Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06330-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06330-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-06330-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
24 de febrero de 2022
Demandante: William Cañas Guevara en representación
de Aura Enelia Guevara de Cañas (Q.E.P.D.)
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda – Subsección “A”
Rad: 11001-03-15-000-2021-06330-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06330-01
Demandante: WILLIAM CAÑAS GUEVARA EN REPRESENTACIÓN DE
AURA ENELIA GUEVARA DE CAÑAS (Q.E.P.D.)
Demandado: CONSEJO DE ESTADO- SECCIÓN SEGUNDA-
SUBSECCIÓN “A”
Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma la decisión por
falta de legitimación en la causa por activa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia del 26 de noviembre de 2021, dictada por la Subsección “C” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia del amparo
deprecado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de demanda
1. Con escrito enviado el 15 de septiembre de 2021, al correo electrónico del Centro
de Recepción de Tutelas y Habeas Corpus del Consejo Superior de la Judicatura,
remitido el mismo día al buzón web de la Secretaría General de esta Corporación1,
el señor William Cañas Guevara actuando como agente oficioso de la señora Aura
Enelia Guevara de Cañas (Q.E.P.D.), ejerció acción de tutela contra la Subsección
“A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el fin de que sean amparados
los derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, al mínimo
vital, a la seguridad social, y a la vida de su señora madre.
2. Los citados derechos los consideró vulnerados en el marco del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia con radicado No. 11001-03-25-000-
2020-00961-00, que en su sentir no fue resuelto de forma definitiva, no existió
motivación y se desconoció el acervo probatorio.
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
“(…) ordenar de forma inmediata al CONSEJO DE ESTADO remitir la providencia con
1 Asignado en segunda instancia a este despacho el 17 de febrero de 2022.
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la parte motiva por medio de la cual REMITE el proceso puesto a su consideración
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE y este a su vez a la HONORABLE
CORPORACIÓN, RESOLVER EL recurso extraordinario de UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA puesto a su consideración el cual creo no ha sido resuelto.
2. Tutelar los derechos fundamentales al MINIMO VITAL, LA DIGNIDAD
HUMANA. SEGURIDAD SOCIAL EN CONEXIÓN A LA VIDA del suscrito como
AGENTE OFICIOSO de mi madre ya fallecida por carecer de medios económicos
para subsistir, con la esperanza de que se le reconozca el PORCENTAJE DE LEY
DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES inicialmente presentada”. (Sic a toda la cita)
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El señor William Cañas Guevara es hijo de la señora Aura Enelia Guevara de
Cañas, y del señor Silvio Noel Cañas, este último prestó sus servicios a la Policía
Nacional hasta la fecha de su muerte, esto es, 24 de diciembre de 1992.
5. Como consecuencia del fallecimiento del señor Silvio Noel Cañas las señoras
Aura Enelia Guevara de Cañas, en calidad de cónyuge y madre de 2 de sus hijos y
Fanny Henao Carmona, como compañera permanente y madre de 3 hijos del
causante, solicitaron el reconocimiento de las prestaciones sociales en su favor y
de sus hijos, así como de la pensión de sobrevivientes.
6. Mediante Resolución N.º 127512 del 11 de octubre de 1994, la Subdirección
General de la Policía Nacional reconoció a los hijos menores de edad del causante
(Fanny Yurany, Silvio Alexander y Marcela Viviana Cañas Henao) el pago de la
pensión mensual por muerte, la parte proporcional de las cesantías y la
indemnización por muerte. Adicionalmente, reconoció a los hijos mayores de edad
(Maribel y William Cañas Guevara) y a Aura Enelia Guevara de Cañas, la parte
proporcional de las cesantías y la indemnización por la muerte del causante.
7. En el mencionado acto administrativo se negó, a su vez, el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes a las reclamantes, en tanto, frente a la esposa no
se acreditó la convivencia y en relación con la compañera permanente se indicó que
la ley no contemplaba tal reconocimiento a las uniones maritales de hecho.
