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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-06393-00

Fecha
11 de noviembre de 2021
Consejero ponente
Milton Chaves García

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-06393-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Edmundo Sanjuan Perdomo. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por cualquier otro medio expedito. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha (Con firma electrónica) (Con firma electrónica) MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO Presidente de la Sección (Con firma electrónica) MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO (Con firma electrónica) JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ Página 364 de la sentencia del 17 de marzo de 2021, proferida dentro del proceso de repetición con radicado número 2013-00415-01. Decreto 2591 de 1991. Artículo 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2021-06393-00

Consejero ponente: Milton Chaves García

11 de noviembre de 2021

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL

[L]a Sala estima pertinente verificar, en primer término, si la demanda de tutela cumple el requisito de relevancia constitucional. (…) A juicio de la parte actora, con la providencia del 17 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en defecto sustantivo y en violación directa de la constitución porque no tuvo en cuenta que los actos administrativos expedidos por el actor en calidad de contralor departamental fueron proferidos en concordancia con el artículo 107 del Decreto 1950 de 1973, en el que se señaló que en cualquier momento podría declararse insubsistente un nombramiento ordinario o provisional, sin motivar la providencia, de acuerdo con la facultad discrecional que tiene el gobierno de nombrar y remover libremente sus empleados. (…) [E]n el escrito de tutela la parte actora está debatiendo argumentos que ya fueron expuestos ante las autoridades judiciales demandadas - en el recurso de apelación- y que fueron resueltos con suficiencia, sin embargo, expone la inconformidad que le generó las conclusiones de los jueces de conocimiento y en general, la decisión contraria a sus intereses. De manera que, resulta evidente que las inconformidades planteadas en esta instancia constitucional fueron objeto de pronunciamiento por el juez natural de conocimiento, dado que los argumentos se centran en una discusión de carácter legal los cuales además coinciden con los que ahora expone ante el juez de tutela, lo cual hace improcedente la solicitud de amparo de referencia. (…) Luego, la Sala concluye que la acción de tutela de la referencia no cumple los requisitos de procedencia que habiliten el estudio del cargo por parte del juez constitucional y, en esa medida, la Sala declarara improcedente la solicitud de amparo por la falta de cumplimiento de requisitos generales para cuestionar providencias judiciales.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2021-06393-00(AC)

Actor: LUIS EDMUNDO SANJUAN PERDOMO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y OTRO

Temas: Acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales de procedibilidad de la acción incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Medio de control de repetición.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada, en nombre propio, por el señor Luis Edmundo Sanjuan Perdomo contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones

El señor Luis Edmundo Sanjuan Perdomo ejerció acción de tutela contra las citadas autoridades judiciales, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Que se TUTELA a favor del suscrito, mis derechos fundamentales constitucionales, al DEBIDO PROCESO POR OSTENSIBLES VIAS DE HECHO o por CAUSAS GENÉRICAS DE PROCEDIBILIDAD POR DEFECTO SUSTANTIVO, POR VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, DENEGACIÓN DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA los PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA, CONFIANZA LEGÍTIMA y BUENA FE, cercenados por los operadores judiciales accionados el honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA, dentro del proceso de ACCIÓN DE REPARACIÓN, radicado bajo el número 47-001-3333-006-2013-00415-01.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se REVOQUEN EN TODAS SUS PARTES, las sentencias fechadas diecisiete (17) de marzo de 2021 y treinta (30) de agosto de 2019, proferidas por el honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA y el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA, respectivamente, por ser totalmente contrarias a la Constitución Política de Colombia, la Ley y el Bloque jurisprudencial de la honorable Corte Constitucional y el honorable Consejo de Estado sobre el caso concreto que hoy nos ocupa.

TERCERA: Que se ordene el archivo definitivo del proceso judicial de la ACCIÓN DE REPETICIÓN, radicado bajo el número 47-001-3333-006-2013-00415-01.

CUARTA: Que se exhorte a los operadores judiciales para que en adelante se ABSTENGAN de seguir con ese tipo de prácticas que atentan contra el orden justo y cimentado en una justicia justa y con equidad.

QUINTA: Todas aquellas que los honorables magistrados del Consejo de Estado, a bien consideren.”

