Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06312-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06312-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-06312-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
3 de febrero de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06312-00
Demandante: Jennifer Mirella Ochoa Mercado y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06312-00
Demandante: JENNIFER MIRELLA OCHOA MERCADO Y OTROS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA Y SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”
Temas: Tutela contra decisiones de la misma naturaleza. Análisis de
decisión fraudulenta en fallo de tutela respecto de población que
afirma ser víctima de desplazamiento forzado por la violencia
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por Jennifer Mirella Ochoa Mercado, Ana Carina Ortiz Valdés, Yessica Paola
Osorio Gamarra, Pedro Manuel Ortega Reyes, Yosiris María Ortega Reyes, Nilda Elena
Ortega Reyes, Carmen Yolanda Ortega Reyes, Carmen Elisa Ortega Yepes, Adriana
Elvira Ortega Yepes, José del Carmen Ortega Yepes, María Alejandra Pacheco
Gamarra, María del Rosario Peñalosa de Gamarra, Estefanía Peñalosa Mejía, Jesús
Alberto Peñalosa Mejía, Edgardo Rafael Peñalosa Mejía, Silvia Patricia Peñalosa Mejía,
Gustavo Adolfo Peñalosa Mejía, Maryoris del Rosario Peñalosa Ortega, Luz Dania
Peñalosa Ortega, Alexio Joaquín Peñalosa Ortega, Adolfo Rafael Peñalosa Vásquez,
Ligia Mercedes Palacio Orozco, Luz Marina Pérez Ávila, quien a su vez actúa en
representación de sus hijas Katherin Tatiana Reyes Pérez y Taliana Josefa Reyes
Pérez; José Luis Rivera Anillo, Beatriz del Carmen Rivera Arroyo, Idamys Rivera
Arroyo, Idaimys Virginia Rodríguez Rivera, Braulio José Ramírez Reyes, Dairo Enrique
Romero Reyes, Edilberto Jesús Romero Reyes, Alba Rosa Romero Reyes, Pedro Luis
Reyes Caro, Omaira del Socorro Reyes Quiroz, Ángel María Reyes Serrano, Ángel
María Reyes Reyes, Tony Gabriel Reyes Reyes, Celina del Socorro Reyes Meléndrez,
Devis Martín Reyes Meléndrez, Nelson Ramit Reyes Meléndez, Luz Marina Serrano
Arrieta, José Valdés Julio, Nerlys Mayelis Valdés Landero, Kelis Valdés Landero, Silvia
Patricia Valdés Landero, Jairo Alfonso Vásquez Carval, Jairo Alfonso Vásquez Reyes,
María Alexandra Vásquez Reyes, Yoffre José Vásquez Reyes, Luis Ricardo Vásquez
Lora, Maricela Isabel Villalba Argel, Dibier Daniel Yepes Olivera, Víctor Jesús Yepes
Yanes, Yuranis Paola Yepes Reyes, Víctor Rafael Yepes Caro, Carmen Graciela Yepes
Caro, Víctor Alejandro Yepes Herrera, Jhon Jairo Yepes Herrera, Carlos Alberto Yepes
Herrera, Enna Virginia Yepes Herrera, Rosa Mercedes Yepes Herrera, Elisa Zenith
Yepes Herrera, Denilson Yesid Reyes Martínez, Linda Michely Reyes Martínez, Karla
Mercedes Herrera Palacio, José Carlos Yepes Villalba, Ana Karina Oviedo Yepes y
José David Camargo Yepes, mediante apoderado judicial, contra las Secciones Quinta
y Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado en la que pidieron el amparo
constitucional de los derechos fundamentales al reconocimiento de su condición de
víctimas desplazadas por la violencia, debido proceso, igualdad y de acceso a la
administración de justicia, así como el principio de buena fe, supuestamente vulnerados
con las sentencias de tutela de 14 de noviembre de 2019 y 19 de febrero de 2020, en
las que dejaron sin efecto el fallo de 14 de junio de 2019, emanado del Tribunal
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Demandante: Jennifer Mirella Ochoa Mercado y otros
Administrativo de Bolívar y ordenó que se dictara una providencia de reemplazo en la
que se valorara el documento Excel allegado en disco compacto durante el trámite del
proceso de reparación directa adelantado bajo los expedientes acumulados No. 13001-
33-33-008-2015-00418-01 y 13001-33-33-008-2015-00102-00.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
1.1. Del trámite adelantado en el curso del proceso de reparación directa (exp.
13001-33-33-008-2015-00418-01 y 13001-33-33-008-2015-00102-00)
Los actores relataron que en ejercicio del medio de control de reparación directa,
presentaron demanda contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional, Policía Nacional, Armada Nacional y el municipio de San Jacinto, Bolívar, con
el fin de que se reparara el daño sufrido como víctimas de desplazamiento forzado y
colectivo del que fueron objeto cuando habitaban en el corregimiento de Las Palmas de
dicho municipio, desde el 27 de septiembre de 1999, por cuenta de un grupo paramilitar
que los amenazó de muerte, tras cometerse actos de retención, tortura y masacre en la
plaza pública del corregimiento en mención.
Afirmaron que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena tramitó dicho
proceso bajo el radicado No. 13001-33-33-008-2015-00102, el cual se acumuló con otra
demanda que versó sobre los mismos hechos (exp. 13001-33-33-008-2015-00418), y
dictó sentencia de primera instancia en la que denegó las pretensiones elevadas por los
accionantes.
Por último, sostuvieron que contra la anterior decisión interpusieron recurso de
apelación. El Tribunal Administrativo de Bolívar en fallo de 14 de junio de 2019, la
confirmó, con sustento en que no se aportó prueba que demostrara que los
demandantes ostentaran la calidad de víctimas de desplazamiento forzado, o que se les
hubiera reconocido alguna indemnización administrativa por tal situación, o que se
encontraran registrados en las bases de datos del Gobierno.
1.2. De las acciones de tutela con radicado No. 11001-03-15-000-2019-03865 y
11001-03-15-000-2019-04191 (acumulados)
Los accionantes manifestaron que presentaron acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena,
con el fin de que se concediera la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia que consideraron
vulnerados con ocasión a las sentencias de 21 de junio de 2017 y 14 de junio de 2019,
toda vez que no se valoraron en debida forma las pruebas que demostraban la calidad
de desplazados de la parte actora.
Afirmaron que la Sección Quinta del Consejo de Estado en fallo de 14 de noviembre de
2019, concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, razón por la cual dejó sin efecto la sentencia de
14 de junio de 2019, dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar y, en
consecuencia, ordenó proferir una decisión de reemplazo en la que se valore el
documento Excel allegado en disco compacto y que reposaba en el cuaderno No. 4 del
expediente ordinario, con el fin de que se verificara si los accionantes ostentaban la
calidad de desplazados.
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Por último, adujeron que impugnaron la anterior decisión. La Sección Segunda,
Subsección “B” del Consejo de Estado en fallo de 19 de febrero de 2020, la confirmó en
lo relacionado con la valoración del disco compacto aportado por la parte actora dentro
del proceso ordinario con el fin de verificar la calidad de desplazados por la violencia, y
negó las demás pretensiones de la solicitud de amparo, al considerar que las restantes
pruebas que se aportaron al expediente de reparación directa se valoraron
razonablemente.
