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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-06228-01

Fecha
25 de febrero de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-06228-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-06228-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-06228-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: DEPARTAMENTO DEL CAUCA

TESIS: CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA. ES IMPROCEDENTE LA
SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE CARECE DEL REQUISITO DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, LA ACTORA PRETENDE DEBATIR EN ESTA
INSTANCIA CONSTITUCIONAL ASPECTOS QUE YA FUERON OBJETO DE
ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por la actora

contra la sentencia de 20 de septiembre de 2021, mediante el cual

la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE

ESTADO1, declaró improcedente el amparo solicitado.

I – ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

1 En adelante la Sección Tercera.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-06228-01
Actor: DEPARTAMENTO DEL CAUCA

El DEPARTAMENTO DEL CAUCA, actuando por intermedio de

apoderado especial, instauró acción de tutela con el fin de obtener

el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, el cual

consideró vulnerado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

VALLE DEL CAUCA2, al haber proferido la sentencia de 11 de

agosto de 2021, dentro del medio de control de constitucionalidad y

legalidad de acuerdos municipales identificado con el número único

de radicación 19001-23-33-002-2021-00195-00, tramitado en

única instancia, en el cual estudió la exequibilidad del Acuerdo núm.

014 de 20 de mayo de 2021, proferido por el CONCEJO

MUNICIPAL DE PIENDAMÓ – TUNIA, CAUCA.

I.2.- Hechos

Manifestó que mediante el Acuerdo núm. 16 de 2009, el Concejo

municipal de Piendamó (Cauca) autorizó al Alcalde de ese mismo

municipio para hacer parte del plan departamental para el manejo

empresarial de los servicios de agua y saneamiento – PDA.

2 En adelante el TRIBUNAL.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-06228-01
Actor: DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Indicó que el 20 de mayo de 2021, el Concejo Municipal de

Piendamó (Cauca) expidió el Acuerdo núm. 14, mediante el cual

adicionó un parágrafo al artículo 3 del Acuerdo núm. 16 de 2009,

en el sentido de que a partir de la vigencia fiscal 2021, la

transferencia de recursos del Sistema General de Participaciones

SGP destinados al sector de agua potable y saneamiento básico,

sería en un porcentaje equivalente al 10% de dichos recursos, con

igual destinación y hasta por el término establecido en el referido

Acuerdo núm. 16 de 2009.

Señaló que inconforme con lo anterior, en virtud de lo establecido

en el numeral 10 del artículo 305 de la Constitución, sometió a

control de constitucionalidad y legalidad el Acuerdo núm. 14 de 20

de mayo de 2021 del Concejo municipal de Piendamó, bajo el

argumento de que la modificación que introdujo el referido acto,

hacía referencia a la autorización excepcional otorgada al Alcalde

del municipio para comprometer vigencias futuras, motivo por el

que esa modificación exigía una aprobación previa del CONFIS3

territorial.

onsejo Superior de Política Fiscal.
3 C

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Actor: DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Sostuvo que dicho medio de control fue identificado con el número

único de radicación 19001-23-33-002-2021-00195-00 y le fue

asignado por reparto al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

CAUCA que, mediante sentencia de única instancia, proferida el 11

de agosto de 2021, declaró ajustado a la Constitución y a la ley el

Acuerdo núm. 14 de 20 de mayo de 2021.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Arguyó que la providencia cuestionada incurrió en defecto

sustantivo, toda vez que desconoció lo establecido por los artículos

1° de la Ley 1483 de 9 de diciembre de 20114 y 12 de la Ley 819

de 9 de julio de 20035, respecto al trámite que se debía seguir para

la expedición del Acuerdo núm. 14 de 20 de mayo de 2021.

Manifestó que la autoridad judicial accionada también incurrió en

defecto fáctico, por cuanto no se valoraron de manera adecuada las

pruebas decretadas y practicadas dentro del proceso, -sin

especificar a cuáles se refería-, que demostraban que el Acuerdo

4 “Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto,
responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales”.
5 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y

transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”.

