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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-06232-01

Fecha
17 de febrero de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-06232-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-06232-01

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

17 de febrero de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06232-01
Demandantes: Edgar Cardona González y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06232-01
Demandantes: EDGAR CARDONA GONZÁLEZ Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C

Temas: Contra providencia que denegó pretensiones de demanda de
reparación directa. Privación injusta de la libertad. Defecto fáctico.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por Edgar Cardona González y otros contra
la sentencia del 21 de octubre de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, que denegó la tutela.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. El 15 de septiembre de 2021, en ejercicio de la acción de tutela y por intermedio
de apoderado judicial, Edgar Cardona González y otros pidieron la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
que estimaron vulnerados por la sentencia del 7 de octubre de 2020, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. En consecuencia, los
demandantes formularon las siguientes pretensiones:

1. Que se declare que la Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección C
del Consejo de Estado, vulneró los derechos al DEBIDO PROCESO, de ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA de los accionantes, al
incurrir en una vía de hecho por defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio
en la Sentencia de segunda Instancia proferida el 07 de octubre de 2020 dentro del proceso
73001233100020110073401(53140) con ponencia del Magistrado Dr. NICOLÀS YEPES
CORRALES.

2. En consecuencia, de la anterior declaración, DEJAR SIN EFECTO la Sentencia de segunda
Instancia proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección
C del Consejo de Estado el 07 de octubre de 2020 dentro del proceso
73001233100020110073401 (53140) con ponencia del Magistrado Dr. NICOLÀS YEPES.

3. ORDENAR a la Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Subsección C del
CONSEJO DE ESTADO, resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de
primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del proceso
73001233100020110073401(53140), con la valoración probatoria adecuada que demuestra la
falla del servicio en la administración de justicia que mantuvo a EDGAR CARDONA GONZALEZ
privado de su libertad por 5 años 8 meses y 20 días.

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Demandantes: Edgar Cardona González y otros

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. Del proceso penal

2.1.1. El 22 de diciembre de 2003, la Policía Nacional capturó en flagrancia al señor
Edgar Cardona González, como presunto autor del delito de homicidio agravado y porte
ilegal de armas.

2.1.2. Mediante Resolución del 29 de diciembre de 2003, la Fiscalía General de la
Nación impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad al señor Edgar
Cardona González, con fundamento en que el testimonio rendido por el señor Gustavo
Rico Pinzón lo señaló de asesinar al señor Jhon Jairo Barragán.

2.1.3. Por sentencia del 17 de noviembre de 2005, el Juzgado Tercero Penal del Circuito
de Ibagué declaró la responsabilidad penal del señor Cardona González y lo condenó
a 28 años de prisión, en calidad de coautor del delito de homicidio agravado en
concurso con porte ilegal de armas.

2.1.4. El Tribunal Superior de Ibagué, mediante sentencia del 9 de septiembre de 2009,
absolvió de responsabilidad al señor Cardona González, en aplicación del principio de
in dubio pro reo.

2.2. Del proceso de reparación directa

2.2.1. Edgar Cardona González y otros interpusieron demanda de reparación directa
contra la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia y del Derecho, por
estimar que hubo privación injusta de la libertad.

2.2.2. Mediante sentencia del 22 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo del Tolima
declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, en aplicación de un
régimen objetivo de responsabilidad. El tribunal explicó que la privación de la libertad
fue injusta, toda vez que el proceso penal concluyó con sentencia absolutoria.

2.2.3. La Fiscalía General de la Nación y los demandantes del proceso de reparación
directa apelaron la sentencia de 22 de julio de 2014. La Fiscalía alegó que la medida
de aseguramiento fue justificada y los actores manifestaron inconformidad con los
montos indemnizatorios.