2. Fundamentos de la acción
Los accionantes presentaron acción de tutela con el fin de que el juez constitucional
proteja los derechos fundamentales al reconocimiento de su condición de víctimas
desplazadas por la violencia, debido proceso, igualdad y de acceso a la administración
de justicia, así como el principio de buena fe, supuestamente vulnerados por la Sección
Quinta y la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, en tanto, a su
juicio, no se analizaron en debida forma las pruebas que demostraban la calidad de
desplazados y, asimismo, no ordenaron al juez natural del proceso ordinario que
reconocieran la mencionada calidad.
Sostuvieron que los argumentos plasmados en los fallos de tutela son discriminatorios,
por cuanto solo alude de forma amplia a las pruebas aportadas por otros tutelantes
contenidas en un disco compacto, sin mencionar las demás pruebas allegadas, como
las certificaciones de la personería municipal de San Jacinto, Acción Social y Sisbén.
Agregaron que la jurisprudencia no establece que las personas que sufrieron
desplazamiento forzado deban probar su condición con la certificación de la Unidad
para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas.
Indicaron que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en desconocimiento
del precedente jurisprudencial adoptado por la Sección Tercera, Subsección “A” del
Consejo de Estado en sentencia de 14 de julio de 20161, en la que se estableció la
flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios probatorios frente a graves
violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional.
Igualmente, invocaron la sentencia T-064 de 20122 de la Corte Constitucional, en la que
se indicó que frente a las personas que sufrieron de desplazamiento forzado prevalecen
los principios de buena fe, confianza legítima, favorabilidad, prevalencia del derecho
sustancial y pro homine, además que se debe aplicar la flexibilidad en la apreciación y
valoración de los medios probatorios frente a graves violaciones de los derechos
humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, razón por la cual, las
autoridades judicial accionadas debieron valorar las certificaciones originales expedidas
por la personería municipal de San Jacinto, Acción Social y Sisben.
Agregaron que también se incurrió en defecto sustantivo, pues se evidenció un vacío
en la aplicación e interpretación del contenido jurisprudencial de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, específicamente la sentencia SU-035
de 20183 en la que se dispuso sobre la flexibilización de los estándares probatorios en
materia de graves violaciones a los derechos humanos y que la prueba indiciaria es la
prueba que, por excelencia, permite acreditar la condición de personas víctimas de
desplazamiento forzado, postura que fue reiterada en la sentencia SU-060 de 20214.
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Radicado No. 73001-23-31-000-2005-02702-01, C.P. Hernán Andrade Rincón.
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M.P.: Juan Carlos Henao Pérez.
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M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
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M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
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Señalaron que en las decisiones objetadas se configuró el defecto fáctico, al omitir
valorar las pruebas que acreditan la condición de víctimas desplazadas de los ahora
accionantes expedidas por la personería municipal de San Jacinto, Acción Social y
Sisbén.
Afirmaron que al proceso ordinario no se valoraron en debida forma las siguientes
pruebas:
• Certificado de desplazado expedido por la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas.
• Certificado expedido por la Fiscalía de Derechos Humanos y Justicia y Paz.
• Certificado original de vecindad expedido por los inspectores de Policía de la
comuna donde residen los accionantes.
• Declaraciones extrajuicio de siete (7) testigos directos de los hechos que
generaron el desplazamiento de los accionantes.
• Declaración juramentada de los accionantes ante notario público, sobre su
condición de víctimas desplazadas por la violencia.
De otra parte, adujeron que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por la inaplicación de los
criterios de flexibilidad en la apreciación y valoración de todos los medios probatorios
frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho
internacional humanitario, criterio ampliamente desarrollado por la Sección Tercera del
Consejo de Estado en el fallo de 14 de julio de 2016.
Finalmente, manifestaron que en los fallos de tutela se configuró el defecto por
decisión sin motivación, toda vez que carecen de apoyo y sustento legal y
jurisprudencial y, además, que es contradictoria con las pruebas que se aportaron el
proceso de reparación directa.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“1) Que se garanticen, protejan y amparen en legal forma y de manera real y
efectiva los derechos fundamentales y constitucionales de los accionantes, al
reconocimiento de su condición de víctimas desplazadas por la violencia, al debido
proceso, al de igualdad, buena fe y de acceso a la administración de justicia.
2) Que se revoquen los fallos de tutela de primera y segunda instancia proferidas
por las secciones Quinta y segunda subsección (B), de este honorable consejo de
estado de fechas noviembre 14/2019 y febrero 19/2020, dentro del proceso bajo el
radicado No. 11001-03-15-000-2019-04191-00, seguido por Jennifer Mirella Ochoa
Mercado y otros. Y se ordene el tribunal administrativo de (Bolívar), expedir una
nueva sentencia de re[e]mplazo dentro del proceso ordinario de reparación directa
con radicado No. 13-001-33-33-008-2015-00418-01, en las que se valoren de forma
integral las certificaciones y pruebas que acreditan la condición de víctimas
desplazadas de los accionantes expedidas y allegadas al proceso, por la personería
municipal de san jacinto (Bolívar), la unidad de víctimas, la fiscalía de derechos
humanos, el sistema de programa sociales del gobierno (Sisbén), acción social,
extra juicios de testigos presenciales y directos y certificados de vecindad
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expedidos por los inspectores de policía de la comuna donde residen los
accionantes donde se demuestra su desarraigo.
3) Al derecho de igualdad consagrado en el artículo (13) de la constitución nacional
con respecto a la valoración probatoria, la aplicación extensiva y uniforme de los
efectos y unificación de criterios jurisprudenciales adoptados de este mismo
consejo de estado, que guardan igual relación fáctica y jurídica con estos hechos a
través del expediente 35.029, bajo el radicado No. 730012331000200502702 01, de
fecha julio 14/2016 de sección tercera y que, ordena a folio No. (7) del expediente:
Flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios probatorios frente a graves
violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional
humanitario.
De igual forma la sala advierte, que está frente a un caso grave de violación de
derechos humanos y que por ello, la valoración probatoria debe ser más flexible
dadas las circunstancias de indefensión en que se encuentran las víctimas de este
tipo de eventos y la renuencia que ha exhibido en este asunto la entidad
demandada, para permitir la acreditación de los hechos, razón por la cual la sala en
acatamiento a los principios de justicia material y de acceso a la administración de
justicia: Dará valor probatorio a la totalidad de los elementos de convicción que
obran en dicho encadenamiento lo que hará con estricto apego a lo precisado por la
jurisprudencia del consejo de estado.
4) A la aplicación de la prevalencia de los tratados y convenios internacionales
ratificados por Colombia, consagrados en el artículo 93 de la C.N, que reconocen
los derechos humanos y que, prohíben su limitación en los estados de excepción y
prevalecen sobre el orden interno”.
4. Pruebas relevantes
Los accionantes aportaron, junto con el escrito de tutela, los siguientes documentos
relevantes:
• Sentencia de 14 de noviembre de 2019, dictada por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en la cual se resolvió la acción de tutela que presentaron los
accionantes contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Cartagena.
