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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-06365-01

Fecha
31 de enero de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-06365-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Revócase la sentencia del 18 de noviembre de 2021 y, en su lugar, se dispone: 1º) Ampárase el derecho de petición invocado por la parte demandante, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 9 Expediente: 11001-03-15-000-2021-06365-01 Demandante: Luis Aurelio Contreras Garzón Acción de tutela – Impugnación fallo 2º) Ordénase a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, otorgue respuesta de conformidad con lo expuesto en la presente providencia. 3º) Niégase la pretensión dirigida a que se prevenga a la accionada para que no incurra en la omisión que dio lugar a la tutela. 4º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-06365-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

31 de enero de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, treinta y uno (31) de enero de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2021-06365-01
Demandante: LUIS AURELIO CONTRERAS GARZÓN
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: DERECHO DE PETICIÓN. CARENCIA ACTUAL DE
OBJETO POR HECHO SUPERADO. PREVENCIÓN
AUTORIDAD.

Síntesis del caso: el demandante consideró que la autoridad demandada vulneró sus
derechos fundamentales de petición y acceso a la administración de justicia al no existir una
respuesta de fondo frente a la solicitud elevada el 9 de agosto de 2021.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 18 de noviembre de 2021 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en
relación con la acción de tutela ejercida por el señor Luis Aurelio Contreras
Garzón, con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, REMITIR el presente asunto a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.” (negrillas y mayúsculas del original -
archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI)

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos y fundamentos de la vulneración

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-06365-01
Demandante: Luis Aurelio Contreras Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo

1) El 9 de agosto de 2021 el demandante, a través del canal electrónico de recepción de
correspondencia digital de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, presentó derecho
de petición con el fin de obtener información acerca del estado del proceso disciplinario
adelantado en contra de la abogada Osmany Alexandra Rojas Navarro, identificado con
el radicado 54001-11-02- 000-2018-00715-01.

2) Manifestó que, si bien tuvo conocimiento sobre la emisión de la sentencia condenatoria
en contra de la abogada Rojas Navarro, por información suministrada por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca, desconocía si dicho
fallo había sido apelado por el defensor de oficio de la disciplinada o por ésta
directamente, o si se había surtido el grado de consulta.

3) Agregó que, a pesar de que revisó el sistema informativo Siglo XXI de la Rama Judicial
para verificar el estado del trámite en la segunda instancia, no encontró registro alguno.

4) La parte actora señaló que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales de petición y acceso a la administración de justicia al no haber dado
respuesta a la solicitud elevada el 9 de agosto de 2021.

2. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

1) Que se ordene la protección de los derechos fundamentales de PETICIÓN y
ACCESO A LA JUSTICIA, consagrados en los artículos 23 y 229 de la
Constitución Política, a LUÍS AURELIO CONTRERAS GARZÓN,
identificado con la C.C. # 88.208.167 de Cúcuta, y se ordene a la COMISIÓN
NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, de que emita respuesta de fondo
frente a mi solicitud respetuosa de agosto 09 de 2021, para que se me
suministre la información requerida del proceso disciplinario y radicado
presuntamente en segunda instancia con el # 54-001-11-02-000-2018-
00715-01, promovido por el suscrito como QUEJOSO, en contra de la señora
OSMANY ALEXANDRA ROJAS NAVARRO, en el sentido de obtener
información acerca del estado actual de la actuación adelantada en esa
Corporación.

2) Que también se decrete la defensa de mis derechos de primera generación,
respecto a la solicitud de información acerca de que en caso de que el
expediente de maras, ya se encontrara en trámite en esa Corporación, se me
suministren los datos de en qué fecha sucedió el envío por parte de la
primera instancia, y el número de oficio o comunicación interna para dicho
propósito, así como el estado actual de la actuación de marras, con el fin

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-06365-01
Demandante: Luis Aurelio Contreras Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo

de saber a qué Despacho fue repartido y en qué época ocurrió tal
asignación.

