Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-06359-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-06359-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-06359-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
10 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202106359-01
Actor: José Luis Quiros Pinzón
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y Juzgado Quince
Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del
requisito de subsidiariedad
Derecho Fundamental Invocado: i) Debido proceso, ii) salud y iii) trabajo
Derecho Fundamental Amparado: i) Ninguno
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de
tutela de 6 de diciembre de 2021 proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró la improcedencia de
la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de
la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado
Quince Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, porque, a su juicio, al
proferir la providencia de 5 de agosto de 2021, dentro del incidente de desacato
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Actor: José Luis Quiros Pinzón
promovido dentro de la acción popular identificada con el número único de
radicación 680012331000200202891-00, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que, con ocasión de las afectaciones generadas por el relleno sanitario
El Carrasco, algunos habitantes del barrio El Porvenir de Bucaramanga
presentaron una acción popular con el fin de lograr un adecuado manejo de las
basuras depositadas en ese sector.
4. Señaló que, el 1.° de marzo de 2009, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral
del Circuito de Bucaramanga declaró la vulneración de los derechos e intereses
colectivos y, en consecuencia, ordenó el cierre definitivo del botadero El Carrasco
en un plazo de 12 meses; decisión frente a la cual se interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto mediante sentencia de 16 de febrero de 2011
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, autoridad judicial que
confirmó parcialmente la decisión de primera instancia, en la medida en que
modificó el plazo de cierre hasta el 30 de septiembre de 2011.
5. Precisó que, de conformidad con la orden de cierre, mediante el Decreto
núm. 0234 de 1.° de octubre de 2011, el Alcalde de Bucaramanga declaró el
Estado de Emergencia Sanitaria por seis meses para atender la situación, término
que se prorrogó por 18 meses más mediante el Decreto núm. 0056 de 30 de
marzo de 2012, con lo cual se dispuso la continuación de las operaciones en el
sitio de disposición final El Carrasco.
6. Expuso que, mediante Decreto núm. 0190 de 30 de septiembre de 2013, la
administración distrital declaró la existencia de una situación de calamidad pública
ambiental, circunstancia que dio lugar a un nuevo Estado de Emergencia
Sanitaria y Ambiental a partir del 1.° de octubre de 2013 y por un periodo de
veinticuatro meses.
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Actor: José Luis Quiros Pinzón
6.1. Expresó que, como fundamento del Decreto mencionado supra, se advirtió la
carencia de un sitio alterno para la disposición final de residuos sólidos en el área
metropolitana de Bucaramanga; no obstante, precisó que, para ese momento, la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
ya había proferido la Resolución núm. 000017 de 12 de enero de 2011, a través
de la cual otorgó a la empresa Entorno Verde SAS ESP una licencia para la
construcción y operación del Relleno Sanitario Parque Tecnológico Ambiental
Chocoa, ubicado en el terreno La Bonanza, municipio de Girón.
7. Adujo que, mediante auto núm. 1565 de 30 de abril de 2014 y en
cumplimiento de una orden emitida por la Procuraduría Delegada para Asuntos
Ambientales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA avocó conocimiento del Proyecto de
Recuperación Ambiental del Relleno Sanitario “El Carrasco” y asumió la
verificación del funcionamiento del botadero.
8. Señaló que, posteriormente, la ANLA expidió la Resolución núm. 53 de 18
de enero de 2018, por medio de la cual ordenó a la Empresa de Aseo de
Bucaramanga – EMAB S.A. E.S.P. materializar el cierre definitivo de El Carrasco
antes del 31 de enero de 2019; sin embargo, mediante Resolución núm. 153 de
11 de febrero de 2019 dicha autoridad ordenó la construcción de 2 celdas de
contención conformadas por residuos sólidos en el mismo sitio.
9. Manifestó que, mediante la Resolución núm. 1909 de 30 de noviembre de
2020 la ANLA ajustó el cronograma del Plan de Desmantelamiento y Abandono,
prorrogó el plazo para el cierre definitivo y estableció que el 3 de mayo de 2021
sería la fecha límite para el cese de actividades.
10. Indicó que, de manera simultánea a las actuaciones administrativas
mencionadas, los demandantes de la acción popular de la referencia presentaron
un incidente de desacato ante el Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito
de Bucaramanga.
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Actor: José Luis Quiros Pinzón
11. Expuso que, en audiencia de verificación de cumplimiento de 28 de
noviembre de 2018 la autoridad judicial exhortó a que antes del 31 de enero de
2019 se debía acatar la orden de cierre.
12. Advirtió que, mediante auto de 19 de diciembre de 2019, el Juzgado
ordenó suspender la recepción de residuos sólidos en El Carrasco a partir del 5
de enero de 2020 y una vez más exhortó al cumplimiento inmediato del Plan de
Desmantelamiento y Abandono de la ANLA.
13. Manifestó que, a través de auto de 14 de diciembre de 2020, el Juzgado
reiteró que el Plan de Desmantelamiento y Abandono no era un instrumento para
disponer de residuos sólidos de manera indefinida y requirió a los alcaldes de los
16 entes territoriales afectados por la decisión para que activaran sus planes de
contingencia, buscaran un nuevo sitio de disposición y explicaran las razones por
las cuales no cumplieron las órdenes emitidas en la sentencia.
14. Adujo que, mediante providencia de 14 de mayo de 2021, la autoridad
judicial advirtió a las partes que la fase de estabilización finalizaría el 13 de
agosto de 2021 y convocó a una audiencia a efectos de materializar el cierre
definitivo de El Carrasco. Precisó que, en esa oportunidad, se reiteró la ejecución
de los planes de contingencia para el traslado de residuos a fin de garantizar la
continuidad en la prestación del servicio.
15. Finalmente, expuso que, a través de auto de 5 de agosto de 2021, el
Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga i) ordenó la
materialización del cierre definitivo del sitio de disposición final El Carrasco a
partir de las 00:00 horas del 14 de agosto de 2021, y ii) requirió por séptima vez a
los alcaldes de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y
Girón para que implementaran sus planes de contingencia y trasladaran sus
residuos sólidos a otro lugar.
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Actor: José Luis Quiros Pinzón
La solicitud de tutela
Pretensiones
16. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERA: Se tutelen los derechos fundamentales a la Vida, a la Salubridad
publica (sic), al medio ambiente, al derecho que tenemos como suscriptores de
recolección de desechos “basuras”, de todos los habitantes del Municipio de
Bucaramanga y toda área metropolitana y por ende se proceda a modificar y/o
revocar en todas sus instancias la orden de cerrar el sitio denominado “El
Carrasco” según lo regulado por el Juzgado Quince Administrativo de
Bucaramanga.
