unificación
fijadas en la SUJ-019-CE-S2-19 y, en consecuencia, aplicar de manera integral el
Decreto 1214 de 1990 y reconocer las prestaciones laborales pretendidas en la
demanda.

9.3.- Acorde con lo anterior, consideró que se configuró el desconocimiento del
precedente contenido en la sentencia SUJ-019-CE-S2-19, siendo necesario acceder
a las pretensiones de la demanda.

D. La impugnación

10.- En desacuerdo con lo anterior, la Coordinadora del Grupo Contencioso
Constitucional del Ministerio de Defensa y el Magistrado Ponente de la decisión
judicial demandada interpusieron impugnación contra el fallo de tutela de primera
instancia. El Ministerio de Defensa alegó que la acción de tutela se interpuso por la
parte actora buscando reabrir el debate fáctico y jurídico efectuado ante al juez
natural de la causa, careciendo así del requisito de relevancia constitucional. En
concreto, indicó que, tal como lo precisó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en la sentencia objeto de demanda, en el fallo de unificación SUJ-019-CE-S2-1911
se determinó que los empleados públicos del instituto de Salud de las Fuerzas
Militares, que fueron incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de
Defensa, quedaron sometidos al régimen salarial previsto para los empleados de la
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06007-01
Demandante: Excehomo Rodríguez Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección E.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, sin referir que el
reconocimiento de la asignación básica y demás primas o subsidios para este
personal fuera conforme a aquellos señalados en el Decreto 1214 de 1990, “pues
solo hizo referencia a este estatuto en materia prestacional, haciendo alusión al
Título VI, el cual comprende los artículos 81 a 131A, que corresponden a la seguridad
social y bienestar, las prestaciones médico asistenciales, así como las prestaciones
por retiro o muerte”.

10.1.- Así, aseveró que, acorde con la normatividad vigente y la línea jurisprudencial
aplicable, el régimen salarial del demandante era el establecido para los empleados
públicos de la Rama Ejecutiva, el cual no contempla los emolumentos de subsidio
familiar, ni la prima de actividad. Igualmente, alegó que, el régimen prestacional que
cobija al accionante sí es el establecido en el título VI del Decreto 1214 de 1990, al
haberse vinculado desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Por
ende, arguyó que la parte actora no tiene derecho al reconocimiento de los
emolumentos salariales que reclama, pues el referido Título VI del Decreto 1214 de
1990 hace referencia a la seguridad social y bienestar, sin que haga alusión a la
prima de actividad, la prima de servicios o al subsidio familiar devengados en servicio
activo.

10.2.- Por su parte, el Magistrado Ponente de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca indicó que la Sección Segunda del Consejo de
Estado, al analizar un asunto similar al presente, en sentencia de 4 de noviembre de
20215, determinó que en materia salarial: los empleados públicos vinculados al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares se regían por las normas reguladas por el
Gobierno Nacional para los servidores de los establecimientos públicos del orden
nacional. Por lo tanto, comoquiera que estaban vinculados a un órgano del nivel
descentralizado, no se regían por las normas aplicables al personal civil del Ministerio
de Defensa. A su vez, en materia de seguridad social, aclaró que el régimen aplicable
para los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa antes de la vigencia
de la Ley 100 de 1993 y que se incorporaron al Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares continuaría cobijado por el Decreto 1214 de 1990.

10.3.- Seguidamente, mencionó que el Departamento Administrativo de la Función
Pública en la Guía de Administración Pública de agosto de 2018, determinó que: “la
libelista no consolidó el derecho al reconocimiento y pago de la prima de actividad,
el subsidio familiar ni los demás haberes consagrados en el Título III del Decreto
1214 de 1990, pues aquellos conceptos constituyen factores de remuneración que
hacen parte del régimen salarial consagrado en el mentado apartado de la norma en
cita, el cual no es aplicable a su caso, puesto que por su vinculación inicial con el
Instituto de Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y su posterior

