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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-06471-01

Fecha
20 de enero de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-06471-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la decisión impugnada, proferida el 8 de noviembre de 2021, por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en relación con los cargos por violación directa a la Constitución y defecto sustantivo; y en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Confirmar la decisión impugnada proferida el 8 de noviembre de 2021, por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en lo relativo a negar el amparo solicitado frente al cargo por desconocimiento del precedente judicial, conforme la parte motiva de esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-06471-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

20 de enero de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06471-01
Demandante: Roberto Augusto Olmos Chamorro y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2021-06471-01
Demandante ROBERTO AUGUSTO OLMOS CHAMORRO Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SECCIÓN C Y
JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DE BARRANQUILLA

Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos
especiales de procedibilidad de la acción. Desconocimiento del
precedente. Defecto sustantivo. Violación directa a la
Constitución. Pretensión de reparación directa por privación
injusta de la libertad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el apoderado de los accionantes
contra la sentencia del 8 de noviembre de 2021, proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, que resolvió:

“PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.”1

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 23 de septiembre de 20212, los señores Roberto Augusto Olmos Chamorro,
Yesenia Duncan Santiago, Kevin Roberto Olmos Duncan, Natán Stevens Olmos
Duncan, Kaleb Olmos Duncan, Betsy Liliana Olmos del Valle, Franklin Hernández
Heilbrón, Zoraida de Jesús Manotas Donado, Argelis Raquel Hernández Manotas,
Elizabeth Hernández Manotas, Johanna Hernández Manotas, Roque Julio
González Gutiérrez y Denis Esther Gutiérrez Guerrero, mediante apoderado judicial,
interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Subsección C y contra el Juzgado Once Administrativo oral de Barranquilla, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:

“1. TUTELAR el derecho fundamental a la presunción de inocencia que asiste a los señores
Roberto Augusto Olmos Chamorro, Franklin Hernández Heilbrón y Roque Julio
González Gutiérrez, vulnerado por el Juzgado Once Administrativo de Barranquilla y el
Tribunal Administrativo del Atlántico - Sección B mediante sentencia del 8 de octubre
de 2018, confirmada a través de providencia del 23 de marzo de 2021.

1 Pág. 15 de la sentencia de tutela de primera instancia. Expediente digitalizado de la acción de tutela.
Consultado a través del sistema de gestión de proceso del Consejo de Estado: SAMAI
2 Cfr. Acta de reparto. Samai, índice 3.
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-06471-01
Demandante: Roberto Augusto Olmos Chamorro y otros

2. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad que asisten a
Roberto Augusto Olmos Chamorro, Yesenia Duncan Santiago, Kevin Roberto Olmos
Duncan, Natán Stevens Olmos Duncan, Kaleb Olmos Duncan, Betsy Liliana Olmos Del
Valle, Franklin Hernández Heilbrón, Zoraida De Jesús Manotas Donado, Argelis Raquel
Hernández Manotas, Elizabeth Hernández Manotas, Johanna Hernández Manotas,
Roque Julio González Gutiérrez y Denis Esther Gutiérrez Guerrero, vulnerados por el
Juzgado Once Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico -
Sección B, mediante sentencia del 8 de octubre de 2018, confirmada a través de
providencia del 23 de marzo de 2021.

3. En consecuencia, REVOCAR el numeral primero de la sentencia proferida el 8 de
octubre de 2018 por el Juzgado Once Administrativo Oral de Barranquilla y el numeral
primero de la sentencia proferida el 23 de marzo de 2021 por la Sección B del Tribunal
Administrativo del Atlántico dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el Radicado Nro. 08-001-3333-011-2016-00089-00 y 01 y, en su lugar,
ORDENAR que se acceda a la totalidad de pretensiones formuladas en la demanda..” 3

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Según se indicó en el escrito de tutela, la sociedad Electricaribe S.A. E.S.P
inició acción penal ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de
defraudación de fluidos, lo que produjo la captura de los señores Roberto
Augusto Olmos Chamorro, Franklin Eduardo Hernández Heilbrón y Roque
Julio González Gutiérrez, el 21 de diciembre de 2007.

