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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-06338-00

Fecha
9 de diciembre de 2021
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-06338-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Héctor Jacob Rodríguez, en nombre propio, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-06338-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

9 de diciembre de 2021

Radicación:11001-03-15-000-2021-06338-00
Demandante: HÉCTOR JACOB RODRÍGUEZ

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06338-00
Demandantes: HÉCTOR JACOB RODRÍGUEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
“A”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa por atentado terrorista. Defecto fáctico por
indebida valoración de las pruebas

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Héctor Jacob Rodríguez, en nombre propio, contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, en la que pide el amparo
constitucional de los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana,
integridad física y salud, vulnerados, supuestamente, por la sentencia de 19 de
marzo de 2021, mediante la cual la autoridad judicial accionada modificó el fallo de
primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, en el marco del
medio de control de reparación directa, que junto con otros demandantes
promovió contra la Policía Nacional, con el fin de que se le declarara
administrativamente responsable por los perjuicios soportados a raíz de un ataque
terrorista perpetrado el 14 de agosto de 2011 por las FARC en el municipio de
Tumaco, Nariño.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante manifestó que el 25 de julio de 2013, junto con otras 24 personas,
todos habitantes del corregimiento de la Guayacana, municipio de Tumaco,
Nariño, instauraron demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa contra la Policía Nacional, con el fin de que se le declarara
administrativamente responsable por los perjuicios soportados a raíz de un ataque
terrorista cometido el 14 de agosto de 2011 por las FARC, en el que se vieron
afectadas sus viviendas.

Sostuvo que mediante sentencia de 6 de mayo de 2019, el Tribunal Administrativo
de Nariño accedió a las pretensiones de la demanda, y condenó a la Policía
Nacional al pago de una indemnización por los perjuicios ocasionados a la
totalidad de los demandantes en el proceso.

Manifestó que luego de que la demandada interpusiera recurso de apelación, el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, mediante sentencia de 19
de marzo de 2021, modificó el fallo favorable de primera instancia, en el sentido de
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Demandante: HÉCTOR JACOB RODRÍGUEZ

declarar la falta de legitimación en la causa por activa y excluir del grupo de
beneficiarios de la condena a 11 de los demandantes, entre los que se encontraba
el ahora demandante.

Agregó que, en su caso particular, la falta de legitimación en la causa por activa se
declaró con base en que, a pesar de que para acreditar la posesión del inmueble
afectado aportó un contrato de compraventa y testimonios que daban cuenta de
que vivía en ese lugar desde hace muchos años, con ánimo de señor y dueño,
concurría una situación que se oponía a reconocer su condición de poseedor, esto
es, la Resolución No. 0795 de 10 de octubre de 2012, por la cual el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, le negó la adjudicación del predio
denominado “La Mojarra”, en consideración a que se trataba de un predio baldío
situado en una zona que de conformidad con la Ley 70 de 1993 debía privilegiar la
adjudicación de su propiedad a las comunidades negras.

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela con el fin de que el juez constitucional
proteja sus derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, integridad física y
salud, supuestamente vulnerados por la sentencia de 19 de marzo de 2021,
mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, modificó
el fallo favorable de primera instancia dictado en el marco del medio de control de
reparación directa que junto con otros demandantes impetró contra la Policía
Nacional, en el sentido de declarar su falta de legitimación en la causa por activa y
excluirlo del grupo de beneficiarios de la condena, lo que, a su juicio, “le causó un
perjuicio irremediable”, pues si bien por medio de la Resolución No. 0795 de 10 de
octubre de 2012 el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, le negó la
adjudicación del predio denominado “La Mojarra”, afectado por el atentado
terrorista, “lo que estaba pidiendo el suscrito era la adjudicación de un baldío de la
Nación; no una indemnización de perjuicios por daños económicos causados a
una vivienda en un siniestro. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”.

Aun cuando no es explícito en la solicitud, la Sala entiende que el accionante
alega un supuesto defecto fáctico, por la indebida valoración de la Resolución
No. 795 de 2012, mediante la que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural,
Incoder, le negó la adjudicación del predio denominado “La Mojarra”, y el contrato
de compraventa allegado por el accionante con el fin de probar que era propietario
del inmueble afectado por el atentado terrorista, por lo que estaba legitimado en la
causa por activa y tenía derecho a que se ordenara la indemnización reclamada a
su favor.