8. Inconformes con lo anterior, las señoras Guevara de Cañas y Henao
Carmona presentaron, separadamente, demandas en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, procesos que fueron acumulados mediante
auto del 23 de enero de 2012 bajo la cuerda procesal del expediente radicado N.°
2010-00429-00.
9. Luego de su acumulación, el asunto fue remitido al Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión de Cali, que en sentencia del 13 de marzo de 2013
declaró la nulidad parcial de la Resolución No. 012751 del 11 de octubre de 1994 y
en consecuencia, ordenó al Ministerio de Defensa – Policía Nacional que
2 Obra en Samai en las págs. 74 a 79 del índice 1.
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reconociera y pagara a la señora Fanny Henao Carmona la sustitución pensional de
la asignación de retiro causada por el señor Silvio Noel Cañas, en calidad de
compañera permanente, a partir del 25 de diciembre de 1992.
10. Contra la anterior decisión, la señora Aura Enelia Guevara y el Ministerio de
Defensa interpusieron recurso de apelación, que fue resuelto por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 10 de mayo de 2017. Mientras
se adelantaba la segunda instancia del proceso ordinario la señora Aura Enelia
Guevara de Cañas falleció en la ciudad de Cali, exactamente el 17 de mayo de
2013.
11. Como fundamento de la decisión de segunda instancia el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca consideró que la señora Guevara de Cañas no
convivió con el causante los últimos años de su vida, al punto de separarse de
hecho desde 1969, mientras que la señora Henao Carmona si logró acreditar la
convivencia y ayuda mutua los últimos años de existencia del señor Silvio Cañas,
razones suficientes para confirmar la sentencia de primera instancia.
12. El apoderado de la señora Guevara de Cañas interpuso recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia3, por considerar que existían
sentencias del Consejo de Estado que cobijaban el reconocimiento y pago del
porcentaje correspondiente a la asignación de retiro en favor de las cónyuges
supérstites.
13. Mediante auto del 20 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo del
Valle del Causa concedió el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
y al ser recibido en el Consejo de Estado le correspondió por reparto a la Sección
Segunda, Subsección “A” bajo el radicado No. 11001-03-25-000-2020-00961-00.
14. La autoridad judicial accionada mediante auto del 6 de noviembre de 2020
inadmitió la solicitud presentada. Lo anterior por cuanto, el apoderado de la
demandante no expuso las razones de hecho y de derecho por las que consideraba
que la providencia era contraria a las sentencias que invocó como desconocidas,
de igual manera éstas no eran sentencias de unificación del Consejo de Estado, ni
se identificó la confrontación entre lo decidido en el fallo acusado y las providencias
relacionadas, de lo cual se pudiera inferir la existencia de una unidad temática en
las controversias.
15. El auto referido se notificó por estado el 15 de diciembre de 2020.
1.3. Fundamento de la solicitud
16. Luego de inadmitirse la demanda el accionante presentó memorial de
subsanación en el que señaló que actúa como agente oficioso de su madre quien
falleció, esperando una respuesta favorable de la administración de justicia que
reconociera los derechos que tenía como cónyuge supérstite del señor Silvio Cañas,
quien sirvió más de 34 años a la Policía Nacional.
3 Obra en Samai en las págs. 280 a 285 del archivo pdf índice 1
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17. Refirió que en el auto del 6 de noviembre de 2020 no se valoraron
integralmente las pruebas testimoniales y se negó, sin ningún tipo de motivación ni
fundamento jurídico “LA PRESTACION solicitada a favor de mi madre de parte de
CASUR”.
18. De igual manera consideró que al no tramitar el recurso de unificación de
jurisprudencia se quebrantó el derecho al mínimo vital, a la seguridad social en
pensiones y por conexión el derecho a la vida, “hasta el punto que mi progenitora
falleció antes de ver solucionadas sus pretensiones”.