El 24 de diciembre de 2007, los detenidos fueron trasladados a la penitenciaría
El Bosque de la ciudad de Barranquilla y fueron liberados el 31 del mismo mes
y año.

Posteriormente, el 19 de junio de 2011, la Fiscalía General de la Nación-
Unidad Local de Barranquilla profirió resolución de acusación contra Roberto
Augusto Olmos Chamorro, Franklin Eduardo Hernández Heilbron y Roque
Julio Gonzales Gutiérrez por los delitos de concierto para delinquir y
defraudación de fluidos en detrimento de la empresa Electricaribe S.A. La
providencia fue apelada por la defensa.

En providencia del 4 de abril de 2014, la Fiscalía precluyó la investigación por
haber operado el fenómeno de prescripción de la acción penal.

2.2. El 26 de diciembre de 2007, en el periódico Al Día y el diario La Libertad, que
circulan en Barranquilla y la costa caribe, aparecieron notas de prensa en las
que se indicaba que había caído una red criminal dedicada al hurto de energía
eléctrica y en la que se relacionaron los nombres de Roberto Augusto Olmos
Chamorro, Franklin Eduardo Hernández Heilbron y Roque Julio Gonzales
Gutiérrez como parte de la banda criminal.

2.3. Debido a lo anterior, Roberto Augusto Olmos Chamorro y otros presentaron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la
Nación- Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para que se
declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial por la privación de la
libertad de la que fueron objeto los señores Roque Julio González Gutiérrez,
3 Págs. 17 y 18 del escrito de tutela. Expediente digitalizado de la acción de tutela. Consultado a través del
sistema de gestión de proceso del Consejo de Estado: SAMAI.

2

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-06471-01
Demandante: Roberto Augusto Olmos Chamorro y otros

Roberto Augusto Olmos Chamorro y Franklin Eduardo Hernández Heilbrony.
Como consecuencia de lo anterior que se le condenara al pago de la
indemnización de los perjuicios causados a los demandantes. El proceso fue
identificado con el radicado Nro. 08001-33-33-011-2016-00089-00/01.

2.4. Del asunto conoció en primera instancia, el Juzgado 11 Administrativo de
Barranquilla que, en sentencia del 8 de octubre de 2018, negó las pretensiones
de la demanda.

Esta autoridad judicial expuso como hecho probado en el proceso, que los
demandantes fueron privados de la libertad por un lapso de 7 días, dada la
orden de captura expedida por autoridad competente en su contra por los
delitos de concierto para delinquir y defraudación de fluidos.

Precisó que el periodo de reclusión es compatible con el término que la ley
establece para que se formalizara la captura, rindieran indagatoria y se
resolviera su situación jurídica. Aclaró que cuando son varios procesados la
ley extiende el término.

Agregó que en el proceso se acreditó que el Fiscal Sexto Delegado ante el
Juzgado Único Penal del Circuito Especializado se abstuvo de definir situación
jurídica por considerar que los hechos investigados no se acompasaban con
los punibles para los que estaba prevista la detención preventiva. Por lo
anterior, ordenó la libertad inmediata de los procesados, condicionada a la
suscripción de acta de compromiso.

Luego, concluyó que la detención tuvo como objeto legítimo cumplir con la
finalidad de la ley procesal penal.

2.5. La decisión fue recurrida por la parte actora. Solicitó que se considere el hecho
de que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 354 de la Ley 600 del 2000, la
situación jurídica de las personas capturadas sólo debería ser definida cuando
en razón al delito por el que se les investiga fuera procedente la aplicación de
la medida de detención preventiva, lo cual no ocurrió en su caso. Luego, la
privación de la libertad de la que fueron objeto, fue injusta y por ello
correspondía al Estado reparar los perjuicios causados.

2.6. En sentencia del 23 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo del Atlántico
confirmó la decisión de primera instancia.

Como fundamento de su determinación expuso que no se evidenciaba un error
judicial, dado que las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación se
ajustaron a derecho y estuvieron prevalidas de una valoración seria y razonada
de las particularidades del asunto bajo estudio.