Sobre el particular, el actor afirmó que el lote de terreno donde está la casa
averiada y que es materia de la presente reclamación, “está construida dentro de
un lote de terreno que le compré la posesión por documento privado de
compraventa al señor ALEJANDRO ROSERO C.C. No. 1.816.463 de fecha 3 de
marzo de 1977 y autenticado, en la Notaría Única de Tumaco Nariño, está ubicado
frente al Puesto de la Policía Nacional de la Guayacana”.

Luego de indicar que la solicitud cumple con los requisitos para su procedencia,
agregó que, de su parte, “no se ha cometido falta alguna, menos delito al hacer
esta reclamación. Yo soy una víctima del atentado terrorista del 14 de agosto de
2.011, al Puesto de Policía Nacional en el Corregimiento de la Guayacana Nariño,
mi casa que está ubicada al frente del puesto, quedó totalmente destrozada, por
ello un grupo de vecinos todos damnificados presentamos demanda contra la
Nación- Policía Nacional para ser resarcidos nuestros daños materiales sufridos
por nosotros al ser destruidas injustamente nuestras viviendas lo tanto soy
merecedor al reconocimiento y pago de la indemnización correspondiente”.

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3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan la siguiente:

“Solicito a la Corte Suprema de Justicia, decrete la modificación de la sentencia
de segunda instancia, ordenando la inclusión del suscrito en la lista de las
personas víctimas del atentado; así mismo se le ordene a la Policía Nacional
cancelarme la indemnización que por derecho me corresponda”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digital del medio de control de reparación directa Nº 2013-00380-
01, actor: Héctor Jacob Rodríguez y otros.

5. Trámite procesal

Por auto de 22 de septiembre de 2021, el despacho admitió la solicitud de tutela.
En la misma decisión se ordenó notificar al accionante, a la autoridad judicial
accionada, así como al Tribunal Administrativo de Nariño, a la totalidad de los
demandantes en la acción de reparación directa que originó la controversia y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el
resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
96703 a 96711, todas de 24 de septiembre de 2021, con el fin de darle
cumplimiento a la referida decisión1.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”

En oficio de 28 de septiembre de 2021, la ponente de la decisión objetada rindió
informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud, por
cuanto, afirmó, es evidente que lo pretendido por el actor por vía de tutela es
controvertir la interpretación, el análisis y la valoración hecha por el juez natural de
la causa, lo cual, conforme con la jurisprudencia de la Corte Constitucional2, no
hace parte de los asuntos que deban o puedan ser resueltos por el juez de la
acción de tutela.

Sostuvo que la decisión de declarar la falta de legitimación en la causa por activa
del demandante Héctor Jacob Rodríguez estribó, esencialmente, en la inviabilidad
de considerarlo propietario y tampoco poseedor del inmueble que decía habitar y
respecto de cual reclamaba el reconocimiento de los supuestos daños materiales
que se habrían ocasionado por el explosivo lanzado por el grupo insurgente, en
tanto, si bien el documento aportado por este para acreditar la posesión del
inmueble, denominado “contrato de compraventa de inmueble”, no generaba
reparos frente a su autenticidad, reposaba en el expediente la Resolución No.
0795 del 10 de octubre de 2012, expedida por el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural, Incoder, le negó la adjudicación del predio denominado “Lote La
Mojarra”, ubicado en zona rural del municipio de Tumaco, en consideración a que
se trataba de un predio baldío situado en una zona que, de conformidad con la Ley
70 de 1993, debía privilegiar la adjudicación de su propiedad a las comunidades
negras, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción.

1
La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas:jaer1950@hotmail.com;
notifijsachica@consejodeestado.gov.co, notifmmarin@consejodeestado.gov.co, marialc_94@hotmail.com,
ces3secr@consejodeestado.gov.co,
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co
2
Corte Constitucional, sentencias T 564 de 1994 y 553 de 1997, ambas con ponencia del señor magistrado Eduardo
Cifuentes Muñoz.
3

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Demandante: HÉCTOR JACOB RODRÍGUEZ

Indicó que en la sentencia objetada se puso de presente que “Los baldíos son
bienes públicos de la Nación catalogados dentro de la categoría de bienes fiscales
adjudicables, en razón de que la Nación los conserva para adjudicarlos a quienes
reúnan la totalidad de las exigencias establecidas en la ley. Se advirtió que, en
consonancia con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2519
del Código Civil, los bienes de uso público no prescriben en ningún caso”.

Añadió que, con base en esas consideraciones, se concluyó que por su carácter
imprescriptible se descartaba la posibilidad de adquirir la propiedad del bien con
independencia de su ocupación de hecho por un largo período, circunstancia que
se oponía a cualquier reconocimiento indemnizatorio al señor Héctor Jacob
Rodríguez, en calidad de poseedor del bien.

