Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-06357-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-06357-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-06357-00
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
20 de enero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-06357-00
Demandante: Hernando Giraldo Rodríguez, en representación de Julia Orocia
Rodríguez de Giraldo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06357-00
Demandante: HERNANDO GIRALDO RODRÍGUEZ, EN REPRESENTACIÓN
DE JULIA OROCIA RODRÍGUEZ DE GIRALDO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTROS
Temas: Acción de tutela para cumplimiento de órdenes judiciales proferidas
en proceso de acción popular.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la tutela interpuesta por Hernando Giraldo Rodríguez, en
representación de Julia Orocia Rodríguez de Giraldo, contra el Tribunal Administrativo
del Magdalena, el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta, la Procuraduría
Provincial de Santa Marta, la Capitanía de Puerto de Santa Marta, el distrito de Santa
Marta y la Fiscalía General de la Nación.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. El 21 de septiembre de 2021, Hernando Giraldo Rodríguez, en representación
de Julia Orocia Rodríguez de Giraldo, pidió la protección del derecho fundamental al
debido proceso, que estimó vulnerado por el Tribunal Administrativo del Magdalena, el
Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta, la Procuraduría Provincial de Santa
Marta, la Capitanía de Puerto de Santa Marta, el distrito de Santa Marta y la Fiscalía
General de la Nación. En consecuencia, la parte actora propuso, textualmente, las
siguientes pretensiones:
1. Que los entes estatales ordenen el desalojo o que sus resoluciones terminen con el bendito
desalojo.
2. Que su decisión sea contundente y favorable que en 48 horas o lo que disponga su
despacho, se ordene el desalojo.
3. Que su decisión no quede como las antes mencionadas que solo letras y manifestaciones
que no concretan nada.
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. Del proceso de acción popular
2.1.1. La procuraduría General de la Nación promovió proceso de acción popular
contra el distrito de Santa Marta, el Ministerio de Defensa – Armada Nacional –
Capitanía de Puerto de Santa Marta y la Dirección General Marítima de Santa Marta
(DIMAR), por estimar que vulneraron los derechos colectivos al goce del espacio
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público y la utilización y defensa de los bienes de uso público. En concreto, la
Procuraduría adujo que las entidades demandadas permitieron la ocupación ilegal de
terrenos correspondiente a la playa denominada «El Rodadero».
2.1.2. Por sentencia del 13 de mayo de 2010, el Juzgado Séptimo Administrativo de
Santa Marta amparó los derechos colectivos invocados y ordenó que se adelantaran
las gestiones administrativas tendientes a recuperar los terrenos de uso público
ocupados en la playa denominada «El Rodadero».
2.1.3. La Procuraduría General de la Nación promovió incidente de desacato, por el
incumplimiento de la sentencia del 13 de mayo de 2010.
2.1.4. Mediante auto del 28 de julio de 2017, el Juzgado Séptimo Administrativo de
Santa Marta sancionó al alcalde de Santa Marta con multa de 10 SMLMV, conmutables
por 3 días de arresto.
2.1.5. En sede de consulta, por auto del 5 de diciembre de 2018, el Tribunal
Administrativo del Magdalena confirmó la sanción por desacato y suspendió la
ejecución de la sanción, salvo que el alcalde de Santa Marta «no incluya dentro del
presupuesto para la vigencia del año continuo, los gastos que emergen de la
demolición que produzca el cumplimiento del fallo del 13 de mayo de 2010», sin que
se exceda el 19 de marzo de 2019.
2.2. Del proceso penal
2.2.1. El señor Hernando Giraldo formuló denuncia contra Julio Torres, Kelly Johana
González y Rafael Martínez, pues, a su juicio, incurrieron en el delito de fraude a
resolución judicial, derivado de la falta de cumplimiento de la sentencia del 13 de mayo
de 2010, dictada por el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta.
2.2.2. El 25 de marzo de 2019, la Fiscalía General de la Nación dispuso el archivo de
la investigación, por no existir circunstancias fácticas que permitieran colegir la posible
existencia de un delito.
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. La parte actora manifestó que el Tribunal Administrativo del Magdalena, el
Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta, la Procuraduría Provincial de Santa
Marta, la Capitanía de Puerto de Santa Marta, el distrito de Santa Marta y la Fiscalía
General de la Nación vulneraron el derecho fundamental al debido proceso, toda vez
que no han hecho efectiva la «orden de desalojo» contenida en la sentencia del 13 de
mayo de 2010, dictada por el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta.
4. Trámite
4.1. Por auto del 20 de septiembre de 2021, el despacho sustanciador inadmitió la
demanda de tutela y requirió a la parte actora para que la subsanara en el sentido de:
(i) exponer de qué manera concreta cada una de las autoridades demandadas
vulneraron los derechos fundamentales invocados, y (ii) explicar el interés o
legitimación que tiene frente al proceso de acción popular 47001-23-31-001-2006-
00049-00.
