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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-06469-00

Fecha
2 de diciembre de 2021
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-06469-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela frente de la Defensoría del Pueblo, por las razones expuestas en la parte considerativa. 2. Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Silvino Cañón contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, por las razones expuestas en la parte considerativa. 3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2021-06469-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

2 de diciembre de 2021

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06469-00
Demandante: Silvino Cañón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-06469-00
Demandante: SILVINO CAÑÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN PRIMERA Y OTRO

Temas: Mora judicial en proceso ejecutivo

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Silvino Cañón contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, y la Defensoría
del Pueblo, Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, de conformidad
con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Silvino Cañón, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra las citadas
autoridades, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la dignidad,
salud, seguridad social, mínimo vital y móvil y petición. En consecuencia, formuló
las siguientes pretensiones:

“Ordenar TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - ORAL SECCIÓN PRIMERA Magistrado LUIS
MANUEL LASSO LOZANO – a. no vulnerar más DERECHO DE ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO SIN DILACIONES
INJUSTIFICADAS, y resuelva lo. Que en derecho corresponda a los recursos que interpuso
la alcaldía de Villeta.

2. Ordenar TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - ORAL SECCIÓN PRIMERA Magistrado LUIS
MANUEL LASSO LOZANO – a. no vulnerar más DERECHO DE ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO SIN DILACIONES
INJUSTIFICADAS, y ordenar la devolución del expediente lo más pronto posible al juez 30
administrativo para que aclare el grupo según motivo por el cual no pagan la indemnización.

3. Ampara la protección de mis derechos constitucionales mínimo vital, a la seguridad social,
a la salud, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la dignidad humana,
Ordenar DEFENSORÍA DEL PUEBLO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS Y
ACCIONES JUDICIALES, específicamente si mi carpeta de pago cumple las condiciones para
el pago de la indemnización.

4. Ampara la protección de mis derechos constitucionales mínimo vital, a la seguridad social,
a la salud, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la dignidad humana,
Ordenar DEFENSORÍA DEL PUEBLO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS Y
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-06469-00
Demandante: Silvino Cañón

ACCIONES JUDICIALES pagarle a favor mío por concepto de la indemnización a la que fue
condenado el municipio de Villeta, según lo solicitado y la sentencia la suma igual de
Dieciocho millones treinta y dos mil trecientos treinta y nueve pesos ($ 18.032.339 ), menos
el porcentaje del honorarios del abogado coordinador que es igual al quince por ciento (15%);
y no burlan más de mis derechos al no asignar turnos de sentencia en más de 24, utilizando
esta acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”1.y en
consecuencia se ampare esos derechos:

5. Ampara la protección de mis derechos constitucionales mínimo vital, a la seguridad social,
a la salud, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la dignidad humana,
Ordenar DEFENSORÍA DEL PUEBLO - DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS Y
ACCIONES JUDICIALES Se ordene en el término no mayor a 10 días se ordene el pago de
la sentencia o indexación de acuerdo a la liquidación del juzgado 030 administrativo suma
igual a los Dieciocho millones treinta y dos mil trecientos treinta y nueve pesos ($ 18.032.339 ),
menos el porcentaje del honorarios del abogado coordinador que es igual al quince por ciento
(15%).

1. En caso de observarse causales disciplinarias por parte del pagador de DEFENSORÍA DEL
PUEBLO o funcionarios responsables compulsar copias a la oficina de control disciplinario
para que procesa (sic) de conformidad.

2. Subsidiaria en caso que no se imparta este amparo solicito el juzgado realice las mejores
órdenes para amparo de mis derechos.

3. Subsidiaria: ADVERTIR con carácter disciplinario al accionado que se abstenga de dilatar
el reconocimiento del pago de la sentencia reconocida judicialmente, con base en el término
dispuesto en el artículo 307 del Código General del Proceso, toda vez que las órdenes
emitidas por los jueces 30 administrativo de Bogotá ya que lleva con el dinero de pago de la
sentencia más de 24 meses.

4. Condenar en costas.”

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La señora Carmen Rosa Arévalo y otros promovieron acción de grupo en contra de
la Gobernación de Cundinamarca y el municipio de Villeta, con el fin de que se les
declarara administrativamente responsables por los perjuicios sufridos a los dueños
del barrio El Mirador del municipio de Villeta, pues los predios no eran urbanizables
y presentaron varias fallas geológicas.