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núm. 14 de 2021, contenía una autorización para comprometer

vigencias futuras.

Mencionó que el Acuerdo era un acto del Concejo municipal que

modificaba el monto autorizado para comprometer vigencias

futuras más no una ordenación del gasto del Alcalde, como lo

expresó el Tribunal accionado.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó en el escrito de tutela el amparo de su derecho

fundamental al debido proceso y, además:

“[…] PRIMERA: Dejar sin efectos el fallo del 11 de agosto de
2021 proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca Rad.
19001-23-33-002-2021-00195-00, demandante Departamento
del Cauca, demandado Municipio de Piendamó.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, ordenarle al
Tribunal Administrativo del Cauca que disponga que el Acuerdo
No. 14 de 2021 expedido por el Concejo de Piendamó Cauca no
se ajusta a derecho […]”.

I.5. Intervinientes

I.5.2.- El MUNICIPIO DE PIENDAMÓ, vinculado en calidad de

tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó

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Actor: DEPARTAMENTO DEL CAUCA

declarar improcedente la solicitud de amparo, ya que no se

superaron los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.

Respecto de la inmediatez indicó que no se superaba pues se

cuestionaba el Acuerdo No. 14 de 20 de mayo de 2021, el cual

modificó el Acuerdo No. 16 de 2009, así expresó que desde este

último ha trascurrido un plazo superior a 12 años, lo que no se

considera un término razonable. Respecto al requisito de

subsidiariedad, mencionó que no se superaba pues el accionante no

acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 13 de diciembre de 2021, la SECCIÓN

TERCERA declaró improcedente el amparo solicitado, por

considerar que el asunto carece de relevancia constitucional.

Sostuvo que los argumentos expuestos por la parte actora no

cumplían con el requisito de relevancia constitucional, habida

cuenta que fueron los mismos que fueron debatidos, analizados y

resueltos en el trámite del proceso por parte del Tribunal dentro del

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proceso de control de constitucionalidad y legalidad de acuerdos

municipales identificado con el núm. único de radicación 19001-23-

33-002-2021-00195-09.

Indicó que el TRIBUNAL se pronunció en la providencia

cuestionada, respecto de los planteamientos expuestos en la

solicitud de tutela relacionados con la aplicación de lo dispuesto en

los artículos 1° de la Ley 1483 de 2011 y 12 de la Ley 819 de 2003,

en lo relacionado con la aprobación, a través de CONFIS, de la

afectación a vigencias futuras. Además, pretendió que se analizaran

nuevamente las pruebas en lo referente al mismo reparo, aspectos

que habían sido alegados por la parte accionante dentro del

mecanismo de validez del acuerdo y se presentaban como una

reiteración de los problemas jurídicos abordados y desarrollados por

el juez natural de la causa.

Sostuvo que la accionante pretendía convertir la acción de tutela en

una tercera instancia en la que se volviera a reabrir el debate

jurídico, por lo cual aclaró que las diferencias interpretativas que

existieren entre el demandante y el juez natural de la causa no

constituían, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela

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revisara las decisiones del juez ordinario.

Manifestó que la presentación simple de las discrepancias entre lo

decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía

tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto

es constitucionalmente relevante, máxime aun si se trata de una

tutela contra providencia judicial.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó

que se revoque, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en

el escrito introductorio.

Señaló que la solicitud de tutela cumplía con el requisito de

relevancia constitucional por cuanto, a su juicio, el Tribunal vulneró

su derecho al debido proceso, pues si hubiera aplicado la norma

pertinente, se habría evidenciado diáfanamente que el cuestionado

Acuerdo de 2021, versaba sobre vigencias futuras y requería de

trámites especiales, conforme con las observaciones realizadas por

la actora al Acuerdo Municipal cuestionado.