2.2.4. Por sentencia del 7 de octubre de 20201, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, denegó las
pretensiones de la demanda de reparación directa, por estimar que la medida de
aseguramiento estuvo debidamente justificada.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. La parte actora adujo que la sentencia del 7 de octubre de 2020, dictada por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, incurrió en defecto fáctico, toda
vez que la medida de aseguramiento no estuvo sustentada en la captura en flagrancia,
1 De conformidad con el sistema de consulta de procesos (expediente 73001-23-31-000-2011-00734-01), la
sentencia fue notificada mediante edicto electrónico del 13 de mayo de 2021.
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sino en la declaración de un testigo. Que, además, no se tuvo en cuenta el análisis de
residuos de disparo en mano por espectrometría de masas, que demostró que el señor
Cardona González no disparó. Que tampoco se tuvo en cuenta el protocolo de
necropsia, que concluyó que los disparos fueron propinados desde el lugar del copiloto
y no desde la parte trasera del taxi, esto es, donde se encontraba el señor Cardona
González.

3.2. También alegó que la providencia cuestionada no dio cuenta del análisis detallado
de cada una de las actuaciones que determinaron la privación de la libertad del señor
Cardona González, esto es, la captura en flagrancia, la resolución que impone la
medida de aseguramiento, la resolución de acusación y la sentencia penal de primera
instancia.

3.3. Adujo que «BASTA con estudiar la sentencia de segunda instancia que revocó la
condena en contra de los hermanos Cardona para evidenciar todos los errores
indicados en esta acción y que fueron expuestos en los alegatos y en el recurso de
apelación pero a los cuales el CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN C, no elevó ningún tipo de consideración, enfocándose simplemente en
el reconocimiento del in dubio pro reo, más no en las diferentes fallas cometidas por los
operadores judiciales que acusaron y condenaron injustamente a EDGAR CARDONA
GONZÁLEZ».

4. Intervenciones

4.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, hizo un recuento de los
hechos probados en el proceso de reparación directa y manifestó que la tutela no
cumple el requisito de relevancia constitucional, puesto que la parte actora simplemente
pretende reabrir el debate decidido en la sentencia del 7 de octubre de 2020.

4.1.1. Dijo que la sentencia está fundamentada en el análisis adecuado de las pruebas
y en la jurisprudencia vigente frente al tema de la responsabilidad del Estado por
privación injusta de la libertad.

4.2. La Fiscalía General de la Nación pidió que se declarara la improcedencia de la
tutela, por cuanto, en su criterio, no cumplió el requisito de subsidiariedad. Que, en
efecto, la parte actora no agotó los recursos legalmente procedentes contra la sentencia
cuestionada.

4.2.1. Que tampoco fue demostrado el defecto fáctico, puesto que la sentencia
cuestionada da cuenta de un análisis probatorio adecuado y que permitió concluir que
la medida de aseguramiento fue debidamente impuesta. Que las pruebas del proceso
de reparación directa fueron valoradas sin desconocer los límites del principio de
autonomía judicial.

4.2.2. Que no se evidencia la vulneración de ninguna de las garantías que componen
el derecho fundamental al debido proceso.

4.3. El Ministerio de Justicia y del Derecho alegó la falta de legitimación en la causa por
pasiva, por no haber incidido en la privación de la libertad del señor Cardona González.

5. Sentencia impugnada
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5.1. Mediante sentencia del 21 de octubre de 2021, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, denegó la tutela, por lo siguiente:

5.1.1. Que el asunto sí tiene relevancia constitucional, toda vez que están
comprometidos los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. Que también está cumplido el requisito de subsidiariedad,
habida cuenta de que la sentencia cuestionada no es pasible de recursos.

5.1.2. Que no hubo defecto fáctico, pues, de conformidad con el precedente vigente, la
autoridad judicial demandada verificó que la medida de aseguramiento cumplió los
requisitos legamente previstos, de conformidad con los artículos 356 y 357 de la Ley
600 de 2000.

