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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-06338-01

Fecha
26 de mayo de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-06338-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-06338-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

26 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-06338-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: HÉCTOR JACOB RODRÍGUEZ

TESIS: CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DENEGÓ EL
AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA NO
INCURRIÓ EN EL DEFECTO FÁCTICO ENDILGADO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA VIDA, A LA DIGNIDAD HUMANA,
A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y A LA SALUD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo

presentado por el Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, esta

Sala procede a decidir la impugnación presentada por la parte actora

contra la sentencia de 9 de diciembre de 2021, proferida por la

Sección Cuarta del Consejo de Estado1 que denegó el amparo

solicitado.

1 En adelante la Sección Cuarta.

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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2021-06338-01
ACTOR: HÉCTOR JACOB RODRÍGUEZ

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor HÉCTOR JACOB RODRÍGUEZ, actuando en nombre propio,

en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la integridad física

y a la salud, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la Sección

Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado 2 al proferir la

sentencia de 19 de marzo de 2021, dentro del medio de control de

reparación de los perjuicios causados a un grupo identificado con el

número único de radicación 52001-23-33-000-2013-00380-01.

I.2.- Hechos

Refirió que el 14 de agosto de 2011, en el corregimiento de

Guayacana, Municipio de Tumaco – Nariño, integrantes de la

“Columna móvil Daniel Aldana de las FARC” lanzaron artefactos

explosivos y ráfagas de fusil a las instalaciones del puesto de Policía,

lo que ocasionó afectación de las viviendas de varias personas.

2 En adelante la Sección Tercera.

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ACTOR: HÉCTOR JACOB RODRÍGUEZ

Sostuvo que, como consecuencia de lo anterior, junto con 24

personas, promovieron demanda dentro del medio de control de

reparación de los perjuicios causados a un grupo contra la Nación –

Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a fin de que se le declarara

administrativamente responsable por los perjuicios derivados del

ataque antes mencionado.

Indicó que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 2013-00380-00 y le correspondió por reparto al Tribunal

Administrativo de Nariño que, en sentencia de 6 de mayo de 2019,

accedió a las pretensiones y condenó a la Policía Nacional al pago de

una indemnización por los perjuicios ocasionados a la totalidad de los

demandantes.

Relató que la anterior decisión fue objeto de apelación, el cual fue

desatado por la Sección Tercera que, a través de providencia de 19

de marzo de 2021, modificó el fallo de primera instancia en el sentido

de declarar su falta de legitimación en la causa por activa, por lo que

lo excluyó del grupo de beneficiarios de la condena, junto con 11

demandantes más, al considerar que de conformidad con la

Resolución núm. 0795 de 10 de octubre de 2012, el Instituto

Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER negó la adjudicación del

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predio denominado “La Mojarra”, pues dicho predio baldío se

encontraba situado en zona que, de conformidad con la Ley 70 de

1993, debía privilegiar la adjudicación de su propiedad a las

comunidades negras.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada valoró

indebidamente la Resolución núm. 795 de 2012, así como el contrato

de compraventa allegado al plenario, por medio de los cuales era

dable establecer que era propietario del inmueble afectado con el

atentado, de tal forma que sí estaba legitimado en la causa por activa

y, como consecuencia de ello, tenía derecho al reconocimiento de la

indemnización reclamada.

Arguyó que el lote de terreno donde está la casa afectada y que es

materia de reclamación, está construida dentro de un lote de terreno

que compró, tal como se evidencia en el documento privado de

compraventa, en el cual consta las respectivas medidas y linderos,

por lo que debió pagársele la indemnización reclamada.

I.4.- Pretensiones

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El actor solicitó la protección de sus derechos fundamentales

invocados y, en consecuencia:

“[…] se decrete la modificación de la sentencia de segunda instancia,
ordenando la inclusión del suscrito en la lista de las personas víctimas
del atentado; así mismo se le ordene a la Policía Nacional cancelarme
la indemnización que por derecho me corresponde […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La Sección Tercera solicitó declarar improcedente la acción

de tutela de la referencia, comoquiera que lo pretendido por el actor

es revivir una discusión que ya se surtió por el juez natural del

asunto, por lo que la solicitud de amparo carece del requisito de

relevancia constitucional.