3) La respuesta de fondo pedida, debe ordenarse judicialmente de que se
remita a mi bufete profesional, o al correo electrónico de uso personal del
suscrito, tal y como lo expuse en mi escrito petitorio, y además la sentencia que
resuelva la presente demanda de tutela, debe prevenir al servidor público
accionado, de que no vuelva a incurrir en la situación de desconocimiento de
los términos de rigor para dar oportuna contestación a las solicitudes de esta
naturaleza, pues está in curso en la comisión de una FALTA DISCIPLINARIA
por su omisión (Código Único Disciplinario, artículo 35, numeral 8).”
(mayúsculas y negrillas fijas del original - archivo disponible en medio magnético
en el aplicativo SAMAI).

3. Actuación procesal

Mediante auto de 19 de octubre de 2021 la Sección Quinta de esta Corporación admitió
la acción de tutela y ordenó la notificación a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
a la señora Osmany Alexandra Rojas Navarro, a la autoridad judicial de primera instancia
del proceso disciplinario y a todos aquellos sujetos que hayan hecho parte de este, con
el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

4. Sentencia de primera instancia

La Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia del 18 de noviembre de 2021
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado por cuanto con la segunda
comunicación, remitida el 22 de octubre de 2021, se le suministró al señor Contreras
Garzón la fecha en que fue registrado el proceso en la Comisión de Disciplina Judicial, el
magistrado al cual fue asignado por reparto y el estado actual del juicio.

5. Impugnación

La parte actora presentó impugnación al fallo de primera instancia y le fue concedida en
auto de 13 de diciembre de 2021.

Indicó que en consideración a que la respuesta al derecho de petición no fue proferida
dentro del plazo legal correspondiente el juez no solo debía limitarse a denegar el
amparo, sino que era su deber llamar la atención a la autoridad accionada para que no
volviera a incurrir en la situación de desconocimiento de términos de rigor para dar
oportuna contestación a las peticiones.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-06365-01
Demandante: Luis Aurelio Contreras Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo

Sostuvo que la segunda respuesta que se emitió estaba incompleta, pues no se indicó
en qué fecha se había enviado el expediente disciplinario y tampoco el número del oficio
o comunicación librada; de igual manera, señaló que la información suministrada era
inexacta al asegurar que el reparto se había hecho el 28 de agosto de 2021, cuando en
realidad se realizó el día 27 del mismo mes y año.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

El caso concreto

En el caso que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales de petición y acceso a la administración de justicia al no
existir una respuesta oportuna y completa frente a lo peticionado el 9 de agosto de 2021.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-06365-01
Demandante: Luis Aurelio Contreras Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo

En la sentencia de primera instancia la Sección Quinta de esta Corporación declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado por cuanto con la segunda comunicación,
remitida el 22 de octubre de 2021, se le suministró al señor Contreras Garzón la fecha en
que fue registrado el proceso en la Comisión de Disciplina Judicial, el magistrado al cual
fue asignado por reparto y el estado actual del juicio.

En su escrito de impugnación la parte demandante indicó que la respuesta que se emitió
estaba incompleta, pues no hizo referencia a la fecha en que se había enviado el
expediente disciplinario y tampoco el número del oficio o comunicación librada; de igual
manera, señaló que la información suministrada era inexacta al asegurar que el reparto
se había hecho el 28 de agosto de 2021, cuando en realidad se realizó el día 27 del
mismo mes y año.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala revocará la sentencia
de primer grado que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado y, en su
lugar, amparará el derecho fundamental de petición invocado y negará la pretensión
dirigida a que se prevenga a la accionada.