4.2. Mediante memorial del 4 de octubre de 2021, la parte actora allegó memorial de
subsanación.
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4.3. Por auto del 12 de octubre de 2021, el despacho sustanciador admitió la demanda
de tutela y dispuso la notificación a los magistrados del Tribunal Administrativo del
Magdalena, al juez séptimo administrativo de Santa Marta, al procurador delegado
para asuntos civiles, al alcalde de Santa Marta, a la procuradora provincial de Santa
Marta, a la Capitanía de Puerto de Santa Marta y al fiscal general de la Nación.
4.4. La Secretaría General de la Corporación realizó las notificaciones ordenadas en
el auto admisorio1.
4.5. Mediante providencia del 24 de noviembre de 2021, el despacho ponente vinculó,
en calidad de terceros con interés, a Librada Cortés Ariza, Rafael Santana Herrera,
Judith Zawady Lobelo, Nurys Rojas de Yánez, Florentino Flecher, Digna Toro, Denis
González Núñez, Liscina García Charrys y Ana Yepes Romero, toda vez que
resultaron afectados por la orden impartida en sentencia del 13 de mayo de 2010,
dictada por el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta. Asimismo, fueron
requeridos el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Séptimo
Administrativo de Santa Marta para que certificaran la calidad en que intervinieron
Hernando Giraldo Rodríguez y Julia Orocia Rodríguez de Giraldo en el proceso de
acción popular con radicado 47001-33-31-007-2006-00049-01.
4.6. La Secretaría realizó los requerimientos y notificaciones ordenadas en la
providencia del 24 de noviembre de 20212.
5. Intervenciones
5.1. El Tribunal Administrativo del Magdalena realizó un detallado recuento del
proceso de acción popular y manifestó que se limitó a resolver las consultas de
incidentes de desacato adelantados contra el alcalde de Santa Marta, por el
incumplimiento de la sentencia del 13 de mayo de 2010, dictada por el Juzgado
Séptimo Administrativo de Santa Marta.
5.1.1. Que, en términos generales, las consultas fueron resueltas en el sentido de
suspender la ejecución de la sanción por desacato, por razón de los trámites
administrativos que debían agotarse para cumplir la sentencia del 13 de mayo de 2010.
5.1.2. Que, siendo así, no se evidencia que el tribunal haya vulnerado los derechos
fundamentales invocados por la parte actora. Que «de acuerdo con el anterior relato
de las actuaciones, y teniendo en cuenta los argumentos expuestos por el actor, se
tiene que del trámite procesal adelantado no se materializó violación alguna a las
garantías fundamentales de las partes, toda vez que, en ningún momento se le ha
privado de la posibilidad de concurrir al proceso».
5.2. El Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta también hizo un recuento
del proceso de acción popular y dijo que el distrito de Santa Marta ya cumplió con la
orden impartida en la sentencia del 13 de mayo de 2010. Que «de lo expuesto se
puede concluir que no son de recibo los argumentos esgrimidos dentro del escrito de
tutela pues la documentación obrante en el expediente da fe que a la fecha el Distrito
de Santa Marta dio cumplimiento a lo dispuesto dentro de la providencia del 13 de
mayo de 2010, por lo tanto no ha existido vulneración de derecho fundamental alguno
y menos al debido proceso, pues como se dejó consignado dentro del presente asunto
se encuentra surtidas todas y cada una de las actuaciones procesales y más cuando
el accionante no actuó como parte dentro de la señalada acción popular».
1 Ver índice 14 de Samai.
2 Ver índice 25 de Samai.
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5.2.1. Indicó que la diligencia de desalojo se hizo efectiva el 28 de junio de 2021, según
lo informó el distrito de Santa Marta.
5.3. La Fiscalía General de la Nación adujo que dio el trámite debido a la denuncia
formulada por el señor Hernando Giraldo formuló denuncia contra Julio Torres, Kelly
Johana González y Rafael Martínez y, al no encontrar mérito, se abstuvo de promover
la acción penal y dispuso el archivo del asunto. Que lo cierto es que la Fiscalía actuó
en el marco estricto de la legalidad y sin vulnerar derechos fundamentales.
5.4. La Dirección General Marítima señaló que ha realizado las actividades que son
de su competencia y que, en ese sentido, ha requerido al distrito de Santa Marta para
efecto de dar cumplimiento a la sentencia del 13 de mayo de 2010. Que «queda claro
con lo anterior señor Consejero Ponente, y con el debido respeto, que la Capitanía de
Puerto de Santa Marta – DIMAR, ha actuado con diligencia y conforme al objeto de la
acción popular que generó la sentencia del 13 de mayo de 2010, proferida por el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta, ordenó el cumplimiento
de las funciones administrativas de las Entidades demandadas».
