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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-06196-00

Fecha
2 de diciembre de 2021
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-06196-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE Primero.- RECONÓCESE personería al abogado Luis Felipe Murgueitio Sicard como apoderado de la Contraloría General de la República y a la abogada Geraldine Triana Viveros como apoderada de la Universidad del Valle. Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la señora María Victoria Parra Trujillo, por las razones expuestas. 13 De conformidad con la sentencia C-132 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos, es necesario que se acredite (i) que el accionante carece de mecanismos judiciales ordinarios para procurar la defensa de sus derechos fundamentales, por no estar legitimado o porque el asunto objeto de debate es de naturaleza constitucional o (ii) que se pueda establecer que el contenido del acto administrativo afecta clara y directamente un derecho fundamental de una persona determinada o determinable. Además, (iii) también debe verificarse si lo que se pretende es conjurar la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2021-06196-00 Demandante: María Victoria Parra Trujillo Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2021-06196-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

2 de diciembre de 2021

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06196-00
Demandante: María Victoria Parra Trujillo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06196-00
Demandante: MARÍA VICTORIA PARRA TRUJILLO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA, CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, CONCEJO DISTRITAL DE
SANTIAGO DE CALI, CONCEJO MUNICIPAL DE TULUÁ Y
UNIVERSIDAD DEL VALLE

Temas: Tutela contra actos administrativos que convocan a elección de
Contralor Distrital de Santiago de Cali y Contralor Municipal de
Tuluá. Procedencia de la acción de tutela respecto de actos
administrativos de carácter general, impersonal y abstracto

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora María Victoria Parra Trujillo contra el Consejo de Estado,
Sección Quinta, la Contraloría General de la República, el Concejo Distrital de
Santiago de Cali, el Concejo Municipal de Tuluá y la Universidad del Valle, con el
fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al trabajo, de acceso a
cargos públicos y a la igualdad, así como los principios del mérito y la oportunidad,
los cuales considera vulnerados con la emisión de la Resolución No. 21.2.22.356-
2021, “Por medio de la cual se efectúa la convocatoria Pública para la elección del
Contralor (a) General del Distrito de Santiago de Cali para el periodo 2022-2025 y
se dictan otras disposiciones”, por parte del Concejo Distrital de Santiago de Cali y
la Resolución No. 059 de 1 de septiembre de 2021, “Por medio de la cual se
efectúa convocatoria pública para la elección del Contralor Municipal de Tuluá,
periodo 2022-2025”, del Concejo Municipal de Tuluá, en tanto incluyeron un
requisito de experiencia para acceder al cargo que no está contemplado por el
ordenamiento jurídico.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La señora María Victoria Parra Trujillo manifestó que el 27 de agosto de 2021, la
Mesa Directiva del Concejo Distrital de Santiago de Cali, autorizada por el Concejo
en pleno, adoptó la Resolución No. 21.2.22.356-2021, “Por medio de la cual se
efectúa la convocatoria Pública para la elección del Contralor (a) General del
Distrito de Santiago de Cali para el periodo 2022-2025 y se dictan otras
disposiciones”.

Así mismo, mencionó que el 1 de septiembre de 2021, la Mesa Directiva del
Concejo Municipal de Tuluá profirió la Resolución No. 059 de 1 de septiembre de
2021, “Por medio de la cual se efectúa convocatoria pública para la elección del
Contralor Municipal de Tuluá, periodo 2022-2025”.
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Demandante: María Victoria Parra Trujillo

Indicó que ambos actos administrativos son de carácter general y reglamentan el
concurso para la elección de contralor en su respectiva entidad territorial, de
conformidad con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2015, el artículo 126
de la Constitución Política, el artículo 272 de la Ley 1904 de 2018 y la Resolución
No. 728 de 2019, proferida por la Contraloría General de la República, así como lo
dispuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el
concepto de 12 de noviembre de 2019.

Sin embargo, sostuvo que ambas resoluciones incluyeron el requisito de haber
ejercido funciones públicas por periodo no inferior a dos (2) años, el cual, en su
sentir, resulta injusto e ilegal.

Por último, refirió que está interesada en participar en las convocatorias y que
luego de arduas jornadas de estudio y de preparación profesional y académica,
está impedida para inscribirse por la exigencia de dicho requisito.

2. Fundamentos de la acción

La accionante interpuso acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al trabajo, de acceso a cargos públicos y a la igualdad,
así como los principios del mérito y la oportunidad, al considerar que resultan
vulnerados con la emisión de las Resoluciones No. 21.2.22.356-2021 de 27 de
agosto de 2021 y No. 059 de 1 de septiembre de 2021, mediante las cuales se
convocó a concurso para la elección de Contralor Distrital de Santiago de Cali y
Contralor Municipal de Tuluá, en tanto exigen como requisito indispensable para
concursar “haber ejercido funciones públicas por periodo no inferior a dos (02)
años”.

Aseguró que el requisito para acceder al cargo de contralor municipal o distrital, se
encontraba contenido en el artículo 68 de la Ley 42 de 1993, sin embargo, con la
entrada en vigencia de la Ley 136 de 1994, éste fue suprimido, por lo que desde
entonces no puede exigirse.

