RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-06470-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-06470-01

Fecha
21 de febrero de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-06470-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de tutela proferida el 25 de octubre de 2021, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Tránsito Gonzáles de Mosquera, Juan Carlos Mosquera Gonzáles y Hernando Rodríguez Moreno, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU -659 16 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018. 7 de 8 Radicación: 11001-03-15-000-2021-06470-01 Demandante: Tránsito Gonzáles de Mosquera y otros Demandados: Consejo de Estado – Sección Quinta Naturaleza: Acción de tutela Decisión: Revoca – Declara improcedencia ______________________________________________________________________________________________________________ solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin17. TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2021-06470-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

21 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 21 de febrero de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06470-01
Demandante: Tránsito González de Mosquera y otros
Demandado: Consejo de Estado – Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Requisitos de procedibilidad/
Defecto sustantivo.

Síntesis del caso: La parte demandante enjuició las providencias por medio de las cuales se
negaron las pretensiones en una acción de cumplimiento.

De acuerdo con la competencia asignada 1, procede la Sala a decidir la
impugnación interpuesta por la parte accionante contra de la Sentencia
proferida el 25 de octubre de 2021, por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se negó la solicitud de
amparo.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera Instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 23 de septiembre de 2021, Tránsito Gonzáles de Mosquera, Juan
Carlos Mosquera Gonzáles y Hernando Rodríguez Moreno presentaron
acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
defensa, igualdad y acceso a la administración de justicia, con ocasión de
la Sentencia de 3 de junio de 2021, proferida por la autoridad judicial
accionada, dentro del proceso de acción de cumplimiento No. 50001-23-
33-000-2021-00106-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

“Declarar la nulidad del fallo proferido el 3 de junio de 2021, de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, proceso surtido ante las autoridades judiciales

1El artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y
333 de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06470-01
Demandante: Tránsito Gonzáles de Mosquera y otros
Demandados: Consejo de Estado – Sección Quinta
Naturaleza: Acción de tutela
Decisión: Revoca – Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

accionadas, ordenando expedir una nueva sentencia en la que se Ordene a la
Superintendencia Financiera que conforme a la normatividad existente
sancione administrativamente al Banco AV VILLAS S.A. por violar la Ley marco
de vivienda, Ley de intermediación financiera, Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero”

3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:

4. 1) Tránsito Gonzáles de Mosquera, Juan Carlos Mosquera Gonzáles y
Hernando Rodríguez Moreno, el 7 de febrero de 2020, presentaron una
queja, ante la Superintendencia Financiera, contra el Banco AV Villas, por
una aparente usura en la liquidación efectuada, para el cobro de intereses
de un crédito comercial, dentro de un proceso ejecutivo2 adelantado por
la entidad bancaria, en el Juzgado 3 Civil del Circuito de Villavicencio.

5. 2) Una vez trascurrieron 120 días, sin que la Superintendencia
Financiera emitiera pronunciamiento sobre la queja presentada, mediante
escrito con radicado No. 202019506-008, los accionantes solicitaron que se
declarara la configuración del silencio administrativo positivo y, en
consecuencia, se ordenara al Banco AV Villas que realizara unos pagos por
los mayores costos cobrados por concepto de intereses del crédito
comercial.

6. 3) A través de Oficio No. 2020019506-009 de 31 de agosto de 2020, la
Superintendencia Financiera emitió respuesta a la queja instaurada por el
actor y le informó que esa entidad no estaba facultada para dirimir
conflictos derivados de relaciones comerciales adquiridas bajo la
autonomía de la voluntad de las partes, en el marco de un contrato, y que
tampoco podía ordenar pagos o devoluciones de dinero producto de esas
relaciones. En consecuencia, mencionó que las interpretaciones al contrato
suscrito entre el Banco y el cliente solo podía realizarse por las partes
contratantes o por la jurisdicción civil ordinaria.

7. 4) Mediante escrito de 9 de septiembre de 2020, los accionantes
presentaron recurso de reposición a la respuesta final de 31 de agosto de
2020, emitida por la Superintendencia. Posteriormente, mediante
memoriales de 30 de octubre de 2020 y 27 de noviembre de 2020, con
radicados No. 2020263522 y 2020263533, respectivamente, los accionantes
manifestaron ante la Superintendencia Financiera que el Banco AV Villas se
había mostrado renuente a cumplir la Ley, en lo referente al cobro de
intereses moratorios.

