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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-06469-01

Fecha
10 de febrero de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-06469-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar el ordinal segundo de la sentencia dictada el 2 de diciembre de 2021 y, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela instaurada por el señor Silvino Cañón, con respecto a los cargos formulados frente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: Confirmar en todo lo demás el proveído precitado. Tercero:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2021-06469-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

10 de febrero de 2022

Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 1- 0 6 46 9- 0 1
Ac c i o na nt e : S i lv i no C a ñó n

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)

F.T: 43
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06469-01
Accionante: SILVINO CAÑÓN
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, Y OTRO.

Temas: Acción de tutela por mora judicial en proceso ejecutivo y por falta de pago
de la indemnización reconocida en medio de control de reparación de los
perjuicios causados a un grupo. Ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de
tutela, decide la impugnación presentada por los señores Silvino Cañón, Francisco
González, Alexander Beltrán Preciado, Francisco Cobaleda Correa, Gonzalo
Manrique Patiño, Pedro Hernando Castillo Ortega, Rosalba García Romero, Alirio
Ballona, Gladys Gaitán Barrera, Ana Isabel Romero, Diana Marcela Pinilla,
Margoth Almanza, María Cristina Alfonso, María Angélica Forero, Pedro Julio
Jiménez, Rosalba Hernández Pinzón, Rosalba Retavizca, María Janeth Osorio,
Consuelo, Carlos González, Carlos Arley Espitia Herrera, Luz Mery Pineda Correa,
Emilce Sánchez, Ligia Rodríguez de Rodríguez, Julia Nelly Mora Arias, Fabio
García, María Teresa Cespedes de Suárez, María Alba Lucía Cespedes e Isaac
de Jesús Figueroa en contra de la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2021
por la Sección Cuarta de esta corporación.

HECHOS RELEVANTES

a) Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo

La señora Carmen Rosa Arévalo y otros instauraron medio de control de
reparación de los perjuicios causados a un grupo en contra del municipio de Villeta
por las afectaciones generadas, debido a que los predios del barrio Mirador de
Villeta adquiridos no eran aptos para ser urbanizables, por presentar fallas
geológicas. El 7 de junio de 2013 el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá declaró, por un lado, no probadas las excepciones propuestas

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por las entidades demandadas y, por otro, al municipio de Villeta responsable en
un 25 o 50 %, según el caso, de los daños y perjuicios sufridos por los miembros
del barrio El Mirador, por no realizar las funciones de vigilancia y control sobre el
proceso de urbanización.

El 12 de julio de 2018 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia
de segunda instancia, en la que declaró la concurrencia de culpas entre el
municipio de Villeta y los demandantes y, en consecuencia, condenó al ente
territorial al pago de una indemnización equivalente a $ 6.069.685.195, los cuales
se pagarían a quienes se hayan constituido como parte en el proceso y a los
demás que lo hicieren después. El 29 de octubre de 2019 el Juzgado referido
reconoció al hoy accionante como beneficiario de la indemnización y determinó
que le correspondía una suma de $ 18.032.339.

b) Proceso ejecutivo

El señor Silvino Cañón afirmó que, por medio de su apoderado, presentó demanda
ejecutiva en contra del municipio de Villeta, para lograr el cumplimiento de la
sentencia proferida el 12 de julio de 2018 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Por lo anterior, el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá profirió auto de mandamiento de pago y el 20 de octubre de
2020, en la etapa de resolución de excepciones, negó el decreto de pruebas
solicitado por el municipio de Villeta, por lo que aquel interpuso recurso de
apelación en contra de esta decisión, sin que a la fecha de radicación de la
presente acción hubiese sido resuelto.

c) Inconformidad

El accionante, Silvino Cañón, consideró que, por un lado, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia porque
desde hace más de un año no ha resuelto el recurso de apelación que interpuso el
municipio de Villeta en contra de la providencia dictada por el Juzgado Treinta
Administrativo del Circuito Judicial en el proceso ejecutivo, lo cual no le permite a
este último ordenar el pago de la sentencia, y, por el otro, la Defensoría del Pueblo
no ha proferido el acto administrativo de pago ni se ha pronunciado sobre la
documentación que entregó para ese mismo fin, con lo que desconoce que
algunos de los propietarios de los predios son adultos mayores, que gozan de
protección reforzada por parte del Estado, al encontrarse en una condición de
debilidad manifiesta, como es su caso, pues tiene 79 años y una situación
económica difícil.

