Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-06421-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-06421-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-06421-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
8 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTISÉIS (26) ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ (E)
Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06421-00
Actor: Nación-Rama Judicial
Demandado: Juan Carlos Ibáñez Martiatu y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia
proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, a través de
la cual se revocó la sentencia de primera instancia y se accedió a las pretensiones
del medio de control de reparación directa.
La recurrente planteó la configuración de la causal de revisión prevista en el numeral
5° del artículo 250 del CPACA, aduciendo que se vulneró el principio de
congruencia.
I. ANTECEDENTES
Demanda inicial
1. El señor Juan Carlos Ibáñez Martiatu y la señora Gladys Liliana Rodríguez
Gálvez, en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron
demanda contra la Nación-Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, con el fin
de obtener la reparación de los perjuicios causados por la privación injusta de la
libertad del primero, desde el 18 de diciembre de 2007 hasta el 6 de noviembre de
2008 y desde el 19 de marzo al 30 de junio de 2009.
2. Como sustento fáctico de sus pretensiones, indicaron que Juan Carlos Ibáñez
Martiatu fue capturado el 18 de diciembre de 2007, por el delito de acceso carnal
violento, y se impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria hasta el 5
de noviembre de 2008, cuando se ordenó la libertad por vencimiento de términos.
No obstante, el 17 de marzo de 2009, volvió a ser capturado y fue condenado a 130
meses de prisión. Esa sentencia fue revocada por el Tribunal Superior de Bogotá,
que ordenó su libertad inmediata –decisión que quedó en firme el 24 de septiembre
de 2009.
Expediente: 11001-03-15-000-2021-06421-00
Actor: Nación-Rama Judicial
Demandada: Juan Carlos Ibáñez Martiatu y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
3. El 3 de octubre de 20121, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones, por encontrar probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima.
Aseguró que las decisiones judiciales contaron con prueba indiciaria para la
imposición de la medida de aseguramiento. Concluyó que se pudo probar que hubo
violencia física contra la víctima denunciante, por lo cual era deber jurídico de Juan
Carlos Ibáñez Martiatu soportar el daño.
Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
4. Corresponde a la decisión adoptada el 8 de mayo de 20202, mediante la cual la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la sentencia de
primera instancia y accedió a las pretensiones del medio de control de reparación
directa, al considerar que la privación injusta de la libertad del demandante había
configurado un daño especial.
5. Como fundamento de su decisión, la Subsección B consideró que la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá absolvió a Juan Carlos Ibáñez
Martiatu por la inexistencia del hecho delictivo. Consideró que estaba acreditado el
daño especial por la privación de la libertad a la víctima y que no se cumplía con los
requisitos de la eximente de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima.
Condenó a la hoy recurrente –Nación-Rama Judicial– a resarcir los perjuicios
causados a Juan Carlos Ibáñez Martiatu y, como medida de reparación del daño al
buen nombre, ordenó al Director Ejecutivo de Administración Judicial que emitiera
un comunicado de perdón por la privación injusta de su libertad.
El recurso extraordinario de revisión
6. La parte demandada solicitó declarar la nulidad de la sentencia antes referida
por haber incurrido en la causal prevista en el numeral 5° del artículo 250 del
CPACA, esto es, por “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación”3.
7. Indicó que el ad quem le impuso como condena pedir perdón por la privación
injusta de la libertad de la víctima, con base en presunciones o inferencias de daño
a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, pues la
afectación no estaba probada. Sostuvo que la sentencia recurrida no consideró que
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es un órgano administrativo que no
interviene en la imposición de medidas de aseguramiento y, por ello, la orden de
pedir disculpas o realizar pronunciamientos frente a providencias judiciales contraría
el principio de autonomía e independencia judicial.
1 SAMAI, índice 30, archivo 38: “38_RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_992022(.zip)”, Cuaderno Principal,
folios 3-34.
2 SAMAI, índice 30, archivo 38: “38_RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_992022(.zip)”, Cuaderno Principal,
folios 259-275.