Hechos:

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

La Contraloría Departamental del Magdalena promovió demanda de repetición contra el señor Luis Edmundo Sanjuan Perdomo, en su calidad de ex funcionario de esa entidad, pretendiendo que se le declarara responsable del detrimento económico que sufrió la entidad, como consecuencia de la condena impuesta en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se declaró la nulidad del acto administrativo por medio del cual se desvinculó a la señora Leida Esther Fontalvo Pertuz.

De la acción de repetición conoció en primera instancia el Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta que, mediante sentencia del 30 de agosto de 2019, declaró la responsabilidad del señor Sanjuan Perdomo y lo condenó al pago de $181.068.735 a favor de la Contraloría Departamental del Magdalena.

Como fundamento de su decisión, el Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta expuso que de las pruebas obrantes en el proceso se evidenciaba el actuar doloso o gravemente culposo del ex funcionario como contralor de magdalena, dado que los actos administrativos por medio de los cuales la Contraloría Departamental del Magdalena declaró insubsistente a la señora Leida Esther Fontalvo Pertuz, estaban viciados por falsa motivación y desviación de poder. Lo anterior llevó a que se declarara la nulidad de las Resoluciones núm. 083 de 18 de mayo de 2005 y 093 de 3 de junio de 2005, y a ordenar el reintegro de la señora Leida Esther Fontalvo Pertuz a la planta de personal y reconocerle los derechos laborales dejados de percibir desde su desvinculación. La situación anterior quedó debidamente acreditada en la sentencia del 20 de mayo de 2009.

El señor Sanjuan Perdomo en calidad de demandado en el proceso de repetición apeló la anterior decisión ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, que mediante sentencia del 17 de marzo de 2021, confirmó la decisión recurrida.

El referido tribunal expuso que debía confirmarse la decisión de instancia, porque el entonces contralor adoptó una decisión que no señaló ni se sustentó en el déficit fiscal de la entidad, ni en la necesidad de garantizar cargos para el reintegro de empleados ordenado judicialmente.

Argumentos de la tutela
El actor expuso las siguientes razones de inconformidad contra la decisión de condena adoptada en el curso del proceso de repetición con radicado núm. 2013-00415-01:
Las autoridades judiciales omitieron del análisis de responsabilidad que su actuar no se enmarcaba ni siquiera en culpa levísima, dado que la actuación en la que se declaró la insubsistencia de la servidora que demandó con posterioridad a la Contraloría, se dio en vigencia de la directriz estipulada en el artículo 107 del Decreto 1950 de 1973, en el que se señaló que en cualquier momento podriá declararse insubsistente un nombramiento ordinario o provisional, sin motivar la providencia, de acuerdo con la facultad discrecional que tiene el gobierno de nombrar y remover libremente sus empleados.
Además indicó que se dejó de lado que la jurisprudencia del Consejo de Estado, puntualmente la sentencia del 12 de febrero de 2004, se encontraba en consonancia con el Decreto 1950 de 1973 en la que además se sostuvo que no había necesidad de motivar el acto de insubsistencia de un servidor nombrado en provisionalidad, por carecer de fuero especial de inamovilidad, lo que sin duda desvirtuaba el dolo o la culpa grave al evaluar su responsabilidad al interior del proceso de repetición.

Precisó que en el acto que declaró la insubsistencia no se tuvo en cuenta la condición de madre cabeza de familia dado que dicha condición no se encontraba consignada en el folio de vida de la empleada.
Agregó que actuó amparado en el cumplimiento de la sentencia T- 123 de 17 de febrero de 2005 en la que la Corte Constitucional ordenó el reintegro de dos empleadas a la entidad por ser madres cabeza de familia.
Expuso además que se limitó la apreciación probatoria a aquellas piezas aportadas por la parte demandante y no se tuvo en cuenta que, en razón a la reserva de ciertos documentos, no le era viable como demandado aportar más pruebas al interior del proceso ordinario.
Finalmente solicitó que se considere que la decisión administrativa de declarar la insubsistencia de la señora Fontalvo no obedeció a una posición personal, sino que se amparó en una facultad otorgada en la Ley. Asimismo, no se violó el artículo 5 de la Ley 678 de 2001 pues actuó bajo los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe.
Trámite previo
Mediante auto del 23 de septiembre de 2021, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a las partes, a la Contraloría Departamental del Magdalena y a la señora Leyda Fontalvo Pertuz, como terceros interesados en los resultados del proceso.