5.4.1. Que, en todo caso, la autoridad marítima no tiene la función de realizar
desalojos, de conformidad con lo previsto en los decretos 2324 de 1984 y 5057 de
2009.
5.4.2. Que señor Hernando Giraldo Rodríguez carece de legitimación en la causa por
activa, por cuanto: (i) no demostró ser hijo de la señora Julia Orocia Rodríguez de
Giraldo; (ii) no demostró la imposibilidad de la señora Julia Orocia Rodríguez para
efecto de ejercer la protección de sus propios derechos; (iii) la orden judicial contenida
en la sentencia del 13 de mayo de 2010, proferida por el Juzgado Séptimo
Administrativo de Santa Marta, no se dirigió al señor Hernando Giraldo Rodríguez o a
alguno de los miembros de su familia, y (iv) el objeto del proceso de la mencionada
acción popular 47001-3333-007-2006-000049-00 no guarda relación directa con sus
intereses o los de su familia.
5.5. La señora Nurys Rojas de Yáñez pidió que la tutela fuera declarada
improcedente, por lo siguiente:
5.5.1. Que por más de 60 años ha ocupado el inmueble objeto de la orden de desalojo
y que, por ende, la acción popular no debía dirigirse contra el distrito de Santa Marta.
Que el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta debió vincular a los ocupantes
como demandados en el proceso de acción popular.
5.5.2. Que no es cierto que la sentencia del 13 de mayo de 2010 ordene el desalojo.
Que, en estricto sentido, ordena que se «lleve hasta su culminación las gestiones
administrativas tendientes a la recuperación inmediata del espacio público respecto de
las decisiones administrativas debidamente ejecutoriadas que corresponden a las
construcciones ilegales ubicadas en la zona de la playa de el Rodadero». Que, de
hecho, así lo reconoció la Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia de tutela
del 6 de agosto de 2014.
5.6. El distrito de Santa Marta, la Procuraduría Provincial de Santa Marta, Librada
Cortés Ariza, Rafael Santana Herrera, Judith Zawady Lobelo, Florentino Flecher,
Digna Toro, Denis González Núñez, Liscina García Charrys y Ana Yepes
Romerola no intervinieron, pese a que, como se vio, fueron vinculados al trámite de
tutela.
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CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela. Generalidades
1.1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas
las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.
1.2. La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga el demandante.
2. Planteamiento y solución del problema jurídico
2.1. Lo primero que debe decirse es que la parte actora no cuestiona una providencia
judicial, sino que pretende el cumplimiento de una orden judicial, esto es, la contenida
en la sentencia de acción popular del 13 de mayo de 2010, dictada por el Juzgado
Séptimo Administrativo de Santa Marta, que amparó los derechos colectivos invocados
y ordenó que se adelantaran las gestiones administrativas tendientes a recuperar los
terrenos de uso público ocupados en la playa denominada «El Rodadero».
2.2. En ese contexto, previo a cualquier consideración sobre el fondo del asunto, la
Sala debe decidir si existe legitimación en la causa por activa de parte de Hernando
Giraldo Rodríguez y Julia Orocia Rodríguez de Giraldo Guzmán para efecto de alegar
la vulneración de derechos fundamentales a partir de la supuesta falta de cumplimiento
de la sentencia del 13 de mayo de 2010.
2.3. La legitimación en la causa determina quiénes pueden obtener una decisión de
fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda. El profesor Devis Echandía
enseña que la legitimación en la causa permite determinar «si actúan en el juicio
quienes han debido hacerlo, por ser las personas idóneas para discutir sobre el objeto
concreto de la litis»3.
2.3.1. En materia de tutela, la legitimación en la causa por activa también constituye
un presupuesto de la sentencia de fondo. Los artículos 864 de la Constitución Política
3 Devis Echandía, Hernando. Nociones generales de derecho procesal. Editorial: Aguilar S.A. 2015. Pág. 300.
4 Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga
de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo
caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación
de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.
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y 105 del Decreto 2591 de 1991 establecen que la acción de tutela puede ejercerla
directamente la persona que considere que se le han vulnerado o amenazado
derechos fundamentales. Este presupuesto exige que el derecho cuya protección se
pide sea propio del demandante, y no de otra persona. De ahí que la verificación de la
legitimación en la causa por activa, que, vale decir, es un deber de los jueces, garantiza
que la persona que promueve la acción de tutela tenga un interés directo, real y
particular para solicitar la protección inmediata de sus derechos fundamentales.
2.3.2. La acción de tutela también puede ejercerse mediante la representación, tal
como ocurre en los casos en que los padres actúan en representación de los hijos
menores o cuando se constituye apoderado judicial. Por supuesto que en esos casos
debe acreditarse la calidad en la que se actúa. Por ejemplo, si se actúa por medio de
apoderado judicial, debe aportarse el poder especial que lo faculta para actuar6, pues,
de lo contrario, se configurará un auténtico caso de carencia de poder. Y si se actúa
en calidad de representante legal de una empresa, debe aportarse el respectivo
certificado de existencia y representación.