PRETENSIONES

La parte accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales antes
mencionados. En consecuencia, requirió ordenar, en primer lugar, al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, resolver los recursos
interpuestos por el municipio de Villeta en el proceso ejecutivo con número de

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radicado 2019-00289 y devolver, lo más pronto posible, el expediente al Juzgado
Treinta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, para que aclare el motivo
por el cual no le han pagado su indemnización, y, en segundo lugar, a la
Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales,
pagar a su favor la indemnización que le fue reconocida por un valor de $ 18.
032.339, suma de la cual se descontará el porcentaje de los honorarios del
abogado coordinador, e indicar si su carpeta cumple con los requisitos requeridos
para el pago.

Adicionalmente, peticionó que, en caso de observar alguna causal disciplinaria por
parte de la Defensoría del Pueblo o funcionarios responsables, se compulsen
copias a la Oficina de Control Disciplinario para que adelante el trámite pertinente.

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Defensoría del Pueblo

La profesional especializada adscrita a la Oficina Jurídica de la entidad de la
referencia, Lilián Johanna Rozo León, afirmó que en la Ley 472 de 1998 se
reglamentaron las acciones populares y de grupo. Así mismo, señaló que en dicha
disposición, artículo 72, se creó el Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos, el cual quedó a cargo de la Defensoría del Pueblo.

Al respecto, explicó que ese Fondo es una cuenta de carácter especial, sin
personería jurídica, encargado, entre otras funciones, de la administración y pago
de las indemnizaciones individuales de quienes formaron parte del proceso como
integrantes del grupo y de las indemnizaciones correspondientes a las solicitudes
que llegaren a presentar oportunamente los interesados que no hubieren
intervenido en el proceso y que reúnan los requisitos exigidos por el juez en la
sentencia.

En cuanto al procedimiento para el pago de las indemnizaciones de las acciones
de grupo, expuso que debe allegarse lo siguiente: 1. Copia de las sentencias de
primera y segunda instancia, con constancia de ejecutoria, 2. Copia de la
publicación del extracto de la sentencia, 3. Copia de la providencia que conformó
el grupo que se adhirió en el término de los 20 días, de conformidad con lo
dispuesto en el ordinal 4.° del artículo 64 de la Ley 472 de 1998 y 4. La
consignación de la totalidad de la condena impuesta por parte de la entidad
demandada a la Defensoría del Pueblo. Asimismo, comunicó que los beneficiarios
y/o el abogado coordinador pueden allegar los documentos requeridos para el
pago, tales como: a) fotocopia del documento de identidad, b) Rut, c) formato SIIF,
d) certificación de la cuenta donde deben consignarse los dineros y e) los
requisitos ordenados por el juez para el pago respectivo, si a ello hubiere lugar.

Indicó que, una vez obtenido lo anterior, el abogado quien tiene asignada la acción
debe revisar los documentos y verificar que estén completos y que la entidad
demandada consigne la totalidad de los dineros, ante lo cual procederá a realizar
el proyecto de la resolución de pago, el cual se presentará para revisión, visto

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bueno y firma del contador o técnico en presupuesto, del director de la oficina de
recursos y acciones judiciales, del subdirector financiero, del asesor de la
Secretaría General y del secretario general de la Defensoría del Pueblo. Precisó
que, una vez firmada y numerada la resolución de pago con los soportes es
remitida a la Oficina Financiera de la entidad, la cual se encarga de realizar el
pago, previa revisión de todos los datos financieros de cada uno de los
beneficiaros reconocidos en la sentencia.

Ahora bien, frente al caso en concreto, aseguró que la entidad tuvo conocimiento
de la acción de grupo en el año 2019 debido a la presentación de un derecho de
petición del abogado coordinador, por lo que procedió a remitir los respectivos
oficios al despacho judicial, mediante los cuales requirió la documentación antes
descrita; así como también le indicó al municipio de Villeta el número de cuenta de
la entidad para consignar el dinero.

En consecuencia, sostuvo que el 3 de diciembre de 2020 el Juzgado Treinta
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá remitió las copias de las sentencias y
de los autos de conformación del grupo. Asimismo, aclaró que, según la
información brindada por la Subdirección Financiera, el municipio de Villeta solo
ha consignado un 33.58 % del 100 % de la condena, lo que equivale a
$2.038.000.002, cuya suma es con lo que cuenta actualmente el Fondo para la
Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos. Por lo anterior, resaltó que en
marzo de 2020 la Defensoría requirió a la entidad territorial precitada, para que
diera cumplimiento al pago total de la condena, respecto a lo cual aquella solicitó
que se diera inicio al pago de las indemnizaciones de manera parcial. Agregó que
en diciembre se ofició nuevamente a ese municipio.