8. 5) El 12 de marzo de 2021, Tránsito Gonzáles de Mosquera, Juan Carlos
Mosquera Gonzáles y Hernando Rodríguez Moreno presentaron acción de
cumplimiento con el fin de que la Superintendencia Financiera acatara lo

2 Radicado No. 50001-31-03-003-1997-00373-00.

2 de 8

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06470-01
Demandante: Tránsito Gonzáles de Mosquera y otros
Demandados: Consejo de Estado – Sección Quinta
Naturaleza: Acción de tutela
Decisión: Revoca – Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

dispuesto en el artículo 723 de la Ley 45 de 19904 y del numeral 5, literal a),
del artículo 3265 del Decreto Ley 663 de 19936, dentro del trámite de la queja
presentada el 7 de febrero de 2020.

9. 6) El asunto le correspondió al Tribunal Administrativo de Meta que,
mediante Sentencia de 26 de abril de 2021, negó las pretensiones de la
acción de cumplimiento. Para ello, indicó que el objeto de reclamación de
los accionantes correspondió a la liquidación del crédito adelantada dentro
del proceso ejecutivo No. 50001-03-31-003-1997-00373-00, y sobre la cual la
Superintendencia Financiera no tenía competencia para adelantar un
trámite sancionatorio, pues esa actuación cobró firmeza dentro del referido
proceso. Además, la referida superintendencia no estaba facultada para
iniciar un proceso sancionatorio con el fin de determinar un aparente cobro
de intereses en exceso.

10. 7) Inconforme con la decisión, la parte actora presentó impugnación
contra la decisión de primer grado. En ese sentido, indicó que la
Superintendencia Financiera sí tenía competencia para imponer una
sanción administrativa al Banco AV Villas y hacer efectiva la devolución de
los intereses cobrados, a través de la queja formulada. Además, mencionó
que en el proceso ejecutivo existió una liquidación ilegal del crédito
ejecutado.

11. 8) El 3 de junio de 2021, la Sección Quinta del Consejo de Estado
confirmó el fallo impugnado, ya que llegó a la conclusión de que las normas
de las cuales se solicitaba su cumplimiento, no permitían inferir que la
Superintendencia Financiera tenía a su cargo las funciones que el
accionante pretendía exigirle. Finalmente, indicó que lo perseguido por la
parte actora, era plantear una controversia sobre la investigación y sanción
a un Banco a raíz de la suscripción de un crédito comercial, la cual no le
correspondía resolver al juez de la acción de cumplimiento.

3 “Artículo 72. Sanción por el cobro de intereses en exceso. Cuando se cobren intereses que sobrepasen los límites
fijados en la ley o por la autoridad monetaria, el acreedor perderá todos los intereses cobrados en exceso,
remuneratorios, moratorios o ambos, según se trate, aumentados en un monto igual. En tales casos, el deudor
podrá solicitar la inmediata devolución de las sumas que haya cancelado por concepto de los respectivos
intereses, más una suma igual al exceso, a título de sanción.// Parágrafo. Sin perjuicio de las sanciones
administrativas a que haya lugar, cuando se trate de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, ésta
velará porque las mismas cumplan con la obligación de entregar las sumas que de conformidad con el presente
artículo deban devolverse.”
4 “Por la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora, se

conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones.”
5 “Artículo 326.- Sustituido por el art. 2, Decreto Nacional 2359 de 1993, así: Funciones y Facultades de la

Superintendencia Bancaria. Para el ejercicio de los objetivos señalados en el artículo anterior, la Superintendencia
Bancaria tendrá las funciones y facultades consagradas en los numerales siguientes sin perjuicio de las que por
virtud de otras disposiciones legales le correspondan. (…) 5. Facultades de prevención y sanción. La
Superintendencia Bancaria tendrá las siguientes facultades de prevención y sanción: a). Emitir las órdenes
necesarias para que se suspendan de inmediato las prácticas ilegales, no autorizadas e inseguras y se adopten
las correspondientes medidas correctivas y de saneamiento cuando la Superintendencia considere que alguna
institución sometida a su vigilancia ha violado sus estatutos o alguna disposición de obligatoria observancia, o esté
manejando sus negocios en formas no autorizada o insegura; (…)”.
6 “Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y

numeración.”

