RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-06393-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06393-01

Fecha
20 de enero de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06393-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revócase la sentencia del 11 de noviembre de 2021 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio del cual declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar, niégase la solicitud de amparo por las razones señaladas en las consideraciones de este proveído. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-06393-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

20 de enero de 2022

Demandante: Luis Edmundo Sanjuan Perdomo
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Rad: 11001-03-15-000-2021-06393-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06393-01
Demandantes: LUIS EDMUNDO SANJUAN PERDOMO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA Y
OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – Acción de repetición –
Deber de motivar el acto de insubsistencia – revoca y
niega el amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte demandante contra el
fallo del 11 de noviembre de 2021, proferido por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, por medio del cual declaró improcedente el amparo
deprecado.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito presentado por correo electrónico el 20 de septiembre de
2021, a través del buzón de recepción de tutelas y habeas corpus en línea de
la Rama Judicial, y remitido en la misma fecha al buzón de correo electrónico
de la secretaría General de esta Corporación, el señor Luis Edmundo Sanjuán
Perdomo, en nombre propio, instauró acción de tutela contra el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del
Magdalena, con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia , en concordancia
con los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe.

Consideró vulneradas las referidas garantías con ocasión de las sentencias de
primera y segunda instancia del 30 de agosto de 2019 y 17 de marzo de 2021,
proferidas en su orden por las referidas autoridades judiciales, mediante las
cuales se declaró la responsabilidad patrimonial del tutelante, por la condena
judicial impuesta en contra de la Contraloría Departamental del Magdalena, en
el marco de la acción de repetición con radicación 47001-33-33-006-2013-
00415-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

1

Demandante: Luis Edmundo Sanjuan Perdomo
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Rad: 11001-03-15-000-2021-06393-01

En concreto, formuló las siguientes peticiones:

“PRIMERA: Que se TUTELE a favor del suscrito, mis derechos
fundamentales constitucionales, al DEBIDO PROCESO POR
OSTENSIBLES VIAS DE HECHO o por CAUSAS GENÉRICAS DE
PROCEDIBILIDAD POR DEFECTO SUSTANTIVO, POR
VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN, DENEGACIÓN DE
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA los PRINCIPIOS
DE SEGURIDAD JURÍDICA, CONFIANZA LEGÍTIMA y BUENA FE,
cercenados por los Operadores Judiciales accionados el honorable
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, JUZGADO
SEXTO ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA, dentro del proceso
de ACCIÓN DE REPARACIÓN (sic), radicado bajo el número 47-
001-3333-006-2013-00415-01.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se REVOQUEN EN
TODAS SUS PARTES, las sentencias fechadas diecisiete (17) de
marzo de 2021 y treinta (30) de agosto de 2019, proferidas por el
honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA y el
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA,
respectivamente, por ser totalmente contrarias a la Constitución
Política de Colombia, la Ley y el Bloque jurisprudencial de la
honorable Corte Constitucional y el honorable Consejo de Estado
sobre el caso concreto que hoy nos ocupa.

TERCERA: Que se ordene el archivo definitivo del proceso judicial
de la ACCIÓN DE REPETICIÓN, radicado bajo el número 47-001-
3333-006-2013- 00415-01.

CUARTA: Que se exhorte a los operadores judiciales para que en
adelante se ABSTENGAN de seguir con ese tipo de prácticas que
atentan contra el orden justo y cimentado en una justicia justa y con
equidad.

QUINTA: Todas aquellas que los honorables magistrados del
Consejo de Estado, a bien consideren.”

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

El actor afirmó que para el año 2005 se desempeñó como contralor general
del Departamento del Magdalena. Agregó que en ejercicio de ese cargo, y
previa autorización de la Asamblea Departamental del Magdalena, adelantó
un proceso de restructuración del ente de control para ajustarlo a su situación
financiera.

Mencionó que, para ese entonces, el Departamento del Magdalena estaba
inmerso en el proceso concursal de reestructuración de pasivos de que trata
la Ley 550 de 1999, por lo que, entre otras decisiones, se dispuso reducir la
nómina de la entidad de control fiscal.

Señaló que, para el efecto, se declararon insubsistentes los nombramientos
de varios servidores públicos que se desempeñaban en provisionalidad, entre
ellos el de la señora Leyda Fontalvo Pertuz, mediante la Resolución 083 del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Demandante: Luis Edmundo Sanjuan Perdomo
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Rad: 11001-03-15-000-2021-06393-01

18 de mayo de 2005. Añadió que el acto de retiro se fundamentó y motivó en
la causal prevista en el literal l) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, “ya que
dicha señora no aparecía registrada ni calificada como madre Cabeza de
familia o como beneficiaria de ningún fuero especial.”