De otra parte, manifestó que desde hace varios meses el abogado coordinador ha
radicado los documentos de los beneficiarios para pago de las indemnizaciones y
ha presentado varias peticiones, las cuales han sido resueltas, explicándoles el
trámite de pago y las respuestas emitidas por el municipio. En tal sentido,
esclareció que el papel de la Defensoría del Pueblo dentro del proceso es neutral
como simple administradora, lo cual encuentra su sustento en el artículo 189 del
CPACA, en el que se indica que las sentencias ejecutoriadas serán obligatorias,
toda vez que dichas órdenes emitidas por un juez y su cumplimiento no dependen
del ánimo o de la voluntad de los demandados para su observancia, lo cual
significa que la parte actora del proceso tiene a su alcance la posibilidad de acudir
ante el juez y solicitarle la ejecución de la condena.

Por otro lado, advirtió que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para
satisfacer las pretensiones del accionante, comoquiera que no se demostró la
vulneración de ningún derecho fundamental, pues su finalidad es netamente
económica.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.

La magistrada Elizabeth Cristina Dávila Paz afirmó que la decisión que el
accionante echa de menos ya fue proferida, por lo que debe declararse la carencia

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actual de objeto por hecho superado. Para el efecto, explicó que i) el 15 de marzo
de 2021 el expediente del proceso ejecutivo ingresó al despacho para resolver el
recurso de apelación interpuesto por la Alcaldía Municipal de Villeta en contra del
auto proferido en la audiencia realizada el 20 de octubre de 2020 por el Juzgado
Treinta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que negó el decreto de unas
pruebas; ii) el 24 de mayo de 2021 se resolvió el recurso de alzada, en el sentido
de confirmar la decisión adoptada en primera instancia y iii) el 6 de octubre de
2021 fue decidida la solicitud de aclaración que presentó el ente territorial en
contra de la anterior providencia. En esa medida, consideró que, al haberse
resuelto el recurso de apelación, cesó la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

Juzgado Treinta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

El juez Óscar Domingo Quintero Argüello indicó que el 11 de junio de 2013 la
autoridad judicial de la referencia profirió sentencia en la acción de grupo con
número de radicado 2010-00577, la cual fue modificada parcialmente el 12 de julio
de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Señaló que, mediante
los autos del 2 de agosto, 30 de septiembre y 29 de octubre 2019, definió los
grupos de personas a indemnizar. Sostuvo que el 3 de diciembre de la misma
anualidad notificó a la Defensoría del Pueblo, para que realizara la inscripción de
la sentencia en el Registro Público Centralizado de Acciones Populares y de
Grupo.

Por lo anterior, aseguró que el despacho judicial ha adelantado todas las
actuaciones tendientes al pago de la indemnización al accionante; así, adujo que
está en trámite el proceso ejecutivo con número de radicado 2019-00289-00, en el
que se celebró audiencia inicial el 20 de octubre de 2020, en la cual el apoderado
del municipio de Villeta interpuso recurso de apelación en contra del auto que
negó el decreto de pruebas, el cual fue concedido en efecto suspensivo. Al
respecto, precisó que el 24 de mayo de 2021 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, confirmó la decisión de primera instancia, pero
que el 11 de junio de la misma anualidad, por medio de correo electrónico, solicitó
remitir nuevamente el expediente para resolver la solicitud de adición que el
municipio de Villeta presentó, de la cual no se ha recibido decisión ni notificación
al respecto. En esos términos, solicitó tener en cuenta los argumentos de hecho y
de derecho expuestos.

Departamento de Cundinamarca

La directora operativa de la Dirección de Defensa Judicial y Extrajudicial, María
Stella González Cubillos, se opuso a la prosperidad de las pretensiones
formuladas por el señor Silvino Cañón, en la medida en que fueron planteadas,
únicamente, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En ese
sentido, consideró que el departamento de Cundinamarca carece de legitimación
en la causa por pasiva, comoquiera que el poder ejecutivo se encuentra limitado
para discutir las actuaciones judiciales efectuadas por la Rama Judicial, por lo que
requirió su desvinculación del presente trámite constitucional.

