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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-06383-01

Fecha
24 de febrero de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-06383-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 5 de noviembre de 2021 proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado. En su lugar, NEGAR la acción de tutela interpuesta por el señor Ancizar López Puerta contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-06383-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

24 de febrero de 2022

Demandante: Ancizar López Puerta
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Rad: 11001-03-15-000-2021-06383-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06383-01
Demandante: ANCIZAR LÓPEZ PUERTA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

Tema: Tutela contra providencia judicial. Desconocimiento del
precedente. Revoca fallo que declaró improcedencia y en su
lugar niega el amparo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora, a través de
apoderado judicial, contra la sentencia de primera instancia proferida el 5 de
noviembre de 2021 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
Mediante esta providencia se declaró improcedente la solicitud de amparo por no
superar el requisito de la relevancia constitucional.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. El señor Ancizar López Puerta, por intermedio de apoderado judicial1, presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda. En el escrito de
tutela solicitó la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. En criterio de la parte actora, tales garantías constitucionales fueron vulneradas
por parte de la autoridad judicial accionada con ocasión de la sentencia de 25 de
junio de 2021, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, identificado con el número de radicación 66001-33-33-001-2020-
00171-012. En la citada providencia, se confirmó el fallo del 26 de marzo de 2021,
dictada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira, que declaró
la excepción de cosa juzgada.

1 El escrito constitucional se radicó el 20 de septiembre de 2021 a la Secretaría General de esta

Corporación a través de correo electrónico.
2 El citado proceso fue promovido el señor Ancizar López Puerta contra la Caja de Sueldos de

Retiro de la Policía Nacional -Casur.
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Demandante: Ancizar López Puerta
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Rad: 11001-03-15-000-2021-06383-01

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, solicitó el amparo los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y, en
consecuencia, pidió:

Ruego de manera respetuosa a los señores magistrados del Consejo de
Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, amparen los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad social, todo ello
traducido en la causal genérica de desconocimiento del precedente vertical
favorable del Consejo de Estado, violado al señor Sargento Segundo (r)
Ancizar López Puerta, y como consecuencia de ello, se disponga:

Como consecuencia de la anterior decisión, DEJAR sin efectos la providencia
del 25 de junio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda,
en el proceso radicado 66001-3333-001-2020-00171-01. En consecuencia, se
le ordene que, en el término que se disponga contado a partir de la notificación
del fallo de tutela, profiera otra decisión en reemplazo en la que tenga en
cuenta las consideraciones de la decisión que se profiera.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Ancizar López Puerta laboró en la Policía Nacional como Sargento
Segundo por un periodo de 23 años, un mes y veintisiete días.

5. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional reconoció la asignación de
retiro del señor López Puerta mediante la Resolución No. 2471 del 25 de agosto
de 1986, en una cuantía equivalente al 82% de la primera mesada pensional.

6. El 28 de diciembre de 2006, el accionante solicitó a la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional el reajuste de la asignación de retiro con base en el
IPC, desde el año 1997. Esta petición fue negada mediante Oficio No. 4638/OAJ
del 14 de mayo de 2007. Tal decisión fue demandada a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

7. El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió por reparto al
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pereira. La citada autoridad judicial,
en sentencia de 11 de diciembre de 2008 accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda así: i) declaró la nulidad del Oficio No. 4638/OAJ del 14 de mayo
de 2007, ii) declaró la prescripción de derechos con anterioridad al 28 de
diciembre de 2002, y iii) condenó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional a efectuar los ajustes de valor sobre las mesadas, tomando como base
la diferencia entre la mesada pensional pagada y la que debió pagarse, mes por
mes, desde el 28 de diciembre de 2002 y 30 de diciembre de 2004, hasta que se
realice el pago.

8. La anterior decisión fue apelada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional. El recurso interpuesto fue resuelto por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, en sentencia del 30 de septiembre de 2009. Mediante esta providencia

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se modificó lo resuelto en primera instancia, en el sentido de reconocer el reajuste
de la asignación de retiro desde el año 1997 hasta 2006.

