Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-06454-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-06454-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-06454-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
21 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 21 de febrero de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06454-01
Demandante: Ezequiel Hernández Carrillo
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Fallos disciplinarios que
imponen sanción / Requisitos generales de procedencia de acción de tutela contra
providencia judicial/ Subsidiariedad/ Ámbito de aplicación del Código Disciplinario/
Prescripción.
Síntesis del caso: Se enjuician los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia,
mediante los cuales se sancionó a un abogado con suspensión en el ejercicio de la
profesión por el término de 2 años y una multa de 4 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
De acuerdo con la competencia asignada 1, procede la Sala a decidir la
impugnación interpuesta por el demandante, en contra de la Sentencia
proferida el 11 de noviembre de 2021 por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo
respecto de unos cargos, y se negó respecto de otros.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de tutela de primera instancia
e impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 22 de septiembre de 2021, Ezequiel Hernández Carrillo instauró
acción de tutela contra la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Cundinamarca y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por la
presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso con
ocasión de los fallos disciplinarios de 16 de marzo y 12 de mayo de 2021,
proferidos por las autoridades accionadas, respectivamente, en el proceso
con radicado No. 25000-11-02-000-2017-00961-00/01.
2. A título de amparo constitucional, el demandante solicitó (se
trascribe):
1Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y el
Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06454-01
Demandante: Ezequiel Hernández Carrillo
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma. Improcedente - Niega
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“1. Que se REVOQUE EN SU INTEGRIDAD, "los fallos proferidos por la autoridad
accionada, de fechas, 16 de marzo y 22 de mayo de 2.021, respectivamente;
por los cuales las autoridades demandas, me sancionaron en ejercicio de mi
profesión de abogado con el término de Suspensión por dos (2) años; o se le
ordene a la accionada rehacer el proceso, y dictar la sentencia a que haya
lugar, o Lo que esa Judicatura estime o considere en derecho". Y que como
consecuencia de la revocatoria proferida, se le ordene a la autoridad aquí
accionada, realizar o desarrollar la acción adecuada, y que para ello le
otorgue un plazo prudencial perentorio, y que, si la autoridad no expide el
acto administrativo de alcance particular, o lo remita a ese Tribunal en el
término de (48) Horas, esa magistratura, disponga lo necesario para que el
derecho sea libremente ejercido, sin más requisitos, y la inmediata cesación
del agravio, así como la de evitar toda nueva violación o amenaza etc.
2. Que una vez proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad
responsable del agravio, deberá cumplirlo sin demora. Y que si no lo hiciere
dentro de las (48) Horas siguientes, esa colegiatura se dirija al superior del
responsable, y le requerirá para que lo haga cumplir, y abra el
correspondiente proceso disciplinario contra aquel, y que pasadas otras (48)
Horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido
conforme lo ordenado, y adopte directamente las medidas para el cabal
cumplimiento del mismo. Y que, de similar manera que esa magistratura
sancione por Desacato al responsable y al superior hasta que cumpla con su
sentencia.
3. Que como quiera que, el suscrito no dispone de otro medio de defensa
judicial, y la violación de derecho ha sido manifiesta, y consecuencia de una
acción clara e indiscutiblemente arbitraria, esa colegiatura ordene en
abstracto, la indemnización del daño emergente si fuere necesario, para
asegurar el goce efectivo del derecho, así como las costas del proceso.”
3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:
4. 1) El 10 de noviembre de 2016, Astrid Carolina García interpuso queja
disciplinaria contra el abogado Ezequiel Hernández Carrillo, ya que este
último le solicitó $6.000.000 de pesos, con el fin de repartirlos entre algunos
funcionarios, a cambio de otorgarle la libertad o una medida sustitutiva de
su esposo, quien se encontraba privado de la libertad. Además, señaló
que el señor Hernández Carrillo le solicitó que revocara el poder que tenía
otorgado al abogado a cargo del caso en ese momento. Finalmente,
mencionó que el abogado Hernández Carrillo no le devolvió el dinero
pagado, pese a que hubo un incumplimiento del acuerdo.
5. 2) La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cundinamarca,
mediante fallo disciplinario de 16 de marzo de 2021, declaró responsable al
señor Hernández Carrillo de las faltas previstas en los numerales 3 y 4 del
artículo 352 y, el numeral 1 del artículo 36 3 de la Ley 1123 de 2007 y, en
2 “ARTÍCULO 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado: (…) 3. Exigir u obtener dinero o cualquier otro bien
para gastos o expensas irreales o ilícitas. // 4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible
dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este
recibo.”