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Alcaldía Municipal de Villeta

El alcalde Freddy Rodrigo Hernández Morera aseveró que las pretensiones
planteadas en la acción de la referencia no están llamadas a prosperar porque
ninguna de las autoridades accionadas vulneró los derechos fundamentales que
reclama el peticionario del amparo.

Explicitó que la tardanza en el pago de la indemnización ha sido responsabilidad
del Juzgado Treinta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, debido a que
libró mandamiento de pago sobre la totalidad de la condena, pero no ha definido
los siguientes aspectos: 1. El número total de predios a indemnizar (en los cuadros
anexos a los autos de reconocimiento se repiten hasta 3 veces los predios), 2. El
valor concreto que debe pagarse a cada predio, 3. El beneficiario o beneficiarios
de ese valor respecto de cada predio (definir si la indemnización la recibe el
antiguo propietario en los casos de enajenaciones o el actual, el valor concreto de
la indemnización en casos de copropiedad y si debe pagarse indemnización a las
personas que solicita el abogado del grupo de beneficiarios con predios no
reconocidos en autos y otros predios de propiedad del municipio) y 4. El valor real
de la totalidad de la condena.

Indicó que, una vez definidas estas situaciones con fundamento en el material
probatorio obrante en el proceso, debió informar de ello al Fondo para la Defensa
de los Derechos e Intereses Colectivos, pues, iteró, esa entidad solo procederá al
pago de los valores que concretamente le determine la autoridad judicial, y en
caso de que el municipio no hubiese efectuado el pago de ese valor concreto, ahí
sí librar mandamiento de pago.

Arguyó que ese despacho judicial al librar mandamiento de pago sin una
obligación clara, expresa y exigible, pretermitió la definición del valor real y
concreto de la condena y vulneró los derechos fundamentales de la parte
accionante, puesto que –por razones apenas lógicas–, el municipio se ha
defendido así: presentó recurso de reposición en contra del mandamiento de
pago, excepciones de fondo, recurso de apelación en contra del auto que negó las
pruebas, solicitud de adición en contra del que resolvió este recurso de apelación
e interpondrá los recursos procedentes en contra del auto que ordene seguir
adelante la ejecución y del que aclara y defina el valor concreto de la
indemnización, todo lo cual genera una grave demora en el pago al grupo de
beneficiarios.

Por tanto, solicitó dejar sin efectos el proveído mediante el cual el Juzgado
precitado libró mandamiento de pago en el proceso ejecutivo con radicado 2019-
00289 y todas las actuaciones adelantadas con posterioridad a este, para, en su
lugar, ordenar a la autoridad judicial referida que, en los ocho (8) días siguientes a
la notificación de esta providencia, defina los aspectos antes señalados y, una vez
ejecutoriado esto, conminar al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos a realizar el pago de la indemnización allí definida. Adicionalmente,
peticionó ordenar al despacho judicial mencionado abstenerse de condenar a la

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entidad territorial por los intereses que se hubieren causado por la mora en el
pago de las indemnizaciones, dado que este dinero no ha sido cancelado por
culpa de esa autoridad, la cual no ha definido los valores concretos.

Los señores Gonzalo Enrique Patiño, Irene Triana, Fabio García, Gertrudis
Fuentes de Parra, Gabrielina Fuentes de Parra, Ligia Rodríguez de
Rodríguez, Carlos Ángel Manrique, Alfonso Céspedes Rodríguez, Isaac de
Jesús Figueroa, María Alba Lucía Céspedes, María Teresa Céspedes de
Suárez, Martha Cecilia Rodríguez Serna, María Ligia Amórtegui, Quintiliano
Pineda Espitia, Ana Gloria Delgado, Arístides Gaitán Martínez, Marco Antonio
Monastoque Porras, María Esther Gamboa, Yolanda Castro Urrego, María
Nelly Gómez de Cuellar, Pedro Hernando Castillo Ortega, Bertha Balaguera
de Pérez, José Vicente Cortés, Emilce Sánchez, Rosalba Romero Bohórquez
y Pedro Julio Jiménez, en calidad de beneficiarios de la indemnización
reconocida en la acción de grupo, afirmaron que coadyuvan la tutela de la
referencia, para lo cual manifestaron que son personas de la tercera edad y que,
por ende, son sujetos de especial protección constitucional. En esa medida,
solicitaron garantizar el derecho al mínimo vital del adulto mayor en relación con el
reconocimiento y pago de sentencia judicial. Como fundamento de lo anterior,
citaron las sentencias T-426/1992, T-833/2010, T-025/2016, T-010/2017 y T-
716/2017 proferidas por la Corte Constitucional.

