Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06297-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06297-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-06297-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
1 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., primero (1) de abril de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-06297-01
Demandante: Rigoberto Jiménez Mass
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - La parte demandante pretende reabrir el debate
jurídico por no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el apoderado judicial del
señor Rigoberto Jiménez Mass en contra de la sentencia proferida el 14 de octubre
de 2021, por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió:
<< PRIMERO: NEGAR el amparo interpuesto por el señor Rigoberto Jiménez Mass,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del
Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.>> (negrilla
propia del texto)
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 16 de septiembre de 2021, el señor Rigoberto Jiménez Mass, a través de
apoderado judicial, interpuso demanda de tutela contra la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, con el fin de que se proteja su derecho
fundamental a la igualdad, así como los principios de seguridad jurídica, confianza
legítima y buena fe, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada, al
proferir la sentencia de 8 de julio de 20211, mediante la cual revocó el fallo de 23 de
1
Decisión que fue notificada el 6 de septiembre de 2021.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06297-01
Demandante: Rigoberto Jiménez Mass
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
agosto de 2018, dictado por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo
de Córdoba, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2, que
promovió contra la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante
Colpensiones).
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a las siguientes:
<< 1) AMPARAR los derechos fundamentales a la IGUALDAD, SEGURIDAD
JURÍDICA, CONFIANZA LEGÍTIMA y BUENA FE de RIGOBERTO JIMÉNEZ MASS.
2) Para hacer efectivo el amparo de los derechos fundamentales mencionados,
DEJAR SIN EFECTOS la sentencia dictada el 08 de julio de 2021 por la SUBSENCIÓN
B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO –
ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO, y en su lugar, ORDENARLE a esta
Corporación accionada que, emita una nueva sentencia aplicando la jurisprudencia
creada por la SU del 04 de agosto de 2010.>>3 (negrilla propia del texto)
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene que:
3.1.- El señor Rigoberto Jiménez Mass nació el 9 de febrero de 1955 y laboró en la
Rama Judicial, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1982 y el 10 de
enero de 2012.
3.2.- En virtud de lo anterior, el extinto Instituto de Seguros Sociales (hoy
Colpensiones), mediante Resolución 22128 de 29 de junio de 2011, reconoció y
ordenó el pago de la pensión de jubilación a favor del accionante, en atención a lo
dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 19934.
3.3.- Posteriormente, el 29 de mayo de 2015, el actor solicitó ante Colpensiones el
reajuste de su pensión de jubilación, solicitud que fue negada por medio de la
Resolución GNR 18309 de 21 de enero de 2016 y, posteriormente confirmada, a
través de las resoluciones GNR 86545 de 22 de marzo posterior y VPB 21602 del 13
de mayo siguiente.
3.4.- Inconforme con lo anterior, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el accionante instauró demanda contenciosa
administrativa en contra de Colpensiones, con el fin de que se declarara la nulidad
de los referidos actos administrativos y, en consecuencia, se reliquidara la pensión
2
Identificado con el número de radicado 23001-23-33-000-2017-00060-02.
3
Expediente digital, Folio 20 del escrito de demanda.
4
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.”
2
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06297-01
Demandante: Rigoberto Jiménez Mass
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
de jubilación, teniendo en cuenta en el Ingreso Base de Liquidación (IBL), la
asignación mensual más elevada percibida durante el último año de servicios.
3.5.- Dicho asunto le correspondió, en primera instancia, a la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, corporación que, mediante
sentencia proferida el 23 de agosto de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, considerando que la mesada pensional debió ser liquidada teniendo
en cuenta el 75% de la asignación mensual más elevada devengada durante el
último año laborado, de conformidad con lo establecido en los Decretos 546 de 1971 5
y 717 de 19786.
3.6.- La anterior decisión fue revocada por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, a través de fallo emitido el 8 de julio de 2021, por estimar
que, de conformidad con la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020 7,
proferida por esta Corporación, el ingreso base de liquidación de la pensión de
jubilación de quienes prestaron sus servicios a la Rama Judicial por 10 años o más
y son beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 (como es el caso del demandante), corresponde al indicado en dicha
normatividad, “sin que sea dable acudir para esos efectos, en el caso de los
mencionados servidores, al período de liquidación establecido en el artículo 6 del
Decreto 546 de 1971 o a los factores señalados en el 12 del Decreto 717 de 1978”.