El proceso fue asignado al Juzgado 30 Administrativo de Bogotá, con radicado nro.
11001 33 31 030 2010 00577 00, que profirió sentencia de primera instancia el 7 de
junio de 2013, en la que declaró no probadas las excepciones propuestas por las
entidades demandadas y responsable al municipio de Villeta en un veinticinco o
cincuenta por ciento (25 o 50 %), según el caso, de los daños y perjuicios sufridos
por los miembros del barrio El Mirador, por omisión en las funciones de vigilancia y
control que debió ejercer sobre el proceso de urbanización, de acuerdo con lo
expuesto.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección primera, Subsección A,
profirió sentencia de segunda instancia el 12 de julio de 2018, en la que modificó el
fallo apelado y declaró la concurrencia de culpas entre el municipio de Villeta y los
miembros del grupo actor, razón por la cual, condenó al ente territorial referido al
pago de una indemnización colectiva total equivalente a $6.069.685.195,71,

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Demandante: Silvino Cañón

pagaderos a los integrantes que se hayan constituido como parte en el proceso y a
los demás que lo hicieren después.

Mediante auto de 29 de octubre de 2019, la autoridad judicial reconoció al señor
Silvio Cañón como beneficiario de la acción de grupo 2010-00577 y determinó que
le correspondía una indemnización equivalente a $18.032.338,67.

El apoderado del grupo actor solicitó al Juzgado 30 Administrativo de Bogotá iniciar
el correspondiente proceso ejecutivo a continuación. El 10 de junio de 2020, el
Juzgado referido profirió mandamiento de pago por el valor de la condena global.

El Municipio de Villeta presentó recurso de reposición en contra del mandamiento
de pago y propuso excepciones de fondo, con el argumento de no existir aún
obligación clara, expresa y exigible, así como no proceder el cobro de intereses.
Recurso que se resolvió de manera desfavorable y se negaron las pruebas
solicitadas por el municipio, en audiencia celebrada el 20 de octubre de 2020.

El municipio de Villeta presentó recurso de apelación contra el auto que negó
pruebas y a la fecha de interposición de la acción de tutela, el expediente no había
retornado al Juzgado ni se había notificado decisión al respecto.

3. Argumentos de la acción de tutela

El actor aseguró que el magistrado sustanciador del proceso ejecutivo vulneró sus
derechos fundamentales, porque desde hace más de un año se encuentra
decidiendo un recurso el cual, no permite al Juez Treinta Administrativo de Bogotá,
proferir un auto aclarando el grupo y ordenando el pago parcial de la sentencia.

Por otra parte, indicó que la Defensoría del Pueblo no ha proferido el acto
administrativo de pago, no se ha pronunciado sobre la documentación que entregó
para ese mismo fin, ni se le ha informado turno alguno.

Que se están desconociendo que el 80 % de los propietarios de los predios que
integran el barrio son adultos mayores. Que en el caso particular del actor tiene 79
años, su situación económica es difícil, por lo que, se encuentra en estado de
debilidad manifiesta y debe gozar de protección reforzada por parte del Estado.

Afirmó que con la declaratoria del estado de emergencia por el Covid-19, condujo a
que no pudiera laborar y su situación se agravó, por ello, requiere con urgencia que
se le efectúe el pago de la indemnización que le fue reconocida por valor de
$18.032.339.

4. Trámite Previo

En auto del 29 de septiembre de 2021, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela de la referencia, ordenó notificar a las partes y al Juzgado Treinta
Administrativo de Bogotá, a la Gobernación de Cundinamarca, al Municipio de
Villeta y a la señora Carmen Rosa Arévalo Leiva, como terceros interesados en el
resultado del proceso, y publicar en la página web del Consejo de Estado el
proveído para el conocimiento de los terceros interesados y negó la medida
provisional solicitada.

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Demandante: Silvino Cañón

5. Oposición

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
pidió que se desestimaran las pretensiones de la acción de tutela, porque no ha
vulnerado ningún derecho fundamental del actor. Señaló que las decisiones que se
cuestionan ya fueron resueltas y, por ello, debe declararse la carencia actual de
objeto por hecho superado.

Relató que, dentro de la acción de grupo, en la cual se reconoció como víctima al
actor, se está tramitando el proceso ejecutivo, para el cumplimiento de la sentencia
y se realizaron las siguientes actuaciones:

• El 15 de marzo de 2021, el expediente ingresó al despacho para resolver el
recurso de apelación interpuesto por la Alcaldía Municipal de Villeta contra el
auto proferido en la audiencia realizada el 20 de octubre de 2020, por el
Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Bogotá, que negó el decreto
de unas pruebas solicitadas.