SEGUNDA: Se evite LA CECLARATORIA (sic) DE CALAMIDAD DE SALUD
PUBLICA (sic) y AMBIENTAL IRREMEDIABLE, garantizándose el cumplimiento
de forma continua del servicio domiciliario de aseo de Bucaramanga y todos sus
municipios que comprenden el área metropolitana para que se disponga del 100%
de los residuos sólidos en el sitio de disposición del sitio denominado “el
carrasco”.
TERCERO : Que se aplique la ponderación de derechos y se determinen los
derechos fundamentales de todo el conglomerado social de los santandereanos,
en aplicación del principio de precaución, esto es, entre los derechos colectivos
protegidos dentro de la acción popular con radicación 2002-02891 y los derechos
fundamentales a la vida, la salud y un ambiente sano que eventualmente se
verían afectados ante la imposibilidad de recolección de aproximadamente 500
toneladas de basuras diarias, en el evento de que se haga efectiva la orden de
cierre el carrasco […]”.
17. Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó que:
“[…] EL Juzgado Quince Administrativo paso (sic) por alto los efectos jurídicos del
Decreto de Emergencia Sanitaria No. 0365 de 2020, del 29 de Agosto de 2020, que
fue avalado y ceñido con los estudios pertinentes de capacidad técnica de
disposición del uso del botadero de basura denominado “el carrasco”, y que arrojo
(sic) como resultante que se puedan seguir disponiendo los residuos sólidos en el
Carrasco, hasta el mes Octubre de 2022.
QUINTO: Así mismo paso (sic) por alto, el Juzgado 15 Administrativo de
Bucaramanga, que se había exhortado a la autoridad ambiental “ANLA” como
autoridad sanitaria, a que diera una respuesta o autorización de la prórroga
expuesto (sic) en el Decreto de Emergencia Sanitaria No. 0365 de 2020, del 29 de
Agosto de 2020 que señaló la habilitación del carrasco hasta Otubre (sic) de 2022.
SEXTO: Para el día de esta interposición de acción constitucional, aun (sic) no se
cuenta con otro lugar físico, para disponer la capacidad diaria y permanente de
más de 1100 toneladas de residuos sólidos de basuras que se recogen de los 16
Municipios de Santander.
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Actor: José Luis Quiros Pinzón
SEPTIMO (sic): De igual manera los Municipios de Floridablanca, Girón y
Piedecuesta manifestaron el día de 11 de Agosto de 2021, en Audiencia
adelantada en el citado Juzgado Administrativo de Bucaramanga, la imposibilidad
técnica, administrativa y financiera de disponer basuras en otro lugar disímil al
carrasco después las cero (00:00) horas del día 14 de Agosto de 2021.
OCTAVO: Con la decisión del Juzgado Quince (15º) Administrativo de
Bucaramanga se vislumbra una hecatombe de daño colateral por la pandemia del
Covid -19, daño ambiental y emergencia sanitaria en una posible crisis ambiental
sin precedentes, si en cuenta se tiene que, son más de 1100 toneladas de basura
diarias que se recogen en el Municipio de Bucaramanga y 16 municipios más del
Departamento.
NOVENO: El Municipio de Bucaramanga, expidió el Decreto de Emergencia
Sanitaria No. 0365 de 2020 del 29 de Agosto de 2020, - ACTUALMENTE
VIGENTE, con base en los estudios de capacidad técnica efectuados a la (sic)
celdas del Carrasco, se determinó la viabilidad de extensión de su uso, por el
termino (sic) de 24 meses más, y el Juzgado Accionado Administrativo lo excluyó,
mediante la via (sic) de facto que coloca en riesgo la vida y la salud de más de un
millón de habitantes del área metropolitana.
DECIMO (sic): Que actualmente no ha sido posible concretar un nuevo autorizado
por acción u omisión de las autoridades ambientales, para permanentemente
recolectar y disponer de más 500 toneladas diarias para la ciudad de Bucaramanga
y más de 600 toneladas para los Municipios del Área Metropolitana (16 municipios)
lo cual ocasionaría agravamiento la pandemia por COVID 19 […]”.
Actuación
18. El despacho sustanciador de la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante auto de 13 de octubre de 2021; i) admitió la acción
de tutela; ii) ordenó notificar a los Magistrados del Tribunal Administrativo de
Santander y al Juez Quince Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga; iii)
vinculó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, a la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga
– CDMB, al Departamento de Santander, a los Municipios de Bucaramanga,
Piedecuesta, Floridablanca y Girón, y a la Empresa de Aseo de Bucaramanga –
EMAB S.A. E.S.P., en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el
término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular; iv) negó la
medida cautelar solicitada; y v) remitió el expediente al Despacho del Consejero de
Estado Fredy Ibarra Martínez, por ser haber sido el primero en admitir una acción
de tutela con características fácticas y jurídicas similares a la del actor.
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Intervención de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo
19. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA solicitó “[…]
denegar las pretensiones de la acción de tutela por no cumplir los requisitos de
procedencia señalados en la norma y el precedente judicial. De igual forma, se
reconozca la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. […]”.
19.1. Al respecto, señaló que:
“[…] En este caso su señoría, la presente acción de tutela no debió ser dirigida
contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- como se ha
explicado en líneas precedentes no somos competentes para prestar, asegurar o
ejercer vigilancia, seguimiento y control a las empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios.
En el presente caso nuestra competencia se circunscribe estrictamente al
seguimiento y control del proyecto “RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL RELLENO
SANITARIO DEL CARRASCO”, conforme a nuestras funciones señaladas por el
artículo 3º del Decreto Ley 3573 de 2011, y al artículo 2.2.2.3.2.2 del Decreto
reglamentario 1076 de 2015.
De otro lado, es importante también hacer referencia, que frente la recuperación
ambiental del relleno sanitario “El Carrasco” no solamente existen ordenes (sic)
administrativas emitidas por esta Autoridad Ambiental, sino también de índole
judicial, específicamente, día 11 de agosto de 2021, el Juzgado 15 Administrativo
del Circuito Judicial de Bucaramanga, en desarrollo de una audiencia de
verificación de cumplimiento de la sentencia emitida dentro de la acción popular de
radicado No. 2002-02891, entre otras determinaciones, ordenó: “PRIMERO:
MANTENER la orden del cierre definitivo del Sitio de Disposición Final “El
Carrasco” a partir de las 00:00 HORAS DEL 14 DE AGOSTO DE 2021, en los
términos y condiciones dispuestas en la Resolución 786 de 2021 y el Auto No.
