Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06345-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06345-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-06345-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
2 de junio de 2022
Demandante: Vanego Ismare Sobricama
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-06345-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06345-01
Demandante: VANEGO ISMARE SOBRICAMA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Y JUZGADO
CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
QUIBDÓ
Temas: Tutela contra providencia judicial – Defecto sustantivo –
Violación directa de la Constitución – Desconocimiento del
precedente.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por el demandante contra la
sentencia proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
el 21 de octubre de 2021, mediante la cual se declaró la improcedencia del amparo
solicitado por el señor Vanego Ismare Sobricama.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito radicado el 17 de septiembre de 2021, mediante la página web de
tutelas en línea de la Rama Judicial, el señor Vanego Ismare Sobricama a través de
apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Chocó y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó con el fin
de proteger sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, salud
e igualdad.1
2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales con
ocasión de la providencia del 19 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó que confirmó la providencia del Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, la cual, negó las pretensiones en el
1 Del escrito de tutela el accionante no dijo explícitamente los derechos. Sin embargo, se infiere de
dicho documento que busca salvaguardar las referidas garantías constitucionales.
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Demandante: Vanego Ismare Sobricama
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
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proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
27001-33-33-004-2017-00390-00.
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1.- Tutelar Los Derechos Fundamentales del accionante señor VANEGO ISMARE
SOBRICAMA, Se deje sin efectos las sentencias números 137 de fecha 02 de
septiembre del año 2019, proferida por el Honorable Juzgado cuarto Administrativo
oral de Quibdó, y ratificada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ, a
través de la sentencia de segunda instancia número 033 de fecha 19 de marzo de
2021, la cual negó las suplicas de la demanda; y, en su lugar, se ordene proferir
nueva sentencia con fundamento en un análisis integral de los principios de
favorabilidad normativa en materia pensional, y aplique el precedente jurisprudencial
de la Honorable Corte Constitucional de Colombia, como del Honorable Consejo de
Estado
2. Como Consecuencia de lo Anterior reconocer la pensión de sobreviviente como
compañero permanente supérstite a mi procurado señor VANEGO ISMARE
SOBRICAMA, por el fallecimiento de su excompañera permanente LIBIA PEÑA
MEMBACHE “Q.E.P.D”. (Sic a toda la cita)
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El señor Vanego Ismare Sobricama, ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, mediante el cual, demandó la nulidad de la resolución
N.º RDP 030747 de 31 de julio de 2017 expedida por la UGPP, la cual le negó la
pensión de sobreviviente como compañero supérstite de la señora Libia Peña
Membache. Dicho proceso se identificó con el radicado N.º 27001-33-33-004-2017-
00390-00.
5. El conocimiento de dicho proceso correspondió en primera instancia ordinario le
correspondió al Juzgado 4º Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó que,
mediante providencia del 2 de septiembre de 2019, negó las pretensiones y declaró
probadas las excepciones propuestas por la UGPP. En específico, porque no se
determinó si existió la convivencia requerida para acceder a la pensión de
sobreviviente con el material probatorio obrante dentro del proceso.
6. Inconforme con lo anterior, el accionante interpuso recurso de apelación, el cual
conoció el Tribunal Administrativo del Chocó que, con providencia del 19 de marzo
de 2021, confirmó la decisión de primera instancia. Concretamente, manifestó lo
siguiente:
“En conclusión, las pruebas presentadas por el demandante para demostrar la
convivencia los últimos 5 años no son congruentes entre sí que permitan determinar
que en realidad hubo una convivencia sólida, constante y permanente bajo un
mismo techo durante los últimos 5 años de vida de la causante, luego entonces no
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hay lugar a reconocer al señor Vanego Ismare Sobricama como beneficiario de la
sustitución pensional reclamada, lo que impone a la Sala a confirmar la sentencia
apelada.” (Sic a toda la cita)
7. La sentencia de segunda instancia fue notificada el 26 de marzo del 2021.
Adicionalmente en el expediente de tutela, obra que el accionante pertenece a una
comunidad indígena2.
1.3. Sustento de la vulneración
8. En el escrito de tutela el actor planteó los siguientes cargos: (i) desconocimiento
del precedente; (ii) violación directa de la constitución; y, (iii) defecto sustantivo.
9. Frente al desconocimiento del precedente, alegó que las sentencias objeto de
debate son tomaron en cuenta el precedente contenido en la sentencia SU-108/20
de la Corte Constitucional, la cual dispuso una excepción al requisito de convivencia,
siempre y cuando exista una justa causa acreditada para no satisfacer éste. Esto,
con el fin de que la parte solicitante no perdiera el derecho a la pensión de
sobreviviente3. Así mismo, estableció que se apartó de la providencia del 21 de
septiembre 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “A”4, que se refirió la aplicación del artículo 46 de la Ley 100 de 19935.
