Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06291-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06291-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-06291-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
25 de marzo de 2022
Radicación: 11001 03 15 000 2021 06291 01
Accionante: Dalila Londoño Gómez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06291-01
Accionante: DALILA LONDOÑO GÓMEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Tesis: Es improcedente interponer una acción de tutela contra
una providencia judicial alegando la vulneración del
principio de congruencia cuando no se ha interpuesto el
recurso extraordinario de revisión.
No incurre en los defectos fáctico ni en procedimental
absoluto la providencia judicial que declaró la nulidad del
acto administrativo que nombró en período de prueba a
una persona que había ocupado el primer lugar en una
lista de elegibles y tenía la calidad de pensionada.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra
del fallo de tutela proferido el 27 de octubre de 2021 por la Sección Quinta
del Consejo de Estado que negó la petición de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Dalila Londoño Gómez promovió acción de tutela en contra de
las sentencias proferidas el 19 de junio de 2018 y el 8 de abril de 2021
por el Juzgado 48 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la
Subsección B, Sección Segunda, del Tribunal Administrativo de
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Accionante: Dalila Londoño Gómez
Cundinamarca, respectivamente, con el fin de que se amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al
acceso a cargos públicos, al mínimo vital y al acceso a la administración
de justicia; para ello formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] Con la presente ACCIÓN DE TUTELA, solicito que se me
garantice el pleno goce de mis derechos fundamentales adquiridos
mediante el concurso de mérito la resolución nro.1848 del 12 de
abril de 2016, contenidos en los arts. 1,2,4,13, 25, 29,40 numeral
7, 53, 122, 125,209, 228,229 y 230 de la Constitución Política, la
ley 909 de 2004, y los principios generales del derecho procesal al
tenor de los art.2,4,7,11,13 y el principio de congruencia al tenor de
los art.280 y 281 de la ley 1564 de 2012, especialmente respecto al
ejercicio de la ACCIÓN DE TUTELA según Decreto 2591 de 1991,
como garantía de los derechos fundamentales al tenor del art.86
C.P.
PRIMERO: En virtud de la anterior argumentación,
respetuosamente solicito al HONORABLE MAGISTRADO DE TUTELA
que REVOQUE la sentencia de primera instancia de fecha 19 de junio
de 2018 del JUEZ 48 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA y la sentencia de segunda instancia
del 8 de abril de 2021 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA-SECCION SEGUNDA y que, en su lugar acceda a
las siguientes pretensiones:
Siendo necesarias medidas urgentes, Honorable Magistrado de
TUTELA, con el objeto de que no se continúe con la violación de mis
derechos constitucionales y legales, y evitar perjuicios
irremediables, es decir, deben ser prontas y a la vez precisas las
medidas de conformidad a la constitución y a la ley, en el sentido de
ajustarse a las circunstancias del caso concreto que nos ocupa. En
efecto, en el evento de no tener estas características, las medidas
no lograrían evitar la permanencia del daño ocasionado a la fecha y
de manera adecuada la amenaza de mis derechos fundamentales
violados. Justamente por ello es que la ACCION DE TUTELA es la
medida adecuada, única y oportuna, que puede salvaguardar mis
derechos fundamentales violados ahora por la JURISDICCION
ADMINISTRATIVA por el JUEZ 48 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA Y EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCION SEGUNDA, porque
aquí no hay lugar a otra medida, ya que agoté hasta el cansancio
todos los medios legales a mi alcance, para defender mis derechos
fundamentales violados y con el fin de evitar perjuicios causados por
sus decisiones parcializadas y que no ha sido posible evitarlos. En
consecuencia, le SOLICITO AL HONORABLE MAGISTRADO DE
TUTELA:
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 06291 00.
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SEGUNDA: Que, en atención a los hechos, argumentos de la
presente acción de tutela y además de los argumentos expuestos y
pruebas aportadas en la demanda inicial y/original, se ACCEDA a las
pretensiones solicitadas en la demanda inicial y/o original como
parte demandante.
TERCERA: En subsidio de lo anterior, respetuosamente solicito al
HONORABLE MAGISTRADO DE TUTELA, ordenar todas las medidas
necesarias legales que el despacho considere pertinente para
garantizar el restablecimiento de mis derechos fundamentales
violados, los demás derechos que resulten vulnerados y las
impresiones de tipo jurídico, de conformidad al principio de
oficiosidad del JUEZ DE TUTELA- Sentencia SU108/18 […]”.
[Mayúsculas en el escrito de tutela]
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que en el mes de noviembre de 2013 se llevó a
cabo la convocatoria nro. 256 a 314 de 2013 para proveer las vacantes
de la Contraloría de Bogotá, en la que se inscribió para el cargo de
profesional especializado, código 222, grado 05.
Manifestó que ocupó el primer lugar en las listas de elegibles conformadas
por la Comisión Nacional del Servicio Civil para proveer tres vacantes del
empleo de carrera administrativa denominado profesional especializado,
código 222, grado 05, por lo que la Dirección de Talento Humano de la
Contraloría de Bogotá la nombró en período de prueba.
Indicó que en el año 2014, fecha en la que no tenía la calidad de servidor
público, solicitó el reconocimiento de la pensión, dado que desde 1998
había cotizado de manera independiente y que fue “notificada de la
pensión el 17 de febrero de 2015”2
Sostuvo que el 15 de abril de 2016 aceptó el nombramiento en el cargo
de profesional especializado de la Contraloría de Bogotá y que desde el
20 de abril de 2016 solicitó la suspensión de la pensión ante Colpensiones.
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Ibídem.
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Accionante: Dalila Londoño Gómez
Expuso que el 28 de abril de 2016 asistió a la Contraloría de Bogotá con
el objetivo de posesionarse; sin embargo, no fue posible, toda vez que
debía llevar la respuesta de Colpensiones en relación con la suspensión
de la prestación.
Alegó que, a partir de esa fecha, solicitó prórrogas para posesionarse, las
cuales fueron aceptadas mediante las resoluciones números 1832 del 29
de abril de 2016, 1898 del 5 de mayo de 2016 y 2250 del 27 de mayo de
2016. Precisó que este último acto no fue demandado por la Contraloría
de Bogotá en el medio de control de nulidad.
