Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-06338-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-06338-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-06338-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
26 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-06338-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: HÉCTOR JACOB RODRÍGUEZ
TESIS: CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DENEGÓ EL
AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA NO
INCURRIÓ EN EL DEFECTO FÁCTICO ENDILGADO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA VIDA, A LA DIGNIDAD HUMANA,
A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y A LA SALUD.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo
presentado por el Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, esta
Sala procede a decidir la impugnación presentada por la parte actora
contra la sentencia de 9 de diciembre de 2021, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado1 que denegó el amparo
solicitado.
1 En adelante la Sección Cuarta.
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-06338-01
ACTOR: HÉCTOR JACOB RODRÍGUEZ
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor HÉCTOR JACOB RODRÍGUEZ, actuando en nombre propio,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la integridad física
y a la salud, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la Sección
Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado 2 al proferir la
sentencia de 19 de marzo de 2021, dentro del medio de control de
reparación de los perjuicios causados a un grupo identificado con el
número único de radicación 52001-23-33-000-2013-00380-01.
I.2.- Hechos
Refirió que el 14 de agosto de 2011, en el corregimiento de
Guayacana, Municipio de Tumaco – Nariño, integrantes de la
“Columna móvil Daniel Aldana de las FARC” lanzaron artefactos
explosivos y ráfagas de fusil a las instalaciones del puesto de Policía,
lo que ocasionó afectación de las viviendas de varias personas.
2 En adelante la Sección Tercera.
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ACTOR: HÉCTOR JACOB RODRÍGUEZ
Sostuvo que, como consecuencia de lo anterior, junto con 24
personas, promovieron demanda dentro del medio de control de
reparación de los perjuicios causados a un grupo contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a fin de que se le declarara
administrativamente responsable por los perjuicios derivados del
ataque antes mencionado.
Indicó que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 2013-00380-00 y le correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Nariño que, en sentencia de 6 de mayo de 2019,
accedió a las pretensiones y condenó a la Policía Nacional al pago de
una indemnización por los perjuicios ocasionados a la totalidad de los
demandantes.
Relató que la anterior decisión fue objeto de apelación, el cual fue
desatado por la Sección Tercera que, a través de providencia de 19
de marzo de 2021, modificó el fallo de primera instancia en el sentido
de declarar su falta de legitimación en la causa por activa, por lo que
lo excluyó del grupo de beneficiarios de la condena, junto con 11
demandantes más, al considerar que de conformidad con la
Resolución núm. 0795 de 10 de octubre de 2012, el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER negó la adjudicación del
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predio denominado “La Mojarra”, pues dicho predio baldío se
encontraba situado en zona que, de conformidad con la Ley 70 de
1993, debía privilegiar la adjudicación de su propiedad a las
comunidades negras.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada valoró
indebidamente la Resolución núm. 795 de 2012, así como el contrato
de compraventa allegado al plenario, por medio de los cuales era
dable establecer que era propietario del inmueble afectado con el
atentado, de tal forma que sí estaba legitimado en la causa por activa
y, como consecuencia de ello, tenía derecho al reconocimiento de la
indemnización reclamada.
Arguyó que el lote de terreno donde está la casa afectada y que es
materia de reclamación, está construida dentro de un lote de terreno
que compró, tal como se evidencia en el documento privado de
compraventa, en el cual consta las respectivas medidas y linderos,
por lo que debió pagársele la indemnización reclamada.
I.4.- Pretensiones
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El actor solicitó la protección de sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia:
“[…] se decrete la modificación de la sentencia de segunda instancia,
ordenando la inclusión del suscrito en la lista de las personas víctimas
del atentado; así mismo se le ordene a la Policía Nacional cancelarme
la indemnización que por derecho me corresponde […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La Sección Tercera solicitó declarar improcedente la acción
de tutela de la referencia, comoquiera que lo pretendido por el actor
es revivir una discusión que ya se surtió por el juez natural del
asunto, por lo que la solicitud de amparo carece del requisito de
relevancia constitucional.