La decisión en mención fue confirmada por medio de la Resolución 093 del 3
de junio de 20051.

La señora Leyda Fontalvo Pertuz demandó el acto que declaró su
insubsistencia, y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta,
mediante sentencia del 16 de mayo de 2008, negó las pretensiones de
anulación, al considerar que la allí actora no accedió al cargo por concurso de
méritos, y tampoco demostró ser madre cabeza de familia.

No obstante, el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del
20 de mayo de 2009, revocó la decisión anterior y declaró la nulidad de las
resoluciones 083 y 093 de 2005, por lo que condenó a la Contraloría del
Magdalena al reintegro de la demandante, y el pago de lo que dejó de percibir
durante su desvinculación.

Como fundamento de su decisión, argumentó que la resolución de
insubsistencia no se profirió en ejercicio de la facultad discrecional propia de
tales actos, sino en razón a que el cargo que ocupaba la demandante se
requería en vacancia para cumplir con un reintegro ordenado por la Corte
Constitucional mediante sentencia de tutela.

Destaco, además, que en el acto en el que se apartó del cargo a la señora
Fontalvo Pertuz se hizo mención del deficiente nivel de su labor y las
ausencias reiteradas de su lugar de trabajo, por lo que adolecía de falsa
motivación, como quiera que tales circunstancias no se acreditaron y,
adicionalmente, se desconoció su condición de madre cabeza de familia.

Con ocasión de esta condena, la Contraloría Departamental del Magdalena
inició acción de repetición en contra del entonces contralor del ente territorial,
hoy tutelante.

El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta, mediante
sentencia del 30 de agosto de 2019, declaró administrativamente responsable
al demandado Luis Edmundo Sanjuán Perdomo, al encontrar acreditada su
conducta dolosa por haber expedido el acto con vicios en su motivación por
inexistencia del supuesto de hecho de la decisión.

El demandado apeló la referida decisión.

El Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de proveído del 17 de
marzo de 2021, confirmó la sentencia de primera instancia bajo el argumento
de que el entonces contralor sustentó su decisión en el déficit fiscal de la

1 Para mayor contexto, este y los siguientes hechos se toman tanto de la narración del
tutelante como de las pruebas que aportó.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Demandante: Luis Edmundo Sanjuan Perdomo
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Rad: 11001-03-15-000-2021-06393-01

entidad, en la necesidad de garantizar cargos para el reintegro de empleados
ordenado judicialmente, y en el bajo nivel de la labor que desempeñaba la
empleada y sus ausencias reiteradas del lugar de trabajo, pese a que tales
circunstancias no se probaron.

3. Sustento de la petición

Sostuvo que todas sus actuaciones se sustentaron en la Ley 2400 de 1968,
reglamentada por el Decreto 1950 de 1973, la Ley 909 de 2004, entre otras, y
las autorizaciones otorgadas por la Asamblea Departamental del Magdalena
para ejecutar la reestructuración administrativa, por lo que se creó una
estructura que perdura a la fecha, resultado de un estudio técnico que se
adelantó con el apoyo de varias entidades.

Expuso que la Resolución 083 de 2005, que declaró la insubsistencia de la
señora Fontalvo Pertuz, se dictó en cumplimiento del fallo de tutela T-123 del
17 de febrero de 2005, dictado por la Corte Constitucional, y en aplicación de
lo previsto en el artículo 107 del Decreto 1950 de 1973, que establecía que
“en cualquier momento podrá declararse insubsistente un nombramiento
ordinario o provisional, sin motivar la providencia, de acuerdo con la facultad
discrecional que tiene el gobierno de nombrar y remover libremente sus
empleados (…)”, disposición vigente para la época de los hechos.

Explicó que la norma en mención, para ese entonces, se declaró ajustada a la
legalidad por parte de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 12 de febrero de 20042.

Advirtió que para el año 2005 estaba vigente la posición jurisprudencial del
Consejo de Estado frente a la estabilidad laboral de los empleados nombrados
en provisionalidad, ya que en ese momento estaba vigente el artículo 107 del
Decreto 1950 de 1973.

Expuso que, en esas condiciones, declaró la insubsistencia de la señora
Fontalvo Pertuz, sin motivar tal decisión, al amparo de los principios de
seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe.

Señaló que la sentencia se segunda instancia bajo cuestionamiento no tuvo
en cuenta que al momento en que se expidió el acto de desvinculación de la
señora Leyda Fontalvo Pertuz, la norma aplicable era el artículo 107 del
Decreto 1950 de 1973, que establecía que en cualquier momento se puede
declarar la insubsistencia de un nombramiento en provisionalidad, sin motivar
la decisión, de acuerdo con la facultad discrecional allí prevista.

