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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-06098-01

Fecha
21 de abril de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-06098-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 22 de octubre de 2021, proferida por la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-06098-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

21 de abril de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06098-01
Demandante: Alcides Casimiro Sampedro Marín

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06098-01
Demandante: ALCIDES CASIMIRO SAMPEDRO MARÍN
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, JUZGADO
SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
SINCELEJO, UNIVERSIDAD DE SUCRE Y LILIANA SOLANO
FLÓREZ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra acto administrativo que
niega el nombramiento de quien superó concurso público de
méritos por superar la edad de retiro forzoso. Requisito de
relevancia constitucional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el accionante contra la sentencia de 22 de octubre de 2021,
dictada por la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado dentro de
la acción de tutela en la que se declaró improcedente por no cumplir el
presupuesto de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El actor relató que ocupó el primer lugar en el concurso público de méritos
adelantado por la Universidad de Sucre para proveer el cargo de docente de
tiempo completo en el departamento de Biología y Química. No obstante, por
medio de la Resolución No. 1604 de 3 de agosto de 2015, la rectoría de ese
plantel negó su nombramiento en el cargo en razón a que tenía más de 65 años,
lo que constituía un impedimento para tal efecto pues superaba la edad de retiro
forzoso. Agregó que contra esa decisión presentó recurso de reposición el cual fue
negado por medio de la Resolución No. 1792 de 21 de agosto de 2015.

Manifestó que en ese cargo se nombró a la persona que ocupó el segundo lugar
en el concurso, la señora Liliana Solano Flórez.

Indicó que presentó acción de tutela contra la Universidad de Sucre con el objeto
de que se ampararan los derechos fundamentales al trabajo, seguridad social,
debido proceso y mínimo vital, los cuales consideró vulnerados por la negativa del
nombramiento en el cargo para el cual concursó obteniendo el primer lugar.

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Demandante: Alcides Casimiro Sampedro Marín

Aseveró que en primera instancia, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Sincelejo declaró improcedente la acción de tutela. Sin embargo, el Tribunal
Administrativo de Sucre revocó esa decisión y, en su lugar, concedió el amparo
transitorio de los derechos fundamentales invocados y dispuso que se nombrara al
actor en el cargo de docente de tiempo completo, condicionado a que dentro de
los cuatro meses siguientes promoviera el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Señaló que en cumplimiento de lo anterior, la Rectoría de la Universidad de Sucre
por medio de la Resolución No. 0053 de 2016 lo nombró en periodo de prueba en
el cargo de docente de tiempo completo.

Manifestó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con la
finalidad de que se declarara la nulidad de las Resoluciones Nos. 1604 y 1792 de
2015 y, en consecuencia, se ordenara el nombramiento definitivo como docente
de planta en el área de biología de la Universidad de Sucre, teniendo en cuenta
que obtuvo el primer lugar en el concurso de méritos adelantado para la provisión
de ese cargo.

Adujo que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo por medio
de la sentencia de 1 de marzo de 2019 negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que conforme con lo establecido en el artículo 29 del Decreto 2400 de
1968 y el artículo 122 del Decreto 1950 de 1993, el demandante no podía ser
nombrado en el cargo de docente en razón a que superaba la edad de retiro
forzoso, pues para el momento en que se iba a efectuar el nombramiento ya había
cumplido 66 años. Asimismo, señaló que no podía aplicarse la excepción
establecida en el artículo 19 de la Ley 344 de 1996, al no encontrarse vinculado
como docente y no ostentar la calidad de pensionado.

Afirmó que inconforme con esa decisión la apeló. Consideró que se efectuó una
indebida interpretación de la sentencia C-584 de 1997 de la Corte Constitucional y
del artículo 19 de la Ley 344 de 1996, pues se han efectuado nombramientos a
personas que superan los 65 años a partir de una interpretación diferente al inciso
2°, artículo 29 del Decreto 2400 de 1968.

Indicó que por sentencia de 6 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo de
Sucre confirmó la decisión recurrida con fundamento en que no era posible
vincular a una persona mayor de 65 años en una entidad pública, pues el ingreso
debe darse antes de superar la edad de retiro forzoso.

Por último, aseveró que en dicha providencia, se explicó que el artículo 19 de la
Ley 344 de 1996 prevé que “el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar
de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar
vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes
universitarios podrán hacerlo hasta por diez años más. La asignación pensional se
empezará a pagar solamente después de haberse producido la terminación de sus
servicios en dichas instituciones”, no obstante, de ahí no se extrae que el ingreso
pueda realizarse hasta antes de los 75 años. Agregó que en el marco de esas
decisiones, la Universidad de Sucre nombró en periodo de prueba como docente
de tiempo completo a la señora Liliana Solano Flórez.