9. El 25 de abril de 2018, mediante petición radicada en la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional, el demandante solicitó la liquidación y pago del
reajuste de su asignación de retiro con el porcentaje del I.P.C. para los años 1999
a 2004. La entidad a través del Oficio No. E-01524-201810913-CASUR Id. 333604
del 18 de junio de 2018 negó lo solicitado.

10. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
accionante solicitó que se declarara la nulidad del citado acto administrativo. A
título de restablecimiento pidió que se condenara a la entidad demandada a
reajustar anualmente la asignación de retiro correspondiente a los años 1999
hasta 2004.

11. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira conoció de asunto
en primera instancia. La referida autoridad judicial, mediante sentencia de 26 de
marzo de 2021 declaró la excepción de cosa juzgada.

12. Lo anterior, al considerar que entre el proceso tramitado y decidido por el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pereira y el que correspondió por
reparto al citado despacho, existió identidad de partes, fundamentos fácticos y
causa petendi.

13. La anterior decisión fue objeto de apelación por el señor Ancizar López Puerta.

14. El recurso fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Risaralda. En
sentencia de 25 de junio de 2021, la citada autoridad confirmó la sentencia
apelada.

15. Al respecto, consideró que no es de recibo que el actor inicie nuevamente un
proceso judicial en el cual solicite el reajuste de la asignación de retiro conforme
al IPC desde 1999, cuando la Jurisdicción Contenciosa Administrativa ya había
decidido sobre el asunto dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 2007-00369-00 mediante sentencia debidamente
ejecutoriada, con efectos de cosa juzgada.

16. La providencia de segunda instancia fue notificada por la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante correo electrónico el 25 de junio
de 2021.

1.4. Sustento de la vulneración

17. El accionante aseguró que el Tribunal Administrativo de Risaralda, al proferir
la sentencia del 25 de junio de 2021, vulneró sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por
considerar que incurrió en desconocimiento del precedente vertical.

18. Para sustentar tal defecto, señaló que esta Corporación ha establecido la
inexistencia de la cosa juzgada bajo el principio de progresividad de las

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pensiones, para el efecto citó la siguiente providencia: sentencia de tutela del 17
de abril de 2017, radicado No. 11001-03-15-000-2017-00224-003 proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado.

19. Afirmó que el caso bajo estudio es similar a los estudiados en las citadas
sentencias y por esa razón la autoridad accionada no debió aplicar la excepción
de cosa juzgada, con ocasión del precedente pacífico y consolidado por lo cual
es viable que en el proceso ordinario se pueda analizar y decidir de fondo el
reconocimiento del derecho del demandante al reajuste periódico de su
asignación de retiro puesto que, no existe decisión sobre el reajuste a la base de
la asignación de retiro de accionante correspondiente a los años 1999, 2001,
2002, 2003, 2004.

20. Expresó que, debido a lo anterior se puede producir un nuevo
pronunciamiento por parte de la autoridad judicial accionada.

1.5. Actuaciones relevantes

1.5.1. Admisión de la acción de tutela

21. El magistrado ponente de la acción de tutela, en el auto admisorio de 23 de
septiembre de 2021 admitió la solicitud de amparo contra el Tribunal
Administrativo de Risaralda. De igual manera, dispuso la vinculación del Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Pereira y de la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional.

1.5.2. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentó la
siguiente intervención:

1.5.2.1. Tribunal Administrativo de Risaralda

22. El magistrado ponente de la decisión cuestionada afirmó que la decisión
adoptada obedeció al análisis juicioso y exhaustivo de las disposiciones
normativas y jurisprudenciales aplicables al asunto debatido, en conjunto con la
comunidad probatoria obrante en el plenario, las cuales fueron valoradas dentro
de la sana crítica en forma integral.

23. Mencionó que la sentencia cuestionada hace parte de los aspectos inherentes
a la autonomía e independencia funcional de los jueces los cuales han sido
ampliamente protegidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

24. Señaló que se evidencia una inconformidad de la parte actora con la decisión
tomada en la sentencia reprochada.
25. Solicitó en consecuencia, que se declare la improcedencia de la acción de

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia de 17 de abril de 2017. M.P.