Adujo que la decisión de declarar la falta de legitimación en la causa

por activa del actor estribó, esencialmente, en la inviabilidad de

considerarlo propietario y tampoco poseedor del inmueble que decía

habitar respecto del cual reclamaba el reconocimiento de los daños

materiales, por lo que si bien fue aportado documento denominado

“contrato de compraventa de inmueble”, también reposaba en el

expediente la Resolución núm. 0795 de 2012, por la cual el INCODER

le negó la adjudicación del predio.

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I.6. Intervinientes

I.6.1.- La Policía Nacional solicitó denegar las pretensiones de la

acción de tutela objeto de análisis, toda vez que no se vislumbra

vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados, pues

la decisión cuestionada se fundamentó en el material probatorio

obrante en el expediente y las normas aplicables al asunto.

Refirió que la solicitud de amparo no cumple con el mínimo de

argumentación necesaria que permita evidenciar la trasgresión de los

derechos fundamentales invocados y, por el contrario, sí se vislumbra

una actuación desleal del actor de querer debatir un asunto

debidamente dilucidado por las instancias judiciales pertinentes.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Cuarta mediante sentencia de 9 de diciembre de 2021,

denegó las pretensiones de la acción de tutela al considerar que en

la providencia acusada se analizaron los diversos medios de prueba

aportados, entre estos, aquellos de los que el actor predica su

indebida valoración y que la autoridad judicial accionada concluyó

que el carácter imprescriptible del bien baldío en el que se encontraba

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el inmueble afectado descartaba la posibilidad de ser adquirido por

el señor RODRÍGUEZ, circunstancia que se oponía a cualquier

reconocimiento indemnizatorio reclamado.

Así las cosas, el a quo estimó que no se incurrió en el defecto fáctico

endilgado, comoquiera que la decisión cuestionada se torna

razonable y la valoración de las pruebas obrantes en el expediente

no vulnera los derechos fundamentales invocados.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor presentó escrito de impugnación, el cual sustentó en los

siguientes términos:

Reiteró las inconformidades expuestas en el escrito primigenio de la

acción de tutela, esto es, que la autoridad judicial accionada incurrió

en defecto fáctico al valorar indebidamente la Resolución núm. 0795

de 2012, comoquiera que el predio que allí se discutió nada tiene que

ver con el de la reclamación de los perjuicios a los que fue condenada

la Policía Nacional dentro del medio de control de reparación de los

perjuicios causados a un grupo identificado con el número único de

radicación 2013-00380-01.

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Refirió que la solicitud de adjudicación denegada por el INCODER

trata de un predio rural, diferente al bien inmueble objeto de

reclamación; además, resaltó que la Resolución núm. 0000425 de 11

de junio de 2013 modificó la Resolución núm. 0795 de 2012,

otorgándole el predio “La Mojarra”, lo que cambia sustancialmente la

decisión objeto de análisis.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre

de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada

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en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en
el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o

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que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se deje sin efecto la sentencia de 19 de marzo de 2021,

proferida por la Sección Tercera, por medio de la cual modificó la

decisión del a quo y, en su lugar, declaró la falta de legitimación en

la causa por activa del actor dentro del medio de control de

reparación de los perjuicios causados a un grupo identificado con el

número único de radicación 2013-00380-01.

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A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales a la vida, la dignidad humana, la integridad física y la

salud, habida cuenta que, a juicio de la parte actora, la autoridad

judicial accionada incurrió en defecto fáctico.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

Sección Cuarta que, mediante sentencia de 9 de diciembre de 2021,

denegó el amparo solicitado al estimar que la autoridad judicial

accionada valoró debidamente las pruebas allegadas al proceso,

entre otras, las alegadas por el actor, por lo que no es de tal acierto

que haya incurrido en el defecto fáctico endilgado.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

reiterando los argumentos expuestos en el escrito de tutela, esto es,

que la Sección Tercera incurrió en defecto fáctico al valorar

indebidamente la Resolución núm. 0795 de 2012.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si la Sección

Tercera incurrió en el defecto fáctico al proferir la providencia de 19

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de marzo de 2021, dentro del medio de control de reparación de los

perjuicios causados a un grupo identificado con el número único de

radicación 2013-00380-01.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la

Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación.