Oposiciones

El Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta guardaron silencio.

De igual forma las personas vinculadas en calidad de terceros con interés, no se pronunciaron en el presente tramite.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional, para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la acción de tutela.

Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial descritos.

Problema jurídico

Sería del caso estudiar los argumentos de la acción de tutela, relativos a que el Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor al declararlo patrimonialmente responsable al interior del proceso de repetición con radicado núm. 2013-00415-01. Sin embargo, la Sala estima pertinente verificar, en primer término, si la demanda de tutela cumple el requisito de relevancia constitucional.

Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional1 ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

De la falta de relevancia constitucional en el sub examine
A juicio de la parte actora, con la providencia del 17 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en defecto sustantivo y en violación directa de la constitución porque no tuvo en cuenta que los actos administrativos expedidos por el actor en calidad de contralor departamental fueron proferidos en concordancia con el artículo 107 del Decreto 1950 de 1973, en el que se señaló que en cualquier momento podría declararse insubsistente un nombramiento ordinario o provisional, sin motivar la providencia, de acuerdo con la facultad discrecional que tiene el gobierno de nombrar y remover libremente sus empleados.
De acuerdo con lo anterior, correspondería analizar los presuntos defectos que alega la actora, de no ser, porque, visto el expediente en préstamo y de la lectura del escrito de tutela, la Sala advierte que la solicitud de amparo no cumple el requisito general de relevancia constitucional, como se pasa a explicar.

De la simple comparación entre los argumentos expuestos por el demandante al interior del medio de control de repetición y los de la solicitud de amparo, se evidencia, sin mayor esfuerzo, que se trata de una reiteración, con la que la parte actora pretende provocar un nuevo pronunciamiento por parte del juez de tutela. Veamos:

Argumentos de la actora al interior del proceso ordinario
Argumentos expuestos en el escrito de tutela

En este caso se aprecia con facilidad, que el accionar del señor Sanjuan Perdomo, es absolutamente coherente con las funciones del cargo que desempeñaba para la época de los hechos ( Contralor Departamental), totalmente acorde a una ley vigente (Decreto Reglamentario 1950 de 1973) y muy respetuoso de la jurisprudencia del honorable Consejo de Estado (sentencia del 12 de febrero de 2004) que se mantenía vigente y por ello su actuación es a todas luces ajustada a derecho y carente de todo dolo o culpa grave.

Es claro, que para tener en cuenta las presunciones legales de dolo y culpa grave, es necesario que previamente existan elementos importantes dentro del trámite de las acciones de repetición en contra de funcionarios o exfuncionarios públicos, en cuanto a la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, hay que tener en cuenta los aspectos sustanciales como procedimentales y los cuales facilitan en gran manera la calificación de la conducta del funcionario.

(…)

El mismo juzgador, refiere a que la acción del demandado Sanjuan Perdomo, no muestra que se haya realizado con un solo asomo de crear un perjuicio a la persona de la señora LEIDA ESTHER FONTALVO, o a la entidad pública, ya que no le movía una sola razón para ello y por el contrario, si existen razones de orden legal, como lo es el sometimiento a las decisiones de una autoridad judicial en sede constitucional cuando refiere un fallo de tutela, el servidor o incluso la persona que recibe tal orden, está obligada a cumplirla, so pena de sufrir las sanciones que para tal conducta, previene el orden penal y el mismo Decreto reglamentario 2591 de 1991 por desacatar la orden judicial precisamente.

Tampoco es para nada cierto, que los actos proferidos por la Contraloría del Magdalena y formados por mi mandante como su Contralor en ese momento, fuesen producto de una falsa motivación y mucho menos de una deviación de poder, por cuanto se actuó amparado en la sentencia T-123 del 17 de febrero de 2005.

