Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-06095-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Defecto fáctico: el objeto de los contratos fueron analizados por el juez
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-06095-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2021-06095-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
18 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-06095-01
Accionante: ECOPETROL S.A.
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Niega /
DEFECTO FÁCTICO – El objeto de los contratos fueron analizados por el juez
ordinario / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Se aplicó debidamente la
sentencia de unificación sobre la materia.
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por Ecopetrol S.A. contra la sentencia
proferida el 27 de octubre de 20211 por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por medio de la cual se negó el amparo solicitado.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
Por escrito presentado el 9 de septiembre de 2021, Ecopetrol S.A. a través de
apoderado judicial, instauró demanda de tutela en contra de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad jurídica, derecho de defensa y “a las situaciones
jurídicas consolidadas”.
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El proceso entró al despacho para fallo el 15 de diciembre de 2021.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06095-01
Actor: Ecopetrol S.A.
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela
2. Hechos
Ecopetrol S.A. manifestó que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -
DIAN- entre agosto y diciembre de 2014 expidió 24 resoluciones de determinación
de la contribución especial por contratos de obra pública y liquidó el tributo a cargo
de la accionante por los contratos suscritos en el 2009, decisión frente a la que se
presentó recurso de reconsideración y fue confirmada.
Así las cosas, la accionante formuló demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de las 24
resoluciones; sin embargo, dicha decisión fue recurrida y revocada, el 11 de marzo
de 2021, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
3. Fundamentos de la demanda de tutela
El actor indicó en que la decisión cuestionada se incurrió en un desconocimiento
del precedente, para cuyo efecto trajo a colación varias sentencias del Consejo de
Estado (22.388, 23.378, 23.362, entre otras) que, a su juicio, señalaban que “los
contratos suscritos por ECOPETROL corresponden a actividades relacionadas con
la exploración y explotación de recursos naturales a los cuales no se les puede
aplicar la contribución de obra pública”; adicionalmente, manifestó que la sentencia
de unificación realizó un “cambio intempestivo y sin fundamento de la línea
jurisprudencial”:
En el caso que nos ocupa, el despacho desconoce su propia línea jurisprudencial
al aplicar la SU, aplicar sus reglas y desconocer el amplio precedente
jurisprudencial que hay a favor de Ecopetrol, no es otra cosa que una clara
transgresión a los derechos de los que es titular mi representada.
Sostuvo que el cambio de postura i) afecta la competitividad de la empresa, ii)
desconoce el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, iii) crea una carga fiscal que
Ecopetrol no debería de soportar al no ser el sujeto pasivo de la contribución, iv)
el cobro retroactivo genera intereses de mora de más de 10 años, entre otras.
En ese orden de ideas, concluyó que la decisión le causó un perjuicio irremediable
al tener que afrontar las consecuencias económicas y financieras del cambio
jurisprudencial, “creando un riesgo y una carga que era inexistente al momento de
suscribir los contratos (…)”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06095-01
Actor: Ecopetrol S.A.
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela
De otro lado, manifestó que la sentencia cuestionada no tuvo en cuenta que la
contribución no grava “los contratos del artículo 76 de la Ley 80 de 1993”, pues
Ecopetrol S.A. no celebra contratos de obra pública sino contratos para el
desarrollo de exploración y explotación de recursos naturales no renovables.
Advirtió que la misma sentencia de unificación excluyó de la contribución a los
contratos referidos en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993, por lo que la decisión
cuestionada incurrió en un defecto fáctico al no analizar el objeto de los contratos,
“simplemente se limitó a enlistar los objetos contractuales y a determinar que se
trataba de actividades materiales sobre bien inmueble, desconociendo que estos
contratos tienen por objeto el desarrollo, producción, determinación de reservas y
comercialización de hidrocarburos, tal y como lo establece el artículo 76 de la Ley
80 de 1993”.
Finalmente, que los efectos de la sentencia de unificación debían modularse y solo
aplicarse a casos futuros, “pues más de 10 años después se vienen a fijar reglas
para Ecopetrol que no existían en el momento de la celebración de los contratos”,
postura que fue avalada en los salvamentos de voto de la sentencia de unificación.