Adujo que la decisión de declarar la falta de legitimación en la causa
por activa del actor estribó, esencialmente, en la inviabilidad de
considerarlo propietario y tampoco poseedor del inmueble que decía
habitar respecto del cual reclamaba el reconocimiento de los daños
materiales, por lo que si bien fue aportado documento denominado
“contrato de compraventa de inmueble”, también reposaba en el
expediente la Resolución núm. 0795 de 2012, por la cual el INCODER
le negó la adjudicación del predio.
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I.6. Intervinientes
I.6.1.- La Policía Nacional solicitó denegar las pretensiones de la
acción de tutela objeto de análisis, toda vez que no se vislumbra
vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados, pues
la decisión cuestionada se fundamentó en el material probatorio
obrante en el expediente y las normas aplicables al asunto.
Refirió que la solicitud de amparo no cumple con el mínimo de
argumentación necesaria que permita evidenciar la trasgresión de los
derechos fundamentales invocados y, por el contrario, sí se vislumbra
una actuación desleal del actor de querer debatir un asunto
debidamente dilucidado por las instancias judiciales pertinentes.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Sección Cuarta mediante sentencia de 9 de diciembre de 2021,
denegó las pretensiones de la acción de tutela al considerar que en
la providencia acusada se analizaron los diversos medios de prueba
aportados, entre estos, aquellos de los que el actor predica su
indebida valoración y que la autoridad judicial accionada concluyó
que el carácter imprescriptible del bien baldío en el que se encontraba
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el inmueble afectado descartaba la posibilidad de ser adquirido por
el señor RODRÍGUEZ, circunstancia que se oponía a cualquier
reconocimiento indemnizatorio reclamado.
Así las cosas, el a quo estimó que no se incurrió en el defecto fáctico
endilgado, comoquiera que la decisión cuestionada se torna
razonable y la valoración de las pruebas obrantes en el expediente
no vulnera los derechos fundamentales invocados.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor presentó escrito de impugnación, el cual sustentó en los
siguientes términos:
Reiteró las inconformidades expuestas en el escrito primigenio de la
acción de tutela, esto es, que la autoridad judicial accionada incurrió
en defecto fáctico al valorar indebidamente la Resolución núm. 0795
de 2012, comoquiera que el predio que allí se discutió nada tiene que
ver con el de la reclamación de los perjuicios a los que fue condenada
la Policía Nacional dentro del medio de control de reparación de los
perjuicios causados a un grupo identificado con el número único de
radicación 2013-00380-01.
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Refirió que la solicitud de adjudicación denegada por el INCODER
trata de un predio rural, diferente al bien inmueble objeto de
reclamación; además, resaltó que la Resolución núm. 0000425 de 11
de junio de 2013 modificó la Resolución núm. 0795 de 2012,
otorgándole el predio “La Mojarra”, lo que cambia sustancialmente la
decisión objeto de análisis.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre
de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
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en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en
el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
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que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se deje sin efecto la sentencia de 19 de marzo de 2021,
proferida por la Sección Tercera, por medio de la cual modificó la
decisión del a quo y, en su lugar, declaró la falta de legitimación en
la causa por activa del actor dentro del medio de control de
reparación de los perjuicios causados a un grupo identificado con el
número único de radicación 2013-00380-01.
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A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales a la vida, la dignidad humana, la integridad física y la
salud, habida cuenta que, a juicio de la parte actora, la autoridad
judicial accionada incurrió en defecto fáctico.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
Sección Cuarta que, mediante sentencia de 9 de diciembre de 2021,
denegó el amparo solicitado al estimar que la autoridad judicial
accionada valoró debidamente las pruebas allegadas al proceso,
entre otras, las alegadas por el actor, por lo que no es de tal acierto
que haya incurrido en el defecto fáctico endilgado.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
reiterando los argumentos expuestos en el escrito de tutela, esto es,
que la Sección Tercera incurrió en defecto fáctico al valorar
indebidamente la Resolución núm. 0795 de 2012.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si la Sección
Tercera incurrió en el defecto fáctico al proferir la providencia de 19
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de marzo de 2021, dentro del medio de control de reparación de los
perjuicios causados a un grupo identificado con el número único de
radicación 2013-00380-01.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la
Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación.