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Indicó que el Acuerdo de 2021, cambió el porcentaje de los

recursos del SGP que se transferirán para financiar proyectos de

inversión en el Municipio de Piendamó dentro del Plan

Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua

y Saneamiento Básico en el Departamento del Cauca, lo que sin

dudas constituía un asunto de vigencias futuras, no solo por el tipo

de proyectos que se estaban financiando con esos recursos, sino

porque se estaba afectando dicha financiación, pues existía una

variación en la cantidad de recursos que se destinarían para ello.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de

noviembre de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12

de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de

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Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez

Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),

en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras

a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción

de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de

la violación de derechos constitucionales fundamentales,

debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el

momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

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Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa porqué la cuestión que
entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y

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proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas
ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la
afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la
haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de
sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar

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plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica
una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)

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En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto la

sentencia de 11 de agosto de 2021, proferida por el

TRIBUNAL, por medio de la cual se declaró ajustado a la

Constitución Política y a la ley el Acuerdo núm. 014 de 20 de mayo

de 2021, dentro de la demanda promovida en ejercicio del control

de constitucionalidad y legalidad de acuerdos municipales

identificado con el numero único de radicación 19001-23-33-002-

2021-00195-09.

A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de su

derecho fundamental al debido proceso, habida cuenta que, a su

juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos

sustantivo y fáctico.

Los disensos de la actora radican en que, a su juicio, la autoridad

judicial accionada incurrió en defecto sustantivo, ya que

desconoció los artículos 1º de la Ley 1483 de 2011 y 12 de la Ley

819 de 2003, en lo relacionado con el trámite que se debía seguir

para la expedición del Acuerdo núm. 14 de 20 de mayo de 2021 y,

fáctico pues no se valoraron de manera adecuada las pruebas

decretadas y practicadas dentro del proceso, -sin especificar a

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cuáles se refería-, que demostraban que el Acuerdo núm. 14 de

2021, contenía una autorización para comprometer vigencias

futuras.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, declaró improcedente el amparo

solicitado, por considerar que el asunto carece de relevancia

constitucional, toda vez que los argumentos expuestos por la parte

actora fueron los mismos que fueron debatidos, analizados y

resueltos en el trámite del proceso por parte del Tribunal dentro del

proceso de control de constitucionalidad y legalidad de acuerdos

municipales identificado con el núm. único de radicación 19001-23-

33-002-2021-00195-09.

La impugnación de la actora está estructurada sobre una reiteración

de los argumentos principales que sostuvieron su posición jurídica

inicial, conforme a la cual el cuestionado Acuerdo de 2021 versaba

sobre vigencias futuras y requería de trámites especiales, pues

cambió el porcentaje de los recursos del SGP que se transferirán

para financiar proyectos de inversión en el Municipio de Piendamó

dentro del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los

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Servicios de Agua y Saneamiento Básico en el Departamento del

Cauca.

Por lo anterior, la Sala circunscribirá su estudio a los argumentos

expuestos en la impugnación y, en primer lugar, debe determinar si

el caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de

la acción de tutela y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró

el derecho al debido proceso deprecado e incurrió en los defectos

sustantivo y fáctico, al haber proferido la sentencia de 11 de agosto

de 2021 aludida.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita,

cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe

discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional».

Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado

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que la acción de tutela contra providencias judiciales no está

diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de

reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud

de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad,

sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento

de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional 6,

de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras

de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho

podrán ser examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,

la Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5

de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii)
como requisito de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.

6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal
atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar
improcedente el amparo constitucional [12].

[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el
Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la
demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral
1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del
Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará
atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su
general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo
en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061
de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la
acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento
de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer
criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo,
basada en los antecedentes originados en la Asamblea
Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la
existencia de dos ámbitos del derecho al debido
proceso. El primero que emerge de la propia
Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor
legislativa, al que se denomina simplemente debido
proceso [14].