05968 del 03 de agosto de 2021 expedido por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales.”
Por otro lado, no somos la Entidad competente en garantizar los derechos
fundamentales y colectivos que solicita la (sic) accionante que sean amparados por
medio de la presente acción, teniendo en cuenta que el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible mediante Resolución 1036 del 23 de septiembre de 2021,
restituyó la competencia del proyecto “Recuperación ambiental del relleno sanitario
el Carrasco” a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga – CDMB […]”.
[…]
“[…] De esta manera se puede concluir que a pesar de la clausura del relleno
sanitario “El Carrasco” la empresa de Servicios de Aseo de Bucaramanga S.A
E.S.P según lo informado a la comunidad en general activó un plan de contingencia
y se encuentra prestando el servicio publico (sic) de recolección de residuos
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Actor: José Luis Quiros Pinzón
solidos (sic) en sus frecuencias y rutas establecidas, haciendo la disposición final
en Aguachica.
Sobre esta situación se puede colegir, que la empresa sigue prestando a la
comunidad ese servicio público esencia (sic) de forma continua, razón por la cual
no se ha vulnerado ningún derecho fundamental o colectivo a la accionante.
Tampoco hay evidencia probatoria que demuestre lo contrario.
Por otro lado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- tampoco ha
vulnerado los derechos fundamentales de la (sic) actora (sic), teniendo en cuenta
que nuestra actuación en la clausura de este rellene (sic) sanitario es plenamente
conforme al ordenamiento jurídico, nuestra competencia, y sobre todo en
cumplimiento a una orden judicial […]”.
20. La Empresa de Aseo de Bucaramanga – EMAB S.A. E.S.P solicitó
declarar la procedencia de la acción de tutela, al considerar que en efecto se están
vulnerando los derechos fundamentales del actor.
20.1. Señaló que:
“[…] Atendiendo a que la decisión adoptada por la autoridad ambiental y judicial
vulnera los derechos fundamentales de los habitantes del municipio de
Bucaramanga y 15 municipios más que disponen en “ El Carrasco”, derechos
fundamentales (vida en condiciones dignas, salud y ambiente sano) que deben ser
protegidos de manera diligente y rigurosa aun después de las 00:00 horas del 14
de agosto de 20121, fecha en la cual se materializó el cierre del sitio de disposición
final denominado “El Carrasco”.
Así mismo, me permito indicar que la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES ANLA, profirió el auto No. 05968 del 3 de agosto de 2021 mediante
el cual dispuso “mantener el cronograma establecido en el artículo primero de la
Resolución No. 786 del 7 de abril de 2021, para el proyecto “Recuperación (sic)
ambiental del Relleno Sanitario el Carrasco”, en relación con la actividad
estabilidad mediante la disposición de residuos sólidos en la celda de respaldo 2, la
cual se encuentra en la FASE 1- PLAN DE CIERRE- ESTABILIDAD PARA LAS
CELDAS 1,2 Y 4°, por las razones expuestas en la parte considerativa de este acto
administrativo”., decisión que ratificó en la audiencia de verificación de
cumplimiento de fallo llevado a cabo el 11 de agosto de 2021 ante el Juez Quince
Administrativo posición que de igual forma adoptó el juez de conocimiento y como
consecuencia de ello, el cierre a partir de las 00:00 horas del 14 de agosto de
2021, del sitio de disposición final “El Carrasco”, sin atenderse las observaciones
técnicas efectuadas al auto 05968 por el ing. JAIME SUAREZ (sic) representante
de la EMPRESA GEOTECNOLOGIA SAS, con amplio conocimiento en el campo
ambiental, como tampoco a las acciones planteadas que permitan la disposición de
los residuos sólidos que garanticen la estabilización de la celda No. 4, razón por la
cual, al no contarse con otro sitio de Disposición final diferente al Carrasco en la
Jurisdicción del departamento de Santander, viola Flagrantemente los derechos
fundamentales de los habitantes de Bucaramanga, municipios del área
metropolitana y demás municipios que disponen en el Carrasco.
Otro aspecto importante que debe observarse, al momento de desatar la presente
acción constitucional, es que, ciertamente, las condiciones físicas y técnicas
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actuales del Sitio de Disposición Final “El Carrasco” son, de bulto, diferentes a las
que existían al momento en que fue interpuesta la acción popular por parte de los
habitantes del barrio El Porvenir del Municipio de Bucaramanga, por lo que, es
dable reclamar, de (sic) juez que decretó el cierre del Sitio de Disposición Final, un
real análisis que tenga en cuenta los aspectos sociológicos y los incontables
esfuerzos que he realizado la EMAB SA ESP en su condición de propietario del
terreno donde hoy en día, se encuentra el Carrasco, ya que, no se trata de un
cumplimiento exegético y podríamos decir, caprichoso, de la orden judicial, sino
que , en últimas, se trata de salvaguardar derechos fundamentales de los
ciudadanos, y conforme a la argumentación precedente es claro que, nos
encontramos en un típico caso de carencia actual del objeto u hecho superado, es
por ello que se considera, que la actual situación del Carrasco, la cual, es mucho
más tecnificada, responsable y ambientalmente sostenible, y ello por sí solo,
debería hacer variar la determinación del operador judicial […]”.
[…]
“[…] Dicho lo anterior es claro que, pese a la planificación y ejecución llevada a
cabo por la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMB S.A. E.S.P. del Plan
de Contingencia previsto ante el inminente cierre del Sitio de Disposición final de
Residuos Sólidos “El Carrasco” no fue posible dar cumplimiento al mismo en razón
de la férrea oposición por vías de hecho en cabeza de la comunidad del Municipio
de Aguachica, trayendo a colación además las declaraciones del alcalde del
aludido municipio, quien frente a varios medios de prensa manifestó su oposición a
la disposición de residuos sólidos del Área Metropolitana de Bucaramanga y 12
municipios más […]”.
21. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga – CDMB solicitó que, “[…] Se ORDENE declarar improcedente la
acción de tutela de la referencia en lo que tiene que ver contra la CORPORACION
(sic) AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA CDMB, y por tanto, desvincularla por no estar vulnerando los
derechos fundamentales alegados por el accionante […]”.
