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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-06193-00

Fecha
17 de enero de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-06193-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la Perenco Oil and Gas Colombia LTD, por las razones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin15. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2021-06193-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

17 de enero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 17 de enero de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06193-00
Demandante: Perenco Oil and Gas Colombia LTD.
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Relevancia constitucional.

Síntesis del caso: La sociedad demandante enjuició la Sentencia de segunda instancia,
mediante la cual se confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda, en un
asunto de carácter tributario.

De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a
resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Perenco
Oil and Gas LTD contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
terceros.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 13 de septiembre de 2021, Perenco Oil and Gas Colombia LTD, por
conducto de su representante legal suplente, presentó acción de tutela
contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por la presunta
vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión
de la Sentencia de 22 de abril de 2021, proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-37-000-2015-00808-01.

2. A título de amparo constitucional, la sociedad demandante solicitó
(se trascribe):

“(…) se sirvan ordenar la protección el derecho al debido proceso, de que
trata el artículo 29 de la Constitución Política, en tanto que fue violentado de
diversas maneras, impidiéndose el ejercicio efectivo del derecho fundamental
al debido proceso de mi representada.

En ese sentido solicito, se ordene a la sección cuarta del Conejo de Estado,
dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia de fecha 22 de abril de
2021, proferida en el proceso con radicado No. 25000 23 37 000 2015 00808 01
que confirmó la sentencia de primera instancia del Tribunal Contencioso

1Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y el
Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06193-00
Demandante: Perenco Oil and Gas Colombia LTD
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

Administrativo de Cundinamarca, sección cuarta de fecha 2 de mayo de
2019.

Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la sección cuarta del Consejo
de Estado, proferir una nueva sentencia en donde se valoren debidamente los
conceptos y certificados aportados como pruebas al proceso y en donde no
se resuelva inaplicar al presente caso el artículo 142 y 143 del E.T., por no
encontrarse acreditados los presupuestos legales para su adopción al
presente caso”

3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:

4. 1) Perenco Oil and Gas Colombia LTD formuló demanda, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la
Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),
con el fin de que se declarara la nulidad de la Liquidación Oficial de
Revisión del impuesto sobre la renta No. 312412013000103 de 20 de
noviembre de 20132 y la Resolución No. 900.351 de 12 de noviembre de
2014 que, al resolver el recurso de reconsideración, confirmó la Liquidación
Oficial de Revisión.

5. 2) Esa demanda tuvo fundamento en que, a juicio de la parte
accionante, se debía avalar el método de “esfuerzos exitosos”, en lo
relacionado con los gastos en que se incurre, en las etapas sísmica y
geológica de exploración de hidrocarburos, ya que en esas etapas no se
tiene expectativa de obtener beneficios económicos futuros, motivo por el
que esos gastos no se debían registrar como activos para la declaración
del impuesto de renta.

6. 3) El 2 de mayo de 2019, la Subsección A de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió Sentencia en la que negó
las pretensiones de la demanda. Esa decisión fue apelada por la sociedad
demandante.

7. 4) La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante Sentencia de
22 de abril de 2021, confirmó el fallo apelado. Lo anterior porque consideró
que la sociedad demandante (a) pretendió interpretar un concepto
técnico contable a su conveniencia y (b) pretendió declarar gastos
deducibles a los que no tenía derecho y, en consecuencia, ante la
liquidación de un menor valor del impuesto, se cumplió la conducta
sancionable.

8. Como fundamento de la vulneración, la sociedad demandante
alegó la configuración de un defecto sustantivo por la indebida aplicación
de los artículos 142 y 143 del Estatuto Tributario, en lo referente a la
declaración como activos, de los gastos de sísmica durante la etapa de
exploración en que incurrió Perenco en 2010.

2 Mediante la cual se modificó oficialmente la declaración privada del impuesto sobre la renta y
complementarios del año gravabable 2010 y se estableció que Perenco Oil and Gas Colombia Limited. debía
pagar una sanción por inexactitud.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06193-00
Demandante: Perenco Oil and Gas Colombia LTD
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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9. Además, alegó un defecto fáctico con relación a unos conceptos
técnicos aportados al proceso (no especificó cuáles), de los cuales era
posible determinar si los trabajos de geofísica, sísmica y geología, eran
actividades de las cuales se podían esperar beneficios económicos futuros.