5
Cita original: C.E., Sec. Segunda, Sent. 2016-01807-01, nov. 4/2021. M.P. William Hernández Gómez.
9

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06007-01
Demandante: Excehomo Rodríguez Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección E.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

incorporación a la Dirección de Sanidad de la referida entidad, así como en
observancia de las reglas jurisprudenciales de unificación contempladas en la
sentencia proferida por la Sección Segunda de esta corporación el 12 de diciembre
de 2019, la demandante solo resulta ser beneficiaria del régimen prestacional
contemplado en la Ley 100 de 1993 y en el Título VI del aludido Decreto 1214 de
1990 en lo no previsto en la primera, no así de la regulación en materia salarial que
contenía este último, puesto que en tal aspecto la libelista se regía por las normas
expedidas por el Gobierno Nacional para los servidores de los establecimientos
públicos del orden nacional y no por las diseñadas para el personal civil del sector
defensa”.

10.4.- De lo anterior, coligió que el régimen salarial que hace referencia a las primas
y subsidiarios pretendidos por el accionante, no dependía de la fecha de vinculación
anterior o posterior a la Ley 100 de 1993 como sí lo era el régimen prestacional, “de
manera que, en el presente asunto tal como se explicó en la providencia objeto de
tutela, el señor Excehomo Rodríguez Sierra NO tiene derecho a la aplicación del
título III del Decreto 1214 de 1990”.

10.5.- Acto seguido reiteró la argumentación esgrimida en el fallo demandado y con
respecto a lo dispuesto en la sentencia de unificación, precisó que, en materia
salarial, el Consejo de Estado en ningún momento refirió que el reconocimiento de
la asignación básica y demás primas o subsidios fuera conforme a aquellos
señalados en el Decreto 1214 de 1990, por el contrario, siempre aclaro que los
empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que fueron
incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa, quedaron
sometidos al régimen salarial previsto para los empleados de la Rama Ejecutiva del
poder público del orden nacional. Luego, con la incorporación de los cargos
equivalentes en la planta global del Ministerio de Defensa, les correspondía la escala
fijada desde el año 2009 para los empleados civiles no uniformados de dicha entidad.
Por lo tanto, el accionante, al haber sido incorporado a la planta de personal de salud
del Ministerio de Defensa, no tiene derecho al reconocimiento de las primas de
actividad y de servicios que se encuentran consagradas en el Decreto 1214 de 1990,
previstas únicamente para el personal civil que presta sus servicios a la cartera
ministerial referida, siendo esta la razón que conllevó a confirmar la sentencia
proferida por el Juzgado 15 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en cuanto
negó las pretensiones de la demanda respecto de dichos emolumentos. Por ende,
estimó necesario revocar el fallo de primera instancia.

II.- C O N S I D E R A C I O N E S

E. Competencia

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06007-01
Demandante: Excehomo Rodríguez Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección E.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

11.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto-Ley 2591 de 19916.

F. Análisis del caso concreto

12.- Dado lo anterior, corresponde determinar si se confirma, modifica o revoca el
fallo impugnado, proferido por la Sección Tercera – Subsección B del Consejo de
Estado que amparó el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora, al
considerar que se configuró el desconocimiento del precedente jurisprudencial
alegado.

G. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

13.- Sobre la relevancia constitucional del asunto, la Sala Plena del Consejo de
Estado ha expresado que para determinar si una acción de tutela cumple con dicho
requisito es necesario entrar a examinar dos elementos, a saber7:

• Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que
no basta enunciar los derechos presuntamente vulnerados, sino que tal vulneración
ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe expresar con
suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor frente a los derechos fundamentales de quien promueve la acción de tutela,
de cara a la definición que ha adoptado el juez, encargado por mandato
constitucional de definir el derecho, bajo la sacramental fórmula de administrar
justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio debe
permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se superpone
aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia.

• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que
este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales
y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial,
aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la
acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión
del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien con la determinación
contenida en la sentencia no se ve favorecido, pues sin lugar a dudas de lo que se
trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.