21.1. Manifestó que:
“[…] QUINTO.- De tal manera, que estamos frente a una Excepción de Falta de
Legitimación en la Causa por Pasiva, ya que no se encuentra razón y fundamento
para vincular a la CDMB; por no existir sustento fáctico ni en derecho, que amerite
responsabilidad alguna en el marco de sus competencias legales, y máxime
cuando por lo mismo, no se encuentra vulnerando los derechos alegados por el
accionante; que se encuentran afectados en el marco de los derechos colectivos
en la función legal de la prestación del servicio público domiciliario de aseo en la
disposición final de los residuos sólidos; y como consecuencia de una decisión
judicial proferida por un juez contencioso en desarrollo de un medio de control-
Acción Popular y de una decisión técnica ambiental.
Que en su competencia primero corresponde a los municipios y que el control,
vigilancia y exigibilidad de cumplimiento técnico ambiental, en su momento
correspondió hacerlo en ese momento a la AUTORIDAD NACIONAL DE
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LICENCIAS AMBIENTALES-ANLA, en lo que hace referencia al relleno sanitario El
Carrasco.
SEXTO.- Por tanto, se observa de manera clara, que conforme al marco de las
competencias, estado actual, en concordancia con la situación fáctica y
pretensiones de la presente acción constitucional de tutela, no se tiene una
responsabilidad que deba atender la Corporación Autónoma Regional. Por cuanto
en armonia (sic) con las normas, actos administrativos ambientales y las decisiones
judiciales actuales para este caso; la (sic) autoridades competentes para atender
estos asuntos son los municipios. Y ya la ANLA como autoridad ambiental en lo
que tiene que ver con la decisión del cierre y /o apertura del relleno sanitario El
Carrasco; cumplió con su deber legal […]”.
[…]
“[…] SEPTIMO (sic).- Por las anteriores consideraciones solicitamos de manera
formal al despacho judicial tener en cuenta las mismas, para no vincular a la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga,
toda vez, que no se esta (sic) amenazando, ni vulnerando los derechos
fundamentales invocados por el accionante; dado que, esta Corporación no tiene
competencia y responsabilidad legal conforme al marco legal dispuesto para la
recolección del servicio público domiciliario de las basuras de un municipio y su
disposición final de los residuos sólidos; y tampoco intervino, ni participó en las
decisiones tendientes a materializar el cierre, desmantelamiento y abandono del
sitio disposición final “El Carrasco”, por carecer de la competencia ambiental en
esos momentos […]”.
22. El Municipio de Bucaramanga solicitó “[…] amparar los derechos a la
salubridad pública, a la salud, a un ambiente sano y a la vida de los habitantes del
área metropolitana de Bucaramanga y de los 16 municipios que depositan las
basuras en “EL CARRASCO”, solicitando a las autoridades ambientales CDMB y
ANLA que evalúen los estudios de fecha 4 de diciembre de 2020 sobre la
actualización de la capacidad remanente del sitio disposición final “EL
CARRASCO” y la propuesta técnica de fecha del 10 agosto de 2021, sobre la
adecuación de una nueva celda para estabilizar la cárcava 4 que de acuerdo a los
nuevos hechos presenta problemas de estabilización por la presencia de lixiviados
[…]”.
22.1. Precisó que:
“[…] Respecto de las pretensiones del accionante de protección a sus derechos
fundamentales a la vida, salud, salubridad y medio ambiente sano, el Municipio de
Bucaramanga considera que ante la imposibilidad de depositar los residuos sólidos
en el municipio de Aguachica y ante la presencia de basuras en las vías de los
municipios del área metropolitana de Bucaramanga, aunado a las basuras que se
encuentran estancadas en los vehículos de transporte de residuos sólidos, se hace
necesario que se AMPAREN los alegados derechos del accionante, ordenando a
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las autoridades ambientales CDMB y al ANLA, que se evalué el estudio de fecha 10
de agosto de 2021 presentado por la EMAB al ANLA, relacionado con la
estabilización de la cárcava 4 por la presencia de lixiviados y grietas, que hacen
necesario adecuar una nueva celda en donde se puede depositar los residuos
sólidos que permitan estabilizar la cárcava 4.
Así mismo y teniendo en cuenta que las condiciones técnicas y ambientales del
relleno sanitario “EL CARRASCO” en este momento han mejorado sustancialmente
por las obras realizadas en los últimos años, y que se encuentra disponible la fase
A para depositar las basuras sobre las celdas de respaldo 1 y 2, respetuosamente
solicito se ORDENE su apertura para que se lleven las basuras de los 16
municipios y las que actualmente se encuentran en las calles, las cuales pueden
ocasionar un grave problema de salubridad pública, mientras las autoridades
ambientales se pronuncian sobre la viabilidad técnica de depositar en el sitio
denominado “EL CARRASCO”, de acuerdo a los estudios técnicos anteriormente
mencionados y que fueron presentados a las autoridades ambientales […]”.
23. El Municipio de Floridablanca informó que: “[…] En cuanto a las
pretensiones del aquí tutelante, es de aclarar que se ha tratado de cumplir la
orden judicial dentro de la acción popular, pero por las situaciones expuestas
nuevamente se está disponiendo en el relleno sanitario el carrasco con el fin de
garantizar la recolección del servicio de aseo […]”.
23.1. Al respecto, expuso que:
“[…] los vehículos con los residuos sólidos del municipio de Floridablanca debieron
desplazarse desde el lugar donde se presentaban los hechos de orden público
hasta un sitio transitorio donde informaron a las autoridades municipales sobre la
situación que impidió cumplir con lo previsto en el Plan de Contingencia, sin
embargo, los operarios y personal que se desplazó se quedó a la espera de las
nuevas instrucciones […]”.
[…]
“[…] Sumado a lo anterior, ante la dificultad de orden público presentada en el
municipio de Aguachica que impidió la disposición de los residuos sólidos de
Floridablanca, los vehículos de recolección que atienden la operación municipal se
mantenían cargados con los residuos que no pudieron ser transportados ni
dispuestos en el sitio de Disposición Final “Las Bateas”, y, ello ha imposibilitado la
continuidad en la prestación del servicio en el municipio, derivándose en
consecuencia situaciones con efectos sanitarios, ambientales y de salud pública
por la no recolección, así como situaciones de convivencia por la acumulación de
residuos […]”.
[…]
“[…] Es importante resaltar que todas estas medidas son tomadas luego del cierre
del sitio de disposición final ordenado por el Juez Quince Administrativo de
Bucaramanga, y con el fin asegurar la prestación del servicio de disposición final de
residuos dando aplicación al Plan de Contingencia, tal como estaba previsto por
parte de las empresas prestadoras del servicio de aseo, pero debido a los costos,
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imposibilidades sociales y técnicas se presenta una imposibilidad material de
seguir dando cumplimiento a este plan presentado ante la superintendencia de
servicios públicos […]”.