1) En el caso concreto se observa que el 9 de agosto de 2021 la parte demandante elevó
derecho de petición a través del canal electrónico de recepción de correspondencia digital
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en el que solicitó lo siguiente:

“Lo anterior, teniendo en cuenta que he consultado el sistema informativo
Siglo XXI de la Rama Judicial para verificar el eventual estado del trámite en
la segunda instancia, y ese negocio aún no aparece radicado en ninguno de los
dos escenarios descritos en el párrafo anterior, por lo que requiero precisar el
paradero actual de ese asunto para hacerle el respectivo seguimiento a la
evolución de su diligenciamiento procesal.

En caso de que el expediente de maras, ya se encuentre en trámite en esa
Corporación, ruego que se me informe en qué fecha sucedió el envío y el
número de oficio o comunicación interna para dicho propósito, así como
el estado actual de la actuación de marras.” (mayúsculas y subrayas fijas del
original- archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).

2) La Sala observa que lo pretendido por la actora en el derecho de petición elevado ante
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial consistía en que: i) se le informara la fecha y
número de oficio con el cual se había remitido el proceso disciplinario para el trámite en
segunda instancia y ii) se le indicara el estado actual del mismo.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-06365-01
Demandante: Luis Aurelio Contreras Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo

3) En respuesta a la petición presentada por el demandante, mediante Oficio SJ-ABH-
34878 del 22 de octubre de 2021, remitido al correo electrónico
luisaurelioabogado_74@hotmail.com, la Secretaría Judicial de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial le informó al señor Luis Aurelio Contreras Garzón que el proceso
disciplinario con radicación 54001-11-02-000-2018-00715-01 había sido asignado el 28
de agosto de 2021 en apelación al despacho del Magistrado Juan Carlos Granados
Becerra. De manera expresa indicó:

“Por lo anterior, solo es dable noticiarle que el proceso disciplinario de su interés
fue asignado por reparto, según el turno correspondiente, el 28 de agosto de
2021, y actualmente se encuentra al despacho del señor Magistrado JUAN
CARLOS GRANADOS BECERRA.” (mayúsculas fijas del original - archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI).

4) En consideración a lo antes expuesto es evidente que la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial resolvió únicamente el segundo punto de la petición, consistente en
indicarle al demandante que su proceso disciplinario se encontraba al despacho del
magistrado Juan Carlos Granados Becerra para fallo; sin embargo, no se pronunció
respecto de la primera petición relativa a que se le indicara la fecha y número del oficio
con el cual había sido remitido, razón por la cual, para la Sala es claro que la respuesta
resulta incompleta.

5) La garantía del derecho de petición conlleva la necesidad de que las solicitudes no
solo se contesten, sino que se respondan de fondo, de manera clara, oportuna, completa,
pertinente y en congruencia con lo solicitado, al tiempo que se notifique, no obstante, en
este caso la petición no se resolvió a plenitud pues parte de la información que requirió
el actor no le fue suministrada con lo que se entiende vulnerado tal prerrogativa
fundamental1.

6) Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que en los eventos en que
a la autoridad le es materialmente imposible absolver la duda o entregar la información

1 “El derecho de petición, según la jurisprudencia constitucional, tiene una finalidad doble: por un lado

permite que los interesados eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una
respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado. Ha indicado la Corte que ´(…) dentro
de sus garantías se encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe
entregarse dentro del término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación debe ser clara y
efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la situación real de lo
solicitado´. En esa dirección también ha sostenido que a este derecho se adscriben tres posiciones: “(i) la
posibilidad de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal y la
consecuente notificación de la respuesta al peticionario´.” Corte Constitucional, sentencia T-206 de 2018.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-06365-01
Demandante: Luis Aurelio Contreras Garzón
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al interesado esta deberá informar al peticionario sobre los inconvenientes y la fecha en
que entregará tal información2, sin embargo, en este caso ello no ocurrió sino que la
accionada simplemente omitió resolver de manera congruente la petición con lo que a
todas luces se vulneró el derecho reclamado.

7) Por consiguiente, se procederá a amparar el derecho fundamental de petición del
señor Luis Aurelio Contreras Garzón y, en consecuencia, se ordenará a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial que, en el término de 48 horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, otorgue respuesta de conformidad con lo expuesto en la
presente providencia.