Agregó que, con todo, el acto de retiro en cuestión se motivó con sustento en
que se debía cumplir un fallo de tutela, por lo que se requería disponer el
retiro de los empleados nombrados en provisionalidad.

Explicó que, respecto de la estabilidad laboral, existían dos posiciones

2 No aportó radicado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Demandante: Luis Edmundo Sanjuan Perdomo
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Rad: 11001-03-15-000-2021-06393-01

jurisprudenciales contrarias, la del Consejo de Estado según la cual el retiro
de un empleado nombrado en provisionalidad es discrecional y, por lo tanto,
no se requiere de un procedimiento previo o de motivación del acto
correspondiente; y la de la Corte Constitucional que, en varios fallos de tutela,
amparó los derechos fundamentales de empleados provisionales bajo el
argumento de que el acto de desvinculación debe motivarse; por lo que para
el caso concreto resolvió aplicar la primera tesis, con el convencimiento de
actuar al amparo de los principios de seguridad jurídica y buena fe.

Mencionó las posturas opuestas que sobre el particular se presentaron al
interior de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la de la Subsección A
que consideraba que para el retiro del empleado provisional debe mediar un
acto motivado, y la de la Subsección B de acuerdo con la cual tales
empleados no tienen fuero de inamovilidad y, por ello, pueden ser separados
del cargo sin motivación alguna3, aspecto que se unificó bajo esta última
postura, que fue la que se aplicó en el asunto de que se trata.

Adujo que, en el año 2004, la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante fallo con radicado interno 3016-014, se pronunció acerca de la
nulidad de la expresión “o provisional”, contenida en el artículo 107 del
Decreto 1950 de 1973, denegando las pretensiones por considerar que el
nombramiento en esas condiciones no otorgaba fuero de estabilidad.

Afirmó que, conforme al desarrollo jurisprudencial imperante para la época de
los hechos, no es posible presumir que obró de mala fe, con desviación de
poder o falsa motivación, sino con total apego a las normas y las tesis
judiciales aplicables.

Sostuvo que, por lo tanto, no se le podía endilgar una conducta dolosa o
gravemente culposa al amparo de normativa y jurisprudencia posterior a la
época en que dictó el acto de insubsistencia.

Indicó que las autoridades judiciales demandadas desconocieron lo
preceptuado en el referido artículo 107 del Decreto 1950 de 1973, que era la
norma vigente para la época de la desvinculación en cuestión, y la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el particular.

Posteriormente destacó las causales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, al tenor de los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, y destacó el contenido y alcance de los principios de seguridad
jurídica, confianza legítima y buena fe.

4. Trámite

4.1. Primera instancia

Por auto del 23 de septiembre de 2021, el magistrado ponente de primera

3 Sin mención de providencias en particular.
4 Con ponencia de la doctora Ana Margarita Olaya Forero.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Demandante: Luis Edmundo Sanjuan Perdomo
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Rad: 11001-03-15-000-2021-06393-01

instancia admitió la acción de tutela, ordenó la notificación de las autoridades
judiciales demandadas, y dispuso la vinculación de la Contraloría
Departamental del Magdalena y de la señora Leyda Fontalvo Pertuz.

5. Contestación

Ninguna de las autoridades y personas demandadas y vinculadas contestó la
demanda, pese a que se notificaron en debida forma.

6. Sentencia de primera instancia

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 11 de
noviembre de 2021, declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por
falta de relevancia constitucional.

Luego de destacar el comparativo entre los argumentos expuestos por la
defensa del señor Luis Edmundo Sanjuán Perdomo al interior del proceso
ordinario de repetición, y el sustento de la acción de tutela, advirtió que este
último es una reiteración de aquellos, los cuales fueron resueltos en la
providencia de segunda instancia materia de censura.

Concluyó que la acción de tutela no constituye una instancia adicional del
proceso ordinario.

7. Impugnación

Por escrito radicado oportunamente el 23 de noviembre de 20215, el actor
impugnó lo resuelto en los siguientes términos.

Arguyó que no pretende buscar una tercera instancia, sino que, por el
contrario, al no contar con otro medio de defensa se vio avocado a presentar
la presente acción, pues las sentencias bajo censura no están amparadas por
la cosa juzgada, toda vez que las autoridades judiciales demandadas
cercenaron sus derechos fundamentales.

Advirtió que la presente solicitud de amparo fue admitida por auto del 23 de
septiembre de 2021, no obstante, el fallo se dictó hasta el 11 de noviembre del
mismo año, es decir, vencido el término para proferir sentencia, pese a que
los términos judiciales son de obligatorio cumplimiento.