Explicó que para la fecha de la formalización de las órdenes de captura
existían indicios serios en contra de los procesados que respaldaban la tesis
de su participación en los delitos por los que se les investigaba.

La sentencia de segunda instancia se notificó a través de mensaje de datos
enviado el 21 de abril de 2021, al buzón de notificaciones judiciales dispuesto
por los sujetos procesales.

3

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-06471-01
Demandante: Roberto Augusto Olmos Chamorro y otros

3. Fundamentos de la acción

Los accionantes consideran que las autoridades judiciales accionadas vulneraron
sus derechos fundamentales, ya que al proferir las sentencias de instancia en el
medio de control de reparación directa con radicado Nro. 08001-33-33-011-2016-
00089-00/01, incurrieron en los siguientes defectos:

3.1. Defecto material o sustantivo, porque los jueces aplicaron normas
impertinentes para el análisis de la responsabilidad del Estado en el caso
concreto, ya que la vinculación de los investigados al proceso se dio en
aplicación de los artículos 354 y siguientes de la Ley 600 del 2000, por lo que
el tiempo de detención preventiva resultaba pertinente; no obstante, dados los
ilícitos por los que se les estaba investigando la vinculación al proceso penal
debía hacerse en los términos de los artículos 332 y 336 de la Ley 600 del
2000, es decir, citando a los investigados para rendir indagatoria y no
imponiendo medida de aseguramiento.

Explicaron que contrario a lo anterior, “los despachos accionados consideraron que en
este caso la detención preventiva era procedente ignorando que esta medida no cumplía con
ninguno de los requisitos de legalidad, proporcionalidad o razonabilidad previstos en la
legislación vigente.”4

Agregaron que las autoridades judiciales de instancia asumieron, en atención
a un marco jurídico errado, que la vinculación al proceso “debía darse mediante
detención preventiva cuando esta era desajustada a los criterios de legalidad,
proporcionalidad y necesidad y, por tanto, a todas luces improcedente.” 5

3.2. Desconocimiento del precedente judicial. Se relata en la tutela que uno de los
investigados por los mismos hechos que se analizan, presentó demanda de
reparación directa que concluyó con sentencia favorable a sus pretensiones
proferida por la Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico.

Expusieron que era exigible a la accionada el acatamiento de este precedente:
“Como se puede observar, en el presente caso se cumplen los siguientes postulados: i)
se incoaron dos acciones contencioso-administrativas de reclamación directa (Julio
Salcedo Padilla y Roberto Olmos y otros); ii) ambos procesos se fundamentaban en los
mismos hechos causantes del daño y los perjuicios reclamados; y, iii) en ambos
procesos aplicaba una normativa idéntica.

A pesar de lo anterior, la misma entidad, es decir el Tribunal Administrativo del Atlántico,
falló de forma diferente ambos procesos para lo cual en el proceso de Julio César
Salcedo Padilla encontró configurada la responsabilidad patrimonial del Estado
condenándolo a resarcir los perjuicios causados al accionante; sin embargo, en el
proceso iniciado por Roberto Olmos Chamorro y otros, se pronunció en sentido
contrario, confirmando al juzgado de primera instancia en la desestimación de las
pretensiones de la demanda.”

3.3. Violación directa a la constitución, ya que, por las razones antes expuestas, a
juicio de la parte accionante, se incurrió en vulneración de sus derechos
fundamentales al buen nombre, debido proceso y presunción de inocencia.

4 Página 10 del escrito de tutela. Samai, índice 2.
5 Página 12 del escrito de tutela. Samai, índice 2.
4

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Demandante: Roberto Augusto Olmos Chamorro y otros

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 29 de septiembre de 2021, el despacho sustanciador de primera
instancia inadmitió la acción de tutela y requirió al apoderado de la parte
accionante para que justificara la representación en calidad de agente oficioso
de algunos de los accionantes.

El apoderado judicial aportó los poderes de representación judicial faltantes.

4.2. El 13 de octubre de 2021, el a quo admitió la acción de tutela interpuesta
contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y contra el Juez 11 Administrativo
del Circuito de Barranquilla; y vinculó, en calidad de tercero con interés, a la
Nación- Fiscalía General de la Nación, entidad que conformó el extremo pasivo
de la demanda de reparación directa Nro. 08001-33-33-011-2016-00089-
00/01.