3 SAMAI, índice 2, archivo 5: “5_DemandaWeb_Demada-(.PDF)”, folios 2-18
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-06421-00
Actor: Nación-Rama Judicial
Demandada: Juan Carlos Ibáñez Martiatu y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
8. Además, consideró que esa condena es un reconocimiento extra petita de los
perjuicios a favor de la víctima. Alegó que se vulneró el principio de congruencia, el
carácter rogado de la jurisdicción y el derecho de defensa a la recurrente, porque
no se solicitó esa forma de resarcimiento en la demanda ni se tuvo oportunidad de
contradicción al respecto. Adujo que se desconoció la línea jurisprudencial fijada por
el Consejo de Estado en materia de reconocimiento de este tipo de perjuicios.
9. La parte recurrente puntualizó que el ad quem tampoco sustentó la decisión de
imponer esa condena, siendo obligatorio motivar la decisión y explicar cómo esa
medida es correlativa, oportuna, pertinente y adecuada al daño generado 4.
10. La demanda fue admitida a través de auto del 1 de abril de 20225, que ordenó
notificar y correr traslado a la demandada y al Ministerio Público.
Oposición e intervenciones
11. Vencido el término de traslado, la parte no recurrente guardó silencio6.
12. El Ministerio Público sostuvo que se debe declarar infundado el recurso
extraordinario de revisión, porque se demostró el daño al buen nombre de la víctima,
que es un bien o derecho convencional o constitucionalmente protegido. Aseguró
que el daño se materializó con la privación de la libertad y, por eso, la obligación de
ofrecer excusas públicas no implica extralimitación del juez, sino que se trata de un
elemento esencial y adecuado para la reparación del daño.
Período probatorio
13. En proveído del 16 de agosto de 20227, se incorporaron como pruebas (i) la
copia auténtica de la sentencia del 8 de mayo de 2020, proferida por la Sección
Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, en el expediente con Rad. nº.
25000-23-26-000-2011-00682-01(46157), y (ii) la sentencia de tutela del 23 de
febrero de 2021, promovida por la recurrente contra el anterior fallo, con Rad. nº
11001-03-15-000-2020-04597-01, proferida por la Sección Segunda, Subsección B
del Consejo de Estado, que fueron aportados en copia simple por la parte recurrente
con el escrito del recurso extraordinario de revisión.
14. Además, se ofició al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que
remitiera el expediente completo del proceso de reparación directa promovido por
Juan Carlos Ibáñez Martiatu y otro contra la Nación-Rama Judicial, Fiscalía General
de la Nación, Rad. nº. 25000-23-26-000-2011-00682-01(46157).
4 Sustentó lo anterior en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena, Sección
Tercera. Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014. Rad. 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988).
C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
5 SAMAI, Índice 12.
6 SAMAI, Índice 32.
7 SAMAI, Índice 23.
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-06421-00
Actor: Nación-Rama Judicial
Demandada: Juan Carlos Ibáñez Martiatu y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
CONSIDERACIONES
Objeto del recurso extraordinario formulado
15. El problema jurídico que debe ser resuelto en esta oportunidad se contrae a
determinar si la sentencia del 8 de mayo de 2020, proferida por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, debe ser revisada por haber vulnerado
el principio de congruencia, al disponer la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial que emitiera un comunicado de perdón a Juan Carlos
Ibáñez Martiatu sin que tal pedimento fuera solicitado por los demandantes.
La causal de revisión consagrada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA
16. La causal 5ª de revisión determina que la sentencia será anulable cuando sea
portadora de un vicio originado en el mismo acto de adopción, contra el que no
proceda recurso de apelación. Sobre esta causal, la Sala Plena del Consejo de
Estado8 ha manifestado, entre otras cosas que el vicio debe configurarse al
momento mismo de la expedición de la sentencia, de modo que no es procedente
controvertir circunstancias que acaecieron con anterioridad a esta y que debieron
ser alegadas cuando ocurrieron. Con esta exigencia, se requiere, además, que el
vicio dé cuenta de una irregularidad grave, con capacidad de variar la decisión en
caso de no haber estado presente9.
17. El Consejo de Estado, además de las nulidades procesales del artículo 133 del
CGP, ha identificado otras hipótesis fácticas llamadas a configurar un vicio con el
contenido y alcance ya referenciado10, entre ellas: (i) haberse dictado fallo con
sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación al debido proceso, (ii)
haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue vinculada al
proceso, (iii) proferir una sentencia sin motivarla, (iv) dictar un fallo inhibitorio
injustificado, o (v) faltar al principio de congruencia.