5.1.3. Que no resulta relevante la discusión planteada por la parte actora sobre el
informe de balística y el protocolo de necropsia, puesto que se trata de elementos que
ya fueron estudiados en el proceso penal. Que la reparación directa por privación injusta
de la libertad no está prevista para reabrir discusiones agotadas en los procesos
penales, sino exclusivamente para verificar la razonabilidad de la medida de
aseguramiento privativa de la libertad.

5.1.4. Que, en últimas, la valoración probatoria contenida en la sentencia atacada
resulta adecuada y razonable.

6. Impugnación

6.1. La parte actora impugnó la sentencia del 21 de octubre de 2021, con base en los
siguientes argumentos:

6.1.1. Que «tanto la sentencia de segunda instancia dentro del proceso de reparación
directa, como la sentencia de tutela de primera instancia que en este acto se apela, se
limitaron a verificar el cumplimiento de los requisitos, lo cual tiene por objeto
individualizar a la persona e identificar el delito de gravedad suficiente para imponer la
medida, pero dejaron por fuera el estudio de los fines constitucionales, los cuales
viabilizaban la imposición de la medida preventiva».

6.1.2. Que la necesidad de la medida de aseguramiento no fue estudiada con base en
las decisiones de la Fiscalía General de la Nación, sino en el parecer del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C. Que «hicieron la tarea que le correspondía a
la Fiscalía, y de manera insuficiente, ya que la carga argumentativa para sustentar los
fines constitucionales para imponer una medida de aseguramiento no se limita a
exponer afirmaciones a manera de conclusiones, sino que las mismas deben ir
acompañadas de medios de prueba que las soporten».

6.1.3. Que se omitió analizar cada una de las actuaciones que determinaron la privación
de la libertad del señor Cardona González, a saber: la captura en flagrancia, la medida
de aseguramiento, la resolución de acusación y la sentencia del 17 de noviembre de
2005. Que «tenemos 4 actuaciones judiciales que en conjunto privaron de su libertad
injustamente a EDGAR CARDONA por 2060 días, las cuales deben verificarse
independiente, para confirmar la existencia de una falla del servicio y de ser así,
configurar la antijuridicidad del daño causado a los accionantes».

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CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

1.1. A partir del año 20122, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 3, se precisó que la
acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas
por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.

1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los
medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.

1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv)
defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento
del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.

1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo
de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de
cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un
requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que
exija la imperiosa intervención del juez constitucional»4.

2. Planteamiento y respuesta al problema jurídico

2.1. En los términos de la impugnación, la Sala debe decidir si el a quo acertó al denegar
las pretensiones de la tutela de la referencia, por estimar que la sentencia del 7 de
octubre de 2020, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, no
incurrió en defecto fáctico.

2.2. Lo primero que conviene decir es que la Corte Constitucional, en sentencia SU-072
de 2018, explicó que «con independencia del régimen de responsabilidad estatal que
utilice el juez administrativo, la conducta de la víctima es un aspecto que debe valorarse
y que tiene la potencialidad de generar una decisión favorable al Estado, en otras
palabras, que puede generar una declaratoria de irresponsabilidad administrativa».

2 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
3 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
4 SU-573 de 2017.

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2.2.1. Además, la Corte dijo que «determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que
cuando sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la presunción de
inocencia –aplicación del principio in dubio pro reo-, o incluso en otros eventos, por
ejemplo, cuando no se acreditó el dolo, es decir, operó una atipicidad subjetiva, el
Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a partir de un título de
imputación objetivo, sin que medie un análisis previo que determine si la decisión a
través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable,
desproporcionada o arbitraria, transgrede un precedente constitucional con efecto erga
omnes, concretamente la sentencia C-037 de 1996».