2.3.3. Excepcionalmente, la acción de tutela se puede presentar mediante la agencia
oficiosa, siempre que se pruebe que el titular del derecho no esté en condiciones de
promover su propia defensa. La Corte Constitucional ha establecido que la agencia
oficiosa «se constituye en una institución excepcional, pues requiere que se presente
una circunstancia de indefensión e impedimento físico o mental del afectado que le
imposibilite recurrir a los mecanismos existentes para buscar por sí mismo la
protección de sus derechos»7. Para ejercer la acción de tutela mediante agente
oficioso debe tenerse, de ser posible, el consentimiento expreso de quien no puede
hacerlo por sí mismo y, además, acreditar que el titular del derecho se encuentra en
un estado de imposibilidad que le impide presentar la acción de tutela por sus propios
medios y manifestar que se obra en tal calidad.
2.3.4. En conclusión, una persona se encuentra legitimada por activa para presentar
la acción de tutela cuando demuestra: a) tener interés directo, real y particular
directamente, b) ser el representante legal o judicial de otra persona natural o jurídica
y c) ser el agente oficioso de otra persona, siempre que se demuestre la imposibilidad
de que el interesado ejerza su propia defensa.
2.4. En el sub lite, como ya se dijo, la presunta vulneración de derechos fundamentales
se deriva del supuesto incumplimiento de la sentencia del 13 de mayo de 2010, dictada
por el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta, en el proceso de acción
popular promovido por la Procuraduría General de la Nación contra el distrito de Santa
Marta, por la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público y a la
utilización y defensa de los bienes de uso público. En concreto, la Procuraduría adujo
que las entidades demandadas permitieron la ocupación ilegal de terrenos de la playa
denominada «El Rodadero».
5 Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover
su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
6 Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T 531 de 2002, precisó que el acto por el que se confiere
poder tiene las siguientes características: «(i) es un acto jurídico formal que debe realizarse por escrito; (ii) se
presume auténtico; (iii) debe ser especial con el fin de interponer una acción de tutela; (iv) es para la promoción o
para la defensa de los intereses en un determinado proceso, por lo que no se entiende conferido para la promoción
de procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento tengan origen en un proceso ordinario; y (v) el
destinatario del acto de apoderamiento solo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional».
7 Sentencia T 614 de 2012.
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2.4.1. Una vez revisado el expediente de acción popular, la Sala no encontró que
Hernando Giraldo Rodríguez y Julia Orocia Rodríguez de Giraldo hubieran sido tenidos
como parte o coadyuvantes. Sólo se encontró una solicitud de cumplimiento de la
sentencia del 13 de mayo de 2010, suscrita por el señor Giraldo Rodríguez, pero de
ninguna manera esto significa que tuviera la calidad de parte o coadyuvante.
2.4.2. Justamente, para dilucidar el interés que asistía a Hernando Giraldo Rodríguez
y Julia Orocia Rodríguez de Giraldo en la ejecución de la sentencia del 13 de mayo de
2010, por auto del 24 de noviembre de 2021, el despacho sustanciador los requirió
para que aclararan dicho interés. Sin embargo, en el memorial de subsanación, los
demandantes guardaron silencio sobre la explicación pedida sobre el interés o
afectación frente a la supuesta falta de cumplimiento de la sentencia del 13 de mayo
de 2010.
2.4.3. De hecho, la falta de interés también se evidencia en que el Juzgado Séptimo
Administrativo de Santa Marta señaló que la parte demandante en la tutela de la
referencia «no actuó como parte dentro de la señalada acción popular».
2.4.4. Los demandantes no son las personas llamadas a reclamar por vía de tutela el
cumplimiento de la sentencia del 13 de mayo de 2010, pues se trata de una providencia
que fue dictada en un proceso en el que no fueron parte o coadyuvantes. Además, no
puede perderse de vista que para el cumplimiento de sentencias de acción popular
existe un procedimiento legalmente previsto, de conformidad con lo previsto en la Ley
472 de 1998. Es decir, el llamado a definir si la sentencia del 13 de mayo de 2010 fue
cumplida es el juez del proceso de acción popular.
2.5. Lo anterior es suficiente para declarar la falta de legitimación en la causa por activa
de Hernando Giraldo Rodríguez y Julia Orocia Rodríguez de Giraldo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
FALLA
1. Declarar la falta de legitimación en la causa por activa de Hernando Giraldo
Rodríguez y Julia Orocia Rodríguez de Giraldo, por las razones expuestas.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
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(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección Magistrada
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Magistrada Magistrado
8
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