William Hernández Gómez; Actor: Eliecer Roa Aragonés. Accionados: Tribunal Administrativo de
Nariño y otro. Radicación No.11001 0315 000 2017 00224 00.
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amparo o en su lugar se nieguen las pretensiones del accionante.

26. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira y de la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional guardaron silencio, pese a que fueron
notificados en debida forma de la acción de tutela4.

1.5.3. Sentencia de primera instancia

27. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia
de 5 de noviembre de 20215, señaló que la acción de amparo no superó el
requisito de relevancia constitucional, pues las reclamaciones del accionante
desconocen, precisamente, las razones que expuso el Tribunal Administrativo de
Risaralda para sustentar, en ejercicio de su autonomía judicial, que el asunto ya
había sido resuelto y el conflicto no podía volver a ventilarse en la jurisdicción
porque violaría el principio de la cosa juzgada.

28. Indicó que los argumentos de la tutela no están dirigidos a atribuir un defecto
a la sentencia del 25 de junio de 2021 en la que la autoridad judicial demandada
explicó por qué declaró probada la excepción de cosa juzgada; sino que plantean,
de nuevo, el debate de orden legal sobre el principio de oscilación aplicable a las
asignaciones de retiro, aspecto que fue resuelto por el juez de legalidad del acto
en el proceso inicial.

1.5.4. Impugnación

29. Con escrito enviado el 11 de enero de 2022, la parte actora impugnó la
decisión de primera instancia.

30. Explicó que en el segundo proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
el actor elevó pretensiones diferentes a las resueltas por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Pereira en sentencia de 11 de diciembre de 2008,
confirmada por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 30 de septiembre de
2009.

31. Adujo que es viable que el Tribunal Administrativo de Risaralda analice y
decida de fondo el reconocimiento del derecho del demandante al reajuste
periódico de la asignación de retiro del actor, en la medida en que se está frente
a un derecho de tracto sucesivo que puede ser reclamado.

32. Afirmó que no le asiste la razón al a quo al indicar que la acción de tutela no
tiene relevancia constitucional, pues la omisión de disponer la actualización de las
pensiones y que estas pierdan el poder adquisitivo así como la prevalencia del
derecho sustancial sobre el procesal, permite que en casos como el presente, se
pueda acudir otra vez ante los jueces para conjurar una injusticia creada por error
del operador judicial, por tanto, el juez no puede excusarse en la excepción de
cosa juzgada para no estudiar lo solicitado por el actor.

4 La notificación se surtió el 27 de septiembre de 2021, tal como se señala en el índice 7 de SAMAI.
5 El fallo de primera instancia fue notificado el 14 de diciembre de 2021 a través de correo
electrónico.
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33. Solicitó que se realice un nuevo estudio del caso y se conceda la protección
de los derechos fundamentales del señor Ancizar López Puerta, toda vez que las
causales de procedibilidad se encuentran acreditadas.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 5 de noviembre de
2021 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, de conformidad
con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Legitimación en la causa

34. Desde que la Corte Constitucional profirió la sentencia T-416 de 1997 se
estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto
de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de
las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela6.

35. Así, en la sentencia T-435 de 20167, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales
hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados,
lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 20168, en la que, adicionalmente, señaló
que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los
jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda9.

36. Con fundamento en el marco conceptual expuesto10, la Sala advierte que el
señor Ancizar López Puerta es titular de los derechos fundamentales reclamados,
en consideración a que fue la parte demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se dictó la providencia cuestionada.

37. En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa,
presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de
procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.

6 Corte Constitucional, Sentencia T-416, 28 de 1997.
7 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12 de agosto de 2016, M. P.

Gloria Stella Ortiz Delgado
8 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M. P. Idem.
9 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511,

08.08.17., M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de
Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M. P. Luis Guillermo Guerrero López, en la cual se señaló:
«En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez
constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se
sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración
del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los
mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto
se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)». M. P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
10 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta,

ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones
de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M. P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.
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38. En relación con la autoridad judicial, se advierte que la tutela se dirigió contra
el Tribunal Administrativo de Risaralda, que resolvió la litis sometida a la
jurisdicción contenciosa administrativa en segunda instancia, decisión que, a
juicio de la parte actora, vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por lo que se encuentra
legitimada por pasiva.