Además, sostuvo que mediante sentencia No. 2027 de 29 de octubre de 1998 de
la Sección Quinta del Consejo de Estado se declaró “INSUBSISTENTE” dicho
requisito, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 153 de
1887, debe estimarse insubsistente toda “disposición legal por declaración
expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales
posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que
la anterior disposición se refería”.

Advirtió que dicha postura ha sido reiterada por el Consejo de Estado y que “para
ser elegido contralor se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en
ejercicio, tener más de veinticinco años y acreditar título de abogado o título
profesional en disciplinas económicas, administrativas o financieras, ya no siendo
necesario demostrar haber ejercido funciones públicas por un período no inferior a
dos (2) años”.

Por lo anterior, aseveró que los actos administrativos demandados desconocen el
principio de legalidad, “al haber traído a colación requisitos que no encuentran
vigencia normativa, por demás, comportan un filtro inconstitucional de cara a la
posibilidad de acceso a cargos públicos, cuestión que contraviene en demasía la
finalidad del Estado Social de Derecho, a través de los principios de mérito,
igualdad y oportunidad”.

Mencionó que la acción de tutela resulta procedente como mecanismo transitorio
para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, dado que al exigirse dicho
requisito se le impide acceder al cargo público ofertado.
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Además, indicó que es el perjuicio es (i) inminente dado que las fechas de
inscripción están previstas para los días 13 y 14 de septiembre de 2021 en el caso
del municipio de Tuluá y 15 de septiembre en el caso de Santiago de Cali; (ii)
grave ya que al exigir un requisito que no esta previsto por la ley para acceder a
un cargo público no solo lesiona sus derechos fundamentales al trabajo y a la
igualdad, sino también contraviene los principios del Estado Social de Derecho,
sus fines y además “tiene incidencia de delito”; (iii) se requieren medidas urgentes
y adecuadas frente a la inminencia del perjuicio dado que la proximidad en las
fechas establecidas en el calendario de la convocatoria ameritan una decisión
pronta y, por último, (iv) las medidas resultan impostergables ya que se busca
evitar la consumación de un daño irreparable, por lo que el asunto debe resolverse
a través de la acción de tutela dado que los actos administrativos son
abiertamente ilegales y de llevarse a cabo las etapas del concurso se estarían
lesionando los derechos fundamentales de ciudadanos que, como ella, pretenden
acceder a los cargos ofertados.

Enseguida, hizo referencia al contenido del derecho de acceso a cargos públicos,
contenido en el numeral 7º del artículo 40 de la Constitución Política, el cual
implica la posibilidad de concursar una vez cumplidos los requisitos previstos en la
convocatoria. En su caso, refirió que cumple con la totalidad de requisitos, salvo
aquel consistente en la acreditación de dos años de experiencia en la función
pública, lo que resulta restrictivo y lesivo para su derecho fundamental al trabajo,
dado que ha laborado como independiente y mediante contratos de prestación de
servicios.

En este orden de ideas, concluyó que la exigencia del requisito de haber ejercido
funciones públicas por un período no inferior a dos (2) años, resulta arbitraria,
desproporcional e ilícita, dado que desconoce lo dispuesto por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, a quien, además, le asiste el deber de hacer cumplir sus
fallos.

Mediante escrito de 28 de septiembre de 2021, la actora precisó el escrito de
tutela indicando que interpuso acción de tutela en contra del Consejo de Estado,
Sección Quinta, por no haber cumplido su función de perseguir el cumplimiento de
lo resuelto mediante la sentencia No. 2027 de 29 de octubre de 1998. En cuanto a
la Contraloría General de la República indicó que es la entidad responsable de
elegir a los contralores territoriales por lo que es la llamada a garantizar que se
cumplan estrictamente sus propios actos administrativos. Frente a la Universidad
del Valle manifestó que es la institución de educación superior escogida para
adelantar las etapas de la convocatoria, por lo que resultaba necesaria su
participación en el trámite constitucional.

Por último, manifestó que la finalidad de la solicitud de amparo es que se ordene a
las entidades territoriales demandadas que eliminen el requisito de acreditación de
dos (2) años de funciones públicas, dado que no hace parte del ordenamiento
jurídico.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes:
“PRIMERA. AMPARAR MIS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS al
trabajo en conexidad con el acceso a cargos públicos, la igualdad en tenor de los
axiomas constitucionales referentes al mérito y la oportunidad.

SEGUNDA: En consecuencia, EL CONSEJO DE ESTADO DEBE ORDENAR A
LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, que
haga cumplir lo decidido en tenor del expediente 2027 de octubre de 1998, por
medio del cual declaró la insubsistencia del artículo 68º de la Ley 42 de 1993,

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cuestión que tuvo efectos erga omnes y que se replicó en sistemática
jurisprudencia.

TERCERA: Para tales fines, ordenar a la entidad territorial CONCEJO
MUNICIPAL DE TULUÁ, dejar sin efectos el contenido del acto administrativo
contenido en la resolución No. Resolución No. 059 del 01 de septiembre de 2021
“Por medio de la cual se efectúa convocatoria pública para la elección del
Contralor Municipal de Tuluá, periodo 2022-2025”, expedida por el Concejo
Municipal de Tuluá, en lo que respecta al requisito de inscripción que indica la
acreditación de dos (02) años de experiencia en la función pública, revivido de la
ley 42 de 1993.