[…]
“[…] El municipio de Floridablanca resalta que todas las actuaciones se enmarcan
en la defensa de la salud pública y el derecho a un ambiente sano; por lo cual,
durante los últimos días ha cumplido una ingente e incansable acción inter
institucional, aún sin encontrar respuestas o soluciones por parte de todas las
instancias gubernamentales que fueron consultadas o requeridas. […]”.
[…]
“[…] Que la administración municipal se ha esmerado en el cumplimiento de lo
ordenado por la autoridad judicial, sin embargo, la situación coyuntural ocasionada
por la presión social de la comunidad que reclama el derecho a gozar de un
ambiente sano, la garantía para el adecuado disfrute de sus derechos y
condiciones adecuadas de convivencia y tranquilidad exigen de la administración
respuestas inmediatas y acciones efectivas […]”.
24. La Secretaría de Infraestructura del Departamento de Santander
manifestó que:
“[…] la acción de tutela no es el medio idóneo para perseguir la materialización de
las pretensiones esbozadas por el accionante, siendo la Acción popular el
escenario procesal idóneo para resolver este caso. En primer lugar, porque la
legitimación para iniciarla es más amplia que la acción de tutela, ya que no es
necesario probar la afectación individual y concreta de los derechos. En segundo
lugar, porque es una acción por naturaleza preventiva y restitutiva, ya que busca
evitar el daño contingente o restituir las cosas a un estado anterior, lo que se
compagina con lo pretendido por el accionante. En tercer lugar, admite un amplio
período probatorio permitiéndole al juez ordenar y practicar cualquier prueba. En
cuarto lugar, porque el juez popular puede adoptar las medidas cautelares que
estime pertinentes para prevenir o hacer cesar un daño inminente. En quinto lugar,
permite celebrar un pacto de cumplimiento para fijar conjuntamente la forma de
protección del derecho e interés colectivo. Finalmente, el juez popular puede
imponer una orden de hacer, no hacer o de condena por la afectación de los
derechos colectivos, puesto que como se demostró no existe vulneración de
derecho constitucional o fundamental alguno por parte del Departamento de
Santander, sin desmeritar la orden impartida a los representantes legales de los
municipios de Bucaramanga y Girón, para que en acompañamiento y orientación de
la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA
DE BUCARAMANGA CDMB como autoridad ambiental y la EMPRESA MUNICIPAL
DE ASEO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. como entidad prestadora del servicio,
llevara (sic) a cabo, de manera prioritaria, las gestiones administrativas necesarias
a efectos de procurar la habilitación de un nuevo sitio de disposición final de
residuos sólidos, cumpliendo de manera armónica e integral con todas y cada una
de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias para el caso,
emanada del Tribunal Administrativo de Santander en la A.P. radicada No.
680013331004- 2002-02891-01.
Reitero al operador de justicia el carácter de subsidiaria de la acción de tutela, es
decir, que de existir una acción o medio judicial al que pueda acudirse para buscar
13
Núm. único de radicación: 110010315000202106359-01
Actor: José Luis Quiros Pinzón
sus pretensiones, la acción es improcedente, siempre y cuando la acción sea
idónea para la protección del derecho fundamental. Dicho de otra forma, en virtud
de este principio de subsidiariedad, si la vulneración resulta inminente o si con ella
se evidencia un perjuicio irremediable, que genere que la acción ordinaria (no
constitucional) resultare menos eficaz a la acción de tutela, deberá concederse el
amparo tutelar.
En este caso, se debe considerar por el Despacho que la vulneración a los referidos
derechos sea debidamente acreditada, situación que en el caso sub lite no se
configura. […]”.
25. El Tribunal Administrativo de Santander, el Juzgado Quince Administrativo
Oral del Circuito de Bucaramanga; el Municipio de Piedecuesta y el Municipio de
Girón guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
26. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 6 de diciembre de 2021, resolvió lo siguiente:
“[…] 1º) Declárese improcedente la acción de tutela presentada por el señor José
Luis Quiroz (sic) Pinzón, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
2º) Niéguense las solicitudes de desvinculación elevadas por la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia […]”.
27. Como fundamento de su decisión, manifestó lo siguiente:
“[…] 2) De acuerdo con las pruebas aportadas al expediente la Sala verificó que a
la fecha se encuentra en trámite el incidente de desacato que presentaron los
demandantes de la acción popular referida ante el Juzgado Quince Administrativo
del Circuito Judicial de Bucaramanga en el que se discute si hay lugar a declarar el
cumplimiento de la sentencia proferida el 1° de marzo de 2009 por el Juzgado 4
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga y confirmada el 16 de febrero
de 2011 por el Tribunal Administrativo de Santander, de ahí que ese es el escenario
en el que las partes legitimadas podrán exponer las razones que sustenten su
oposición al cierre definitivo.
3) En esa medida, la protección a los derechos colectivos a la salud y a un
ambiente sano de la población aledaña, la necesidad de seguir contando con el
sitio de disposición final de residuos sólidos hasta octubre de 2022 o cualquier
inconformismo relacionado con la decisión del cierre definitivo del relleno sanitario
El Carrasco debe ser planteada al interior del proceso de cumplimiento de los fallos
judiciales que ordenaron dicha decisión, el cual se encuentra en curso.
14
Núm. único de radicación: 110010315000202106359-01
Actor: José Luis Quiros Pinzón
4) En ese sentido, se aclara que, por regla general, la acción de tutela no es el
medio idóneo para plantear discusiones con derechos colectivos (salvo que se
demuestre la existencia de un perjuicio irremediable que en este caso no se
acreditó) o mucho menos para desplazar al juez del desacato en el trámite de la
acción popular quien es el director del proceso y el llamado a establecer el
cumplimiento de las órdenes dictadas en ese proceso.
5) Basta lo anterior para concluir que la presente acción de tutela no superó el
requisito de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial de
subsidiariedad por lo cual será declarada improcedente en la parte resolutiva de
esta sentencia.
6) Frente a la alegada falta de legitimación en la causa por pasiva que alegaron la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Sala considera que, en atención
a las competencias asignadas a esas autoridades y su incidencia en el asunto
discutido dentro de la acción popular no. 68001-23-31-000-2002-02891-00 es
necesaria su participación dentro del presente trámite de tutela para que expongan
ante el juez de tutela su conocimiento y documentación sobre el particular.
7) Ante la posibilidad que se suscite el trámite de impugnación en el presente
proceso, esta instancia estima pertinente que dichas autoridades hagan parte del
curso procesal hasta tanto se agoten todos los mecanismos de defensa judicial con
que cuentan las partes demandante y demandada, por esa razón en la parte
resolutiva de este fallo se negarán las solicitudes de desvinculación mencionadas
[…]”.