Finalmente, dispuso que se notificara a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado conforme las exigencias de Ley y que se surtieran las
notificaciones respecto de las partes e intervinientes.

4.3. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de profesional especializado
de la Dirección de Asuntos Jurídicos, expuso que el asunto no cumple con el
requisito de subsidiariedad, ya que la parte accionante tenía a disposición
otros mecanismos judiciales para la protección de sus derechos, y no indicó
las razones para no haberlos interpuesto, ni expuso un perjuicio irremediable
que justificara la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar su
consumación.

Agregó que la actora tampoco cumplió con la carga de sustentar las causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Relativo al defecto sustantivo, expuso que no se evidencia que el
juez de instancia haya realizado una interpretación irregular del artículo 68 de
la Ley 270 de 1996 ni de la Constitución. Por el contrario, se verificó que la
medida preventiva fue legal, razonada y proporcional. Es por ello por lo que
las sentencias acusadas no pueden ser tildadas de irrazonables, arbitrarias o
caprichosas

Relativo al derecho fundamental al debido proceso expuso que las autoridades
judiciales accionadas respetaron todas las garantías de las partes del proceso.

Finalmente, expresó que la providencia acusada está conforme al precedente
establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU 072 de 2018.

4.4. El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Barranquilla sostuvo que
en el proceso no se demostró que los demandantes hubieran sido privados de
su libertad sin el lleno de los requisitos para tal propósito.
Advirtió que no es cierto lo indicado en la tutela cuando manifiesta que la
sentencia proferida por ese despacho no atendió a criterios de legalidad,
proporcionalidad y razonabilidad.

Y precisó que no es de recibo el señalamiento relativo a que los jueces de
instancia aplicaron normas impertinentes pues el marco jurídico que se tuvo
en cuenta era indicado para el caso individual.

5

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5. Providencia impugnada

En sentencia del 8 de noviembre de 2021, la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela.

Como fundamento de su decisión expuso que los elementos materiales probatorios
y evidencia física presentada por la Fiscalía General de la Nación justificaban la
privación de la libertad en los términos exigidos por la ley, por lo que, la decisión del
Tribunal Administrativo del Atlántico de negar las pretensiones de la demanda fue
producto del análisis de la legalidad, la razonabilidad y la proporcionalidad de la
medida.

Expuso que la premisa jurídica de la sentencia estuvo fundamentada en la
normativa y jurisprudencia tanto constitucional como contenciosa pertinente para
resolver el caso individual.

Finalmente, indicó que la decisión que se cuestiona fue producto del despliegue de
los principios que se predican de la actividad jurisdiccional, como la autonomía
funcional y que la decisión a la que llegaron los jueces de instancia fue razonable y
adecuada.

6. Impugnación

Los accionantes impugnaron la sentencia de tutela de primera instancia.
Consideraron que existe un claro desconocimiento del precedente horizontal por
parte del tribunal accionado, lo que se traduce en una vulneración de los derechos
de los accionantes al debido proceso y confianza legítima.

Reprocharon que, aunque es cierto que de la actividad jurisdiccional se predican los
principios de autonomía e independencia, estos no son absolutos. Un sistema
jurídico que se rige por los principios de legalidad y seguridad jurídica no debería
permitir que sus operadores judiciales inobserven las normas que deberían fundar
sus decisiones, más cuando se trata de determinaciones que impactan en el
derecho a la libertad de las personas.

Expusieron que la Ley 600 del 2000, vigente para el momento de los hechos,
establecía para los delitos de defraudación de fluidos y concierto para delinquir
penas con tope de 4 años, por lo que de conformidad con lo establecido en los
artículos 332 y 336 de esa norma, la forma de hacer comparecer a los investigados
al proceso era citarlos para rendir indagatoria, no imponiendo medida de
aseguramiento mediante captura.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo

6 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
6

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para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7
y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional9 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso

3. Determinación del problema jurídico

Del estudio de los antecedentes expuestos, y concretamente de los argumentos del
recurso de apelación en el proceso de reparación directa sub examine, corresponde
a la Sala determinar, en primera medida, si el cargo por defecto sustantivo expuesto
en la acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional a la luz
de uno de sus presupuestos, cuyo contenido prohíbe que este mecanismo judicial
se utilice como una instancia adicional para discutir la decisión judicial desfavorable
a las pretensiones de una de las partes del proceso.