La Sala advierte que se cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, por cuanto la parte actora plantea con suficiente carga
argumentativa, las razones por las cuales, en su criterio, la autoridad
judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales invocados;
contra la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se
estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión
(artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo
256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo
razonable3 y, por último, la solicitud identifica los hechos y derechos
que se estiman lesionados.
3 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero
ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
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Verificado lo anterior y superado el análisis de procedibilidad,
corresponde determinar si la autoridad judicial accionada incurrió en
el yerro endilgado al proferir la sentencia de 19 de marzo de 2021,
dentro del medio de control de reparación de los perjuicios causados
a un grupo identificado con el número único de radicación 2013-
00380-01.
Del defecto fáctico
En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en
sentencia T-362 de 20134, explicó lo siguiente:
“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.
Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que
el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía
e independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las
reglas de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación
ha identificado que “el yerro en la apreciación del material
probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante,
4 M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se
desconozca “la realidad probatoria del proceso […]”.
En esa medida, a juicio de la referida Corte:
“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello
sería contrario al principio de que la tutela es un medio
alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la
órbita de la competencia y la autonomía de que son
titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas del original).
De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto
fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en
el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además
con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia.
Caso concreto
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En el asunto sub examine el actor plantea que la autoridad judicial
accionada, al conocer del medio de control de reparación de los
perjuicios causados a un grupo identificado con el número único de
radicación 2013-00380-01, incurrió en el defecto fáctico toda vez que
dejó de valorar en debida forma el caudal probatorio, esto es, la
Resolución núm. 795 de 2012, así como el contrato de compraventa
allegado al plenario, por medio de los cuales era dable establecer que
era propietario del inmueble afectado con el atentado, de tal forma
que sí estaba legitimado en la causa por activa y, como consecuencia
de ello, tenía derecho al reconocimiento de la indemnización
reclamada.
Para resolver el cargo planteado, es necesario traer a colación la
providencia cuestionada con el fin de verificar la valoración
probatoria y los fundamentos de la decisión expuestos por la
autoridad judicial accionada.
La providencia cuestionada se translitera a continuación:
“[…] Para acreditar la calidad de poseedores en la que comparecían
a esta causa se aportaron los siguientes elementos de prueba: […]
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[…]
De otro lado, la Sala no reconocerá legitimación en la causa por
pasiva (sic) al señor Héctor Jacobo Rodríguez, pues, a pesar de que
el documento por él aportado para acreditar la posesión del
inmueble, denominado “contrato de compraventa de inmueble”, no
genera reparos frente a su autenticidad y reposan testimonios que
dan cuenta de que vive en ese lugar desde hace muchos años,
ejerciendo ánimo de señor y dueño, ciertamente concurre una
situación que se opone a reconocer su condición de poseedor.
Reposa en el expediente la Resolución 0795 del 10 de
octubre de 20125, por la cual el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural Incoder negó la adjudicación al señor
Héctor Jacobo Rodríguez respecto del predio denominado
“Lote La Mojarra”, ubicado en zona rural del municipio de
Tumaco, en consideración a que se trataba de un predio
baldío situado en una zona que, de conformidad con la Ley
70 de 1993, debía privilegiar la adjudicación de su
propiedad a las comunidades negras, de acuerdo con sus
prácticas tradicionales de producción.
Al respecto, cabe poner de presente que “Los baldíos son bienes
públicos de la Nación catalogados dentro de la categoría de bienes
fiscales adjudicables, en razón de que la Nación los conserva para
adjudicarlos a quienes reúnan la totalidad de las exigencias
establecidas en la ley6.
En consonancia con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 2519 del Código Civil, los bienes de uso público no
prescriben en ningún caso.