Aseguró que el 12 de mayo de 2016, Colpensiones certificó el estado de
la pensión de la actora como suspendido, por lo que la Contraloría de
Bogotá programó su posesión para el 16 de mayo del 2016.
Afirmó que asistió el día programado a la Contraloría de Bogotá, pero no
fue posible su posesión, toda vez que el abogado de la Oficina de Talento
Humano le manifestó que: “no podía posesionarme porque la vacante
estaba ocupada por el señor que ha venido desempeñando el cargo y se
encuentra incapacitado, por lo tanto, en esa circunstancia no se puede
posesionar, ni al señor declararlo insubsistente”3.
El día 17 de mayo de 2016 la actora asistió nuevamente a la Contraloría
de Bogotá con el fin de tomar posesión y la Directora Técnica de Talento
Humano le manifestó “que existía un concepto de la Función Pública del
año 2010, en que no era viable mi posesión por ser pensionada, pero que
iba a solicitar un concepto a la Función Pública y a la Comisión Nacional
del Servicio Civil con respecto a mi caso concreto, si me podían posesionar
o no, porque era pensionada. Concepto que envió a la oficina jurídica de
la entidad, para su concepto y que después me llamaba”4.
3
Ibídem.
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Ibídem.
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Accionante: Dalila Londoño Gómez
Adujo que la Contraloría de Bogotá instauró el medio de control de
nulidad, en el que demandó el acto administrativo a través del cual la
nombró en período de prueba, así como las resoluciones números 1832 y
1898 de 2016, mediante las cuales fue concedida una prórroga para
tomar posesión de un cargo.
A su turno, la señora Londoño Gómez promovió demanda bajo el medio
de control de nulidad y restablecimiento, pretendiendo la nulidad del acto
que no accedió a posesionarla.
Señaló que los precitados procesos fueron acumulados y que el Juzgado
48 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 19 de
junio de 2018, accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad
promovida por la Contraloría de Bogotá y negó las súplicas formuladas
por la accionante en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Inconforme con lo anterior, la accionante interpuso recurso de apelación
y la Subsección B, Sección Segunda, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia del 8 de abril de 2021, adicionó la
providencia de primera instancia en el sentido de declarar la nulidad de la
Resolución nro. 2250 del 27 de mayo de 2016, “por la cual se concede
una prórroga para tomar posesión en un empleo de carrera
administrativa”.
Esgrimió que no se tuvo en cuenta el concepto expedido el 3 de agosto
de 2016 por el Departamento Administrativo del Servicio Civil de Bogotá
que, a juicio de la accionante, había dado viabilidad a su posesión.
Arguyó que la Contraloría de Bogotá no solicitó la nulidad de la Resolución
nro. 2250 del 27 de mayo de 2016; sin embargo, el juez de segunda
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instancia adicionó la sentencia para declarar la nulidad del mencionado
acto, lo que estima vulnera el principio de congruencia.
Argumentó que las sentencias acusadas desconocen el inciso 2 del artículo
137 del CPACA, puesto que, ni la Contraloría de Bogotá, ni los jueces
ordinarios, identificaron cuál fue la causal de nulidad de los actos
demandados.
Aseveró que en las providencias censuradas no se tuvieron en cuenta los
argumentos expuestos en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y que, por el contrario, el análisis se fincó
en lo dicho por la Contraloría de Bogotá en la demanda de nulidad.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. Por auto del 24 de septiembre de 20215, la Sección Quinta del
Consejo de Estado admitió la tutela y dispuso notificar a los magistrados
que integran la Subsección B, Sección Segunda, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, y al Juez 48 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, así como vincular, en calidad de tercero con interés, a
la Contraloría de Bogotá6.
Por último, requirió a la Subsección B, Sección Segunda, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, y al Juzgado 48 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, para que allegaran copia física o digital del
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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 06291 00.
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Esta orden se cumplió el 27 de septiembre de 2021. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2021
06291 00.
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Accionante: Dalila Londoño Gómez
proceso acumulado con radicados números 11001 3342 048 2017 00086
00 y 11001 33 42 048 2017 00176 00, el cual fue remitido7.
3.2. El magistrado ponente de la decisión cuestionada rindió informe en
oportunidad vía correo electrónico8, en el que manifestó que en la
providencia proferida en segunda instancia “se decidió con motivación
suficiente las pretensiones de la demanda presentada, de acuerdo con lo
alegado y probado en sus fundamentos de hecho y de derecho, conforme
a las normas aplicables de la Constitución Política y de la Ley, y en ella se
encuentran consignados ampliamente los motivos que llevaron a la Sala
a adicionar la sentencia de primera instancia, que accedió a las
pretensiones de la demanda de simple nulidad y negó las pretensiones
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho”9.
3.3. El Juzgado 48 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la
Contraloría de Bogotá guardaron silencio.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
4.1. La Sección Quinta de esta Corporación, mediante sentencia del 27 de
octubre de 2021, dispuso lo siguiente10:
“[...] PRIMERO: NEGAR la acción de tutela promovida por la
señora Dalila Londoño Gómez, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia […]”.
Como cuestión previa sostuvo que, aunque la accionante no identificó los
defectos en los que se había incurrido en las sentencias atacadas, “la Sala
los ajustará para que puedan ser estudiados. //45. En ese orden de ideas,
7
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 06291 00.
8
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 06291 00.
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Ibídem.
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Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 06291 00.
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las premisas traídas se encuadrarán en los defectos fáctico, procedimental
absoluto, violación directa a la Constitución y desconocimiento del
precedente”11.