3 “ARTÍCULO 36. Constituyen faltas a la lealtad y honradez con los colegas: 1. Realizar directamente o por
interpuesta persona, gestiones encaminadas a desplazar o sustituir a un colega en asunto profesional de que
este se haya encargado, u ofrecer o prestar sus servicios a menor precio para impedir que se confiera el
encargo a otro abogado.”
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consecuencia, le impuso una sanción consistente en la suspensión en el
ejercicio de la profesión por 2 años y el pago de una multa de 4 salarios
mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior, en consideración a que
encontró demostrado que Ezequiel Hernández Carrillo cometió las
conductas mencionadas de forma consiente y voluntaria, ya que tenía
conocimiento de que su actuar era contrario al Código Disciplinario del
Abogado, y que con el mismo incurría en faltas a la honradez y lealtad
profesional.
6. 3) El señor Hernández Carrillo apeló la anterior decisión con
fundamento en que fue sancionado como abogado de conformidad con
la Ley 1123 de 2007, y a su juicio, debió estudiarse su asunto con base en la
Ley 734 de 2002, pues para el momento de los hechos tenía la calidad de
Juez Penal Municipal de Funza.
7. 4) La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través de fallo de 12
de mayo de 2021, confirmó la decisión de primer grado. Para ello señaló
que el disciplinado, para la época de los hechos, es decir, el 22 de mayo
de 2016, no actuaba como juez, ya que fue suspendido en virtud de una
sanción que le fue impuesta4, motivo por el que le era aplicable el régimen
disciplinario previsto en la Ley 1123 de 2007. Además, mencionó que los
abogados pueden ser investigados disciplinariamente en el ejercicio
profesional si incumplen un deber y pueden ser sancionados como jueces
si incurren en una falta como servidores públicos.
8. Como fundamento de la vulneración, el accionante consideró que
con la expedición de los fallos disciplinarios: (1) se presentó una falsedad
en los hechos investigados, ya que no se respetó el régimen disciplinario
con el cual el señor Hernández Carrillo consideró que debía ser investigado
y juzgado, es decir, la Ley 734 de 2002; (2) se vulneraron los principios de
tipicidad y legalidad ya que a pesar de que las conductas por las cuales
fue investigado estaban descritas de manera precisa en la ley, lo cierto es
que no se habían fijado criterios para imponer las sanciones; (3) se
desconoció el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, en lo referente a la
prescripción de la acción disciplinaria; (4) se vulneraron los principios de
legalidad, antijuridicidad, debido proceso, inocencia y defensa
contemplados en la Ley 1123 de 2007, ya que su caso se analizó desde la
aplicación de una responsabilidad objetiva, y se dio por culpable al actor
y (5) se violaron los artículos 21, 22, 41, 45-2, 84, 96 y 97 de la Ley 1123 de
2007, pues a su juicio la conducta no debió imputarse a título de culpa, ni
dolo, en consideración a que el abogado devolvió la totalidad del dinero
solicitado, aunado al hecho que no tenía antecedentes disciplinarios.
1.2. Fallo de primera instancia e impugnación
4 La cual se cumplió entre el 5 de abril de 2016 y el 4 de febrero de 2017.
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9. Mediante Sentencia de 11 de noviembre de 2021, la Sección Quinta
del Consejo de Estado declaró improcedente y negó la solicitud de
amparo. Para ello indicó, respecto de las inconformidades encaminadas a
analizar, que: (1) la aparente aplicación de una responsabilidad objetiva,
(2) la falta de criterios para imponer sanciones y (3) la imputación a título
de dolo de las conductas investigadas, no se superó el requisito de
subsidiariedad, toda vez que esos aspectos no fueron alegados dentro del
mecanismo ordinario, en las oportunidades procesales pertinentes, motivo
por el que sobre esos aspectos no procedía la acción de tutela.
10. Respecto de los reparos sobre (4) el régimen jurídico aplicado y (5) la
falta de aplicación de la prescripción de la acción disciplinaria, consideró
que superaban los requisitos generales y podían ser analizados de fondo.
Sin embargo, no se advirtió la configuración de los mismos, por lo cual
negó la solicitud de amparo.