(…)

Ahora bien, el mismo cuerpo de la sentencia, dice que se debe aplicar la norma vigente para la época de los hechos, pero luego incurre en garrafal error interpretativo, ya que se basa en la Ley 678 de 1993, en efecto vigente para esta época, pero no tuvo en cuenta lo contenido en el artículo 107 del Decreto Reglamentario 1950 de 1973 que fuera objeto de declaratoria de estar ajustada a derecho por parte del Consejo de Estado, mediante sentencia del 12 de febrero de 2004.
(…)

De otra parte, la Resolución No. 083 del 18 de marzo de 2005, es absolutamente respetuosa de lo establecido en el artículo 107 del Decreto Reglamentario núm. 1950 de 1973, que sin dejar lugar a dudas, establecía que “en cualquier momento podrá declararse insubsistente un nombramiento ordinario o provisional, sin motivar la providencia, de acuerdo con la facultad discrecional que tiene el gobierno de nombrar y remover libremente sus empleados” disposición que estaba plenamente vigente para la época en que se profirió el Acto Administrativo que declaró la insubsistencia de la señora LEIDA ESTHER FONTALVO PERTUZ, precisamente confiado en que dicha norma mantenía total vigencia y validez jurídica, ya que recientemente había sido declarada ajustada a derecho por la sección segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 12 de febrero de 2004; es decir un año antes de que se profiriera dicho acto administrativo y por tal razón, resulta absolutamente imposible que se le endilgue una conducta producto de la falta de armonía entre los criterios jurisprudenciales entre la Honorable Corte Constitucional y el Consejo de Estado, pero además, la señora LEIDA ESTHER FONTALVO PERTUZ, no contaba con el fuero de inamovilidad que otorga el haber accedido a dicho cargo de carrera administrativa por el concurso de méritos que le reconoce su idoneidad, capacidad y experiencia, para ese momento incluso, no aprecia en su hoja de vida laboral o currículum que reposaba en los archivos de la entidad, que fuese madre cabeza de familia, situación que de no ser notificada oportuna y legalmente por la insubsistida (sic) (…)

Lo que se juzga en la acción de repetición, no es el actuar de hoy del demandado, ni mucho menos su consecuencia cuando hubo cambio de jurisprudencia y hasta cambio de ley, sino la conducta desplegada por el demandado Sanjuan Perdomo, al momento de proferir la Resolución 083 del 18 de marzo de 2005 por medio de la cual declaró insubsistente a la doctora LEIDA ESTHER FONTALVO PERTUZ, pues ello se desvirtuó solamente con la lectura del artículo 107 del Decreto reglamentario 1950 de 1973, ello solo determina que la actuación y la conducta del hoy demandado, obedeció al cumplimiento de una Ley sustancial y por tanto de obligatorio cumplimiento por ser de orden púbico, pero además de ello, dicha norma había sido declarada ajustada a derecho por el honorable Consejo de Estado.

(…)

Entiende este libelista, que se le enrostra a mi poderdante el no haber aportado carga probatoria que no es de su resorte, es más; resulta imposible para él acceder a ella, en atención a lo preceptuado en el numeral 3º del artículo 24 de la Ley 1577 de 2015, que señala la calidad de reservada que tiene la hoja de vida y demás documentos que la componen, para el caso de la doctora LEIDA ESTHER, solo le era posible aportarla a la Contraloría del departamento del Magdalena, quien la tiene en sus archivos, y los cuales no son accesibles para los particulares como lo es mi postulante.

(…)

En suma, mal podría decantar la sentencia proferida por el juez de primera instancia de haber violado el demandado el artículo 5 de la ley 678 del año 2001, pues siquiera considerarlo estaría violando a mi poderdante los principios de seguridad jurídica y confianza legítima en su proceder, pues si bien tenía que manejarse dentro de los parámetros de la buena fe y la obediencia legítima ante la ley y las autoridades, también debía cumplir su misión funcional, ya que como dije desde el principio, no entiendo ni he podido entender la sentencia, pues en su actor en ese momento, tenía pleno respaldo de una ley sustancial en el artículo 107 del Decreto Reglamentario 1950 de 1973, declarado ajustado a derecho en el año – por el honorable Consejo de Estado y su accionar además debía respetar lo contenido en la Ley 909 de 2004 sobre derechos de carrera administrativa.

(…)

Para la época de los hechos, se encontraba vigente y hasta reiterada la posición del honorable Consejo de Estado, vertida en la sentencia 00207 de 2004 que convalidó el artículo 107 del Decreto Reglamentario 1950 de 1973, reiterada en el fallo 3211 de 2005, posición desarrollada en el fallo 6422 de 2004 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es decir; para ese momento, ese era la posición jurídica que debíamos respetar y acatar, ya que el honorable Consejo de Estado, así lo determinó en ese momento.