En cuanto a los requisitos generales, señaló que el asunto tiene relevancia
constitucional, toda vez que la accionante alega que las sentencias
atacadas vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, al trabajo, acceso a cargos públicos y mínimo vital; frente al
requisito de subsidiariedad, explicó que los motivos que sustentan la
solicitud de amparo no se enmarcan en las causales que hacen procedente
el recurso extraordinario de revisión, ni el de unificación de
jurisprudencia; expuso las siguientes razones12:
“[…] 65. En primer lugar, la accionante pone de presente que el
concepto solicitado por la Contraloría Distrital de Bogotá al
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital no fue
valorado por las autoridades judiciales accionadas, sin embargo, se
encuentra que esta prueba sí fue tenida en cuenta por el Juzgado 48
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda,
pero no por el tribunal. Es decir que el hecho de que el ad quem no
se haya vuelto a pronunciar sobre algo ya decidido no configura una
nulidad en la sentencia, sino que puede estudiarse como un defecto
fáctico frente al cual no es procedente el recurso extraordinario de
revisión.
66. En segundo lugar, la parte actora manifestó la existencia de una
vulneración al principio de congruencia por la declaración de nulidad
de un acto administrativo no solicitado por las partes, empero, ello
no significa que dicho argumento deba ser inmediatamente
estudiado mediante recurso extraordinario de revisión.
67. Es procedente primero determinar la razón de esa vulneración
en la acción de tutela. En el caso concreto, la declaración de nulidad
de la resolución restante tiene una lógica y esta es conservar la
unidad jurídica de los actos administrativos para dejar definida la
situación de la señora Londoño Gómez, en tanto los actos
administrativos pertenecientes a la (sic) ésta ya habían sido
declarados nulos, debido a la inviabilidad para ocupar el cargo en
cuestión, por no ajustarse a la normativa.
68. Finalmente, respecto a la presunta falta de motivación alegada
frente al fallo recurrido, se debe analizar primero si la premisa es
verdadera, para así poder determinar si ello configura una nulidad
11
Ibídem.
12
Ibídem.
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en la sentencia y es procedente el estudio en el recurso
extraordinario de revisión.
69. Para el caso en concreto se encuentra que no es razonada la
alegación, por cuanto en la providencia demandada se hizo
referencia a la normativa aplicable, a partir de lo cual concluyó que
el acto adicionado a la decisión de nulidad no se profirió con
infracción de las normas en que deberían fundarse, como se verá
más adelante en el estudio de fondo […]”.
Precisado lo anterior, descendió al estudio del defecto fáctico y explicó
que la accionante adujo que las autoridades judiciales enjuiciadas no
tuvieron en cuenta el concepto expedido por el Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital por medio del oficio de fecha de
3 de agosto de 2016, el cual había dado viabilidad a su posesión en el
cargo de profesional especializado, código 222, grado 05 de la Contraloría
de Bogotá.
Estimó que, en efecto, no hay evidencia en el fallo atacado que se haya
siquiera mencionado la prueba alegada. Resaltó que dicha prueba fue
incluida en la demanda y apelación del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho; sin embargo, “el hecho de que el ad quem
no hubiese valorado el concepto proferido por el Departamento
Administrativo del Servicio Civil del Distrito, no significa que lo hubiera
desconocido, en tanto por su carácter de no obligatorio, la Contraloría
Distrital de Bogotá no tenía la obligación de acogerlo y, por ende, no
modificaba la decisión dictada por el tribunal”13.
En lo atinente al defecto procedimental absoluto expuso14:
“[…] 89. La señora Londoño Gómez resaltó que la declaración de
nulidad de los actos administrativos demandados por la Contraloría
Distrital de Bogotá no fue adecuada, en tanto el ad quem no dio
aplicación a lo establecido en el inciso 2º del artículo 137 de la Ley
1437 de 2011, apartándose por completo del procedimiento
establecido legalmente para el trámite de un asunto específico. Lo
13
Ibídem.
14
Ibídem.
9
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anterior en virtud de que dicha decisión no estuvo motivada bajo los
requisitos consagrados en la norma.
90. Al verificar la motivación del fallo, se encuentra que en primer
lugar la autoridad enjuiciada realizó una compilación de la normativa
que reiteradamente ha prohibido el reintegro al servicio público de
quien ostenta la calidad de pensionado. Para ello, analizó las
siguientes normas:
(…)
92. Concluyendo así que como quiera que el empleo de profesional
especializado, código 222, grado 05 de la Contraloría Distrital de
Bogotá, no hacía parte de las excepciones enlistadas en el Decreto
1083 de 2015 ni correspondía a uno de elección popular, no procedía
su reintegro al sector público. Por lo tanto, se encontraba
desvirtuada la presunción de legalidad de los actos administrativos,
ergo, constituía una infracción de las normas en que deberían
fundarse.
93. Por lo anterior, la Sala considera que no se configuró un defecto
procedimental absoluto, en tanto el juez de la causa adoptó la
decisión de nulidad simple teniendo en cuenta el procedimiento
establecido para el proceso sometido a su conocimiento, según lo
consagrado en el inciso 2º del artículo 137 del CPACA, indicando que
no se ajustaba la situación a las normas en que debían fundarse
[…]”.
En lo relativo al defecto de violación directa de la Constitución sostuvo15:
“[…] 94. La accionante consideró que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “B” violó el principio
de congruencia al adicionar el fallo de primera instancia declarando
la nulidad de la resolución 2250 de 27 de mayo de 2016, sin que
hubiese sido solicitado por la Contraloría Distrital de Bogotá o
apelado.
(…)
96. En principio, no podría proferirse una sentencia en la que el juez
se pronuncie acerca de algo que no fue solicitado por las partes
(extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido (ultra petita).
Sin embargo, en el presente caso no es de esa manera, en tanto, la
resolución 2250 de 27 de mayo de 2016 hacía parte junto con las
resoluciones 1484, 1832 y 1898 de 2016 de una unidad jurídica
completa que ya había sido declarada nula.
97. Por lo tanto, lo accesorio debía seguir la suerte de lo principal,
es decir que la resolución en virtud de ser un acto que otorgaba una
15
Ibídem.
10
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prórroga debía declararse nulo al igual que las otras prórrogas que
ya habían sido estudiadas y nulitadas.