3 de 8

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06470-01
Demandante: Tránsito Gonzáles de Mosquera y otros
Demandados: Consejo de Estado – Sección Quinta
Naturaleza: Acción de tutela
Decisión: Revoca – Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

12. El fundamento de la vulneración, consistió en que la decisión
cuestionada incurrió en una vía de hecho en atención a que no se analizó
de manera adecuada la aplicación del artículo 326 del Decreto 663 de 993
y el artículo 72 de la Ley 45 de 1990, ya que no se tuvo en cuenta que se
realizó un cobro de intereses ilegal, y que existe una norma que faculta a la
Superintendencia Financiera para sancionar a los bancos que infrinjan la Ley
ante un cobro excesivo de intereses.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación

13. Mediante Sentencia de 25 de octubre de 2021, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado negó la acción de tutela. Para ello,
analizó el asunto desde la posible configuración de un defecto sustantivo y
llegó a la conclusión que el mismo no se presentó, ya que los aspectos
alegados por el accionante respecto al cobro ilegal de los intereses del
crédito comercial, eran argumentos que debían alegarse en el proceso
ejecutivo adelantado ante el Juzgado 3 Civil del Circuito de Villavicencio,
que fue la autoridad que aprobó la liquidación con la cual presentó
inconformidad el accionante.

14. En esa medida, mencionó que la situación alegada no guardaba
relación con el objeto de la acción de cumplimiento, pues lo pretendido por
los actores, realmente, no era garantizar la efectividad de normas con
fuerza material de Ley.

15. La parte actora impugnó la decisión anterior, y señaló que lo
pretendido con la acción de tutela era que la Superintendencia Financiera
cumpliera con la sanción administrativa e interviniera ante el Juzgado para
la devolución de los dineros cobrados en exceso por el Banco AV Villas, a
título de intereses.

16. Agregó que, considerar que no existía un mandato que facultara a la
Superintendencia Financiera para iniciar una investigación y ordenar la
devolución de lo que aparentemente se pagó en exceso a título de
intereses, era una decisión parcializada e injusta, la cual, además, vulneraba
su derecho de acceso a la administración de justicia.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial 2.2.
Conclusión.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial 7

7 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia
T-066 de 2019.

4 de 8

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06470-01
Demandante: Tránsito Gonzáles de Mosquera y otros
Demandados: Consejo de Estado – Sección Quinta
Naturaleza: Acción de tutela
Decisión: Revoca – Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

17. En el caso bajo estudio, la Sala revocará la decisión de primer grado
que negó las pretensiones de la acción de tutela y, en su lugar se declarará
improcedente por falta de relevancia constitucional, toda vez que se logró
advertir que la parte demandante pretende obtener que su controversia
sea sometida a una nueva instancia y no señaló las razones por las que su
asunto revestía relevancia constitucional.

18. De conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional, (se
trascribe) “el juez [de tutela] no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”8.

19. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 2014, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por parte
del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para el
juez de tutela9 y que la solicitud de amparo no se presente con objeto de
obtener una nueva instancia10; y que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad11.

20. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional 12.

21. La Sala evidenció que la parte accionante, a través de la acción de
tutela, pretendió que se analizaran nuevamente los reparos sobre la
aparente falta de cumplimiento del artículo 72 de la Ley 45 de 1990 y del
literal a) del numeral 5 del artículo 326 Decreto Ley 663 de 1993.
Adicionalmente, pretendió someter a una instancia adicional su
inconformidad respecto de la liquidación del crédito realizada dentro del
proceso ejecutivo No. 50001-31-03-003-1997-00373-00, que cursó en el
Juzgado 3 Civil del Circuito de Villavicencio.

22. Esas inconformidades fueron planteadas por los accionantes, ante el
juez de lo contencioso administrativo, mediante una acción de

8 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
9 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer
elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
10 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la preten sión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
11 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
12 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.