Finalmente, reiteró que lo que se pretende a través de la presente demanda de
tutela es debatir que lo que se estaba pidiendo en sede administrativa era la
adjudicación de un terreno baldío y no el reconocimiento de una indemnización por
la destrucción de su inmueble ubicado en ese terreno, por lo que, en criterio del
accionante, para el reconocimiento de los perjuicios solicitados no era posible
oponer la negativa a adjudicar el terreno baldío, porque eran dos cosas distintas,
lo que no es nada distinto que controvertir las razones por las cuales se declaró su
falta de legitimación en la causa por activa, ante la convergencia de circunstancias
que impedían considerarlo poseedor del inmueble supuestamente afectado.

6.2. Los demás vinculados no rindieron informe aun cuando fueron notificados
debidamente.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 19 de marzo de 2021,
mediante la que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, modificó
el fallo favorable de primera instancia de la acción de reparación que junto con
otros impetró contra la Policía Nacional, en el sentido de declarar su falta de
legitimación en la causa por activa y excluirlo del grupo de beneficiarios de la
condena, vulnera sus derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana, a la
integridad física y a la salud, en tanto incurre en defecto fáctico por la indebida
valoración de la Resolución No. 795 de 2012, mediante la que el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, le negó al accionante la adjudicación del
predio denominado “La Mojarra”, afectado por el atentado terrorista del que
reclamaba perjuicios, y el contrato de compraventa allegado por aquel con el fin de
probar que era propietario de dicho inmueble, y que, por lo tanto, estaba
legitimado en la causa por activa y que tenía derecho a que se ordenara la
indemnización a su favor.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
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constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20125, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20146, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto
fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin
motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la
Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos

3
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
4
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
5
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
6
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
8
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia
para ello.
9
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
10
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
11
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
12
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
13
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
14
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
5

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arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo15 y de la Corte
Constitucional16.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela cumple el requisito de
relevancia constitucional, pues debe definirse si se vulneraron al accionante los
derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, integridad física y salud, con
la sentencia de 19 de marzo de 2021, mediante la cual la autoridad judicial
accionada modificó el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones de
la demanda, en el marco del medio de control de reparación directa, que junto con
otros demandantes promovió contra la Policía Nacional, (ii) el actor no cuenta con
otro medio de defensa judicial, pues en el proceso ordinario se agotó el recurso de
apelación contra la sentencia de 6 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño; (iii) se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que
la providencia objetada fue notificada mediante correo electrónico el 18 de mayo
de 2021 y la acción de tutela se presentó el 20 de septiembre de 2021, esto es,
cuatro (4) meses y dos (2) días después, dentro del término prudencial
precisado por esta Corporación17 y la Corte Constitucional18; (iv) se identificaron de
manera razonable los hechos que generaron la supuesta vulneración de derechos
fundamentales y (v) la acción no se dirige contra un fallo de tutela.

Se advierte, entonces, que se han superado los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que la
Sala entrará a efectuar el estudio de fondo del asunto bajo consideración.

4.2. La providencia objetada no incurrió en el defecto fáctico alegado

4.2.1. En el presente caso, el accionante considera que la sentencia de 19 de
marzo de 2021, mediante la que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “A”, modificó el fallo favorable de primera instancia de la acción de
reparación que junto con otros impetró contra la Policía Nacional, en el sentido de
declarar su falta de legitimación en la causa por activa y excluirlo del grupo de
beneficiarios de la condena, vulnera sus derechos fundamentales a la vida, la
dignidad humana, a la integridad física y a la salud, en tanto incurre en defecto
fáctico, por la indebida valoración de la Resolución No. 795 de 2012, mediante la
que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, le negó la adjudicación
del predio denominado “La Mojarra”, afectado por el atentado terrorista del que

15
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7
de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de
2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
16
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
17 Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

18 Sentencias T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José

Lizarazo Ocampo.
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reclamaba perjuicios, y el contrato de compraventa allegado con el fin de probar
que era propietario de dicho inmueble y que, por lo tanto, estaba legitimado en la
causa por activa y que tenía derecho a que se ordenara la indemnización a su
favor.

En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se
configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al
proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya
desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos
casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal
trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos
supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, de manera que cuando los mismos no
satisfagan estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de
situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.

Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse defecto
fáctico: 1) Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez; 2) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en
la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por
ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
Constitución , o cuando se dan por establecidas circunstancias sin que exista
material probatorio que respalde su decisión .

Es decir, que dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el
debate probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para
resolver el caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores
manifiestos del fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.