2. Fundamentos de la acción

El actor presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los derechos
fundamentales al debido proceso, dignidad humana, trabajo, seguridad social,
igualdad, “certeza de los derechos”, a la no “discriminación de las personas
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mayores de edad” y el respeto por el principio de la confianza legítima, los cuales
consideró vulnerados con las sentencias de 6 de mayo de 2021 y 1 de marzo de
2019, proferidas, en su orden, por el Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo, en el trámite del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra los actos
administrativos expedidos por la Universidad de Sucre que negaron el
nombramiento como docente de tiempo completo en el departamento de biología y
química, a pesar de haber superado el concurso de méritos adelantado para
proveer dicho cargo.

Concretamente, alegó la configuración del defecto sustantivo por la indebida
interpretación del artículo 19 de la Ley 344 de 1996, al desconocer el alcance que
le ha dado la Corte Constitucional. Explicó que, en su criterio, la primera parte de
ese precepto solo es aplicable para los docentes de educación formal, en sus
niveles de prescolar, básica primaria y secundaria y no a los universitarios, y la
segunda se refiere a la permanencia de los docentes universitarios que de
acuerdo con lo establecido en los artículos 72 y 74 son “(i) los de dedicación
exclusiva; (ii) los profesores de catedra; y (iii) los profesores ocasionales de tiempo
completo o medio tiempo”, calidad que acreditó con la certificación laboral
expedida por el Jefe de División de Recursos Humanos de la Universidad de
Sucre.

Manifestó que el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 establece una excepción para
el caso de los docentes universitarios extendiendo el límite para el ingreso y
permanencia en el cargo hasta los 75 años de edad. En ese sentido, se refirió a la
Sentencia C-584 de 19971 en la cual, según su relato, la Corte Constitucional
establece que la excepción contemplada en ese presupuesto es útil y necesaria
para garantizar la protección a la educación superior y que las personas que han
demostrado sus calidades docentes puedan permanecer en el cargo hasta los 75
años y “adiciona otras [excepciones] definidas por el legislador en los artículos 29
y 31 del Decreto 2400 de 1968 y artículo 122 del Decreto 1950 de 1993”.

En ese marco, afirmó que se están exigiendo requisitos no contemplados en el
ordenamiento jurídico para el nombramiento de docentes universitarios en el
sector oficial. Agregó que en otros cargos del Estado, que no son nombrados por
concurso de méritos, se admite la posibilidad de que ingresen después de
superada la edad de retiro forzoso, por ejemplo, la Ministra de Relaciones
Exteriores Claudia Blum Barberi que fue nombrada a los 72 años.

Del mismo modo, adujo que la Universidad de Sucre en la convocatoria del
concurso público de méritos no limitó la participación de quienes tuvieran la edad
de retiro forzoso, por lo que consideró que al negar el nombramiento por esa
razón, vulneró el debido proceso.

Refirió que participó en el concurso público de méritos con el propósito de mejorar
sus condiciones de vida, pues no ha cumplido las semanas de cotización exigidas
para el reconocimiento de la pensión de vejez y acceder a un trabajo con una
mayor estabilidad laboral y mejores prestaciones sociales, lo que se ha visto
truncado con la decisión de negar el nombramiento pese a que obtuvo el primer
lugar.

Aseveró que se vulneró el derecho fundamental a la igualdad en tanto, “en las
Universidades Públicas de todo el país, se han vinculado docentes, que superan

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M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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los 65 años, por su experiencia trayectoria y conocimiento”, sin embargo, se
abstuvo de mencionar los nombres por respeto a sus colegas.

Finalmente, adujo que la negativa del nombramiento por razón de su edad
constituye un trato discriminatorio que vulnera “La Convención Interamericana
sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores, adoptada en
Washington el 15 de junio de 2015”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERA: Que se amparen mis derechos fundamentales, 1.- Debido Proceso. 2.-
Dignidad Humana, 3.- Trabajo y Seguridad Social, 4.- Confianza Legítima, 5.-
Derecho a la igualdad. 5.- Certeza de los Derechos. 6.- Derecho a la no
discriminación de las personas mayores de edad.

SEGUNDO: Como consecuencia del anterior amparo se ordene: declarar la
nulidad de la resolución No. 1604 de 2015, proferidas por la Universidad de Sucre,
por medio de la cual no procede un nombramiento en periodo de prueba del doctor
ALCIDES CASIMIRO SAMPEDRO MARÍN, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.102.882.350 de Sincelejo. Igualmente, de la Resolución No. 682
de 2021, por medo de la cual se suspenden los efectos de las Resoluciones No.
0052 y 0053 de 2016.