8) Ahora bien, frente a la presunta información inexacta de la fecha de reparto, es preciso
indicar que, si bien en la respuesta que le fue remitida al demandante se indicó que el
proceso disciplinario había ingresado al despacho para resolver la apelación el 28 de
agosto de 2021, fecha que no correspondía con la realidad, pues el ingreso se había
dado el día anterior -27 de agosto de 2021-, lo cierto es que ello obedeció a un error de
transcripción que no tornaba inocua la información suministrada, máxime cuando el
demandante a través del Sistema de Consulta de Procesos de la Rama Judicial3, puede
constatar los datos suministrados y verificar el estado del proceso disciplinario de su
interés.

9) Por último, respecto a la solicitud del demandante con el fin de que se prevenga a la
autoridad accionada para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, la Sala advierte que en efecto ello
no fue motivo de pronunciamiento expreso en la sentencia, a pesar de que en el escrito
de la demanda, específicamente en las pretensiones, se solicitó que se previniera a la

2 Corte Constitucional, sentencia T-608 de 2013 “La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha ocupado

de fijar el sentido y alcance del derecho de petición, trazando algunas reglas básicas acerca de cuándo
debe entenderse que dicha garantía ius fundamental ha sido satisfecha. Así, ha definido los rasgos
principales del derecho de petición al afirmar de forma reiterada que las peticiones respetuosas
presentadas ante las autoridades por los particulares, deben ser resueltas de manera oportuna,
completa y de fondo, y no limitarse a una simple respuesta formal. De no ser posible para la entidad
cuestionada la absolución de la duda o el suministro de información solicitada por el particular,
ésta “deberá informar al peticionario acerca de los inconvenientes que tiene en ese momento para
responder su inquietud, y le informará de todos modos, el término en el cual podrá producir la
respuesta a su cuestionamiento”. (Negrillas sostenidas de la Sala).
3https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=b6M48Q7zwR2tR%2

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Demandante: Luis Aurelio Contreras Garzón
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autoridad accionada para que no volviera a incurrir en las mismas omisiones, por lo cual
la Sala entrará a determinar si hay lugar a conceder dicha pretensión.

10) El artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, sobre la prevención a la autoridad establece
lo siguiente:

“ARTICULO 24. PREVENCION A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela
hubieren cesado los efectos del acto impugnado, o éste se hubiera consumado
en forma que no sea posible restablecer al solicitante en el goce de su derecho
conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún
caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de
acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este Decreto, todo
sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido.

El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo
considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión.”

11) En efecto, si bien la prevención a la autoridad se emplea principalmente en casos
donde se ha declarado la carencia actual de objeto por hecho superado o por daño
consumado o en los demás casos en que el juez lo considere adecuado para evitar la
repetición de la misma acción u omisión, la Sala encuentra que en este evento dicha
orden no es adecuada ni necesaria, pues no se advierte que se trate de una conducta
malintencionada o reiterada por parte de la accionada.

12) Por tal motivo, se negará dicha petición en consideración a que la Sala no encuentra
razones que justifiquen prevenir a la autoridad accionada para que evite incurrir en las
mismas omisiones, de conformidad con las razones hasta aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Revócase la sentencia del 18 de noviembre de 2021 y, en su lugar, se dispone:

1º) Ampárase el derecho de petición invocado por la parte demandante, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-06365-01
Demandante: Luis Aurelio Contreras Garzón
Acción de tutela – Impugnación fallo

2º) Ordénase a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, en el término de 48 horas
contadas a partir de la notificación de esta providencia, otorgue respuesta de conformidad
con lo expuesto en la presente providencia.

3º) Niégase la pretensión dirigida a que se prevenga a la accionada para que no incurra
en la omisión que dio lugar a la tutela.

4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

5º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia de la misma.

6º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

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