98. Además, la nulidad del nombramiento en período de prueba ya
había sido declarada, es decir que la restante no tenía ningún efecto
distinto que la actora pudiera alegar como válido con este y por el
contrario era la forma que tenía el juez para darle claridad al asunto
y anular definitivamente todos los actos que involucrasen la
situación de la señora Londoño Gómez […]”.
Por último, frente al desconocimiento del precedente consideró que16:
“[…] 99. La demandante citó una serie de providencias con las cuales
pretendía sustentar los argumentos esbozados a lo largo de todo el
escrito de tutela, sin embargo, no señaló la forma en que debieron
ser utilizadas por el tribunal o la manera en que podía cambiar la
decisión recurrida.
100. Además, es importante recordar que la mera citación o
transcripción de apartes de las providencias no es suficiente para
que sea procedente el estudio del cargo, esto porque el juez no
puede encontrar de manera suficiente y razonada los motivos por
los cuales considera la parte actora que la autoridad judicial
accionada ha desconocido un precedente que tenía la virtualidad de
cambiar la decisión en el caso en concreto. Lo anterior sucedió en el
amparo presentado por la señora Londoño Gómez en tanto solo
transcribió apartes de fallos sin referirse sobre estos.
101. En atención a lo anterior, esta Sección considera que la parte
actora no cumplió con la carga argumentativa frente al defecto
alegado, la cual es de vital importancia para que el juez
constitucional pueda intervenir en la protección de los derechos
fundamentales.
102. En consecuencia, al considerarse que no se cumplió con la
carga argumentativa necesaria para estudiar el defecto alegado,
este será negado […]”.
4.2. La apoderada de la Contraloría de Bogotá presentó vía correo
electrónico solicitud de “corrección o aclaración”17 de la precitada
sentencia, manifestando que en el fallo se afirmó que “los demás
vinculados pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio”, lo
16
Ibídem.
17
Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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cual no corresponde con la realidad procesal, puesto que la entidad rindió
el informe requerido mediante correo dirigido a la cuenta
cegral@notificacionesrj.gov.co y al daly26_9@hotmail.com. Solicitud que
fue reiterada por memorial enviado el 22 de noviembre de 202118.
4.3. Por auto del 25 de noviembre de 202119, la Sección Quinta de esta
Corporación resolvió “negar la solicitud de aclaración o adición”, por las
siguientes razones:
“[…] 20. En primer lugar se evidencia de la captura de pantalla
aportada de la notificación del auto admisorio de la presente tutela,
que al final del mensaje se suscribe algo muy importante:
“Las solicitudes y demás documentos que se remitan por
medios electrónicos deberán allegarse al buzón
judicial:secgeneral@consejodeestado.gov.co; dado que la
cuenta:cegral@notificacionesrj.gov.co, es de uso exclusivo
para el envío de notificaciones y/o comunicaciones, por tanto,
los correos enviados a esas bandejas no serán procesados y,
por ende, serán eliminados de los archivos temporales de los
servidores que se encuentran a cargo de la Oficina de
Informática del Consejo Superior de la Judicatura”.
21. Queda totalmente claro que no se deben enviar correos al buzón
web cegral@notificacionesrj.gov.co, en tanto no serán procesados y
por ende eliminados, es decir que el Consejo de Estado no los tendrá
como recibidos.
22. A pesar de la advertencia indicada desde la notificación del auto
admisorio de la tutela, la apoderada judicial de la Contraloría
Distrital de Bogotá hizo caso omiso a ello y envío la contestación de
la tutela al mismo buzón indicado como restringido, obteniendo
como resultado previsible el desconocimiento por parte de la
Secretaría General sobre el documento.
(…)
24. Por lo tanto, no era posible para esta Sala de Decisión incluir
dentro del acápite de intervenciones los argumentos expresados por
18
Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 06291 00.
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la Contraloría Distrital de Bogotá en la contestación de la acción
constitucional.
(…)
27. Así las cosas, se tiene que en la providencia recurrida no se
presentaron puntos oscuros que deban explicarse con el fin de que
el sentido de la decisión, expuesto en la parte resolutiva de la
providencia, no ofrezca duda alguna, ni es procedente hacer uso de
la figura de la adición en la medida que no se omitió resolver algún
punto de la Litis […]”.
5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora lo
impugnó con fundamento en lo siguiente20:
Insistió en que la sentencia del tribunal vulneró el principio de congruencia
porque confirmó lo resuelto en primera instancia y adicionó la nulidad de
la Resolución nro. 2250 del 27 de mayo de 2016, acto que no fue
demandado ni objeto de apelación por parte de la Contraloría de Bogotá.
Alegó que las sentencias atacadas incurrieron en “falsa motivación”
porque no desvirtuaron la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados por la Contraloría de Bogotá, “mediante el
requisito de procedibilidad dentro de las causales legal (sic) que se
encuentran taxativamente en el inciso 2 del artículo 137 de la Ley 1437
de 2011 que reza: “procede cuando ha sido expedido con infracción de
las normas en que debería fundarse, o sin competencia, o en forma
irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o
mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias
de quien los profirió”21.
20
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 06291 00.
21
Ibídem.
13
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Sostuvo que en las sentencias de primera y segunda instancia no se tuvo
en cuenta lo pretendido, las pruebas y los fundamentos jurídicos de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió, por lo
que constituyen decisiones arbitrarias y que vulneran el derecho
fundamental al debido proceso, y, por el contrario, solo fueron
considerados los argumentos expuestos por la Contraloría de Bogotá en
la demanda de nulidad.
Refirió en cuanto a los defectos de violación directa de la Constitución y
procedimental absoluto, que las sentencias enjuiciadas no tuvieron en
cuenta las causales de nulidad de los actos administrativos previstas en
el inciso 2 del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.
En lo atinente al desconocimiento del precedente citó la sentencia T – 309
de 2015 para explicar las generalidades de esta causal.
En relación con el defecto fáctico dijo que se aportó como prueba el
concepto del 3 de agosto de 2016 emitido por el Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital y que en la sentencia de primera
instancia, pese a que se transcribió su contenido, no se hizo un análisis
crítico; por el contrario, se sostuvo que no era vinculante y por ello no se
tenían en cuenta para decidir el asunto.