La impugnación
28. La parte actora impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, al considerar lo siguiente:
“[…] En suma, en la sentencia de primera instancia se consideró que la demanda de
tutela no superaba el requisito de subsidiariedad debido a que aún se encuentra en
trámite el incidente de desacato que presentaron los demandantes de la acción
popular referida ante el Juzgado 15 Administrativo del Circuito de Bucaramanga.
2. Sin embargo, tal decisión no consulta la jurisprudencia de la Corte Constitucional
al respecto, pues a pesar de ser la acción de tutela un mecanismo de protección y
defensa de los derechos fundamentales de orden subsidiario y residual, ello no es
óbice para el uso de esta acción constitucional, pues es posible que el accionante
cuente con medios judiciales ordinarios para defender sus intereses concretos, pero
ninguno de estos mecanismos resulte efectivo y eficiente.
Así, se requiere una (sic) especial análisis en el juez de tutela que evalúe la validez y
efectividad del medio judicial de que se dispone frente a la situación en particular,
que no se realizó en la providencia recurrida, porque si se encuentra que el medio de
defensa judicial ordinario no es suficiente para proteger oportunamente los derechos
fundamentales violados o amenazados, el operador judicial en sede de tutela debe
asegurar la vigencia de un orden justo, de conformidad a lo establecido en el artículo
2° de la Constitución Política, y entrar a amparar los derechos conculcados.
15
Núm. único de radicación: 110010315000202106359-01
Actor: José Luis Quiros Pinzón
Por eso, no se puede negar la tutela por la sola existencia del otro medio de defensa
judicial (Corte Constitucional S. T-822/02, T-904/06) […]”.
[…]
“[…] A pesar de que en la demanda de tutela no se haga explicito (sic), lo cierto es
que la autoridad judicial acusada no tuvo en consideración todas las pruebas
puestas a su consideración en el trámite del incidente de desacato que indicaban la
imposibilidad de cumplir con las órdenes judiciales de la acción popular, tal y como
fueron formuladas, lo que implica un defecto fáctico, como causal genérica para
hacer procedente el amparo material solicitado.
En la decisión del 5 de agosto de 2021 proferida por el Juez 15 Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga simplemente se pretendió dar cumplimiento a las
sentencias emitidas dentro de la acción popular a pie juntillas.
Sin embargo, se debió realizar un análisis más profundo y detallado de la situación y
de lo expuesto por las diferentes entidades involucradas en el asunto que daban
cuenta de las dificultades de orden técnico y jurídico que habían impedido y siguen
impidiendo el exacto cumplimiento de lo ordenado en la acción popular que era el
cierre definitivo de El Carrasco […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
29. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de
conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
19911, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86
de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm.
333 de 6 de abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre
de 20183 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 4, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
30. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
2
“Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
3 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
16
Núm. único de radicación: 110010315000202106359-01
Actor: José Luis Quiros Pinzón
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
31. La Sala advierte que, si bien algunas de las autoridades vinculadas al
proceso de tutela de la referencia solicitaron su desvinculación por carecer de
legitimación en la causa por pasiva, lo cierto es que el juez constitucional de la
primera instancia ya se pronunció al respecto, razón por la cual, esta Sala no
abordara dicho asunto, máxime si se tiene en cuenta que lo resuelto no fue objeto
de impugnación.
Problemas jurídicos
32. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción
de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente
si se cumplió con el requisito de la subsidiariedad.
33. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando
se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental a la salud; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al trabajo; procediendo posteriormente a vi) resolver el caso
concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan
los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
34. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
17
Núm. único de radicación: 110010315000202106359-01
Actor: José Luis Quiros Pinzón
Plena5, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que
debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en
presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las
profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en
el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
35. Esta Sección adoptó6 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 20057, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
36. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la
relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa
judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se
trate de tutela contra tutela.
37. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.
María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
7 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
18
Núm. único de radicación: 110010315000202106359-01
Actor: José Luis Quiros Pinzón
manera “dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos
parámetros.
38. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
39. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de
la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela en el caso concreto
40. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 200510,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito de
subsidiariedad.
Requisito de subsidiariedad de la solicitud de tutela
41. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los
artículos 86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 11,
indica que la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario
para obtener la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo
que impone su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no
exista otra acción idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.
8
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
10 Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
19
Núm. único de radicación: 110010315000202106359-01
Actor: José Luis Quiros Pinzón
42. Asimismo, esta Sección12 respecto de este requisito de subsidiariedad ha
señalado:
“[…] la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 201313, advirtió que al
analizar el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso ha
culminado o está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez
constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no
es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar
un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos
fundamentales”.
La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción
de tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite14; (ii) no se
han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios15; y (iii) se
usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico”16”.17
Lo anterior atiende a que, en primer lugar, es el juez ordinario quien debe corregir
las irregularidades que llegaren a presentarse en el curso del proceso, de manera
oficiosa o a solicitud de parte, a efecto de dictar una sentencia que materialice el
derecho a la tutela judicial efectiva y sea el resultado de una actuación conforme a
las garantías procesales […]”.
43. De lo anterior se colige la competencia subsidiaria y residual del juez de
tutela para la protección de los derechos constitucionales, salvo que no exista
otro medio de defensa judicial de comprobada eficacia para lograr que cese
inmediatamente la vulneración. Al respecto la Corte Constitucional ha
considerado18:
“[…] La regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede
superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento
jurídico de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional
para debatir lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala
insiste en que esta regla general conduce a que en los procedimientos
administrativos, la tutela no procede contra actos expedidos por una autoridad
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001031500020170300600
13 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
14 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de
2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
15 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no
ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de
2001, SU-1299 de 2001, entre otras.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
18 Sentencia T-030 26 de enero de 2015
20
Núm. único de radicación: 110010315000202106359-01
Actor: José Luis Quiros Pinzón
administrativa, pues para ello se han previsto otros instrumentos judiciales, sin
embargo, sólo de manera excepcional esta acción procede transitoriamente
cuando se compruebe la existencia de un perjuicio irremediable […]”.