6
“por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
7
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
11

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06007-01
Demandante: Excehomo Rodríguez Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección E.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

14.- Siguiendo la delimitación del litigio efectuada por el A quo, se colige por esta
Sala que, en el caso objeto de estudio, la parte actora aduce que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el fallo acusado, incurrió en desconocimiento del
precedente judicial dictado por el Consejo de Estado, según el cual, el Decreto 1214
de 1990 es aplicable en su integridad al personal civil del sistema de salud de las
fuerzas militares incorporado a la planta global de empleados públicos del Ministerio
de Defensa- Dirección General de Sanidad Militar, que se vinculó desde antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

15.- Tras analizarse el contenido del escrito de apelación contra el fallo de primera
instancia proferido por el Juzgado 15 Administrativo del Circuito de Bogotá y los
alegatos de conclusión en ambas instancias, se advierte que, la aplicación del
Decreto 1214 de 1990 al caso concreto y su inescindibilidad fue un argumento
reiterado por el accionante ante el juez natural de la causa, que fue debidamente
estudiado por el Tribunal accionado, siendo evidente que, la acción de tutela, en ese
respecto, se interpuso para reabrir el debate sobre el régimen salarial aplicable al
actor, surtiéndose una instancia adicional al proceso ordinario.

16.- En efecto, en los alegatos de conclusión de primera instancia, el actor aseguró
lo siguiente:

<<FUNDAMENTOS DE LAS PRETENSIONES

Mi poderdante venía ejerciendo su cargo en la Dirección de Sanidad Militar, dependencia del
Ministerio de Defensa Nacional, desde antes de la creación del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares, antes de la vigencia del Decreto 1301 de 1994, y por lo tanto, traía los derechos del
Decreto 1214 de 1990, título III (…)

2. El Consejo de Estado en la sentencia que define el régimen aplicable al personal de las direcciones
de sanidad militar y de policía, no está de ninguno modo excluyendo del decreto 1214 título III a
quienes se vincularon con anterioridad a dependencias del ministerio, antes de ser absorbidos
por el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares. Por el contrario, en dicha sentencia del 27 de
noviembre de 2014, radicación 2012-905, expediente 2853-2013 al distinguir tres etapas
perfectamente diferenciadas respecto de la aplicabilidad de las prestaciones, enuncia en el numeral
1 a los antiguos empleados de sanidad a los que les sería aplicable el artículo 38 y siguientes del
1214. (…)

No obstante lo dicho, si bien en varias sentencias del Consejo de Estado referentes al régimen
prestacional aplicable a los funcionarios de Sanidad de la Policía y de Las fuerzas Militares ha
concluido que corresponde al de la rama ejecutiva del poder público, esta conclusión, basada
en que la Ley 352 de 1997 que da ese tratamiento a quienes, disueltos los establecimientos
públicos de salud creados por el decreto 1301 de 1994, pasaban a formar parte de las
dependencias de sanidad en el Ministerio, es inapropiada en cuanto no analiza su falta de
conformidad con las normas constitucionales, tratados internacionales y principios
universales de protección al trabajo remunerado. (…)

12

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06007-01
Demandante: Excehomo Rodríguez Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

4. El régimen diferencial establecido por la ley 352 de 1997 para los empleados del Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares, tuvo en cuenta, no para descartar, a los antiguos empleados de
sanidad Militar que luego fueron incorporados al Instituto, pues solo los menciona para
garantizar el régimen de seguridad social del 1214 de 1990 título VI, pero no para excluirlos del
régimen de asignaciones primas y subsidios del título III, PUES ESE PUNTO NO LO TRATÓ EN
LA LEY, pues solo se ocupó del régimen salarial y prestacional de los nuevos empleados que
ingresaron al Instituto, para decir que seguirían con el mismo régimen, pero de ninguna manera
excluyendo a los antiguos empleados de sanidad del decreto 1214 título III. Y si fue su intención
tratar ese punto para excluir, resulta la norma inaplicable por violación de derechos
adquiridos.>>8

16.1.- A su turno, en el recurso de apelación formulado contra el fallo de 9 de agosto
de 2018, proferido por el Juzgado 15 Administrativo del Circuito de Bogotá, adujo
que:

<< (…) El art. 4 del decreto 171 de 1996 no puede desconocer los derechos consagrados en el decreto
que reglamenta el art. 89 del decreto 1301 de 1994 que dice que (el incorporado a la nueva planta)
tiene derecho a todos los factores que por su cargo devengue conforme al decreto 1214, factores que
incluyen la prima de actividad.