Los señores Carlos Espitia, Francisco Cobaleda, Irene Forero, Nelcy Linares
Orjuela, Luz Mery Pineda Correa, Yisel Flórez, Julia Mora, Gloria Beltrán
Ramírez, Yaneth López y Olga Lucia Bohórquez pidieron ordenar al Juzgado
Treinta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá darle celeridad al proceso
ejecutivo y a la Defensoría del Pueblo entregarles el dinero reconocido a su favor
en la acción de grupo, puesto que en esta situación de incertidumbre y necesidad,
por causa de la pandemia COVID-19, el desempleo, la edad y el estado de salud,
ese dinero significaría un alivio económico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El 2 de diciembre de 2021 la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Silvino Cañón, en
relación con la Defensoría del Pueblo, por no cumplirse el requisito de
subsidiariedad, comoquiera que el accionante cuenta con otro mecanismo idóneo
para solicitar el pago de la indemnización reconocida en la sentencia del 12 de
julio de 2018, como lo es el proceso ejecutivo, el cual se encuentra en trámite
ante el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por lo que la
acción de tutela no puede utilizarse de forma paralela al proceso ordinario ni el
accionante puede elegir entre una acción u otra, como lo pretende.

De otra parte, con respecto a la mora judicial alegada, concluyó que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no incurrió en ella, puesto que resolvió el recurso
de apelación instaurado por el municipio de Villeta en un término razonable.
Además, resaltó que a la fecha ya había resuelto la solicitud de adición o

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aclaración y devuelto el expediente al Juzgado de origen. En consecuencia,
denegó los cargos formulados por el accionante frente al Tribunal precitado.

IMPUGNACIÓN

Los señores Silvino Cañón, Francisco González, Alexander Beltrán Preciado,
Francisco Cobaleda Correa, Gonzalo Manrique Patiño, Pedro Hernando Castillo
Ortega, Rosalba García Romero, Alirio Ballona, Gladys Gaitán Barrera, Ana Isabel
Romero, Diana Marcela Pinilla, Margoth Almanza, María Cristina Alfonso, María
Angélica Forero, Pedro Julio Jiménez, Rosalba Hernández Pinzón, Rosalba
Retavizca, María Janeth Osorio, Consuelo, Carlos González, Carlos Arley Espitia
Herrera, Luz Mery Pineda Correa, Emilce Sánchez, Ligia Rodríguez de Rodríguez,
Julia Nelly Mora Arias, Fabio García, María Teresa Cespedes de Suárez, María
Alba Lucía Cespedes e Isaac de Jesús Figueroa impugnaron la sentencia de
primera instancia porque consideraron que debe flexibilizarse el requisito de
subsidiariedad, comoquiera que la tutela involucra sujetos de especial protección
constitucional, en razón a su edad o estado de salud.

Insistieron en que la autoridad judicial accionada incurrió en mora judicial, por lo
que se desconoció el derecho a la igualdad, pues según la Sentencia T-945A/2008
proferida por la Corte Constitucional, en el sistema de pago de créditos judiciales
por turnos, debe aplicarse un trato diferenciado a los beneficiarios que presentan
situaciones especiales.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección “A”, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la
competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política el artículo 25 del Acuerdo 080 de 20191, en
cuanto regula que «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado
en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre
todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán
resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto».

Problema jurídico

Así las cosas, el problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las
siguientes preguntas:

1. ¿Se encuentra configurada la carencia actual de objeto por hecho superado,
en razón a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

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Primera, resolvió el recurso de apelación en el proceso ejecutivo y remitió el
expediente al Juzgado de origen?

2. ¿El proceso ejecutivo, mediante el cual se discute el cumplimiento de la
sentencia proferida el 12 de julio de 2018 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, se encuentra en trámite?

3. ¿En el expediente aparece demostrado que el accionante solicitó ante la
Defensoría del Pueblo información sobre el estado de los documentos que
allegó para el pago de la indemnización?