En palabras de la Corte, el debido proceso
constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de

[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”

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las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso.
En criterio de la Corte, tales garantías esenciales son el
derecho al juez natural [15]; el derecho a presentar y
controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que
incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho a la
segunda instancia en el proceso penal; el principio de
predeterminación de las reglas procesales o principio de
legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y
decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos.
[…]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace
parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos
caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la
inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso,
anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio
procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la
acción, más cuando se trata de atacar las providencias de
las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte
Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013: […]”.
(Resaltado fuera del texto).

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico

de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

tiene como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice

para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción

de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales, y (iii) preservar la

competencia y la independencia del juez ordinario.

[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que los argumentos

que invoca la accionante como fundamento de la presunta

vulneración de sus derechos fundamentales son los mismos que

fueron puestos a consideración del Tribunal en el escrito

introductorio del proceso de única instancia de control de

constitucionalidad y legalidad de acuerdos municipales.

Así se desprende de la lectura del escrito demanda de

constitucionalidad o legalidad de acuerdos municipales y su

comparación con el escrito de impugnación, como se explica a

continuación:

De la revisión del escrito introductorio de la demanda de

constitucionalidad o legalidad de acuerdos municipales, se

desprende que la actora sostuvo que la modificación introducida por

el Acuerdo núm. 014 de 20 de mayo de 2021, se refiere a una

autorización de vigencias futuras, la cual tiene un procedimiento

especial, que exige de la previa aprobación del CONFIS territorial,

lo cual habría sido omitido en el asunto examinado al modificar el

monto de las autorizaciones para comprometer vigencias futuras.

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En efecto, en la providencia cuestionada, la autoridad judicial

accionada delimitó el concepto de violación así:

“[…] 1.2. Concepto de violación.

Manifestó que, el artículo 3° del Acuerdo N° 016 de 2009 en su
momento autorizó al alcalde Municipal de Piendamó para
comprometer vigencias futuras excepcionales por 15 años a partir de
la vigencia fiscal 2010, por lo que se extiende hasta el año 2024.
Acuerdo que no ha sido anulado por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y que no ha sido objeto de demanda.

Aduce que la modificación introducida por el Acuerdo N° 014 de 20 de
mayo de 2021 se refiere a una autorización de vigencias futuras, la
cual, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 (si es
ordinaria) o el artículo 1° de la Ley 1483 de 2011 (si es excepcional),
tiene un procedimiento especial, que exige de la previa aprobación del
CONFIS territorial, lo que fue omitido en el presente asunto, al
modificar el monto de las autorizaciones para comprometer vigencias
futuras.

Afirmó que, la nueva autorización realizada por el Acuerdo N° 014 de
2021 vía modificación al Acuerdo N° 016 de 2009 puede ser tratada
como una vigencia futura ordinaria, pues en este 2021 se cuenta con
rubro presupuestal, al extenderse hasta el año 2024 y exceder el
periodo de gobierno actual (2020-2023), requería de la previa
declaratoria de importancia estratégica por el Consejo de Gobierno,
trámite que tampoco fue observado por el Concejo Municipal, pasando
por alto que los 15 años autorizados van hasta el año 2024 año
posterior al periodo del actual alcalde.

Consideró que, la vigencia futura que se autoriza se refiere a una
autorización de transferencia del 10% de recursos del SGP hasta el
año 2024, puede ser tratada como ordinaria, pues en esta vigencia
fiscal 2021 se cuenta con recursos superiores al 15% de lo
comprometido hasta 2024; por lo tanto, la violación sería manifiesta
de lo exigido en el artículo 12 de Ley 819 de 2003 y, si contrario a
ello, por modificar el artículo 3° del acuerdo 16 de 2009 que hablaba
de vigencias futuras excepcionales, se toma como si fuera una nueva
autorización de vigencias futuras excepcionales, también existiría
infracción manifiesta de lo exigido en el artículo 1° de la Ley 1483 de
2011 que también exige acudir al CONFIS territorial y al exceder el

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periodo actual de Gobierno también requería declaratoria de
importancia estratégica por el Consejo de Gobierno.