11. El demandante presentó escrito de impugnación en el que indicó
que no estaba de acuerdo con la decisión de primera instancia porque (1)
no se tuvo en cuenta la legislación especial con la cual se debe investigar
y sancionar a los funcionarios judiciales, (2) no se le aplicó el “principio de
la duda” en consideración a que los testimonios decretados y practicados
dentro del proceso ordinario fueron contradictorios entre si, (3) no se tuvo
en cuenta que para la fecha de la decisión de segunda instancia, la
acción disciplinaria ya había prescrito y (4) la decisión adoptada en el
presente trámite de tutela vulneró nuevamente su derecho al debido
proceso.
12. Adicionalmente, allegó otro escrito, en el que además de insistir en
las inconformidades antes expuestas, solicitó que (se trascribe): “en un
evento, de que llegare a salir o encontrarme responsable en lo más
mínimo, de estos hechos investigados, se me redujera o se me disminuyera
la sanción de acuerdo a la jurisprudencia (…)”.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Identificación del
defecto objeto de estudio 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial. 2.4. Fijación de la controversia. 2.5. Verificación de defectos y/o afectación de
derechos fundamentales 2.6. Conclusión.
2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio
13. Al igual que lo consideró el juez constitucional de primera instancia,
la Sala se centrará en analizar los defectos invocados respecto del fallo de
segunda instancia proferido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
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el 12 de mayo de 2021, puesto que, pese a que también se enjuició la
decisión proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Cundinamarca el 16 de marzo de 2021, lo cierto es que esta última nunca
estuvo ejecutoriada al haberse presentado en tiempo el recurso de
apelación. Por esta razón, la Sala se sustrae de su estudio.
2.2. Identificación del defecto objeto de estudio
14. La Sala detendrá su estudió en el defecto sustantivo comoquiera que
lo alegado por el accionante tiene que ver con la inconformidad respecto
del régimen normativo aplicable a su caso concreto (Ley 734 de 2002 o Ley
1123 de 2007) y la omisión en la aplicación de la prescripción, consagrada
en el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007. En ese orden, al no encontrarse de
acuerdo con el régimen disciplinario aplicado, la Sala considera
procedente encuadrar los reparos alegados dentro de un defecto
sustantivo.
15. Adicionalmente, se advierte que no hay lugar a encuadrar en ningún
defecto, los reparos sobre: (1) la resolución de su asunto a través de un
régimen objetivo de responsabilidad, (2) la falta de criterios para adoptar
la sanción impuesta y (3) la imputación a título de dolo de las conductas
investigadas, toda vez que, como lo indicó en su momento el juez de tutela
de primer grado y se verá más adelante, esos reparos no superaron el
requisito general de subsidiariedad.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
16. La Sala advierte que confirmará la declaratoria de improcedencia
de la acción de tutela ante la no superación del requisito de subsidiaridad
de los reparos sobre (1) la resolución de su asunto a través de un régimen
objetivo de responsabilidad, (2) la falta de criterios para adoptar la sanción
impuesta y (3) la imputación a título de dolo de las conductas
investigadas.
17. Lo anterior ya que, como lo evidenció en su momento la Sección
Quinta del Consejo de Estado, ese aspecto no fue alegado dentro del
trámite de la acción disciplinaria, específicamente en el recurso de
apelación contra la decisión de primera instancia.
18. En ese orden de ideas, para la Sala en el presente caso, no se
configuró el mencionado requisito (subsidiariedad) porque, pese a que
Ezequiel Hernández Carrillo interpuso apelación contra la decisión que le
fue desfavorable, en el referido recurso no alegó los citados aspectos, que
ahora expone, a través de la acción de tutela.
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19. De igual manera, es importante mencionar que, si bien el
accionante alegó una indebida valoración probatoria ante unas posibles
inconsistencias y contradicciones en algunos testimonios decretados y
practicados dentro del proceso disciplinario y una reducción de la sanción
que le fue impuesta, lo cierto es que esos aspectos tampoco fueron
alegados dentro de los argumentos de apelación, pero, además, no
fueron expuestos como argumentos de la acción de tutela, sino del escrito
de impugnación, motivo por el que mal haría la Sala en pronunciarse sobre
unos argumentos que no fueron expuestos y analizados dentro de la
acción disciplinaria y ahora, por el juez de primera instancia, en la acción
de tutela.
20. En otras palabras, no puede perderse de vista que la acción de
tutela no esta prevista para subsanar las falencias procesales de acción y
contradicción de las partes, pues ello desnaturalizaría este mecanismo
constitucional.