En caso de que la acción de tutela supere el requisito de relevancia constitucional
frente al cargo antes enunciado, corresponderá a la Sala establecer si el Tribunal
Administrativo de Atlántico, Subsección C incurrió en los defectos sustantivo, por

7 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
8 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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desconocimiento del precedente judicial y de violación directa a la Constitución al
proferir la sentencia de segunda instancia calendada del 23 de marzo de 2021,
dentro del proceso de reparación directa Nro. 08001-33-33-011-2016-00089-00/01.

4. El cargo por defecto sustantivo no supera el requisito de relevancia
constitucional

4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel
puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional.

Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a
partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la
Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:

i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales”10. Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.

iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01. C. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Demandante: Alpina
Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo De Estado – Sección Primera.
8

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v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera
una instancia adicional del proceso ordinario.

4.2. En los escritos de tutela y de impugnación, la parte actora sostuvo que el
Tribunal Administrativo del Atlántico analizó el caso concreto a la luz de una
normativa errada, pues la autoridad judicial accionada desconoció que los
investigados fueron vinculados al proceso penal en aplicación de los artículos
354 y siguientes de la Ley 600 del 2000, esto es, a través de imposición de
medida de aseguramiento, cuando de acuerdo con el tipo de delito investigado
lo pertinente era hacerlos acudir al proceso en aplicación de los artículos 332
y 336 del Código Procesal Penal vigente, esto es, citándolos para indagatoria.
Por lo que, en el caso concreto, la medida de detención preventiva no cumplía
con los requisitos de legalidad, proporcionalidad y racionalidad.

Del análisis de las pruebas documentales aportadas al proceso constitucional,
se extrae que el recurso de apelación que interpuso la parte demandante (hoy
accionante) contra la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado
11 Administrativo del Circuito de Barranquilla se fundamentó en similares
argumentos11.

En esa ocasión se solicitó que se revisara el marco jurídico bajo el que se
surtieron las actuaciones en el proceso penal. Precisaron que el artículo 354
de la Ley 600 del 2000 indicaba que la situación jurídica de los capturados
procedía para los casos en los que fuera procedente la aplicación de la
detención preventiva, pero ninguna de las conductas punibles por las que se
les investigaba estaba enlistado con asignación de esta medida, por lo que la
privación de la libertad que sufrieron fue injusta.

4.3. Establecido lo anterior, la Sala observa que el Tribunal Administrativo del
Atlántico estudió y despachó estos cargos en la sentencia del 23 de marzo de
2021. En dicha providencia se precisa que las pruebas del proceso acreditan
que la privación de la libertad que pretenden los actores que se indemnice se
materializó en el lapso del 24 al 31 de diciembre de 2007, en el Centro de
Rehabilitación Masculino de Barranquilla. Información que se corrobora con
las certificaciones emitidas por el director de aquel centro de reclusión.

En la providencia también se relatan las circunstancias en la que se dio la
captura y privación de la libertad. Narra la autoridad judicial, a la luz de las
pruebas del proceso, que el 20 de diciembre de 2007 la Fiscalía General de la
Nación ordenó allanamiento y registro de los inmuebles del señor Roberto
Olmos Chamorro y de otras personas y que, en desarrollo de esa diligencia,
fueron capturados en virtud de orden de captura en su contra y puestos a
disposición de la Fiscal Primera, Estructura de Apoyo de Barranquilla.