Con base en lo anterior, la parte actora elevó las siguientes pretensiones (se
transcribe de manera literal, con posibles errores incluidos):
Conceder el amparo a los derechos al debido proceso, a la defensa, a las
situaciones jurídicas consolidadas, a la seguridad jurídica y a los demás que ese
H. Despacho considere vulnerados, de los que es titular ECOPETROL S.A., y en
consecuencia, se DEJE SIN EFECTO la sentencia del 11 de marzo de 2021,
preferida Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
Cuarta, dentro del proceso 25000-23-37-000-2015-01899-01 (24.271), pues en
ella se adopta una serie de consideraciones y decisiones erróneas que afectan a
mi representada y la legitiman en la causa para interponer la presente acción.
4.- La oposición
4.1. Mediante auto del 13 de septiembre de 2021, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela, se ordenó notificar
a la autoridad accionada, se vinculó a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN como tercero interesado y se le comunicó a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06095-01
Actor: Ecopetrol S.A.
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela
4.2. La Sección Cuarta del Consejo de Estado solicitó declarar improcedente la
demanda de tutela, toda vez que no cumple con el requisito de relevancia
constitucional al utilizarse la demanda de tutela como una tercera instancia del
proceso ordinario.
Advirtió que no se incurrió en los defectos señalados por la accionante, pues la
decisión se adoptó con fundamento en la sentencia de unificación del 25 de febrero
de 2020; además, que la inconformidad se centra en la valoración probatoria que
se realizó.
4.3. La DIAN advirtió que la demanda de tutela era improcedente porque se utiliza
como una tercera instancia del proceso ordinario, máxime si los dos requisitos
exigidos en la sentencia de unificación -i) que el negocio tenga por objeto la
realización de trabajos materiales sobre un inmueble y ii) que la parte contratante
sea una entidad de derecho público- se cumplían.
Manifestó que los contratos celebrados por Ecopetrol S.A. estaban dirigidos a la
realización de obras de mantenimiento y adecuación de las instalaciones, pero no
“la asignación de un área para (…) determinar aspectos como la existencia,
ubicación, reservas, calidad, etc. de los recursos naturales, y el posterior desarrollo,
producción y venta de los recursos encontrados”.
5.- La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 27 de octubre de 2021, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó el amparo solicitado.
Sostuvo que la decisión cuestionada aplicó los criterios establecidos en la sentencia
de unificación del 25 de febrero de 2020, por lo que no existe una indebida
interpretación del artículo 76 de la Ley 80 de 1993; además, que luego de analizar
cada uno de los contratos se observó que “se concretaron en la realización de obras
de mantenimiento y adecuación generales en instalaciones y sedes de Ecopetrol
(…)”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06095-01
Actor: Ecopetrol S.A.
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela
En ese orden de ideas, indicó que la sentencia cuestionada se fundó en las normas
y la jurisprudencia aplicable al caso concreto.
6.- La impugnación
Ecopetrol S.A. impugnó el fallo de primera instancia, oportunidad en la que advirtió
que no se resolvieron todos los puntos expuestos en la demanda de tutela, a saber:
i) no se realizó una valoración probatoria de los contratos que sirvieron de base
para el cobro de la contribución; ii) no se pronunció sobre la aplicación retroactiva
de la sentencia de unificación –que viola los principios constitucionales de confianza
legítima y buena fe- “y no tuvo en cuenta que operó la prescripción”; iii) se pasó por
alto los salvamentos de voto e iv) interpretó de manera equivocada el artículo 76
de la Ley 80 de 1993.
Insistió en que sus contratos no se encuentran enmarcados en el artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, que la sentencia de unificación no se podía aplicar a los contratos
celebrados con anterioridad a su expedición y que sus efectos debían modularse;
además que (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
Según la Sentencia de Unificación, el elemento de la obligación tributaria se define
en función del contrato celebrado, si es o no un contrato de obra pública con toda
la connotación de este concepto. De tal suerte que para saber si cada uno de los
contratos debatidos en las Resoluciones de Determinación es o no un contrato de
obra pública, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado debió hacer un análisis minucioso de cada uno de ellos,
evidenciando que no se trataba de actividades de producción o exploración de
hidrocarburos, y no limitarse a aplicar las reglas de la Sentencia de Unificación,
improcedentes para el presente caso (…).
