Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-06140-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-06140-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-06140-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
20 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2021 06140 00
Demandante: Osman Jimmy Hernández Biojó y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa.
Falta del requisito de inmediatez
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
Los señores Osman Jimmy Hernández Biojó, Belarmina Biojó Rivas, Manuel
Hernández Churta y Jennifer Tatiana Cortés, quien actúa en nombre propio y en
representación de los menores Bairon Andrés y Jina Marcela Hernández Cortés, por
medio de apoderado, promueven acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca para que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
1.2. Pretensiones
Los accionantes formulan las siguientes súplicas:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Osman Jimmy Hernández Biojó y otros
5.1. Se amparen los derechos fundamentales de igualdad, debido proceso,
acceso a la administración de justicia y demás derechos que los Honorables
consejeros consideren que, en esta ocasión, se les están violando a mis
mandantes.
5.2. Se revoque parcialmente la sentencia del 05 de marzo de 2020, proferida
dentro del proceso de reparación directa 52.881, la cual quedó debidamente
ejecutoriada el día 13 de marzo de 2021, tras la NOTIFICACIÓN del auto de
obedézcase y cúmplase, por estados del día 12 de marzo de 2021, surtida por el
Tribunal Administrativo del Valle, y mediante la cual la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Valle, y […] la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Tercera – Subsección A del Consejo de Estado, decidió revocar la sentencia de
primera instancia, y declarar responsable patrimonialmente a la Nación-Ministerio
de Defensa-Policía Nacional en proporción del 50 % por los perjuicios causados
al señor OSMAN JIMMY HERNÁNDEZ BIOJÓ por las lesiones causadas el 16 de julio
de 2007, y condenar en abstracto por perjuicios morales y a la salud, y
declarando la falta de legitimación en la causa por activa de la señora JENNIFER
TATIANA CORTÉS, en el sentido de revocar las decisiones judiciales de las cuales
se objeta la cuantía de la condena (en proporción del 50 %) por no corresponder
con la proporción de incidencia o determinación del hecho o acciones del agente
de policía que generó el daño causado, al no ser liquidadas en un ciento por
ciento (100 %) a cargo de las entidades demandadas, y en valores sumamente
inferiores a los pretendidos con la demanda. Así mismo, por ordenar una
condena de los perjuicios inmateriales (morales y a la salud) en abstracto sin la
debida justificación que exima de la obligación de tasarlos en la sentencia con las
pruebas existentes del daño, y por negarse el derecho a una reparación integral a
quien ostentaba la condición de compañera permanente de la víctima directa.
5.3. Que la alta corporación, en aras a restablecer el derecho a un debido
proceso y reparación integral, ratifique la declaratoria de responsabilidad
patrimonial y administrativa de las entidades demandadas, y ordene el
reconocimiento y pago de una indemnización integral en proporción del 100 % de
la condena a que hubo lugar, y así mismo se ordene el reconocimiento de los
perjuicios inmateriales causados a la señora JENNIFER TATIANA CORTÉS, en su
condición de compañera permanente del señor OSMAN JIMMY HERNÁNDEZ BIOJÓ,
persona que resultó lesionada con el mal proceder de los agentes de policía;
conforme se solicitó con las pretensiones de la demanda.
5.4. Se ordene a la accionada, que, dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo de tutela, se proceda a dar cumplimiento a lo ordenado por
esta Honorable Corporación, y por ende remita a su [e]strado, copia de la
respectiva providencia judicial con las formalidades de ley, so pena de las
sanciones de ley por desacato a lo ordenado mediante sentencia de tutela.
1.3. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, los accionantes señalan los siguientes:
i) Interpusieron demanda en uso del medio de control de reparación directa contra
la Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional) con el fin de obtener el
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resarcimiento de los perjuicios que les ocasionó las lesiones que sufrió el señor
Osman Jimmy Hernández Biojó como consecuencia de la acción desplegada por un
agente de esa entidad, el 16 de julio de 2007.
ii) Con el escrito de demanda se acreditó la calidad con la que acudía al proceso
cada uno de los accionantes, como el de compañera permanente, hijos y padres del
lesionado, pues oportunamente se allegaron los documentos, esto es, registros
civiles y declaración ante notario, que así lo demostraban.
iii) El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 26 de junio
de 2014, negó las pretensiones de la demanda porque consideró que no se probó la
existencia de una falla en el servicio imputable a las entidades demandadas. Contra
esa decisión interpusieron recurso de apelación.
iv) El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, emitió sentencia el 5 de
marzo de 2020, revocando el fallo de primera instancia y, en su lugar, accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda, y declaró probada de oficio la falta de
legitimación en la causa por activa de la señora Jennifer Tatiana Cortés.