Por último, consideró que, independientemente que se trate de una
vigencia futura ordinaria o excepcional, no fue autorizado previamente
por el CONFIS territorial como la ley lo exige, como tampoco fue
declarado de importancia estratégica como se exige cuando las
vigencias futuras exceden el mandato del respectivo alcalde, como en
este caso que pasa al año 2024 y el mandato termina en el año
2023[…]”.

Respecto de los argumentos expuestos anteriormente, se advierte

que los mismos fueron contestados por el Tribunal, en la sentencia

de 11 de agosto de 2021, en la cual sostuvo que el Acuerdo núm.

014 de 20 de mayo de 2021, se encontraba ajustado a la

Constitución Política y a la ley, toda vez que el artículo 1°

demandado, en el que se ordena que la financiación del Sector de

Agua Potable y Saneamiento Básico se realice mediante la

asignación del equivalente del 10% de los recursos del Sistema

General de Participaciones –SGP-, no creó un gasto nuevo, puesto

que ya se encontraba establecido, sino que simplemente se varió su

porcentaje, para lo cual el Concejo Municipal se encontraba

facultado, aunado al hecho de que tuvo su origen a iniciativa del

Alcalde Municipal, en cabeza de quien conforme con la

jurisprudencia y la Carta Política recae la iniciativa para la creación

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o para la ordenación de un gasto, por lo cual, se encontraba

ajustado a derecho. En efecto, en la providencia cuestionada, la

autoridad judicial accionada sostuvo:

“[…] 8 4. Las vigencias futuras.

El Consejo de Estado explica sobre el tema de la afectación de
presupuestos futuros en los siguientes términos:

“En materia presupuestal se encuentra establecido el principio
de anualidad en virtud del cual la estimación de los ingresos y
la autorización de los gastos se debe hacer periódicamente cada
año25. La anualidad, no obstante, no es un principio absoluto,
en la medida en que la actividad presupuestal está íntimamente
ligada con el principio de planeación, la cual normalmente es
efectuada para periodos que superan el año calendario. Esta
realidad impone la configuración de mecanismos presupuestales
que permitan compatibilizar tales principios26.

Precisamente, las vigencias futuras constituyen una excepción
al principio de anualidad presupuestal. Estas vigencias, según
se ha definido por la doctrina27, no son otra cosa que la
autorización impartida para afectar presupuestos futuros con
apropiaciones autorizadas con antelación a la aprobación de
dichos presupuestos, y se tienen como excepciones al principio
mencionado, en tanto que la autorización de los gastos se
formaliza antes de que se aprueben las vigencias en las que se
van a ejecutar y la vida jurídica de tales autorizaciones se
prolonga a lo largo de varias vigencias.

En consonancia lo anterior, igualmente se ha precisado que las
vigencias futuras son un instrumento de planificación
presupuestal y financiero que permite autorizar la asunción de
obligaciones que afecten los presupuestos de vigencias
posteriores, y tienen como fin garantizar la existencia de
apropiaciones suficientes en los años siguientes para asumir
compromisos y obligaciones con cargo a ellas, así como
también disponer de los recursos financieros, y de esa manera
garantizar el avance y conclusión de proyectos
plurianuales28.”1

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En cuanto a los elementos esenciales para su procedencia,
explicó:

“De otro lado, en el artículo 11 (modificatorio del artículo 3º de
la Ley 225 de 1995 e incorporado como artículo 24 del Decreto
111 de 1996 o Estatuto Orgánico del Presupuesto) reguló las
vigencias futuras excepcionales. Dispuso esta norma que el
Confis, en casos excepcionales para las obras de
infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica, defensa
y seguridad, así como para las garantías a las concesiones,
podrá autorizar que se asuman obligaciones que afecten el
presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el
presupuesto del año en que se concede la autorización.
Estableció como requisito de dicha aprobación que el monto
máximo de las vigencias futuras, el plazo y las condiciones de
las mismas consulten las metas plurianuales del Marco Fiscal de
Mediano Plazo del que trata el artículo de esa ley. Y previó
finalmente que para asumir obligaciones que afecten
presupuestos de vigencias futuras, los contratos de empréstito
y las contrapartidas que en estos se estipulen no requieren la
autorización del Confis, precisando que tales contratos se
regirán por las normas que regulan las operaciones de crédito
público.