• En auto de 24 de mayo de 2021, se resolvió el recurso antes referido en el
sentido de confirmar la decisión adoptada por el juez de primera instancia.

• El 18 de junio de 2021, la Alcaldía Municipal de Villeta solicitó aclaración de
la providencia de 24 de mayo de 2021, petición que fue resuelta mediante
auto de 6 de octubre de 2021.

Señaló que, conforme con lo anterior, el recurso de apelación interpuesto por la
Alcaldía Municipal de Villeta se resolvió antes de la presentación de la tutela. Que,
con el auto de 24 de mayo de 2021, mediante el cual se resolvió el recurso de
apelación contra el auto de 20 de octubre de 2020 y el auto de 6 de octubre de 2021,
con el cual se resuelve la solicitud de aclaración y adición respecto del auto de 24
de mayo de 2021, se da por cesada la vulneración de los derechos incoados y se
configura la carencia actual del objeto por hecho superado.

La Defensoría del Pueblo indicó que las pretensiones de la acción de tutela no
están llamadas a prosperar, porque la Dirección de Acciones y Recursos Judiciales,
a través del Fondo para de la Defensa de los derechos e intereses colectivos, a la
fecha, ha resuelto de fondo las solicitudes realizadas sobre el tema objeto de
examen.

Que, en el año 2019, el abogado coordinador de la acción de grupo presentó
derecho de petición ante esa entidad, al cual le dio respuesta y procedió a remitir
los respectivos oficios al despacho judicial, solicitando la documentación
mencionada en precedencia, y le indicó al municipio de Villeta el número de cuenta
de la entidad para consignar los dineros (Oficios nro. 3030-1736
/4188/4193/4189/5222 de 2019).

Relató que el 3 de diciembre de 2020, el despacho judicial aportó las copias de las
sentencias y de los autos de conformación del grupo.
Afirmó que el municipio de Villeta solo ha consignado un 33.58 % del 100 % de la
condena, equivalente a $2.038.000.002, que corresponde a la suma con la cual

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cuenta el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos en la
actualidad.

Que, debido al requerimiento realizado por la Defensoría del Pueblo, el municipio
de Villeta remitió copia de la solicitud que presentó el Alcalde ante el Procurador
General de la Nación para inicio al incidente de impacto fiscal.

Aseguró que posteriormente, en el mes de marzo de 2020, la Defensoría del Pueblo
requirió nuevamente al municipio para que diera cumplimiento al pago total de la
condena colectiva, respecto a lo cual el ente territorial solicitó que se diera inicio al
pago de las indemnizaciones, es decir, a pagos parciales y que en el mes de
diciembre se ofició nuevamente al municipio.

Respecto al abogado coordinador, indicó que, desde hace varios meses ha radicado
documentos de los beneficiarios para pago de las indemnizaciones y ha presentado
peticiones que han sido resueltas, explicándole el trámite de pago, las respuestas
proferidas por el municipio, indicándole que el Fondo solo cuenta con una tercera
parte de la condena colectiva y cuál es la situación actual.

Aseguró que el papel de la Defensoría del Pueblo dentro del proceso es neutral
como simple administrador, lo cual se ve reforzado con lo dispuesto en el artículo
189 del CPACA, que indica que las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias, toda
vez que dichas órdenes emitidas por un Juez y su cumplimiento no dependen del
ánimo o de la voluntad de los demandados para su cumplimiento, lo cual significa
que la parte actora del proceso tiene a su alcance la posibilidad de acudir ante el
juez y solicitarle la ejecución de la condena.

Aclaró que en atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, el
Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 491 de 2020, mediante el cual se
adoptaron medidas de urgencia para garantizar la atención y prestación de los
servicios de las entidades públicas en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica, entre las cuales se dispuso la suspensión de los
términos legales en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales.

Que, por lo anterior, la Defensoría del Pueblo, mediante las Resoluciones 421 y 517
de 2020, ordenó la suspensión de términos en procesos disciplinarios y las
actuaciones administrativas de la entidad. Posteriormente, en Resolución nro. 1460
del 25 de noviembre de 2020, se levantó la suspensión de términos en las
actuaciones administrativas a cargo de la Dirección Nacional de Recursos y
Acciones Judiciales.

Por otra parte, precisó que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
satisfacer las pretensiones del actor, pues no demostró la vulneración de ningún
derecho fundamental y por lo que su finalidad es netamente económica.