Para resolver el problema así planteado, se abordará la siguiente temática: (I)
Carencia actual de objeto, (II) estudio de la configuración de la carencia actual de
objeto por hecho superado, (III) exigencia general de subsidiariedad y (IV) análisis
de las inconformidades con respecto a la Defensoría del Pueblo. Veamos:

• Primer problema jurídico

¿Se encuentra configurada la carencia actual de objeto por hecho superado, en
razón a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
resolvió el recurso de apelación en el proceso ejecutivo y remitió el expediente al
Juzgado de origen?

I. Carencia actual de objeto

La acción de tutela fue implementada en el artículo 86 de la Constitución Política
como un mecanismo de defensa inmediato y subsidiario de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados, por una acción u
omisión de una autoridad o un particular en los casos fijados por la ley. En esa
medida, el máximo tribunal constitucional2 ha considerado que la tutela pierde su
razón de ser, cuando en el trámite de esta se supera la situación que ponía en
riesgo o transgredía los derechos fundamentales o cuando no haya forma de
evitar el daño que buscaba impedirse. Con lo anterior se pretende que los fallos de
tutela no sean ineficaces. Este fenómeno se ha denominado carencia actual de
objeto, en el primer caso, por hecho superado y, en el segundo, por daño
consumado.

De igual forma, la Corte Constitucional ha precisado que existen algunos eventos
en que la carencia actual de objeto no se produce por hecho superado o daño
consumado, sino por la existencia de otra circunstancia que conlleva que la orden
de tutela no produzca efectos porque los fundamentos de la amenaza o
conculcación desaparecieron. En este último escenario deberá declararse la
carencia actual de objeto por sustracción de materia o situación sobreviniente.

2 Ver entre otras sentencias: T-358 de 2014 y T-011 de 2016.

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En ese entendido, la carencia de objeto por sustracción de materia implica, en
términos del órgano de cierre constitucional, la existencia de una situación
sobreviniente que se origina, entre otros casos, cuando: (i) el accionante es quien
asume la carga que no le correspondía para superar la situación vulneradora; (ii)
un tercero ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental;
(iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la
entidad demandada o (iv) el peticionario del amparo pierde interés en el objeto de
la litis, circunstancias que modifican los hechos y generan que la posible orden a
impartirse, relativa a lo solicitado en la acción de amparo, no surta ningún efecto.

Así las cosas, en cada caso concreto el juez de tutela debe analizar si para el
momento de adoptar una decisión dentro de la acción de tutela, aquella producirá
efectos o si, por el contrario, resultará inocua3.

II. Estudio de la configuración de la carencia actual de objeto por hecho
superado

Los señores Silvino Cañón, Francisco González, Alexander Beltrán Preciado,
Francisco Cobaleda Correa, Gonzalo Manrique Patiño, Pedro Hernando Castillo
Ortega, Rosalba García Romero, Alirio Ballona, Gladys Gaitán Barrera, Ana Isabel
Romero, Diana Marcela Pinilla, Margoth Almanza, María Cristina Alfonso, María
Angélica Forero, Pedro Julio Jiménez, Rosalba Hernández Pinzón, Rosalba
Retavizca, María Janeth Osorio, Consuelo, Carlos González, Carlos Arley Espitia
Herrera, Luz Mery Pineda Correa, Emilce Sánchez, Ligia Rodríguez de Rodríguez,
Julia Nelly Mora Arias, Fabio García, María Teresa Cespedes de Suárez, María
Alba Lucía Cespedes e Isaac de Jesús Figueroa impugnaron la sentencia de
primera instancia, para lo cual insistieron en que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, incurrió en mora judicial, al no resolver el recurso
de apelación que el municipio de Villeta interpuso contra la decisión que denegó el
decreto de pruebas en el proceso ejecutivo con número de radicado 2019-00289.

Sobre el particular, en primer lugar, se aclara que el análisis del presente asunto
únicamente se realizará con respecto a los cargos relacionados con el señor
Silvino Cañón, pues si bien las demás personas plantearon argumentos sobre sus
situaciones particulares o de terceros, lo cierto es que aquellos intervienen en este
trámite como coadyuvantes, por lo cual pueden apoyar los argumentos expuestos
por el accionante, pero no realizar manifestaciones que excedan lo solicitado por
él.