5.2. Por auto del 21 de enero de 2022 se concedió la impugnación22 y la
misma fue asignada por acta de reparto el 6 de febrero de 202223.
5.3. Mediante escrito enviado el 7 de febrero de 2022, la apoderada de la
Contraloría de Bogotá solicitó se confirme la decisión de primera instancia
22
Visto en el índice 32 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 06291 00.
23
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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por no estar configurados los defectos fáctico, violación directa de la
Constitución, procedimental absoluto y desconocimiento del precedente24.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199125, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201526, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202127, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201928 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente29:
24
Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 06291 01.
25
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
26
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
27
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
28
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
29
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con el nro. 11001 3342 048 2017 00086 00 y 11001 33 42 048 2017 00176 00. Visto
en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 11001 03 15 000 2021 06291 00.
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6.2.1. La apoderada de la Contraloría de Bogotá interpuso demanda de
nulidad pretendiendo lo siguiente:
“[…] 1.- Que se declare la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
1.1. Resolución nro. 1484 del 12 de abril de 2016 “Por la cual se
hace un nombramiento en período de prueba” a la señora Dalila
Londoño Gómez (…) en el cargo de profesional especializado código
222, grado 05 de la planta global de la Contraloría de Bogotá D.C.
1.2. Resolución nro. 1832 del 29 de abril de 2016 “Por la cual se
concede una prórroga para tomar posesión en un empleo de carrera
administrativa” a la señora Dalila Londoño Gómez (…), otorgándole
plazo hasta el 10 de mayo de 2016 para posesionarse en el empleo
de profesional especializado código 222, grado 05 de la planta global
de la Contraloría de Bogotá D.C.
1.3. Resolución nro. 1898 del 5 de mayo de 2016 “por la cual se
concede una prórroga para tomar posesión en un empleo de carrera
administrativa” a la señora Dalila Londoño Gómez (…) a través de la
cual se amplió la prórroga para posesionarse en el cargo de
profesional especializado código 222 grado 05 de la planta global de
la Contraloría de Bogotá D.C, hasta el 1 de junio de 2016.
2. Que se declare la nulidad parcial de la Resolución nro. 3194 del
28 de julio de 2016 “por la cual se hace una declaración y se ordena
iniciar una actuación administrativa en cumplimiento a la orden
impartida por el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito en Oralidad
de Bogotá dentro de la acción de tutela nro. 2016-00036”
únicamente en cuanto respecta a su artículo segundo, que a la letra
expresa:
“ARTÍCULO SEGUNDO. INICIAR la actuación administrativa
tendiente a obtener autorización previa, expresa y escrita de
la señora DALILA LONDOÑO GÓMEZ (…) para revocar la
Resolución nro. 1484 del 12 de abril de 2016 “por la cual se
hace un nombramiento en período de prueba” en caso
contrario, se procederá conforme lo previsto en el inciso
segundo del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, atendiendo,
en todo caso, a lo ordenado en el fallo de tutela proferido por
el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito en Oralidad de
Bogotá el 19 de julio de 2016”.
3. Que se declare la nulidad de la AUDIENCIA ESPECIAL DENTRO DE
ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA TENDIENTE A OBTENER
AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y ESCRITA PARA REVOCAR ACTO
ADMINISTRATIVO DE NOMBRAMIENTO EN PERÍODO DE PRUEBA
realizada el día 22 de agosto de 2016, en cumplimiento de la orden
impartida por el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito en Oralidad
de Bogotá, en sentencia de tutela calendada 19 de julio de 2016.
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4. Que se ordene la medida cautelar de suspensión provisional de
las actuaciones y actos administrativos aquí demandados, en razón
a su manifiesta infracción del artículo 2.2.11.1.11 del Decreto 1083
de 2015, en los términos y alcances que más adelante se establecen
[…]”.
[Mayúsculas en la demanda]
6.2.2. Por su parte, la señora Dalila Londoño Gómez, actuando por
conducto de apoderado, promovió demanda bajo el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Contraloría de
Bogotá, pretendiendo lo siguiente:
“[…] I. PRINCIPALES:
PRIMERA: Que es nula la Resolución nro. 2393 del 9 de junio de
2016, expedida por la Contraloría de Bogotá por medio de la cual se
revoca el nombramiento en período de prueba, a la señora DALILA
LONDOÑO GOMEZ.
SEGUNDO: Que es nulo el acto administrativo nro. 3194 del 28 de
Julo de 2016, expedida por la Contraloría de Bogotá, por el cual se
hace una declaración y se ordena iniciar una actuación
administrativa, encaminada a obtener el consentimiento expreso y
por escrito de la señora DALILA LONDOÑO GOMEZ, con el fin de
revocar su nombramiento en periodo de prueba hecho por la misma
entidad.
TERCERO: Que es nula el acta de AUDICENCIA ESPECIAL DENTRO
DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA TENDIENTE A OBTENER
AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y ESCRITA PARA REVOCAR EL
ACTO ADMINISTRATIVO NRO. 1484 DEL 12 DE ABRIL 2016 DE
NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA COMO PROFESIONAL
ESPECIAIZADA 222-05 EN LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE
BOGOTÁ, de la señora DAALILA LONDOÑO GOMEZ […]”.
[Mayúsculas y negrita en la demanda]
A título de restablecimiento del derecho solicitó que se le ordenara a la
Contraloría de Bogotá posesionar a la señora Londoño Gómez en el cargo
de profesional especializado, código 222, grado 05 y pagarle todos los
sueldos, prestaciones y seguridad social dejadas de cancelar desde el 17
de mayo de 2016, fecha en que debió ser posesionada, y hasta el
momento en que se concrete la posesión.
17
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6.2.3. Por auto del 8 de junio de 2017, el Juzgado 48 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá decretó la acumulación de los procesos
promovidos por la Contraloría de Bogotá y la señora Dalila Londoño
Gómez.