TERCERO: Como consecuencia del anterior amparo: se ordene declarar la
nulidad de la resolución No. 1792 de 2015, proferida por la Universidad de Sucre,
por medio de la cual se resuelve un recurso y se confirma la decisión tomada en la
Resolución No. 1604 de 2015.

CUARTO: Como consecuencia del anterior amparo: se ordene declarar la nulidad
de las Resoluciones No. 2310 de 2015 y 00710 de 2021, proferidas por la
Universidad de Sucre, por las cuales se nombra en período de prueba por el
término de un año a LILIANA SOLANO FLÓREZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No. (…) de Envigado, en el cargo de docente de tiempo completo en el
área de Biología/Conservación, adscrita al Departamento de Biología y Química de
la Universidad de Sucre.

QUINTO: Como consecuencia del anterior amparo: se ordene declarar la nulidad
de las Actas de posesión No. 025 del 18 de noviembre de 2015 y 001 de 2021, por
la cual toma posesión del cargo en período de prueba por el término de un año
LILIANA SOLANO FLÓREZ, identificada con la cédula de ciudadanía N°. (…) de
Envigado, en el cargo de docente de tiempo completo en el área de
Biología/Conservación, adscrita al Departamento de Biología y Química de la
Universidad de Sucre.

SEXTO: Como consecuencia del anterior amparo se confirme el restablecimiento
de los derechos del doctor ALCIDES CASIMIRO SAMPEDRO MARÍN, ratificando
el nombramiento y posesión en el cargo de docente de planta, programa de
Biología y Química, área de Biología/Conservación, Resoluciones No. 0052 y 0053
de 2016.

SÉPTIMO: Como consecuencia del anterior amparo se confirme la Resolución No.
014 de 2017, por la cual se autorizó la inscripción en el escalafón docente,
categoría de profesor Asistente, al señor ALCIDES CASIMIRO SAMPEDRO
MARÍN y Resolución No. 93 de 2017, por medio de la cual se promovió a la
categoría de docente Asociado.

OCTAVO: Como consecuencia del anterior amparo, se ordene el pago de los
salarios, sistema de seguridad social y demás prestaciones sociales que dejó de
devengar, ALCIDES CASIMIRO SAMPEDRO MARÍN, desde la fecha en que
efectivamente debió hacerse el nombramiento de conformidad con las reglas del
concurso; es decir 11 de agosto de 2015 hasta el 30 de enero de 2016, fecha en la
cual fue nombrado y posesionado en período de prueba del cargo de docente de

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planta, programa de Biología y Química, área de Biología/Conservación, en
cumplimiento de fallo proferido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Sincelejo, Sala III Civil, Familia, Laboral, Sentencia T-2015-005, dentro de la
radicación No. 00320-01, Acción de tutela. Sumas de dinero que deben ser
indexadas conforme a la Ley”.

4. Trámite procesal

Por auto de 13 de septiembre de 2021, la Sección Tercera, Subsección “C” del
Consejo de Estado admitió la demanda y ordenó notificar a la parte demandante,
a las autoridades judiciales accionadas, a la Universidad de Sucre y a la señora
Liliana Solano Flórez, así como a “los sujetos vinculados en el proceso
adelantado de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de
radicado 70-001-33-33-007-2017-00249-00”, en calidad de terceros con interés.

De igual forma, dispuso que a través de la Secretaría General se solicitara al
Tribunal Administrativo de Sucre que allegara copia digital del expediente con
radicado No. 70-001-33-33-007-2017-00249-00, correspondiente al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, actor: Alcides Casimiro
Sampedro Marín.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Sucre

El Magistrado ponente de la decisión cuestionada pidió que se declare
improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumplen los
presupuestos generales y específicos de procedencia que habilitan ese
mecanismo contra providencias judiciales.

Señaló que la decisión cuestionada se fundamentó en la normatividad y
jurisprudencia aplicable al caso concreto, por lo que el actor promueve la acción
de amparo como una instancia adicional.

5.2. Respuesta del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sucre

El titular del despacho judicial solicitó que se nieguen las pretensiones de la
demanda, bajo el argumento de que no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados.

Manifestó que no es posible aplicar la excepción establecida en el artículo 19 de la
Ley 344 de 1996, que permite que los docentes universitarios del sector oficial
puedan continuar en el cargo hasta los 75 años, en tanto, el actor no tiene la
calidad de docente vinculado en los términos del artículo 72 de la Ley 30 de 1992
y dicha excepción se encuentra establecida para permanecer en el cargo cuando
han adquirido el estatus pensional y no para el ingreso al empleo público superada
la edad de retiro forzoso.

Manifestó que el accionante ocupó el primer puesto en la lista de elegibles para el
cargo docente de tiempo completo, no obstante, no podía ser nombrado porque
superaba la edad de retiro forzoso -65 años de edad- establecida en el Decreto
2400 de 1968 y el artículo 122 del Decreto 1950 de 1973.