Aclarado lo anterior, para realizar un pronunciamiento de fondo sobre la
inconformidad planteada, la Subsección encuentra necesario realizar un recuento
de las actuaciones adelantadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, en el proceso ejecutivo multicitado. Así, al consultar el
expediente en el Sistema de Consulta de Procesos de la Rama Judicial, se
observa que el 10 de diciembre de 2020 ingresó al despacho del magistrado Fredy

3 Sentencia SU-522 de 2019 proferida por la Corte Constitucional.

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Hernando Ibarra Martínez, para resolver el recurso de apelación que el municipio
de Villeta interpuso en contra de la decisión adoptada por el Juzgado Treinta
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá el 20 de octubre de 2020, mediante
la cual se negó el decreto de pruebas.

Sin embargo, se avizora que el 3 de marzo de 2021 dicho expediente fue remitido,
por competencia, al despacho del magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, quien el
24 de mayo de 2021 resolvió el recurso de alzada, en el sentido de confirmar el
auto de primera instancia. Igualmente, se advierte que el 18 de junio de la misma
anualidad el apoderado judicial del municipio de Villeta presentó solicitud de
adición. Por lo anterior, se aprecia que el proceso, nuevamente, pasó al despacho
el mismo día y el 6 de octubre de 2021 fue resuelta la petición referida.
Adicionalmente, se denota que el multicitado expediente fue devuelto el 13 de
octubre de 2021 al Juzgado Treinta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

Así las cosas, como lo pretendido por el accionante se encuentra actualmente
superado, comoquiera que el 24 de mayo de 2021 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, resolvió el recurso de apelación y
el 13 de octubre de la misma anualidad devolvió el expediente al Juzgado de
origen, esta Subsección considera que la orden que pudiera impartir este juez
constitucional no surtiría ningún efecto.

En consecuencia, se revocará la sentencia emitida el 2 de diciembre de 2021 por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en cuanto negó el amparo deprecado
por la parte accionante y, en su lugar, se declarará la carencia actual de objeto por
hecho superado, en relación con las pretensiones frente al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera.

En todo caso, conviene precisar que si, a pesar de lo expuesto, el accionante
considera que la autoridad judicial accionada incurrió en mora judicial, aquel
dispone de otro medio judicial, esto es, la vigilancia judicial administrativa, la cual
se encuentra regulada en el artículo 101-6 de la Ley 270 de 1996, reglamentado
por el Acuerdo PSAA11-8113 del 4 de mayo de 20114 de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, en el cual se atribuyó como función a las
Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura la de: «ejercer
la vigilancia judicial administrativa para que la justicia se administre oportuna y
eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y
empleados de los despachos judiciales ubicados en el ámbito de su
circunscripción territorial».

• Segundo y tercer problema jurídico

¿El proceso ejecutivo, mediante el cual se discute el cumplimiento de la sentencia
proferida el 12 de julio de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se

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Que derogó el Acuerdo 088 de 1997.

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encuentra en trámite? y ¿En el expediente aparece demostrado que el accionante
solicitó ante la Defensoría del Pueblo información sobre el estado de los
documentos que allegó para el pago de la indemnización?

III. Exigencia general de subsidiariedad

La jurisprudencia de la Corte Constitucional5 como de esta corporación ha
sostenido que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, en
principio, este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando: 1. El
accionante dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su
alcance para confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos
fundamentales; 2. El accionante acude directamente a la acción de tutela a pesar
de existir otro mecanismo de defensa judicial a su disposición o 3. El proceso o
asunto se encuentra en trámite.

Pese a lo anterior es dable reconocer que la mencionada regla general tiene
algunas excepciones. En relación con el primero de los casos la acción de tutela
resulta procedente cuando logre demostrarse que dicha acción es el único
mecanismo de defensa para proteger un daño gravísimo a un derecho
fundamental y que el accionante no utilizó los mecanismos ordinarios de defensa
por encontrarse en una situación que se lo impedía por completo. Ahora, en
cuanto a la excepción frente al segundo y tercero de los eventos, se configura
cuando los otros mecanismos no resultan idóneos para proteger el derecho
fundamental presuntamente vulnerado y/o no son expeditos para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.

IV. Análisis de las inconformidades con respecto a la Defensoría del Pueblo

El señor Silvino Cañón pretende que se ordene a la Defensoría del Pueblo el pago
de la indemnización impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la sentencia del 12 de julio de 2018, en el medio de control de
reparación de los perjuicios causados a un grupo.