6.2.4. Surtido el trámite procesal correspondiente, el Juzgado 48
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en sentencia del 19 de junio
de 2018, dispuso:
“[…] PRIMERO. Negar las pretensiones de la demanda interpuesta
por la señora Londoño Gómez, (…) de conformidad con las razones
expuestas.
SEGUNDO: Se declara la nulidad de la Resolución 1484 de 12 de
abril de 2016 mediante la cual la Contraloría de Bogotá D.C. nombró
en periodo de prueba a la señora Dalila Londoño Gómez (…) en el
cargo de Profesional Especializado, código 222, grado 05 de la planta
global de la entidad, así como de las Resoluciones 1832 de 29 de
abril de 2016 y 1898 de 5 de mayo de 2016, mediante las cuales la
administración concedió una prórroga hasta el 10 de mayo de 2016,
a la señora Londoño Gómez, para tomar posesión en el empleo de
carrera administrativa para el que fue nombrada, y, amplió el plazo
concedido hasta el 1 de junio de la misma anualidad,
respectivamente, conforme a la consideraciones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia […]”.
6.2.5. En contra de la precitada decisión, la señora Dalila Londoño Gómez
interpuso recurso de apelación y la Subsección B, Sección Segunda, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en providencia del 8 de abril
de 2021, la adicionó en el numeral segundo, en el sentido de declarar la
nulidad de la Resolución nro. 2250 del 27 de mayo de 2016, “por la cual
se concede una prórroga para tomar posesión en un empleo de carrera
administrativa”.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, la Sección Quinta de esta Corporación, en la
sentencia motivo de impugnación, negó la solicitud de amparo y, aunque
la accionante no invocó ningún defecto, los encuadró y estudió en: -) el
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fáctico, para considerar que no se estructuraba porque el concepto
invocado por la actora no era vinculante; -) procedimental absoluto, y
analizó que los jueces ordinarios adoptaron una decisión de nulidad de
conformidad con el inciso 2 del artículo 137 del CPACA “indicando que no
se ajustaba la situación a las normas en que debían fundarse”30; -)
violación directa de la Constitución, y bajo el mismo examinó el principio
de congruencia para considerar que no se había vulnerado, puesto que la
Resolución 2250 de 2016 conformaba, junto con los actos 1484, 1832 y
1898 de 2016, una unidad jurídica que fue declarada nula en primera
instancia; por lo tanto, lo accesorio debía seguir la suerte de lo principal,
“es decir que la resolución en virtud de ser un acto que otorgaba una
prórroga debía declararse nulo al igual que las otras prórrogas que ya
habían sido estudiadas y nulitadas”31; y, por último, dijo que tampoco
estaba configurado el desconocimiento del precedente, en tanto que la
accionante no cumplió con la carga argumentativa que sustentara dicha
causal.
En la impugnación del fallo la accionante insiste en los argumentos
relativos a la vulneración del principio de congruencia y en que se omitió
valorar el concepto del 3 de agosto de 2016; en relación con los defectos
procedimental absoluto y de violación directa de la Constitución adujo que
las sentencias enjuiciadas no desvirtuaron la presunción de legalidad de
los actos administrativos, de conformidad con lo previsto en el inciso 2
del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.
En punto a resolver las inconformidades del extremo recurrente, la Sala
analizará cada uno de los mencionados reproches.
6.3.1. En cuanto a la vulneración del principio de congruencia
30
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 06291 00.
31
Ibídem.
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La accionante estima que las sentencias atacadas transgredieron este
principio, porque el tribunal adicionó a la sentencia de primera instancia
la nulidad de la Resolución nro. 2250 del 27 de mayo de 2016, acto que
no fue demandado por la Contraloría de Bogotá ni objeto de apelación por
dicha entidad.
Frente a este aspecto, la Sección Quinta estimó que no era procedente el
recurso extraordinario de revisión porque, en primer lugar, se debía
determinar “la razón de esa vulneración en la acción de tutela”, e indicó
que “la declaración de nulidad de la resolución restante tiene una lógica y
esta es conservar la unidad jurídica de los actos administrativos para dejar
definida la situación de la señora Londoño Gómez, en tanto los actos
administrativos pertenecientes a la (sic) ésta ya habían sido declarados
nulos, debido a la inviabilidad para ocupar el cargo en cuestión, por no
ajustarse a la normativa”32.
Luego de superar el requisito de subsidiariedad, examinó este reproche
bajo la causal de violación directa de la Constitución, para concluir que no
se había transgredido el principio de congruencia, toda vez que, por
tratarse de una resolución que otorgaba una prórroga, debía declararse
nula al igual que las otras prórrogas que ya habían sido anuladas.
En relación con este punto, la Sala estima que el llamado a determinar si,
en este caso, se vulneró o no el principio de congruencia, es el juez del
recurso extraordinario de revisión, dado que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha señalado de manera reiterada que la acción de tutela
no busca suplantar los medios ordinarios de defensa judicial; interpretar
lo contrario, podría vaciar las competencias de las autoridades judiciales,
concentrar en la jurisdicción constitucional las competencias de las
decisiones inherentes a ellas y generar un desborde institucional33.
32
Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 06291 00.
33
Corte Constitucional. Sentencia T – 053 del 13 de febrero de 2020. M.P.: Antonio José
Lizarazo Ocampo.
20
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Debido a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha establecido que
el requisito general de subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen
a la improcedencia de la acción de tutela contra providencia judicial34: (i)
cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se hayan
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii)
si se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear
los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.
Al efecto, se tiene que esta Corporación ha puntualizado que la causal de
revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, esto es, la
nulidad originada en la sentencia, “[s]e puede configurar cuando el fallo
objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la
externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara
violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la
providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas
propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para
abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar […]”35. Al
respecto, se precisó lo siguiente:
“[…] Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de
revisión contra los fallos dictados por esta jurisdicción en
segunda instancia o única, si se alega el desconocimiento del
principio de la congruencia, que en últimas implica una actuación sin
competencia.
(…)
En términos generales, la congruencia se entiende como el deber legal
que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no
incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita (…).