19. Afirmó que “(d)esde el inicio de este proceso pude visualizar que las pretensiones
de mi madre iban a ser denegadas, observando a regañadientes cual iba a ser la decisión
final a adoptarse por los Funcionarios Judiciales que les correspondió dilucidar el asunto,
hoy veo con esperanza que el proceso está en su parte final donde la MAXIMA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE COLOMBIA y que las aspiraciones para obtener mi
madre el reconocimiento y pago de la prestación aún pueden CONCEDERSE”.
20. Finalmente, identificó que en su calidad de hijo de la señora Aura Enelia
Guevara de Cañas al igual que su hermana tienen derecho “de representación
tenemos derecho, aunque fuere al retroactivo y al RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA
PRESTACION de parte de CASUR, entidad nominadora la cual a su ARBITRIO por
competencia podría vincular a la presente ACCION DE TUTELA”.
1.4. Trámite de la acción de tutela
21. Luego de inadmitir la demanda y ser presentada la subsanación en tiempo,
el magistrado ponente de primera instancia en auto del 4 de octubre de 2021 admitió
la acción de tutela y ordenó:
I. Notificar al magistrado William Hernández Gómez, quien fungió como
ponente en el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia con
radicado núm. 11001-03-25-000-2020-00961-00 (2915-2020) como
autoridad judicial demandada.
II. Vincular, a la señora Fanny Henao Carmona y demás demandantes en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 76001-
33-31-702-2010-00429-01 (acumulado); así como a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional y al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que fungieron como demandada y autoridad judicial en segunda
instancia, respectivamente.
III. Tener como pruebas los documentos que obran en el plenario y oficiar a la
autoridad judicial para que allegue digitalizado el expediente de la referencia.
1.5. Intervenciones
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22. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentaron las
siguientes intervenciones:
1.5.1. Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
23. Por medio de escrito enviado por correo electrónico el 12 de octubre de 2021
al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la entidad vinculada
indicó que se debía declarar la falta de legitimación en la causa por activa o en su
defecto la ausencia de vulneración de los derechos reclamados, lo anterior por
cuanto ni el actor ni su madre, son titulares del reconocimiento de los derechos
realizados por la Policía Nacional.
24. De otra parte, resaltó que no puede el actor después de 4 años de quedar en
firme la sentencia de segunda instancia controvertirla so pretexto de la protección
de los intereses de alguien que se encuentra fallecido, pues nunca se le reconoció
derecho a la pensión de sobrevivientes en vida.
25. En relación con los derechos invocados como desconocidos, consideró que
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca valoró integralmente las pruebas
aportadas al proceso de las que pudo concluir quien convivía con el causante y en
favor de esa persona reconoció el derecho, por lo que no existe ningún tipo de
providencia arbitraria o que incurra en alguno de los defectos contra providencia
judicial.
1.5.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca allegó el expediente ordinario
digitalizado, sin pronunciarse sobre el escrito de tutela. Los demás vinculados
guardaron silencio.
1.6. Sentencia de primera instancia
26. En sentencia del 26 de noviembre de 2021, la Subsección “C” de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la solicitud de amparo
al advertir que la legitimación en la causa por activa en el caso concreto recaía en
la señora Aura Enelia Guevara de Cañas, por ser la titular de los derechos
fundamentales que pudiesen verse afectados por la decisión del 6 de noviembre de
2020 proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
que inadmitió el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y ordenó su
devolución al Tribunal de origen.
27. Por lo que, dado que falleció con anterioridad incluso a la sentencia de
segunda instancia no se cumplen los presupuestos propios de la legitimación en la
causa por activa ni de la agencia oficiosa en materia de tutela además el actor no
acreditó ser el sucesor procesal de su madre en los términos del Código General
del Proceso.
1.7. Impugnación
28. A través de correo electrónico enviado el 24 de enero de 2022 al buzón web
de la Secretaría General del Consejo de Estado, la parte actora impugnó la
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sentencia proferida por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de
Estado el 26 de noviembre de 2021, notificada el 21 de enero de 2022, por medios
electrónicos.