5 de 8

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06470-01
Demandante: Tránsito Gonzáles de Mosquera y otros
Demandados: Consejo de Estado – Sección Quinta
Naturaleza: Acción de tutela
Decisión: Revoca – Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

cumplimiento13, la impugnación14 contra el fallo de primer grado, dentro de
ese mecanismo y ahora, a través de la acción de tutela y el escrito de
impugnación contra la sentencia de tutela de primera instancia.

23. En consecuencia, los reparos planteados en el escrito de tutela, a
través de las inconformidades reseñadas, se presentan como una
reiteración de los aspectos tratados y desarrollados por el juez de la acción
de cumplimiento15.

24. Adicional a lo anterior, se advierte que el accionante no justificó
porqué su asunto revestía relevancia constitucional y era una controversia
sobre derechos fundamentales y no un asunto de mera legalidad, pues las

13 Demanda acción de cumplimiento (se trascribe): “Tránsito González de Mosquera, Juan Carlos Mosquera
González y Hernando Rodríguez Moreno, mayores de edad y domiciliados en Villavicencio, identificados como
aparecen al pie de nuestras respectivas firmas, invocando el artículo 87 de la Constitución Política de 1991,
desarrollado a través de la Ley 303 de 1997, acudo a usted para interponer ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO contra LA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA representado por Jorge Castaño Gutiérrez - Superintendente
Financiero con domicilio en la calle 7 No. 4-49 de Bogotá D.C. (…) con el fin de que se le dé plena aplicación a://
1. Artículo 72 de la ley 45 de 1990, ley de intermediación financiera que reza "Articulo 72. Sanción por el cobro de
intereses en exceso. Cuando se cobren intereses que sobrepasen los límites fijados en le ley o por la autoridad
monetaria, el acreedor perderá todos los Intereses cobrados en exceso, remuneratorios, moratorios o ambos,
según se trate, aumentados en un monto igual. En tales casos, el deudor podrá solicitar de inmediato devolución
de las sumas que haya cancelado por concepto de los respectivos intereses, más una suma igual al exceso, a
título de sanción.// Parágrafo. Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar, cuando se trate de
entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, esta velará porque las mismas cumplan con le obligación
de entregar las sumas que de conformidad con el presente artículo deban devolverse// 2-Numeral 5 literal a) del
artículo 326 de Decreto ley 663 de 1993 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que reza:// 5. Facultades de
prevención y sanción. La Superintendencia Bancaria tendrá las siguientes facultades de prevención y sanción: //
a) Emitir las ordenes necesarias para que se suspendan de inmediato las prácticas ilegales, no autorizadas e
inseguras y se adopten las correspondientes medidas correctivas y de saneamiento cuando la Superintendencia
considere que alguna institución sometida a su vigilancia ha violado sus estatutos o alguna disposición de
obligatoria observancia o este manejando sus negocios en formas no autorizada o insegura.// Incumplidas por la
superintendencia Financiera, en trámite de queja, derecho de petición, presentada el 7 de febrero del 2020 en
donde se aporta pruebas de actuaciones ilegales cometida por el Banco AV VILLAS SA en el dosier No.5001-31-
03-03-1997-00373-00 que se sigue actualmente en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio, el ente de
control y vigilancia, encargada de su ejecución, se rehúsa hacer cumplir la ley.”
14 Impugnación Sentencia de acción de cumplimiento (se trascribe): " Las 4 peticiones formuladas en la queja es