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5.3. Respuesta de la Universidad de Sucre

Por intermedio del rector, actuando como representante legal del plantel
universitario, pidió que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, por
cuanto dado el carácter residual y subsidiario de ese mecanismo de protección
constitucional resulta improcedente para dar continuidad al debate superado en el
proceso ordinario en el cual el accionante tuvo todas las garantías procesales para
promover la defensa de sus intereses a través de un apoderado de confianza.

5.4. Respuesta de la señora Liliana Solano Flórez

A través de apoderado judicial, quien fue nombrada en el cargo de docente de
tiempo completo en el departamento de biología y química de la Universidad de
Sucre por haber ocupado el segundo lugar en el concurso público de méritos,
solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, por cuanto el accionante
emplea el mecanismo de amparo como una instancia adicional.

Manifestó que, contrario a lo que sucede con el actor, ella sí tiene derechos
adquiridos derivados del nombramiento en el cargo como docente de tiempo
completo en la Universidad de Sucre, luego de haber ocupado el segundo lugar en
el concurso público de méritos y que quien ocupó el primer puesto no podía ser
nombrado por haber superado la edad de retiro forzoso, los cuales deben
respetarse.

Indicó que el accionante realiza una interpretación errónea del artículo 19 de la
Ley 344 de 1966, porque ese precepto se aplica a los servidores públicos que
adquieran su derecho a pensión, lo que él no cumple.

Finalmente, señaló que los argumentos de la acción de tutela son los mismos que
se abordaron en el trámite de la anterior acción de tutela que accedió al amparo
de los derechos fundamentales invocados por el actor de manera transitoria.

6. Sentencia de tutela impugnada

Mediante sentencia de 22 de octubre de 2021, la Sección Tercera, Subsección “C”
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela, bajo el
argumento de que no se cumple el presupuesto de la relevancia constitucional,
asimismo declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la
Universidad de Sucre y de la señora Liliana Solano Flórez.

Señaló que los argumentos expuestos en la demanda corresponden al debate
legal que se abordó en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en particular a la posibilidad de acceder a un cargo
público superada la edad de retiro forzoso que de acuerdo con la normatividad
vigente para el año 2015 era de 65 años, cuando se trata de docentes
universitarios.

Indicó que en la acción de tutela el actor manifestó que la interpretación del
artículo 19 de la Ley 344 de 1996 debe estar dirigida a reconocer que el referido
límite de edad para los profesores, categorizados en los artículos 72 y 74 de la Ley
30 de 1992, se extendió hasta los 75 años, sin embargo, no expresó un reproche
constitucional concreto.

Por último, aseveró que “el actor no aporta la carga argumentativa requerida, en
términos de los defectos ya referenciados, para advertir la posible violación de los
derechos invocados en los fallos del 1° de marzo de 2019 y el 6 de mayo de 2021;
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y, por el contrario, pretende que el juez de tutela defina su derecho a ser
nombrado como docente por el hecho de haber superado el concurso de méritos,
lo cual ya fue definido por el juez del proceso ordinario quien al estudiar la
legalidad de las decisiones que afectaron el derecho del hoy actor, concluyeron el
ente universitario obró dentro de las previsiones normativas descritas y no es
dable al juez constitucional imponer una interpretación de la norma que no se
encuentra arbitraria ni alejada de su contenido. El asunto entonces no compete a
la órbita del fallador constitucional, al tratarse de una acción de tutela contra
providencia judicial”.

7. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, por
intermedio de apoderado judicial, el actor impugnó el fallo de primera instancia y
pidió que se revocara, en razón a los siguientes argumentos:

Controvirtió que el a quo concluyera que acudió al mecanismo de protección
constitucional como una suerte de instancia adicional, cuando lo que realmente
pretende es la protección de los derechos constitucionales frente al grave perjuicio
que las decisiones judiciales le causaron.

Solicitó que “por encima de todo rigorismo procedimental” se efectúe un
pronunciamiento sobre la interpretación del artículo 19 de la Ley 344 de 1996 y de
la sentencia C-584 de 1997, en torno a la edad de retiro forzoso para los docentes
universitarios.

Del mismo modo, insistió en los argumentos de la acción de tutela en relación con
la primera parte del artículo 19 de la Ley 344 de 1996 que se refiere a los
docentes de educación formal en sus niveles preescolar, básica primaria y
secundaria, por lo que no resulta aplicable a docentes universitarios. Explicó que a
partir de la expresión “sin perjuicio de lo establecido en las leyes 91 de 1989, 60
de 1993 y 115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de
su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar
vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso”, debe tenerse en
cuenta que (i) la Ley 91 de 1989 aplica para docentes de primaria y secundaria, (ii)
la Ley 60 de 1993 regula aspectos del sector educativo en los niveles de prescolar
básica primaria y secundaria y no regula situaciones administrativas de los
docentes del nivel de educación superior y (iii) la Ley 115 de 1994 no regula
aspectos del nivel superior de educación, pues esto se encuentra expresamente
regulado por la Ley 30 de 1992.