4.- Como fundamento de las pretensiones, la parte actora aduce que la autoridad
judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, así como los
principios de seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe, toda vez que, a su
juicio, incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
al aplicar indebidamente la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020,
mediante la cual se cambió la jurisprudencia sentada sobre el Ingreso Base de
Liquidación para los trabajadores de la Rama Judicial, beneficiarios del régimen de
transición previsto en la Ley 100 de 1993.
4.1.- Refiere que la decisión cuestionada afectó su expectativa legítima de obtener
la reliquidación de su pensión de jubilación, la cual había adquirido, en virtud de lo
dispuesto en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 8, dictada por el
Consejo de Estado, criterio que fue acogido posteriormente por esta Corporación, en
diversos pronunciamientos judiciales.
5
“Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados
de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares.”
6
“Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de cargos para los funcionarios
y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, se fija la escala de remuneración
correspondiente a dichos cargos, y se dictan otras disposiciones.”
7
Expediente número 15001-23-33-000-2016-00630-01.
8
Expediente número 25000-23-25-000-2006-07509-01.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06297-01
Demandante: Rigoberto Jiménez Mass
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
4.2.- Aseveró que la autoridad judicial cuestionada no tuvo en cuenta que la demanda
fue radicada antes del cambio jurisprudencial, así como el trámite de primera
instancia también se adelantó antes del mismo, además, señaló que Colpensiones,
en el escrito de apelación, no advirtió la variación de la regla jurisprudencial ni solicitó
su aplicación.
4.3.- En ese sentido, aseveró que si bien existe un deber de aplicar el precedente
judicial de forma inmediata y retrospectiva, lo cierto es que existen unos criterios que
deben seguir los falladores al decidir un asunto que se encuentra en trámite cuando
existe una variación de jurisprudencia relacionada sobre la materia, con el fin de no
afectar el principio de seguridad jurídica.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
5.- Mediante auto del 22 de septiembre de 2021, la Sección Primera del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la autoridad judicial demandada
y, en calidad de terceros con interés, al Tribunal Administrativo de Córdoba y a
Colpensiones.
5.1.- Igualmente, allí se requirió a la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado para que allegara, en calidad de préstamo, el expediente
identificado con el número de radicado 23001-23-33-000-2017-00060-02.
(i) Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B9
6.- La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado manifestó que se
acoge a las razones que le sirvieron de fundamento para proferir la providencia
objeto de reproche constitucional.
(ii) Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones10
7.- Colpensiones solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, por no
encontrarse acreditado el requisito de inmediatez, toda vez que la demanda de tutela
no se presentó en un término razonable; además, señaló que la parte acudió al juez
constitucional en busca de una tercera instancia, al pretender reabrir un debate
jurídico que ya fue resuelto por el juez natural de la causa, decisión que reviste el
carácter de cosa juzgada.
7.1.- A su vez, afirmó que la providencia enjuiciada se encuentra ajustada al
ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia, por lo que no se probó vulneración alguna
9
Intervención contenida en 1 folios.
10
Intervención contenida en 9 folios.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06297-01
Demandante: Rigoberto Jiménez Mass
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
del derecho fundamental alegado, ni la ocurrencia de un perjuicio irremediable que
amerite la intervención del juez de tutela.
(iii) Tribunal Administrativo de Córdoba
8.- Pese a haber sido notificado en debida forma, el Tribunal Administrativo de
Córdoba guardó silencio.
C. Sentencia de primera instancia
9.- Mediante sentencia del 14 de octubre de 2021, la Sección Primera del Consejo
de Estado negó la solicitud de amparo, al considerar que la autoridad judicial
demandada no incurrió en el defecto endilgado, comoquiera que la providencia
cuestionada se ajusta al criterio determinado por esta Corporación, en el fallo de
unificación del 11 de junio de 2020, razón por la cual no existió una indebida
aplicación de las reglas y subreglas jurisprudenciales establecidas en dicha decisión,
la cual, afirmó, es aplicable al caso objeto de estudio por sus efectos retrospectivos
y por su carácter vinculante y de precedente obligatorio, aplicable a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial.
D. La impugnación11
10.- En desacuerdo con lo anterior, el accionante interpuso impugnación; para el
efecto, reiteró los argumentos expuestos en el libelo introductorio y, además,
manifestó que el juez constitucional de primera instancia “nunca analizó por qué al
actor no se le vulneró su derecho fundamental a la igualdad, solo se dedicó a
recopilar y plasmar argumentos jurídicos de orden legal y jurisprudencial que luego
respaldaran su conclusión de que las decisiones de unificación son obligatorias para
todos los Jueces, lo cual es apenas una obviedad, y por ello, el centro de la discusión
que se planteó con la acción de tutela no fue ese, sino si al actor se le cercenó su
garantía de ser tratado como igual ante la Ley”.