21. En lo relacionado con (4) el régimen aplicable y (5) la aplicación de
la prescripción de la acción disciplinaria, la Sala tendrá por superados los
requisitos generales de procedencia en atención a que, no existe
recurso idóneo y eficaz que permitiera al demandante alegar los reparos
planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho presuntamente
vulnerado. Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la
providencia cuestionada (20/5/2021) y la de interposición de la presente
acción de tutela (22/9/20215). No se enjuició un fallo de tutela, pues la
controversia se relacionó con el fallo de segunda instancia proferido en el
marco de un proceso disciplinario. Se identificaron de manera clara,
detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de
ellos.
22. Por último, se advierte que la controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la presunta afectación de los derechos
fundamentales del demandante, en el marco de un asunto disciplinario,
respecto del cual se alegó un defecto sustantivo. Asimismo, no se advierte
que los argumentos planteados sean una reiteración de aquellos
presentados en el proceso ordinario.
2.4. Fijación de la controversia
23. Corresponde determinar si la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial vulneró el derecho fundamental al debido proceso del
demandante por la presunta configuración de un defecto sustantivo
frente: (1) al análisis de su asunto bajo el régimen de la Ley 1123 de 2007 y
no de la Ley 734 de 2002, y (2) a la falta de aplicación de la prescripción,
5 Según acta Individual de reparto.
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en los términos del artículo 24 de la Ley 1123 de 2007. Como consecuencia
de lo anterior, se procederá a confirmar, modificar o revocar la Sentencia
de tutela de 11 de noviembre de 2021, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado.
2.5. Verificación de defectos y/o afectación de derechos fundamentales
24. La Sala confirmará la decisión impugnada, mediante la cual se negó
la solicitud de amparo, en lo referente al aparente defecto sustantivo, por
las razones que pasan a explicarse:
25. (1) La parte accionante consideró que, en la sentencia cuestionada,
se incurrió en un defecto sustantivo pues su caso se analizó de
conformidad con el régimen disciplinario contemplado en la Ley 1123 de
2007 y, a su juicio, lo correcto era estudiar su caso bajo lo reglado en la Ley
734 de 2002, en consideración a que era un funcionario público.
26. Frente a ese aspecto, la Sala comparte el análisis efectuado por el
juez constitucional de primera instancia, en lo referente al ámbito de
aplicación del Código Disciplinario del Abogado.
27. En ese orden, se aclara que, de acuerdo con lo reglado en el
artículo 196 de la Ley 1123 de 2007, los destinatarios de ese código son
abogados que, en cumplimiento de la profesión, asesoraron, patrocinaron
y asistieron a personas naturales o jurídicas de derecho público o derecho
privado en sus relaciones jurídicas.
28. Por su parte, la Ley 734 de 2002 estableció en los artículos 24 7 y 258
que esa ley se aplicaría a los servidores públicos, aunque se encontraran
retirados del servicio, a los particulares que cumplieran labores de
interventoría o supervisión en los contratos estatales, a quienes ejercieran
funciones públicas, de manera permanente o transitoria, y a quienes
administraran recursos públicos u oficiales, e incurrieran en falta
disciplinaria dentro o fuera del territorio nacional.
6 “Artículo 19. Destinatarios. Son destinatarios de este código los abogados en ejercicio de su profesión que
cumplan con la misión de asesorar, patrocinar y asistir a las personas naturales o jurídicas, tanto de derecho
privado como de derecho público, en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas así se
encuentren excluidos o suspendidos del ejercicio de la profesión y quienes actúen con licencia provisional.// Se
entienden cobijados bajo este régimen los abogados que desempeñen funciones públicas relacionadas con
dicho ejercicio, así como los curadores ad litem. Igualmente, lo serán los abogados que en representación de
una firma o asociación de abogados suscriban contratos de prestación de servicios profesionales a cualquier
título.”
7 “Artículo 24. Ámbito de aplicación de la ley disciplinaria. La ley disciplinaria se aplicará a sus destinatarios
cuando incurran en falta disciplinaria dentro o fuera del territorio nacional.”
8 “Artículo 25. Destinatarios de la ley disciplinaria. Son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos,
aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del Libro Tercero de
este código. // Los indígenas que administren recursos del Estado serán disciplinados conforme a este Código. //
Para los efectos de esta ley y en concordancia con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, son servidores públicos
disciplinables, los gerentes de cooperativas, fundaciones, corporaciones y asociaciones que se creen y
organicen por el Estado o con su participación mayoritaria.”
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29. Con base en las normas expuestas y las pruebas recaudadas dentro
del proceso, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial evidenció que
para la época de los hechos objeto de investigación disciplinaria (22 de
mayo de 2016) el señor Hernández Carrillo se encontraba suspendido del
ejercicio de funciones como Juez Penal Municipal de Funza 9. Además,
mencionó que un abogado suspendido no puede ser funcionario público
pues para el efecto, requiere estar en ejercicio de su cargo.