1.4. Fundamentos jurídicos
Los accionantes alegan que la providencia acusada vulnera sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia y, en ella, se incurrió en los defectos procedimental, fáctico y violación directa
de la Constitución porque para efectos de liquidar los perjuicios se impusieron
decisiones que afectan de manera injustificada el derecho a la reparación integral
pretendida, en tanto se aplica una culpa compartida que no fue adecuadamente
sustentada, y que, por tanto, no se puede tener como acreditada. Tampoco son de
recibo las razones para fijarla en proporción del 50 %, así como para resolver de
manera genérica denegar la condena a favor de la señora Jennifer Tatiana Cortés,
supuestamente por no demostrar su condición de compañera permanente del señor
Osman Jimmy Hernández Biojó «pese a existir declaración extraprocesal ante
notario rendida por los mismos compañeros permanentes».
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1.5. Actuación procesal
La acción de tutela se admitió mediante auto del 14 de octubre de 2021, que se
ordenó notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, como demandados. Así mismo, se dispuso notificar a la Nación
(Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional), y a todas las personas que
intervinieron dentro del medio de control de reparación directa con radicado 76001 23
31 000 2008 01191 00 [01], como terceros interesados en las resultas de este
proceso, para que dentro del término de tres días y en uso de su derecho de
defensa, rindieran el respectivo informe.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. La consejera de
Estado, doctora Marta Nubia Velásquez Rico, dio contestación en los siguientes
términos:
i) No se cumple con el requisito de inmediatez, ya que la sentencia atacada se
profirió el 5 de marzo de 2020, se notificó el 9 de junio de 2020, sin que se solicitara
aclaración, corrección o complementación; sin embargo, la demanda de tutela se
presentó el 10 de septiembre de 2021, esto es, un año, tres meses y un día después
de la notificación.
ii) La parte actora pretende reabrir el debate probatorio que se agotó en sede de
reparación directa y, por ende, revivir un proceso ya finalizado en sus respectivas
instancias, de ahí que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, en
cuanto se busca convertir la acción de tutela en una instancia adicional del juicio
ordinario, para que el juez constitucional revise la condena impuesta.
iii) En la providencia objeto de censura se efectuó un análisis serio y razonado de la
situación fáctica, jurídica y probatoria, del que se concluyó que i) no le asistía
legitimación material en la causa por activa a la señora Jennifer Tatiana Cortés
porque no acreditó la calidad de compañera permanente del lesionado, como lo
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Demandante: Osman Jimmy Hernández Biojó y otros
invocó, ii) la víctima participó en la causación del daño, lo que implicó la reducción de
la condena en un 50 %, y iii) no se demostraron los supuestos mínimos para liquidar
la indemnización de perjuicios, de ahí que lo procedente era imponer una condena
en abstracto.
iv) Con esas decisiones no se incurrió en los defectos endilgados en la demanda de
tutela, pues resultó determinante la falta de mérito probatorio de la declaración
extraprocesal allegada, por haber sido rendida por la directamente interesada, sin
que obrara en el expediente elemento de juicio alguno que ratificara su contenido. Si
bien uno de los vecinos de la interesada rindió testimonio, no es menos cierto que
sus manifestaciones no resultaron suficientes para tal fin, pues no se pronunció de
manera concreta frente a la existencia de la alegada unión para la época de los
hechos, además, la existencia de los hijos tampoco permitía inferir que ella y la
víctima directa aún tenían una relación sentimental.
v) La reducción de la condena en virtud de la participación de la víctima en la
producción del daño fue el resultado de la valoración de las pruebas y la aplicación
de la jurisprudencia de esta corporación, en virtud de la cual se advirtió que el señor
Hernández Biojó incidió en la concreción del daño ocasionado, pues se expuso
imprudentemente al riesgo y no actúo de la forma en la que lo hace un ciudadano
ante el legítimo requerimiento de un policía que se encontraba en ejercicio de sus
funciones.
vi) La decisión de proferir una condena en abstracto respecto de los perjuicios
morales y el daño a la salud no comporta la vulneración de ningún derecho
fundamental, pues se adoptó con fundamento en la normativa aplicable —artículo
172 del Código Contencioso Administrativo— y en garantía de los accionantes, para
que la falta de acreditación del quantum de los perjuicios no implicara una decisión
denegatoria, sino que diera lugar a un trámite adicional para lograr su materialización
y, por ende, su indemnización.