10. Respecto de la violación directa de la Constitución, el accionante argumentó que
se configuró cuando el juez dio alcance a una disposición normativa que es
abiertamente contraria a la Carta magna, evento en el cual debió inaplicar dicha
disposición en virtud de la excepción de inconstitucionalidad de que trata el artículo
4 superior.
2 Lo referido se encuentra en el escrito de tutela allegado, también en las sentencias objeto de debate y por
último en lo referente al testimonio que tomó para el análisis el tribunal.
3 Ley 100 de 1993 artículo 43.
4 Dicha providencia se identificó con el radicado N.º: 08001-23-33-000-2017-00230-01 Magistrado Ponente:
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ.
5 “Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez
o invalidez por riesgo común que fallezca y,2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que
fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones: Cuando un afiliado haya
cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento,
sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos
de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley. El monto de la pensión para aquellos
beneficiarios que a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo
será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez.”
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11. Por último, alegó que las sentencias objeto de censura dieron una interpretación
errónea e indebida de la Ley 54 de 1990, pues dicha normativa contiene el ánimo
de la prolongación en el tiempo de la convivencia en las uniones maritales de hecho.
1.4. Trámite de la acción de tutela
12. El 22 de septiembre de 2021, la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo
de Estado admitió la acción de tutela, y ordenó notificar al Tribunal Administrativo
del Chocó y al Juzgado 4° Administrativo del Circuito de Quibdó como autoridades
judiciales accionadas.
13. Así mismo, dispuso notificar como tercero con interés a la Unidad Administrativa
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, por haber intervenido en el trámite del proceso ordinario.
1.5. Intervenciones
1.5.1 Tribunal Administrativo de Chocó
14. El Magistrado ponente de la decisión que se censura solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela por no enmarcarse en las vías de hecho que
se establecieron en la sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional. Así
mismo, señaló que se encuentra en trámite un recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia6. Sin embargo, no allegó, ni identificó la información que acredite
lo anterior.
15. Frente a la vulneración de los derechos fundamentales del debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, sostuvo que dentro del proceso ordinario se
realizó el análisis correspondiente de las pruebas que se encontraron allí. De otra
parte, indicó que las partes tuvieron las oportunidades procesales para atacar y
controvertir las pruebas aportadas al proceso ordinario, por lo cual, la acción de
tutela no puede convertirse en una tercera instancia o un mecanismo alterno para
afectar las sentencias del juez natural que gozan presunción de legalidad y
veracidad.
1.5.2 Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP
16. La entidad arguyó que la acción de tutela no era la adecuada para reclamar
prestaciones económicas, como lo está realizando el accionante, por ende, debe
declararse la improcedencia de la acción.
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Verificado en el aplicativo SAMAI, no se observa ningún recurso extraordinario en curso.
Así mismo, se realizó la búsqueda en la Secretaria General, no obstante, fue imposible
verificar dicha información.
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17. Así mismo, aclaró que de acceder a la pretensión del accionante se estaría
afectando el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, pues se
realizaría una interpretación y aplicación errónea de la normativa correspondiente.
18. Por último, afirmó la entidad que no violó ningún derecho fundamental del
accionante, en tanto, las decisiones que son objeto de debates fueron dictadas de
acuerdo con derecho y dentro de la órbita de competencia y autonomía del juez de
causa.
1.5.3 Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó
19. A pesar de ser notificado correctamente, como obra en el expediente de SAMAI7,
guardó silencio.
1.6. Sentencia de primera instancia
20. El Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “B”, mediante sentencia
del 21 de octubre de 20218, declaró la improcedencia del amparo solicitado por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
21. Lo anterior, por cuanto, en su sentir, el accionante no presentó ninguna
explicación sobre la relevancia constitucional que tiene el asunto. Por ende, el juez
constitucional no puede irrumpir en la competencia del juez ordinario para decidir
asuntos que han sido zanjados en la jurisdicción correspondiente.
22. Por último, afirmó que tratándose de la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es necesario satisfacer los requisitos generales y específicos
para que resulte viable su estudio de fondo y no limitarse a la manifestación de
desacuerdo con la decisión judicial adoptada, cuestión que en el caso concreto
ocurrió para la el a quo.
1.7. Impugnación
23. Con escrito enviado por correo electrónico el 15 de diciembre de 2021, a las
6:22 p.m. la parte actora impugnó la decisión de primera instancia, dentro del escrito
el accionante insistió que frente al requisito de la convivencia exigido aconteció una
justa causa, por lo cual, no le era exigible dicho requerimiento para acceder a la
pensión de sobreviviente. Lo anterior en referencia con el defecto alegado al
desconocimiento del precedente contenido en la sentencia SU-108 de 2020.