II.- C O N S I D E R A C I O N E S
E. Competencia
11.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto-Ley 2591 de 199112.
11
El expediente ingresó al despacho para conocer de la impugnación el 2 de marzo de 2022.
12
“por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06297-01
Demandante: Rigoberto Jiménez Mass
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
12.- En ese orden, esta Sala determinará si se confirma, modifica o revoca el fallo
impugnado, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado que negó la
solicitud de amparo.
13.- Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el contenido del fallo
de 8 de julio de 2021, proferido por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo
de Estado, no encuentra esta Sala que dicha autoridad judicial haya quebrantado el
derecho fundamental invocado por la parte accionante.
14. Sobre el reproche expuesto por el accionante en su escrito de impugnación de
que el mencionado cambio jurisprudencial vulneró su derecho a la igualdad, la Sala
advierte que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, los órganos de cierre,
“ante ciertas circunstancias específicas y bajo una estricta exigencia argumentativa,
es posible que modifiquen las reglas fijadas en los precedentes jurisprudenciales”13;
carga argumentativa que, además, permite afianzar los principios de igualdad,
buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima, dado que impiden que el
precedente judicial se convierta en una materia discrecional.
14.1.- Ahora bien, el carácter vinculante del precedente judicial a la luz de los
referidos principios, no implica “una inmutabilidad del derecho aplicable a partir de la
interpretación fijada por la jurisprudencia. Ello equivaldría a reconocerle al Derecho
una característica petrificante que le resulta ajena en cuanto a ciencia social” 14. Por
el contrario, lo que se pretende a través de la aplicación judicial de la ley, es que el
ordenamiento jurídico pueda atender los diferentes cambios normativos y sociales.
14.2.- De manera que existe la posibilidad de que los órganos de cierre cambien el
precedente jurisprudencial exponiendo con suficiencia las razones que justifican su
decisión, la cual reviste carácter vinculante, por lo que su aplicación es general e
inmediata, como una garantía del principio a la igualdad.
14.3.- No obstante, tal aplicación general e inmediata, no puede desconocer la
igualdad en su dimensión material, por lo que el fallador judicial, al momento de
aplicar el cambio del precedente, debe estudiar las circunstancias particulares de
cada caso, con el fin de no afectar los derechos fundamentales de los sujetos
procesales, pues es posible que su actuación hubiese estado determinada por la
jurisprudencia vigente para ese entonces15.
15. En ese contexto, se advierte que la Sección Segunda de esta Corporación, en
uso de la referida facultad y luego de realizar el correspondiente análisis
13
Corte Constitucional, Sentencia SU 406 de 2016. M.P. Luís Guillermo Guerrero Pérez.
14
Ibídem.
15
Ibídem.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06297-01
Demandante: Rigoberto Jiménez Mass
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
hermenéutico, profirió la sentencia de unificación de 11 de junio de 2020, expediente
15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017). Así mismo, dispuso que dicha
providencia tendría efectos retrospectivos, por cuanto “garantizan la seguridad
jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por
ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la
inaplicación de esta sentencia”.
16.- En efecto, a partir de un análisis normativo y jurisprudencial sobre: i) el régimen
de seguridad social, su dimensión como derecho y como servicio público obligatorio,
su regulación en la Ley 100 de 1993 y en normas posteriores; ii) la pensión de vejez
como componente del régimen de seguridad social integral y como derecho
fundamental, los requisitos para acceder a la misma; iii) las características del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, el régimen pensional de los servidores
de la Rama Judicial y del Ministerio Público, el tratamiento jurisprudencial que se le
ha dado a dicho régimen por parte de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
y, iv) el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación de los servidores de
la Rama Judicial y del Ministerio Público; la Sección Segunda de esta Corporación
concluyó que:
16.1.- El propósito del legislador al crear el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es evitar la aplicación ultractiva de las reglas del
ingreso base de liquidación de los regímenes pensionales vigentes antes de la
normatividad en mención.
16.2.- En ese orden de ideas, la jurisprudencia predominante tanto de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado, “propende por la armonía que debe
existir entre el sistema integral de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993,
en cuyo artículo 36 estableció el régimen de transición general, y las dimensiones
en las cuales la seguridad social en sí misma se manifiesta, que son las de servicio
público obligatorio, sujeto a los principios de eficiencia, universalidad solidaridad y
sostenibilidad fiscal, y de derecho público con carácter constitucional, general,
exigible e irrenunciable”16.