vii) En el proceso de reparación directa se probó que al señor Osman Jimmy
Hernández Biojó como consecuencia de las lesiones que sufrió el 16 de julio de
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2007, se le derivaron secuelas medicolegales consistentes en deformidad física que
afecta el rostro y perturbación funcional del órgano de la visión, ambas de carácter
permanente; sin embargo, la víctima directa no se sometió a una valoración que
dictaminara el porcentaje de pérdida de capacidad laboral.
viii) El amparo deprecado no está llamado a prosperar, porque lo pretendido por los
accionantes es el agotamiento de una especie de tercera instancia, para que, por vía
del mecanismo de amparo constitucional, se reviva un debate agotado en los
términos de ley, y que culminó con una sentencia que se profirió con estricto apego
al ordenamiento jurídico, sin incurrir en los defectos alegados ni afectar los derechos
invocados.
1.6.2. De la Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional). El jefe
del Área Jurídica solicita denegar las súplicas de la demanda, toda vez que no se
vislumbra la existencia de vulneración de los derechos fundamentales alegados por
la parte actora, por las siguientes razones:
i) En el asunto sub lite no se acreditaron los requisitos generales para su
procedencia, por cuanto la solicitud de tutela se presentó el 10 de septiembre de
2021, mientras que la sentencia cuestionada se notificó el 31 de agosto de 2020
(sic), así las cosas, los accionantes dejaron transcurrir más de doce meses para
solicitar la protección de las garantías fundamentales presuntamente violados por la
providencia objeto de controversia, lo cual desconoce el requisito de inmediatez.
ii) El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, realizó una valoración
integral del material probatorio obrante en el proceso, del que determinó que se
presentaban las condiciones fácticas y jurídicas para declarar la concurrencia de
culpas, que acarreó la disminución de la indemnización a favor del señor Osman
Jimmy Hernández Biojó, quien contribuyó a la causación del daño.
iii) Los accionantes contaron con la oportunidad procesal adecuada para controvertir
la determinación que les resultó adversa parcialmente a sus intereses en el proceso
de reparación directa; por ello, la tutela es una actuación inviable, pues se convertiría
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esta acción en una tercera instancia ajena al proceso, tal como lo indicó la Corte
Constitucional en la Sentencia T-285 de 2013.
iv) No se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable o de una amenaza
inminente e injustificada que amerite la procedencia de la acción como mecanismo
para acceder al reconocimiento de las pretensiones solicitadas, máxime cuando
hicieron uso de otras vías de protección jurisdiccional que son las idóneas para
resolver la litis propuesta; por consiguiente, genera su improcedencia, teniendo en
cuenta que es un mecanismo de protección subsidiario.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo
del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo
Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual
haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el presente caso, se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantean los
señores Osman Jimmy Hernández Biojó, Belarmina Biojó Rivas, Manuel Hernández
Churta y Jennifer Tatiana Cortés, quien actúa en nombre propio y en representación
de los menores Bairon Andrés y Jina Marcela Hernández Cortés contra la
providencia del 5 de marzo de 2020, que profirió el Consejo de Estado, Sección
1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Tercera, Subsección A, dentro del medio de control de reparación directa con
radicación 76001 23 31 000 2008 01191 01.
2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.
No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones
injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o
cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable».
Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las
cuales, finalmente, convergieron en la Sentencia C-590 de 20053, donde la Corte
2 Sentencias T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de
1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de
2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, y T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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concentró y diferenció las causales genéricas y específicas de procedibilidad
necesarias para verificar la oportunidad del amparo.
Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un
perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la
inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate
de una irregularidad procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante
que tiene en la sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la
vulneración, los derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el
proceso judicial, siempre que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias
de tutela.
A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros
fijados por la ley y la jurisprudencia.
Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328-01(IJ).
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Demandante: Osman Jimmy Hernández Biojó y otros
o ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía
oportunamente, es decir, con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso
concreto, de acuerdo con los presupuestos señalados para el efecto por la Corte
Constitucional.
2.4. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
2.4.1. Los señores Osman Jimmy Hernández Biojó, Manuel Hernández Churta,
Belarmina Biojó Rivas y Jennifer Tatiana Cortés, actuando en nombre propio y en
representación de sus hijos Bairon Andrés y Jina Marcela Hernández Cortés
interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la
Nación (Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional), para que la declararan
patrimonialmente responsable de los perjuicios que les ocasionó las lesiones que
sufrió el primero de los nombrados en hechos ocurridos el 16 de julio de 2007.6
2.4.2. El 26 de junio de 2014, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió
sentencia dentro del proceso con radicación 11001 23 31 000 2008 01191 00,
negando las pretensiones de la demanda.7
2.4.3. El 5 de marzo de 2020, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la anterior
decisión, resolvió lo siguiente:8
REVOCAR la sentencia apelada, esta es, la proferida el 26 de junio de 2014 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda y, en su lugar, se dispone:
6 Índice 19, del expediente electrónico.