Se explica que, posteriormente el ente acusador surtió las etapas de
legalización de captura, indagatoria y resolución de la situación jurídica de los
capturados. En desarrollo de estas actuaciones, la Fiscalía Sexta delegada
ante Juzgado Único Penal del Circuito Especializado, quien asumió el

11 Cfr. Página 9 de la sentencia del 23 de marzo de 2021, proferida por la Subsección C del Tribunal
Administrativo del Atlántico.
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conocimiento de la instrucción, se abstuvo de definir la situación jurídica de los
procesados y dispuso dejarlos en libertad inmediata bajo condición de la
suscripción de acta de compromiso en los términos del artículo 368 de la Ley
600 del 2000.

En la sentencia se indicó que esa decisión estuvo fundamentada en que los
delitos endilgados no cumplían con los requisitos formales para que procediera
la medida de detención preventiva al no estar enlistados en el artículo 354 de
la Ley 600 del 200012.

Se extractan los apartes relevantes de la providencia en comento:
“Como quiera que los delitos de concierto para delinquir y defraudación de fluidos
eléctricos endilgados a los sindicados no cumplen con los requisitos formales legales
para que proceda la detención preventiva, puesto que no se hallan en el listado de
delitos del Art. 357 de la Ley 600 de 2000, como tampoco dentro de los previstos en el
Art. 5° del Capítulo Transitorio del C.P., modificado por la Ley 1121 de 2006. (…) Así
las cosas, en el caso que nos ocupa, una vez constatado, que los hechos investigados
no corresponden a conductas punibles para las cuales esté prevista la detención
preventiva y como quiera que por mandato constitucional, la afectación de la libertad de
las personas solo debe darse cuando se cumplan requisitos formales de legalidad y
además que se valore la necesidad de aplicar la medida restrictiva del derecho
fundamental en comento, atendiendo criterios de razonabilidad, necesidad y prevención
del delito que permitan garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, dispondrá
de inmediato lo siguiente:

1- Abstenerse de definir situación jurídica a los procesado Julio Cesar Salcedo
Padilla, Franklin Eduardo Hernández Heilbron, Roberto Augusto olmos Chamorro,
Wilmer Henrry Acosta Arroyo, Milton de Jesús Julio Gutiérrez, Benito julio Polo,
Roque Julio Gonzales Gutiérrez y Manuel de Jesús Mercado de La Cruz.
2- En consecuencia, de lo anterior, se dispone que sean dejados en libertad inmediata
los procesados Julio Cesar Salcedo Padilla, Franklin Eduardo Hernández Heilbron,
Roberto Augusto olmos Chamorro, Wilmer Henrry Acosta Arroyo, Milton de Jesús
Julio Gutiérrez, Benito julio Polo, Roque Julio Gonzales Gutiérrez y Manuel de
Jesús Mercado de La Cruz, previa suscripción de acta de compromiso de
presentarse a la autoridad cuando se les requiera y demás obligaciones previstas
en el Art. 368 del C.P.P.
3- Cancelar órdenes de captura.” (Resala Sala)

El Tribunal accionado también relacionó apartes de la providencia del 4 abril
de 2014, proferida por la Fiscalía General de la Nación, Unidad Delegada ante
el Tribunal Superior, que declaró (i) la prescripción de la acción penal
adelantada contra los procesados por el delito de defraudación de fluidos y,
(ii) la preclusión de la investigación por el delito de concierto para delinquir.

12 “ARTÍCULO 354. DEFINICIÓN. La situación jurídica deberá ser definida en aquellos eventos en que sea

procedente la detención preventiva.
Cuando la persona se encuentre privada de la libertad, rendida la indagatoria, el funcionario judicial deberá
definir la situación jurídica por resolución interlocutoria, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes,
indicando si hay lugar o no a imponer medida de aseguramiento si hubiere prueba que la justifique u
ordenando su libertad inmediata. En este último caso, el sindicado suscribirá un acta en la que se
comprometa a presentarse ante la autoridad competente cuando así se le solicite.
Si el sindicado no estuviere privado de la libertad, el plazo para resolver situación jurídica será de diez (10)
días contados a partir de la indagatoria o de la declaratoria de persona ausente. El Fiscal General de la
Nación o su delegado dispondrán del mismo término cuando fueren cinco (5) o más las personas
aprehendidas, siempre que la captura de todas se hubiere realizado en la misma fecha.”

