Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-06047-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-06047-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-06047-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
24 de febrero de 2022
Demandante: Luis Alonso Herrera Gándara y otra
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro
Rad: 11001-03-15-000-2021-06047-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06047-01
Demandantes: LUIS ALONSO HERRERA GÁNDARA Y OTRA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la sociedad demandante en
contra del fallo de 11 de noviembre de 2021 proferido por la Sección Segunda,
Subsección “A” del Consejo de Estado, que decidió:
“Primero: Negar la acción de tutela interpuesta por los señores Luis Alonso
Herrera Gándara y Onelda Ortega de Martínez con fundamento en las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.”.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
Por escrito radicado el 8 de septiembre de 2021 ante la Secretaría General de
esta Corporación, los señores Luis Alonso Herrera Gándara y Onelda Ortega de
Martínez instauraron acción de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Montería y el Tribunal Admnistrativo de Córdoba, con el fin de
que se protejan sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al
mínimo vital y móvil, a la salud, a la seguridad social y a la protección reforzada
de las personas de la tercera edad.
Consideraron lesionadas tales garantías con las sentencias de primera y
segunda instancia expedidas el 30 de abril y 30 de septiembre, ambas en el año
2014, por las autoridades judiciales mencionadas, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho 23001-33-31-003-2011-00318-00/01,
instaurado por los tutelantes en contra de la Nación- Ministerio de Defensa-
Policía Nacional.
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Demandante: Luis Alonso Herrera Gándara y otra
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro
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Con base en lo anterior, los demandantes pidieron que se dejen sin efecto los
fallos aludidos y se ordene a las accionadas que dispongan el pago de la
pensión de sobrevivientes a favor de estos y a cargo de la Nación- Ministerio de
Defensa- Policía Nacional.
2. Hechos
Manifestaron que su hijo William Herrera Ortega prestó sus servicios como
agente de la Policía Nacional desde el 17 de marzo de 1982 hasta el 6 de julio
de 1984, fecha en la que falleció en servicio activo. Además, él no estaba
casado y al momento de su deceso vivía con sus padres y prestaba su servicio
en el Departamento de Policía de Córdoba.
Informaron que el 24 de junio de 2011 solicitaron ante la Dirección General de
la Policía Nacional el reconocimento y pago de la pensión de sobrevivientes de
conformidad con la Ley 100 de 1993 –norma favorable-, petición que fue
resuelta desfavorablemente.
Indicaron que instauron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
retablecimiento del derecho en contra del acto que denegó el reconocimiento de
la prestación, la cual fue conocida en primera instancia por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Montería, despacho que profirió sentencia el 30
de abril de 2014 en la que denegó las pretensiones, con sustento en que no
tienen derecho a la pensión de sobrevivientes por cuanto la norma aplicable al
caso debía ser la vigente al momento de la muerte del causante, esto es, el
Decreto 609 de 1977, por lo que la Ley 100 de 1993 no se podía aplicar al no
haber estado vigente en su momento.
Señalaron que el Tribunal Administrativo de Córdoba, a través del fallo de 30 de
septiembre de 2014, confirmó la decisión anterior bajo el argumento de que en
materia de pensión de sobrevivientes resulta aplicable la norma vigente la
momento de la muerte del causante, por lo que no es aceptable la aplicación de
la Ley 100 de 1993 por el principio de favorabilidad de la ley laboral, en tanto
dicho postulado solo habilita al operador judicial para escoger y aplicar la norma
más benéfica al trabajador, cuando la situación pueda ser regulada por dos o
más fuentes formales de derecho vigentes.
3. Sustento de la petición
Invocó como desconocido el precedente contenido en la sentencia proferida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado
Carmelo Perdomo Cuéter dentro del expediente 17001-23-33-000-2013-00604-
01, con sustento en que según dicho pronunciamiento debió aplicarse el
principio de favorabilidad en este caso, teniendo en cuenta que el causante era
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un agente de la Policía en servicio activo, por lo que se predicaba la categoría
exceptuada que amparara a los miembros de la Policía Nacional.
Adujo que en virtud del mencionado principio, debió reconocerse la prestación
con base en la Ley 100 de 1993 pues dicha norma exige menos semanas para
tal efecto, que las previstas por el Decreto 609 de 1997, el cual fue aplicado por
las autoridades demandadas sin reconocer que debía acudirse a la disposición
más favorable en materia de seguridad social.
4. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto de 4 de octubre de 2021 la Sección Segunda, Subsección “A” de
esta Corporación admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al
juez Segundo Administrativo del Circuito de Montería y a los magistrados que
integran el Tribunal Administrativo de Córdoba. De igual forma, dispuso la
vinculación del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional como terceros
con interés. Además, ordenó la comunicación a otras personas que hayan
intervenido en el proceso ordinario objeto de tutela.
5. Contestaciones e intervenciones
5.1. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Montería señaló que los
procesos ordinarios tramitados por el extinto Juzgado Segundo Administrativo
de Descongestión fueron asignados a los jueces Cuarto y Quinto de dicho
circuito, y que en este caso el mencionado juez de descongestión adoptó
directamente la decisión de archivo del expediente; de igual forma, se remitió el
proceso ordinario de forma digital al trámite constitucional de la referencia. Se
aclara que el juez Quinto Administrativo del Circuito de Montería también fue
enterado sobre la existencia de esta acción, pero no realizó pronunciamiento
sobre las pretensiones.
5.2. Las demás autoridades y entidades vinculadas guardaron silencio.
6. Sentencia de primera instancia
La Sección Segunda, Subsección “A” de esta Corporación, mediante
providencia de 11 de noviembre de 2021, denegó las súplicas de la demanda,
tras encontrar superado el requisito de procedibilidad de inmediatez con
sustento en que si bien este no se cumplió en este caso debía tenerse en
cuenta la situación particular de los tutelantes, quienes son personas de la
tercera edad, padecen enfermedades e informaron que se encuentran en una
precaria situación económica, por lo cual el análisis del presupuesto en mención
debía flexibilizarse.
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Al analizar el fondo del asunto, denegaron las pretensiones de la tutela, toda
vez que “(…) no es procedente aplicar el principio de favorabilidad cuando
quiera que no se configuren los presupuestos acogidos por la jurisprudencia,
como sucede en el caso, puesto que la pauta acogida en el fallo emitido por el
Consejo de Estado y que se invoca en la decisión objeto de la acción de tutela,
es que las normas que rigen el derecho pensional son las vigentes al momento
del deceso del causante (…)”.
7. Impugnación
Mediante escrito radicado de forma oportuna el 7 de diciembre de 20211, la
parte actora impugnó el fallo de primera instancia con base en lo siguiente:
Insistieron en que se configuró el defecto sustantivo por cuanto se omitió aplicar
el principio de favorabilidad contenido en la Ley 100 de 1993, dado que dicha
normativa es más flexible con los requisitos para otorgar la pensión a los
miembros de la Fuerza Pública.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra
de la sentencia de primera instancia, de conformidad con el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, modificado por el Decreto 333 de 2021 y con el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
Corresponde en este caso determinar si de conformidad con los argumentos
planteados en el escrito de impugnación hay lugar a confirmar, modificar o
revocar el fallo de primera instancia proferido el 11 de noviembre de 2021 por la
Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, que denegó la acción
de tutela de la referencia.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales; ii) estudio sobre la inmediatez como requisito adjetivo de
procedibilidad; y, de encontrarse superado, iii) el fondo del reclamo.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
1 El fallo de tutela de primera instancia se notificó el 2 de diciembre de 2021, como se puede
advertir en el sistema SAMAI.
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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia,
que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.” (Negrilla fuera de texto).
Conforme con el anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es
necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como
expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se
trate de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; e iii) inmediatez.
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Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
3.1. Análisis del requisito de inmediatez
En la sentencia impugnada, el a quo encontró acreditado dicho requisito tras
considerar que:
“(…) realizado el examen sobre los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala encuentra
insatisfecho el término de inmediatez. En efecto, examinada la copia de la
sentencia obrante en el expediente digital original del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, se observa que la decisión emitida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Primera de Decisión fue proferida el
día 30 de septiembre de 2014, notificada por edicto fijado el 8 de octubre de
2014 y desfijado el 10 de noviembre de 2014; el inicio de la ejecutoria es del
14 de octubre de 2014 y el fin de la ejecutoria es del 16 de octubre de 2014 y
la acción de tutela se interpuso el 8 de septiembre de 2021, con lo cual no se
satisfacen los parámetros fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado,
sobre el término para su ejercicio, que no debe sobrepasar los seis meses.