Análisis del caso concreto con fundamento en la causal invocada
18. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión, porque la
providencia recurrida no vulneró el principio de congruencia al ordenar a la Nación-
Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que emitiera un
8 Ver, entre otras, las siguientes providencias: de 20 de abril de 2004, expediente con número de radicado
11001-03-15-000-1996-0132-01, de 18 de octubre de 2005, expediente con número de radicado 11001-03-15-
000-2000-00239-00, de 7 de febrero de 2006, expediente con número de radicado 11001-03-15-000-1997-
00150-00, de 9 de marzo de 2010, expediente con número de radicado 1100103150002002-1024-01 y de 31
de mayo de 2011, expediente con número de radicado 1100103150002008-00294-00.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia del
13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119. C.P. Alberto Montaña Plata.
10 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 1 de septiembre de 2020, Exp. 11001-
03-15-000-2020-00266-00(REV). C.P. Lucy Jeannette Bermúdez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia de 7
de febrero de 2017, Exp. 11001-03-15-000-2013-02042-00(REV); Sentencia de 8 de mayo de 2018, Exp. 11001-
03-15-000-1998-00153- 01 (REV).
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-06421-00
Actor: Nación-Rama Judicial
Demandada: Juan Carlos Ibáñez Martiatu y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
comunicado de perdón a Juan Carlos Ibáñez Martiatu por los perjuicios que padeció
con ocasión de la privación injusta de su libertad.
19. A partir de un análisis comparativo entre lo solicitado y lo decidido, tanto en
primera como en segunda instancia11 y la jurisprudencia de la Sección Tercera, se
observa que la decisión censurada no se presenta como una afrenta al principio de
congruencia ni el derecho a la defensa de la autoridad pública recurrente, no
obstante que no fue pedida de forma expresa en la demanda.
20. En el escrito de demanda se advierte que, en efecto, la parte actora no solicitó
medidas de reparación no pecuniarias. Así planteó sus pretensiones:
“1. Que se declare administrativamente y extracontractualmente responsable a
la NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL y a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN de los
perjuicios materiales e inmateriales causados a los señores JUAN CARLOS
IBAÑEZ MARTIATU y GLADYS LILIANA RODRÍGUEZ GÁLVEZ, por la privación
injusta de la libertad de la cual fue víctima el primero de ellos con ocasión de la
medida preventiva de prisión domiciliaria ordenada por el Juzgado 2 Penal del
Circuito de Conocimiento, dentro del proceso penal adelantado bajo el radicado
11001600001720070931101
2. Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la NACIÓN-RAMA
JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL y a la
NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, como reparación del daño
ocasionado, a pagar a los demandantes, los perjuicios del orden material e
inmaterial, actuales y futuros, los cuales se estiman como mínimo en las
siguientes sumas de dinero […]
3. Que la condena respectiva sea actualizada de conformidad con lo previsto en
el artículo 178 del C.C.A., aplicando los ajustes de valor desde la fecha de la
ocurrencia de los hechos hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le
ponga fin al proceso, tomando como base para la liquidación la variación del
índice de precios al consumidor (…)” 12 . (Cursiva y negrillas por fuera del
texto).
21. El 8 de mayo de 2020, el ad quem declaró la responsabilidad de la Nación-
Rama Judicial y la condenó a resarcir los perjuicios morales y materiales por el daño
al buen nombre. Frente a este último adoptó medidas de reparación no pecuniarias.
La sentencia recurrida razonó así (transcripción literal):
“20. La Sala considera que toda privación injusta de la libertad trae consigo una
intensa vulneración al derecho al buen nombre de quien la padeció. En efecto,
el ejercicio del ius puniendi del Estado se sustenta en la confianza legítima de
11 Metodología utilizada por la Corte Constitucional para establecer el eventual desconocimiento del principio de
consonancia. Corte Constitucional. Sentencia T-714 de 2013, M.P. Jorge Pretelt Chaljub.
12 SAMAI, índice 30, archivo 38: “38_RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_992022(.zip)”, Cuaderno 2, folios 9-31.
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-06421-00
Actor: Nación-Rama Judicial
Demandada: Juan Carlos Ibáñez Martiatu y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
toda la población que lo acata porque presume su corrección. De manera que,
la Sala estima que la captura y detención de Juan Carlos Ibáñez Martiatu generó
un daño consistente en el menoscabo en su reputación y la afectación de su
imagen en su entorno social.