CUARTA: ordenar a la entidad territorial CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO
DE CALI, dejar sin efectos el contenido de la Resolución No. 21.2.22.356-2021,
Por medio de la cual se efectúa la convocatoria Pública para la elección del
Contralor (a) General del Distrito de Santiago de Cali para el periodo 2022-2025
y se dictan otras disposiciones, en lo que respecta al requisito de inscripción que
indica la acreditación de dos (02) años de experiencia en la función pública,
revivido de la ley 42 de 1993.

QUINTA: Ordenar a ambas entidades territoriales para que, en lo sucesivo,
procedan velar por la aplicación de legalidad en las disposiciones que atañen a
la elección de contralor municipal 2022-2025.

SEXTA: ORDENAR a la UNIVERSIDAD DEL VALLE, entidad de educación
superior contratada en ambos casos para adelantar la etapa de pruebas de la
convocatoria, se abstenga de tener en cuenta el insubsistente requisito aquí
comentado.

SÉPTIMA: Ordenar a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA,
garantizar el cumplimiento de lo normado por aquella, respecto del concurso
público de mérito para la elección de contralores territoriales, previniendo la
concurrencia de extralimitación funcional.

OCTAVA: Adoptar las demás que considere pertinente para los correspondientes
fines de amparo, incluso en sentido erga omnes”.

4. Pruebas relevantes

Obran en el expediente los siguientes documentos:

• Copia de la Resolución No. 21.2.22.356-2021, “Por medio de la cual se
efectúa la convocatoria Pública para la elección del Contralor (a) General
del Distrito de Santiago de Cali para el periodo 2022-2025 y se dictan otras
disposiciones”, proferida por el Concejo Distrital de Santiago de Cali.

• Copia de la Resolución No. 059 de 1 de septiembre de 2021, “Por medio de
la cual se efectúa convocatoria pública para la elección del Contralor
Municipal de Tuluá, periodo 2022-2025”, expedida por el Concejo Municipal
de Tuluá.

5. Trámite procesal

Previo a decidir sobre la admisión de la acción de tutela de la referencia, el
despacho mediante auto de 22 de septiembre de 2021, requirió a la accionante
para que indicara con la mayor claridad posible y de manera precisa, (i) las
autoridades demandadas, y en caso de ser accionada la Sección Quinta del
Consejo de Estado, allegara copia de la providencia judicial cuestionada en la
presente acción y (ii) las razones en las que se sustentaba la supuesta vulneración
de sus derechos fundamentales invocados en el escrito.

Dicho requerimiento fue debidamente atendido por la actora, por lo que mediante
auto de 15 de octubre de 2021, el despacho admitió la demanda de tutela y

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ordenó notificar a las autoridades y a la Universidad del Valle, a quienes se les
remitió copia de la solicitud.

En el mismo auto se negó la medida provisional solicitada en el escrito de tutela,
consistente en suspender los efectos de los actos administrativos objeto de
reproche constitucional, teniendo en cuenta que de lo manifestado en el escrito de
tutela y el material probatorio allegado con la demanda, no se encuentra
acreditada la necesidad, gravedad y urgencia de la adopción de la medida
provisional, para evitar la consumación de un perjuicio irremediable que
comprometa los derechos fundamentales de la parte demandante.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 105792 a 105798 de 19
de octubre de 20211, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Contraloría General de la República

En escrito de 21 de octubre de 2021, el apoderado judicial de la entidad solicitó
que se nieguen las pretensiones formuladas en el escrito de tutela, dado que no
se vulneraron los derechos fundamentales. De manera subsidiaria, pidió que se
desvincule del trámite constitucional, teniendo en cuenta que se configuró la falta
de legitimación en la causa por pasiva, dado que no ha participado de los hechos
expuestos por la demandante.

Indicó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º del Acto Legislativo 04
de 18 de septiembre de 2019, la Contraloría General de la República expidió la
Resolución No. 0728 de 18 de noviembre de 2019, “Por la cual se establecen los
términos generales de las convocatorias públicas de selección de contralores
territoriales”, teniendo como referente normativo el artículo 272 de la Constitución
Política, el artículo 11 de la Ley 1904 de 2018, así como el Concepto No. 2436 del
12 de noviembre de 2019, dado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado.

Sostuvo que dicha normatividad solamente señala los lineamientos generales para
llevar a cabo la elección de los contralores territoriales, dejando en cabeza del
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) la facultad de
conceptuar sobre la aplicación e interpretación de normas que regulen los
procesos de selección y contempla un régimen de transición para las
convocatorias o procesos en curso, dejando en cabeza de la respectiva
corporación pública la decisión de revocarlos, modificarlos, adecuarlos o
suspenderlos.