44. Así las cosas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, la tutela
resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los
medios ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla general
encuentra la excepción si el juez constitucional logra determinar que los
mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados
o amenazados; y se requiere el amparo constitucional como mecanismo
transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
45. Para que el perjuicio tenga categoría de irremediable ha de ser actual y las
medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta
cualquier perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona; la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea
impostergable, debido a que tiene que ser adecuada para restablecer el orden
social justo en toda su integridad.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso
46. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
21
Núm. único de radicación: 110010315000202106359-01
Actor: José Luis Quiros Pinzón
47. Atendiendo a que, la Corte Constitucional19 ha definido el derecho al
debido proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento
jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
salud
48. Visto el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el
artículo 2 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 201520 sobre el derecho
fundamental a la salud.
49. Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional21, ha definido este
derecho como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad
orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de
restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y
funcional de su ser, que además debe ser garantizado bajo condiciones de
oportunidad, continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de
integralidad.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo
19 Corte Constitucional, sentencia C - 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo
20 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 15 de enero de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
22
Núm. único de radicación: 110010315000202106359-01
Actor: José Luis Quiros Pinzón
50. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.
51. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo
ha dicho lo siguiente22:
“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de
derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental
el derecho al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la
personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la
medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se
desenvuelve logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el
individuo no podría existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona
los medios indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su
potencial creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la
actividad que lo pone en contacto productivo con su entorno.
El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se
refleja en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido
de protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.
Análisis del caso concreto
52. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
53. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
22 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
23
Núm. único de radicación: 110010315000202106359-01
Actor: José Luis Quiros Pinzón
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
54. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
54.1. Informes rendidos por las autoridades vinculadas como terceros con
interés, con sus debidos anexos.
Solución del caso concreto
55. El actor señaló que el Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga al proferir la providencia de 5 de agosto de 2021, vulneró sus
derechos fundamentales, en la medida en que:
“[…] EL Juzgado Quince Administrativo paso (sic) por alto los efectos jurídicos
del Decreto de Emergencia Sanitaria No. 0365 de 2020, del 29 de Agosto de
2020, que fue avalado y ceñido con los estudios pertinentes de capacidad técnica
de disposición del uso del botadero de basura denominado “el carrasco”, y que
arrojo (sic) como resultante que se puedan seguir disponiendo los residuos sólidos
en el Carrasco, hasta el mes Octubre de 2022.
QUINTO: Así mismo paso (sic) por alto, el Juzgado 15 Administrativo de
Bucaramanga, que se había exhortado a la autoridad ambiental “ANLA” como
autoridad sanitaria, a que diera una respuesta o autorización de la prórroga
expuesto (sic) en el Decreto de Emergencia Sanitaria No. 0365 de 2020, del 29 de
Agosto de 2020 que señaló la habilitación del carrasco hasta Otubre (sic) de 2022.
SEXTO: Para el día de esta interposición de acción constitucional, aun no se
cuenta con otro lugar físico, para disponer la capacidad diaria y permanente de
más de 1100 toneladas de residuos sólidos de basuras que se recogen de los 16
Municipios de Santander.
SEPTIMO (sic): De igual manera los Municipios de Floridablanca, Girón y
Piedecuesta manifestaron el día de 11 de Agosto de 2021, en Audiencia
adelantada en el citado Juzgado Administrativo de Bucaramanga, la imposibilidad
técnica, administrativa y financiera de disponer basuras en otro lugar disímil al
carrasco después las cero (00:00) horas del día 14 de Agosto de 2021.
OCTAVO: Con la decisión del Juzgado Quince (15º) Administrativo de
Bucaramanga se vislumbra una hecatombe de daño colateral por la pandemia del
Covid -19, daño ambiental y emergencia sanitaria en una posible crisis ambiental
sin precedentes, si en cuenta se tiene que, son más de 1100 toneladas de basura
diarias que se recogen en el Municipio de Bucaramanga y 16 municipios más del
Departamento.
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Núm. único de radicación: 110010315000202106359-01
Actor: José Luis Quiros Pinzón
NOVENO: El Municipio de Bucaramanga, expidió el Decreto de Emergencia
Sanitaria No. 0365 de 2020 del 29 de Agosto de 2020, - ACTUALMENTE
VIGENTE, con base en los estudios de capacidad técnica efectuados a la (sic)
celdas del Carrasco, se determinó la viabilidad de extensión de su uso, por el
termino (sic) de 24 meses más, y el Juzgado Accionado Administrativo lo excluyó,
mediante la via (sic) de facto que coloca en riesgo la vida y la salud de más de un
millón de habitantes del área metropolitana.
DECIMO (sic): Que actualmente no ha sido posible concretar un nuevo autorizado
por acción u omisión de las autoridades ambientales, para permanentemente
recolectar y disponer de más 500 toneladas diarias para la ciudad de Bucaramanga
y más de 600 toneladas para los Municipios del Área Metropolitana (16 municipios)
lo cual ocasionaría agravamiento la pandemia por COVID 19 […]”.
56. Al respecto, la Sala advierte que lo que pretende el actor es que se dejen
sin efectos la providencia de 5 de agosto de 2021, proferida por el Juzgado Quince
Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, dentro del incidente de desacato
promovido dentro de la acción popular identificada con el número único de
radicación 680012331000200202891-00.
57. La Sala considera que, tal como lo advirtió el A quo, la solicitud de amparo
no cumple con el requisito de subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela,
en la medida en que, de conformidad con el material probatorio obrante en el
expediente, la información que sobre la respectiva acción popular se encuentra
registrada en la página de consulta de procesos de la Rama Judicial y el recuento
procesal que se realizó al inicio de esta providencia, se observa que el incidente
de desacato de la referencia se encuentra en trámite, es decir, este no ha sido
definido por el juez natural de la causa, razón por la cual se desconoce la
incidencia que eventualmente podrían llegar a tener las presuntas irregularidades
que señaló el actor y se desconoce sobre la eventual “[…] crisis ambiental sin
precedentes […]” a la que hace referencia el tutelante, puesto que, se insiste, el
incidente de desacato se encuentra en trámite, inclusive, con posterioridad al auto
demandado se han surtido nuevas actuaciones (con último registro de actuación el
23 de febrero de 2022), tal como se advierte a continuación:
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Núm. único de radicación: 110010315000202106359-01
Actor: José Luis Quiros Pinzón
58. En ese orden de ideas, como lo ha señalado esta Sección23 no se cumple el
requisito de subsidiariedad, en la medida que el proceso se encuentra en trámite:
“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el proceso se
encuentra en curso la acción de tutela no es procedente para cuestionar
cualquier decisión adversa las partes, aún luego de agotados los recursos
que contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de
control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la
trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la decisión que
pone fin al proceso.
Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la acción de tutela
como una tercera instancia ante decisiones que no convienen a las partes en el
trámite de los procesos, cuyos efectos en la decisión definitiva son inciertos, y
que, además, no generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.