En sentencia de primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
consideró que la acción de la referencia no cumplía el requisito de subsidiariedad,
comoquiera que se encontraba en trámite el proceso ejecutivo que el peticionario
promovió en contra del municipio de Villeta, con el fin de obtener el cumplimiento
de la providencia mencionada. Por su parte, en el recurso de impugnación, el
accionante alegó que esta exigencia debía flexibilizarse, dado que aquel es un
sujeto que goza de protección estatal.

5 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. «[…]En este

orden de ideas, si la parte afectada no interpuso en su debido momento, los recursos establecidos en el
ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados, es innegable que la acción
de amparo constitucional no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni de convertirse en un recurso
adicional o supletorio de las instancias ordinarias previstas en el desarrollo de cada actuación procesal, como
de forma reiterada lo ha manifestado esta Corporación […]»

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Pues bien, analizado lo expuesto, se advierte que el accionante es un sujeto de
especial protección constitucional, debido a que tiene 79 años de edad y carece
de recursos económicos, lo cual se pudo evidenciar al consultar en la página web
de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (ADRES), en el que consta que el señor Silvino Cañón se encuentra afiliado
bajo el régimen subsidiado, como padre cabeza de familia, lo que en principio
daría lugar a flexibilizar la exigencia de la subsidiariedad.

No obstante, al analizar el trámite adelantado en el proceso ejecutivo con número
de radicado 2019-00289, en el que se pretende precisamente el pago de la
indemnización que le fue reconocida al accionante, se observa que se han
efectuado las etapas previstas en el ordenamiento jurídico y se ha garantizado el
derecho de defensa y contradicción que le asiste a las partes en el proceso, toda
vez que se han resuelto los recursos que se han interpuesto contra las decisiones
adoptadas por el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

Así las cosas, se repara en que si bien es cierto que el peticionario del amparo es
un sujeto de especial protección constitucional, también lo es que el mecanismo
con el que cuenta, y que actualmente se encuentra en trámite, para lograr el pago
de la indemnización reconocida en la sentencia de reparación de los perjuicios
causados a un grupo, es un medio idóneo y eficaz, comoquiera que las
actuaciones al interior del mismo se han adelantado dentro de un término
razonable y se han garantizado los derechos que les asisten a los sujetos
procesales, por lo que no se advierte la necesidad de intervención del juez
constitucional.

Aunado a lo expuesto, debe aclararse que en la acción de tutela no pueden
pretermitirse las etapas procesales previstas por el legislador para ordenar el pago
de una suma dineraria ordenada a través de sentencia judicial, dado que ello
implicaría desconocer el derecho al debido proceso de la contraparte ni emplearse
para decretar el pago inmediato de ciertas sumas de dinero, puesto que este
mecanismo no tiene por objeto la protección de derechos de contenido económico,
en razón a que para ello el legislador previó otros medios.

En esos términos, la Subsección confirmará la decisión adoptada por la Sección
Cuarta, en cuanto a declarar improcedente la acción de la referencia con respecto
a la Defensoría del Pueblo, en tanto que el proceso ejecutivo es idóneo y eficaz
para garantizar los derechos que el peticionario estima conculcado, por lo que no
resulta procedente realizar paralelamente un estudio sobre lo que se discute en el
proceso ordinario, pues ello implicaría desconocer las competencias que
legalmente le fueron atribuidas a otra autoridad judicial. Lo anterior, en atención al
carácter residual y excepcional que contiene este tipo de trámite.

De otra parte, se observa que el peticionario también discute que la entidad
accionada tampoco se ha pronunciado sobre el estado de la información que
presentó con el fin de obtener el pago de la indemnización reconocida a su favor.
Sin embargo, se denota que en el expediente no obra prueba alguna de que el
accionante radicó los documentos exigidos para el pago o solicitó información

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sobre ellos ante la Defensoría del Pueblo, por lo que se colige que este cargo no
está llamado a prosperar.

Así las cosas, la Subsección revocará el ordinal segundo de la sentencia proferida
el 2 de diciembre de 2021 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante
el cual se negó el amparo solicitado por el señor Silvino Cañón, con respecto a los
cargos formulados sobre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, y, en su lugar, declarará la carencia actual de objeto por hecho superado
en cuanto a dicha autoridad y confirmará en todo lo demás la providencia
precitada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar el ordinal segundo de la sentencia dictada el 2 de diciembre de
2021 y, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en la
acción de tutela instaurada por el señor Silvino Cañón, con respecto a los cargos
formulados frente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: Confirmar en todo lo demás el proveído precitado.

Tercero: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

Quinto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firma electrónica

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica

ARF

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