2.3. Problema jurídico

39. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los
defectos formulados, el material probatorio recaudado y los informes presentados,
los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva
de la acción de tutela contra providencia judicial?

40. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

• El Tribunal Administrativo de Risaralda ¿vulneró los derechos
fundamentales invocados por el actor, por presuntamente, incurrir en
desconocimiento del precedente y declarar probada la excepción de cosa
juzgada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento, además
de no conceder la solicitud de reajuste de la asignación de retiro?

2.4. Razones jurídicas de la decisión

41. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; y de superarse lo anterior (iii) el análisis del caso concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

42. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201211. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema12. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales13.

43. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
13 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201414. En esta sentencia
se establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia15 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial16.

44. Es importante resaltar que esta Sección, en aras de una metodología más
clara para las personas que acceden a la administración de justicia vía amparo
constitucional, determinó que los requisitos generales de procedencia cuarto y
quinto de la sentencia de unificación del 2014 serán estudiados de manera
conjunta con los requisitos especiales. Por tanto, de manera reiterada se han
estudiado los siguientes requisitos generales de procedencia i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción
de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.

45. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura
uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial. Justamente en este estudio la Sección
analizará la carga argumental alegada por la parte actora. A su vez, cuando se
invoca el defecto procedimental absoluto se estudiará que la irregularidad
procesal tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna.
En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación
del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
15 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014

son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
16 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando

el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
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atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

46. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.6.1. Relevancia constitucional

47. Para la Sala es necesario precisar que, la parte actora cuestiona la
razonabilidad de la providencia del 25 de junio de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, pues a su juicio, en la decisión reprochada se incurrió
en el defecto de desconocimiento del precedente.

48. En primera instancia, se señaló que la acción de amparo no satisfizo la
exigencia de relevancia constitucional, al considerar que los cuestionamientos del
accionante plantean un nuevo debate de orden legal sobre el principio de
oscilación aplicable a las asignaciones, el cual ya fue decidido por el juez natural.

49. En criterio de la Sala, el requisito de relevancia constitucional se encuentra
superado, en la medida en que el debate gira frente a la posible vulneración de
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión de la decisión proferida por la autoridad
judicial demandada respecto de la cual el tutelante aduce que se configuró el
desconocimiento del precedente. Siendo ello así, es del caso revocar la decisión
impugnada en este punto, para en su lugar, proceder a estudiar el defecto que se
alega.

50. Así las cosas, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, pues el tutelante cuestiona la indebida aplicación de los
pronunciamientos jurisprudenciales referentes a la inexistencia de la cosa juzgada
cuando se trata del principio de progresividad de las pensiones y el reajuste
periódico de su asignación de retiro.

2.6.2. Tutela contra tutela

51. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues la providencia judicial demandada fue proferida en un
trámite de nulidad y restablecimiento del derecho, que promovió el señor Ancizar
López Puerta contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional17.

17 Con radicado No. 66001-33-33-001-2020-00171-01.

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Demandante: Ancizar López Puerta
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Rad: 11001-03-15-000-2021-06383-01

2.6.3. Inmediatez

52. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulneradas sus garantías
constitucionales con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, el 25 de junio de 2021, la cual fue notificada por
correo electrónico en la misma fecha, por lo que quedó ejecutoriada el 2 de julio
del mismo año, mientras que la acción de tutela se presentó el 20 de septiembre
de 2021, lo que para la Sala es un término razonable para el uso del mecanismo
de amparo constitucional.

53. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 18,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200519 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con ocasión de providencias judiciales.

2.6.4. Subsidiariedad

54. Finalmente, la Sala encuentra que se supera este requisito, pues la parte
actora no dispone de otros medios de defensa judicial ordinarios, toda vez que la
providencia cuestionada se dictó en segunda instancia dentro del trámite de
nulidad y restablecimiento del derecho, bajo radicado 66001-33-33-001-2020-
00171-01.