Además, manifestó que las convocatorias para contralores territoriales son de
competencia exclusiva de los Concejos Municipales, por lo que la Contraloría
General de la República, aun cuando expidió las reglas generales a las que deben

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La comunicación fue enviada a los siguientes correos electrónicos: sociopaomarin88@gmail.com;
victoria969702@gmail.com; notifpvanegas@consejodeestado.gov.co;
lavilap@consejodeestado.gov.co; smartinezo@consejodeestado.gov.co;
notifcmoreno@consejodeestado.gov.co; wilsoncb1651@hotmail.com;
notiflalvarezp@consejodeestado.gov.co; acastellanosg@consejodeestado.gov.co;
notifraraujo@consejodeestado.gov.co; locampos@consejodeestado.gov.co;
fbarrerag@consejodeestado.gov.co; jgomezr@consejodeestado.gov.co;
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co; procesosnacionales@defensajuridica.gov.co;
Convocatoria01@institutoprospectiva.org; secretariageneral@concejodecali.gov.co;
concejo@tulua.gov.co; juridico@concejotulua.gov.co; contactenos@concejotulua.gov.co;
notificacionesramajudicial@contraloria.gov.co;
notificacionesjudiciales.juridica@correounivalle.edu.co; convocatoria01@institutoprospectiva.org;
oficina.juridica@correounivalle.edu.co.
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sujetarse los procesos de selección, no hace ninguna intervención en ellos, por lo
que no puede predicarse acción u omisión frente a los hechos narrados por la
accionante. De este modo, sostuvo que no se cumple la regla de procedencia de
la acción de tutela establecida en el artículo 5º de Decreto 2591 de 19912.

Por último, aseveró que si en gracia de discusión se asumiera que la actora
pretende reprochar la expedición de la Resolución No. OGZ-728-2019 de 18 de
noviembre de 2019, la acción de tutela resultaría improcedente por pretender
atacar un acto de carácter general, impersonal y abstracto.

6.2. Respuesta del Concejo Distrital de Santiago de Cali

A través de memorial de 21 de octubre de 2021, el Presidente de la Corporación
pidió que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que el
requisito de que quien aspire a ser contralor haya ejercido funciones públicas por
un periodo no inferior a dos (2) años se encuentra justificada. Además, sostuvo
que la acción de tutela no cumple con el requisito de la subsidiariedad pues la
actora cuenta con otros medios de defensa judicial.

Señaló que de conformidad con el artículo 272 de la Constitución Política y el Acto
Legislativo 04 de 2019, las calidades y requisitos para ser contralor departamental,
distrital o municipal son: ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio,
tener más de 25 años de edad y acreditar título universitario.

Además, sostuvo que el artículo 68 de la Ley 42 de 1993, establece que quien
aspire a ser contralor debe haber ejercido funciones públicas por un periodo no
inferior a dos (2) años. Aseguró que dicha exigencia se justifica en que el
aspirante debe tener un mínimo de experiencia para ser el vigilante de la gestión
fiscal del Distrito de Santiago de Cali, más aún cuando dicha disposición goza de
plena vigencia, pues no fue derogada por el Decreto Nacional 403 de 2020, “Por el
cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de
2019 y el fortalecimiento del control fiscal”.

Refirió que la Corte Constitucional al hacer el control de constitucionalidad de los
artículos 4º (parcial) y 68 (parcial) de la Ley 42 de 1993, en la sentencia C-320 de
1994, dejó incólume dicho requisito de experiencia.

En ese orden de ideas, expresó que el requisito en mención responde a una
exigencia legal y no puede considerarse excluyente.

Enseguida, refirió que los actos administrativos demandados, de conformidad con
lo previsto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011 gozan de presunción de
legalidad, por lo que “no es la acción de tutela la llamada a resolver una situación
que debe la accionante resolver en sede judicial, para que de manera expresa y
de asistirle razón, se declare la nulidad del requisito del artículo 68 de la Ley 42 de
1993 o en su defecto se declare la nulidad de la Resolución N° 21.2.22.356-2021”.

6.3. Respuesta del Concejo Municipal de Tuluá

En escrito de 21 de octubre de 2021, la Presidenta de la Corporación pidió que se
exonere de toda responsabilidad ya que no vulneró derecho fundamental alguno.

Refirió que la acción de tutela no cumple con el requisito de la subsidiariedad dado
que la accionante pretende que se deje sin efectos el literal e) del artículo sexto de

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“la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2o. de esta ley
(…)”.
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la Resolución No. 059 de 1 de septiembre de 2021, en donde, supuestamente, se
señala el requisito de haber ejercido funciones públicas por un período no inferior
a dos (2) años con anterioridad a la convocatoria. No obstante, sostuvo que al
verificar las hojas de vida de los inscritos dentro del proceso de convocatoria,
dicho requisito no se exigió por parte de la Universidad del Valle ni por el Concejo
Municipal Tuluá.

Señaló que la demandante no se inscribió a la convocatoria pública, en donde
contaba con la posibilidad de interponer las reclamaciones que considerara
necesarias frente a las actuaciones del Concejo Municipal y de la Universidad del
Valle.

Para terminar, indicó que la finalidad de la acción de tutela es obtener la
revocatoria de la Resolución No. 059 de 1 de septiembre de 2021, para lo cual la
demandante cuenta con otros medios de defensa como es el medio de control de
simple nulidad o incluso la solicitud de revocatoria directa. A lo que agregó que no
se observa que los derechos fundamentales de la accionante se encuentren
amenazados.