Si en el proceso 2015 - 01899 se hubiera aplicado la regla establecida en la
Sentencia de Unificación, según la cual se debe analizar cada objeto contractual,
se habría concluido que los contratos ahí relacionados se realizaron en
cumplimiento de las obligaciones que fueron adquiridas con la Agencia Nacional
de Hidrocarburos, y en desarrollo de las actividades propias de la producción de
crudo.
Como se dijo anteriormente, estas actividades son realizadas por Ecopetrol para
dar cumplimiento a las obligaciones propias de los contratos de asignación de
áreas de Exploración y Producción (E&P que se suscriben con la Agencia
Nacional de Hidrocarburos), es decir son actividades propias de la explotación de
hidrocarburos que no se realizan por fuera de los contratos de Exploración y
Producción (artículo 76 de la Ley 80 de 1993).
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Actor: Ecopetrol S.A.
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela
II.- C O N S I D E R A C I O N E S
1.- La acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales2.
Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional
contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y
excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el
artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características3.
Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son4:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado
que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.
• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012,
exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de
febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas otras
providencias.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06095-01
Actor: Ecopetrol S.A.
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Referencia: Acción de tutela
• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
• Que no se trate de sentencias de tutela.
A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:
• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.
• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06095-01
Actor: Ecopetrol S.A.
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
• La violación directa de la Constitución Política.
Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por
el interesado5.
Conviene mencionar, además, que cuando controvierten providencias judiciales
dictadas por las altas cortes, como ocurre en el caso bajo estudio, la Corte
Constitucional ha establecido que además de verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y los especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se debe evidenciar “la configuración de una anomalía de tal
entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional”. Puntualmente,
en sentencia SU–573 de 2017, la Corte Constitucional indicó:
Además de los anteriores requisitos, cuando se trate de acciones de tutela
contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado, se ha determinado un criterio adicional, en atención a que ‘dichos
organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en
sus respectivas jurisdicciones’6. En este sentido, la sentencia SU-917 de 2010,
reiterada en la SU-050 de 2017, determinó que:
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
6
Original de la cita: “SU-050 de 2017”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06095-01
Actor: Ecopetrol S.A.
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela
‘La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es
más restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una
decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente
incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al
definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando
ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios
de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de
órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen
aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el
juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera
llegado a otra conclusión’.
Así las cosas, para determinar la procedencia de la acción de tutela contra una
providencia judicial proferida por una Alta Corporación, la jurisprudencia
constitucional ha delimitado tres requisitos: (i) el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el cumplimiento de uno de los requisitos especiales de
procedencia; y (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional.
2. Caso concreto
Dado que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial, se procede a verificar si se configura o no los
defectos alegados por la parte actora, al proferirse la sentencia del 11 de marzo de
2021, mediante la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó la decisión
de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
A juicio de la parte accionante, la decisión cuestionada incurrió en un
desconocimiento del precedente, toda vez que antes de la sentencia de unificación
la jurisprudencia era clara en señalar que los contratos celebrados por Ecopetrol
S.A. no causaban la contribución de obra pública; además, en un defecto fáctico
porque no se realizó “un análisis minucioso” de cada uno de los contratos para
determinar que se trataba de actividades de exploración o explotación de
hidrocarburos y una supuesta aplicación indebida del artículo 76 de la Ley 80 de
1993.
Para la Subsección, en este caso no hay lugar a predicar la configuración de los
defectos alegados por la accionante, como se pasa a exponer.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06095-01
Actor: Ecopetrol S.A.
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela
En la sentencia cuestionada, se sostuvo que (se transcribe de forma literal):
Ahora, atendiendo el cargo de apelación formulado por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia, que declaró la nulidad de los actos demandados,
la Sala debe determinar si se configura el hecho generador de la contribución de
los contratos de obra pública en los 24 contratos que celebró ECOPETROL S.A.
con particulares en el año 2009 (…).
3. En relación con la configuración del hecho generador de la contribución, se pone
de presente que en esta providencia se dará aplicación a la regla jurisprudencial
establecida por la Sala Plena de esta Corporación (Sentencia de unificación del 25
de febrero de 2020, exp. 25000-23-37-000-2014-00721-01 [22473] [IJ-SU], C.P.