6. Terceros interesados

El Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá indicó que el 11 de junio de 2013,
profirió sentencia de primera instancia dentro de la acción de grupo radicada con
nro. 2010-00577-00, la cual fue modificada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en sentencia del 12 de julio de 2018. Que posteriormente en autos

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del 2 de agosto, 30 de septiembre y 29 de octubre de 2019, se definieron los grupos
de personas a indemnizar, providencias respecto de las cuales el apoderado del
grupo actor interpuso varios recursos de reposición y solicitudes de aclarac ión, las
cuáles fueron resueltas en tiempo, estando a la fecha debidamente ejecutoriadas.

Que el 3 de diciembre de 2019, notificó a la Defensoría del Pueblo, con el fin de que
procediera a la inscripción de la sentencia en el Registro Público Centralizado de
Acciones Populares y de Grupo, remitiendo toda la documental pertinente, sin que
a la fecha haya recibido requerimiento alguno por esa entidad.

Afirmó que ha realizado las actuaciones respectivas tendientes al pago a los
accionantes, estando en trámite el proceso ejecutivo, radicado
110013333503020190028900, dentro del cual se celebró audiencia inicial el 20 de
octubre de 2020, donde el apoderado del municipio de Villeta apeló el auto que negó
el decreto de pruebas, el cual fue concedido en el efecto suspensivo.

Que el proceso está en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Primera, que, mediante auto del 24 de mayo de 2021, confirmó el auto recurrido,
pero, por correo electrónico del 11 de junio de 2021, el Tribunal le pidió que enviará
el expediente en razón a que el apoderado del municipio de Villeta solicitó adición
de la providencia. Que, en consecuencia, a la fecha no ha recibido ni se le ha
notificado decisión alguna.

El Departamento de Cundinamarca solicitó que se le desvinculara del trámite de
la acción de tutela, porque carece de legitimación en la causa por pasiva, teniendo
en cuenta que tutela se promovió en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Defensoría del Pueblo. Resaltó que la Rama Judicial tiene
independencia orgánica y funcional, autonomía que no puede coartar el poder
ejecutivo.

La Alcaldía Municipal de Villeta se opuso a las pretensiones de la acción de tutela,
pues considera que ninguna de las autoridades accionadas ha vulnerado los
derechos fundamentales del actor.

Aseguró que la tardanza en el pago de la indemnización ha sido responsabilidad del
Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá, porque libró mandamiento de pago sobre
la totalidad de la condena, pero no ha definido los siguientes aspectos:

“1. El número total de predios a indemnizar (en los cuadros anexos a los autos de
reconocimiento se repiten hasta 3 veces los predios)
2. El valor concreto que debe pagarse a cada predio (beneficiario).
3. El beneficiario o beneficiarios de ese valor respecto de cada predio (definir si la
indemnización la recibe el antiguo propietario en los casos de enajenaciones o el actual,
definir el valor concreto de la indemnización en casos de copropiedad, definir si debe
pagarse indemnización a las personas que solicita el abogado del grupo de
beneficiarios– unos predios no reconocidos en autos y otros predios de propiedad del
municipio-).
4. El valor real de la totalidad de la condena.”

Que una vez definidas estas situaciones con fundamento en el arsenal probatorio
que obra en el proceso, debió informar de ello al Fondo para la Defensa de los
Derechos e Intereses Colectivos (pues se itera, esta entidad sólo procederá a pago
de los valores que concretamente le determine la autoridad judicial), y en caso de
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que el municipio no hubiese efectuado el pago de ese valor concreto, ahí sí librar
mandamiento de pago.

Indicó que al librar mandamiento de pago sin obligación clara, expresa y exigible,
pretermitió la definición del valor real y concreto de la condena, vulneró los derechos
fundamentales del actor, pues por razones apenas lógicas, el municipio se ha
defendido así; presentó recurso de reposición en contra del mandamiento de pago,
excepciones de fondo, recurso de apelación en contra del auto que negó las
pruebas, solicitud de adición en contra del auto que resolvió este recurso de
apelación, interpondrá los recursos procedentes en contra del auto que ordene
seguir adelante la ejecución, y del auto que aclara y defina el valor concreto de la
indemnización, todo lo cual genera una grave demora en el pago de las
indemnizaciones al grupo de beneficiarios.