6.4. Respuesta de la Universidad del Valle

Por memorial de 21 de octubre de 2021, la apoderada judicial de la institución
educativa solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela o, en su
defecto, se nieguen las pretensiones formuladas contra la Universidad del Valle.

Señaló que el 6 de agosto de 2021 la Universidad del Valle y el Concejo de
Santiago de Cali, suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 21.1.7.3.1.-2021,
cuyo objeto es “Prestación de servicios de asesoría técnica, jurídica, apoyo
logístico para la realización del diseño, elaboración y aplicación de pruebas y
valoración de antecedentes dentro del concurso de méritos y de la convocatoria
pública para la elección del Contralor General del Distrito de Santiago de Cali,
para el periodo 2022-2025, de conformidad con la normatividad vigente”. Aseguró
que dentro las normas del proceso de selección se encuentra el artículo 68 de la
Ley 42 de 1993, el cual menciona como requisito que quien desee aspirar a ser
Contralor debe haber ejercido funciones públicas por un periodo no inferior a dos
(2) años.

Además, refirió que el 1 de septiembre de 2021 suscribió con el Concejo Municipal
de Tuluá el contrato interadministrativo No. 100-20-02-12, cuyo objeto es
“Contratar a una institución de educación superior con acreditación de alta calidad
para que adelante la convocatoria pública de elección de contralor (A) municipal
de Tuluá para el periodo 2022 – 2025 (…)”.

Indicó que los requisitos mínimos para acceder al cargo se encuentran señalados
en el Acto legislativo 04 del 2019, la Ley 1904 de 2018, la Resolución No. 0728 del
2019 de la Contraloría General de la Republica, la Ley 042 del 1993, la Ley 136 de
1994 y demás normas que las complementan.

Refirió que para la convocatoria de elección del Contralor Distrital de Santiago de
Cali se inscribieron 57 aspirantes y para la Convocatoria de elección del contralor
municipal de Tuluá, se inscribieron 37 aspirantes. Así mismo, refirió que una vez
revisados los listados de aspirantes inscritos se encontró que en ninguna de las
dos convocatorias se encuentra inscrita la señora María Victoria Parra Trujillo.

Aseguró que la accionante no se encuentra legitimada en la causa por activa por
no tener un interés directo en los procesos de las respectivas convocatorias al no
estar inscrita.

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-06196-00
Demandante: María Victoria Parra Trujillo

Sostuvo que la sentencia No. 2027 de 29 de octubre de 1998, citada por la
demandante tiene únicamente efectos inter partes por lo que no son vinculantes a
terceros ajenos a la litis. En este sentido, aseguró que la actora cuenta con otros
medios de defensa judicial para controvertir la legalidad de los actos
administrativos enjuiciados, como es el medio de control de simple nulidad, para lo
cual debe agotar de manera previa los recursos administrativos y no acudir de
manera inmediata a la acción de tutela. A lo que agregó que no se configuró un
perjuicio irremediable, en la medida en que la accionante no se inscribió a la
convocatoria.

En cualquier caso, expresó que el rol de la institución educativa se limita a proveer
servicios técnicos, de experticia y académicos para el desarrollo de la
Convocatoria, por lo que no es la encargada de fijar las reglas de la convocatoria.

6.5. La Sección Quinta del Consejo de Estado guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente dejar sin efectos la
Resolución No. 21.2.22.356-2021, “Por medio de la cual se efectúa la convocatoria
Pública para la elección del Contralor (a) General del Distrito de Santiago de Cali
para el periodo 2022-2025 y se dictan otras disposiciones” y la Resolución No. 059
de 1 de septiembre de 2021, “Por medio de la cual se efectúa convocatoria pública
para la elección del Contralor Municipal de Tuluá, periodo 2022-2025”, expedidas
en su orden, por el Concejo Distrital de Cali y el Concejo Municipal de Tuluá, al
considerar que la exigencia del requisito consistente en “haber ejercido funciones
públicas por periodo no inferior a dos (02) años” contraría lo ordenado por la
Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia No. 2027 de 29 de octubre
de 1998, que declaró dicho requisito como “INSUBSISTENTE”. Lo anterior,
teniendo en cuenta que si bien es cierto el requisito se encontraba contenido en el
artículo 68 de la Ley 42 de 1993, con la entrada en vigencia de la Ley 136 de
1994, éste fue suprimido y, por tanto, no puede exigirse en las convocatorias
actuales.

De manera previa, se determinará si la acción de tutela cumple el requisito de
subsidiariedad, en tanto se están cuestionando actos administrativos de carácter
general, impersonal y abstracto.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos de carácter general, impersonal y abstracto

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.
8

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Demandante: María Victoria Parra Trujillo

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

En desarrollo del artículo 86 de la Constitución Política, el numeral 1º del artículo
6º del Decreto Ley 2591 de 1991, establece que la acción de tutela será
improcedente cuando existan otros medios de defensa judicial eficaces para
resolver la situación particular en la que se encuentre el solicitante.