(…)

Como era lógico, todas las actuaciones ejecutadas por este servidor en ese momento, se fundamentaron en la Ley 2400 de 1968, norma que fue reglamentada por el Decreto 1950 de 1973, la ley 909 de 2004, el Decreto 785 de 2005 y las autorizaciones otorgadas por la honorable Asamblea Departamental del Magdalena, para que ejecutara la reestructuración administrativa que aún perdura y que fue resultado de un estudio técnico que se adelantó con el apoyo de varias entidades.
(…)

El acto administrativo conocido como Resolución No. 083 del 18 de mayor de 2005 por la cual se declaró insubsistente un nombramiento provisional de un cargo de profesional universitario grado 01, código 340 de la Contraloría General del Magdalena, que se hizo para cumplir el fallo de tutela No. T-123 del 17 de febrero del 2005, fue por mucho muy pero muy respetuosa de lo establecido en el artículo 107 del Decreto Reglamentario No. 1950 de 1973, que sin dejar lugar a dudas, establecía que “en cualquier momento podrá declararse insubsistente un nombramiento ordinario o provisional, sin motivar la providencia, de acuerdo con la facultad discrecional que tiene el gobierno de nombrar y remover libremente sus empleados”, disposición que estaba plenamente vigente para la época en qué se profirió el acto administrativo que declaró la insubsistencia de la señora LEIDA ESTHER FONTALVO PERTUZ, precisamente confiado en que dicha norma mantenía total vigencia y validez jurídica, ya que recientemente había sido declarada ajustada a derecho por la sección segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 12 de febrero de 2004, es decir, un año antes de que se profiriera dicho acto administrativo y por tal razón, resulta absolutamente imposible que se me haya aplicado una jurisprudencia muy posterior a la que reinaba para ese momento y no solo por cumplir la orden contenida en el fallo de tutela T-123 de febrero de 2005, sino que si hubo algún error en la promulgación de dicho acto administrativo, jamás pero jamás pudo ser causada por un acto doloso o culposo de quien lo profirió, sino que estamos frente a una falta de armonía entre los criterios jurisprudenciales de la Honorable Corte Constitucional y el Consejo de Estado, aunado a que la señora LAIDA ESTHER FONTALVO PERTUZ, quien estaba nombrada en provisionalidad, no contaba con el fuero de inamovilidad que otorga el haber accedido a dicho cargo de carrera administrativa por el concurso de méritos que le reconoce su idoneidad capacidad y experiencia, para ese momento incluso, no aprecia en su hoja de vida laboral que reposaba en los archivos de la entidad, que fuese beneficiaria de algún reten o fuero especial la sección segunda del honorable Consejo de Estado, mediante sentencia del 12 de febrero de 2004, fue quien le dio sustento a dicha decisión y nunca se puede afirmar o como dijo la juzgadora tan equivocadamente, que presumió el dolo o la culpa grave en mi accionar, hasta una gran mala fe, solo por atender la jurisprudencia el honorable Consejo de Estado, que es a quien se atiende cuando se trata de cumplir actos administrativos, pues reina su jurisprudencia.

(…)

No es para nada una mentira o un secreto, que para el año 2005 cuando se expidieron los actos administrativos declarados nulos por el Tribunal Administrativo del Magdalena en el año 2009, la posición legal y jurisprudencial del honorable Consejo de Estado, frente a la estabilidad laboral de los empleados nombrados en provisionalidad sin haber accedido al cargo por concurso de méritos, era muy diferente a ala de hoy, como se puede consultar en las diferentes sentencias que hacen jurisprudencia vertical sobre este tema, ya que en ese momento claramente estaba vigente el artículo 107 del Decreto 1950 de 1973 que inequívocamente expresaba.