De acuerdo con la normativa examinada, esta modalidad de
vigencias futuras consagradas como un mecanismo
presupuestal en favor de la Nación tiene como elementos
esenciales, los siguientes:
(i) Su aprobación no exige que se cuente con una apropiación
mínima en el presupuesto del año en que se concede la
autorización.

(ii) Se encuentran establecidas exclusivamente para las obras
de infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica,
defensa y seguridad, así como para las garantías a las
concesiones.

(iii) Su monto máximo, plazo y condiciones deben ajustarse a
las metas plurianuales del marco Fiscal de Mediano Plazo.

(iv) Las características de estas obras, generalmente de alto
costo y de gran magnitud, suponen en muchos casos que sea
difícil disponer, para la vigencia en que se autorizan, de la
formalización del financiamiento necesario para acreditar una
apropiación inicial.”

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5. El caso concreto.

En el presente asunto se acusa del Acuerdo N° 014 de 20 de
mayo de 2021 proferido por el Concejo Municipal de Piendamó
– Tunía, (Cauca), “por medio del cual se adiciona y se dictan
otras disposiciones al Acuerdo No. 016 de 2009 que autorizó al
alcalde Municipal de Piendamó-Departamento del Cauca, para
hacer parte del Plan Departamental para el Manejo Empresarial
de los Servicios de Agua y Saneamiento-PDA”. En su artículo 1°
establece:

“ADICIONAR un parágrafo al artículo tercero del Acuerdo
Municipal No. 016 de 2009, el cual quedará así:
PARAGRAFO TERCERO: A partir de la vigencia fiscal 2021 la
transferencia de los recursos del Sistema General de
Participaciones SGP, destinados al Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico, será en un porcentaje equivalente del
10% de dichos recursos, con igual destinación y hasta por el
término en que se cumplan los 15 años referidos en el presente
artículo”.

Para cumplir con las destinaciones que se deben realizar al
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, el Concejo
Municipal estableció en el acuerdo acusado, la asignación de un
porcentaje equivalente del 10% de los recursos del Sistema
General de Participaciones –SGP-.

Ello, no significa, como lo malinterpreta la oficina
Jurídica del Departamento, que se estén afectando
vigencias futuras, toda vez que no se trata de “obras de
infraestructura, energía, comunicaciones, aeronáutica,
defensa y seguridad, así como para las garantías a las
concesiones” como lo establece la normativa pertinente.

Verificado entonces que no se trata de afectación de
vigencias futuras, el cargo encaminado en la demanda a
determinar la vulneración de la Ley 819 de 2003 no
prospera, en tanto no se halla un quebrantamiento a la
referida norma.

No obstante, la Sala considera necesario remitirse al
pronunciamiento del H. Corte Constitucional, en la Sentencia T-
119 de 2003, en donde se estudió la naturaleza del control

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sobre los acuerdos expedidos por los Concejos Municipales, que
dispuso:

“(…) En quinto lugar, como la actividad del juez administrativo
es en principio rogada, el control que ejerce está
circunscrito a los cargos del gobernador o de los
intervinientes en el proceso, sin que ello impida al
tribunal tomar en consideración otras normas relevantes
para la decisión, especialmente las de rango constitucional.
En consecuencia, el fallo produce los efectos de cosa juzgada,
pero únicamente en relación con los cargos planteados y
debidamente analizados (Decreto 1333/86, artículo 121-3).”