En estas condiciones, y de conformidad con el principio de inmediatez, el
lapso para interponer la acción de tutela claramente supera el término
prudencial de seis meses establecido por la jurisprudencia para la
presentación del amparo contra providencias judiciales. Por lo tanto, los
accionantes desconocieron «el término válido y razonable» que toda acción
de tutela debe cumplir como requisito previo para proceder con su estudio de
fondo, el cual no busca otra cosa que garantizar la eficacia de la protección
invocada y evitar satisfacer las pretensiones de aquellos que, por su
inactividad, acudieron a solicitar el amparo constitucional de manera
inoportuna.
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Como el criterio expuesto no significa que el juez de tutela esté facultado para
considerar incumplido el requisito de inmediatez por el simple paso del
tiempo, la Sala parte entonces del supuesto señalado jurisprudencialmente de
examinar las circunstancias específicas de cada caso concreto, a fin de
determinar si la tardanza en la interposición del amparo estuvo justificada por
una causa válida que hubiera imposibilitado su presentación en un límite
razonable.
La Sala una vez analizado el libelo tutelar, observa que la situación del señor
Luis Alonso Herrera Gándara se adecua a los presupuestos para la
flexibilización del requisito de procedibilidad inmediatez, toda vez que cuenta
con 84 años de edad, padece de una enfermedad y pasa por una difícil
situación económica, aspecto que es similar al de la señora Onelda Ortega de
Martínez, quien cuenta con 86 años de edad. Además, los accionantes
afirman que no tienen ingresos fijos o una pensión que permita cubrir sus
gastos mínimos; es decir, manifiestan que están en una «lamentable y
decadente condición económica», lo cual permite colegir, sin necesidad de
prueba, dadas las especiales circunstancias, que son «adultos mayores sin
recursos».
Así, una vez analizadas las circunstancias y los hechos en los que se
sustenta la presente solicitud, así como las razones que llevaron a los
accionantes a acudir a la vía constitucional, la Sala admitirá la debida
justificación en la inactividad para solicitar la defensa de los derechos
fundamentales invocados.
En síntesis, en el juicio de ponderación en el que se balancea la relación
entre las cargas que se exigen a los accionantes para la interposición de la
acción de tutela en un término razonable, se aprecian en el expediente
motivos justificantes que los exoneran del deber de instaurar la vía de amparo
en el plazo referido (…)”.
Se observa de lo anterior que el juez constitucional de primera instancia
encontró superado el requisito de inmediatez, pese a no cumplirse, con base en
la edad de los tutelantes y en la condición actual de salud, sumado a la precaria
situación económica de ellos.
Sobre la exigencia del requisito de inmediatez en materia de providencias
judiciales, la Corte Constitucional, en recientes pronunciamientos ha sostenido
que2:
“(…) el artículo 86 de la Carta Política dispone que la acción de tutela está
prevista para la “protección inmediata” de los derechos fundamentales que se
consideren vulnerados o amenazados. De esta forma, el ordenamiento
superior busca asegurar que el amparo sea utilizado para atender
afectaciones que de manera urgente requieren de la intervención del juez
2 Corte Constitucional. Sentencia SU 379 de 2019.
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constitucional.
8.8. Ahora, si bien la Constitución y la ley no establecen un término expreso
de caducidad, en la medida en que lo pretendido con el amparo es la
protección concreta y actual de un derecho fundamental, este Tribunal ha
señalado que le corresponde al juez de tutela verificar en cada caso en
concreto si el plazo fue razonable, es decir, si teniendo en cuenta las
circunstancias personales del actor, su diligencia y sus posibilidades reales de
defensa y el surgimiento de derechos de terceros, la acción tutela se
interpuso oportunamente. Este cálculo se realiza entre el momento en que se
genera la actuación que causa la vulneración o amenaza del derecho y aquél
en la que el presunto afectado acude al amparo para solicitar su protección.
8.9. Sobre el particular, como parámetro general, en varias providencias, esta
Corporación ha sostenido que ante la inexistencia de un término definido, en
algunos casos se ha considerado que el plazo oportuno es de seis meses,
luego de lo cual podría declararse la improcedencia de la tutela, a menos que,
atendiendo a las particularidades del caso sometido a revisión, se encuentren
circunstancias que justifiquen la inactividad del accionante. En esas hipótesis,
por ejemplo, se ha llegado a considerar que, bajo ciertos supuestos, un
término de dos años puede llegar a ser considerado razonable.