Sin embargo, considera que la segunda parte del artículo 19 de la Ley 344 de
1996 que señala “Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta por diez años
más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de
haberse producido la terminación de sus servicios”, sí le resulta aplicable, por lo
que con base en ese argumento solicitó que se declarara la nulidad de los actos
administrativos que negaron su nombramiento al cargo de docente de tiempo
completo expedidos por la Universidad de Sucre, a pesar de que ocupó el primer
lugar en la lista de elegibles.

Al respecto, indicó que el único requisito exigido es el de ser docente universitario,
lo que de acuerdo con lo establecido en los artículos 72 a 74 de la Ley 30 de 1992
se cumple en las siguientes circunstancias:

“1.- Dedicación exclusiva, tiempo completo y medio tiempo. (art. 72)
2.- Profesores de cátedra (art. 73)
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3.- Profesores ocasionales de tiempo completo o medio tiempo”.

Aseveró que en el proceso judicial acreditó que desde el primer semestre del año
1999 ostentaba la calidad de docente universitario “en las diferentes modalidades
que contempla la ley 30 de 1993, artículos 72 a 74, en la Universidad de Sucre”.

Por último, reiteró el análisis expuesto en la demanda en torno a los derechos
fundamentales que consideró vulnerados y, en ese marco, solicitó que se revoque
la decisión impugnada.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si
debe confirmar la sentencia de 22 de octubre de 2021, proferida por la Sección
Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de
la acción por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional o si, por el
contrario, debe revocarse, en tanto el Tribunal Administrativo de Sucre y el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo incurrieron en defecto
sustantivo y vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
dignidad humana, al trabajo, a la seguridad social, a la igualdad, a la “certeza de
los derechos”, a la no “discriminación de las personas mayores de edad” y el
principio de confianza legítima, con las sentencias de 6 de mayo de 2021 y 1 de
marzo de 2019, respectivamente, proferidas en el trámite del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Universidad de
Sucre.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones2.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría

2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P.
María Victoria Calle Correa.
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frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela
no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que
el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la
decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo
que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el
sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en
el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no
está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o
proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por
más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda
de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de
interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las
decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir,
no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una

4
la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-
02201-01.
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues
ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El señor Alcides Casimiro Sampedro Marín presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Sucre, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
de Sincelejo, la Universidad de Sucre y la señora Liliana Solano Flórez, con el
objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso,
dignidad humana, trabajo, seguridad social, igualdad, “certeza de los derechos”, a
la no “discriminación de las personas mayores de edad” y el respeto por el
principio de la confianza legítima, los cuales consideró vulnerados con las
sentencias de 6 de mayo de 2021 y 1 de marzo de 2019, dictadas en el trámite del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la
Universidad de Sucre, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos que negaron el nombramiento como docente de tiempo completo
del departamento de biología y química, a pesar de haber superado, en el primer
lugar, el concurso de méritos adelantado para proveer dicho cargo.

Concretamente alegó la configuración de defecto sustantivo por la indebida
interpretación del artículo 19 de la Ley 344 de 1996, al desconocer el alcance que
le ha dado la Corte Constitucional en la sentencia C-584 de 1997 y que, en su
criterio, la primera parte de ese precepto solo es aplicable para los docentes de
educación formal, en sus niveles de prescolar, básica y secundaria y no a los
universitarios.

Indicó que el segundo aparte de la norma se refiere a la permanencia de los
docentes universitarios, que de acuerdo con lo establecido en los artículos 72 y 74
son “(i) los de dedicación exclusiva; (ii) los profesores de catedra; y (iii) los
profesores ocasionales de tiempo completo o medio tiempo”, calidad que acreditó
con la certificación laboral expedida por el Jefe de División de Recursos Humanos
de la Universidad de Sucre.

Manifestó que el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 establece una excepción para
el caso de los docentes universitarios en la que se extiende el límite para el
ingreso y permanencia en el cargo hasta los 75 años. En ese sentido, se refirió a
la Sentencia C-584 de 1997 en la cual, según su relato, la Corte Constitucional
establece que la excepción contemplada en ese presupuesto es útil y necesaria
para garantizar la protección a la educación superior y que las personas que han
demostrado sus calidades docentes puedan permanecer en el cargo hasta los 75
años y “adiciona otras [excepciones] definidas por el legislador en los artículos 29
y 31 del Decreto 2400 de 1968 y artículo 122 del Decreto 1950 de 1993”.