William Hernández Gómez). En esa providencia se definieron las reglas
jurisprudenciales respecto del hecho generador de la contribución de obra pública,
en los casos en que el contrato de obra se celebre con entidades de derecho público
sujetas a un régimen especial de contratación, como lo es Ecopetrol.
De acuerdo con la Sentencia de Unificación, el artículo 6º de la Ley 1106 de
2006 establece la contribución sobre los contratos de obra que se suscriban con
entidades de derecho público, en la cual, el contratista tiene la calidad de
contribuyente, y la entidad de derecho público contratante, es la responsable del
tributo, esto es, quien se encarga de retener y consignar el tributo.
A partir de lo anterior, sentó el criterio según el cual el hecho generador de la
contribución de los contratos de obra pública se realiza sobre los contratos de
obra que se celebren con entidades de derecho público, independientemente de
su régimen contractual, en tanto la obligación tributaria se define en función del
contrato celebrado, y no de la actividad o régimen jurídico de la entidad de
derecho público.
Y, advirtió que el hecho de que algunas entidades de derecho público tengan un
régimen especial para ciertos tipos de contratos –como los contratos de
exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables- no
impide que cuando suscriban contratos de obra, estos se encuentren gravados
con el tributo. Lo anterior, bajo el argumento de que el contrato de obra pública
es diferente al contrato de exploración y explotación de recursos naturales, por
tener características y finalidades propias, encontrándose gravado con el tributo
solo el primero, por disposición legal (…).
Así las cosas, con base en las consideraciones expuestas y las reglas de
unificación definidas por la Sala Plena en la Sentencia de Unificación, se
resuelve el caso concreto.
En el caso concreto, la DIAN determinó que ECOPETROL S.A. era responsable
de retener las contribuciones de los contratos de obra pública, por la celebración
en el año 2009, de 24 contratos que, en su criterio, están gravados con el tributo
por ser contratos de obra pública.
Para ECOPETROL S.A., los actos demandados desconocen el verdadero
alcance y contenido del artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, como quiera que no
celebró contratos de obra pública, sino contratos para el desarrollo de las
actividades de exploración y explotación, transporte y refinación de
hidrocarburos (…).
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06095-01
Actor: Ecopetrol S.A.
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Referencia: Acción de tutela
Del anterior listado se encuentra que los contratos no corresponden a los de
exploración y explotación de petróleo, porque si bien, se relacionan con esas
actividades, no tienen por objeto la búsqueda o producción de hidrocarburos,
que es la característica principal de este tipo de contratos.
Lo que se verifica del objeto de los contratos gravados es que se trata de un
conjunto de obras que tienen como propósito la realización de actividades de
construcción, reparación y mantenimiento sobre unos bienes inmuebles.
Actividades materiales, que como se indica en la sentencia de unificación, son
propias de un contrato de obra.
El anterior argumento se refuerza con la precisión realizada en el fallo de
unificación en el sentido de que ‘el hecho de que las obras se practiquen o se
relacionen con bienes utilizados en la industria petrolera o en el bienestar de los
empleados, no desconoce su naturaleza de contrato de obra pública, porque en
este tipo de contrato, lo esencial es que la actividad contratada sea un trabajo
material sobre un bien inmueble. Tampoco -la destinación de los inmuebles-
puede llevar a considerar que se trate un contrato de exploración y explotación,
porque estos tienen por objeto específico determinar la existencia, reserva,
extracción, y/o la producción del recurso natural’.
En consecuencia, respecto de los contratos de obra analizados se configura el
hecho generador del tributo. En tal sentido, le asiste razón a la DIAN cuando,
con fundamento en los contratos objeto del proceso, determinó que los mismos
corresponden a contratos de obra pública gravados con el tributo.
Por ese motivo, respecto de esos contratos, a ECOPETROL S.A. le
correspondía retener al contratista la contribución de los contratos de obra
pública (…).