Los señores Gonzalo Enrique Patiño, Alfonso Céspedes Rodríguez, Bertina
Balaguera, Carlos Ángel Manrique, Carlos Arley Espitia Herrera, Emilse
Sánchez, Fabio García, Francisco Cobalea, Gabriela Fuentes de Parra, Gloria
Beltrán Ramírez, Irene Triana, Isaac de Jesús Figueroa, José Luis Yate, José
Vicente Cortés, Julia Nelly Mora, Ligia Rodríguez de Rodríguez, Luz Mery
Pineda, Marco Antonio Monastoque Porras, María Alba Lucía Céspedes, María
Ana Teresa Carranza de Arévalo, María Ligia Amórtegui Amórtegui, María
Osorio, María Teresa Céspedes de Suárez, Martha Cecilia Rodríguez Serna,
Nelcy Linares Orjuela, Pedro Hernando Castillo Ortega, Pedro Julio Jiménez,
Quintiliano Pineda Espitia, Rosalba Romero Bohórquez, Yanneth López, Yisel
Flórez, Arístides Gaitán Martínez, Ana Gloria Delgado, en su calidad de
beneficiarios de la acción de grupo referida, presentaron memoriales de
coadyuvancia a la acción de tutela de la referencia, con los siguientes argumentos:

Indicaron que la mayoría de las personas que son propietarias de los predios
ubicados en el barrio El Mirador del municipio de Villeta, que resultaron beneficiarios
de la sentencia del 12 de julio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dentro de la acción de grupo radicada con nro. 2010-00577, son
personas de la tercera edad y, por ende, sujetos de especial protección
constitucional.

Citaron varias sentencias de la Corte Constitucional 1 en las cuales se han dado
ordenes tendientes a garantizar el derecho fundamental al mínimo vital de las
personas de la tercera edad.

Además, solicitaron que se ordene a la Defensoría del Pueblo dar celeridad al
proceso y entregar el dinero de la indemnización, teniendo en cuenta que la Alcaldía
de Villeta ha hecho varios abonos tendientes a pagar la condena. Que en el barrio
hay muchas personas con enfermedades graves (algunos han fallecido esperando
ver el resultado del proceso) y otros con múltiples necesidades económicas pero
este proceso se ha demorado muchos años, por eso piden la intervención para que
el Juzgado y la Defensoría hagan la entrega del dinero.

1
Sentencias T-426 de 1992, T-833 de 2010, T-025 de 2016, T-010 de 2017, T-036 de 2017, T-601 de 2017 y
T-716 de 2017.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumple los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela. En caso afirmativo, deberá entrar
a analizar sí: (i) la Defensoría del Pueblo ha vulnerado los derechos fundamentales
deprecados por el actor, por no adelantar las actuaciones pertinentes a fin de que
se efectúe el pago total de la condena impuesta en contra del municipio de Villeta,
Cundinamarca; (ii) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, incurrió en mora judicial dentro del proceso ejecutivo radicado con
nro. 110013333503020190028900.

2. Caso concreto

Requisito general de subsidiariedad respecto de las pretensiones contra la
Defensoría del Pueblo

Dentro de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela se
encuentra el de subsidiariedad, consistente en “(…) (ii) Que se hayan agotado todos
los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; (…)”.

Dicho requisito consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de
los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la
Constitución y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

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No en vano los artículos 86 2 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 3 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han
agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto
para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.

En el caso concreto, el tutelante y los coadyuvantes solicitan que se ordene a la
Defensoría del Pueblo que proceda, de manera inmediata, con el pago de la
indemnización ordenada en el fallo del 12 de julio de 2018, proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el cual resultó condenado el municipio de
Villeta.

Según la Defensoría del Pueblo no ha podido iniciar con los pagos de la
indemnización, porque el municipio no ha girado la totalidad de los recursos para
efectuar los pagos.

Sin embargo, la Sala advierte que, en el presente caso, los argumentos que el actor
invoca como fundamento de la acción de tutela de la referencia no pueden ser
estudiados de fondo, porque no cumplen con el requisito general de subsidiariedad,
como pasa a explicarse.

El legislador ha previsto que el mecanismo idóneo para obtener el cumplimiento de
una sentencia judicial, en la cual se ha dispuesto una orden de dar, como en el caso
que se analiza, es el proceso ejecutivo.

En el caso concreto, el abogado líder de la acción de grupo promovió el proceso
ejecutivo contra el municipio de Villeta, el cual se está tramitando ante el Juzgado
Treinta Administrativo de Bogotá, bajo radicado nro. 110013333503020190028900,
dentro del cual ya se libró mandamiento de pago.