La Sala advierte que se cumple con el requisito de la relevancia

constitucional, por cuanto la parte actora plantea con suficiente carga

argumentativa, las razones por las cuales, en su criterio, la autoridad

judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales invocados;

contra la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se

estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión

(artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo

256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo

razonable3 y, por último, la solicitud identifica los hechos y derechos

que se estiman lesionados.

3 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en

sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero
ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

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Verificado lo anterior y superado el análisis de procedibilidad,

corresponde determinar si la autoridad judicial accionada incurrió en

el yerro endilgado al proferir la sentencia de 19 de marzo de 2021,

dentro del medio de control de reparación de los perjuicios causados

a un grupo identificado con el número único de radicación 2013-

00380-01.

Del defecto fáctico

En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en

sentencia T-362 de 20134, explicó lo siguiente:

“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.

Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que
el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía
e independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las
reglas de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación
ha identificado que “el yerro en la apreciación del material
probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante,

4 M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

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protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se
desconozca “la realidad probatoria del proceso […]”.

En esa medida, a juicio de la referida Corte:

“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello
sería contrario al principio de que la tutela es un medio
alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la
órbita de la competencia y la autonomía de que son
titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas del original).

De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto

fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en

el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además

con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de

tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad

de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un

asunto, según las reglas generales de competencia.

Caso concreto

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En el asunto sub examine el actor plantea que la autoridad judicial

accionada, al conocer del medio de control de reparación de los

perjuicios causados a un grupo identificado con el número único de

radicación 2013-00380-01, incurrió en el defecto fáctico toda vez que

dejó de valorar en debida forma el caudal probatorio, esto es, la

Resolución núm. 795 de 2012, así como el contrato de compraventa

allegado al plenario, por medio de los cuales era dable establecer que

era propietario del inmueble afectado con el atentado, de tal forma

que sí estaba legitimado en la causa por activa y, como consecuencia

de ello, tenía derecho al reconocimiento de la indemnización

reclamada.

Para resolver el cargo planteado, es necesario traer a colación la

providencia cuestionada con el fin de verificar la valoración

probatoria y los fundamentos de la decisión expuestos por la

autoridad judicial accionada.

La providencia cuestionada se translitera a continuación:

“[…] Para acreditar la calidad de poseedores en la que comparecían
a esta causa se aportaron los siguientes elementos de prueba: […]

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[…]

De otro lado, la Sala no reconocerá legitimación en la causa por
pasiva (sic) al señor Héctor Jacobo Rodríguez, pues, a pesar de que
el documento por él aportado para acreditar la posesión del
inmueble, denominado “contrato de compraventa de inmueble”, no
genera reparos frente a su autenticidad y reposan testimonios que
dan cuenta de que vive en ese lugar desde hace muchos años,
ejerciendo ánimo de señor y dueño, ciertamente concurre una
situación que se opone a reconocer su condición de poseedor.

Reposa en el expediente la Resolución 0795 del 10 de
octubre de 20125, por la cual el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural Incoder negó la adjudicación al señor
Héctor Jacobo Rodríguez respecto del predio denominado
“Lote La Mojarra”, ubicado en zona rural del municipio de
Tumaco, en consideración a que se trataba de un predio
baldío situado en una zona que, de conformidad con la Ley
70 de 1993, debía privilegiar la adjudicación de su
propiedad a las comunidades negras, de acuerdo con sus
prácticas tradicionales de producción.

Al respecto, cabe poner de presente que “Los baldíos son bienes
públicos de la Nación catalogados dentro de la categoría de bienes
fiscales adjudicables, en razón de que la Nación los conserva para
adjudicarlos a quienes reúnan la totalidad de las exigencias
establecidas en la ley6.

En consonancia con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 2519 del Código Civil, los bienes de uso público no
prescriben en ningún caso.