El a quo no tuvo en cuenta en su integridad la sentencia del Consejo de Estado, sección segunda,
consejero ponente GABRIEL VALBUENA… de 21 de junio de 2018, en el proceso de Gloria Cecilia
Gutiérrez Muñoz… NUMERO INTERNO 4861-2015, que trata de un caso de idénticos presupuestos
fácticos que el que nos ocupa, y en el que el máximo tribunal, a partir del artículo 55 de la ley 352 de
1997 que dispone que al personal vinculado con anterioridad al 22 de junio de 1994, se les aplica en
su integridad el título VI del decreto 1214 de 1990, referente a la seguridad social y pensiones,
concluye que no pueden excluirse la prima de actividad, ni el subsidio familiar, ni las demás
prestaciones del personal civil del ministerio de defensa, porque dicho título VI dispone en sus
artículos 96 y 102 LAS PARTIDAS COMPUTABLES PARA LA LIQUIDACIÓN DE
PRESTACIONES, ENTRE ELLAS LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN, CESANTÍAS Y DEMÁS
PRESTACIONES SOCIALES.>>9

16.2.- Argumentos que fueron reiterados en los alegatos de conclusión de segunda
instancia10, y frente a los cuales el Tribunal realizó el siguiente análisis legal y
jurisprudencial:

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, empieza por enunciar el régimen
salarial y prestacional del personal civil vinculado al sector salud de las Fuerzas
Militares, aclarando que, la Presidencia de la República expidió el Decreto 1214 de
8 de junio de 1990, “Por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional civil
del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional”, disponiendo, lo siguiente:

8
Expediente digital, folios 184 y 185 del Cuaderno Principal del expediente No. 11001-33-35-015-2014-00706-
01.
9
Expediente digital, folios 301 Y 302 del Cuaderno Principal del expediente No. 11001-33-35-015-2014-00706-
01.
10
Expediente digital, folios 327 y 337 del Cuaderno Principal del expediente No. 11001-33-35-015-2014-00706-
01.
13

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06007-01
Demandante: Excehomo Rodríguez Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección E.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

<<ARTÍCULO 1o. APLICABILIDAD. El presente Decreto regula la administración del personal civil que presta
sus servicios en el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y en la Justicia Penal Militar y su Ministerio Público.
ARTÍCULO 2o. PERSONAL CIVIL. Integran el personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional,
las personas naturales que presten sus servicios en el Despacho del Ministro, en la Secretaría General, en las
Fuerzas Militares o en la Policía Nacional. En consecuencia, las personas que presten sus servicios en los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía
mixta y las unidades administrativas especiales, adscritos o vinculadas al Ministerio de Defensa, no tienen la
condición de personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional y se regirán por las normas orgánicas
y estatutarias propias de cada organismo.
ARTÍCULO 3o. CLASIFICACIÓN. El personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional se clasifica
en empleados públicos y trabajadores oficiales.
ARTÍCULO 4o. EMPLEADO PUBLICO. Denominase empleado público del Ministerio de Defensa y de la Policía
Nacional, la persona natural a quien legalmente se le nombre para desempeñar un cargo previsto en las
respectivas plantas de personal del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional y
tome posesión del mismo, sea cual fuere la remuneración que le corresponda>>

Seguidamente, indicó que, en ejercicio de las facultades otorgadas en el numeral 6
del artículo 248 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con lo previsto en el Decreto
No. 1266 de 1994, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 1301 de 1994, “por el cual
se organiza el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y del
personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y del personal no uniformado de la
Policía Nacional, así como del de sus entidades descentralizadas”, en cuyo artículo
86 estableció con respecto al régimen salarial y prestacional del personal vinculado
al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, que, aquellos quedarían sometidos a
lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, en materia prestacional, salvo que, se hubieren
vinculado al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993, pues en dicha hipótesis, “continuarían cobijados por
el Título VI del Decreto Ley 1214 de 1990”.