• Fallo de 19 de febrero de 2020, proferido por la Sección Segunda, Subsección
“B” del Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió la impugnación
presentada por la parte actora y en la que se confirmó la decisión de primera
instancia.
5. Trámite procesal
Por auto de 22 de septiembre de 2021, el despacho requirió a i) Nelson Ramit Reyes
Meléndez, quien manifestó actuar como representante de Denilson Yesid Reyes
Martínez y Linda Michel Reyes Martínez, ii) Luz Marina Pérez Ávila, como representante
de Katherin Tatiana Reyes Pérez y Taliana Josefa Reyes Pérez, iii) Ligia Mercedes
Palacio Orozco, como representante de Karla Mercedes Herrera Palacio, iv) Maricela
Isabel Villalba Argel, como representante de José Carlos Yepes Villalba, v) Rosa
Mercedes Yepes Herrera, como representante de Ana Karina Oviedo Yepes y vi) Elisa
Zenith Yepes Herrera, como representante de José David Camargo Yepes, para que
alleguen los documentos que acrediten esa calidad.
Posteriormente, en providencia de 20 de octubre de 2021, se requirió al abogado de la
parte accionante, para que allegue los poderes especiales que lo acrediten como
apoderado de Denilson Yesid Reyes Martínez, Linda Michel Reyes Martínez, Karla
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Mercedes Herrera Palacio, José Carlos Yepes Villalba, Ana Karina Oviedo Yepes y
José David Camargo Yepes, para interponer la presente acción de tutela.
Luego de que la parte actora diera cumplimiento a los requerimientos, la magistrada
sustanciadora por auto de 10 de noviembre de 2021, admitió la demanda y ordenó
notificar a los accionantes, a las autoridades judiciales accionadas y al Tribunal
Administrativo de Bolívar, al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena y
a Mirian Hortencia Yepes Caro, José Antonio Valdés Landero, Néstor Ramón Sierra
Hamburguer, Celis Rosa Herrera Herrera, Mariela Judith Sierra Caro, Alberto Enrique
Díaz Cerpa, Aljady Judith Borrego Salas, Ricardo Antonio Ávila Sierra, Juan Manuel
Sierra Arias, María Luisa Barreto Sierra, Greydis Judith Leal Caro, Marco Ignacio Sierra
Arias, Henry Rafael Herrera Herrera, Roger Rafael Anillo Rivera, Sandra Marcela Caro
Anillo, Augusta Isabel Rivera Díaz y Darlis Antonia Anillo Rivera, como terceros
interesados en el resultado del proceso, así como a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 116637 a 116642, todos de
16 de noviembre de 2021, y el oficio 117166 de 17 de noviembre de 2021, con el fin de
darle cumplimiento a la referida decisión5.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Sección Quinta del Consejo de Estado
En escrito de 18 de noviembre de 2021, el consejero ponente de la decisión de primera
instancia solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo, por no
evidenciarse la configuración de un fraude en la sentencia objetada.
Afirmó que el reparo se dirige en contra de la sentencia en la que se ampararon los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
de los accionantes, dentro del trámite de tutela que promovieron contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena,
por lo que es evidente que la presente acción constitucional resulta improcedente.
Agregó que los hechos narrados como sustento de la solicitud no se desprende la
configuración de fraude alguno que haga procedente, de forma excepcional, la acción
de tutela contra una providencia de la misma naturaleza.
Resaltó que en el trámite de tutela inicial tenía por objeto dejar sin efectos la sentencia
con la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar, en segunda instancia, denegó las
pretensiones de la demanda de reparación directa promovida por los actores contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional y Armada
Nacional, al considerar que no se había aportado ninguna prueba i) que demostrara que
los demandantes ostentaban la calidad de víctimas de desplazamiento forzado, ii) que
se les hubiera reconocido alguna indemnización administrativa por tal situación o iii) que
se encontraran registrados en alguna de las bases de datos dispuestas para tales
efectos.
5
El auto admisorio fue notificado a los correos electrónicos leonardo-portillo@hotmail.com,
notifcpalomino@consejodeestado.gov.co; christianmauriciotrujillob@gmail.com; marcelatovg@gmail.com;
notifsibarra@consejodeestado.gov.co; juandar86c@gmail.com; lyxim.rojas@gmail.com; notifcperdomo@consejodeestado.gov.co;
fulana06@gmail.com;fgrimaldos@consejodeestado.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co;
procesosnacionales@defensajuridica.gov.co, notiflalvarezp@@consejodeestado.gov.co; acardenasr@consejodeestado.gov.co;
notifcmoreno@consejodeestado.gov.co; wilsoncb1651@hotmail.com; notiflbermudez@consejodeestado.gov.co;
lavilap@consejodeestado.gov.co; notifraraujo@consejodeestado.gov.co; locampos@consejodeestado.gov.co;
smartinezo@consejodeestado.gov.co, admin08cgena@cendoj.ramajudicial.gov.co, stadcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co;
sgtadminbol@notificacionesrj.gov.co y personeria@sanjacinto-bolivar.gov.co.
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Demandante: Jennifer Mirella Ochoa Mercado y otros
Sostuvo que mediante fallo de 14 de noviembre de 2019, se concedió el amparo
solicitado, dejó sin efectos la providencia y se le ordenó al Tribunal Administrativo de
Bolívar que profiriera una nueva sentencia en la que valorara el documento excel que
obraba en disco compacto a folio 749 del expediente ordinario, y que podía contener
información relevante para determinar la calidad de desplazados de los actores.
Señaló que la inconformidad de los accionantes en la presente acción constitucional
radica en que no se haya ordenado al tribunal que profiriera una nueva decisión en la
que también valorara las certificaciones de la Personería Municipal de San Jacinto,
Bolívar, en aplicación del principio de flexibilidad en la apreciación y valoración de los
medios probatorios ante graves violaciones de derechos humanos.
Indicó que en la sentencia de tutela se precisó que dichas pruebas no habían sido
omitidas por la autoridad judicial, pues habían sido expedidas por una autoridad que no
era la competente para determinar la condición de desplazamiento, así que no había
lugar a decretar su valoración en la sentencia de reemplazo, postura que fue
confirmada en segunda instancia por la Sección Segunda, Subsección “B” de esta
Corporación.
Afirmó que la anterior decisión, lejos de constituir fraude, obedece al análisis propio del
juez constitucional, así que la simple inconformidad con lo decidido por la autoridad
judicial no resulta suficiente para que se realice un estudio de fondo sobre las
pretensiones de la parte actora. Además, agregó que lo pretendido a través de la
presente acción guarda identidad con lo perseguido en el trámite de tutela objeto de
controversia, esto es, que el Tribunal Administrativo de Bolívar dicte una nueva
sentencia en la que se estudien las certificaciones expedidas por la Personería
Municipal de San Jacinto, Bolívar.
Por último, manifestó que no se evidencia circunstancia alguna que permita avalar la
procedencia de la acción de tutela contra un fallo de la misma naturaleza, comoquiera
que no se advierte una situación fraudulenta en la adopción de la decisión proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado.
6.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Bolívar
En escrito de 18 de noviembre de 2021, el magistrado ponente de la sentencia de 14 de
junio de 2019, dictada en la segunda instancia del proceso ordinario, solicitó que se
declare la improcedencia de la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito de la
inmediatez.