24. Ahora bien, frente a los demás defectos alegados, el accionante se limitó a
ratificar lo dicho en el escrito de tutela, así mismo se tendrán como argumentos
nuevos, los siguientes fundamentos que allegó en el escrito de impugnación:
7 Actuación 9 en el expediente de SAMAI registrada el 24 de septiembre de 2021.
8 Providencia notificada el 13 de diciembre de 2021, de acuerdo con el expediente en SAMAI.
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25. Argumentó que la decisión se apartó de la exégesis legislativa dispuesta en el
artículo 42 de la Constitución, por lo tanto, es necesario que se protejan los
derechos fundamentales del accionante, ya que manifestó que no era clara la
convivencia que se pretendió probar, con lo cual, desconoció la sentencia del Juez
Promiscuo de Familia de Istmina- Chocó que declaró la unión marital de hecho,
pues únicamente valoró el interrogatorio dispuesto por el juez ordinario en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
26. Así mismo, manifestó que los jueces en las instancias ordinarias no tenían claro
el concepto de convivencia, toda vez que dicha unión puede estar interrumpida por
cuestiones profesionales, de manera que tales autoridades judiciales generaron un
trato diferente al actor respecto de otros casos en los que las personas no están
unidas por cuestiones laborales, pero mantienen el vínculo matrimonial.
27. Además, agregó que es necesaria la aplicación del principio de favorabilidad
laboral a su caso particular. Para finalizar, transcribió jurisprudencia constitucional
sobre la importancia del derecho pensional, frente a lo cual se permitió citar lo
siguiente:
“Como se deduce de la literalidad de los artículos citados, es claro que el principio
de favorabilidad fue consagrado por el Constituyente y por el Legislador como uno
de los dispositivos de solución de conflictos surgidos con ocasión del choque o
concurrencia de normas o interpretaciones vigentes y aplicables simultáneamente a
un caso determinado. Así mismo, se desprende que la aplicación del principio de
favorabilidad no es opcional, sino de obligatorio cumplimiento por expreso mandato
normativo.”
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
28. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la parte
actora contra la sentencia de primera instancia proferida por el Consejo de Estado
– Sección Segunda – Subsección “B” el 21 de octubre de 2021, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2 Cuestión previa
29. Frente a los argumentos expuestos de la impugnación en el acápite 1.7, estos
se tendrán como hechos nuevos y no se estudiarán de fondo, en cuanto no existió
oportunidad por parte de las autoridades judiciales accionadas a pronunciarse al
respecto.
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2.3. Legitimación en la causa
30. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
31. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá
ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente
oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en
condiciones de promover su propia defensa.
32. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-
416 de 19979, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un
presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad
subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso
de tutela.
33. En la sentencia T-086 de 201010, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia
significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho
fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que
la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante
legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.
34. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 201111, indicó que la legitimación
en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la
acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se
solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer
que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
35. En la sentencia T-435 de 201612, la Corte estableció las condiciones que deben
concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo
especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual
quedó reiterado en la SU-454 de 201613, en la que, adicionalmente, señaló que el
9 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera
Carbonell.
10 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
11 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
12 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
13 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces
constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda14.
36. Con fundamento en el marco conceptual expuesto15, la Sala advierte que el
señor Vanego Ismare Sobricama, es el titular de los derechos fundamentales que
reclama, en consideración a que fungió como demandante en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió las providencias
censuradas.
37. En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa,
presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de
procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.
38. En relación con la autoridad judicial, se advierte que la demanda se dirigió contra
el Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado 4° Administrativo del Circuito
Judicial de Quibdó que profirieron las decisiones que, a juicio de la parte actora,
vulneraron sus derechos fundamentales, por lo que se encuentran legitimados por
pasiva.
2.4. Problemas jurídicos
39. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de
primera instancia proferida el 21 de octubre de 2021 por el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección “B”, que declaró la improcedencia del amparo
solicitado, para lo cual se deberán resolver los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de
la acción de tutela contra providencia judicial?
40. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo del Chocó vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad social, a la salud e igualdad del accionante,
al incurrir en desconocimiento del precedente, violación directa de la
constitución y defecto sustantivo con ocasión de la sentencia del 19 de marzo
14 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511,
08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de
Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero López, en la cual se señaló: “En
el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez
constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan
en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso
de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales
existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia
de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
15 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta,
ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones
de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.
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de 2021, que confirmó el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado 4°
Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó el 2 de septiembre de 2019, el
cual, negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que adelantó contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP?
41. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) Sujetos de especial protección constitucional (ii) el criterio de la Sección sobre la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (iii) el
estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y (iv) el análisis del caso
concreto.
2.4 Sujetos de especial protección constitucional
42. En lo que respecta a la condición de sujetos de especial protección 16, la Corte
Constitucional lo ha definido como aquellas personas que, debido a condiciones
particulares, a saber, físicas, psicológicas o sociales, merecen un amparo reforzado
en aras de lograr una igualdad real y efectiva.