En este sentido, solo en el evento en que las presuntas irregularidades en el curso
del proceso impidan el acceso a la administración de justicia y el derecho a la
tutela judicial efectiva de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales
de defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su estudio en
sede de tutela, situación que no se presenta en el caso sub judice por cuanto, el
medio de control aún está en trámite. […]”.
59. Al respecto, esta Corporación24 ha indicado que:
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación
11001031500020170300600.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-03006-00, M.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
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Actor: José Luis Quiros Pinzón
“[…] Al respecto la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 201325, advirtió
que al analizar el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso
ha culminado o está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez
constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no
es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar
un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos
fundamentales”.
La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción de
tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite26; (ii) no se han
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios27; y (iii) se usa
para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico”28”.29 […]”.
[…]
“[…] Y, solo en el evento que la parte actora considere que éstas irregularidades
procesales subsisten luego de ejecutoriada la sentencia o la providencia que ponga
fin al proceso, es posible acudir de manera subsidiaria a la acción de tutela, se
reitera, luego de agotados los mecanismos ordinarios y extraordinarios al alcance
de las partes en el desarrollo del proceso judicial […]”. (Resaltado del texto original)
60. Ahora bien, frente a la improcedencia de la acción de tutela contra el
trámite incidental de desacato promovido dentro de una acción popular, el cual al
momento de la presentación de la acción de tutela se encuentra en curso, es
decir, no hay una decisión definitiva proferida por el juez natural, tal cual como
acontece en el caso sub examine, el Consejo de Estado30 ha señalado lo
siguiente:
“[…] la Sala evidencia que la acción de tutela está dirigida contra dos autos
proferidos por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó.
En el auto del 16 de enero de 2020 ordenó lo siguiente: i) abrir el incidente de
desacato frente a las entidades que fueron condenadas en la sentencia del 25 de
febrero de 2015, con el objeto de que informaran el cumplimiento de las
25 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
26 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de
2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
27 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no
ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en
la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590
de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la
sentencia SU-858 de 2001, SU-1299 de 2001, entre otras.
28 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
29 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Sección Tercera, sentencia
de 5 de octubre de 2020, número único de radicación 27001-23-31-000-2020-00003-01, M.P. Martín
Bermúdez Muñoz. En ese mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Subsección B de la Sección Tercera, sentencia de 4 de octubre de 2021, número único de radicación 11001-
03-15-000-2021-05572-00, M.P. Fredy Ibarra Martínez.
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Actor: José Luis Quiros Pinzón
obligaciones impuestas en dicha providencia y ii) que de haberse presentado un
incumplimiento, las entidades debían consignar el valor de los dineros faltantes
para que se pudiera adelantar el estudio técnico.
13.2.- Contra la decisión anterior, la Agencia Nacional de Minería presentó recurso
de reposición en el que señaló que su obligación pecuniaria constituía una
obligación conjunta y no solidaria, y como dicha entidad ya había realizado el pago,
no había lugar a abrir el incidente de desacato contra la entidad. Aseguró que
conforme al comprobante de pago que aportó, quedó demostrado por parte de la
entidad que se había cumplido con la parte de la obligación ordenada en la
sentencia.
13.3.- El juzgado resolvió el recurso de reposición mediante auto del 29 de enero
de 2020. Al respecto negó la pretensión de la Agencia Nacional de Minería sobre
su desvinculación del incidente toda vez que “no se ha tomado una decisión de
fondo, tan solo se ha solicitado a las entidades accionadas rendir el respectivo
informe de cumplimiento cabal de la sentencia, de suerte que con la información
que las incidentadas suministren el despacho verificará la veracidad o no de su
dicho y conforme a ello adoptará la decisión que en derecho corresponda”.
13.4.- No obstante, la autoridad judicial accionada también precisó que respecto a
si la obligación era conjunta o solidaria, “este trámite incidental no tiene por objeto
reabrir debates que ya se han superado al interior del proceso de acción popular” y
que, de la literalidad de la obligación impuesta por el Tribunal Administrativo del
Chocó se observaba que la condena fue impuesta “a todas las entidades
accionadas o condenadas de suerte que la misma puede ser cumplida por una o
por todas, la obligación es indivisible (…) Ergo el despacho esperará la respuesta
de las entidades condenadas y del estudio que resulte se adoptará la decisión
correspondiente”.
13.5.- De lo expuesto, la Sala advierte que la acción de tutela resulta
improcedente toda vez que el trámite del incidente no ha finalizado. Solo se
solicitó rendir un informe del cumplimiento de la sentencia del 25 de febrero de
2015. En esa medida, con la providencia que se acusa aún no existe una
decisión definitiva sobre la obligación pecuniaria y este medio constitucional
no tiene la facultad de modificar el trámite del proceso incidental cuando
todavía existen temas por resolver, pruebas por recaudar, estudios por
realizar y, en todo caso, el juez no ha adoptado una decisión definitiva sobre
el cumplimiento de la sentencia de acción popular.
13.6.- Así, las entidades impugnantes pueden en el transcurso del trámite
incidental adelantar todas las actuaciones procesales y probatorias
orientadas a demostrar su cumplimiento, y en caso de que se les imponga
una sanción, se cuenta con la consulta ante el superior.
13.7.- Cabe recordar que el artículo 86 de la Constitución Política establece que
<<Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable>>.
13.8.- En este caso, como quiera que la accionante y la entidad coadyuvante
cuentan con la posibilidad de agotar las demás etapas procesales dentro del
proceso judicial y que el cumplimiento del fallo es una situación que se analiza con
el auto que resuelve la solicitud de incidente, la tutela resulta improcedente.
Adicionalmente, la actora no alegó algún perjuicio irremediable que habilite al juez
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Actor: José Luis Quiros Pinzón
de tutela a pronunciarse de fondo como mecanismo transitorio para evitarlo […]”.
(Resaltado por la Sala)
Análisis del perjuicio irremediable
61. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
62. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional31:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible
de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”32[…]”.
63. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor
se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar
medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales.
64. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo
para lograr la protección de los derechos alegados, en atención a que se trata de
un mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan
otros recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de
los afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable que en el presente caso no se configuró.
31 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
32 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
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Actor: José Luis Quiros Pinzón
Conclusiones de la Sala
65. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de
6 de diciembre de 2021 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por medio de la cual declaró la improcedencia de la solicitud
de amparo por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 6 de diciembre de 2021
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la solicitud de amparo que presentó José Luis Quiros
Pinzón, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley
núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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Actor: José Luis Quiros Pinzón
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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