10. Finalmente, la parte accionante aportó las Sentencias proferidas por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con sus respectivos salvamentos
de voto, dentro de los expedientes No. 25000-23-37-000-2015-00846-
01(25215), 25000-23-37-000-2016-01653–01 (24282) y 25000-23-37-000-2016-
01653-01 (24282), en las cuales se abordó lo relacionado con la
interpretación de los artículos 142 y 143 del Estatuto Tributario. Mencionó
que aportaba esas providencias para que la acción de tutela se resolviera
“conforme a derecho”.

1.2. Posición de la parte demanda y terceros3

11. La Sección Cuarta del Consejo de Estado señaló que la acción de
tutela era improcedente pues pretendía utilizarse como una instancia
adicional al proceso ordinario. Indicó que, en todo caso, de los
argumentos expuestos en la sentencia cuestionada se podía apreciar que
no se configuró la vulneración de derechos fundamentales alegada.

12. La Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, expresó que (a) el proceso se adelantó y decidió
conforme con las normas aplicables al asunto, motivo por el que la acción
de tutela era improcedente y (b) solicitó, de manera subsidiaria, que se
negara la acción de tutela pues las decisiones adoptadas dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se sustentaron con
argumentos razonables, acordes con la normativa aplicable al caso en
concreto, y se realizó un análisis juicioso de los argumentos presentados por
las partes.

13. La DIAN rindió informe en el que manifestó la Sentencia que se
pretende sea dejada sin efectos, no vulneró derecho fundamental alguno
ni causó un perjuicio irremediable, además, indico que lo pretendido por la
parte accionante era utilizar la tutela como una tercera instancia, motivo
por el que era improcedente por superar el requisito de relevancia
constitucional.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3 Mediante Auto de 1 de octubre de 2021, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia,
(2) tener como demandada a la Sección Cuarta del Consejo de Estado y, (3) vincular, en calidad de terceros, a
la DIAN y a la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06193-00
Demandante: Perenco Oil and Gas Colombia LTD
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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Contenido: 2.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial. 2.2. Conclusiones.

2.1. Verificación de los requisitos generales de la acción de tutela contra
providencia judicial 4

14. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional, pues se advierte que
Perenco Oil and Gas Colombia LTD no desplegó la carga argumentativa
que justificara la intervención del juez de tutela y pretendió someter su
pleito a una tercera instancia.

15. Al respecto, debe indicarse que, la relevancia constitucional es uno
los requisitos que deben concurrir para que resulte procedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, pues, en los términos de la Corte
Constitucional, (se trascribe) “el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir
a otras jurisdicciones”5.

16. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 20146, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere (1) la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por
parte del demandante en la que explique la relevancia de la controversia
para el juez de tutela7 y que la solicitud de amparo no se presente con
objeto de obtener una nueva instancia 8; y (2) que se trate de una
controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera
legalidad9.

17. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional 10.

4 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-066 de 2019.
5 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
6 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01
7 Ídem. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de

tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
8 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia

procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
9 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
10 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06193-00
Demandante: Perenco Oil and Gas Colombia LTD
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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18. En el presente caso, la Sala logró evidenciar que la sociedad
demandante reiteró argumentos que ya había formulado en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-37-000-
2015-00808-00/01. En la demanda11 puso de presente que no estaba de
acuerdo con la sanción por inexactitud impuesta y que los actos
administrativos eran nulos pues no se interpretó de manera adecuada los
artículos 142 y 143 del Estatuto Tributario. Además, se indicó que se no
valoró, dentro del trámite administrativo de revisión, unos conceptos
técnicos con los cuales se demostraba que la declaración en la renta se
realizó conforme a las particularidades del asunto.

19. En consecuencia, los reparos planteados en el escrito de tutela, a
través de los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del
precedente, se presentan como una reiteración de los aspectos tratados y
desarrollados por el juez de la nulidad y restablecimiento del derecho 12.