55. En cuanto a los mecanismos extraordinarios establecidos, no proceden en el
caso concreto, por no cumplirse con los presupuestos de los artículos 248 y 257
de la Ley 1437 de 2011.

56. Superados todos los requisitos de procedibilidad adjetiva, la Sala abordará el
fondo del amparo solicitado, no sin antes resaltar el carácter excepcional de la
acción de tutela, la cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa
juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros
de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en las decisiones judiciales.

2.7. Desconocimiento del precedente

57. Resulta importante precisar la posición de la Sala sobre el concepto de
precedente20. Este se sintetiza en los siguientes términos:

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P.

Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
19 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en

un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas
las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 15

de julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Rad: 11001-03-15-000-2021-06383-01

(…) es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que
debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud
en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio
decidendi constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en
determinado sentido (…).21 (Negrilla y subrayado fuera de texto).

58. En otras palabras, por regla general, se entiende como precedente aquella
sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo
objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos, problemas jurídicos y ratio
decidendi que fija una regla para resolver la controversia, que sirve también para
solucionar el caso reciente22.

59. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos23 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi, la
cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia
en donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.

60. La Sala analiza el asunto de la referencia, teniendo en cuenta la
caracterización dada por la Corte Constitucional y esta Sección al mencionado
defecto.

2.8. Caso concreto

61. La parte accionante sostuvo que sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia fueron vulnerados
con ocasión de la sentencia del 25 de junio de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, la cual confirmó la decisión de primera instancia del
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira que declaró la excepción
de cosa juzgada, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado No. 66001-3333-001-2020-00171-01 promovido por el actor contra
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

62. Pues bien, para argumentar el desconocimiento del precedente el accionante
citó la sentencia de tutela del 17 de abril de 2017 proferida por la Sección
Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, radicado No.11001 0315 000
2017 00224 0024.

63. En esta providencia, se estudió una acción de tutela contra providencia judicial
proferida en un trámite de nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual se
declaró la excepción de cosa juzgada por cuanto la parte actora ya había
demandado con anterioridad el reajuste de su asignación de retiro. Se consideró
que era viable que el accionante pudiera deprecar nuevamente el reconocimiento

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 19

de febrero de 2015. Rad. No. 11001-03-15-2013-02690-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
22 Corte Constitucional. Sentencias T-292 de 2006 y T-794 de 2011.
23 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia de 17 de abril de 2017. M.P.

William Hernández Gómez; Actor: Eliecer Roa Aragonés. Accionados: Tribunal Administrativo de
Nariño y otro. Radicación No.11001 0315 000 2017 00224 00.
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Rad: 11001-03-15-000-2021-06383-01

de su derecho al reajuste periódico de la asignación de retiro, en atención al
principio de progresividad de los derechos económicos y sociales.

64. Sin embargo, la Sala encuentra que la mentada providencia no constituye un
precedente pues del caso allí analizado no se evidencia que fue fijada una regla
o sub-regla de derecho, máxime si se tiene que no existe evidencia que lo allí
resuelto se acompase con situaciones similares desarrolladas por la Corte
Constitucional25. Por tanto, al no cumplirse con el mentado presupuesto, será
menester denegar el amparo solicitado.

65. Siendo ello así, se revocará el fallo impugnado que declaró la improcedencia
de la acción de amparo y en su lugar, se negará la solicitud de tutela interpuesta
por el señor Ancizar López Puerta.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

3. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 5 de noviembre de 2021 proferida por la
Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado. En su lugar, NEGAR la
acción de tutela interpuesta por el señor Ancizar López Puerta contra el Tribunal
Administrativo de Risaralda, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012”.

25 Sobre las razones por las que el magistrado sustanciador se aparta de esta postura, véase las

aclaraciones de voto de las sentencias de radicados: 11001-03-15-000-2021-06530-00, 11001-
03-15-000-2021-06610-00, 11001-03-15-000-2021-03737-01, 11001-03-15-000-2021-05127-01,
11001-03-15-000-2021-05692-01, 11001-03-15-000-2021-07155-00, entre otras.
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