7 Índice 19, del expediente electrónico.
8 Índice 19, del expediente electrónico.
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Demandante: Osman Jimmy Hernández Biojó y otros
PRIMERO: DECLARAR probada, de oficio, la falta de legitimación en la causa por
activa de la señora Jennifer Tatiana Cortés, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional, en un cincuenta por ciento (50 %), por los perjuicios
ocasionados al señor Osman Jimmy Hernández Biojó por las lesiones causadas
el 16 de julio de 2007, según lo expuesto en la parte motiva.
TERCERO: CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar
en favor del señor Osman Jimmy Hernández Biojó, por concepto de lucro cesante
consolidado parcial -correspondiente al período de incapacidad médico legal de
35 días-, la suma de quinientos doce mil cincuenta pesos $ 512.050.
CUARTO: CONDENAR EN ABSTRACTO a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional al pago de los perjuicios sufridos a título de perjuicios morales en favor
de Osman Jimmy Hernández Biojó, Belarmina Biojó Rivas, Manuel Hernández
Churta, Bairon Andrés Hernández Cortés y Jina Marcela Hernández Cortés, los
cuales se liquidarán mediante incidente, de conformidad con los parámetros
señalados en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: CONDENAR EN ABSTRACTO a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional al pago de los perjuicios sufridos a título de daño a la salud, lucro
cesante consolidado restante y lucro cesante futuro, en favor (sic) Osman
Jimmy Hernández Biojó, los cuales se liquidarán mediante incidente, de
conformidad con los parámetros señalados en precedencia.
SEXTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
SÉPTIMO: Sin condena en costas.
[…].
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
Los accionantes alegan la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia con la adopción de la
sentencia del 5 de marzo de 2020, por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, dentro del proceso de reparación directa con radicación 76001 23 31
000 2008 01191 01.
Pues bien, en el presente asunto la Sala considera que no se cumple con el requisito
de inmediatez, por cuanto la providencia objeto de censura se dictó por la Sección
Tercera, Subsección A de esta corporación, el 5 de marzo de 2020, y su notificación
se surtió por edicto que se fijó en la página web del Consejo de Estado el 10 de junio
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de ese año,9 en el que se dejó constancia que los términos de ejecutoria se
encontraban suspendidos y se reanudarían cuando «el Consejo Superior de la
Judicatura lo [dispusiera]», lo cual, según lo establecido en el Acuerdo PCSJA20-
11567 del 5 de junio de 2020, ocurrió el 1º de julio de 2020; por consiguiente, quedó
ejecutoriada el 3 de julio de 2020, mientras que la solicitud de tutela se presentó el
10 de septiembre de 2021;10 por consiguiente, transcurrió un año, dos meses y siete
días, desde cuando quedó en firme el proveído que se demanda y la interposición de
la acción, lo que supera el término de seis meses que señaló la Sala Plena como
prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.
Si bien es cierto el ejercicio de la acción de tutela no cuenta con un término de
caducidad, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, en virtud del carácter
preferente y sumario de protección que encierra la solicitud de amparo, a esta se
debe acudir dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento
generador de la supuesta amenaza o violación de las garantías fundamentales, con
el fin de proteger derechos de terceros, impedir que el amparo se convierta en un
factor de inseguridad jurídica, y evitar su uso como herramienta supletoria de la
negligencia en la agencia de derechos, desnaturalizando con ello la finalidad de la
acción.11
Según se dejó visto, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante decisión del 5 de
agosto de 2014,12 explicó que el término de inmediatez cobra mayor relevancia
cuando el recurso de amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez
que se encuentran en juego los principios de la cosa juzgada y de la seguridad
jurídica, razones por las cuales acogió, como regla general, un plazo de seis meses
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, de manera que en el
asunto que se examina se evidencia la pretermisión del principio de inmediatez.
9 La Sala en consulta realizada en el Sistema Samái estableció que la providencia se notificó mediante
edicto que se fijó «en la página web del Consejo de Estado el 10 de junio de 2020» e igualmente se
verifica en el expediente de reparación directa obrante en el índice 19, del expediente electrónico.
10 Índice 1, del expediente electrónico.
11 La Sentencia T-187 de 2012, presenta la línea jurisprudencial al respecto.
12 Consejo de Estado, Sala Plena. Radicado 11001 03 15 000 2012 02201-01 (IJ), Demandante:
Alpina Productos Alimenticios S. A.