En definitiva, considera que en virtud de la excepción establecida en el artículo 19
de la Ley 344 de 1996, puede acceder al nombramiento en un cargo público hasta
los 75 años, esto es, diez años más de la edad de retiro forzoso fijada para el
momento de su nombramiento -65 años-, porque es un cargo de docente
universitario.

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4.2. En primera instancia, la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumplió
el presupuesto de la relevancia constitucional, en tanto consideró que el actor
emplea el mecanismo de protección constitucional como una instancia adicional
para revivir el debate ya superado en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

En ese sentido, evidenció que los argumentos expuestos en la demanda
corresponden al debate legal que se abordó en el trámite del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, la interpretación del artículo 19 de
la Ley 344 de 1996 que, a juicio del demandante, debe entenderse que el referido
límite de edad para los profesores categorizados en los artículos 72 y 74 de la Ley
30 de 1992, se extendió hasta los 75 años.

Finalmente, el a quo advirtió que el actor no expresó un reproche constitucional
concreto frente a las decisiones judiciales cuestionadas, por lo que no cumplió con
la carga argumentativa mínima.

4.3. El accionante impugnó la decisión de primera instancia, al considerar que el a
quo incurrió en un error al concluir que empleaba la acción de tutela como una
instancia adicional para dar continuidad al debate del proceso ordinario, porque lo
que pretende con el mecanismo de amparo es que se protejan los derechos
fundamentales invocados los cuales resultaron vulnerados por las decisiones
judiciales cuestionadas y que le están ocasionando un grave perjuicio.

4.4. La Sala observa que el señor Alcides Casimiro Sampedro Marín, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la
Universidad de Sucre con el objeto de que se declarara la nulidad de las
Resoluciones Nos. 1604 y 1792 por medio de las cuales se negó el nombramiento
en periodo de prueba en el cargo de docente de tiempo completo y se resolvió el
recurso de reposición, así como la Resolución No. 2310 de 2015, por la cual se
nombró en dicho cargo a la señora Liliana Solano Flórez, y solicitó que como
consecuencia se ordenara al plantel universitario efectuar el nombramiento
definitivo en dicho cargo.

Al sustentar el concepto de violación, alegó el desconocimiento de los artículos
artículos 69 y 125 de la Constitución Política, los artículos 28 y 70 de la Ley 30 de
1992, el artículo 19 de la Ley 344 de 1996, los artículos 9 y 24 de la Ley 797 de
2003 y las sentencias C-584 de 1997 de la Corte Constitucional y de 3 de mayo de
2012, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
expediente 2006-00767-01.

Señaló que en la convocatoria del concurso de méritos adelantado por la
Universidad de Sucre para proveer el cargo de docente de tiempo completo no se
estableció algún límite de edad para la participación, así como tampoco para el
posterior nombramiento.

Adujo que el fundamento expuesto por la Universidad de Sucre para negar el
nombramiento en el cargo de docente de tiempo completo es haber superado la
edad de 65 años, por cuanto constituye la edad de retiro forzoso para servidores
públicos, no obstante, alegó que ese argumento desconoce el régimen laboral de
los docentes universitarios. Concretamente, se refirió al desconocimiento del
artículo 19 de la Ley 344 de 1996 que, en su criterio, amplió la edad de retiro
forzoso a 75 años.

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En primera instancia, por sentencia de 1 de marzo de 2019, el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Sincelejo negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que la decisión de negar el nombramiento en el cargo de docente de
tiempo completo en el área de biología/conservación, adscrito al departamento de
Biología y Química de la Facultad de Educación y Ciencias de la Universidad de
Sucre al encontrar que estaba impedido para ejercer dicho cargo, en razón a que
superaba la edad de retiro forzoso, no desconoció el ordenamiento jurídico, y
destacó que la edad establecida para el retiro forzoso es la misma para el ingreso
al empleo público.

Al respecto, señaló que conforme con lo establecido en el Decreto 2400 de 1968 y
su Decreto Reglamentario 1950 de 1973, la edad de retiro forzoso es de 65 años,
no obstante, precisó que existe un régimen especial consagrado en el artículo 19
de la Ley 344 de 1996, para quienes ostenten la calidad de docentes universitarios
y hubiesen accedido al reconocimiento de la pensión de vejez, cuyo texto es el
siguiente:

“ARTÍCULO 19º.- Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y
115 de 1994, el servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de
vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio,
hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo
hasta por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente
después de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones”.

Explicó que conforme con dicho precepto los docentes universitarios que
obtengan el estatus pensional podrán optar por continuar vinculados en el empleo
púbico hasta los 75 años.