4. En lo relativo a la violación del artículo 6º de la Ley 1106 de 2006 alegada
porque la Administración impone la obligación de liquidar y pagar el tributo a la
entidad contratante ECOPETROL, se precisa que conforme con la citada norma,
el sujeto pasivo de la contribución de obra pública es el contratista, pues es él
quien realiza el hecho gravado con el tributo. Pero, cuando fija las condiciones
en las que la obligación tributaria debe ser satisfecha, el artículo 121 de la Ley
418 de 1997 (cuya vigencia ha sido prorrogada, entre otras, por la Ley 1106 de
2006) impone a la entidad contratante el deber de retener el importe de la deuda
tributaria a cargo del contratista.
Practicada la retención, es la entidad estatal quien tiene la obligación de
trasladar ‘inmediatamente’ al fisco la suma que haya sido descontada del pago
efectuado al sujeto pasivo principal, de manera que esta también resulta
obligada al pago del tributo, aunque en virtud de una calidad diferente; la de
agente de retención. Tales conclusiones fueron expuestas por la Sala Plena de
esta judicatura en la parte motiva de la sentencia de unificación a la que aquí se
le da aplicación (…).
Revisada la anterior providencia se observa que la autoridad judicial accionada sí
valoró los contratos y el objeto que tenía cada uno, en aras de determinar si estaban
gravados o no con el tributo de obra pública. Otra cosa es que, en ejercicio de la
autonomía funcional que caracteriza la actividad de los jueces, estimara que los
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06095-01
Actor: Ecopetrol S.A.
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela
contratos no eran de exploración o explotación de hidrocarburos, sino que tenían
como “propósito la realización de actividades de construcción, reparación y
mantenimiento sobre unos bienes inmuebles”.
Resulta importante aclarar que el juez constitucional no puede realizar una nueva
valoración probatoria, como lo pretende la entidad estatal accionante, máxime si se
observa que el análisis realizado por el juez ordinario no fue arbitrario, irracional o
caprichoso y tampoco se evidencia una irregularidad protuberante o una vía de
hecho que haga procedente una intervención.
Sobre la potestad del juez de valorar las pruebas, la Corte Constitucional manifestó
que:
(…) El análisis que debe realizarse en la sede de tutela, no se compara con los
alcances de las potestades de los jueces para la práctica y valoración de los
medios de prueba dentro de un proceso en especial, ni para concluir sobre la
conducencia de los mismos para la demostración de los hechos en discusión. El
juez de tutela cumple con la función de verificar si en la decisión pertinente se
evidencia una irregularidad protuberante con las características de una vía de
hecho (…)7.
Debe agregarse que Ecopetrol S.A. tampoco probó alguno de los supuestos que la
Corte Constitucional ha establecido para que se configure una indebida valoración
probatoria:
El supuesto fáctico por indebida valoración probatoria se configura, entre otros, en
los siguientes supuestos: (i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la
evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente
probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de
existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta
la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo
resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia
probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora
pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones
debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas
viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no
guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; (v) cuando el juez de
conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso y (vi) cuando no valore pruebas debidamente aportadas en el
proceso8.
Así las cosas, ese defecto no está llamado a prosperar, como tampoco el de
7
Corte Constitucional, sentencia SU 132 del 26 de febrero de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
8
Corte Constitucional, sentencia T 117 del 7 de marzo de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
12
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Actor: Ecopetrol S.A.
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela
desconocimiento del precedente, toda vez que el razonamiento efectuado por la
autoridad judicial accionada en modo alguno se torna arbitrario o abrupto, toda vez
que se encuentra ajustado a los parámetros definidos en la sentencia de unificación
de la Sala Plena de esta Corporación9, a través de la cual se fijaron las reglas para
determinar la contribución de los contratos de obra pública.
En efecto, en la providencia cuestionada no se vulneró los derechos fundamentales
del actor, toda vez que la decisión adoptada fue producto de un análisis que, de
manera válida, razonada y a la luz de la jurisprudencia vigente efectuó la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, lo que llevó a concluir que los contratos celebrados
por Ecopetrol S.A. no tenían como objeto la exploración o explotación de petróleo
sino un verdadero contrato de obra, que, por ende, estaba gravado.