Además, de conformidad con los numerales 2º a 5º de dicha norma, tampoco se
considera procedente cuando para proteger el derecho se pueda invocar el
habeas corpus; cuando se pretenda proteger derechos colectivos; cuando sea
evidente que la violación del derecho originó un daño consumado y, por último, “5.
cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto”.

Dentro de esta última causal de improcedencia, se encuentran contemplados los
actos administrativos de carácter general o impersonal, es decir, aquellos que
“crea, modifican o extinguen una situación jurídica general, no relacionada
directamente con alguna persona o cosa determinada”3.

Debido a que la acción de tutela esta concebida como un mecanismo excepcional
para la protección individual o subjetiva de los derechos fundamentales, en
principio, no constituye el medio apto para impugnar judicialmente actos
administrativos de carácter general o impersonal4, pues el ordenamiento jurídico
establece otros medios de defensa judicial que permiten verificar la
constitucionalidad y la legalidad de esa clase de actuaciones. En particular, (i) la
acción de nulidad por inconstitucionalidad, contemplada en el artículo 135 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)5 y (ii) la acción de simple nulidad consagrada en el artículo 137 ibíd6. Así

3
Berrocal Guerrero, Luis Enrique, Manual del Acto Administrativo, Bogotá, Colombia: Librería
Ediciones del Profesional LTDA. Cuarta Edición, 2005, p. 85.
4
Corte Constitucional, sentencia T-097 de 2014, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
5
“Artículo 135. Nulidad por inconstitucionalidad. Los ciudadanos podrán, en cualquier tiempo,
solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los decretos de carácter
general dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional
en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución Política, por infracción directa de la
Constitución.
También podrán pedir la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general que por
expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del
Gobierno Nacional.
PARÁGRAFO. El Consejo de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los cargos
formulados en la demanda. En consecuencia, podrá fundar la declaración de nulidad por
inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma constitucional. Igualmente podrá
pronunciarse en la sentencia sobre las normas que, a su juicio, conforman unidad normativa con
aquellas otras demandadas que declare nulas por inconstitucionales”.
6
“Artículo 137. Nulidad
Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los
actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o
sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,
o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de
certificación y registro.
Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los
siguientes casos:
1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se
genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un
tercero.
2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público,
9

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como, (iii) las demandas de inconstitucionalidad que se tramitan ante la Corte
Constitucional (art. 245, numeral 5º de la Constitución Política), contra los decretos
con fuerza de ley dictados por el Gobierno en ejercicio de facultades
extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República, por su contenido
material o por vicios de procedimiento en su formación.

En sentencia T-111 de 2008, la Corte Constitucional advirtió que, cuando la tutela
se dirige contra un acto de carácter general, impersonal y abstracto, deben
cumplirse los siguientes supuestos para la procedencia: “(i) Que se está ante una
amenaza cierta, consistente en que de la aplicación de un acto de carácter
general, impersonal y abstracto, se derive una afectación de los derechos
fundamentales de una persona y, (ii) Que, en tal eventualidad, el acudir a las vías
ordinarias podría comportar la ocurrencia de un perjuicio irremediable”.

Además, mediante sentencia C-132 de 20187, dicha corporación judicial precisó
los criterios desarrollados a través de una línea de interpretación uniforme8 e
identificó las reglas de procedencia de las acciones de tutela contra un acto de
carácter general, impersonal y abstracto.

En concreto, señaló que por regla general la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo y apropiado para controvertir este tipo de actos. Sin embargo, también
advirtió que la jurisprudencia constitucional ha admitido dos excepciones a dicha
regla de improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de
carácter abstracto y general, a saber:

“cuando (i) la persona afectada carece de medios ordinarios para procurar la defensa
de sus derechos fundamentales, dado que no tiene legitimación para cuestionar esa
clase decisiones de la administración, o el asunto objeto de debate es de naturaleza
constitucional; y cuando (ii) la aplicación del acto administrativo general amenace o
vulnere los derechos fundamentales de una persona. Además, (…) la acción de tutela
es procedente contra las determinaciones de orden general en el evento que éstas
causen daños a los derechos fundamentales de las personas y que devengan en
perjuicios irremediables”.

Asimismo, de comprobarse alguna de las dos últimas hipótesis, el juez
constitucional está habilitado para “hacer uso de la facultad excepcional
consistente en ordenar la inaplicación del acto para el caso concreto, con un
carácter eminentemente transitorio mientras se produce la decisión de fondo
por parte del juez competente”9.

Por último, en cuanto al perjuicio irremediable, se deben seguir los criterios
jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-695 de
201510, según la cual debe comprobarse que el perjuicio alegado sea (i)
inminente, es decir, que amenaza o está por suceder prontamente, esto es,
tiende a un resultado cierto derivado de una causa que está produciendo la
inminencia; (ii) que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable sean urgentes, en el sentido de que se debe precisar una medida o
remedio de forma rápida que evite la configuración de la lesión; (ii) grave, pues el
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona, debe ser
de gran intensidad y, por último, que (iii) la urgencia y la gravedad hagan que la

político, económico, social o ecológico.
4. Cuando la ley lo consagre expresamente.
PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático
de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente”.
7
M.P. Alberto Rojas Ríos.
8
Cfr., entre otras, las sentencias SU-037 de 2009, T-111 de 2008, T-1073 de 2007, T-645 de 2006,
T-1015 de 2005, T-435 de 2005, T-1098 de 2004, T-1497 de 2000, SU-1052 de 2000, T-815 de
2000, T-287 de 1997, T-31 de 1993.
9
Corte Constitucional, sentencia de 28 de enero de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
10
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
10

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acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad.