43. En ese sentido, ha establecido que entre los grupos de especial protección se
encuentran los niños, los adolescentes, los adultos mayores, los disminuidos físicos,
síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por
la violencia, aquellas que se encuentran en extrema pobreza y “todas aquellas
personas que por su situación de debilidad manifiesta se ubican en una posición de
desigualdad material con respecto al resto de la población; motivo por el cual
considera que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una incidencia
directa en la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta que las
condiciones de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en
términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de
garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor de
los grupos mencionados17”.
44. Lo anterior encuentra su fundamento en la Constitución Política que, en los
artículos 13 y 44, impone la obligación de promover condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva, creando garantías para los grupos marginados.
45. En lo que respecta a los pueblos indígenas como sujetos de especial protección
constitucional, la Corte Constitucional18 ha establecido que tal caracterización se
fundamenta en su situación de vulnerabilidad, originada en los siguientes aspectos
históricos, sociales y jurídicos:
16
En Sentencia del 5.12.2019. M.P. Rocío Araujo Oñate (Exp. Nº 2019-04487-00) esta Sección del
Consejo de Estado, resaltó la especial protección constitucional de que gozan algunos sujetos,
dentro de los que se encuentran las mujeres y los niños.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-495 del 16.06.2010 M.P., Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
18 Al respecto ver, entre otras, las siguientes sentencias: Corte Constitucional, Sala Novena de
Revisión, Sentencia T-235 del 31.03.11. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Corte Constitucional, Sala
Séptima de Revisión, Sentencia T-001 del 14.01.19. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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• Patrones históricos de discriminación frente a tales pueblos.
• La amenaza de desaparición de sus costumbres y sus cosmovisiones frente
a una cultura mayoritaria.
46. La afectación que el conflicto armado ha significado para esas comunidades,
principalmente por el interés de los actores armados de usar sus territorios. Esto
adquiere una gravedad particular, debido a la relación entre territorio y cultura propia
de estos pueblos.
47. Lo anterior, de acuerdo con lo que obra en el expediente digital en SAMAI, el
cual, el accionante pertenece a una comunidad indígena.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
48. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201219
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema20 y declaró su
procedencia.21
49. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.
50. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
51. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
20 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
21 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.6. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.6.1. Relevancia constitucional22
52. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado
por cuanto en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de las
sentencias del 2 de septiembre de 2019 y 19 de marzo de 2021 comoquiera que, a
su juicio, incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución.
53. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues
en efecto, el accionante consideró vulneradas las garantías constitucionales al
debido proceso, seguridad social, salud e igualdad, al interior del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho por parte del Tribunal Administrativo del Chocó,
autoridad que confirmó la decisión del Juzgado 4° Administrativo del Circuito Judicial
de Quibdó que no accedió al reconocimiento de la pensión de sobreviviente
supérstite.
54. En ese sentido, el accionante fundamentó que la autoridad accionada vulneró
sus derechos fundamentales al interpretar erróneamente la norma que regulaba el
asunto en concreto y al inaplicar la Constitución en la controversia ordinaria.
Además, sostuvo que la demandada desconoció el precedente de la Corte
Constitucional sobre el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes contenido
en la sentencia SU-108 de 2020.
55. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste una presunta violación
o amenaza a los derechos fundamentales, después de haber agotado el
procedimiento legal o judicial establecido por la ley para su protección, como lo
alegó la parte actora en el caso objeto de estudio, lo que implica que el mecanismo
constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que busque reabrir el
debate procesal.
56. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su
22 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia del 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia del 20.02.20, Rad. 11001-
03-15-000-2019-05291-00; Sentencia del 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00;
Sentencia del 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia del 06.02.20, Rad. 11001-
03-15-000-2019-05153-00; Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00;
Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia del 23.10.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia del 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
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eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas, concretamente al debido proceso, seguridad
social, salud e igualdad.
2.6.2. Tutela contra tutela23
57. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, toda vez que la providencia judicial demandad se dictó en el
trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
N° 27001-33-33-004-2017-00390-01, que promovió el señor Vanego Ismare
Sobricama contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
2.6.3. Inmediatez24
58. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte ningún
reproche, toda vez que la parte actora consideró vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Chocó el 19 de marzo de 2021, la cual fue notificada por correo electrónico que
se envió el 26 de marzo del mismo año, mientras que la acción de tutela se presentó
el 21 de septiembre de 2021, lo que para la Sala es un término razonable para el
uso del mecanismo de amparo constitucional.
59. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201425, en
la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y
23 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia del 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00014-00; Sentencia del 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00400-00; Sentencia del 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00092-00; Sentencia del 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-
000-2020-00179-00; Sentencia del 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-
000-2020-00141-00; Sentencia del 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-
2019-04788-01; Sentencia del 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00137-00; Sentencia del 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-
00; Sentencia del 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00;
Sentencia del 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05202-00.