29. Insistió en que su actuar como agente oficioso de su madre es
completamente valido, pues se refiere a que “cualquier persona que tenga interés
en el proceso, fundamentalmente en nombre de otro sin mandato o sin poder ante
la imposibilidad de hacerlo personalmente (CODIGO GENERAL DEL PROCESO
ARTÍCULO 57)”
30. Destacó que se incurrió en un defecto fáctico al analizar el asunto propuesto
por la señor a Guevara de Cañas, pues únicamente era necesario acreditar la
convivencia por 5 años en cualquier tiempo para que ella fuera merecedora de la
pensión de sobrevivientes y su hermana Maribel Cañas y él pudieran acceder a
esos pagos que no recibió por negligencia de la administración.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
31. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la
parte actora contra la sentencia del 26 de noviembre de 2021, dictada por la
Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Legitimación en la causa por activa
2.3.1. Aspectos generales
32. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
33. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19914, en los artículos 1°, 10º, 46 y 49,
precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier persona
que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma;
(ii) a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa,
cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover
su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo
y los personeros municipales5.
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo
86 de la Constitución
Política”.
5 Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas
Hernández
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34. Desde la expedición por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-416
de 19976, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un
presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad
subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso
de tutela.
35. En la sentencia T-086 de 20107, la Alta Corporación reiteró que
“Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción
sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior
no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a
través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.
36. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 20118, la Corte Constitucional
indicó que la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la
persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto
del amparo que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador
pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
37. En la sentencia T-435 de 20169, el Alto Tribunal Constitucional estableció las
condiciones que deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro
de las cuales hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales
reclamados, lo cual quedó reiterado en la sentencia SU-454 de 201610, en la que,
adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las partes
es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de
la demanda11.
38. De esa manera, la Corte Constitucional en la sentencia T-697 de 2006, indicó
que, de conformidad con su jurisprudencia y lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución, se tiene que
“un primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela es la exigencia de que
quien solicite el amparo, se encuentre “legitimado en la causa” para presentar la
solicitud de protección de sus derechos fundamentales. La legitimación “por activa”
exige que el derecho cuya protección se invoca, sea un derecho fundamental radicado
en cabeza del demandante y no, en principio, de otra persona”.
6 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera
Carbonell.
7 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
8 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
9 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado
10 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
11 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511,
08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de
Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero López, en la cual se señaló: “En
el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez
constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan
en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso
de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales
existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia
de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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39. Finalmente, es importante recordar que, la mencionada Corte, en la Sentencia
de Unificación SU-173 de 2015, estableció que,
“La legitimación en la causa es un presupuesto procesal exigido en la acción de tutela,
debido a que los derechos fundamentales son inherentes a las personas y, además,
son intransferibles, aun tratándose de personas jurídicas o entidades territoriales (…)
La legitimación para ejercitar la acción de tutela a favor de terceros es excepcional y
por lo mismo sólo puede intentarse cuando el interesado demuestre que se ven
afectados sus derechos fundamentales y que se halle imposibilitado para deprecar
por sí mismo el amparo constitucional; así los interesados son aquellas personas a
quienes la decisión afecte directamente en sus derechos fundamentales, esto es, las
partes del litigio.”12
2.3.2. Caso concreto
40. Si bien el señor William Cañas Guevara manifestó actuar al interior del presente
proceso constitucional como agente oficioso de su señora madre Aura Enelia
Guevara de Cañas, lo cierto es que no se cumple con los requisitos para que se
tenga configurada dicha figura, principalmente por que la señora en mención falleció
el 17 de mayo de 2013, esto es, aproximadamente 7 años antes de iniciarse la
acción de la referencia.
41. Por tal motivo, en el auto inadmisorio de la presente demanda se requirió al
señor Cañas Guevara para que indicara con toda claridad sus pretensiones y la
calidad en la que actuaba, frente a lo que siempre manifestó ser agente oficioso de
su fallecida madre y, como pretensión, cuestionar la providencia que, en su sentir,
no se pronunció de fondo en relación con el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia que presentó el apoderado de la señora Aura Enelia en el proceso
ordinario.