11 “Al analizar la normatividad aplicada por la DIAN para fundamentar su posición, se observa que se cita el
artículo 142 del E.T., norma referente a la amortización de inversiones, concretamente a la deducción de dichas
amortizaciones, por lo que es necesario ahondar en su contenido teniendo en cuenta la magnitud de la
controversia.(…) Visto lo anterior, en el ordenamiento jurídico-tributario colombiano no existe una norma
específica para el sector de los hidrocarburos, por lo que el artículo 142 del E.T. se constituye como una de las
pocas disposiciones que hacen referencia al tema. En ese sentido, podría pensarse que, si los desembolsos
efectuados por una compañía pueden catalogarse como activos, se estaría ante la eventual deducción de
tales desembolsos a la a) luz de lo dispuesto en este artículo. No obstante, es necesario advertir que en el caso bajo estudio, la normatividad citada, esto es el artículo 142, no
se ajusta a la operación que generó el rubro discutido para PERENCO, toda vez que nos encontramos ante una
deducción por concepto de gastos de geofísica, geología y sísmica, los cuales, bajo los criterios de la industria
nacional e internacional no deben ser registrados como cargos diferidos o como activos, sino que deben llevarse
directamente al estado de resultados como un verdadero gasto.
(…)
La ausencia de valoración del extenso material probatorio aportado es evidente, pues la DIAN no realiza la más
mínima consideración en relación a los conceptos aportados por PERENCO a lo largo de la vía gubernativa,
vulnerando lo dispuesto en el artículo 165 del C.G.P., según el cual “Son medios de prueba la declaración de
parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los
documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del
convencimiento del juez”.(Negrillas y subrayado fuera del texto). En el desarrollo de un proceso judicial es
permitido, útil y conducente allegar como medio probatorio un documento privado que contiene el desarrollo
de la temática debatida, sólo con el objetivo de formar el convencimiento del juez, y no podría entonces
considerarse algo contrario en el desarrollo del debate en la instancia administrativa, como sucedió en p el
presente caso donde en los actos administrativos que se demandan la DIAN consideró ' que los documentos no
tienen ninguna relevancia probatoria frente al tema en discusión, por ser privados y no constituir doctrina oficial. Aunado a lo anterior, clarificamos que la intención de la Compañía jamás fue la de imponer las posiciones
manifestadas por una de las más importantes universidades de Colombia, esto es la Universidad Externado de
Colombia, y tres de las más grandes firmas especialistas en el tema y en el sector de hidrocarburos, todo lo
contrario el fin único de la Compañía era llegar a formar el convencimiento del funcionario público, quién luego
de efectuar una debida valoración probatoria de la prueba documental podría llegar a concluir que el
tratamiento contable ejecutado por la Compañía se encontraba ajustado a derecho. La Compañía jamás se refirió a estos conceptos como doctrina oficial, pero sí como pruebas conducentes,
idóneas, necesarias y útiles para probar los usos y las costumbres aplicables en el sector de hidrocarburos,
amparada en el artículo 179 del CGP, según el cual “Los usos y costumbres aplicables conforme a la ley
sustancial, deberán acreditarse con documentos, copia de decisiones judiciales definitivas que demuestren su
existencia y vigencia o con un conjunto de testimonios”. Así, se hace evidente la necesidad de llamar la
atención de este Honorable Tribunal sobre la omisión en la valoración del material probatorio aportado con
ocasión del trámite en vía gubernativa, y €n consecuencia, luego del análisis del mismo sobre la esencia del
convencimiento anule la actuación administrativa hasta ahora adelantada en contra de mi representada.

Al respecto, es importante resaltar que debe ser la búsqueda de la verdad el motor que lleva al juez a examinar
la totalidad de las pruebas allegadas al expediente, para que después de analizarlas se pueda construir una
idea clara de la situación fáctica y jurídica del asunto sometido a su estudio y así, adoptar una decisión que
consulte las normas constitucionales y legales pertinentes al caso. Así pues, con las pruebas documentales
allegadas a lo largo de la vía gubernativa, se ejerció el derecho de defensa y el principio de libertad probatoria
del que goza mi representada, pues las pruebas aportadas permitían y permiten al funcionario llegar a la
certidumbre propia del proceso, (…)” Folios 37, 39, 51 y 53 del expediente No. 25000-23-37-000-2015-00808-01. 12 La Sentencia de segunda instancia estableció lo siguiente (se trascribe): “De acuerdo con el criterio expuesto,

la deducción por amortización de inversiones establecida en los artículos 142 y 143 del Estatuto Tributario es
aplicable para las erogaciones de exploración de hidrocarburos realizado por la actora, debido a que los
mencionados artículos junto con el artículo 69 del Decreto 187 de 1975 obliga a que la deducción del gasto se
realice de forma gradual29. Adicionalmente, es necesario que se registren como un activo diferido en materia
contable, por lo que los artículos enunciados del Estatuto Tributario son aplicables como norma especial sobre el
artículo 107 de dicho estatuto. Igualmente se aclara que, pese a no existir un conflicto entre las normas
enunciadas, por la demandante el Decreto 2649 de 1993 establecía en su artículo 136, que en caso de existir