En atención a ello, precisa el Tribunal que si bien el cargo
propuesto por el Gobernador del Cauca no prospera como se
dijo en líneas atrás, se analizará si el Acuerdo objeto de análisis
se atempera o no a la Constitución Política en materia de
iniciativa en la creación y ordenación del gasto, así:

“Artículo 315. Son atribuciones del alcalde:
(…)
9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de
inversión y el presupuesto.
(…)”

Y respecto a la iniciativa en la creación del gasto, en los
artículos 346 y 351 de la carta Política, que también deben ser
observados por los municipios se establece:

[…]

Ahora bien, de las disposiciones constitucionales
trascritas, se determina que la iniciativa para la creación
o para la ordenación de un gasto está radicada en cabeza
del alcalde.

Descendiendo al caso concreto, se observa que el Secretario del
Concejo Municipal de Piendamó – Tunia, Cauca, consignó la
siguiente constancia:

“Que el Acuerdo No. 014 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES AL ACUERDO NO. 016 DE
2009 QUE AUTORIZO AL ALCALDE MUNICIPAL DE PIENDAMO-
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, PARA HACER PARTE DEL PLAN
DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS

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SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO-PDA”, el cual fue
discutido y aprobado por los términos de la Ley, verificados en
días diferentes así: en primer debate en comisión de planes y
programas el día 08 de mayo de 2021 y segundo debate el día
quince (15) del mes de mayo de 2021 en sesión ordinaria.
Radicado en esta Corporación el día treinta (30) de abril
de 2021 a iniciativa del Señor Alcalde Municipal.” (Resalta
la Sala)

En este orden de idea, dado que el Acuerdo N° 014 de 2021 y
en concreto el artículo 1° demandado, en el que se ordena, que
la financiación del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico, se realizará mediante la asignación del equivalente del
10% de los recursos del Sistema General de Participaciones –
SGP-, toda vez que no se está creando un gasto nuevo, puesto
que ya se encontraba establecido, sino que simplemente se
varió su porcentaje, para lo cual el Concejo Municipal se
encuentra facultado y, aunado a que tuvo su origen a iniciativa
del Alcalde Municipal, se ajusta a derecho […]”.
(Destacado de la Sala)

Realizadas las anteriores observaciones, la Sala constata que lo

planteado en la presente acción de tutela no se refiere a un asunto

de relevancia constitucional, -en los términos señalados en la

jurisprudencia constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la

intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible

vulneración del derecho fundamental al debido proceso invocado

por la peticionaria. Por el contrario, se destaca que todos sus

argumentos, -que son de mera legalidad-, fueron analizados y

resueltos por el Tribunal en esa instancia y, en esa medida, solo se

procura su discusión en sede de tutela para buscar la oportunidad

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de debatir, en una instancia adicional, la posición de la accionante,

lo cual resulta improcedente.

Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha

rechazado acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no resulta

ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se centra

en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue el

caso de la providencia de 29 de agosto de 201816, en la que se

sostuvo:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario
que decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la
cual indicó de manera clara, que se trataba de un punto
nuevo que no había sido presentado en su momento en el
escrito de apelación, por lo que el recurso extraordinario
no estaba diseñado para convertirse en una tercera
instancia. Y se tiene que estos argumentos resultan
válidos y razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos
en sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y
que no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela,
pues esta acción constitucional tiene por objeto la
protección inmediata de derechos de rango fundamental

16
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número
único de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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que se encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este
caso […]” (Destacado de la Sala).

Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201717, se indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad
de las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado
fuera del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,

sino la reiteración de planteamientos que ya fueron estudiados por

el juez natural y que obedecen a un debate de mera legalidad, en el

cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la

acción de tutela el carácter de una tercera instancia o recurso

adicional para controvertir las decisiones judiciales y de paso

invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

17
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número
único de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Actor: DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Asimismo, en el caso bajo estudio, la Sala no advierte la existencia

de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de

tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que de los

elementos de juicio obrantes en el expediente no es posible

establecer dicha circunstancia.

Consecuente con lo anterior, se confirmará la decisión de primera

instancia, en el sentido de declarar la improcedencia del amparo

deprecado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

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F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para

su eventual revisión.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de febrero

de 2022.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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