2.3. En el caso concreto, la providencia cuestionada indicó que la Constitución Política
de 1991 no privilegió un título de imputación específico frente a los casos de privación
injusta de la libertad y que el juez respectivo debe aplicar el que mejor se ajuste a la
realidad probatoria del proceso de reparación directa. En ese sentido, justamente, la
autoridad judicial demandada aludió a las sentencias SU-072 de 2018 y C-037 de 1996
y dijo lo siguiente: «en cuanto al necesario examen de la antijuridicidad del daño que
se discute en el juicio de responsabilidad por una privación injusta de la libertad, se
exige constatar si la orden de detención y las condiciones bajo las cuales ésta se llevó
a cabo se apegaron a los cánones legales y constitucionales o no, e igualmente si el
término de duración de la medida de restricción fue excesivo, así como si la medida era
necesaria, razonable y proporcional, de donde, si la detención se realizó de
conformidad con el ordenamiento jurídico, se entenderá que el daño carece de
antijuridicidad y por lo tanto quien lo sufrió no tendrá derecho a que se le indemnicen
los perjuicios por su padecimiento».

2.3.1. La autoridad judicial demandada hizo un detallado recuento del proceso penal
adelantado contra el señor Edgar Cardona González y resaltó que, mediante
Resolución del 29 de diciembre de 2003, la Fiscalía General de la Nación impuso
medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, con fundamento en el
testimonio del señor Gustavo Rico Pinzón, celador de la zona en donde ocurrieron los
hechos criminales y que señaló al demandante de ser partícipe del homicidio de Jhon
Jairo Barragán. Además, la Fiscalía resaltó como indicio el hecho de que el actor haya
huido del lugar de los hechos y que no haya cumplido con el deber cívico de colaborar
con la administración de justicia.

2.3.2. Seguidamente, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, advirtió lo
siguiente: «el fundamento de la medida de aseguramiento superó las exigencias
previstas en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, pues además de apoyarse en indicios
graves de responsabilidad; se fundó en un testimonio que, como prueba directa,
vinculaba a Edgar Cardona González como presunto coautor del delito de homicidio
agravado y, fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego […] Precisamente,
el testimonio de Gustavo Rico Pinzón era una prueba directa que permitió superar las
exigencias previstas en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, pues por su naturaleza
tenía fuerza probatoria más categórica que aquella que brindan los indicios graves de
responsabilidad exigidos por dicha norma procesal para poder imponer una medida de
aseguramiento de detención preventiva».

2.3.3. En ese contexto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, concluyó
lo siguiente frente a la medida de aseguramiento: (i) que fue necesaria, por cuanto debía
garantizarse la comparecencia del actor al proceso penal y evitarse que afectara la
investigación; (ii) que fue proporcional, por cuanto los delitos de homicidio agravado y
porte ilegal de armas tienen penas de 33 y 9 años de prisión, respectivamente, y (iii)
que fue razonable, de conformidad con la gravedad de los delitos y bajo las
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circunstancias evidenciadas en la decisión que impuso la medida de aseguramiento
(testimonio directo e indicios derivados de la huida, la aceptación de presencia en el
lugar de los hechos y la falta de colaboración con la justicia).

2.3.4. Por consiguiente, la autoridad judicial demandada concluyó lo siguiente: «en el
sub examine no se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de
la responsabilidad, lo que hace infructuoso el análisis de los demás elementos del
instituto indemnizatorio, pues debe recordarse que la responsabilidad es una institución
de carácter derivado que depende necesariamente de la suma y presencia condicional
de la totalidad de sus elementos y que, ante la ausencia de alguno de estos, no puede
reconocerse la obligación de reparar».

2.4. A juicio de la Sala, no hubo defecto fáctico, pues, como se vio, el análisis
probatorio se ajustó a los lineamientos fijados por la Corte Constitucional para casos de
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Tal y como lo exige el
precedente en cita, la autoridad judicial demandada hizo un análisis de razonabilidad,
proporcionalidad y necesidad de la medida de aseguramiento. Justamente, quedó claro
que fueron citadas las normas que regulaban la procedencia de la medida de
aseguramiento y se realizó el respectivo análisis de requisitos.