Reiteró el argumento del libelo según el cual siempre obró con apego a las
normas y la jurisprudencia vigente para la época en que se dictó el acto de
5 La sentencia se notificó el jueves 18 de noviembre de 2021, mediante el oficio 117894 de

esa fecha, enviado al correo electrónico de la parte actora, según soporte de entrega.

Se debe tener presente que, al tenor del artículo 8° del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio
de 2020, la notificación personal “(…) se entenderá realizada una vez transcurridos dos días
hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día
siguiente al de la notificación”. Por lo tanto, los dos días de que trata la referida norma
transcurrieron entre el viernes 19 y y el lunes 22 de noviembre de 2021, de manera que los
tres días para impugnar comenzaban a contar a partir del 23 de noviembre hasta el 25
siguiente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Demandante: Luis Edmundo Sanjuan Perdomo
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Rad: 11001-03-15-000-2021-06393-01

insubsistencia, particularmente el texto del artículo 107 del Decreto 1950 de
1973, que permite declarar la insubsistencia de un empleado nombrado en
provisionalidad, sin exponer motivación alguna.

Insistió en que actuó conforme a la autorización conferida por la Asamblea del
Departamento del Magdalena, para restructurar la entidad y adoptar la nueva
planta de personal, por lo que debía suprimir cargos y declarar la
insubsistencia de los nombramientos en provisionalidad.

Sostuvo que no podía desvirtuar la falta de motivación del acto administrativo
de desvinculación, por no estar legal ni jurisprudencialmente obligado a ello,
tal como lo manifestó en el proceso de la acción de repetición, lo que es
distinto del deber de motivar, hoy día, un acto administrativo, cuando para la
época de los hechos no existía esa exigencia legal.

Expuso que el fundamento de la solicitud de amparo se basó en las causales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, según
la jurisprudencia constitucional, por lo que cumple los requisitos en ella
expuestos.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación interpuesta por la
parte demandante contra la sentencia de primera instancia dictada por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, en atención a lo consagrado por los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20156, y el Acuerdo 80 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o modificar
el fallo proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente el amparo deprecado en la acción de tutela.

Para el efecto, previa verificación de los requisitos de procedencia, se
determinará si se desconocieron los derechos fundamentales deprecados, por
la actuación de las autoridades judiciales demandadas, al declarar la
responsabilidad patrimonial del demandante como consecuencia de la
condena impuesta a la entidad para la cual laboraba, esto es, la Contraloría
Departamental del Magdalena, producto de la anulación de un acto que
declaró la insubsistencia de una empleada de esa entidad.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de

6 Modificado por el Decreto 333 de 2021.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Demandante: Luis Edmundo Sanjuan Perdomo
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Rad: 11001-03-15-000-2021-06393-01

20127 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema8 y declaró su procedencia9.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que el
asunto tenga relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra
tutela; iii) inmediatez; iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos,
corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir
de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales
que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del
amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el
sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.

4. Relevancia Constitucional

El a quo consideró que no se cumplió el requisito de relevancia constitucional
porque el escrito de tutela coincide con los argumentos que planteo la defensa
del tutelante en el trámite de la acción de repetición, los cuales fueron
resueltos por los jueces competentes.

Sobre el particular, esta Sala se ha pronunciado de la siguiente manera10:

“En efecto, este requisito mínimo implica que la parte accionante, con
suficiencia en la parte motiva de la demanda interpuesta, evidencie
la tensión que, de acuerdo con su criterio jurídico, existe entre los
derechos fundamentales invocados y el fallo proferido por la
autoridad judicial.

54. Dicha pericia argumentativa en la exposición del criterio de los
demandantes con respecto a la relación entre la providencia judicial y la
vulneración de sus derechos fundamentales, es lo que permite la
superación de este requisito y evidencia que la controversia
trasciende de un orden exclusivamente legal; lo anterior, se cumple
con independencia del yerro en el razonamiento jurídico en que
pueda incurrir la parte actora, pues precisamente lo acertado o

7Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica.
Actora: Nery Germania Álvarez Bello. M.P: María Elizabeth García González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela

contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta
providencia.”
10 Ver, entre otras, la sentencia del 22 de abril de 2021. Radicación: 11001-03-15-000-2020-

04652-01. M.P: Rocío Araújo Oñate.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Demandante: Luis Edmundo Sanjuan Perdomo
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Rad: 11001-03-15-000-2021-06393-01

erróneo de su proceder argumentativo es lo que debe ser indagado
con suficiencia por el juez en las consideraciones de fondo que
sustenten su decisión.” (Destacado por la Sala)

De acuerdo con la tesis transcrita, para superar el requisito de relevancia
constitucional se debe estructurar el cargo de la tutela de tal manera que
indique, con suficiencia argumentativa, que la controversia en torno a la
providencia atacada trasciende el debate estrictamente legal.