Así, la existencia de un proceso judicial en curso, con el cual se pretende obtener el
pago de la indemnización ordenada en la sentencia del 12 de julio de 2018, es decir,
la misma pretensión que se expone en este trámite constitucional, hace que la tutela
sea un mecanismo improcedente, pues en el sistema jurídico no puede permitirse
el paralelismo o la concurrencia de competencias entre el Juez Natural del asunto y
el Juez Constitucional de acción de tutela, ni el ciudadano puede elegir entre uno y
otro, como aquí se propone.

En tal sentido, las pretensiones de la presente acción de tutela, referentes a ordenar
el pago de la indemnización ordenada dentro de la acción de grupo, resultan a todas
luces improcedentes, ya que la autoridad judicial competente es el Juez Treinta

2 “Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un

procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.
(…)
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…) ” (se destaca).
3 “Artículo 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…).”
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-06469-00
Demandante: Silvino Cañón

Administrativo de Bogotá el encargado de entrar a resolver el fondo del asunto
planteado en el proceso ejecutivo.

Aunado a la anterior, la tutela tampoco procede como mecanismo transitorio de
protección, puesto que la parte actora no demostró la existencia de un perjuicio
irremediable. Aunque el señor Silvino Cañón y los coadyuvantes alegaron ser
personas de la tercera edad y no tener recursos económicos suficientes para
garantizar su mínimo vital, al proceso no se aportaron pruebas con las cuales se
pueda inferir la existencia circunstancia especiales de vulnerabilidad ni de
situaciones de las que pudiera derivarse un perjuicio con el carácter de irremediable.

Mora judicial por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A.

El tutelante manifestó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, incurrió en mora judicial por la tardanza en resolver el
recurso de apelación interpuesto contra el auto del Juzgado Treinta Administrativo
de Bogotá que negó decretar algunas pruebas dentro del proceso ejecutivo,
radicado con nro. 11001333503020190028900, en el cual se pretende el
cumplimiento de la sentencia del 12 de julio de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

Acorde con las pruebas aportadas al proceso se evidencia, que:

El abogado líder de la acción popular radicada con nro. 2010-00577, inició proceso
ejecutivo ante el Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá, con el fin de que se
diera cumplimiento al fallo del 12 de julio de 2018, proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

El Juzgado Treinta Administrativo de Bogotá libró mandamiento de pago en contra
del municipio de Villeta, por la totalidad de la indemnización ordenada en la
sentencia referida.

El 20 de octubre de 2020, se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 372 del
CGP y en ella, el Juzgado negó el decreto de pruebas solicitadas por el municipio
de Villeta, con el cual pretendía demostrar las excepciones propuestas.

El proceso se remitió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, y conforme con el sistema de consulta de proceso se han adelantado
las siguientes actuaciones:

Actuaciones del Proceso
Fecha
Fecha de Fecha Inicia Fecha de
Actuación Anotación Finaliza
Actuación Término Registro
Término
DEVOLUCION SEÑORES: JUZGADO 30 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
13 Oct 2021 13 Oct 2021
JUZGADO ORIGEN BOGOTÁ
NOTIFICACION
12 Oct 2021 12 Oct 2021 12 Oct 2021 11 Oct 2021
POR ESTADO
RECIBO RECIBE:AUTO INTERLOCUTORIOS DE PONENTE
11 Oct 2021 11 Oct 2021
PROVIDENCIA CONSECUTIVO:23
PARA COMUNICAR:AUTO INTERLOCUTORIOS DE PONENTE,
08 Oct 2021 A LA SECRETARIA 08 Oct 2021
CONSECUTIVO:23
CAMBIO DE -PONENTE ANTERIOR: LUIS MANUEL LASSO LOZANO
08 Oct 2021 08 Oct 2021
PONENTE PONENTE NUEVO:ELIZABETH CRISTINA DÁVILA PAZ

10
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-06469-00
Demandante: Silvino Cañón