(…) 36. En relación con los perjuicios derivados del daño al buen nombre,
la Sala advierte que el daño a derechos constitucionales con frecuencia se
traslapa y confunde con el perjuicio que de él se deriva. En este caso, de acuerdo
con la jurisprudencia constitucional, la Sala encuentra que del daño al buen
nombre se deriva siempre y necesariamente un perjuicio sobre la reputación,
o el concepto que de la persona tenían los demás, un deterioro de la apreciación
que se tenía del sujeto por la conducta que observaba en su desempeño dentro
de la sociedad. Este asunto, ha sido considerado en la jurisprudencia un factor
intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto
por el Estado, como por la sociedad. De ahí la gravedad del perjuicio que debe
repararse con ocasión del daño al buen nombre de Juan Carlos Ibáñez Martiatu.
37. Por tanto, la Sala encuentra que la única manera de reparar el daño es
mediante la rectificación que realice el Director Ejecutivo de
Administración Judicial como representante de la Rama Judicial, a través
de un escrito en el que expresamente se le pida perdón a la víctima por el
daño antijurídico causado. De acuerdo con el principio según el cual este tipo
de reparaciones integrales debe concertarse con la víctima, dicha entidad deberá
coordinar con el aquí demandante si el documento le será entregado en físico a
él o si, además, se publicará en sus plataformas de comunicación y difusión. Esta
medida deberá cumplirse dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente
providencia”13.(Cursiva y negrillas por fuera del texto).
22. De la verificación de lo antes referido, prima facie, se podría considerar que
hubo una falta de congruencia en la sentencia recurrida, pues la protección a bienes
o derechos convencional o constitucionalmente protegidos no se solicitó de forma
expresa. Sin embargo, el principio de congruencia ha sido condicionado por la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que unificó la postura con
respecto al reconocimiento y tasación de los perjuicios inmateriales tipificados como
daños derivados de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados, bajo el entendido de que, “para
garantizar el derecho a la reparación integral de la víctima, se tiene en cuenta que
debe ceder el fundamento procesal del principio de congruencia ante la primacía
del principio sustancial de la restitutio in integrum” (…)”14.
23. En la sentencia de unificación referida, la Corporación estudió el recurso de
apelación en un proceso de reparación directa por la muerte de un menor de edad,
cuando escapó de un internado de reeducación. Después de imputar el daño a las
entidades demandadas por negligencia en el cumplimiento de su deber legal y no
13 SAMAI, índice 30, archivo 38: “38_RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_992022(.zip)”, Cuaderno Principal,
folios 259-275.
14 Sentencia Consejo de Estado del veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014), Sala Plena de la
Sección Tercera, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Rad. 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251).
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-06421-00
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Demandada: Juan Carlos Ibáñez Martiatu y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
adoptar las medidas de seguridad adecuadas para impedir fugas o amotinamientos
del centro reeducativo, se condenó a la entidad por los perjuicios materiales e
inmateriales. Respecto a estos últimos, incluyó los perjuicios causados por la
afectación a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados e
impuso una condena complementaria no pecuniaria –no pedida en la demanda–
para garantizar la reparación integral del daño.
24. El mismo criterio se ventiló en otra sentencia de unificación proferida en la misma
fecha por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que decidió
un asunto relacionado con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas
ocurridas en el marco del conflicto armado. En esa providencia, la Sección Tercera
explicó en qué consistía la reparación del daño a bienes y derechos convencional y
constitucionalmente protegidos y delimitó sus características principales al sostener
que (i) su objetivo es restablecer plenamente a la víctima (reparación integral); (ii)
la reparación del daño es dispositiva; (iii) se reconoce a la víctima directa y su núcleo
familiar más cercano; (iv) la reparación se hace principalmente a través de medidas
de carácter no pecuniario y (v) exige una justificación de pertinencia, adecuación y
oportunidad de las medidas adoptadas15.
25. Bajo la jurisprudencia del Consejo de Estado, la reparación del daño a bienes
constitucional y convencionalmente protegidos, tiene un carácter dispositivo, esto
es, se refiere a medidas de reparación que proceden, incluso, de oficio. Así lo estimó
la Sección Tercera: “ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de
reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan
de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia”16. (Negrillas fuera
de texto). También se reconoció la facultad del juez para “verificar con qué
potestades y facultades cuenta para lograr el resarcimiento pleno del perjuicio y el
restablecimiento de los derechos conculcados”17.