De cara a su carácter imprescriptible, lo que de suyo descarta la
posibilidad de adquirir la propiedad del bien con independencia de
su ocupación de hecho por un largo período, la Sala advierte que
tal circunstancia se opone al reconocimiento en calidad de poseedor
del bien por parte del señor […]” (Destacado fuera de texto).

5
Folios 622 a 623 del cuaderno 3.
6
Corte Constitucional, sentencia C-595 del 7 de diciembre de 1995, M.P. Carlos
Gaviria Díaz.

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De lo anterior, se extrae que la autoridad judicial accionada, al

conocer del medio de control de reparación de los perjuicios causados

a un grupo, modificó la decisión del a quo y, en consecuencia, declaró

la falta de legitimación en la causa por activa del actor, al estimar

que de las pruebas documentales aportadas, no era posible acreditar

su posesión del inmueble por el cual pretendía reclamar la

indemnización por los daños causados con el atentado.

Para arribar a tal conclusión, la Sección Tercera analizó el documento

denominado “contrato de compraventa de inmueble” así como la

Resolución 0795 de 2012, por la cual el INCODER negó la

adjudicación al señor RODRÍGUEZ respecto del predio denominado

“Lote La Mojarra”, ubicado en zona rural del Municipio de Tumaco, al

encontrar que el carácter imprescriptible del bien baldío no podía ser

adquirido por el actor.

Así las cosas, la Sección Tercera estimó que, aun cuando existía el

documento denominado “contrato de compraventa de inmueble”, el

cual no generaba duda respecto de su autenticidad, también

reposaba en el expediente la Resolución núm. 0795 de 2012, que

daba cuenta sobre la imposibilidad del actor de adquirir la propiedad

del bien objeto de reclamo, pues con independencia de su ocupación

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de hecho por un largo tiempo, le fue negada la adjudicación al

tratarse de tierras baldías que benefician a comunidades negras,

razón por la que no fue posible reconocer la calidad de poseedor del

señor RODRÍGUEZ frente al predio “La Mojarra”.

Sobre el particular, la parte actora alega que la providencia acusada

incurrió en defecto fáctico comoquiera que se dejó de valorar en

debida forma el caudal probatorio por medio del cual era posible

advertir que era propietario del inmueble afectado con el atentado,

de tal forma que sí estaba legitimado en la causa por activa y, como

consecuencia de ello, tenía derecho al reconocimiento de la

indemnización reclamada.

En este punto, la Sala advierte que no le asiste razón a la parte actora

al estimar que se incurrió en defecto fáctico, toda vez que la Sección

Tercera sí analizó las pruebas obrantes en el expediente de forma

integral, entre otras, los elementos materiales probatorios

esgrimidos por el actor, de los cuales era razonable inferir que no se

logró demostrar la calidad de poseedor del bien reclamado por parte

del señor HECTOR JACOB RODRÍGUEZ, por lo que carecía de

legitimación en la causa por activa.

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Sumado a lo anterior, conviene resaltar que, contrario a lo advertido

por el actor, la Resolución núm. 0000425 de 2013 no modificó la

Resolución núm. 0795 de 2012, sino que la aclaró, precisamente en

cuanto a que las razones fácticas y jurídicas que llevaron a negar la

adjudicación del bien solicitado, no era que éste se encontrara en

zona rural, sino que era un bien que debía ser adjudicado a las

comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las

zonas rurales de conformidad con lo dispuesto en la Ley 70 de 19937.

En ese orden de ideas, el análisis ni la decisión contenida en la

providencia controvertida, resultan caprichosos o excedidos, sino que

fueron adoptados a partir del alcance dado a la situación fáctica de

la demanda respectiva y a las pruebas aportadas al proceso, por lo

que de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez

de conocimiento, modificó la decisión del a quo y, en su lugar, declaró

la falta de legitimación en la causa por activa del actor.

De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad de la parte

actora con las razones de la providencia judicial acusada, no así la

vulneración de los derechos fundamentales invocados, motivo por el

7
“Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”.

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cual, al no haberse acreditado el yerro endilgado, la Sala confirmará

la providencia impugnada que denegó el amparo solicitado, como en

efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el

artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de mayo de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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