congruente con lo reglamentado en la circular 051 del 2000 de la Superbancaria, al ser la SFC un ente técnico y
facultada para determinar si en la liquidación aprobada por el Juzgado tercero civil del Circuito se sobrepasaron
los límites del interés de usura entendiendo que se calcula un interés compuesto que lo une una variable UVR más
un interés de mora del 24.0%. para así expedir la sanción administrativa y hacerla efectiva la devolución de los
intereses cobrado de más, incluyendo la sanción, en el juzgado de ejecución.// Una de las modalidades en las
que se expresa el poder sancionador del Estado (ius puniendi) es la potestad sancionatoria de las
superintendencias, cuya concepción misma implica que su ejercicio debe estar orientado a garantizar la
materialización de los principios propios d Estado Social de Derecho, el respeto por los derechos y garantías
fundamentales. y el logro de los fines esenciales del Estado que establece la Carta Política.// 4- Con respecto a la
redenominación de la obligación de UPAC a UVR, realizado por el Juzgado Tercero Civil del circuito de
Villavicencio, el 6 de marzo del 2003, en la modificación del mandamiento de pago, para el Tribunal es una
situación consolidada dentro del proceso judicial, apreciación que es contraria, por desconocer que en un
proceso ejecutivo no termina con la ejecutoria de la sentencia, (…)”
15 La decisión de segunda instancia estableció lo siguiente (se trascribe): “se observa que la inconformidad de la

parte demandante surge de la decisión adoptada por la entidad accionada de no iniciar investigación
administrativa en contra del banco Av. Villas, que a juicio de los actores impiden que la superintendencia pueda
controvertir la actuación de la autoridad judicial que en el proceso ejecutivo ordenó la liquidación del crédito y
los intereses que se causaron, circunstancias que no encuadran con las funciones establecidas en el artículo 326,
numeral 5º literal a).// 74. Ahora, el artículo 72 de la Ley 45 de 1990, prevé para las instituciones que se encuentran
bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera que cuando se cobren intereses sobrepasen los límites fijados
en la ley o por la autoridad monetaria, el deudor podrá solicitar la inmediata devolución de las sumas que haya
cancelado por concepto de los respectivos intereses, es decir que la obligación no está en cabeza de la entidad
accionada sino del banco que este bajo vigilancia de ésta, en ese orden la norma no guarda relación con lo
solicitado por los accionantes de que se inicie una investigación y se sancione al banco AV Villas, toda vez que
esta disposición no contempla esta situación.// 75. En este contexto, se evidencia que lo perseguido por la parte
actora de que la Superintendencia Financiera inicie investigación y sancione al banco Av Villas por cobrar una
obligación en UPAC y/o UVR a un crédito comercial y que por ende se le exija que suspenda dicho cobro y
devuelva las sumas cobradas de más por los intereses aprobados en la liquidación del Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Villavicencio dentro del proceso ejecutivo con radicado 50001-31-03-003-1997-00373-00, no
corresponde con las normas invocadas con la demanda, pues los argumentos de las partes reflejan una
controversia que no le corresponde a este juez constitucional dirimir.// 76. Entonces, realmente no hay un mandato
que sea exigible en los términos propuestos por los demandantes, por el contrario lo que se observa son
planteamientos que generan un debate que no puede resolver el juez de la acción de cumplimiento.”

6 de 8

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06470-01
Demandante: Tránsito Gonzáles de Mosquera y otros
Demandados: Consejo de Estado – Sección Quinta
Naturaleza: Acción de tutela
Decisión: Revoca – Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

reclamaciones en sí mismas giran en torno a asuntos de naturaleza
eminentemente económicos, como lo son, para el casos concreto, los
derechos litigiosos.

25. Debe aclarase que las diferencias interpretativas que existieren entre
el demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí mismas, la
justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del juez ordinario.
En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias entre lo
decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía tutela,
no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo
de derechos fundamentales de carácter excepcional 16.

26. Así las cosas, esta Sala concluyó que lo que se pretendió con la
solicitud de amparo fue reabrir el debate jurídico y someterlo a una instancia
adicional.

2.2. Conclusión

27. En virtud de lo expuesto, la Sala revocará el fallo de tutela de primera
instancia, a través del cual se negó la acción de tutela y, en su lugar,
declarará la improcedencia de la misma por no superar el requisito de
relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de tutela proferida el 25 de octubre de
2021, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En
su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Tránsito Gonzáles de Mosquera, Juan Carlos Mosquera Gonzáles y Hernando
Rodríguez Moreno, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier

Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU -659
16

de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

7 de 8

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06470-01
Demandante: Tránsito Gonzáles de Mosquera y otros
Demandados: Consejo de Estado – Sección Quinta
Naturaleza: Acción de tutela
Decisión: Revoca – Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin17.

TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

17 secgeneral@consejodeestado.gov.co

8 de 8

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.