Sin embargo, la providencia bajo cita es clara en advertir que la carga
argumentativa de que se trata se cumple al margen de la razonabilidad del
fundamento del reparo contra la providencia judicial, ya que tal aspecto debe
ser analizado por el juez constitucional al momento de efectuar las
consideraciones de fondo.

Por lo tanto, para el juez constitucional bastará con que la parte actora
exponga las razones por las que considera que la providencia judicial bajo
cuestionamiento resulta lesiva de sus derechos fundamentales, toda vez que
el análisis del sustento del defecto correspondiente es materia del
pronunciamiento de fondo.

En el presente caso, el demandante cuestiona que las providencias
enjuiciadas resultan lesivas de sus derechos fundamentales, por haber
declarado su responsabilidad patrimonial por una conducta dolosa que, en su
criterio, no existió ya que de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia
vigente para el momento en que dictó el acto que desvinculó a la señora
Fontalvo Pertuz, no tenía el deber de motivar la insubsistencia de que se trata.

Tal como se observa, la parte demandante plantea una controversia
constitucional, aun bajo la similitud que pueda tener el reparo de la tutela con
el fundamento expuesto en el proceso ordinario.

Superado este requisito, cabe agregar que la presente solicitud de amparo no
se dirige contra una sentencia de tutela, toda vez que la providencia bajo
cuestionamiento se dictó en el trámite de un proceso ejecutivo.

También se cumplió el requisito de inmediatez, comoquiera que la sentencia
de segunda instancia reprochada data del 17 de marzo de 2021, mientras que
la acción de tutela se presentó el día 20 de septiembre de la misma anualidad.

Es pertinente advertir que el expediente ordinario aportado a este trámite no
contiene las piezas procesales que den cuenta de la fecha en que se notificó
la sentencia de segunda instancia, lo que tampoco fue posible corroborar
mediante la revisión de los canales virtuales de la Rama Judicial.

Sin embargo, la Sala presumirá que la solicitud de amparo se presentó de
manera oportuna comoquiera que, si en gracia de discusión la sentencia del
17 de marzo de 2021 se hubiera notificado al día siguiente, en los términos del
artículo 203 de la Ley 1437 de 2011, esto es, mediante envío de su texto a
través de mensaje al buzón electrónico para notificaciones judiciales, habría

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Demandante: Luis Edmundo Sanjuan Perdomo
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Rad: 11001-03-15-000-2021-06393-01

lugar a concluir que entre la ejecutoria y la presentación de la acción de tutela
no transcurrieron más de seis meses.

En efecto, de acuerdo con el artículo 302 Ibídem, las providencias que se
profieran por fuera de audiencia, como en este caso, “quedan ejecutoriadas
tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han
vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren
procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos.”

A su turno, el numeral 2° del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, modificado
por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, establece que “La notificación de la
providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles
siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del
día siguiente al de la notificación.”

En este caso, si la providencia se hubiera enviado al correo electrónico al día
inmediatamente siguiente, esto es, el 18 de marzo de 2021, los dos días de
que trata el numeral 2° del artículo 205 transcrito, transcurrirían entre el
viernes 19 y el martes 23 de marzo de 2021, de manera que el término de tres
días de ejecutoria de la sentencia tendría lugar entre los días 24 y 26 de
marzo de 2021.

Cabe destacar que el pleno de esta Corporación, mediante sentencia del 5 de
agosto de 201411, acogió el lapso de seis meses como plazo razonable para
solicitar la protección de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados por las providencias judiciales.

De este modo, en atención a que la sentencia de segunda instancia
cuestionada cobraría ejecutoria el 26 de marzo de 2021, los seis meses que
estableció el pleno de esta Corporación para entender oportuna la acción de
tutela, vencerían el día 26 de septiembre de 2021, y como la solicitud de
amparo se presentó el 20 de septiembre de esa anualidad, se presume que
fue dentro de un lapso razonable.

Ahora bien, se advierte que la parte actora no cuenta con otro mecanismo de
defensa judicial, por lo que se procederá a estudiar el fondo del asunto;
adicionalmente, los recursos extraordinarios de revisión y unificación,
taxativamente contemplados en el ordenamiento contencioso administrativo,
no tienen cabida en el sub examine.

Por lo tanto, la Sala revocará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela y, en su lugar, resolverá el fondo del
reclamo.