24 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia del 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia del 30.01.20., Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00;
Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia del 06.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia del 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00;
Sentencia del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia del 13.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia del 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-
01.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P.
Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo
de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.
2.6.4. Subsidiariedad26
60. En consideración al requisito de subsidiariedad, por tratarse la sentencia del 19
de marzo de 2021, de una providencia que resolvió el recurso de apelación
interpuesto por el accionante contra el fallo dictado por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó el 2 de septiembre de 2019, en el
trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
N.º 27001-33-33-004-2017-00390-00, es evidente el agotamiento de los recursos
ordinarios.
61. Así mismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de unificación
de jurisprudencia, comoquiera que las inconformidades señaladas por la parte
actora no se adecúan a las causales establecidas en los artículos 250 y 258 de la
Ley 1437 de 2011.
62. Superados todos los requisitos de procedibilidad adjetiva, la Sala abordará de
fondo el amparo solicitado, no sin antes resaltar el carácter excepcional de la acción
de tutela, la cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el
respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe,
la seguridad jurídica y la confianza en las decisiones judiciales.
2.7. Caso concreto
63. El accionante alegó que el Tribunal Administrativo del Chocó y vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la salud e
igualdad, al proferir la sentencia del 19 de marzo de 2021.
64. La referida providencia confirmó la negativa del reconocimiento de la pensión
de sobreviviente pues para la autoridad judicial accionada no existió el
convencimiento entre las pruebas que reposaban en el proceso ordinario y las
pretensiones del actor, ya que, no logró demostrar su convivencia con la señora
Libia Peña Membache.
65. Frente a la providencia se estableció que entre el proceso administrativo
adelantado ante la UGPP y las declaraciones extra-juicio, como también el
26 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia del 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia del 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00;
Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia del 06.02.20., Rad. 11001-
03-15-000-2019-05025-00; Sentencia del 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00;
Sentencia del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia del 13.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia del 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-
01.
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interrogatorio de parte, no se demostró, más allá de toda duda razonable, que entre
el accionante y la señora Peña Membache existió convivencia de forma
ininterrumpida dentro de los 5 años anteriores a su fallecimiento, siendo éste un
requisito necesario para acceder a la pensión de sobreviviente.
66. En este orden de ideas, el señor Vanego Ismare Sobricama a través de
apoderado judicial formuló los siguientes cargos: (i) defecto sustantivo; (ii) violación
directa de la Constitución; y (iii) desconocimiento del precedente.
67. Por su parte, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “B”,
mediante sentencia del 21 de octubre de 202127, declaró la improcedencia de la
acción de tutela por ausencia del requisito de relevancia constitucional. Inconforme
con lo anterior, el accionante impugnó la decisión y solicitó que se revocara la
providencia de primera instancia para, en su lugar, conceder la protección de las
garantías constitucionales que estimó transgredidas y, en consecuencia, proferir
nueva sentencia con fundamento en el análisis integral del principio de favorabilidad,
así como, aplicar los precedentes del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
68. Pese a que el accionante presentó escrito de tutela en contra de las providencias
de las dos autoridades judiciales, lo cierto es que, se estudiará la providencia que
culminó con el proceso ordinario, es decir la del Tribunal Administrativo del Chocó.
2.7.1. Análisis del defecto sustantivo
69. Frente al defecto sustantivo, se tiene que la Corte Constitucional28, ha
explicado que este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma
claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta
por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica”29.
70. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
“a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente30 o porque ha sido derogada31, es
inexistente32, inexequible33 o se le reconocen efectos distintos a los
otorgados por el Legislador34.
27
Providencia notificada el 13 de diciembre de 2021.
28 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
29 Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del
27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
30 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
31 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
32 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araujo Rentería.
33 Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
34 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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b) No se hace una interpretación razonable de la norma35.
c) La disposición aplicada es regresiva36 o contraria a la Constitución37.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición38.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma 39.
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.”
71. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia
de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa
suficiente.
72. El accionante consideró que el defecto sustantivo se configuró en la sentencia
objeto de reproche, en tanto que existió una confusión de las autoridades judiciales
en la interpretación errónea sobre la Ley 54 de 1990.
73. A pesar de lo anterior, para estudiar si existió una configuración del defecto
sustantivo, es necesario que el accionante exponga con suficiencia los argumentos
por los cuales consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en alguno de
los supuestos que se relacionaron anteriormente en las generalidades del defecto.
Ahora bien, en el escrito de tutela se evidencia que no existe carga argumentativa
mínima que permita realizar un juicio sobre su ocurrencia en el caso concreto, razón
por la cual este cargo será negado.