SOLO SE VISUALIZARÁ CUANDO TODAS LAS FIRMAS ESTEN
AUTO
REALIZADAS. DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
06 Oct 2021 INTERLOCUTORIOS 08 Oct 2021
POR:ELIZABETH CRISTINA DÁVILA FECHA FIRMA:OCT 8 2021
DE PONENTE
4:46PM
PONGO EN SU CONOCIMIENTO MEMORIAL PRESENTANDO POR
AL DESPACHO EL DEMANDANTE-, CON ASUNTO: SOLICITUD DE CELERIDAD. 31 Aug 2021 31 Aug 2021
MEMORIAL CON DESTINO AL PROCESO DE LA REFERENCIA QUE SE
ENCUENTRA AL DESPACHO PARA LO DE SU CARGO. RECIBE APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE ALLEGA
30 Aug 2021 31 Aug 2021
MEMORIALES MEMORIAL CON SOLICITUD DE CELERIDAD. DAPM
INGRESA AL DESPACHO DEL DR. LUIS MANUEL LASSO EL
MEDIO DE CONTROL CITADO EN LA REFERENCIA, CON
18 Jun 2021 AL DESPACHO 18 Jun 2021
SOLICITUD ADICIÓN PROVIDENCIA POR PARTE DEL
APODERADO DEL MUNICIPIO DE VILLETA. SIRVASE PROVEER. SE DEJA CONSTANCIA QUE LA DEVOLUCIÓN DEL PROCESO SE
CONSTANCIA DEJA SIN EFECTO, PUES SE RESOLVERÁ POR PARTE DEL
18 Jun 2021 18 Jun 2021
SECRETARIAL DESPACHO LA SOLICITUD DE ADICIÓN POR PARTE DE
VILLETA CUNDINAMARCA - JDAM
RECIBE JUZGADO 30 ADMINISTRATIVO ALLEGA MEMORIAL CON LINK
11 Jun 2021 15 Jun 2021
MEMORIALES DE EXPEDIENTE DIGITAL. DAPM
APODERADO MUNICIPIO DE VILLETA-CUNDINAMARCA,
RECIBE
03 Jun 2021 ALLEGA MEMORIAL CON ASUNTO: -SOLICITUD ADICIÓN 03 Jun 2021
MEMORIALES
PROVIDENCIA. – JDAM
EN CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO EN AUTO DE AUTO DE
FECHA 24 DE MAYO DE 2021, ME PERMITO REMITIR EL
PROCESO DE LA ACCIÓN DE LA REFERENCIA EN
DEVOLUCION
02 Jun 2021 DEVOLUCIÓN. PARA TALES EFECTOS SE ENVÍA EXPEDIENTE 02 Jun 2021
JUZGADO ORIGEN
CON LINK Y AUTO EN PDF ASÍ: - AUTO DE FECHA 24 05 2021 EN
06 FOLIOS Y LINK: CORDIALMENTE: JAVIER DARÍO ALONSO
MONCADA ESCRIBIENTE SECCIÓN PRIMERA
NOTIFICACION 30 May
31 May 2021 31 May 2021 31 May 2021
POR ESTADO 2021
RECIBO 30 May
30 May 2021 MA- RECIBIDO
PROVIDENCIA 2021
CAMBIO DE POR DECISION DEL DESPACHO DEL DR. LUIS MANUEL LASSO 28 May
28 May 2021
PONENTE LOZANO SE EFECTUA CAMBIO DE PONENTE. 2021
AUTO
28 May
24 May 2021 INTERLOCUTORIOS
2021
DE PONENTE
PONGO EN SU CONOCIMIENTO MEMORIAL PRESENTANDO POR
LA PARTE DEMANDADA-MUNICIPIO DE VILLETA-CUND., CON
AL DESPACHO 05 May
05 May 2021 ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO MEMORIALES RADICADOS EL
MEMORIAL 2021
23-04-2021 CON DESTINO AL PROCESO DE LA REFERENCIA QUE
SE ENCUENTRA AL DESPACHO PARA LO DE SU CARGO. - JDAM
MUNICIPIO DE VILLETA ALLEGA MEMORIAL CON ASUNTO: -
RECIBE 05 May
05 May 2021 PRONUNCIAMIENTO MEMORIALES RADICADOS EL 23-04-202. –
MEMORIALES 2021
JDAM
PONGO EN SU CONOCIMIENTO MEMORIAL PRESENTANDO POR
APODERADO DE LAS VÍCTIMAS, CON ASUNTO: CELERIDAD
AL DESPACHO
23 Apr 2021 PROCESAL CON DESTINO AL PROCESO DE LA REFERENCIA 23 Apr 2021
MEMORIAL
QUE SE ENCUENTRA AL DESPACHO PARA LO DE SU CARGO. –
JDAM
RECIBE APODERADO DE VÍCTIMAS ALLEGA MEMORIAL CON ASUNTO: 23 Apr 2021 23 Apr 2021
MEMORIALES -CELERIDAD PROCESAL - JDAM
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -SECCIÓN
PRIMERA- INFORME SECRETARIAL BOGOTÁ D.C., 15 DE
MARZO DE 2021 EJECUTIVO NO. 11001-33-35-030-2019-00289-01
INGRESA AL DESPACHO DEL DR. LUIS MANUEL LASSO
LOZANO, INFORMANDO QUE MEDIANTE AUTO DE FECHA 2 DE
MARZO DE 2021, EL DR. DR. FREDY IBARRA MARTÍNEZ
15 Mar 2021 AL DESPACHO DECLARÓ LA FALTA DE COMPETENCIA PARA CONOCER Y 15 Mar 2021
TRAMITAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA
PARTE EJECUTADA EN EL PRESENTE ASUNTO CONTRA EL
AUTO PROFERIDO POR EL JUZGADO TREINTA
ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ EN LA AUDIENCIA INICIAL DE
20 DE OCTUBRE DE 2020 Y ORDENO LA REMISIÓN DEL ASUNTO
AL DESPACHO NO. 06. SÍRVASE PROVEER
NOTIFICACION
04 Mar 2021 04 Mar 2021 04 Mar 2021 04 Mar 2021
POR ESTADO
DECLARA FALTA DE COMPETENCIA PARA CONOCER EL
AUTO QUE REMITE
RECURSO DE APELACIÓN Y ORDENA REMISIÓN AL DESPACHO
03 Mar 2021 PROCESO POR 03 Mar 2021
DEL DOCTOR LUIS MANUEL LASSO LOZANO EFIRMA:FREDY
COMPETENCIA
HERNANDO IBARRA APR 6 2021 12:22PM
EXPEDIENTE
31 Jan 2021 SE ANEXA EXPEDIENTE ELECTRONICO 31 Jan 2021
DIGITAL
BOGOTÁ, D.

