Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06028-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06028-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-06028-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
13 de enero de 2022
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 1- 0 6 02 8- 0 0
Ac c i o na nt e : A do l fo M art ín ez M or e no
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., trece (13) de enero de dos mil veintidós (2022)
F.T: 01
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06028-00
Accionante: ADOLFO MARTÍNEZ MORENO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, SALA DE
DECISIÓN NÚM. 7.
Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial emitida en el marco de
un proceso ejecutivo, en la que se condenó en costas al accionante. Ausencia de
los defectos invocados.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de
tutela, decide la acción de la referencia.
HECHOS RELEVANTES
a) Ejecución de la sentencia
El señor Adolfo Martínez Moreno instauró demanda ejecutiva en contra de la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil), para lograr el cumplimiento de la
sentencia dictada el 5 de noviembre de 2009 por el Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito Judicial de Cartagena en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, mediante la cual se ordenó a la entidad demandada reconocer y pagar,
al primero de los mencionados, la prima de actualización y el reajuste de la
asignación de retiro, con la inclusión de aquella, de conformidad con lo dispuesto
en los decretos 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995, desde el 1.° de enero de
1993 hasta el 31 de diciembre de 2005.
El 12 de febrero de 2015 la autoridad judicial precitada declaró probada la
excepción de pago de la obligación propuesta por la entidad ejecutada, por lo cual
la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la anterior
decisión. El 26 de febrero de 2021 el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Decisión núm. 7, confirmó la sentencia recurrida y condenó en costas de segunda
instancia a la parte ejecutante, conforme a lo previsto en los artículos 365 y 366
del Código General del Proceso.
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b) Inconformidad
El accionante, Adolfo Martínez Moreno, consideró que el Tribunal Administrativo
de Bolívar, Sala de Decisión núm. 7, vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia y, junto con ellos,
los principios de seguridad jurídica, buena fe y “confianza de los ciudadanos en las
autoridades”, al condenarlo en costas en la sentencia del 26 de febrero de 2021,
cuando aquel no actuó con temeridad ni mala fe, sino que, por el contrario, acudió
a los estrados judiciales, para hacer efectivo el derecho que le fue concedido en la
sentencia proferida el 5 de noviembre de 2009 por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, mediante la cual se ordenó
reconocerle y pagarle la prima de actualización y el reajuste de la asignación de
retiro, en virtud de lo dispuesto en los decretos 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de
1995.
Como fundamento de lo anterior, refirió el fallo dictado el 31 de octubre de 2019
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso con
número de radicado 2013-00533-01, donde se dispuso que en materia de costas
el juez de lo contencioso administrativo, a diferencia de las otras jurisdicciones,
debía elaborar un juicio de ponderación subjetiva, el cual supone que el reproche
hacia la parte vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que
dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento.
Adicionalmente, afirmó que en el proceso ordinario no existe prueba de que se
generaran gastos, por lo que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta lo
previsto en el ordinal 8.° del artículo 365 del Código General del Proceso, en el
que se dispuso que solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación.
PRETENSIONES
La parte accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales antes
mencionados. En consecuencia, peticionó revocar el ordinal segundo de la
sentencia proferida el 26 de febrero de 2021, por medio del cual el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión núm. 7, lo condenó en costas de
segunda instancia en el proceso ejecutivo con número de radicado 2007-00055 y,
por lo tanto, requirió que se le exima de la mencionada condena.
CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO
Tribunal Administrativo de Bolívar
El magistrado Luis Miguel Villalobos Álvarez, luego de hacer un recuento de las
actuaciones efectuadas en el proceso ejecutivo, aseguró que no le asiste razón a
la parte accionante, al endilgarle a esa corporación judicial la supuesta violación
de los derechos fundamentales invocados, toda vez que el ordinal segundo de la
providencia censurada se encuentra ajustado a las reglas taxativamente
consagradas en el artículo 365 del Código General del Proceso, comoquiera que
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la condena en costas fue impuesta, en razón a que se confirmó la sentencia
proferida el 12 de febrero de 2015, mediante la cual se despacharon
desfavorablemente las pretensiones deprecadas por la parte accionante, debido a
que se encontró probada la excepción de pago propuesta por Cremil.