Además, la congruencia también se puede calificar según las relaciones
que se produzcan entre la sentencia, entendida como un todo, y lo pedido
y planteado por las partes.
34
Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván
Palacio Palacio.
35
Sala Especial de Decisión 22, sentencia de 2 de febrero de 2016, proferida en el
expediente con radicado núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV), C.P. Alberto
Yepes Barreiro.
21
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En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia.
Se puede identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el
artículo 170 del C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales
el fallo debe estar en armonía con lo pedido y alegado tanto por
la parte demandante como por la parte demandada. Y, en el
segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que es la
coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo
argüido en la parte motiva de la providencia.
Las dos formas de congruencia han sido abordadas por la jurisprudencia
de esta Corporación en los siguientes términos:
“Se reitera que el principio de congruencia de la sentencia, exige de una
parte, que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de
la misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que la
decisión que ella contenga, sea concordante con lo pedido por las partes
tanto en la demanda, como en el escrito de oposición, denominada
congruencia externa, es decir, se tome la decisión conforme se ha
marcado la controversia en el proceso.
(…)
La violación de dicho principio traería como consecuencia,
igualmente la violación al debido proceso, en la medida en que
nuestro ordenamiento positivo consagra etapas procesales exclusivas a
que las partes manifiesten y contradigan argumentos en defensa de sus
derechos, siempre bajo el marco de litis que se ha planteado desde la
demanda (…).
Pues bien, estas reflexiones, con apoyo en jurisprudencia del Consejo de
Estado y en la doctrina de la Corte Constitucional, ratifican la tesis según
la cual la congruencia de los fallos es un elemento de validez de
los mismos, cuya inobservancia configura la causal de revisión de
nulidad originada en la sentencia, artículo 250, numeral 5 del
CPACA […]”. [Destacado por la Sala]
En suma, bajo los anteriores criterios jurisprudenciales, esta Corporación
ha señalado que la nulidad originada en la sentencia se configura cuando:
“i) se dicta sentencia, pese a que previamente se produjo la terminación
del proceso, o se revive un proceso legalmente concluido;
ii) se dicta sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido;
iii) la sentencia se emite sin la mayoría necesaria o con la firma de más
o menos jueces de los requeridos legalmente;
iv) se pretermite una instancia, y ello se configura en tres escenarios: a.
cuando se emite sentencia sin motivación; b. cuando se viola el principio
22
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de la non reformatio in pejus; y c. cuando se profiere sentencia
condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso;
v) en la sentencia se deciden aspectos que no debía resolver el juez, por
carecer de jurisdicción o competencia;
vi) se profiere una sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso;
vii) en la sentencia se incurre en violación del derecho constitucional del
debido proceso; y
viii) la sentencia está afectada por falta de congruencia interna o
externa”36.
[Destacado por la Sala].
De contera, como en este caso, la accionante alega que la sentencia
controvertida transgredió el principio de congruencia, tiene a su alcance
el recurso extraordinario de revisión, sin que tampoco haya invocado ni
acreditado la ocurrencia de un perjuicio irremediable, que haga
procedente la acción de tutela, por lo que en este punto será modificada
la decisión de primera instancia.
6.3.2. En lo atinente al defecto fáctico
La Sección Quinta de esta Corporación explicó en el fallo recurrido que
este defecto no estaba configurado debido a que, si bien el ad quem no
valoró el concepto emitido el 3 de agosto de 2016 por el Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital, ello “no significa que lo hubiera
desconocido, en tanto por su carácter de no obligatorio, la Contraloría
Distrital de Bogotá no tenía la obligación de acogerlo y, por ende, no
modificaba la decisión dictada por el tribunal”37.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 19 de marzo de 2020, radicación número 11001-03-25-000-
2013-00034-00 (0089-13), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicación: 11001 03 15 000 2021 06291 01
Accionante: Dalila Londoño Gómez
La accionante en el escrito de impugnación insiste en que el referido
concepto no fue valorado y que, en la sentencia de primera instancia
proferida el 19 de junio de 2018, pese a que se transcribió su contenido,
no se hizo un análisis crítico de la prueba.
Al respecto, la Sala observa que, en la sentencia proferida el 19 de junio
de 2018 por el Juzgado 48 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
cuya decisión fue confirmada por la Subsección B, Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se dijo lo siguiente38:
“[…] Finalmente, respecto de los conceptos alegados por la parte
actora, el Despacho destaca que no son vinculantes y, por tanto, no
se acogen para decidir el asunto […]”.
En consecuencia, la Sala considera que el defecto fáctico no se configuró,
puesto que el juez de primera instancia explicó que los conceptos
alegados por la ahora accionante no eran vinculantes y por ello no serían
acogidos para decidir el asunto.
6.3.3. En lo relativo al defecto procedimental absoluto
El defecto procedimental absoluto ocurre cuando el juez se aparta por
completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un
asunto específico, ya sea porque i) se ciñe a un trámite completamente
ajeno al pertinente, u ii) omite etapas sustanciales del procedimiento
establecido39.
La accionante alega que las sentencias atacadas no desvirtuaron la
presunción de legalidad de los actos administrativos demandados por la
38
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con el nro. 11001 3342 048 2017 00086 00 y 11001 33 42 048 2017 00176 00. Visto
en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 11001 03 15 000 2021 06291 00.
39
Corte Constitucional. Sentencia T – 367 del 4 de septiembre de 2018. M.P.:
Cristina Pardo Schlesinger.
24
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Contraloría de Bogotá en el medio de control de nulidad, pues para ello
debía atenderse lo previsto en el inciso 2 del artículo 137 de la Ley 1437
de 2011.
Con el fin de establecer si se incurrió en el aludido defecto, la Sala estima
necesario examinar las consideraciones expuestas en la sentencia
proferida el 8 de abril de 2021 por la Subsección B, Sección Segunda, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Al respecto allí se señaló40:
“[…] 2.2. PROBLEMA JURÍDICO
El problema jurídico por resolver se contrae a establecer, si teniendo
en cuenta la calidad de pensionada de la señora Dalila Londoño
Gómez, y el primer lugar ocupado por ella en la lista de elegibles
para proveer el empleo de carrera administrativa denominado
profesional especializado, código 222, grado 05 de la planta global
de la Contraloría de Bogotá, era procedente realizar su
nombramiento en período de prueba en dicha entidad.