Después, expuso que se expidió la Ley 352 de 1997, mediante la cual: i) se
reestructuró el sistema de salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, ii) se
dictaron disposiciones en materia de seguridad social, iii) se ordenó la supresión y
liquidación del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y iv) se creó la Dirección General
de Sanidad Militar como una dependencia del Comando General de la Fuerzas
Militares. Con todo, dispuso frente al personal que prestaba los servicios en los
institutos liquidados y que fueron incorporados a las plantas de personal de salud del
Ministerio de Defensa y que se hubieran vinculado a estas entidades antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que en materia prestacional se les
continuaría aplicando en su integridad el Título VI del Decreto 1214 de 1990, o las
normas que lo modifiquen o adicionen, pero en material salarial continuarían con el
régimen al que estaban sometidos en dichos institutos.

Seguidamente, relató que el Ejecutivo profirió el Decreto 3062 de 1997, por el cual
se dictaron normas para la liquidación del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares,
el cual previó:

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06007-01
Demandante: Excehomo Rodríguez Sierra
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

<<Artículo 2º. Los empleados públicos y trabajadores oficiales que actualmente prestan sus servicios
en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares se incorporarán a la Planta de Salud del Ministerio de
Defensa Nacional o al Hospital Militar Central según sea el caso, respetando los derechos adquiridos
conforme al artículo 54 de la Ley 352 de 1997. (…)
4. En materia prestacional a los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares que se incorporen a las Plantas de Personal de Salud del
Ministerio de Defensa Nacional y que se hubieren vinculado a esta Entidad antes de la vigencia
de la Ley 100 de 1993 se les continuará aplicando en su integridad el título VI del Decreto 1214
de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen sobre el Régimen Prestacional y al personal
vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, se le aplicará esta disposición. (...)
6. A los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares que se incorporen a las Plantas de Personal de Salud que se creen en el Ministerio de
Defensa Nacional se les aplicará el régimen salarial que rige a los empleos de la Rama Ejecutiva
del Poder Público del Orden Nacional. (…)>> (Se resalta)

Así, acorde con los preceptos normativos expuestos, el Tribunal concluyó que: (i) a
aquellos servidores que se vincularon al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o
a cualquier otra dependencia del Ministerio de Defensa antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, se les continuará aplicando en materia prestacional
el título VI del Decreto 1214 de 1990, el cual comprende los artículos 81 a 131A que
hacen referencia a la seguridad social y bienestar, las prestaciones médico
asistenciales, así como las prestaciones por retiro o muerte; (ii) para aquellos
vinculados con posterioridad a la Ley 100 de 1993, se les aplicará esta última
normatividad; (iii) en materia salarial, continuarán sometidos al mismo régimen
salarial que se les aplicaba en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o en el
Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, según sea el
caso.

Acto seguido, pasó a estudiar la sentencia de unificación dictada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado el 12 de diciembre de 2019 (SUJ-019-CE-S2-19),
citando las reglas de unificación en ellas sentadas, en los siguientes términos:

<<El Consejo de Estado dictó sentencia de unificación el 12 de diciembre de 201916 respecto al caso en estudio,
fijando las reglas respecto del régimen salarial y prestacional del personal civil vinculado al sector salud de las
fuerzas militares que se incorporó a la Dirección General de Sanidad Militar.

Para el efecto, el Consejo de Estado en la sentencia de unificación antes citada, realizó una diferenciación de la
normativa proferida en el tiempo, con el objeto de establecer cuál es el régimen aplicable, así:

10.2.1 Entre la vigencia del Decreto 1301 de 1994 y de la Ley 352 de 1997, estableció las siguientes reglas:

“1. En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e incorporados19 al Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares, se regían por las normas establecidas por el Gobierno Nacional para los servidores de los
establecimientos públicos del orden nacional. Por lo tanto, como quiera que estaban vinculados a un órgano del
nivel descentralizado no se regían por las normas establecidas para el personal civil del Ministerio de Defensa
Nacional.
2. En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable era el previsto en la Ley 100 de 1993 para los
empleados públicos que se vincularan al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional. En lo relativo a las demás prestaciones se les aplicaba el
Decreto 2701 de 1988 y normas que lo modificaron o adicionaron.
Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional antes de la vigencia
de la Ley 100 de 1993 y que se incorporaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, continuaron cobijados por el Decreto 1214 de 1990.