En este punto, se advierte que no es potestad del juez de tutela entrar a modular
los efectos de una sentencia de unificación como pretende la accionante, pues en
ella no se realizó ninguna precisión al respecto, lo que no es óbice para entender
que aplica para todos los procesos en curso, máxime si se tiene en cuenta que la
situación fáctica que conoció la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
versaba sobre Resoluciones expedidas en el 2008, y en el presente asunto son del
2009, por lo que es evidente que en ambos casos debe aplicarse la misma
consecuencia jurídica.
Al respecto, el Consejo de Estado ha considerado:
Como se observa, los argumentos traídos por la parte actora y los coadyuvantes
fueron objeto de discusión por parte de la Sala de decisión que profirió la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020; diferente es, que la mayoría de sus
integrantes compartiera la postura de unificación, finalmente, adoptada.
Lo anterior, para concluir, que en el presente caso le está vedado el Juez de
tutela adoptar una posición al respecto, pues es claro que el resultado obedeció
al juicio normativo, jurisprudencial y fáctico que la Sala mayoritaria de decisión
consideró era el correcto, pese a que existieron posiciones contrarias, tal como
quedó plasmado en los diferentes salvamentos de voto suscritos; por ello, entrar
a calificar a través de la acción de amparo cual es la postura correcta en materia
de caducidad del medio de control de reparación directa cuando de delitos de lesa
humanidad o crímenes de guerra se trata, sería convertirla en una instancia
adicional en un proceso ordinario ya concluido.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación del 25
de febrero de 2020, expediente 22.473.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06095-01
Actor: Ecopetrol S.A.
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela
Con fundamento en lo expuesto, la Sala observa que lo que existe es una
inconformidad de la parte actora y coadyuvantes con la posición decisional
unificadora finalmente adoptada por la Sala mayoritaria de la sección tercera del
Consejo de Estado, que no es atacable vía tutela, en la medida en que aquella
visión de los hechos presentada cuenta con soporte y está debidamente razonada
y justificada, por lo que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una
tercera instancia, lo que conduce a la denegatoria del recurso de amparo 10 (se
destaca).
En línea con lo anterior, se ha sostenido11:
En efecto, de la revisión de la providencia de 10 de septiembre de 2020, se
advierte que el Tribunal contó el término para presentar la demanda, conforme
con el criterio establecido por la sentencia de unificación de 29 de enero
de 2020, proferida por la Sección Tercera, es decir, desde el momento en que
fue puesto en libertad el actor cuando cesó el daño y se encontró en la
posibilidad material de acudir a la administración de justicia, circunstancia que
ocurrió en diciembre del año 2000, tesis que reiteró la Sección Tercera al
revisar un caso análogo al de la referencia, mediante providencia de 8 de mayo
de 2020 (…).
Circunstancia distinta es que el actor no se encuentre de acuerdo con lo
resuelto por la Sección Tercera en la sentencia de unificación de 29 de enero
de 2020, lo cual no habilita al juez de tutela para desconocer dicha
providencia y no aplicarla a su caso concreto.
En virtud de lo expresado, la Sala denegará el amparo solicitado como en
efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Por su parte, la Sección Cuarta de la Corporación ha sostenido12:
Revisados los argumentos de la impugnante, la Sala advierte que se confirmará
el fallo recurrido tras corroborarse que no se configuraron los defectos
invocados, bajo las siguientes consideraciones.
Entonces, resulta evidente que la decisión adoptada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, se fundamentó en un criterio de unificación
de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, máximo
órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que fue
expedido antes de proferirse la decisión definitiva y que, por lo tanto,
resultaba de obligatorio cumplimiento para los jueces pertenecientes a la
jurisdicción, incluida la autoridad judicial demandada.
Dicho de otro modo, en el presente caso, la declaratoria de caducidad del medio
de control de reparación directa con fundamento en la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020 se trató de un típico caso de aplicación del
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 21 de octubre de 2020, exp. 1001-03-15-000-2020-03381-01(AC), M.P. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de tutela
de 23 de abril de 2021, exp. 11001-03-15-000-2021-00809-00 (AC), M.P. Nubia Margoth Peña
Garzón.
12
Sentencia de tutela de 10 de junio de 2021, proceso 11001-03-15-000-2021-01252-00 (AC), M.P.
Milton Chaves García.
14
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precedente judicial vigente y, el argumento relacionado con la aplicación
del ‘precedente anterior’ no prospera.