5. Caso concreto

Según las pretensiones de la solicitud de amparo, el demandante considera

11 Expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Demandante: Luis Edmundo Sanjuan Perdomo
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Rad: 11001-03-15-000-2021-06393-01

que las providencias bajo censura adolecen de los defectos sustantivo y
violación directa de la constitución, aunque también se puede colegir que se
alegó el defecto por desconocimiento del precedente, particularmente el del
Consejo de Estado que, para la época de los hechos, establecía que los actos
de insubsistencia de empleados nombrados en provisionalidad no deben
motivarse.

5.1. Defecto sustantivo

En relación con el defecto sustantivo, se ha considerado que este se
configura cuando:

“(…) la actuación controvertida desconoce una ley adaptable al caso o se
funda en una norma indiscutiblemente inaplicable, ya sea porque (i) la
norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley, (ii) es
inconstitucional, (iii) o porque el contenido de la disposición no tiene
conexidad material con los presupuestos del caso. También puede darse
en circunstancias en las que a pesar del amplio margen interpretativo que
la Constitución le (sic) reconoce a las autoridades judiciales, se produce
(iv) un grave error en la interpretación de la norma, el cual puede darse
por desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes o cuando la
decisión judicial se apoya en una interpretación contraria a la
Constitución”12.

5.2. Violación directa de la Constitución

La Corte Constitucional, en sentencia SU-069 del 21 de junio de 2018, indicó
sobre el defecto examinado, lo siguiente:

“(…)

32. El fundamento de esta causal es el modelo actual del ordenamiento
constitucional, puesto que a los preceptos contenidos en la Carta de 1991
se les ha reconocido valor normativo, de manera que pueden ser
aplicados directamente por las autoridades y los particulares en algunos
casos. En ese sentido, es posible discutir las decisiones judiciales por
medio de la acción de tutela en los eventos donde los jueces omiten o no
aplican debidamente los principios superiores.

(…)

33. El desconocimiento de la Constitución puede producirse por diferentes
hipótesis. Así, se ha sostenido que esta figura se estructura cuando el
juez en la decisión desconoce la Carta. Ello puede ocurrir, primero,
porque no se aplica una norma fundamental al caso en estudio, lo
cual se presenta porque: (a) en la solución del caso se dejó de interpretar
y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos
fundamentales y no se tuvo en cuenta el principio de interpretación
conforme con la Constitución.

En segundo lugar, porque se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución. En este caso, se ha señalado que los
jueces, en sus fallos, deben tener en cuenta la excepción de

12 Corte Constitucional, sentencia T - 464 de 2011, con ponencia del magistrado Jorge Iván

Palacio Palacio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Demandante: Luis Edmundo Sanjuan Perdomo
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Rad: 11001-03-15-000-2021-06393-01

inconstitucionalidad contenida en el artículo 4º Superior, en tanto la Carta
es norma de normas y, cuando existe incompatibilidad con las
disposiciones legales, debe aplicarse de preferencia las constitucionales.

34. En suma, esta causal de procedencia específica de la acción de tutela
se genera a partir del desconocimiento de los jueces de aplicar la
Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4º de la
Carta que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.

(…)” (Negrillas fuera de texto).

En atención a lo expuesto, la violación directa a la Constitución se presenta
cuando el juez, al dirimir el caso en estudio, desconoce la Carta Política ya
sea porque no aplica sus disposiciones o porque desconoce la supremacía
de la norma de normas.

5.3. Desconocimiento del precedente

La Sala ha establecido que precedente “es aquella regla creada por una Alta
Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario
un número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea
considerada como precedente”. Se constituye también por las sentencias de
constitucionalidad y de unificación, proferidas tanto por la Corte Constitucional
como por el Consejo de Estado. Sin embargo, resulta necesario advertir que
“… no todas las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan
una regla o subregla, pues son el resultado de la aplicación al caso concreto
de la norma que viene al caso, sin una actividad creadora del juez.”.13

5.4. Análisis

La Sala analizará de manera conjunta los defectos alegados, comoquiera que
los mismos comparten un reparo común, a saber, la supuesta exigencia
plasmada en las providencias judiciales atacadas, consistente en el deber de
motivar un acto de insubsistencia que, para la época de los hechos, no
constituía una exigencia legal y tampoco jurisprudencial pues, por el contrario,
la tesis judicial imperante en ese momento consistía en que el acto de
insubsistencia de un empleado nombrado en provisionalidad no debía
motivarse, tal como se expuso en la tutela y se reiteró en la impugnación.