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Demandante: Osman Jimmy Hernández Biojó y otros
Con todo, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que la razonabilidad del plazo
se debe determinar de conformidad con los hechos de cada caso concreto, por lo
que a modo de desarrollo jurisprudencial se han identificado tres excepciones que
justifican el transcurso de un lapso prolongado entre la vulneración del derecho y la
interposición de la acción, así:
(i) Ante la existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser,
por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la
incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término
razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que
hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales del accionante permanece, es
decir, su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus
derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la
finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de
prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate de
una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad,
una protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo
razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad
manifiesta en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato
preferente autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que ‘el
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.13
Así las cosas, el examen de inmediatez no se reduce a verificar el paso del tiempo
entre el hecho generador de la vulneración de un derecho fundamental y la
interposición de la demanda de tutela, sino que, además, comprende la valoración de
la razonabilidad del plazo, estimación sujeta a los hechos que configuran el asunto
concreto y que se debe efectuar por el juez de tutela atendiendo los criterios fijados
por la Corte Constitucional.
Siendo del caso analizar la razonabilidad del término para acudir a la acción de
tutela, la Sala extrae que el asunto no se adecua a ninguna de las excepciones
traídas por la Corte Constitucional para hacer procedente su estudio. Lo anterior, por
13 Sentencias T-433 de 2016, T-584 de 2011, T-1028 de 2010, T-792 de 2007 y, T-158 de 2006, entre
otras.
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Radicado: 11001 03 15 000 2021 06140 00
Demandante: Osman Jimmy Hernández Biojó y otros
cuanto los accionantes, en la solicitud de tutela, no justifican y ni siquiera mencionan
el motivo de la tardanza en el uso de la solicitud de amparo.
Ahora, si bien en la demanda los accionantes aducen la ocurrencia de un perjuicio
irremediable porque «las órdenes judiciales cuestionadas, conllevan […] para la
víctima […] además de todos los daños patrimoniales y morales a los que se ha
tenido que enfrentar [que se les niegue] la justicia y la reparación integral»; así
mismo, porque «la víctima al quedar con problemas estéticos y funcionales, en su
rostro […] ahora se ve enfrentado a que se le atribuya una responsabilidad del 50 %
por los hechos sucedidos», la Sala no encuentra que se cumpla alguno de los
criterios establecidos en la jurisprudencia para su configuración14 ni constituyen
razones que permitan establecer que ello les impidió acudir oportunamente a la
tutela.
Es necesario precisar que el requisito de inmediatez no responde a motivaciones
caprichosas, sino al amparo del orden judicial y social, partiendo del presupuesto de
que cuando una persona realmente encuentre afectados sus derechos
fundamentales de forma grave, acudirá inmediata y diligentemente al juez
constitucional para solicitar su restablecimiento.
Conforme a lo expuesto, no se evidencia que en el asunto se supere el examen de
inmediatez requerido, pues además de que se excedió el término previsto como
prudencial para la interposición de la acción, no se acreditó la ocurrencia de
circunstancias que justifiquen la tardanza en su presentación; en consecuencia, la
tutela resulta improcedente.
3. Conclusión
En el presente caso, la acción de tutela es improcedente para atacar la providencia
del 5 de marzo de 2020, que profirió el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, dentro del proceso de reparación directa con radicación 76001 23 31
000 2008 01191 01, porque no se cumple con el requisito de inmediatez y no se
14 Los requisitos que establece la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
para que proceda la tutela como mecanismo judicial para evitar un perjuicio irremediable son los
siguientes: su inminencia, su urgencia, su gravedad y su impostergabilidad.
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Radicado: 11001 03 15 000 2021 06140 00
Demandante: Osman Jimmy Hernández Biojó y otros
presentaron razones que justificaran la pretermisión del tiempo para acudir al
mecanismo de amparo.
En tal sentido, la Sala rechazará por improcedente la acción interpuesta por los
señores Osman Jimmy Hernández Biojó, Belarmina Biojó Rivas, Manuel Hernández
Churta y Jennifer Tatiana Cortés, quien actúa en nombre propio y en representación
de los menores Bairon Andrés y Jina Marcela Hernández Cortés.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Rechazar, por improcedente, la acción de tutela interpuesta por los
señores Osman Jimmy Hernández Biojó, Belarmina Biojó Rivas, Manuel Hernández
Churta y Jennifer Tatiana Cortés, quien actúa en nombre propio y en representación
de los menores Bairon Andrés y Jina Marcela Hernández Cortés, conforme a la parte
considerativa que antecede.
Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samái. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAM
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