(…)

La sentencia que puso fin al proceso, se basó enteramente en la aplicación de la Ley 768 de 2001, según la cual, era aplicable por ser hechos acaecidos en su vigencia, pero nada dijo en relación a que al momento de expedición de la Resolución 083 del 18 de mayo de 2005, lo que se aplicaba administrativamente era la prevención sustancial del artículo 107 del Decreto Reglamentario No. 1950 de 1973, que sin dejar lugar a dudas, establecía que en cualquier momento podría declararse insubsistente un nombramiento ordinario o provisional, sin motivar la providencia, de acuerdo con la facultad discrecional del gobierno de nombrar y remover libremente sus empleados, pero aun así mi persona muy responsablemente al momento de proferir la resolución, motivó claramente dicho acto, estableciendo que se trataba del cumplimiento de un fallo de tutela y que no podría declarar insubsistente a un funcionario en carrera administrativa, por ello para cumplir la tutela, hubo que sacar a la provisional para poder colocar a las otras provisionales, esa no era una decisión negociable, solo tenía que cumplir la orden de la máxima autoridad constitucional, mismo que ya había sido fallado de otra forma ante los jueces inferiores, entonces todos estábamos equivocados y me dicen que fue dolo o culpa mía, cuando todos creíamos lo mismo, pero los demás son inocentes y yo soy culpable, según el criterio del Tribunal sirvió de base para que me declarara responsable administrativamente en la acción de repetición, omitiendo de manera mal sana, que, para el momento de los hechos, la posición jurisprudencial del honorable Consejo de Estado, era muy clara y me libera de cualquier mala fe en los actos anulados.

Esos argumentos fueron resueltos por la entidad judicial demandada que, en el fallo de 17 de marzo de 2021, se refirió expresamente a las inconformidades del demandante, luego, fue del estudio de dichos argumentos que la autoridad judicial demandada concluyó:

“En tal virtud, a juicio de esta Colegiatura, en relación con las presunciones legales estipuladas en los artículos 5 y 6 la Ley 678 de 2001, corresponde a la entidad estatal acreditar los supuestos de hecho a que aluden dichas normas y, a su turno, corresponde al servidor o al particular investido de funciones públicas acreditar el hecho contrario. Pues bien, en el caso de marras, le correspondía al señor LUIS EDMUNDO SANJUAN PERDOMO acreditar que la Resolución No. 083 del 18 marzo de 2005, proferida por la CONTRALORÍA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA “Por medio de la cual se declara insubsistente un nombramiento” y en la Resolución No. 093 del tres 3 de junio de 2005, mediante la cual se resolvió de manera desfavorable un recurso de reposición, no fueron expedidos con desviación del poder ni falsa motivación. Empero, a juicio de esta Corporación, el accionado no logró desvirtuar de manera fehaciente la presunción de dolo que se configura al interior del plenario.

Pues bien, tienese (sic) que correspondía al mismo aportar con el escrito de contestación de la demanda las pruebas conducentes y pertinentes tendientes a desvirtuar la plurimentada (sic) presunción de dolo, no obstante en el mismo escrito el accionado se limitó a solicitar que se tuvieran como pruebas las documentales aportadas por el ente accionante en el libelo genitor, así como también a solicitar que se oficiara a la Contraloría General del Magdalena, con el fin de que se arribaran al asunto de la contención pruebas necesarias para desvirtuar el dolo o la cupa grave.

No obstante lo anterior y, contrario sensu a lo esgrimido por el extremo accionado en el recurso de alzada, a juicio de esta Corporación tales medios de convicción no lograron desvirtuar la presunción de dolo aplicable al caso concreto; en efecto, de la hoja vida arribada al asunto de la contención no logra inferirse que durante el lapso en el cual la señora LEYDA ESTHER FONTALVO PERTUZ ostentó el cargo de profesional universitario grado 01 en la Contraloría General del Departamento del Magdalena, se le hubieren efectuado llamados de atención o juicio de reproche alguno en la concerniente a la calidad de la labor por ella desarrollada, ni mucho menos figuran anotaciones respecto de la idoneidad de la misma para el desempeño del plurimentado (sic)cargo.

De otro lado, tampoco se acreditó al interior del medio de control bajo estudio, que la restructuración en la planta de personal de la entidad accionante se hubiere llevado a cabo para dar cumplimiento a la sentencia de tutela T-122 del 17 de febrero de 2005 emanada por la Corte Constitucional, mediante la cual se ordenó el reintegro de las señoras DIANA MONTEALEGRE PERDOMO y LUZ TELBIS ARDILA, ni mucho menor, por la carencia de vacantes para efectuar tales reintegros al interior de dicha entidad; ni por la existencia de un déficit fiscal.