8.10. En relación con el ejercicio de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la Corte ha señalado que, por un lado, (i) el examen de este
requisito debe ser más estricto y riguroso, pues con una eventual orden de
amparo se estarían comprometiendo el principio de seguridad jurídica, la
garantía de la cosa juzgada, así como la presunción de acierto con la que
están revestidas las providencias judiciales; y por otro lado, (ii) la carga de
argumentación en cabeza del demandante para justificar su inactividad
aumenta de manera proporcional a la distancia temporal que existe, entre la
presentación del amparo y el momento en que se consideró que se vulneró su
derecho, ya que “el paso tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones
judiciales y consolida los efectos de las sentencias. (…)”.
Revisadas las pruebas que reposan en SAMAI se observa que la parte actora
allegó la historia clínica y múltiples constancias médicas sobre los
padecimientos que aquejan al señor Luis Alonso Herrera quien además hace
parte del grupo poblacional de especial protección al ser un adulto mayor, al
igual que su esposa, la señora Onelda Ortega.
No obstante, conforme a los mencionados documentos que fueron aportados
por la parte actora junto con la demanda, se advierte que desde el año 2018 se
iniciaron los respectivos hallazgos, esto es, para el año 2014 -en el que se
emitió la providencia de segunda instancia objeto de tutela, se notificó y quedó
ejecutoriada-, no había certeza o al menos no se aportó constancia o prueba
alguna de que los demandantes padecían enfermedades graves para ese
entonces.
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Por tales razones, no es posible inferir que los tutelantes en su momento no
pudieron acudir al juez constitucional en ejercicio de la acción de tutela, esto es,
seis (6) meses después de la ejecutoria del fallo controvertido, pues para ese
momento no se comprobó la enfermedad grave.
En ese sentido, si bien el análisis de los requisitos de procedibilidad en materia
de acción de tutela deben flexibilizarse en este caso, pues se está frente a dos
personas de la tercera edad quienes fungen como tutelantes, la Sala no puede
pasar por alto que esa sola circunstancia no los exime de ejercer la acción de
tutela de forma inmediata para obtener la protección de sus derechos
fundamentales, más aún cuando para el año 2014 no se comprobó que ellos
estuvieran inmersos en alguna situación que les impidiera acudir al juez
constitucional y que solo hasta el año 2021, es decir, casi siete años después,
pudieron acceder.
Además se alega una precaria situación económica que les impide contar con lo
mínimo para su congrua subsistencia, pero precisamente por tal situación que
alegan les aqueja debieron acudir de forma inmediata al juez constitucional en
procura de la protección de sus derechos, y no esperar el transcurso de siete
años para controvertir una decisión que ya se encuentra ejecutoriada hace
mucho tiempo, dado que ello comprometería seriamente la seguridad jurídica y
los efectos de una sentencia que representa cosa juzgada desde el año 2014.
Se recuerda que tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales
se hace más estricto el análisis de los requisitos de procedibilidad, y que en un
ejercicio de ponderación entre los principios de seguridad y autonomía judicial,
junto con los derechos fundamentales de adultos mayores, debe acudirse a una
lógica que demuestre, como lo ha establecido la Corte Constitucional en
reiterados pronunciamientos, que dadas las condiciones de los actores estos no
pudieron ejercer la solicitud de amparo, situaciones que acá no se encuentran
demostradas pues, se insiste, entre el año 2014 y el año 2018 -fecha del primer
hallazgo de la enfermedad del tutelante- no hubo una justificación a la
inactividad que perduró por casi siete años.
Así las cosas, la Sala revocará la sentencia impugnada, que denegó la acción
de tutela, para en su lugar, declararla improcedente por no cumplir con el
requisito de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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FALLA
PRIMERO: Revócase la sentencia de 11 de noviembre de 2021, proferida por la
Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, que denegó la acción
de tutela y, en su lugar, declárase improcedente la solicitud de la referencia, por
las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de aquella al Despacho de origen.
CUARTO: Por Secretaría, efectúense las gestiones para que se corrija en el
sistema SAMAI y en el módulo de consulta de procesos del sitio web de la
Rama Judicial el nombre de la parte actora, ya que figura como tutelante el
municipio de Algarrobo, cuando debe corresponder a los señores Luis Alonso
Herrera Gándara y Onelda Ortega de Martínez.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
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