C., 10 DE DICIEMBRE DE 2020 AL DESPACHO DEL
MAGISTRADO DR. FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ EXP. NO.11001333503020190028901 EN LA FECHA PASÓ AL DESPACHO
10 Dec 2020 AL DESPACHO APELACIÓN AUTO DEL PROCESO EJECUTIVO DE LA 10 Dec 2020
REFERENCIA, ALLEGADA POR CORREO ELECTRÓNICO EL DÍA
10 DE DICIEMBRE DE 2020, QUE LE CORRESPONDIÓ POR
REPARTO PARA LO DE SU CARGO.

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-06469-00
Demandante: Silvino Cañón

REPARTO Y REPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL
10 Dec 2020 10 Dec 2020 10 Dec 2020 10 Dec 2020
RADICACIÓN JUEVES, 10 DE DICIEMBRE DE 2020 CON SECUENCIA: 1167

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el 10 de diciembre de 2020, el proceso
pasó al despacho del magistrado Fredy Hernando Ibarra. En marzo de 2021, se
remitió por competencia al despacho del magistrado Luis Manuel Lasso Lozano. El
recurso de apelación fue resuelto, en auto del 24 de mayo de 2021, es decir, antes
de la interposición de la presente acción de tutela. Así mismo, mediante proveído
del 6 de octubre de 2021, el Tribunal accionado negó la aclaración o adición de la
anterior decisión, solicitada por el municipio de Villeta. La decisión se notificó el 12
de octubre del presente año y al día siguiente, el expediente se devolvió al Juzgado.

Lo anterior demuestra que el despacho del magistrado del magistrado Luis Manuel
Lasso Lozano no ha desconocido los términos de ley para tramitar el proceso
ejecutivo. Todo lo contrario, el recurso de apelación presentado por el municipio de
Villeta se ha tramitado en tiempos razonables y, por ende, no se ha presentado la
mora judicial a que alude el señor Silvino Cañón.

Es más, como se evidenció a la fecha de presentación de la acción de tutela ya se
había resuelto el referido recurso y, actualmente, ya se pronunció sobre la solicitud
de aclaración o adición y se devolvió el expediente al Juzgado de origen. En
consecuencia, se impone denegar las pretensiones de la demanda de tutela.

En consecuencia, la Sala declarara improcedente la acción de tutela respecto de
las pretensiones formuladas contra la Defensoría del Pueblo, por no cumplir con el
requisito general de subsidiariedad y se negaran las pretensiones respecto de los
cargos formulados contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, porque no se evidenció la mora judicial alegada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela frente de la Defensoría del Pueblo,
por las razones expuestas en la parte considerativa.

2. Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Silvino
Cañón contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, por las razones expuestas en la parte considerativa.

3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

12
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-06469-00
Demandante: Silvino Cañón

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Con firma electrónica) (Con firma electrónica)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

13
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