En suma, el precedente fijado en la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020 era el vinculante para efecto de decidir el caso la señora Rosa Nelly
Taborda Galvis, por cuanto, era el vigente cuando se dictó la decisión
cuestionada, esto es, al momento de proferir el auto del 31 de julio de 2020.
Tal como lo ha señalado esta Sección13, por regla general, las
modificaciones jurisprudenciales tienen efecto inmediato y son aplicables
hasta que son nuevamente modificadas, por cuanto solo de esta manera se
logra la efectividad del derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica.
Como se sabe, en los términos del artículo 230 de la Constitución Política, la
jurisprudencia es una de las principales fuentes del derecho y, por ende, tiene
una fuerza vinculante para todas las autoridades que tienen la obligación de
observarla (se destaca).
Así las cosas, la Sala advierte que la decisión cuestionada se fundamentó en la
sentencia de unificación aplicable al caso concreto y no sobra advertir que las
sentencias que la accionante señaló como desconocidas son anteriores a aquella,
razón por la que la Sección Cuarta del Consejo de Estado debía aplicar la tesis
actual que fue adoptada por la mayoritaria de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo.
En cuanto a la supuesta aplicación indebida del artículo 76 de la Ley 80 de 1993,
se advierte que dicho defecto tampoco prosperará, toda vez que la decisión
cuestionada se fundamentó en la sentencia de unificación del 25 de febrero de
2020, en la que se aclaró que el tributo no era aplicable a los contratos referidos en
el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 14, pero sí a los de obra que celebren todas las
entidades de derecho público independientemente de su régimen contractual:
Adicionalmente, no puede perderse de vista que el hecho gravado del tributo es
un contrato específico: el contrato de obra pública, de donde se sigue, que para
13
Sentencia del 28 de mayo de 2020, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2019-
05141-01.
14
Artículo 76. De los contratos de exploración y explotación de los recursos naturales. Los contratos
de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, así como los
concernientes a la comercialización y demás actividades comerciales e industriales propias de las
entidades estatales a las que correspondan las competencias para estos asuntos, continuarán
rigiéndose por la legislación especial que les sea aplicable. Las entidades estatales dedicadas a
dichas actividades determinarán en sus reglamentos internos el procedimiento de selección de los
contratistas, las cláusulas excepcionales que podrán pactarse, las cuantías y los trámites a que
deben sujetarse.
Los procedimientos que adopten las mencionadas entidades estatales, desarrollarán el deber de
selección objetiva y los principios de transparencia, economía y responsabilidad establecidos en
esta ley.
En ningún caso habrá lugar a aprobaciones o revisiones administrativas por parte del Consejo de
Ministros, el Consejo de Estado ni de los Tribunales Administrativos.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06095-01
Actor: Ecopetrol S.A.
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
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establecer si se causa o no el tributo, lo que debe examinarse es el objeto del
contrato que se celebra con la entidad de derecho público, y no el régimen
jurídico de la entidad o el objeto social que la misma desarrolle.
Aunado a lo anterior, es importante resaltar que el citado artículo 76 no
establece una exención tributaria, sino un régimen jurídico contractual
especial sobre un determinado tipo de contrato. Otra cosa es que la norma se
refiera a una clase de contrato que no fue gravado por el artículo 6 de la Ley 1106
de 2006, que es la razón por la cual dicho contrato no se encuentra sujeto a la
contribución.
En tal sentido, si el contratista celebra con una entidad de derecho público un
contrato de obra, habrá suscrito un contrato de obra pública gravado con el tributo,
independientemente del régimen contractual al que se encuentre sometido el
contrato o la entidad de derecho público contratante.
Así las cosas, la Sección Cuarta, luego de analizar cada uno de los objetos de los
contratos, concluyó que su finalidad era el mantenimiento y adecuación de las
instalaciones y sedes de la accionante, razón por la que le resultaba aplicable la
contribución de obra pública.
Finalmente, para la Subsección es claro que el propósito del accionante es reabrir
el debate que ya terminó, en forma válida, en sede del juez natural de la causa.
Por lo expuesto, la Subsección confirmará el fallo impugnado, tras considerar que
no se configuró el defecto planteado en la demanda de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de octubre de 2021, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
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Actor: Ecopetrol S.A.
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.
VF
17
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