(…)
2.4. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con la normativa citada en precedencia, es claro, que un
servidor público, luego de haber sido pensionado, es factible que vuelva
a ser nombrado para servir a la administración, si se cumplen dos
condiciones, a saber 41:
a) Que no haya llegado a la edad de 65 años; y
b) Que el cargo para el cual es nombrado corresponda a uno de los
siguientes:
• Director General de Unidad Administrativa Especial con o sin
personería jurídica.
• Subdirector de Departamento Administrativo.
• Secretario de Despacho código 020, de las Gobernaciones y Alcaldías.
40
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con el nro. 11001 3342 048 2017 00086 00 y 11001 33 42 048 2017 00176 00. Visto
en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 11001 03 15 000 2021 06291 00.
41
Ver Decreto 1083 de 2015, vigente para la época de los hechos.
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Accionante: Dalila Londoño Gómez
• Subdirector o Subgerente de establecimiento público.
• Presidente, Gerente o Subgerente de Empresa Oficial de Servicios
Públicos del orden nacional o territorial.
En el sub lite, la señora DALILA LONDOÑO GÓMEZ, para la época de
expedición del acto administrativo de nombramiento en período de
prueba, tenía un poco más de 59 años de edad y ostentaba la calidad de
pensionada desde el mes de febrero de 2015, habiendo prestado con
anterioridad sus servicios en el sector público (17 años), es decir, que la
primera exigencia para su reintegro, se encontraba satisfecha.
Ahora bien, como quiera que el empleo de PROFESIONAL
ESPECIALIZADO, CÓDIGO 222, GRADO 05, de la planta global de la
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, para la provisión del cual hizo parte en el
proceso de selección, la señora DALILA LONDOÑO GÓMEZ, conformando
en primer lugar la lista de elegibles, y por lo mismo, fue nombrada en
periodo de prueba, no hace parte de las excepciones enlistadas en el
Decreto 1083 de 2015 ni corresponde a uno de elección popular, para
que proceda su reintegro al sector público; se encuentra desvirtuada la
presunción de legalidad de las resoluciones 1484 de 12 de abril de 2016
«Por la cual se hace un nombramiento en periodo de prueba», 1832 de
29 de abril de 2016 «Por la cual se concede una prórroga para tomar
posesión en un empleo de carrera administrativa», 1898 de 05 de mayo
de 2016 «Por la cual se concede una prórroga para tomar posesión en un
empleo de carrera administrativa» y, 2250 de 27 de mayo de 2016 «Por
la cual se concede una prórroga para tomar posesión en un empleo de
carrera administrativa», actos administrativos proferidos por la
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ.
Así, no podía la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ reincorporar al servicio
público a una persona pensionada en un cargo que no se encuentra
enlistado dentro de las excepciones previstas en el Decreto 1083 de
2015, por cuanto la regla general es que «[el jubilado no puede
reintegrarse al servicio oficial, a menos que sea para ocupar los empleos
que de manera específica determina el legislador o que corresponda a
uno de elección popular», circunstancia, que en el caso que ocupa la
atención de la Sala, no se cumplió.
En este orden de ideas, esta Corporación considera, que se encuentran
configuradas las causales de ilegalidad expresadas respecto de los actos
administrativos en cita, debiendo declararse su nulidad, como de manera
acertada lo señaló el a quo […]”.
[Destacado por la Sala]
En la demanda de nulidad que promovió la apoderada de la Contraloría
de Bogotá se indicó que “la interposición del presente medio de control
tiene como fundamento lo dispuesto en el artículo 137 del Código de
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Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según
el cual toda persona puede solicitar la declaratoria de nulidad de aquellos
actos administrativos expedidos con infracción de las normas en que
debían fundarse, que en este evento además, no persigue el
restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor de la
Contraloría de Bogotá D.C., sino que se instaura en procura de evitar que
los efectos nocivos de los actos acusados no afecten el orden público y
social”42, y anotó que los actos acusados eran contrarios a las siguientes
disposiciones: el artículo 2.2.11.1.11 del Decreto 1083 de 2015; el
artículo 29 del Decreto Ley 2400 de 1968; el artículo 1 del Decreto 2040
de 2002; el artículo 1 del Decreto 4229 de 2004; el Decreto 863 de 2008;
el artículo 1 del Decreto 583 de 1995 y el artículo 19 de la Ley 4 de 1992.
Bajo dicho contexto, la Sala concluye que no se configuró el mencionado
defecto, toda vez que en la sentencia atacada se indicó que los actos
administrativos eran nulos por infringir las normas en que deberían
fundarse, por cuanto la accionante fue nombrada en período de prueba
en un cargo que no se encuentra enlistado dentro de las excepciones
previstas en el Decreto 1083 de 2015.
Por último, en lo atinente al defecto por desconocimiento del precedente,
aunque la parte actora lo impugnó, no cumplió con la carga
argumentativa de señalar cuáles eran las sentencias que consideraba
eran aplicables al caso y que los jueces ordinarios desatendieron, razón
por la que en este aspecto será confirmada la decisión de primera
instancia.
Conforme con lo expuesto, la Sala modificará el fallo proferido el 27 de
octubre de 2021 por la Sección Quinta de esta Corporación que negó la
petición de amparo, para en su lugar declararla improcedente frente al
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con el nro. 11001 3342 048 2017 00086 00 y 11001 33 42 048 2017 00176 00. Visto
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argumento de la vulneración del principio de congruencia, y confirmará
en todo lo demás.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: MOFIFICAR el fallo proferido el 27 de octubre de 2021 por
la Sección Quinta del Consejo de Estado que negó la petición de amparo,
y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela
en relación con el argumento del principio de congruencia, según lo
explicado en precedencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo proferido el 27 de
octubre de 2021 por la Sección Quinta de esta Corporación.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la
Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del
término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
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Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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