30. En ese orden, consideró que Ezequiel Hernández Carrillo, dentro de
los hechos que dieron lugar a la queja disciplinaria, no ejerció como
funcionario público, sino como abogado, motivo por el que su asunto
debió estudiarse bajo las disposiciones de la Ley 1123 de 2007.
31. La Sección Quinta del Consejo de Estado, al analizar el presente
reparo, consideró que las conductas en que incurrió el señor Hernández
Carrillo debían ser investigadas y sancionadas de conformidad con la Ley
1123 de 2007, pues fueron cometidas mientras se encontraba suspendido
del ejercicio del cargo de juez, en virtud a una sanción disciplinaria, motivo
por el que esas conductas se desarrollaron bajo la calidad de abogado.
32. Para la Sala, los razonamientos expuestos en la decisión proferida en
el marco del proceso disciplinario, así como el fallo de tutela de primera
instancia, no son caprichosos, arbitrarios o irracionales, pues obedecieron a
la realidad fáctica y normativa aplicables al caso en particular.
33. En consecuencia, no se configuró el defecto sustantivo sobre el
aspecto estudiado, pues se observó que las intervenciones adelantadas
por el señor Hernández Carrillo, dentro del asunto del esposo de la señora
García Buitrago, no se ejecutaron en su calidad de funcionario, sino como
abogado. En ese orden, era viable que su caso se estudiara desde lo
dispuesto en la Ley 1123 de 2007, como en efecto sucedió.
34. (2) Ezequiel Hernández Carrillo, además, consideró que, de
conformidad con el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, se debió declarar la
prescripción de la acción disciplinaria.
35. Frente a este tema debe indicarse que esta Corporación 10 se ha
referido en diferentes ocasiones a la aplicación de esa figura (prescripción)
respecto de la acción disciplinaria, en procesos estudiados con diferentes
fundamentos legales11 y, en todos los casos se ha concluido que la referida
9 Fue suspendido del cargo de Juez Penal Municipal de Funza desde el 5 de abril de 2016 hasta el 4 de febrero
de 2017, con ocasión de una sanción disciplinaria.
10 Revisar entre otras, las siguientes decisiones: Sentencia de 1 de agosto de 2019 proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado dentro del expediente 11001-03-15-000-2019-01210-01; Sentencia de 8 de octubre de 2020
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del expediente 66001-23-33-
000-2014-00232-01; Sentencia de 20 de noviembre de 2020 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado dentro del expediente 11001-03-15-000-2020-03637-01; Sentencia de 25 de febrero de 2021
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del expediente 11001-03-15-000-2020-00756-00.
11 Incluidas aquellas iniciadas en virtud de la Ley 1123 de 2007.
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figura opera desde la ocurrencia de los hechos (si son de ejecución
instantánea) hasta la notificación de la imposición de la sanción o fallo de
primera o única instancia, sin tener en cuenta la resolución de los recursos
que contra este se presenten.
36. En consecuencia, la Sala comparte los argumentos expuestos por el
juez constitucional de primera instancia, para negar la solicitud de amparo,
toda vez que, para la fecha de notificación del fallo de primera instancia
(17/3/2021), la autoridad judicial aún se encontraba dentro del término
estipulado en la norma pues, desde la fecha en la que se realizó la entrega
del dinero al señor Hernández Carrillo (22/5/2016) no habían trascurrido 5
años para que operara la prescripción.
37. En todo caso, es importante mencionar que los 5 años para que
operara la prescripción, no se superaron ni siquiera, con la expedición del
fallo de segunda instancia, a través del cual se resolvió el recurso de
apelación interpuesto por el actor.
38. Por último, la Sala estima que, ante la improcedencia y la negativa a
acceder a la presente solicitud de amparo, no hay lugar a estudiar la
tercera pretensión de la acción de tutela del actor, consistente en el
reconocimiento y pago de una indemnización a título de daño emergente.
2.6. Conclusiones
39. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia impugnada toda
vez que, de un lado, no se superó el requisito de subsidiaridad, respecto de
algunos reparos y de otro lado, no se evidenció la configuración de un
defecto sustantivo, y con ello la vulneración del derecho al debido
proceso, por parte de la autoridad judicial accionada.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 11 de noviembre de 2021,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró
improcedente y negó la acción de tutela presentada por Ezequiel
Hernández Carrillo, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 12.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
12 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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