(…)

En efecto, tienese (sic) que en la parte considerativa de dicho acto no se señaló que la reestructuración de la Planta de Personal de la CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, se hubiere derivado de la existencia de un déficit fiscal, ni mucho menos de la necesidad de garantizar la existencia de los cargos para reintegrar a las señoras DIANA MONTEALEGRE PERDOMO y LUZ TEBIS ARDILA; además de que no se acreditó que tal reintegro se hubiere efectivamente materializado. De otra parte, tampoco se desvirtuó que la señora LEYDA ESTHER FONTALVO PERTUZ ostentaba la calidad de madre cabeza de familia, conforme así se determinó en la sentencia que suscitó el inicio del proceso de la referencia, esto es, la contenida en la providencia de calenda veinte (20) de mayo de 2009, proferida por esta Corporación al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 47-001-2331-001-2005-01249-00.

Amén de lo anterior, y de conformidad con el derrotero jurisprudencial y legal precedentemente citado, estima la Sala que hay lugar a confirmar en su integridad la sentencia de fecha treinta 30 de agosto de 2019, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santamarta, mediante la cual dicha agencia judicial accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. (…)”

La Sala advierte que los argumentos planteados por la parte actora al interior del medio de control coinciden con los expuestos en el escrito de tutela y que, justamente, fueron a los que se refirió la autoridad judicial demandada.

Además, se destaca que el hecho de que el demandante no esté de acuerdo con los argumentos señalados en la providencia objeto de tutela no habilita al juez constitucional a volver a estudiar un asunto que ya fue decidido. La acción de tutela es un medio de protección de derechos fundamentales, pero no una instancia adicional de los procesos judiciales resueltos por el juez de la causa.

Es evidente que en el escrito de tutela la parte actora está debatiendo argumentos que ya fueron expuestos ante las autoridades judiciales demandadas - en el recurso de apelación- y que fueron resueltos con suficiencia, sin embargo, expone la inconformidad que le generó las conclusiones de los jueces de conocimiento y en general, la decisión contraria a sus intereses.

De manera que, resulta evidente que las inconformidades planteadas en esta instancia constitucional fueron objeto de pronunciamiento por el juez natural de conocimiento, dado que los argumentos se centran en una discusión de carácter legal los cuales además coinciden con los que ahora expone ante el juez de tutela, lo cual hace improcedente la solicitud de amparo de referencia.

Lo anterior, porque, como se anticipó, para dar por superado el requisito general para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, consistente en la relevancia constitucional, es necesario que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada.

El Tribunal Administrativo del Magdalena, al resolver la controversia propuesta en el medio de control, puso de presente que en el caso concreto había lugar a declarar responsable al actor, dado que las pruebas aportadas no desvirtuaron el dolo con el que actuó, ni la falsa motivación en la que incurrió el acto administrativo acusado, pues se dejó claro que los argumentos esbozados en el medio de control, como la declaración de insubsistencia en cumplimiento de la T-123 de 2005, no fueron el fundamento real de los actos administrativos demandados pues dichos argumentos no fueron expuestos en la parte considerativa del acto que declaró la insubsistencia ni en el que resolvió el recurso interpuesto contra ese.

Adicional a lo anterior la Sala destaca que el actor afirmó que, si existiere la culpa que generara responsabilidad administrativa que haga efectiva la acción de repetición en su contra, la misma debería estar en cabeza de la asamblea departamental pues fue dicha entidad quien lo facultó como contralor para dar inicio al proceso de reestructuración.

No obstante, lo anterior, la Sala debe precisar que dicho argumento nunca se planteó ante el juez natural de la causa razón por la que no hay lugar a que el actor haga nuevos planteamientos en el escenario de la solicitud de amparo.

Luego, la Sala concluye que la acción de tutela de la referencia no cumple los requisitos de procedencia que habiliten el estudio del cargo por parte del juez constitucional y, en esa medida, la Sala declarara improcedente la solicitud de amparo por la falta de cumplimiento de requisitos generales para cuestionar providencias judiciales.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Edmundo Sanjuan Perdomo.

Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por cualquier otro medio expedito.

En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha

(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Con firma electrónica)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

(Con firma electrónica)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Página 364 de la sentencia del 17 de marzo de 2021, proferida dentro del proceso de repetición con radicado número 2013-00415-01.
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Ibidem.

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Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 41001-23-33-000-2013-00519-01 (23082)
Demandante: ECJ DISTRIBUCIONES LTDA.

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