16.3.- Lo anterior, con el fin de que todas las generaciones puedan ver cubiertas las
contingencias que atraviesan en la etapa de la vejez, como producto de la
correspondencia que debe existir entre lo que el pensionado recibe por concepto de
mesada pensional y lo que efectivamente cotizó en su vida laboral activa, a la luz
del principio a la igualdad.
16.4.- En razón a lo expuesto anteriormente, la Sección Segunda de esta
Corporación cambió las reglas y subreglas jurisprudenciales relacionadas con el
ingreso base de liquidación de los servidores de la Rama Judicial, beneficiarios del
16
Consejo de Estado, Sentencia de unificación de 11 de junio de 2020.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06297-01
Demandante: Rigoberto Jiménez Mass
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 y dispuso que el mismo
corresponde a lo establecido en los artículos 21 y 36 de dicha normatividad, según
el caso.
17.- Particularmente, dada su naturaleza, las sentencias de unificación
jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado tienen fuerza vinculante al ser
dictadas por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo y órgano de cierre
del mismo17.
18.- De modo que, el precedente judicial sentado por los órganos de cierre
jurisdiccional, por regla general, es de obligatorio cumplimiento para las autoridades
judiciales en aras de proteger los derechos a la seguridad jurídica y la igualdad, por
lo que, la corporación accionada debía aplicar el criterio jurisprudencial que se
encontraba vigente al momento de decidir el asunto, esto es, la sentencia de
unificación del 11 de junio de 2020, tal como lo hizo en la providencia objeto de
reproche constitucional, sin que ello implique la vulneración al derecho a la igualdad
de la parte actora.
18.1.- Lo anterior, comoquiera que el simple hecho de que el demandante promueva
una demanda en vigencia de un precedente judicial y, que éste cambie durante el
trámite del proceso, no implica, por sí mismo, transgresión alguna al derecho a la
igualdad, pues se deben acreditar circunstancias estrictamente particulares que
ameriten no aplicar el nuevo precedente; situación que no se evidencia en el caso
objeto de estudio.
19.- Incluso, es preciso destacar que la Sección Segunda de esta Corporación, por
regla general, ha dado aplicación al precedente judicial en forma retrospectiva,
respecto de los asuntos similares que se encuentren en trámite, como garantía del
principio de seguridad jurídica y el derecho a la igualdad.
20.- Cabe resaltar que el nuevo criterio jurisprudencial sentado por esta Corporación
y que fue objeto de aplicación en la providencia enjuiciada, no fue un cambio
intempestivo ni arbitrario, pues fue debidamente sustentado, tras el análisis
hermenéutico correspondiente, decisión a la que se le otorgó efectos retrospectivos,
con el fin de garantizar el principio de seguridad jurídica y dar prevalencia al derecho
fundamental de la seguridad social.
21.- Así las cosas, esta Sala considera que la decisión sometida a examen no
comporta una actuación arbitraria o abusiva y, por el contrario, encuentra que la
misma estuvo fundada en la sana crítica, con una carga argumentativa válida y
razonable, propia de la autonomía del operador judicial frente a la apreciación de las
pruebas de manera conjunta, la normatividad y la jurisprudencia aplicables al caso,
17
Corte Constitucional, sentencia C-588 de 2012. MP. Mauricio González Cuervo.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06297-01
Demandante: Rigoberto Jiménez Mass
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
sin que pueda decirse que la decisión vulnera derechos fundamentales de la parte
actora.
22.- Cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no ha considerado factible la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando éstas se
fundamentan en un determinado criterio jurídico, en una razonable interpretación de
las normas que son aplicables a la causa y en una valoración adecuada de las
pruebas allegadas, ya que de no ser ello así, habría una intromisión arbitraria del
juez de tutela que menoscabaría de manera grave los principios constitucionales de
autonomía e independencia judicial, y en éstos al del juez natural, los cuales, en
forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley -sustancial y procesal-18.
23.- Por lo expuesto anteriormente, la acción de tutela que se examina no satisface
el requisito general de relevancia constitucional. En consecuencia, esta Sala
revocará la sentencia de 14 de octubre de 2021, proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo y, en su lugar, declarará
improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
24.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III.- F A L L A
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 14 de octubre de 2021, por la
Sección Primera del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR improcedente la
solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
18
Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06297-01
Demandante: Rigoberto Jiménez Mass
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE19
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
19
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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