Por lo anterior, concluyó que la decisión cuestionada se profirió en observancia de
los postulados previstos en el CPACA, los cuales no pueden soslayarse por el
juzgador ni por quienes acceden a la administración de justicia. En esa medida,
solicitó rechazar por improcedente la acción de la referencia, ante el
incumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedibilidad creados
por la jurisprudencia constitucional.
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil)
La profesional del derecho Paula Alejandra Amórtegui Umaña indicó que lo
pretendido por el accionante es que se realice un nuevo análisis frente a la
condena en costas, situación que ya fue resuelta en el curso del proceso ejecutivo.
Además, señaló que tampoco logró probarse la existencia de algún tipo de fraude
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ni en el ejecutivo que
amerite un nuevo pronunciamiento por parte del juez constitucional. Al respecto,
explicó que no es competencia del juez de tutela examinar las actuaciones
procesales surtidas en otros juicios ordinarios y determinar en cuál de ellos la
decisión definitiva fue ajustada a la ley, pues el hecho de que no se acceda a las
pretensiones no quiere decir necesariamente que se incurra en una vía de hecho.
De otra parte, alegó que carece de legitimación en la causa por pasiva, puesto que
dentro de sus funciones no se encuentra la de revocar la condena en costas
impuesta al accionante, pues ello le corresponde al Tribunal accionado, por ser la
autoridad judicial que conoce del proceso ejecutivo. Por tanto, solicitó decretar la
improcedencia del presente trámite constitucional.
El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena se limitó
a aportar la copia digital del expediente del proceso ejecutivo radicado bajo el
número 13001-33-31-008-2007-00055-02.
CONSIDERACIONES
Competencia
La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la
competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021 1, el
cual regula que: «[…] [l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o
Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada […]».
1 Por medio del cual se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015 referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.
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Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura
reiterada y uniforme de la Corte Constitucional2 y del Consejo de Estado3 ha sido
admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos
generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de
procedencia (defectos).
La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional empezando por la
tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993,
entre otras providencias, y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su
sistematización en la sentencia C-590 de 2005.
Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez,
concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y
cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los
requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.
Veamos:
Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de
los defectos planteados. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute
tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa
judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de
inmediatez; (iv) cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser
decisiva en la sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v)
se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la
providencia bajo estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue
dictada dentro de una acción de tutela.
Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales
puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes4: a) defecto orgánico,
que se presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b)
defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa
completamente al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
ocurre cuando: el juez carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente
equivocada o no tiene en cuenta el material probatorio obrante en el expediente
2 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-
1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999,
T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de
2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018
de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-
074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de
2015.
3Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
4Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.
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para proferir la decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando
exista un error judicial ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca
lineamientos constitucionales y/o legales, específicamente ocurre cuando: se
decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía
de ellas o exista una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por
terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente
judicial y h) violación directa de la Constitución Política.
Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.
Problema jurídico
Previo a plantear el problema jurídico, la Subsección advierte que en el caso bajo
análisis se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, por tanto, se aclara
que, si bien los accionantes no alegaron la configuración de un defecto concreto,
lo cierto es que las inconformidades expuestas encajan en el defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial, por lo cual el estudio se llevará a cabo
frente a estas dos causales específicas de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales.
Así las cosas, el problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las
siguientes preguntas:
1. ¿El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión núm, 7, al imponer
la condena en costas en la sentencia controvertida, desconoció el artículo
365 del Código General del Proceso?
2. ¿La autoridad judicial precitada estaba obligada a acatar la sentencia citada
por el accionante como inobservada?