10.2.2 A partir de la vigencia de la Ley 352 de 1997, “los empleados públicos que antes prestaban sus servicios
en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y que fueron incorporados a la planta de salud del Ministerio de
Defensa Nacional, dejaron de pertenecer al sector descentralizado, y para ellos aplican las siguientes reglas:

“1. En materia salarial: los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que fueron
incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa quedaron sometidos al régimen salarial
previsto para los empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional (Artículo 3 Num.6
Decreto 3062 de 1997).

2. En materia prestacional los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares incorporados
a la planta de personal de Salud del Ministerio de Defensa Nacional y que se hubieran vinculado antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993 se les aplicará en su integridad el Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo
modifiquen o adicionen.
Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les aplicará dicha normativa. En
lo no contemplado en materia prestacional en la Ley 100 de 1993 se les aplicará el Título VI del Decreto 1214 de
1990 (Parágrafo artículo 55 de la Ley 352 de 1997).

10.2.3 Finalmente, con la Ley 1033 de 2006 se unificó el régimen de administración de personal que se aplica al
personal civil vinculado a los organismos y dependencias del sector defensa. Por tanto, los empleos públicos del
personal civil no uniformado asignados a la Dirección General de Sanidad Militar pertenecen a la planta de
personal del MDN, a quienes se les aplican las siguientes reglas:

“1. A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de 2007 se reajustaron las plantas de personal, se
establecieron las equivalencias y se fijaron los sueldos con fundamento en la nomenclatura y clasificación
especial, por ello, los sueldos de los empleados civiles no uniformados del sector Defensa se empezaron a pagar
con base en la nueva nomenclatura. Los empleados civiles no uniformados del sector defensa vinculados a la
Planta de Personal del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, debieron continuar
percibiendo la remuneración correspondiente a los empleos que desempeñaban a la entrada en vigencia del
Decreto 4783 de 2008 mientras ocupen el cargo en el que fueron incorporados.

2. En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que fue incorporado por disposición del Decreto 4783
de 2008, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación especial para los empleados civiles no uniformados del
sector defensa, empezó a devengar la asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados
civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.
Lo que quiere decir, que mientras se produjo la incorporación en el cargo equivalente en la planta global del
sector defensa, de acuerdo con el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos, el servidor debió continuar
percibiendo la remuneración correspondiente al empleo que antes desempeñaba, esto es, según el régimen
salarial fijado por el Gobierno para los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.
Efectuada la incorporación al cargo equivalente en la planta global del Ministerio de Defensa Nacional, el
empleado queda sometido a la escala de asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los empleados
civiles no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional.

3. En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no introdujo ninguna modificación, por lo tanto, se mantiene el
régimen prestacional fijado en la Ley 352 de 1997>>

Así, descendiendo al caso concreto, afirmó que estaba probado que el señor
Excehomo Rodríguez se vinculó como personal civil al Ministerio de Defensa antes
de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que, atendiendo las reglas
establecidas en el fallo de unificación previamente expuesto, determinó que para el

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

accionante, el régimen prestacional aplicable era el establecido en Título VI del
Decreto 1214 de 1990, al haberse vinculado a la Armada antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, sin que esto implicara que le asistía el derecho al
reconocimiento y pago de los emolumentos salariales que reclamaba y que se
encuentran consagrados en el Título III del Decreto 1214 de 1990, pues, acorde con
las reglas jurisprudenciales mencionadas, en materia salarial, le aplicaba el mismo
régimen que se le aplicó en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, razón por
la cual confirmó la decisión del A quo.