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4.4. Con ocasión de los antecedentes y medios de prueba antes relacionados, el
Tribunal Administrativo del Atlántico estimó que fue razonable el tiempo que
los accionantes permanecieron privados de la libertad dado que existía orden
de captura en contra de los investigados, fundamentada en serios indicios que
comprometían su responsabilidad penal por los delitos investigados, por lo que
resultaba pertinente que el análisis del caso se adelantara a la luz de los
artículos 340, 350, 351, 352, 354 y siguientes de la Ley 600 del 2000.

Conforme lo anterior, debe destacarse que, en cada una de las instancias del
proceso de reparación directa, los jueces precisaron que la privación de la
libertad de la que fueron objeto los investigados estuvo justificada en la
existencia de orden de captura vigente en su contra y que el tiempo que esta
se extendió, es razonable con el dispuesto por el Legislador para que se
formalice la captura, se rinda indagatoria y se resuelva su situación jurídica,
dado la cantidad de capturados.

4.5. Conforme lo expuesto, es preciso recordar que la jurisprudencia constitucional
ha dicho que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó
como un análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión
atacada y la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece
a su naturaleza y propósito.

De ahí que la simple disparidad de criterio, no constituye en sí misma una
vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se
desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias judiciales, como
mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha
sostenido que cuando se controvierte decisiones judiciales, la procedencia del
amparo está sujeto a que el asunto sea de tal relevancia en materia
constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración
grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.

Es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida por un juez
mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los principios
de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por consiguiente, a fin
de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una decisión judicial sin
efectos y tales principios es imperativo que se cumplan con rigor cada uno de
los requisitos generales señalados jurisprudencialmente, incluyendo la
relevancia constitucional.

4.6. Se tiene entonces que las inconformidades del actor ya fueron estudiadas en
la sentencia accionada, pero el actor está en desacuerdo con el sentido de la
decisión, pues en su consideración se privó de la libertad a los accionantes sin
que se reunieran los requisitos legales para ello. Luego, la Sala concluye que
en el caso no se satisface el requisito de relevancia constitucional.

En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones del accionante frente al defecto sustantivo para, en su lugar,
declarar su improcedencia.

4.7. Dado que el defecto por violación directa a la constitución se fundamentó en
los mismos cargos analizados previamente, por sustracción de materia se
declarará la improcedencia del alegato con remisión a los argumentos antes
expuestos.
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5. Defecto por desconocimiento del precedente judicial (horizontal):
alcance y su análisis en el caso concreto

5.1. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el
pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos
semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el
juez al momento de decidir el nuevo caso.

La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que, “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia
jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente
y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”13.

Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación
(existencia del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) sean
vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente
vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii)
que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al
precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante); (iv) que el
juez de instancia no presente una justificación razonable para apartarse del
precedente vinculante.

A partir de lo anterior, debe considerarse que, por regla general, los jueces de
lo contencioso administrativo deben guiarse en la solución de sus asuntos, por
la jurisprudencia vinculante. Este concepto cobija tanto el precedente vertical,
que proviene de la autoridad encargada de unificar jurisprudencia en cada
jurisdicción, como el precedente horizontal que es el emitido por el mismo
funcionario o autoridades del mismo nivel jerárquico y que está cimentado en
los principios de igualdad y seguridad jurídica. Al respecto, la Corte
Constitucional indicó:

Bajo ese entendido y de acuerdo a la autoridad que emitió el pronunciamiento, se puede
clasificar el precedente en dos categorías: (i) el precedente horizontal, el cual hace
referencia a las decisiones proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o,
incluso, por el mismo funcionario; y (ii) el precedente vertical, que se refiere a las
decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad encargada de unificar la
jurisprudencia. El precedente horizontal tiene fuerza vinculante, atendiendo no solo a
los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima, sino al derecho a la
igualdad que rige en nuestra Constitución. Asimismo, el precedente vertical, al provenir
de la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia dentro de cada una de las
jurisdicciones, limita la autonomía judicial del juez, en tanto debe respetar la postura del
superior, ya sea de las altas cortes o de los tribunales.” 14

5.2. Dicho lo anterior, se debe tener presente que la sentencia que se invoca como
desconocida, aunque trata de un asunto con evidentes similitudes fácticas, no
tiene la calidad de precedente exigible para resolver el asunto sub examine,

13 Corte Constitucional. Sentencia T-158 de 2006. M.P. Humberto Sierra Porto. Tesis reiterada en la sentencia
T-284 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14 Corte Constitucional. Sentencia SU 354 de 2014. M.P. Iván Humberto Escrucería.