En primer lugar, informó que mediante sentencia de 30 de enero de 2020, dispuso el
cumplimiento de lo ordenado por el juez de tutela y se emitió sentencia de reemplazo, y
a su vez valoró las pruebas señaladas por el Consejo de Estado en el fallo de tutela que
dejó sin efectos la sentencia de segunda instancia de 14 de junio de 2019. Sin
embargo, se confirmó de nuevo el fallo desfavorable de primera instancia, en razón a
que el archivo no estaba encriptado y se observaba que los datos habían sido
manipulados, al punto que la información que aparecía no estaba acorde a la brindada
por los demandantes.
De otro lado, afirmó que los accionantes se limitaron a reabrir de nuevo el análisis
probatorio ya surtido en los procesos ordinarios e intenta cuestionar los fallos de tutela,
sin embargo, no demuestran la cosa juzgada fraudulenta, para lo cual es preciso
señalar que este mecanismo constitucional no puede emplearse para debatir
indefinidamente la valoración probatoria surtida en los procesos ordinarios.
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Demandante: Jennifer Mirella Ochoa Mercado y otros
Sostuvo que la decisión que dictó el Tribunal Administrativo de Bolívar se enmarcó en el
campo de la interpretación legal y fue tomada con base en las pruebas allegadas al
plenario, las cuales fueron debidamente valoradas y justificadas en su apreciación, lo
cual es propio del juez y no constituye cosa juzgada fraudulenta como lo pretende hacer
ver la parte actora.
Finalmente, manifestó que consultado el proceso en Samai la sentencia de tutela
cuestionada se profirió el 3 de mayo de 2020, y se notificó el 3 de junio de 2020, es
decir, ha transcurrido más de un (1) año desde que se profirió el fallo. Incluso, la parte
actora se encontraba conforme con los fallos de tutela, en tanto con base en ellos
incluso promovió un incidente de desacato en contra de este tribunal, sin embargo,
ahora que el Consejo de Estado se abstuvo de sancionar, es que se muestra
inconforme.
6.3. Respuesta del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena
En escrito de 17 de noviembre de 2021, el titular del despacho pidió que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, toda vez que no se evidencia arbitrariedad,
defecto sustantivo o procesal.
Relató que en el curso del proceso de reparación directa radicado bajo el número
13001-33-33-008-2015-00418-00, la demanda se tramitó en primera instancia por este
despacho, quien la admitió mediante auto de 31 de julio de 2015, notificándose en
debida forma a todas las partes involucradas para que ejercieran su derecho de
defensa y contradicción. Posteriormente, se realizó la audiencia inicial el 23 de agosto
de 2016, en la cual se saneó el proceso, se fijó el litigio, se decretaron pruebas y se
señaló el 3 de noviembre de la misma anualidad para realizar audiencia de pruebas, la
cual, en su momento, se tuvo que suspender debido a que no se habían arrimado las
pruebas documentales solicitadas, por lo que el 30 de marzo de 2017, se reanudó la
mencionada audiencia y se practicaron las pruebas que hacían falta, seguidamente, se
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión dentro de los 10 días siguientes y,
finalmente, se profirió sentencia el 21 de junio de 2017, en la que se negaron las
pretensiones de la demanda.
Afirmó que la anterior decisión fue apelada, enviándose el expediente al Tribunal
Administrativo de Bolívar para lo de su competencia, autoridad que en fallo de 14 de
junio de 2019 confirmó la sentencia de primera instancia conforme con sus lineamientos
y criterio jurídico y, además, expuso detenidamente los argumentos por los cuales
decidió confirmar la decisión.
Por último, agregó que las decisiones adoptadas por la Sección Quinta y Sección
Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, llegaron a las mismas conclusiones al
resolver la acción de tutela de los accionantes, decisiones en las cuales se exponen de
manera detallada los argumentos fácticos y jurídicos que sirvieron de base para
resolver de fondo la solicitud de amparo.
6.4. La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección
Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el presente asunto.
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2. Delimitación y planteamiento del problema jurídico
2.1. De manera previa, la Sala precisa que a pesar de que con anterioridad a la
presentación de la acción de tutela, el Tribunal Administrativo de Bolívar dictó decisión
de reemplazo en cumplimiento a las órdenes de tutela dictadas por las autoridades
judiciales accionadas, el debate se limitará al estudio de los fallos de tutela, toda vez
que de los fundamentos y pretensiones no se evidencia cargo alguno contra esa
decisión.
2.2. Por lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si en las sentencias de tutela de
14 de noviembre de 2019 y 19 de febrero de 2020, proferidas por las Secciones Quinta
y Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, respectivamente, incurrieron en los
defectos por desconocimiento del precedente judicial, sustantivo, fáctico, procedimental
por exceso ritual manifiesto y en decisión sin motivación y, en consecuencia, si
vulneraron los derechos fundamentales al reconocimiento de su condición de víctimas
desplazadas por la violencia, debido proceso, igualdad y de acceso a la administración
de justicia, así como el principio de buena fe, al no ordenar al Tribunal Administrativo de
Bolívar que en la decisión de reemplazo se flexibilice la valoración de las pruebas
documentales y testimoniales que se aportaron al proceso ordinario, con el fin de que
se le reconociera la calidad de desplazados de los accionantes.
3. Improcedencia general de la acción de tutela contra providencias de la
misma naturaleza
La Sala, en principio, había sostenido que la acción de tutela contra fallos de la misma
naturaleza era improcedente, en virtud de las diferentes sentencias de la Corte
Constitucional que tuvieron como sustento la sentencia SU-1219 de 2001.
Esa Corporación judicial en la sentencia T-272 de 20146, indicó:
“3.1. La Corte Constitucional ha consolidado una extensa línea de precedentes, en donde ha
fundamentado la posibilidad de interponer una acción de tutela contra providencias judiciales
cuando éstas vulneran derechos fundamentales, especialmente el debido proceso o el acceso
a la administración de justicia.
(…)
1.2. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también ha precisado que la posibilidad
de interponer una acción de tutela contra providencias judiciales no incluye aquellos casos en
los cuales la providencia judicial es otra tutela. Es decir, los precedentes han establecido que la
acción de tutela dirigida contra otra tutela no es procedente. El criterio unificado de la Corte
frente a la improcedencia general de la acción de tutela contra fallos de tutela, fue precisado en
la sentencia SU-1219 de 2001. En dicha providencia se reiteraron las razones constitucionales
por las cualesno procede la acción de tutela contra fallo de tutela.
En síntesis, en esa decisión la Corte indicó que no es procedente la tutela contra tutela
porque de lo contrario (i) implicaría instituir un recurso adicional para insistir en la revisión de
tutelas que con anterioridad no fueron seleccionadas, (ii) supondría crear una cadena
interminable de demandas, con lo cual resultaría afectado el principio de seguridad jurídica, (iii)
se afectaría el mecanismo de cierre hermenéutico de la Constitución, confiado a la Corte
Constitucional, y (iv) la tutela perdería su efectividad, pues “quedaría indefinidamente
postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir en presentar otra
tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar que su posición coincida con la opinión de
algún juez. En este evento, seguramente el anteriormente triunfador iniciará la misma cadena
de intentos hasta volver a vencer”.