4.2.2. Del análisis de los argumentos que fundamentaron la providencia
cuestionada, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
“A”, el 19 de marzo de 2021, la Sala observa que en la misma analizaron los
diversos medios de prueba aportados, entre estos aquellos de los que se predica
su indebida valoración, de los que la autoridad judicial accionada concluyó que el
carácter imprescriptible del bien baldío en el que se encontraba el inmueble
afectado descartaba la posibilidad de ser adquirido por el actor con independencia
de su ocupación de hecho por un largo período, circunstancia que se oponía a
cualquier reconocimiento indemnizatorio reclamado por aquel en calidad de
poseedor del bien.

Sobre el particular, se expresó la autoridad judicial accionada de la siguiente
manera:

“
Nombre del Documento relacionado con su
demandante posesión del inmueble
Héctor Documento titulado “Contrato de
Jacob compraventa” del inmueble ubicado en La
Rodríguez Guayacana, suscrito el 3 de marzo de
1977 entre Alejandro Rosero como
vendedor y Héctor Jacob Rodríguez como

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comprador19.

(…)

De otro lado, la Sala no reconocerá legitimación en la causa por pasiva al señor
Héctor Jacobo Rodríguez, pues, a pesar de que el documento por él aportado
para acreditar la posesión del inmueble, denominado “contrato de compraventa
de inmueble”, no genera reparos frente a su autenticidad y reposan testimonios
que dan cuenta de que vive en ese lugar desde hace muchos años, ejerciendo
ánimo de señor y dueño, ciertamente concurre una situación que se opone a
reconocer su condición de poseedor.

Reposa en el expediente la Resolución 0795 del 10 de octubre de 2012 , por la
cual el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder negó la adjudicación al
señor Héctor Jacobo Rodríguez respecto del predio denominado “Lote La
Mojarra”, ubicado en zona rural del municipio de Tumaco, en consideración a
que se trataba de un predio baldío situado en una zona que, de conformidad
con la Ley 70 de 1993, debía privilegiar la adjudicación de su propiedad a las
comunidades negras, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de
producción.

Al respecto, cabe poner de presente que “Los baldíos son bienes públicos de la
Nación catalogados dentro de la categoría de bienes fiscales adjudicables, en
razón de que la Nación los conserva para adjudicarlos a quienes reúnan la
totalidad de las exigencias establecidas en la ley.

En consonancia con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
2519 del Código Civil, los bienes de uso público no prescriben en ningún caso.

De cara a su carácter imprescriptible, lo que de suyo descarta la
posibilidad de adquirir la propiedad del bien con independencia de su
ocupación de hecho por un largo período, la Sala advierte que tal
circunstancia se opone al reconocimiento en calidad de poseedor del bien
por parte del señor Héctor Jacobo Rodríguez.

Así pues, la Sala encuentra que no les asiste legitimación en el causa por
activa a los señores Aura María González de Taicus, Marina Guanga García,
Édgar Enrique Quiroz y Daicy García, Segundo Jaime Garcés Montaño, Isabel
Guarnica Zambrano, Blanca Ligia Hernández Torres, Dilian del Carmen
Casanova Casanova, María Teresa Pai Pai, Ninfa García Pérez, Gloria García
Pérez, Héctor Jacobo Rodríguez y Héctor Burgos García, dado que las pruebas
documentales aportadas para acreditar la condición que dicen ostentar
merecen ser desestimadas por las razones señaladas”. (Negrillas de la Sala).

En este sentido, para la Sala el defecto fáctico por indebida valoración de la
Resolución No. 795 de 2012, mediante la que el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural, Incoder, le negó la adjudicación del predio denominado “La
Mojarra” por tratarse de un predio baldío, y el contrato de compraventa allegado
por el accionante con el fin de probar que era propietario del inmueble afectado
por el atentado terrorista, no se configura, por lo que la decisión de declarar la falta
de legitimación en la causa por activa de la parte actora en el proceso de
reparación directa se torna razonable, ante la imposibilidad de considerarlo
poseedor del inmueble afectado por el atentado terrorista del que reclamaba
perjuicios, valoración que no vulnera los derechos fundamentales invocados.

Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela
de la referencia, por cuanto se probó que el defecto fáctico alegado no se
configura.

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Folio 145 del cuaderno 1.
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Radicación:11001-03-15-000-2021-06338-00
Demandante: HÉCTOR JACOB RODRÍGUEZ

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el
señor Héctor Jacob Rodríguez, en nombre propio, contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “A”.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo del
Consejo.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

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