Asimismo, precisó que esa excepción establece la posibilidad de “continuar
vinculado al servicio”, lo que quiere decir que se exige la vinculación anterior a la
edad de retiro forzoso y no aplica para el acceso al cargo de docente universitario.
Sobre ese particular, señaló que el demandante acreditó la calidad de docente
ocasional, por lo que no le resultaba aplicable el régimen especial que permite a
los docentes permanecer en el servicio hasta los 75 años, además tampoco ha
adquirido estatus pensional.

Inconforme con esa decisión la parte demandante la apeló. Señaló que el artículo
19 de la Ley 344 de 1996, al establecer la edad de retiro forzoso de los docentes
universitarios en 75 años, fija un límite tanto para el ingreso como para la
permanencia en el cargo, porque con razones suficientemente fundamentadas en
los principios de la gestión pública y en especial del servicio docente universitario,
señala que los docentes pueden extender su edad de retiro a los 75 años.

También reprochó que se exigiera el cumplimiento de dos requisitos para la
aplicación del citado precepto: (i) haber alcanzado el estatus pensional y (ii) tener
la calidad de docente universitario antes de cumplir la edad de retiro forzoso. Ello,
porque, a su juicio, ese argumento desconoce lo establecido en el artículo 29 del
Decreto 2400 de 1968 “pues a lo largo de la historia de la función pública en
Colombia se han nombrado y posesionado, después de la edad de 65 años,
apoyados en esa excepción muchos ministros, jefes de Departamento
Administrativo, superintendentes (…)”.

Indicó que para la aplicación de la excepción establecida en el artículo 19 de la
Ley 344 de 1996 solo se exige la calidad de docente universitario, lo que conforme
con lo establecido en los artículos 72 a 74 de la Ley 30 de 1992 estos son: (i) los
de dedicación exclusiva, tiempo completo y medio tiempo, (ii) profesores de
cátedra y (iii) profesores ocasionales de tiempo completo o medio tiempo.
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El Tribunal Administrativo de Sucre por medio de la sentencia de 6 de mayo de
2021, confirmó la decisión recurrida bajo los siguientes argumentos:

• De acuerdo con lo establecido en los artículos 29 y 31 el Decreto 2400 de 1968 y
el artículo 122 del Decreto Reglamentario 1950 de 1973, “el demandante, pese a
superar el concurso de méritos y haber sido nombrado en periodo de prueba en
acatamiento de la orden de tutela, no podía ocupar en carrera el aludido cargo
docente por superar la edad de retiro forzoso que regía para el año 2015 (65
años)”.

• Se ha considerado razonable que se fije una edad máxima para el desempeño de
funciones en un cargo público como mecanismo de eficiencia y renovación.

• Esos límites también aplican para el ingreso al empleo público tal como lo ha
6
señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado , al señalar que “la figura de la
edad de retiro forzoso está instituida como una limitación para acceder y ejercer el
empleo público. La justificación constitucional de esta figura radica en la necesidad
de permitir un acceso en igualdad de condiciones a los cargos de la administración
pública y garantizar el derecho al trabajo de quienes aspiran a acceder a dichos
cargos por un relevo generacional que concrete los mandatos constitucionales
contenidos en los artículos 54 y 334 de la Carta Política, que imponen al Estado la
obligación de promover la ubicación laboral de las personas que se encuentran en
edad de trabajar y lo autorizan para intervenir con miras a alcanzar el pleno
empleo de los recursos humanos”.

• La excepción que permite que los docentes del sector oficial que accedieron al
reconocimiento de la pensión de vejez puedan optar por continuar vinculados
hasta los 75 años, no resulta aplicable para el acceso al empleo público, “además,
tal precepto solo cobija a los empleados públicos en un cargo de carrera como
profesor universitario de dedicación exclusiva, tiempo completo o medio tiempo y
que quisieran continuar ejerciendo la docencia universitaria, eventualidad que no
cumple el demandante”.

Al respecto, indicó que conforme con la certificación de 25 de febrero de 2016,
expedida por la División de Recursos Humanos de la Universidad de Sucre, el
señor Alcides Casimiro Sampedro Marín, ha prestado sus servicios profesionales
como docente de catedra desde el año 1999, lo que se ha reglado por contratos
de prestación de servicios.

• El actor no ha adquirido el estatus pensional por lo que tampoco se encuentra
dentro del supuesto fáctico regulado en el artículo 19 de la Ley 344 de 1996.

4.5. En el escenario expuesto, la Sala evidencia que el actor emplea el mecanismo
de protección constitucional para dar continuidad al debate legal que se superó en
el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en dos
instancias judiciales, en el que se expusieron idénticos argumentos a los que
propone en esta oportunidad.