Así mismo, el estudio del asunto se concentrará en la sentencia de segunda
instancia del 17 de marzo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, por ser la providencia que desató el recurso de apelación que el
tutelante presentó en contra de la decisión de primer grado que declaró su
responsabilidad patrimonial.

Al respecto, es preciso advertir que el cuestionamiento del demandante parte
de una premisa errada al considerar, como ya se anotó, que la declaratoria de
su responsabilidad patrimonial tuvo lugar por la conducta dolosa ocasionada
por no haber motivado un acto administrativo a través del cual declaró
insubsistente a una empleada de la Contraloría Departamental del

13 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad.

No. 11001-03-15-000-2013-02690-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Demandante: Luis Edmundo Sanjuan Perdomo
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Rad: 11001-03-15-000-2021-06393-01

Magdalena.

El error de apreciación acerca de las circunstancias que rodearon el caso, se
evidencia al revisar el contenido de la sentencia de segunda instancia
atacada, en la que en manera alguna se le cuestionó la falta de motivación
del acto de insubsistencia, más bien, por el contrario, advirtió que en el
trámite del proceso ordinario se probó la falsa motivación de los actos
demandados, en tanto los supuestos bajo los cuales se fundamentó la
desvinculación no correspondían con la realidad.

Como bien se puede verificar del contenido de la decisión bajo
cuestionamiento, la autoridad judicial se refirió al texto de la Resolución 083
del 18 de mayo de 2005, que declaró insubsistente el nombramiento de la
señora Leyda Fontalvo Pertuz, con fundamento en que se debía cumplir la
sentencia de tutela T-123 de 2005 de la Corte Constitucional, y por la
necesidad de crear vacantes para el efecto.

Empero, también se refirió al contenido de la Resolución 093 del 3 de junio de
2005, mediante la cual el entonces contralor del Departamento del Magdalena
confirmó el acto de desvinculación con sustento en que (i) se debían reducir
los gastos de funcionamiento por la existencia de un déficit fiscal, (ii) el
deficiente nivel de la labor de la empleada y sus ausencias reiteradas de su
lugar de trabajo, (iii) la necesidad de cumplir el reintegro que ordenó la Corte
Constitucional, ante la inexistencia de las vacantes para ello, (iv) y que no se
acreditó que fuera madre cabeza de familia.

Del mismo modo, el Tribunal demandado indicó que los actos en mención se
declararon nulos por esta jurisdicción, bajo las siguientes consideraciones:

“Que dichos actos administrativos fueron expedidos con falsa motivación,
habida consideración que los supuestos de hecho en los cuales se
fundamentaron no fueron reales. En efecto, se indicó que las ausencias
de la señora LEYDA ESTHER FONTALVO PERTUZ de su sitio de
trabajo, se debió (sic) a las incapacidades que le fueron concedidas por
virtud de una enfermedad en la columna, a más que no se acreditó el
déficit presupuestal de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL
MAGDALENA; que la misma si ostentaba la calidad de madre cabeza de
familia; aunado al hecho que la misma presentó un buen desempeño e
idoneidad laboral durante el periodo en que ocupó el cargo de Profesional
Universitario Grado 01, Código 340.

Que en tal virtud, por parte de la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
DEL MAGDALENA, se incurrió en desviación de poder, teniendo en
cuenta que se habría acreditado la existencia de un interés particular y
malintencionado en la expedición de los mismos.”

En esa medida, al advertir la autoridad judicial que los actos de insubsistencia
se declararon nulos por falsa motivación, procedió a verificar la aplicación al
caso concreto de las presunciones de conducta dolosa previstas en el artículo
5° de la Ley 678 de 2001, en concreto la del numeral 2°, a saber, “Haber
expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia
del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de
fundamento.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Demandante: Luis Edmundo Sanjuan Perdomo
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Rad: 11001-03-15-000-2021-06393-01

Con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional14 y del Consejo de
Estado15, según la cual corresponde al Estado probar el supuesto en que se
basa la presunción, en tanto al demandado en repetición le asiste la carga de
desvirtuar tal supuesto, concluyó que el señor Luis Edmundo Sanjuan
Perdomo debió acreditar que el acto de desvinculación en cuestión no se
expidió con falsa motivación ni desviación de poder, empero, no cumplió
dicha carga:

“No obstante lo anterior y, contrario sensu a lo esgrimido por el extremo
accionado en el recurso de alzada, a juicio de esta Corporación tales
medios de convicción no lograron desvirtuar la presunción de dolo
aplicable al caso concreto; en efecto, de la hoja de vida arribada al asunto
de la contención no logra inferirse que durante el lapso en el cual la
señora LEYDA ESTHER FONTALVO PERTUZ ostentó el cargo de
Profesional Universitario Grado 01 en la CONTRALORÍA GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, se le hubieren efectuado llamados
de atención o judicio (sic) de reproche alguno en la concerniente (sic) a la
calidad de la labor por ella desarrollada, ni mucho menos figuran
anotaciones respecto de la idoneidad de la misma para el desempeño del
plurimentado cargo.