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ya que la providencia fue proferida por la Sección B del Tribunal Administrativo
del Atlántico, en cambio, la sentencia que se analiza fue proferida por la
Sección C de esa Corporación.

Esto es importante porque los magistrados que profirieron una y otra sentencia
no son los mismos, situación que tiene especial importancia cuando se
pretende hacer exigible el precedente horizontal, pues al tratarse de
funcionarios de igual categoría, en principio, no es dable exigirles que acojan
sin más las tesis o posturas de otra Sección o Sala, pues podría afectar su
autonomía e independencia en la decisión razonable de los casos.

Así pues, en el caso concreto se estima que el Tribunal accionado adelantó un
análisis apropiado y debidamente motivado del marco jurídico a analizar
conforme a las particularidades del caso concreto, sin que se estime aceptable
imponer la tesis de otra Sala de la misma Corporación judicial.

En lo que tiene que ver con el precedente jurisprudencial horizontal, advierte
la Sala que su observancia no es tan rigurosa como la que se predica del
precedente vertical que es de obligatorio acatamiento, comoquiera que se trata
de posiciones que se adoptan en virtud de la autonomía judicial con la que
cuentan los jueces y que puede llevar a que existan eventualmente diferencias
de criterio y de interpretación al momento de definir casos similares, siempre
que sus tesis se sustenten en argumentos razonables y debidamente
sustentados.

Pero, como se indicó, no solo se trata de que los casos fueron conocidos por
diferentes secciones del Tribunal accionado, sino que debido a la fecha en la
que fue proferida la sentencia que se discute, el marco jurídico aplicable a
casos de reparación directa por privación injusta de la libertad era diferente,
en especial en lo atinente al régimen de responsabilidad, comoquiera que la
sentencia que se pretende imponer como precedente fue proferida el 6 de julio
de 2018, lo que implica que las reglas jurídicas de análisis de este caso,
estaban determinadas por la sentencia de unificación del 28 de agosto de
201315.

5.3. Conforme los argumentos expuestos, no se concreta en el caso individual la
violación del derecho a la igualdad de los actores porque la sentencia que se
invoca como desconocida no constituye precedente vinculante y vigente
exigible a la autoridad judicial accionada; más bien, lo que advierte la Sala es
que la Subsección C del Tribunal Administrativo del Atlántico, en ejercicio de
su autonomía e independencia, fundamentó su decisión en el marco jurídico
que estimó apropiado conforme las particularidades del caso individual,
determinación que además estuvo motivada razonablemente en el texto de la
providencia judicial que se cuestiona.

6. Conclusión

De acuerdo con los argumentos expuestos, la Sala revocará la decisión del a quo
frente a los cargos por defecto sustantivo y por violación directa a la Constitución,
para en su lugar, declarar improcedente la acción porque no superan el requisito

15 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de unificación. Proceso Nro. 68001-23-31-
000-2002-02548-01(36149). C.P. Hernán Andrade Rincón.
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general de relevancia constitucional; y la confirmará respecto de la decisión de
negar las pretensiones de la demanda frente al defecto por desconocimiento del
precedente judicial, conforme lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la decisión impugnada, proferida el 8 de noviembre de 2021, por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en relación con
los cargos por violación directa a la Constitución y defecto sustantivo; y en su
lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela, por las razones
expuestas en esta providencia.

2. Confirmar la decisión impugnada proferida el 8 de noviembre de 2021, por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en lo relativo a
negar el amparo solicitado frente al cargo por desconocimiento del precedente
judicial, conforme la parte motiva de esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

14

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