Finalmente, precisó que, acogiendo el criterio mayoritario de la sala de decisión
sobre la “non reformatio in pejus”, en lo que respecta al subsidio familiar reconocido
en primera instancia no realizaría pronunciamiento alguno, en razón a que la parte
actora actúa como apelante único y no puede hacerse más desfavorable su
situación.

17.- De lo anterior, se advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
efectuó un análisis normativo completo con respecto al régimen salarial y
prestacional del personal civil del sistema de salud de las fuerzas militares
incorporado a la planta global de empleados públicos del Ministerio de Defensa-
Dirección General de Sanidad Militar que, como el actor, ingresó a trabajar desde
antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, concluyendo de forma acertada que,
para el señor Rodríguez el régimen prestacional aplicable era aquel contenido en
el Título VI del Decreto 1214 de 1990, mientras que, el régimen salarial que lo cobija
es el mismo que se le aplicaba en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares. En
ese contexto, se observa que el cargo referente a la inescindibilidad de la norma fue
debidamente rebatido por el juez natural de la causa y al haberse reiterado los
argumentos que sobre el particular fueron alegados por el demandante dentro del
proceso ordinario, en la demanda de tutela, se considera que no se cumple el
requisito de relevancia constitucional, pues sobre el particular, se pretende reabrir el
debate jurídico zanjado.

18.- Ahora bien, sobre el presunto desconocimiento del precedente jurisprudencial
alegado por el actor, esta Sala, considera que la interpretación que efectuó el
Tribunal accionado de la sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019
proferida por esta Corporación se ajusta a lo dispuesto en la referida providencia, lo
anterior, se corrobora con la aplicación que la referida Sección ha hecho de dicha
sentencia de unificación. Por citar un ejemplo, se menciona lo dispuesto por la
Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, en sentencia de
segunda instancia de 9 septiembre de 2021, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 25000-23-42-000-2016-02851-
01(5501-18), caso en el que el accionante, quien ingresó al servicio de la Dirección
General de la Policía Nacional en el cargo de profesor de música desde el 27 de
febrero de 1992, solicitaba la aplicación integral del Decreto 1214 de 1990 para
17

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06007-01
Demandante: Excehomo Rodríguez Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección E.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

reliquidar su mesada pensional. Al respecto, dicha sección descartó dicha
pretensión, en los siguientes términos:

<<Pues bien, en el sub iudice, tal como se advirtió previamente, el demandante sí acreditó un
nombramiento anterior al 1° de abril de 1994, lo cual se reitera, según la referida tesis jurisprudencial,
le permite ser beneficiario de las previsiones en materia prestacional del Título VI del Decreto 1214
de 1990. Cabe resaltar al respecto que, el estudio del presente asunto se basó en la vinculación del
demandante desde el año 1992 en forma continua, de modo que solo hubo cambio de dependencia,
pero no se presentó ninguna reincorporación como se ha esgrimido por la entidad demandada, pues
lo cierto es que conforme a la hoja de servicios aportada, no se observa solución de continuidad en
la relación legal y reglamentaria que sostenía con aquella autoridad desde la anualidad indicada.

De conformidad con lo expuesto, resulta ostensible que no puede válidamente desconocerse el
disfrute de las prestaciones sociales contempladas en el Título VI del Decreto 1214 de 1990 para
servidores como el libelista, cuando reúnan los requisitos de cada una para su pago, y por lo tanto,
mucho menos pueden dejarse de tener en cuenta para efectos liquidatorios de la pensión de vejez
siempre y cuando se encuentren enlistados en el artículo 102 ibídem.

Ahora, sobre el derecho a las partidas computables referidas y deprecadas expresamente por la parte
activa en su demanda y en su recurso de apelación, particularmente se observa que los conceptos
correspondientes al sueldo básico y las doceavas partes de la bonificación por servicios prestados, la
prima de servicios, la prima de vacaciones y la prima de navidad, fueron incluidos en el ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación del señor Castellanos Cuesto.