De cara a su carácter imprescriptible, lo que de suyo descarta la
posibilidad de adquirir la propiedad del bien con independencia de
su ocupación de hecho por un largo período, la Sala advierte que
tal circunstancia se opone al reconocimiento en calidad de poseedor
del bien por parte del señor […]” (Destacado fuera de texto).
5
Folios 622 a 623 del cuaderno 3.
6
Corte Constitucional, sentencia C-595 del 7 de diciembre de 1995, M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
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De lo anterior, se extrae que la autoridad judicial accionada, al
conocer del medio de control de reparación de los perjuicios causados
a un grupo, modificó la decisión del a quo y, en consecuencia, declaró
la falta de legitimación en la causa por activa del actor, al estimar
que de las pruebas documentales aportadas, no era posible acreditar
su posesión del inmueble por el cual pretendía reclamar la
indemnización por los daños causados con el atentado.
Para arribar a tal conclusión, la Sección Tercera analizó el documento
denominado “contrato de compraventa de inmueble” así como la
Resolución 0795 de 2012, por la cual el INCODER negó la
adjudicación al señor RODRÍGUEZ respecto del predio denominado
“Lote La Mojarra”, ubicado en zona rural del Municipio de Tumaco, al
encontrar que el carácter imprescriptible del bien baldío no podía ser
adquirido por el actor.
Así las cosas, la Sección Tercera estimó que, aun cuando existía el
documento denominado “contrato de compraventa de inmueble”, el
cual no generaba duda respecto de su autenticidad, también
reposaba en el expediente la Resolución núm. 0795 de 2012, que
daba cuenta sobre la imposibilidad del actor de adquirir la propiedad
del bien objeto de reclamo, pues con independencia de su ocupación
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de hecho por un largo tiempo, le fue negada la adjudicación al
tratarse de tierras baldías que benefician a comunidades negras,
razón por la que no fue posible reconocer la calidad de poseedor del
señor RODRÍGUEZ frente al predio “La Mojarra”.
Sobre el particular, la parte actora alega que la providencia acusada
incurrió en defecto fáctico comoquiera que se dejó de valorar en
debida forma el caudal probatorio por medio del cual era posible
advertir que era propietario del inmueble afectado con el atentado,
de tal forma que sí estaba legitimado en la causa por activa y, como
consecuencia de ello, tenía derecho al reconocimiento de la
indemnización reclamada.
En este punto, la Sala advierte que no le asiste razón a la parte actora
al estimar que se incurrió en defecto fáctico, toda vez que la Sección
Tercera sí analizó las pruebas obrantes en el expediente de forma
integral, entre otras, los elementos materiales probatorios
esgrimidos por el actor, de los cuales era razonable inferir que no se
logró demostrar la calidad de poseedor del bien reclamado por parte
del señor HECTOR JACOB RODRÍGUEZ, por lo que carecía de
legitimación en la causa por activa.
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Sumado a lo anterior, conviene resaltar que, contrario a lo advertido
por el actor, la Resolución núm. 0000425 de 2013 no modificó la
Resolución núm. 0795 de 2012, sino que la aclaró, precisamente en
cuanto a que las razones fácticas y jurídicas que llevaron a negar la
adjudicación del bien solicitado, no era que éste se encontrara en
zona rural, sino que era un bien que debía ser adjudicado a las
comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las
zonas rurales de conformidad con lo dispuesto en la Ley 70 de 19937.
En ese orden de ideas, el análisis ni la decisión contenida en la
providencia controvertida, resultan caprichosos o excedidos, sino que
fueron adoptados a partir del alcance dado a la situación fáctica de
la demanda respectiva y a las pruebas aportadas al proceso, por lo
que de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez
de conocimiento, modificó la decisión del a quo y, en su lugar, declaró
la falta de legitimación en la causa por activa del actor.
De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad de la parte
actora con las razones de la providencia judicial acusada, no así la
vulneración de los derechos fundamentales invocados, motivo por el
7
“Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”.
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cual, al no haberse acreditado el yerro endilgado, la Sala confirmará
la providencia impugnada que denegó el amparo solicitado, como en
efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de mayo de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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