Para resolver el problema así planteado, se abordará la siguiente temática: (I)
defecto sustantivo, (II) línea interpretativa para la imposición de la condena en
costas, (III) análisis de la decisión adoptada por el Tribunal accionado en cuanto a
la condena en costas, (IV) desconocimiento de precedente judicial y (V) examen
de la sentencia citada como desconocida. Veamos:
• Primer problema jurídico
¿El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión núm. 7, al imponer la
condena en costas en la sentencia controvertida, desconoció el artículo 365 del
Código General del Proceso?
I. Defecto sustantivo
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En diferentes pronunciamientos5, la Corte ha denominado el defecto sustantivo
como una condición de procedibilidad de la acción de tutela contra las
providencias judiciales. Al respecto, ha señalado que se presenta por las
siguientes razones6:
1. La decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al
caso concreto, bien sea, porque aquella no se ajusta al caso, no se encuentra
vigente por haber sido derogada o ha sido declarada inconstitucional.
2. La interpretación o aplicación que se hace de la norma en el asunto concreto
desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance.
3. Se fija la magnitud de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables
al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática.
4. La norma pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada.
5. Se utiliza una norma que, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a esta, por ejemplo, se le
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.
6. Evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
7. Insuficiencia en la sustentación o argumentación que afecte los derechos
fundamentales.
II. Línea interpretativa para la imposición de la condena en costas
El máximo tribunal constitucional definió las costas procesales como los gastos en
que incurre la parte beneficiaria de la condena dentro del proceso judicial, siempre
que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que corresponda a
actuaciones autorizadas por la ley7. Sobre el particular, se advierte que en el
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo se regula que tratándose de costas en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho
aspecto en la sentencia, con excepción de los asuntos en los que se ventile un
interés público. Asimismo, se entrevé que la liquidación y ejecución se rigen por lo
dispuesto en el Código de procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso,
artículo 3658.
5 Ver entre otras, sentencias T-364 de 2009, T-189 de 2005, T-205 de 2004, T-800 de 2006 y SU-159 de
2002.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-781 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
7 Sentencia C-157 del 21 de marzo de 2013.
8 «[…] Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código.
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En esos términos, esta Subsección en múltiples sentencias9 ha sostenido que el
legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al
pasar de un criterio «subjetivo» –CCA– a uno «objetivo valorativo» –CPACA–, el
cual implica que en toda sentencia se decidirá sobre costas, con independencia de
las causas de la decisión desfavorable.
Igualmente, el calificativo de «valorativo» se debe a que en el expediente al juez
le corresponde revisar si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
Así pues, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en
costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte
durante el proceso y por las agencias en derecho. Esta regla no se aplica a los
procesos en los que se ventile un interés público.
III. Análisis de la decisión adoptada por el Tribunal accionado en cuanto a la
condena en costas
El señor Adolfo Martínez Moreno solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia
y la salvaguarda de los principios de seguridad jurídica, buena fe y “confianza de
los ciudadanos en las autoridades”, los cuales estimó vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión núm. 7, al desconocer el ordinal 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso, comoquiera que, a su juicio, en el
expediente del proceso ejecutivo no se encuentran demostrados los gastos
procesales que presuntamente se causaron.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación
de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en
relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o
pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a
su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre
ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán
los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo, podrán
renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción […]».
9Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 11 de abril de 2019. Radicación número:
11001-03-15-000-2018-04595-01 / Sentencia del 26 de septiembre de 2019. Radicación número: 11001-03-
15-000-2019-03753-00.
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Pues bien, para poder emitir un pronunciamiento sobre la anterior inconformidad y
la relativa al desconocimiento del precedente judicial, es necesario mencionar los
argumentos que soportaron la sentencia del 26 de febrero de 2021 proferida por la
autoridad judicial precitada, con respecto a la condena en costas. Así, se observa
que aquella, en la providencia hoy controvertida, expuso lo siguiente:
«[…] De conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación.