En cuanto a los demás factores del Título III no especificados que pretende sean incluidos a
efectos de la reliquidación pensional instada, se tiene que, tal como lo manifestó el libelista en
el recurso de impugnación, estos no corresponden a ninguna de las prestaciones consagradas
en el Título VI del Decreto 1214 de 1990 relativo a la seguridad y bienestar social, sino que
obedecen a sendos factores de remuneración del servicio enlistados en el Título III de dicho
estatuto, a los cuales el demandante no tiene derecho en la medida en que tampoco es
beneficiario de este último precepto, pues aquel desarrolló el régimen salarial que, como se
señaló con antelación, no dependía de la fecha de vinculación anterior a la Ley 100 de 1993
como sí lo fue el régimen prestacional.

Sobre el particular se destaca nuevamente que, la sentencia de unificación del SUJ-019-CE-
S2-19 de 12 de diciembre de 2019 planteó como reglas de interpretación diferencial entre
aspectos salariales y prestacionales del personal civil de la salud vinculado al sector defensa,
las siguientes:

[…] (i) En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e incorporados al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se regían por las normas reguladas por el
Gobierno Nacional para los servidores de los establecimientos públicos del orden
nacional. Por lo tanto, comoquiera que estaban vinculados a un órgano del nivel
descentralizado no se regían por las normas reguladas para el personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional.

(ii). En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable era el previsto en la Ley 100
de 1993 para los empleados públicos que se vincularan al Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional. En lo relativo
a las demás prestaciones se les aplicaba el Decreto 2701 de 1988 y normas que lo modificaron
o adicionaron.

Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional
antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se incorporaron al Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional,
continuaron cobijados por el Decreto 1214 de 1990. […]>> (Se resalta)

18

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06007-01
Demandante: Excehomo Rodríguez Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección E.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

18.1.- Interpretación reiterada, por mencionar algunos, en los fallos de fechas; i) 8 de
julio de 2021, radicado: 25000-23-42-000-2018-00669-01; 13 de noviembre de 2020,
radicado: 25000-23-42-000-2016-04905-01 (4296-2019); 4 de marzo de 2021,
radicado: 25000-23-42-000-2017-05090-01 (4893-2019); 3 de junio de 2021,
radicado: 25000-23-42-000-2016-04890-01 (5294-2018); y 10 de junio de 2021,
radicado: 68001-23-33-000-2017-00283-01 (860-2020).

18.2.- Sumado a lo anterior, debe precisarse que las demás sentencias a las que el
actor alude en su escrito de tutela fueron dictadas con antelación a la sentencia de
unificación de 2019, no siendo por ello un criterio jurisprudencial vigente y válido a
aplicar en su caso concreto por parte del Tribunal accionado. Por ende, tampoco se
configura por esta causal el desconocimiento jurisprudencial aducido, siendo
improcedente el amparo constitucional.

19.- Por lo anterior, se evidencia que la parte accionante pretende con esta acción
constitucional abrir un debate, convirtiendo la acción de amparo en una instancia
adicional, al no estar de acuerdo con la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.

20.- Por lo demás, no sobra mencionar que la jurisprudencia constitucional no ha
considerado factible la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, cuando quiera que estas se fundamentan en un determinado criterio
jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables a la causa
y en una valoración adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así,
habría una intromisión arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera
grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los
cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal 11.

21.- Visto lo anterior, estima esta Sala que las presuntas deficiencias alegadas
respecto de la decisión adoptada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, responden, en realidad, a una mera discrepancia valorativa sobre el
resultado desfavorable del proceso que no es susceptible de admitirse como una
causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de interpretaciones
diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste
al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su
autonomía e independencia.

22.- Por lo expuesto anteriormente, la acción de tutela que se examina se torna
improcedente al no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional, por
lo tanto, esta Sala revocará la sentencia de 23 de noviembre de 2021, proferida por

11
Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
19

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06007-01
Demandante: Excehomo Rodríguez Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección E.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

la Sección Tercera – Subsección B del Consejo de Estado en la que se amparó el
derecho fundamental al debido proceso de la parte actora, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

23. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- F A L L A

PRIMERO. – REVOCAR la sentencia proferida el 23 de noviembre de 2021, por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, conforme a la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO. - ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE12
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

12
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

20

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