1.3. Así mismo, la sentencia de unificación de la Corte antes citada, precisó que cuando
un juez de tutela falla en la interpretación de la Constitución, incurre en una arbitrariedad o
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afecta el debido proceso por configurar una vía de hecho, éstos pueden resolverse en el
proceso de eventual revisión ante la Corte Constitucional, consagrado en el artículo 241
Superior. En otras palabras, una interpretación errada o incompleta de la Constitución puede ser
ajustada en sede de revisión”.
Con posterioridad, en la sentencia SU-627 de 201572 la Corte Constitucional, rectificó su
jurisprudencia e indicó que excepcionalmente, la acción de tutela procede contra
sentencias de tutela, cuando se adviertan casos de fraude, supuesto que se agrega a
los dos que habían sido contemplados por la jurisprudencia: irregularidad grave en el
curso de una acción de tutela e incidente de desacato, con la precisión que la
improcedencia absoluta, sin ninguna excepción, recae en las sentencias de tutela que
dicte la Sala Plena o las Salas de Revisión de esa Corporación. En esa ocasión, la
Corte expresó:
“4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de
tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de
él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la deque
no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela.
En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe
promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y
cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes
a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la
sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión
del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían
afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha
seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede.
Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado
en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional.” (Negrilla y subraya de la Sala)
El citado criterio jurisprudencial ha sido acogido por esta Sala, teniendo en cuenta que
la unificación realizada por la Corte Constitucional trasciende del caso concreto y fija
reglas de derecho que deben ser acatadas por todas las autoridades públicas.
De este modo, se concluye que la jurisprudencia constitucional ha establecido que las
subreglas para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
que se dicten dentro de un trámite tutelar, además de la verificación de los requisitos
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Sentencia de 1º de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
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generales contra decisiones judiciales8, son: (i) que la providencia acusada haya sido
proferida por otro juez o tribunal diferente a la Corte Constitucional y que ésta
configure el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta; (ii) cuando con anterioridad a la
sentencia de tutela el juez omite su deber de informar, notificar o vincular a los terceros
que resulten afectados por la demanda de tutela y, por último, (iii) cuando se trata de
obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el
trámite incidental de desacato.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
La Sala encuentra que los requisitos generales de procedencia están cumplidos en el
asunto bajo estudio, toda vez que el asunto (i) goza de relevancia constitucional, por
cuanto debe definirse si se vulneró a la parte actora los derechos fundamentales al
reconocimiento de su condición de víctimas desplazadas por la violencia, debido
proceso, igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como el principio de
buena fe, con las sentencias de tutela 14 de noviembre de 2019 y 19 de febrero de
2020, mediante las cuales se ordenó al Tribunal Administrativo de Bolívar dictar una
decisión de reemplazo en el que se valorara un archivo Excel que aparecía en un disco
compacto con el fin de determinar su calidad de víctima. Asimismo, (ii) la providencia de
segunda instancia se dictó en el marco de una impugnación presentada por los
accionantes, por lo que no cuentan con otro mecanismo de defensa judicial. Finalmente,
(iii) para este caso concreto se dará por superado el presupuesto de la inmediatez,
atendiendo la condición de desplazados por la violencia que alegan los demandantes y
como una forma de garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia9,
concretamente, para determinar si las decisiones de tutela cuestionadas incurrieron en
fraude a la ley.
4.2. Las decisiones objeto de tutela no incurrieron en fraude ni se está ante el
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta
En el asunto objeto de estudio, los accionantes afirmaron que las autoridades judiciales
accionadas dictaron decisiones que incurrieron en fraude y, que a su vez, vulneraron
sus derechos fundamentales al reconocimiento de su condición de víctimas
desplazadas por la violencia, debido proceso, igualdad y de acceso a la administración
de justicia, así como el principio de buena fe, en tanto no se analizó en debida forma las
pruebas que demostraban la calidad de desplazados y, asimismo, no ordenaron al juez
natural del proceso ordinario que flexibilizara la valoración de las pruebas y que se
reconociera la mencionada calidad.
En las acciones de tutela con radicado No. 11001-03-15-000-2019-03685-00 y 11001-
03-15-000-2019-04191-00 (acumulados), la parte actora solicitó que se dejara sin
efectos las sentencias de 21 de junio de 2017 y 14 de junio de 2017, mediante las
cuales el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena y el Tribunal
Administrativo de Bolívar negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa
por no demostrar la calidad de desplazados como víctimas de la violencia.
8
(i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -
ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez,
es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración
(…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…)
9
Corte Constitucional sentencias T-677 de 2011, M.P.: Juan Carlos Henao Pérez, T-305 de 2016, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, T-393 de 2018, M.P.: Alberto Rojas Ríos
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La Sección Quinta del Consejo de Estado en fallo de 14 de noviembre de 2019, amparó
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, por lo que dejó sin efecto la sentencia de 14 de junio de 2019 del Tribunal
Administrativo de Bolívar y ordenó que en un plazo de treinta (30) días contados a partir
de la notificación de la decisión dictara un profiera una providencia de reemplazo en la
que valorara el documento Excel allegado en disco compacto, con sustento en lo
siguiente:
“a). Defecto fáctico
(…)
En el caso bajo examen, la parte actora considera que el tribunal no valoró las siguientes
pruebas que demuestran que, contrario a lo afirmado en el fallo citado, los demandantes
están inscritos en el registro de la Unidad de Víctimas, y de igual forma se acreditó el pago de
ayudas por parte del Gobierno, en calidad de desplazados del corregimiento de Las Palmas
ubicado en el municipio de San Jacinto, por lo que sí se probó la situación de desplazamiento
forzado:
• Oficio 20175200015083, emitido por la Unidad de Víctimas, (folio 1710 del expediente), en el
que se constata el registro de calidad de desplazados y se remite un disco compacto, CD, en
el cual también obran constancias de giros y pagos que el Gobierno ha hecho a cada uno de
los demandantes.
Revisado el expediente, se observa que a folio 1710 no se encuentra la certificación
señalada, sino una revocatoria a un poder de abogado; sin embargo, a folio 749 del proceso
ordinario, reposa el mencionado oficio a través del cual la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, entregó un CD que contiene la información sobre
el hecho victimizante, la fecha de afectación y las ayudas entregadas a cada uno de los
demandantes.
Tras cotejar dicho documento electrónico que está en archivo Excel con los nombres de los
accionantes, se advierte que la entidad en mención sí especificó que varios de ellos se
encuentran inscritos como desplazados en el Registro Único y han recibido ayudas e incluso,
indemnizaciones.
Por consiguiente, comoquiera que el sustento del fallo objeto de tutela para denegar las
pretensiones de reparación directa elevadas por la parte actora fue que los demandantes no
acreditaron su calidad de desplazados, y dado que precisamente el archivo mencionado tiene
la capacidad de demostrar si ellos tuvieron o no esa característica, se observa que su
valoración puede incidir en la decisión del juez.