De otro lado, tampoco se acreditó al interior del medio de control bajo
estudio, que la Restructuración (sic) en la planta de personal de la entidad
accionante se hubiere llevado a cabo para dar cumplimiento a la
sentencia de tutela T-123 del 17 de febrero de 2005, emanada de la H.
Corte Constitucional, mediante la cual se ordenó el reintegro de las
señoras DIANA MONTEALEGRE PERDOMO y LUZ TELBIS ARDILA; ni
mucho menos, por la carencia de vacantes para efectuar tales reintegros
al interior de dicha entidad; ni por la existencia de un déficit fiscal.
Específicamente, debe señalarse que en la parte considerativa de la
Resolución No. 008 del treinta (30) de enero de dos mil seis (2006),
proferida por la CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA (…) se indicó lo que seguidamente se transcribe:

(…)

En efecto, tienese (sic) que en la parte considerativa de dicho acto no se
señaló que la reestructuración de la Planta de Personal de la
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA,
se hubiere derivado de un déficit fiscal, ni mucho menos de la necesidad
de garantizar la existencia de los cargos para reintegrar a las señoras
DIANA MONTEALEGRE PERDOMO y LUZ TELBIS ARDILA; a más que
no se acreditó que tal reintegro se hubiere efectivamente materializado.
De otra parte, tampoco se desvirtuó que la señora LEYDA ESTHER
FONTALVO PERTUZ ostentaba la calidad de Madre Cabeza de Familia,
(…)”

De esta manera, la Sala no encuentra sustento en los reparos expuestos por
el tutelante, comoquiera que en la providencia bajo estudio no se elevó
reproche alguno en punto a cuestionar la ausencia de motivación de los actos
de insubsistencia, menos aún enmarcó tal conducta en la presunción de dolo
de que trata el numeral 2° del artículo 5 de la Ley 678 de 2001.

14 Sentencia C-374 de 2002.
15 Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 6 de febrero de 2020. Exp: 11001-03-26-

000-2014-00126-00. M.P: María Adriana Marín.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Demandante: Luis Edmundo Sanjuan Perdomo
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Rad: 11001-03-15-000-2021-06393-01

Muy por el contrario, en el proveído bajo cita se advirtió que los supuestos
bajo los cuales se sustentó el acto de desvinculación se revelaron
inexistentes, tal como se acreditó en el juicio de legalidad de los actos que
separaron a la señora Fontalvo Pertuz del cargo que ostentaba en la
Contraloría General del Departamento del Magdalena.

Lo anterior descarta la configuración de un defecto sustantivo por
desconocimiento del artículo 107 del Decreto 1950 de 1973, y demás normas
concordantes, según el cual no se requiere motivación del acto de
insubsistencia del servidor público nombrado en provisionalidad, ya que el
debate planteado en el proceso de repetición se centró, no en la ausencia de
los motivos de la decisión, sino en la falsedad de los que expuso el tutelante
para proceder a declarar la insubsistencia de que se trata.

Tampoco se observa que la autoridad judicial haya considerado la
inaplicación de la tesis judicial vigente al momento en que se dictó el acto de
desvinculación, ante su posterior rectificación, de manera que tampoco se
advierte el desconocimiento del precedente de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que en su momento sostuvo la postura según la cual el
acto de insubsistencia del nombramiento en provisionalidad no debe
motivarse, precisamente porque el contexto del litigio no elevó cargo alguno
por ausencia de motivación del acto administrativo.

Por los motivos anteriores, tampoco se advierte violación directa de la
Constitución, ya que no se desconocieron mandatos superiores en torno a
garantías fundamentales y principios como la buena fe, la seguridad jurídica y
la confianza legítima, pues se reitera, al tutelante nunca se le endilgó haber
omitido motivar el acto de insubsistencia de la señora Fontalvo Pertuz.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Sala denegará el amparo
deprecado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Revócase la sentencia del 11 de noviembre de 2021 proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio del cual declaró
improcedente la acción de tutela y, en su lugar, niégase la solicitud de
amparo por las razones señaladas en las consideraciones de este
proveído.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, y envíese copia de esta sentencia al Despacho de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Demandante: Luis Edmundo Sanjuan Perdomo
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena y otro
Rad: 11001-03-15-000-2021-06393-01

origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.