En ese sentido, habiendo sido resuelto desfavorablemente el recurso de apelación
a la parte ejecutante en el presente asunto, se encuentra procedente la condena
en costas en segunda instancia, en la modalidad de gastos del proceso y agencias
en derecho, a favor de la parte ejecutada, condena que deberá ser liquidada por la
Secretaría del Juzgado de Primera Instancia (sic) de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En este caso, se tendrán en cuenta los siguientes factores: i) el trámite del recurso,
ii) la naturaleza del proceso y iii) la gestión de la parte demandante.
En consecuencia, se condenará en costas a la parte demandante, las cuales
deberán ser liquidadas por el juzgado de primera instancia, atendiendo lo
dispuesto en los artículos 365 y 366 del expediente […]».
De la anterior transcripción se colige que el Tribunal Administrativo de Bolívar,
Sala de Decisión núm. 7, consideró que, en virtud de lo previsto en el artículo 365
del Código General del Proceso, era procedente condenar en costas en segunda
instancia al hoy accionante, debido a que el recurso de apelación interpuesto por
aquel en contra de la sentencia proferida el 12 de febrero de 2015 fue resuelto de
manera desfavorable, para lo cual aclaró que debía tenerse en cuenta el trámite
del recurso, la naturaleza del proceso y la gestión de la parte demandante y, en
ese entendido, le ordenó al secretario del a quo liquidar dicha condena, conforme
a lo previsto en los artículos 365 y 366 ejusdem. En esa medida, la Subsección
concluye que la corporación judicial accionada no desconoció el artículo 365 del
Código General del Proceso.
Aunado a ello, se advierte que aquella ordenó al Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito Judicial de Cartagena, como juez de primera instancia, liquidar la
condena conforme a las previsiones contenidas en ese artículo; por consiguiente,
allí se determinará concretamente cuáles fueron las agencias en derecho y los
gastos que se causaron en el trámite de la segunda instancia. Al respecto, debe
aclararse que, en caso de que el peticionario del amparo no se encuentre de
acuerdo con las decisiones que allí se adopten, podrá interponer los recursos de
ley que estime pertinentes, en los términos del ordinal 5.° del artículo 366
ejusdem.
En todo caso, se repara en que el accionante tampoco precisó las razones por las
cuales considera que no se causaron los gastos procesales y las agencias en
derecho, por las que, en su criterio, no se debía imponer la condena en costas. En
efecto, nótese que en el escrito de tutela aquel solo se centró en señalar que no
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se incurrió en esos gastos, pero no expuso ningún argumento para soportar dicha
afirmación.
Ahora bien, es preciso indicar que, contrario al aserto del accionante, el Tribunal
accionado no lo condenó en costas porque consideró que su actuación fue
temeraria o de mala fe, sino que su decisión se produjo debido a que el recurso de
apelación que aquel interpuso contra la sentencia proferida el 12 de febrero de
2015 fue resuelto de manera desfavorable, por lo que esa situación encajaba con
el supuesto fáctico expuesto en el artículo multicitado, por lo que había lugar a
imponer dicha condena.
Por tanto, se concluye que el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión
núm. 7, no incurrió en el defecto sustantivo alegado, puesto que aquella no
desconoció el artículo 365 del CGP, sino que, todo lo contrario, lo aplicó para
determinar si había lugar a imponer costas en sede de segunda instancia en el
proceso ejecutivo y, en esa medida, ordenó para su liquidación que se revisaran
todos los requisitos contenidos en ella.
No obstante, en los siguientes acápites pasará a examinarse la controversia con
respecto al desconocimiento de precedente judicial alegado.
• Segundo problema jurídico
¿La autoridad judicial precitada estaba obligada a acatar la sentencia citada por el
accionante como desconocida?