En consecuencia, resulta procedente acceder al amparo deprecado en el sentido de
ordenarle al tribunal accionado que profiera una nueva decisión en la que valore el
documento Excel allegado en disco compacto, mediante oficio visible a folio 749 del cuaderno
4 del expediente de reparación directa acumulado de que se trata, pues este no fue valorado
y, en sentir de esta Colegiatura sí era relevante para determinar si los demandantes tuvieron
o no la calidad de desplazados, aspecto que era un presupuesto para analizar si se configuró
el daño alegado.
Debe precisarse que el nuevo análisis que el juez natural haga respecto del documento que
no se valoró no trae per se la prosperidad de la demanda contencioso administrativa, puesto
que la valoración de la prueba corresponde a este en ejercicio de su autonomía e
independencia judicial, claro está, dentro del marco de la razonabilidad.
• Certificación expedida por la Personería Municipal de San Jacinto, en la que se constató que
también aparecen inscritos como víctimas.
Frente al mencionado medio de prueba, el juez natural precisó que “(…) los demandantes
aportan constancias y certificación por parte de la Personería Municipal de San Jacinto
Bolívar que indica que se encuentran incluidos como víctimas de desplazamiento forzado, no
obstante esta autoridad no es la competente para determinar y certificar dicha condición,
máxime cuando no se aportan los documentos sobre los cuales se basan estas afirmaciones
(…)”.
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La parte actora está en desacuerdo con la afirmación anterior, por cuanto en 1999 –año en
que ocurrió el desplazamiento forzado- no existía la Unidad de Víctimas y, por tanto, la única
entidad que llevaba tales registros era la Personería Municipal.
Frente a tal argumento, se observa que el juez natural señaló que la condición de
desplazamiento forzado debió probarse con la respectiva certificación emitida por la autoridad
competente, esto es, por la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas, UARIV.
La Sala no encuentra arbitraria o caprichosa la interpretación del tribunal, toda vez que si bien
la mencionada unidad no había sido creada en el año en que ocurrieron los hechos -1999-, lo
cierto es que cuando se instauró la demanda de reparación directa -6 de febrero de 2015- ya
existía dicha entidad, la cual, de conformidad con el artículo 154 de la Ley 1448 de 2011 tiene
la función de llevar el Registro Único de Víctimas-, norma que establece lo siguiente:
(…)
En conclusión, resulta claro que el medio probatorio idóneo para probar la condición de
víctima era el certificado que la UARIV debía emitir, por lo que fue razonable la tesis del juez
natural al no tener en cuenta como prueba del desplazamiento forzado el documento de la
Personería Municipal.
• Medios probatorios recaudados por la Fiscalía sobre investigación y masacres, crímenes de
guerra en su población anteriores al desplazamiento -25 de julio de 1999-, los cuales
probaban el desplazamiento forzado del que fueron objeto los demandantes, además de la
masacre de los señores Gregorio Fontalvo, padre, Gregorio Fontalvo, hijo, y de otras
personas, ocurrida el 25 de julio de 1999, así como testimonios recibidos por la Fiscalía en
otros procesos, los cuales fueron decretados como pruebas trasladadas y reposan a folios
660 a 664, 24, 58 y 17 del expediente ordinario, donde los testigos Dairo Alfonso Díaz Arroyo,
William Díaz Contreras y José Ángel Serpa Herrera declararon sobre los hechos objeto de
demanda.
Con la demanda de reparación directa, la parte actora aportó varias actuaciones y
documentos emitidos por la Fiscalía General de la Nación relacionado con los hechos que
sustentaron sus pretensiones, los cuales consistían en las actividades de grupos armados al
margen de la Ley que lesionaron gravemente los derechos de los habitantes del municipio de
San Jacinto, Bolívar.
Sobre tales documentos, es del caso precisar que el tribunal sí valoró y tuvo en cuenta las
pruebas que echa de menos la parte actora, solo que estimó que estas no tienen la vocación
para demostrar que los demandantes tienen la condición de desplazados para efectos de
probar el daño alegado por vía de reparación directa, tesis que lejos de ser arbitraria fue
razonada y fundada en la sana crítica.
Por consiguiente, la Corporación accionada no desconoció la existencia de los hechos sobre
los cuales se sustentaron las pretensiones de reparación, a saber, las actividades violentas
impetradas por parte de grupos al margen de la Ley en el municipio de San Jacinto, que es lo
que se pretendió probar con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la
Nación, razón por la cual no se configuró el defecto fáctico en este sentido.
• Certificaciones expedidas el 6 y 26 de julio de 1999 por la Alcaldía de San Jacinto sobre las
peticiones de protección antes de la masacre de 27 de septiembre de 1999.
En el fallo cuestionado, el Tribunal mencionó las certificaciones señaladas, y si bien tuvo
como hechos probados que un grupo de habitantes acudieron a la Alcaldía Municipal de San
Jacinto a informar sobre las amenazas de muerte que recaían sobre ellos por cuenta de
grupos armados al margen de la Ley, e incluso señaló que “(…) no se discute en el plenario
que efectivamente estos hechos victimizantes hayan sucedido en esta población (…)”,
sostuvo que no se probó de forma específica que los accionantes en concreto fueran objeto
de tales actuaciones intimidantes.
De igual forma, revisadas las dos certificaciones, que reposan a folios 10 y 15 del cuaderno 1
del expediente de reparación directa, no se advierte que en ellas se haya mencionado
particularmente a alguno de los tutelantes.
Por ende, la prueba en mención sí fue debidamente valorada y la interpretación que hizo el
tribunal fue razonada, en tanto, tal y como lo manifestó dicha Corporación en el fallo acusado,
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la prueba no hizo referencia expresa a que los tutelantes presentaron la petición de
protección, razón por la cual no es posible ordenarle al juez natural que otorgue un alcance
distinto a la prueba o que entienda por probados hechos que no fueron certificados allí.
(…)
Sobre el particular, cabe destacar que si bien esta Colegiatura no desconoce que según el
precedente citado las autoridades judiciales deben valorar las pruebas con un enfoque
garantista en el caso en que se traten graven violaciones a derechos humanos, no es menos
cierto que en la presente acción de tutela acumulada los accionantes no indicaron ni
individualizaron las pruebas que, en su sentir, debieron ser analizadas de forma amplia.
No obstante, como se precisó al momento de resolverse el defecto fáctico, se echa de menos
la valoración de la prueba emanada de la UARIV, allegada en un disco compacto antes de
proferirse sentencia de primera instancia, y si bien los accionantes del proceso acumulado no
la invocaron como desconocida o indebidamente valorada, en aras de adoptar una posición
garantista que propenda por el derecho a la igualdad frente a los tutelantes del expediente
principal, se ordenó valorar el medio probatorio cuya apreciación se echó de menos, entre
otros motivos, porque el nuevo fallo que deba proferir el tribunal en reemplazo del que se va a
dejar sin efectos afecta a todos los demandantes dentro del proceso de reparación directa y la
prueba aludida puede impactar en la situación particular de cada uno de ellos, de cara a los
perjuicios alegados por vía ordinaria.
Siendo así, el precedente citado está estrictamente ligado con la valoración probatoria, y
deberá ser el juez natural quien, en ejercicio de su autonomía judicial, efectúe y acoja la tesis
jurisprudencial vigente en relación con la interpretación y apreciación de las pruebas en casos
en que se discuta la lesión de derechos humanos y del DIH”.