2.7.2 Análisis de violación directa de la Constitución
74. Respecto de este yerro, se trae a colación lo expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-198 del 11 de abril de 201340, en la que se
estableció que el referido defecto se presenta cuando:
“Se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta
Política, ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso
concreto; o porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución. En
el primer caso, la Corte ha dispuesto que procede la tutela contra providencias
judiciales por violación directa de la Constitución (a) cuando en la solución del caso
35 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-
1101 del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
36 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
37 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
38 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
39 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.
40 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional, (b) cuando se trata de un derecho fundamental de
aplicación inmediata y (c) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos
fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la
Constitución. En el segundo caso, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe
tener en cuenta en sus fallos, que con base en el artículo 4 de la C.P, la Constitución
es norma de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele
sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar las
disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de
la excepción de inconstitucionalidad”.
75. Frente a la violación directa de la Constitución el accionante afirmó lo siguiente:
“Violación directa de la Constitución, defecto que se produce cuando el juez da
alcance a una disposición normativa de forma abiertamente contraria a la
Constitución, o cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad debiendo
hacerlo y así lo ha solicitado alguna de las partes en el proceso.”
76. Así mismo, presentó como suyos los siguientes argumentos de la sentencia T-
090 de 2017 de la Corte Constitucional.
“Esta causal de procedencia encuentra fundamento en el actual modelo
constitucional, que confiere valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal
que sus mandatos y previsiones son de aplicación directa por las distintas
autoridades públicas y, en determinados eventos, por los particulares.
Por lo anterior, este Tribunal ha sostenido que resulta plenamente factible que una
decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando
desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados. Al respecto, esta
Corporación ha manifestado que dicha causal se estructura cuando el juez ordinario
adopta una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque, (i) deja de
aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, por ejemplo “(a) cuando
en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional, (b) cuando se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata y (c) cuando el juez en sus resoluciones
vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación
conforme con la Constitución”, o (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la
Norma Fundamental, desconociendo que de conformidad con su artículo 4º “la
Constitución es norma de normas”, por lo que en caso de incompatibilidad entre ella
y la ley u otra regla jurídica “se aplicarán las disposiciones constitucionales.”
77. Frente a lo anterior, aunque el accionante invocó este defecto y señaló las
generalidades, esto no es suficiente pues adolece de carga argumentativa, en tanto,
no señaló qué disposición normativa de la Constitución omitió tener en cuenta juez
en consideración, así mismo, no presentó reparos sobre la decisión. Por lo
expuesto, el cargo no tiene vocación de prosperidad y, será negado.
2.7.3 Análisis del desconocimiento del precedente
78. La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta Corte
para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número
plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea considerada como
obligatoria. También se considera que constituyen precedente las sentencias de
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constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional,
como por el Consejo de Estado.
79. Sin embargo, resulta necesario advertir que “(…) debe aceptarse que no todas
las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes generan una regla o
subregla, pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que
viene al caso, sin una actividad creadora del juez”41.
80. El accionante alegó que las sentencias objeto de debate se alejaron del
precedente contenido en la sentencia identificada con el radicado N.º: 08001-23-33-
000-2017-00230-01 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”.
81. La referida providencia es un fallo de acción de tutela que no guarda ninguna
relación fáctico ni jurídica con el asunto en concreto, ya que existen diferencias entre
los asuntos en concreto. Además, el accionante omitió la carga argumentativa de
exponer las razones por las cuales se consideraba desconocida la providencia y
que se pueda aplicar análogamente. Por tanto, no tiene vocación de prosperidad.
82. Toda vez que, según esta Sección, se ha considerado que la parte que invoca
el desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de
identificar en su proceder argumentativo: (i) la decisión que considera desatendida;
(ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la
jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la
decisión final que adopte el fallador de instancia.
83. Respecto del desconocimiento de la sentencia SU-108 de 2020 dictada por la
Corte Constitucional, se extraerá la ratio decidendi de dicha providencia para
comprobar si los jueces ordinarios se apartaron de dicho precedente o no.
84. De la sentencia SU-108 de 2020 se pueden extraer los siguientes apartados:
«En todo caso, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han
reconocido que estos requisitos pueden ser exceptuados por la configuración de
justa causa. Por una parte, la Corte Constitucional ha señalado que la interrupción
de la convivencia –vida marital o cohabitación– de los cónyuges o compañeros no
implica, necesariamente, la pérdida del derecho. Así, desde la Sentencia T-787 de
2002, esta Corte ha reconocido que se debe considerar, según las pruebas
disponibles y los argumentos esgrimidos durante el proceso, si la “interrupción de la
convivencia o la no vida en común del causante y su cónyuge” podría estar
justificada, por ejemplo, por motivos de salud. (…)
(…) Así, bajo ambos regímenes normativos se ha entendido que la falta de
convivencia entre el causante y el cónyuge o compañero puede llegar a estar
justificada y que, por lo tanto, es “necesario hacer una evaluación de las
circunstancias concretas en cada caso”42.