42. Sobre el particular, esta Sala resalta que el ejercicio de esta acción
constitucional supone la efectividad y protección de los derechos fundamentales de
las personas, derivada de su característica principal de ser sujetos de derechos y
obligaciones, por su simple existencia, de manera que, “Quien no tenga la condición
de persona - natural o jurídica - propiamente hablando, no es sujeto de derechos
fundamentales, ya que éstos son inherentes a la esencia personal, o manifiestan las
tendencias naturales o fundamentales del sujeto de derecho13.”
43. En el caso objeto de estudio la titularidad de los derechos terminó con la muerte
de la persona y, no es dable hablar de sucesión procesal ya que la interposición del
recurso extraordinario de unificación jurisprudencial ocurrió con posterioridad al
fallecimiento de su titular por lo que la persona deja de ser sujeto de derechos, así no
existía la posibilidad de transmitirlos a los herederos o legatarios, ya que no fue ella
quien inició el citado recurso, aunado a que el actor no alega dicha condición ni la
pone de presente.
44. Por último es de destacar que los derechos fundamentales por su naturaleza y
finalidad, no pueden ser tenidos como parte del patrimonio del causante porque no
pueden ser medidos en dinero, por el contrario, forman parte de los netamente
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-173 del 16 de abril de 2015. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-269 de 1.993, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
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personales de allí que estén ligados a la persona por su esencia humana. La Corte
Constitucional al respecto ha considerado:
“Los derechos fundamentales, en relación con las personas naturales, tienen el carácter
de ser personales, es decir, del individuo como ser humano y, además, son principales,
lo que nos lleva a manifestar que son unipersonales. Asimismo, el artículo 5o. de la
Constitución, nos habla de que el Estado reconoce la primacía de los
derechos inalienables de la persona. En consecuencia, los derechos constitucionales
fundamentales no se debaten en la jurisdicción ordinaria, precisamente por ser la tutela
el instrumento idóneo fijado por la Constitución para su amparo.
No sobra indicar que esta Corte ha señalado insistentemente que las personas jurídicas
también son titulares de ciertos derechos fundamentales, entre otros, el debido proceso,
petición y la igualdad14”.
45. Por tanto, se tiene que el señor Cañas Guevara no acreditó estar facultado para
actuar como agente oficioso de la señora Aura Enelia Guevara de Cañas, debido a
su fallecimiento y perder la titularidad de derechos fundamentales razón suficiente
para confirmar la decisión de primera instancia, ya que no se configura su
legitimación en la causa por activa en la presente acción de tutela.
46. Si bien, para esta Sección la improcedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial deviene del incumplimiento de alguno de los requisitos
generales de procedibilidad, lo cierto es que las razones esbozadas en primera
instancia coinciden con el señalamiento aquí expuesto, en esa medida la
providencia será confirmada, pues en dicha instancia también se encontró la falta
de legitimación en la causa por activa del aquí accionante.
2.4. Conclusión
47. En definitiva, esta Sala de Decisión no encuentra legitimación por activa del
gestor de la acción, en la medida en que no es dable agenciar lo derechos de una
persona fallecida por cuanto, con la muerte los derechos fundamentales que son
inalienables no se pueden transmitidos o agenciados por un tercero.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de noviembre de 2021, dictada por
la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de Estado que DECLARÓ
IMPROCEDENTE el amparo deprecado por William Cañas Guevara como agente
oficioso de la señora Aura Enelia Guevara de Cañas (Q.E.P.D.), pero por las
razones expuestas en las consideraciones de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-550 de 1.995, M.P. Dr. Jorge Arango Mejía
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Demandante: William Cañas Guevara en representación
de Aura Enelia Guevara de Cañas (Q.E.P.D.)
Demandado: Consejo de Estado- Sección Segunda – Subsección “A”
Rad: 11001-03-15-000-2021-06330-01
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.
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