En suma, teniendo en cuenta las características esenciales de la acción de tutela,
dicho mecanismo constitucional, por regla general, es improcedente para
controvertir actos de contenido general, impersonal y abstracto. Su procedibilidad
únicamente se habilita (i) cuando la persona afectada carezca de mecanismos
judiciales ordinarios para procurar la defensa de sus derechos fundamentales, por
no estar legitimado o porque el asunto objeto de debate es de naturaleza
constitucional; y, (ii) cuando sea posible establecer que el contenido del acto de
carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y directamente un derecho
fundamental de una persona determinada o determinable. Además, (iii) cuando se
trate de conjurar la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable. Solo en los dos
últimos casos el juez puede hacer uso de la facultad excepcional consistente en
ordenar la inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter
eminentemente transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del
juez competente.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. En el asunto bajo examen, la señora María Victoria Parra Trujillo promovió
acción de tutela con el fin de que se ordene dejar sin efectos la Resolución No.
21.2.22.356-2021, “Por medio de la cual se efectúa la convocatoria Pública para la
elección del Contralor (a) General del Distrito de Santiago de Cali para el periodo
2022-2025 y se dictan otras disposiciones” y la Resolución No. 059 de 1 de
septiembre de 2021, “Por medio de la cual se efectúa convocatoria pública para la
elección del Contralor Municipal de Tuluá, periodo 2022-2025”, proferidas por el
Concejo Distrital de Cali y el Concejo Municipal de Tuluá, respectivamente, al
considerar que la exigencia del requisito consistente en “haber ejercido funciones
públicas por periodo no inferior a dos (02) años” contraría lo ordenado por la
Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia No. 2027 de 29 de octubre
de 1998, que declaró dicho requisito como “INSUBSISTENTE”. Lo anterior,
teniendo en cuenta que si bien es cierto el requisito se encontraba contenido en el
artículo 68 de la Ley 42 de 1993, con la entrada en vigencia de la Ley 136 de
1994, éste fue suprimido y, por tanto, no puede exigirse en las convocatorias
actuales.

En este sentido, sostuvo que los actos administrativos demandados
desconocieron el principio de legalidad, “al haber traído a colación requisitos que
no encuentran vigencia normativa”.

4.2. Las entidades demandadas por su parte manifestaron que la acción de tutela
no cumple con el requisito de la subsidiariedad, pues consideran que la accionante
cuenta con la posibilidad de iniciar el medio de control de simple nulidad para
controvertir el acto administrativo demandado.

4.3. En primer lugar, la Sala observa que los argumentos que expone la actora en
el escrito de tutela se dirigen a atacar la legalidad de las Resoluciones No.
21.2.22.356-2021 de 27 de agosto de 2021 y No. 059 de 1 de septiembre de 2021,
expedidas, en su orden, por el Concejo Distrital de Santiago de Cali y el Concejo
Municipal de Tuluá, al contemplar como requisito para participar en las
convocatorias de elección de Contralor General del Distrito de Santiago de Cali y
de Contralor Municipal de Tuluá para el periodo de 2022-2025, el haber ejercido
funciones públicas por periodo no inferior a dos (2) años. A pesar de que dicha
exigencia no está contemplada en el ordenamiento jurídico, dado que fue
declarada como “INSUBSISTENTE” por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

11

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Al respecto, se advierte que la acción de tutela resulta improcedente de
conformidad con lo previsto en el artículo 6, numeral 5 del Decreto 2591 de 1991,
en tanto las resoluciones demandadas corresponden a actos administrativos de
carácter general, impersonal y abstracto que tiene como destinatarios todos
aquellos interesados en hacer parte de la convocatoria, en las que se establecen
los requisitos de participación, las etapas y el cronograma de los procesos de
selección.

4.4. En segundo lugar, al hilo de lo anterior, este mecanismo de defensa judicial
no es idóneo para cuestionar actos administrativos de esa naturaleza, por lo que
no se cumple el requisito de la subsidiariedad dado que los reparos formulados
frente a los actos administrativos que convocaron a la elección de Contralor
General del Distrito de Santiago de Cali y de Contralor Municipal de Tuluá para el
periodo de 2022-2025, más que relacionarse con la vulneración de derechos
fundamentales, ostentan un carácter legal propio del medio de control de simple
nulidad (art. 137 del CPACA), por lo que de ser estudiados de fondo por el juez
constitucional se estarían usurpando las funciones del juez natural.