Por otra parte, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha
señalado que los requisitos de vida marital y cohabitación deben ser evaluados “en
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia
del 19.02.15, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01.
42
Sentencia T-245 de 2017.
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cada caso, y dependiendo de las circunstancias fácticas que se prueben”43, dado
que serán estas a las que “tendrá que acudirse, para determinarse si la separación
material era o no justificada y si, a pesar de ello, el vínculo entre la pareja se
mantuvo”44. Por consiguiente, “la situación de que los esposos o compañeros no
puedan estar permanentemente juntos bajo el mismo techo, por circunstancias
especiales como podrían ser motivos de salud, de trabajo, de fuerza mayor, etc., no
conlleva a (sic) que desaparezca la comunidad de vida o la vocación de convivencia
de la pareja”45. Esta comprensión del requisito de convivencia de la jurisprudencia
laboral surgió bajo la vigencia del artículo 47 original de la Ley 100 de 199346 y ha
sido reiterada y desarrollada aún en casos resueltos tras la modificación incorporada
por la Ley 797 de 200347. Incluso, en jurisprudencia reciente, y en atención al
mandato del artículo 53 de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia ha llegado
a advertir que, “en contextos en los que el presunto beneficiario ha sido sometido a
maltrato físico o psicológico”48, no es posible negar la convivencia “por la pura y
simple separación de cuerpos de los cónyuges”. Así, la Sala de Casación Laboral
ha explicado que “en escenarios de este tipo no se puede culpar al consorte víctima
de renunciar a la cohabitación y castigarlo con la pérdida del derecho a la pensión
de sobrevivientes”, máxime cuando “la separación es un ejercicio legítimo de
conservación y protección al derecho fundamental a la vida y a la integridad
personal.»
85. Así mismo, la Corte Constitucional formuló las siguientes reglas de derecho en
torno al reconocimiento pensional de la persona supérstite:
Requisitos para el reconocimiento de la sustitución pensional a favor del cónyuge o
compañero permanente
Artículo 47 original de la Ley 100 de 1993
Primer requisito: haber hecho vida marital Segundo requisito: haber convivido de forma
con el causante hasta su muerte. continua con el causante por un término no
menor a dos (2) años previos al
La vida marital consiste en la prueba de la fallecimiento, salvo que hubieran procreado
convivencia efectiva, real y material entre el hijos.
causante y el cónyuge o compañero
permanente supérstite. No consiste en la La cohabitación debe ser continua y por el
simple prueba del vínculo legal. término mínimo de 2 años, salvo que se
hayan procreado hijos en común.
Excepción jurisprudencial por la configuración de justa causa:
La interrupción de la convivencia –vida marital o cohabitación– de los cónyuges o
compañeros no implica, necesariamente, la pérdida del derecho. El juez debe evaluar las
circunstancias de cada caso, a fin de acreditar la configuración de justa causa.
43 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, radicación no. 24235, 25 de octubre de
2005.
44 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, radicación no. 24235, 25 de octubre de
2005.
45 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, radicación no. 30141, 10 de mayo de 2007.
46 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, radicación no. 34466, 15 de octubre de
2008.
47 Por ejemplo, mediante la sentencia SL 1399-2018, que resolvió un caso según la Ley 797 de 2003,
la Sala de Casación Laboral retomó la jurisprudencia desarrollada en vigencia del artículo 47 original
de la Ley 100 de 1993 y señaló que “pueden existir eventos en los que los cónyuges o compañeros
no cohabiten bajo el mismo techo, en razón de circunstancias especiales de salud, trabajo, fuerza
mayor o similares, lo cual no conduce de manera inexorable a que desaparezca la comunidad de
vida de la pareja si notoriamente subsisten los lazos afectivos, sentimentales y de apoyo, solidaridad,
acompañamiento espiritual y ayuda mutua, rasgos esenciales y distintivos de la convivencia entre
una pareja y que supera su concepción meramente física y carnal de compartir el mismo domicilio”.
48 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, SL 2010-2019, radicación no. 45045.
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86. La Sala advierte que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 fue modificado por el
artículo 14 de la ley 797 de 2003, con la cual, se cambió el término de 2 a 5 años
necesarios de convivencia para acceder a la pensión de sobreviviente.
87. Ahora, la jurisprudencia de la Corte Constitucional estableció una excepción a
al requisito exigido para acceder a la pensión de sobreviviente, por ende, el juez
ordinario debe analizar si el cónyuge permanente se encuentra en una circunstancia
que pueda configurar una justa causa para que no se exija el requisito de
convivencia consagrado en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Lo anterior, con el
fin de que el compañero permanente no pierda el derecho en cuestión.