2.4.1. Lo que se evidencia es que la parte actora simplemente está en desacuerdo con
el análisis realizado por el tribunal y que pretende imponer su propio criterio, pero sin
demostrar que el adoptado por la autoridad judicial demandada resulte caprichoso o
contraevidente. Por lo demás, la parte actora no desvirtúa la lógica del análisis de
razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de la medida de aseguramiento, sino que
simplemente expresa estar en desacuerdo. Lo que debe quedar claro es que, para el
momento en que fue dictada la medida de aseguramiento, había elementos suficientes
para efecto de sustentar la legalidad de la medida de aseguramiento.

2.4.2. La parte actora adujo que la autoridad judicial demandada no podía realizar el
análisis de necesidad de la medida de aseguramiento y que obligatoriamente debía
acudir a lo dicho por la Fiscalía General de la Nación para justificar la medida de
aseguramiento. Sin embargo, esta afirmación desconoce lo señalado por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-072 de 2018 y C-037 de 1996, que, justamente,
señala que el juez del proceso de reparación directa debe verificar si la medida de
aseguramiento resultó necesaria, proporcional y razonable. De hecho, a juicio de la
Sala, no existe duda sobre la necesidad de la medida de aseguramiento, pues, como
bien lo explicó la autoridad judicial demandada, en los términos del artículo 355 de la
Ley 600 de 2000, era necesario garantizar que el actor acudiera al proceso penal y
evitar que pudiera afectar la investigación.

2.4.3. La autoridad judicial demandada también verificó de manera adecuada las
pruebas e indicios que sustentaron la medida de aseguramiento. Como se vio, existió
un testimonio directo que señaló al señor Cardona González como posible responsable
de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Adicionalmente, fueron
identificados indicios asociados a la huida del demandante, a la falta de colaboración
con la justicia y la confesión de haber estado en el lugar y momento en que ocurrieron
los delitos.

2.4.4. La Sala resalta que si bien el actor fue absuelto de responsabilidad penal, lo cierto
es que, de conformidad con el precedente fijado por la Corte Constitucional, esto no es
suficiente para declarar la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.
En últimas, quedó en evidencia que la medida de aseguramiento fue razonablemente
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impuesta y, por ende, también de manera razonable, la autoridad judicial demandada
desestimó la existencia de daño antijurídico y de responsabilidad del Estado.

2.5. Por último, la Sala debe precisar que, contrario a lo afirmado por la parte actora, la
sentencia absolutoria penal no deriva automáticamente en la responsabilidad del
Estado por privación injusta de la libertad. En este punto, conviene precisar, por un lado,
que una cosa es el daño o transgresión de los bienes jurídicos protegidos por el
ordenamiento, calificación que le compete al juez penal sobre la conducta del
investigado, conforme con la normativa propia de esa área del derecho, y otra es la
valoración que hace el juez contencioso administrativo en los casos en que se discute
la responsabilidad del Estado por la presunta privación de la libertad.

2.5.1. Por consiguiente, la parte demandante no puede suponer que la absolución de
responsabilidad penal del investigado constituya per se un veredicto automático de
responsabilidad extracontractual del Estado, y que, en sede contencioso administrativa,
se deba declarar que existió un daño atribuible a la administración, por la privación de
su libertad. Al decidir esta clase de asuntos, el juez administrativo no puede prescindir
del análisis de los hechos que rodearon la decisión de la privación de la libertad, se
insiste, sin incidir en su ya declarada ausencia de responsabilidad penal.

2.6. Siendo así, queda resuelto el problema jurídico: el a quo acertó al denegar las
pretensiones de la acción de tutela de la referencia, por no evidenciarse defecto fáctico.
En consecuencia, será confirmada la sentencia impugnada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

[Firmado electrónicamente] [Firmado electrónicamente]
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección Magistrada

[Firmado electrónicamente] [Firmado electrónicamente]
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrado Magistrada

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Villegas Posada

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