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20. Adicional a lo anterior, se debe advertir que, la sociedad
accionante, hizo referencia a unas Sentencias del Consejo de Estado13, en
las que se discutía la procedencia de realizar la deducción, en el impuesto
sobre la renta y complementarios, de valores por concepto de inversiones
(sísmica, geología y/o geofísica). No obstante, con ello no se pretendió
más que reabrir el debate analizado por el juez natural del asunto, como si
la acción de tutela fuera una instancia adicional al proceso ordinario.
Aunado al hecho que las sentencias referidas, fueron proferidas con
posterioridad a la decisión que la accionante consideró que afectó sus
intereses, motivo por el que no se puede predicar su desconocimiento.

21. Debe aclarase que las diferencias interpretativas que existieren entre
el demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí mismas,
la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del juez
ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias
entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión
vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo
de derechos fundamentales de carácter excepcional 14.

22. Así las cosas, esta Sala concluyó que lo que se pretendió con la
solicitud de amparo fue reabrir el debate jurídico y someterlo a una
instancia adicional.

2.2. Conclusiones

23. Para la Sala existen razones suficientes para tener por no cumplido el
requisito de relevancia constitucional y, en consecuencia, (1) se abstendrá

una contradicción entre las normas contables y tributarias primarían estas últimas. En cuanto a la indebida
valoración probatoria alegada por la demandante, debido a que el Tribunal no tomó en cuenta los conceptos
aportados al expediente para su decisión
De acuerdo con la explicación del Tribunal la Sala advierte que no existe una indebida valoración probatoria,
porque los conceptos remitidos por la demandante al expediente no son vinculantes para la decisión del juez de
acuerdo con el artículo 230 de la Constitución Política.
De acuerdo con la norma transcrita, los jueces solo se encuentran sometidos al imperio de la ley, y pese a que la
demandante remitió los conceptos como pruebas documentales sus exigencias desde la etapa administrativa
fue que su contenido se aplicara como obligatorio al ser remitido por entidades especializadas. Además, el
contenido de los conceptos reitera la posición de la actora que ya fue analizado previamente. En cuanto a la
posible vulneración del principio de confianza legítima, ya que Ecopetrol aplica el método de esfuerzos exitosos
en la contabilización de las inversiones de exploración y explotación de hidrocarburos, como aparece en los
estados financieros no consolidados a 31 de diciembre de 2011 de dicha entidad en su portal web.
La Sala advierte que la demandante no podía tener una expectativa legítima para la presentación de su
información contable y su declaración de renta del año 2010, porque invoca los estados financieros de
Ecopetrol del año 2011. Además, no existen pruebas en el expediente que permitan determinar que la
administración haya generado a la demandante la expectativa de tratar las erogaciones realizadas de la
manera en que las llevó a su declaración de renta, y la aplicación del método de esfuerzos exitosos en la
contabilidad de Ecopetrol no implica que se haya reflejado de la misma forma en su declaración de renta. En
este orden de ideas, por encontrarse acreditado por la técnica contable que las erogaciones por estudios de
exploración de hidrocarburos deben registrarse como activos diferidos, y por encontrarse establecido como
norma especial su tratamiento en los artículos 142 y 143 del Estatuto Tributario, no prosperan los cargos.”
13 Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro de los expedientes No. 25000-23-37-000-2015-00846-01(25215),

25000-23-37-000-2016-01653–01 (24282) y 25000-23-37-000-2016-01653 – 01 (24282).
14 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU -659

de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

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Demandante: Perenco Oil and Gas Colombia LTD
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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de estudiar los demás requisitos de procedencia y (2) declarará la
improcedencia de la presente solicitud de amparo.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por
la Perenco Oil and Gas Colombia LTD, por las razones expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal
fin15.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

15 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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