Lo anterior, teniendo en cuenta que desde la demanda el accionante ha alegado
que los actos administrativos demandados, por medio de los cuales se negó el
nombramiento en el cargo de docente de tiempo completo en el departamento de
Biología y Química de la Facultad de Educación y Ciencias de la Universidad de
Sucre, desconocieron lo establecido en el artículo 19 de la ley 344 de 1996.

6
“Rad. No.: 54001-23-31-000-2006-00766-01(2048-13), Actor: Rubén Robayo Medina,
Demandado: Universidad de Pamplona. C.P. César Palomino Cortés”.
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A juicio del actor, dicho precepto debe dársele una lectura separada en dos partes,
la primera que contiene la expresión “el servidor público que adquiera el derecho a
disfrutar de su pensión de vejez o jubilación”, bajo el entendido de que esa
exigencia solo aplica para docentes del sector oficial de los niveles de prescolar y
básica primaria y secundaria, ello teniendo en cuenta que al iniciar el texto señala
que “sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de
1994” y estas normas no regulan aspectos del nivel de educación superior.

La segunda que, según el actor, sí tiene aplicación en su caso, establece que los
docentes podrán permanecer en el empleo hasta por diez años más de la edad de
retiro forzoso -65 años-, por lo que, bajo su entendimiento, lo único que se le debe
exigir para ser nombrado como docente universitario del sector oficial es acreditar
esa calidad, lo cual cumple pues desde el año 1999 ha estado vinculado como
docente de catedra de la Universidad de Sucre.

Bajo esa interpretación, el actor considera que las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en defecto sustantivo, en tanto a partir de ese
entendimiento que hace del artículo 19 del Decreto 344 de 1999, han debido
declarar la nulidad de los actos administrativos demandados a través de los cuales
la Universidad de Sucre negó el nombramiento en el cargo de docente de tiempo
completo tras haber superado el concurso público de méritos, al considerar que el
haber superado la edad de retiro forzoso constituye un impedimento para tal
efecto.

Ahora bien, la Sala encuentra que como se expuso de manera precedente, ese
debate legal fue propuesto por el actor en la demanda ordinaria y fue reiterado en
el recurso de apelación, por lo que fue objeto de pronunciamiento en el trámite del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho por el juez natural de esa
controversia.

En el escrito de impugnación, el actor controvirtió la decisión del a quo al
considerar que acudió al mecanismo de amparo no como una instancia adicional,
sino para reclamar la protección de los derechos fundamentales invocados, los
cuales consideró vulnerados por la indebida interpretación del artículo 19 de la Ley
344 de 1999 en la que, en su sentir, incurrieron las autoridades judiciales
accionadas. En ese marco, solicitó al juez de segunda instancia que “se haga
justicia, por encima de todo rigorismo procedimental en razón a que quien
impugna no es abogado, pero como ciudadano y académico, me asiste el derecho
a conocer su sabia interpretación con respecto a la aplicación del artículo 19 de la
Ley 344 de 1996 y Sentencia C-584 de 1997: de la Corte Constitucional, respecto
a la edad de retiro forzoso de los docentes universitarios”.

Al respecto, la Sala advierte que el presupuesto de relevancia constitucional
establecido por la Corte Constitucional para habilitar la acción de tutela contra
providencias judiciales no puede considerarse como un rigorismo procesal. En
efecto, en relación con ese requisito la Corte Constitucional en la sentencia SU-
128 de 20217, reiteró que el mismo tiene como propósito “(i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces ordinarios y, por tanto, evitar que la
tutela sea utilizada para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el
ejercicio la tutela a cuestiones que afecten los derechos fundamentales y (iii) evitar
que la tutela se convierta en una tercera instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces”.

7
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Además, para la Sala ese argumento no resulta suficiente para encontrar
acreditado el presupuesto de la relevancia constitucional, pues además de
expresar que se acude al mecanismo de amparo para reclamar la garantía de
derechos fundamentales, debe justificarse de manera razonable ese alegato. Al
respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 20198 expresó que “la
acreditación de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel”.

Así las cosas, un eventual estudio de fondo conllevaría realizar el mismo análisis
jurídico y fáctico que ya fue abordado en el trámite del proceso ordinario, pero bajo
la perspectiva del entendimiento que el actor tiene del marco normativo aplicable,
razón por la que, sin duda, su intención es continuar con el mismo debate ante la
jurisdicción constitucional, convirtiéndola en una instancia adicional, lo que
desconoce el carácter residual de la acción de tutela.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará el fallo de primera instancia que
declaró la improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 22 de octubre de 2021, proferida por la
Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

8
M.P. Carlos Bernal Pulido.
15
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06098-01
Demandante: Alcides Casimiro Sampedro Marín

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

16
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