88. Frente al estudio del defecto, se observa que la del Tribunal Administrativo del
Chocó, a través de la providencia de segundo grado, dispuso negar las pretensiones
porque de las pruebas dentro del proceso no podía acreditarse la convivencia entre
el accionante y la señora Libia Peña Membache. En palabras de la autoridad judicial:
“Al respecto es pertinente señalar que a pesar de que la parte demandante afirmó
haber mantenido una relación con la señora LIBIA PEÑA MEMBACHE (q.e.p.d.),
por un lapso de 15 años, resulta que existen serias dudas sobre tal afirmación, por
cuanto tal y como lo consideró la entidad demandada obra declaración extraprocesal
del 28 de diciembre de 2016, expedida por la notaria única del circulo de Istmina-
Chocó, donde el peticionario indicó: (…)
(…) No obstante, a lo anterior se observa del interrogatorio llevado a cabo en el
curso del proceso, y lo recepcionado por el grupo investigativo de la entidad
demandada y plasmado en las resoluciones que resolvieron los recursos de
reposición y apelación que gozan de presunción de legalidad en los términos del
artículo 88 de la Ley 1437 de 2011 26 , contrario a lo manifestado inicialmente el
señor VANEGO ISMARE SOBRICAMA, vivía en la comunidad indígena porque no
se amañaba en la ciudad y que después de cuatro o tres meses regresaba a Istmina
a la casa de la causante, nótese que para la fecha de fallecimiento de la causan el
hoy demandante se encontraba en la comunidad donde fue enterado que esta última
había fallecido por padecer Asma, afirmación esta que no es congruente cuando
afirma que convivió con ella bajo el mismo techo hasta el día de su muerte. Situación
que cobra relevancia al poner además en duda el compromiso, auxilio, apoyo mutuo,
la convivencia efectiva, comprensión y la vida en común al momento de la muerte.
(…)
En ese orden de ideas, de la valoración probatoria extrae la Sala que durante los
últimos 5 años anteriores al deceso de la señora LIBIA PEÑA MEMBACHE (q.e.p.d.)
no existió una convivencia con el señor VANEGO ISMARE SOBRICAMA, que le
permita el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, por lo menos no de
conformidad al literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y lo ampliamente
desarrollado por la jurisprudencia sobre el particular, pues si bien se podía
considerar que existieron algunas relaciones casuales, circunstanciales,
incidentales u ocasionales, tal es el caso de las visitas cada cuatro meses que éste
realizaba, de modo alguno indica que se haya tratado de una relación de
convivencia, caracterizada por la clara e inequívoca vocación de estabilidad y
permanencia criterio que es el que protege el ordenamiento.” (Sic a toda la cita)
89. El precedente de la Corte Constitucional referido es claro en establecer que,
siempre y cuando se acredite una justa causa, se podrá aplicar la excepción
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establecida al artículo 47 de la Ley 100 de 1993. En ese sentido, el caso en particular
no se adecúa fáctica ni jurídicamente a la regla de derecho creada por dicha
Corporación, pues la accionada, obrando conforme al principio de autonomía
judicial, consideró que el señor Ismare Sobricama no acreditó la existencia de una
situación que lo exceptuara del cumplimiento del requisito concerniente a la
convivencia estable de mínimo 5 años anteriores al fallecimiento del causante. En
este sentido, dado que los supuestos fácticos probados en el proceso ordinario no
son susceptibles de que se les aplique las reglas de derecho establecidas por la
Corte Constitucional en la sentencia alegada como desconocida, no hay lugar a la
configuración del cargo formulado.
90. La Sala resalta que la acción de tutela contra providencia judicial no debe ser
entendida como una manera de afectar la órbita natural de competencia y
jurisdicción del juez ordinario, pues de ser así, no cumpliría con su naturaleza
subsidiaria y excepcional.
91. Por último, es necesario poner de presente que, a pesar de la condición de
sujeto de especial protección constitucional del accionante, no es posible flexibilizar
el estudio del caso en concreto de manera que esta Sala decidiera amparar los
derechos accionados. Lo anterior pues, dadas las particularidades del asunto
estudiado, cualquier orden que accediera a lo pretendido por el accionante,
implicaría trascender el límite de competencia del juez constitucional.
2.8. Conclusión
92. La Sala negará el amparo de los derechos invocados, pues se concluye que el
Tribunal Administrativo del Chocó, al proferir la sentencia censurada, no incurrió en
defecto sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente. Por tanto, tal autoridad no vulneró los derechos fundamentales
accionados.
93. Siendo ello así, se revocará la sentencia de primera instancia del 21 de octubre
de 2021 dictada por la Sección Segunda – Subsección “B” del Consejo de Estado
que declaró la improcedencia de las pretensiones de la acción de tutela para, en
su lugar, negar el amparo invocado.
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección “B” el 21 de octubre de 2021, que declaró la improcedencia
de la acción de tutela y, en su lugar, NEGAR el amparo solicitado por el señor
Vanego Ismare Sobricama por los argumentos expuestos en el apartado 2.7 de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.
21
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