Contra la anterior decisión los accionantes presentaron escrito de impugnación, en el
que solicitaron que se revocara y se ordenara dejar sin efecto el fallo de 14 de junio de
2019 del Tribunal Administrativo de Bolívar y que valoraran las certificaciones que
daban cuenta de su calidad de desplazados expedidas por el personero municipal de
San Jacinto, Acción Social y el Sisben, además que aplicara el criterio de flexibilización
probatoria ante graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho
internacional humanitario.
La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado mediante sentencia de 19
de febrero de 2020, la confirmó y, por considerar que no fueron resueltas las
pretensiones del grupo de accionantes correspondiente al expediente No. 2019-04191
(acumulado), en la decisión impugnada, negó las pretensiones de la solicitud de
amparo, con sustento en lo siguiente:
“- Grupo accionante dentro del radicado 1001-03-15-000-2019-03865-00
Argumentaron la configuración de un defecto fáctico por la falta de valoración del oficio
20175200015083, emitido por la Unidad de Víctimas, en el que se constata el registro de
calidad de desplazados, y a través del cual dicha entidad remitió un disco compacto, en el cual
también obran constancias de giros y pagos que el Gobierno ha hecho a cada uno de ellos por
concepto de indemnizaciones y ayudas humanitarias, lo cual, a su juicio, demostraba que los
demandantes están inscritos en el Registro de Víctimas, así como del pago de ayudas, en
calidad de desplazados del corregimiento de Las Palmas ubicado en el municipio de San
Jacinto, Bolívar.
Sin embargo, conforme a la motivación expuesta por el a quo en la sentencia de 14 de
noviembre de 2019 en la que accedió al amparo deprecado, se evidencia que tal reclamo fue
resuelto de manera favorable acudiendo al análisis del desconocimiento del precedente fijado
por la sección tercera del Consejo de Estado sobre la flexibilización de la valoración probatoria
en asuntos de grave vulneración de derechos humanos.
Por tal motivo, en cumplimiento de tal pronunciamiento, el Tribunal Administrativo de Bolívar
profirió la sentencia de 30 de enero de 2020, con la que resolvió dejar incólume su
pronunciamiento previo, es decir, confirmar la negativa a las súplicas de la demanda, pese a
haber efectuado el estudio del mencionado CD, como, a continuación, se observa:
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Demandante: Jennifer Mirella Ochoa Mercado y otros
«[…] Para la sala, de conformidad con las pruebas arrimadas al proceso y las cuales han sido
valoradas en su integridad, se tiene que la condición de víctimas de desplazamiento forzado
por parte de los demandantes no fue acreditada en debida forma, toda vez que una vez
efectuada la valoración completa del Cd obrante a folio 749 del expediente, no se puede
acreditar que los demandantes son desplazados por la violencia del municipio de San Jacinto
Bolívar, para las fechas alegadas en la demanda.
La información contenida en este documento electrónico (CD) carece de los atributos propios
para que un documento pueda apreciarse y llevar al convencimiento al Juez, esto es,
específicamente para nuestro caso el de integridad y autenticidad.
El CD allegado no tiene ninguna clave de seguridad para efectos de prevenir que pueda ser
alterado o manipulado, aunque el oficio con radicado No 20175200015083 de 7 de marzo de
2017 suscrito por CARLOS ERNESTO JARAMILLO BARRERO, en su calidad de Subdirector
Red Nacional de Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, a través del cual se allegó el CD señala que la información se encuentra encriptada,
lo cierto es que se accede a la información allí contenida con solo abrir el CD.
[…]
Esta prueba no obedece en estricto sentido a una certificación por parte de la Unidad para la
Atención a las Víctimas en las que se indique su condición de desplazados, dado que la
información contenida en el cd señala que respecto de las demás personas la información no
coincide o no se encontró en la base de datos y en el archivo denominado ayudas humanitarias
no se indica que sean víctimas del delito de desplazamiento forzado, por lo que tampoco
pueden ser tenidos como tales. […]».
En consecuencia, el reclamo constitucional relacionado con la falta de valoración del
mencionado Cd no tiene vocación de prosperidad en esta instancia, en la medida en que tal
situación fue subsanada a través de la citada providencia.
• Grupo accionante dentro de la acción de tutela 11001-03-15-000- 2019-04191-00
De manera similar, los accionantes dentro de este grupo, argumentaron la configuración de un
defecto fáctico y procedimental por la falta de valoración o indebida valoración de las
certificaciones de desplazados expedidas por el personero municipal de San Jacinto Bolívar, y
de los organismos de Acción Social y Sisben, todo ello a la luz del mencionado criterio de
flexibilización en la valoración de la prueba esgrimido por la jurisprudencia de la sección tercera
del Consejo de Estado en este tipo de asuntos.
Al respecto, tal como se mencionó en la providencia de 12 de diciembre de 2019, proferida por
el juez de tutela de primera instancia, en la que se pronunció respecto a las solicitudes de
adición y aclaración del fallo por este proferido, presentadas por el apoderado judicial del grupo
accionante dentro del radicado 2019-04191, el Tribunal Administrativo de Bolívar sí se
pronunció al respecto en la cuestionada sentencia de 14 de junio de 2019, de la siguiente
manera:
(…)
Razonamiento que resulta acorde con lo considerado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-468 de 2006, que sostuvo:
En este orden de ideas, es pertinente precisar que esta corporación judicial, en reiteradas
ocasiones en las que ha tenido la oportunidad de estudiar asuntos relacionados con la
condición de desplazados a concordado con el citado criterio de la Corte Constitucional, al
considerar que tal situación es fáctica y no jurídica, razón por la cual la inclusión en el registro
único de víctimas no otorga por sí sola tal condición, sino que, además, debe acreditarse el
arraigo al lugar de desplazamiento y el hecho victimizante.
Supuestos que con más veras, cobran mayor relevancia, en causas judiciales en las cuales se
pretende una indemnización por vía judicial en sede de reparación directa en la cual, si bien
existe un criterio de flexibilización de la prueba en tales asuntos de desplazamiento forzado, el
juez contencioso administrativo debe ser bastante minucioso para determinar los sujetos
destinatarios de la misma para evitar a toda costa atribuir responsabilidades al Estado con
fundamento en valoraciones hipotéticas que no le permiten tener absoluta certeza de los
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Demandante: Jennifer Mirella Ochoa Mercado y otros
destinatarios, máxime si se tiene en cuenta que el marco jurídico que regula su estatus
contempla varios mecanismos de reparación a sus derechos, entre los que se encuentra la
indemnización por vía administrativa, entre otros, conforme a lo preceptuado por la Ley 1448 de
2011 y el Decreto 4800 de 2011, y demás normas concordantes.
Así las cosas, esta Sala de decisión observa que la corporación judicial accionada no incurrió
en el defecto fáctico alegado en sede de impugnación, debido a que la providencia acusada fue
proferida conforme a las normas reguladoras de su función judicial y aquella se apoyó en el
material probatorio obrante en el proceso para efectuar la interpretación que consideró más
ajustada al caso concreto, frente a lo cual se debe advertir que el juez natural del asunto goza
de autonomía funcional y se presume la buena fe en sus decisiones, en consecuencia, las
diferencias en la valoración probatoria no constituyen el defecto fáctico invocado”.