III. Desconocimiento del precedente judicial
La Corte Constitucional ha sostenido que el desconocimiento del precedente
jurisprudencial constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela 10,
pues si bien es cierto los jueces gozan de autonomía para adoptar la decisión a
que haya lugar, también lo es que la misma tiene unos límites, como lo es el
respeto por el precedente judicial. Debe precisarse que ese respeto no puede ser
entendido de manera absoluta, ya que se trata de armonizar y salvaguardar los
principios constitucionales. De allí que se ha admitido la separación de este
siempre que se expongan las razones por las cuales hay lugar a apartase.
En sentencia T-446/13, la Corte Constitucional sostuvo que para el efecto deben
cumplirse dos requisitos: (I) hacer una referencia expresa del precedente aplicado
a casos similares y (II) exponer las razones suficientes por las que considera que
el mismo no resulta ajustado al asunto estudiado. En ese orden de ideas, cuando
un juez se aleja del precedente judicial sin exponer los motivos para hacerlo, tal
actuación constituye una vulneración al derecho a la igualdad. Por último, debe
precisarse que el desconocimiento del precedente judicial puede ser vertical, esto
10 Ver entre otras sentencias: T-446/13, T-360/14 y T-309/15.
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Ac c i o na nt e : A do l fo M art ín ez M or e no
es, el que deben seguir los funcionarios judiciales que están en un nivel jerárquico
inferior de los órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción o puede ser
horizontal, el cual hace referencia a aquel que deben seguir los jueces de la
misma jerarquía.
IV. Examen de la sentencia citada como desconocida
El accionante consideró que el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Decisión núm. 7, al imponer la condena en costas, desconoció la sentencia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, el 31 de
octubre de 2019, en el proceso con número de radicado 2013-00533-01,
comoquiera que no actuó con temeridad ni mala fe, sino que pretendió acceder a
la justicia, para reclamar el derecho que consideró cierto cuando el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, en la sentencia dictada el
5 de noviembre de 2009, ordenó reconocerle y pagarle la prima de actualización y
el reajuste de la asignación de retiro, con la inclusión de esta, en virtud de lo
dispuesto en los decretos 25 de 1993, 65 de 1994 y 133 de 1995.
Al respecto, se advierte que la providencia a la que alude el accionante no
constituye por sí sola un precedente judicial aplicable al caso concreto, en los
términos de la Ley 1437 de 201111, argumento que resulta suficiente para colegir
que el operador judicial accionado no se encontraba obligada a acatarla, al
momento de imponer la condena en costas.
En todo caso, lo cierto es que dicha providencia tampoco resultaría aplicable al
asunto, comoquiera que aquella no comparte el mismo supuesto fáctico con la que
hoy pretende controvertirse, pues en ella se analizó la legalidad de un acto
administrativo mediante el cual se negó el computo de la prima de actividad y el
reajuste de la asignación de retiro y en el presente asunto se discute el
cumplimiento de una sentencia. Finalmente, se advierte que en materia de costas
la condena dependerá de las particularidades del caso, por lo que tampoco podría
admitirse que hay un desconocimiento de precedente judicial, por la inaplicación
de la postura que el accionante refiere frente a la sentencia que cita como
desconocida.
Por todo lo expuesto, al no haberse acreditado la configuración de las causales
específicas de procedibilidad aquí estudiadas, la Subsección negará el amparo
solicitado por el señor Adolfo Martínez Moreno, a través de la acción de tutela
instaurada en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión núm.
7.
11 1. Sentencias de unificación, 2. Mecanismo de extensión de jurisprudencia, 3. Mecanismo de revisión
eventual o 4. Avocación oficiosa de procesos que cursan en las secciones del Consejo de Estado o en los
Tribunales. Ver ensayo del consejero de Estado, de la Sección Cuarta, doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez
“El precedente judicial”. Publicación del Consejo de Estado “Justicia contenciosa administrativa: avances,
retos y metas”, pág. 90. Bogotá, 2015.
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Ac c i o na nt e : A do l fo M art ín ez M or e no
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar el amparo solicitado por el señor Adolfo Martínez Moreno, a
través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión núm. 7, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no
fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
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GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
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