26. Según lo expuesto, el ad quem podía tomar de oficio medidas complementarias
a las solicitadas para el resarcimiento del daño, de conformidad con los lineamientos
de la jurisprudencia, que ha dispuesto una subregla de excepción al principio de
congruencia para garantizar la reparación integral de los perjuicios causados a
bienes o derechos convencional y/o constitucionalmente protegidos.
27. Así las cosas, la orden de medidas de reparación no pecuniarias no constituye
violación al principio de congruencia y, en ese sentido, no son circunstancias
configurativas de la causal de nulidad originada en la sentencia.
28. Frente a los argumentos esgrimidos en la demanda de revisión relacionados con
la supuesta presunción del daño al buen nombre y su ausencia de prueba incluida
15 Consejo de Estado del veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014), Sala Plena de la Sección Tercera,
C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, Rad. 05001-23-25-000-1999-01063-01 (32988).
16 Ibidem.
17 Sentencia Consejo de Estado del veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014), Sección Tercera,
Subsección B, C.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad. 50001-23-31-000-1997-05523-01 (24724).
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-06421-00
Actor: Nación-Rama Judicial
Demandada: Juan Carlos Ibáñez Martiatu y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
la falta de legitimación de la Dirección Ejecutiva por no haber participado en la
concreción del daño, son objeciones que reflejan la inconformidad del recurrente
con la conclusión de la Subsección B de la Sección Tercera. En tal virtud, la Sala
no puede reexaminar la valoración probatoria que hizo la sentencia recurrida para
estimar acreditado el daño al buen nombre y la pertinencia de la medida adoptada,
pues este es un análisis ajeno al recurso extraordinario de revisión, que implicaría
instrumentalizarlo como una tercera instancia.
29. Sin perjuicio de lo anterior, la decisión del ad quem, consistente en ordenar al
Director Ejecutivo de Administración Judicial, como representante para efectos
judiciales de la Rama Judicial (artículo 99.8, Ley 270 de 1996), para que emita un
comunicado pidiendo perdón a Juan Carlos Ibáñez Martiatu por los daños
antijurídicos que padeció en su buen nombre, con ocasión de la privación injusta de
su libertad, no atenta el principio de congruencia, en los términos aquí expuestos.
30. De conformidad con lo expuesto y retomando la manifestación de partida de
análisis del caso concreto, la Sala no encuentra que se hubiere configurado una
nulidad en la sentencia objeto de revisión, razón por la cual, declarará infundado el
recurso interpuesto.
Costas
31. El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de
202118, establece que “[s]i se declara infundado el recurso, se condenará en costas
y perjuicios al recurrente”. Por su parte, el artículo 365 del Código General del
Proceso (aplicable por remisión expresa del art. 188 del CPACA19) prevé que se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, siempre y cuando se
demuestren causadas, y en la medida de su comprobación.
32. Como en este asunto los demandados, Juan Carlos Ibáñez Martiatu y Gladys
Liliana Rodríguez Gálvez, no se hicieron parte en el proceso, a pesar de haber sido
notificados del auto admisorio20, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la
parte impugnante, toda vez que no se causaron expensas ni gastos que deban
liquidarse.
PARTE RESOLUTIVA
33. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintiséis (26) Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
18 Si bien el asunto de la referencia se formuló con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, lo cierto es
que la misma es una norma de aplicación inmediata y a futuro, sin que se configure alguno de los supuestos
contemplados en el artículo 86 de esta ley para aplicar la norma anterior a la reforma.
19 “ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil” (se resalta)
20 SAMAI, Índice 15.
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Expediente: 11001-03-15-000-2021-06421-00
Actor: Nación-Rama Judicial
Demandada: Juan Carlos Ibáñez Martiatu y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Nación-Rama Judicial contra la sentencia del 8 de mayo de 2020,
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro
del expediente nº. 25000-23-26-000-2011-00682-01(46157).
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, ARCHÍVESE la presente actuación.
NOTIFÍQUESE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA MILTON CHAVES GARCÍA
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al
aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda
que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el
sistema Samai.
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