De lo anterior, se observa que las autoridades judiciales accionadas analizaron la
valoración de las pruebas que realizó el Tribunal Administrativo de Bolívar, al punto que
constataron las certificaciones expedidas por la Personería Municipal de San Jacinto,
Acción Social y Sisben, las que, contrario a lo manifestado por los accionantes, fueron
valoradas bajo los criterios de razonabilidad y sana crítica, cuestión diferente es que el
mencionado tribunal al estudiar dichos certificados evidenciara que no generaban la
certeza suficiente para afirmar que los demandantes sufrieron de desplazamiento
forzado por el evento ocurrido en el corregimiento Las Palmas.
Adicionalmente, se evidencia que la decisión de tutela que resuelve la impugnación
presentada por la parte demandante, analizó la sentencia de reemplazo que dictó el
Tribunal Administrativo de Bolívar en cumplimiento a la orden dictada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en la que se tuvo en cuenta el archivo Excel del disco
compacto y en el que se concluyó que este no obedece en estricto sentido a una
certificación por parte de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas en la que se indique su condición de desplazados,
dado que la información contenida en el CD no coincide o no se encontró en la base de
datos y en el archivo denominado ayudas humanitarias no se indica que sean víctimas
del delito de desplazamiento forzado.
Igualmente, se refirió a la flexibilidad probatoria en los casos en los que estén de por
medio personas que sufrieron del desplazamiento forzado, para lo cual resaltó que el
juez contencioso administrativo debe ser minucioso para determinar los sujetos
destinatarios de la misma para evitar a toda costa atribuir responsabilidades al Estado
con fundamento en valoraciones hipotéticas que no le permiten tener absoluta certeza
de los destinatarios, máxime si se tiene en cuenta que el marco jurídico que regula su
estatus contempla varios mecanismos de reparación a sus derechos, entre los que se
encuentra la indemnización por vía administrativa, entre otros, conforme con lo
preceptuado por la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011, y demás normas
concordantes. Por consiguiente, concluyó que si la autoridad judicial al valorar
razonablemente las pruebas aportadas, entre esas la del archivo Excel del disco
compacto y los certificados allegados, y concluyó que no se tenía claridad frente a la
calidad de desplazado de los accionantes, esta decisión por si solo no configuraba un
defecto fáctico o por desconocimiento del precedente judicial.
De lo anterior, la Sala evidencia que las autoridades judiciales accionadas no dictaron
decisiones inmersas en algún fraude, toda vez que i) se respetó el debido proceso, toda
vez que se vincularon a las partes y se les garantizó el derecho de defensa y
contradicción, además que se les notificó en debida forma las providencias proferidas
en el curso de la solicitud de amparo; ii) las Secciones Quinta y Segunda, Subsección
“B” del Consejo de Estado, a partir de las pretensiones y fundamentos de la acción de
tutela, estudiaron las decisiones dictadas por el juez ordinario en el curso del proceso
de reparación directa, sobre todo en lo relacionado con las certificaciones expedidas por
la Personería Municipal de San Jacinto, Acción Social y Sisben, de las cuales consideró
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que el análisis de estas era razonable y se ajustó a derecho y iii) precisaron que en lo
referente a la flexibilidad de la prueba respecto de personas que pudieron ser víctimas
de desplazamiento forzado, esto fue motivo de pronunciamiento y se indicó que si bien
no es necesario aportar alguna certificación de la UARIV, lo cierto es que en temas de
responsabilidad estatal debe acreditarse el arraigo al lugar de desplazamiento y el
hecho victimizante.
Cuestión diferente es que en el curso del proceso ordinario y en el trámite del
mecanismo constitucional no se allegaran pruebas que dieran claridad de la condición
de desplazados que alegaron los accionantes y que demostraran la responsabilidad del
Estado, lo que per se no permite concluir que las sentencias de tutela objetadas puedan
ser catalogadas como decisiones fraudulentas, en los términos de la sentencia SU-627
de 2015, razón suficiente para concluir que la acción de tutela promovida por los
accionantes es improcedente.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Jennifer
Mirella Ochoa Mercado, Ana Carina Ortiz Valdés, Yessica Paola Osorio Gamarra,
Pedro Manuel Ortega Reyes, Yosiris María Ortega Reyes, Nilda Elena Ortega Reyes,
Carmen Yolanda Ortega Reyes, Carmen Elisa Ortega Yepes, Adriana Elvira Ortega
Yepes, José del Carmen Ortega Yepes, María Alejandra Pacheco Gamarra, María del
Rosario Peñalosa de Gamarra, Estefanía Peñalosa Mejía, Jesús Alberto Peñalosa
Mejía, Edgardo Rafael Peñalosa Mejía, Silvia Patricia Peñalosa Mejía, Gustavo Adolfo
Peñalosa Mejía, Maryoris del Rosario Peñalosa Ortega, Luz Dania Peñalosa Ortega,
Alexio Joaquín Peñalosa Ortega, Adolfo Rafael Peñalosa Vásquez, Ligia Mercedes
Palacio Orozco, Luz Marina Pérez Ávila, quien a su vez actúa en representación de sus
hijas Katherin Tatiana Reyes Pérez y Taliana Josefa Reyes Pérez; José Luis Rivera
Anillo, Beatriz del Carmen Rivera Arroyo, Idamys Rivera Arroyo, Idaimys Virginia
Rodríguez Rivera, Braulio José Ramírez Reyes, Dairo Enrique Romero Reyes,
Edilberto Jesús Romero Reyes, Alba Rosa Romero Reyes, Pedro Luis Reyes Caro,
Omaira del Socorro Reyes Quiroz, Ángel María Reyes Serrano, Ángel María Reyes
Reyes, Tony Gabriel Reyes Reyes, Celina del Socorro Reyes Meléndrez, Devis Martín
Reyes Meléndrez, Nelson Ramit Reyes Meléndez, Luz Marina Serrano Arrieta, José
Valdés Julio, Nerlys Mayelis Valdés Landero, Kelis Valdés Landero, Silvia Patricia
Valdés Landero, Jairo Alfonso Vásquez Carval, Jairo Alfonso Vásquez Reyes, María
Alexandra Vásquez Reyes, Yoffre José Vásquez Reyes, Luis Ricardo Vásquez Lora,
Maricela Isabel Villalba Argel, Dibier Daniel Yepes Olivera, Víctor Jesús Yepes Yanes,
Yuranis Paola Yepes Reyes, Víctor Rafael Yepes Caro, Carmen Graciela Yepes Caro,
Víctor Alejandro Yepes Herrera, Jhon Jairo Yepes Herrera, Carlos Alberto Yepes
Herrera, Enna Virginia Yepes Herrera, Rosa Mercedes Yepes Herrera, Elisa Zenith
Yepes Herrera, Denilson Yesid Reyes Martínez, Linda Michely Reyes Martínez, Karla
Mercedes Herrera Palacio, José Carlos Yepes Villalba, Ana Karina Oviedo Yepes y
José David Camargo Yepes, mediante apoderado judicial, contra las Secciones Quinta
y Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, por las razones expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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