En efecto, esta Sala11 ha sido del criterio de que el medio de control idóneo para
discutir la legalidad de los actos administrativos de carácter general, impersonal y
abstracto, como lo son las Resoluciones No. 21.2.22.356-2021 de 27 de agosto de
2021 y No. 059 de 1 de septiembre de 2021, es el de simple nulidad, pues allí se
puede proponer el debate de legalidad en abstracto, con la posibilidad de solicitar
las medidas cautelares previstas en el artículo 229 a 241 del CPACA, incluidas las
de urgencia, las cuales tienen la misma eficacia de la acción de tutela.

Sobre el particular, el capítulo XI del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA) ha dispuesto las medidas cautelares en
las acciones contencioso administrativas como un mecanismo de defensa
provisional, idóneo y eficaz si lo que se pretende es evitar un perjuicio
irremediable, razón por la que es deber de la actora agotar dicho medio, en primer
término, debido a la naturaleza residual y subsidiaria de la acción de tutela. Según
el artículo 230, las medidas cautelares, podrán ser: i) preventivas, cuando se
ordene la adopción de una decisión administrativa con el fin de evitar un perjuicio
irremediable o la agravación de los efectos; ii) conservativas, cuando el juez
ordena mantener la situación o que se restablezca al estado en que se encontraba
antes de la conducta vulneradora o amenazadora; iii) anticipativas, cuando se
ordene la adopción de una decisión administrativa; iv) suspensivas, cuando se
ordene suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

Por lo anterior, la acción de tutela fue presentada sin cumplir el requisito de la
subsidiariedad, al existir otro medio de defensa judicial para ventilar el debate legal
propuesto por la actora.

4.4. Ahora bien, la Sala no desconoce que eventualmente puede activarse la
competencia del juez de tutela para definir si los actos generales, impersonales y
abstractos12 vulneran de manera directa y flagrante derechos fundamentales y si
puede otorgarse el amparo transitorio hasta que el juez administrativo decida de
fondo sobre la legalidad del acto.

11
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 3 de junio de 2021, exp. Nº 11001-03-15-000-
2021-02006-00, C.P. Milton Chaves García; sentencia de 6 de mayo de 2021, exp. Nº 76001-23-
33-000-2021-00001-01, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; sentencias de 6 de junio de 2019 y
de 4 de abril de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2018-04364-01 y exp. Nº 11001-03-15-000-2018-
04478-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
12
De conformidad con el artículo 6, numeral 5, del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no
procede contra actos generales, impersonales y abstractos.
12

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Sin embargo, en el asunto bajo examen no se acreditaron los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional13 para habilitar la procedencia
excepcional de la acción de tutela dado que no es posible determinar que el
contenido de los actos administrativos demandados afecte directamente los
derechos fundamentales de la actora y aun cuando en el escrito de tutela la
demandante sostuvo que busca evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
en realidad no se justificó ni se probó, siquiera de manera sumaria, alguna
situación que haga necesaria la intervención del juez constitucional con el fin de
decretar medidas urgentes, ni tampoco la existencia de un daño o menoscabo
material o moral grave que haga impostergable el estudio constitucional.

Por el contrario, se observa que la urgencia del asunto por la proximidad de las
fechas de inscripción no es una situación que realmente amerite la intervención
del juez constitucional y que permita entrar a cuestionar la presunción de legalidad
de la que gozan los actos administrativos, pues, como se advirtió en precedencia,
de considerar urgente la suspensión de los actos administrativos podía acudirse,
en el marco del medio de control de simple nulidad, a las medidas cautelares
señaladas en el artículo 230 del CPACA. Además, de acuerdo con lo manifestado
por la Universidad del Valle en el informe de respuesta al trámite tutelar la actora
no se inscribió a la convocatoria con lo cual se descarta la necesidad de tomar,
eventualmente, medidas inmediatas a través de la acción de tutela.

4.5. Por último, la Sala advierte que la pretensión relacionada con que se ordene a
la Sección Quinta del Consejo de Estado efectuar actuaciones para obtener el
cumplimiento de lo resuelto en la sentencia No. 2027 de 29 de octubre de 1998,
por considerar que tiene efectos en el asunto bajo examen, también resulta
improcedente, pues en últimas lo que persigue es que se dejen sin efectos los
actos administrativos demandados por considerar ilegal el requisito de experiencia
en el sector público.

Por las razones expuestas, como quiera que la accionante cuenta con otro medio
de defensa judicial para obtener la protección de los derechos fundamentales
invocados, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir
el requisito de la subsidiariedad.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero.- RECONÓCESE personería al abogado Luis Felipe Murgueitio Sicard
como apoderado de la Contraloría General de la República y a la abogada
Geraldine Triana Viveros como apoderada de la Universidad del Valle.

Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la
señora María Victoria Parra Trujillo, por las razones expuestas.

13
De conformidad con la sentencia C-132 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos, es necesario que se
acredite (i) que el accionante carece de mecanismos judiciales ordinarios para procurar la defensa
de sus derechos fundamentales, por no estar legitimado o porque el asunto objeto de debate es de
naturaleza constitucional o (ii) que se pueda establecer que el contenido del acto administrativo
afecta clara y directamente un derecho fundamental de una persona determinada o determinable.
Además, (iii) también debe verificarse si lo que se pretende es conjurar la posible ocurrencia de un
perjuicio irremediable.
13

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Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

14

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