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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-06519-01

Fecha
24 de febrero de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-06519-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente 18321, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2021-06519-01 Demandantes: William Giovanny Rueda Polanía y otro Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación hecha por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, el 27 de octubre de 2021, por medio de la cual, negó la solicitud de amparo de los accionantes. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-06519-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

24 de febrero de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06519-01
Demandantes: William Giovanny Rueda Polanía y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06519-01
Demandantes: WILLIAM GIOVANNY RUEDA POLANÍA Y OTRO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN “A”

Tema: Tutela contra providencia judicial – Confirma providencia
que negó el amparo constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por los señores William
Giovanny Rueda Polanía y Dorian López Vélez, contra la sentencia de 27 de
octubre de 2021, por medio de la cual la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado negó la solicitud de amparo.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

A través de mensaje de datos remitido al correo electrónico de la Secretaría
General del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2021, los señores
William Giovanny Rueda Polanía y Dorian López Vélez, por medio de
apoderado judicial, interpusieron acción de tutela con el fin de que se
protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

Tales garantías las estimaron vulneradas, con ocasión de la sentencia proferida
el 5 de marzo de 2021 por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de
Estado, que revocó la decisión de 16 de diciembre de 2013 del Tribunal
Administrativo de Santander – Sala de Descongestión, que había accedido a las
pretensiones del medio de control de reparación directa promovido por los
actores contra el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, en
adelante DAS, y que se identificó con el radicado 68001-23-31-000-2007-
00723-01.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-06519-01
Demandantes: William Giovanny Rueda Polanía y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”

1.2. Petición de amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda fueron las siguientes:

“[…] 1) TUTELAR los derechos fundamentales al Debido Proceso establecido en
el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, y el Acceso a la
Administración de Justicia de la Accionante (sic), y demás garantías
constitucionales de los accionantes por vías de hecho.

2) Que se REVOQUE la providencia proferida por el Honorable CONSEJO DE
ESTADO Sección Tercera de fecha 05 de marzo de 2021 dictada dentro del
proceso de reparación DIRECTA bajo radicado 2007-723-01, SENTENCIA en la
que negó el derecho consagrado en el art 29 de la Constitución política, así
mismo el Acceso a la Administración de Justicia con equidad del accionante, él
amparo de sus derechos a un debido proceso por vías de hecho ya que la
providencia que acá se acciona vía tutela REVOCO (sic) LA SENTENCIA de
primera instancia proferida el día 16 de diciembre de 2013 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de Descongestión, que había
amparado los derechos que le asistían a los accionantes en virtud que fueran
reparadas las acciones de las que fueron víctimas.

3) Que una vez sea revocada la sentencia que acá se impugna se declare la
responsabilidad el estado en el accionar que se demandó vía acción de
reparación directa y que fue negado en sala con salvamento de voto por el
honorable consejo de estado, en virtud del derecho al debido proceso y demás
garantías constitucionales y legales que acá se enumeran y que configuran las
VÍAS DE HECHO por las que se acciona la sentencia proferida para el día 5 de
marzo de 2021 […]”. (Sic para toda la cita)

1.3. Hechos

La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

1.3.1. El 13 de diciembre de 2005 el señor Edwin Yesid Arias León1 abordó un
vehículo de transporte público desde Cúcuta hasta la ciudad de Bucaramanga,
momento en el cual, tenía en su poder sesenta millones de pesos ($60.000.000)
de propiedad de su empleador, el señor William Giovanny Rueda Polanía.

1.3.3. Una vez arribó a la ciudad de Bucaramanga, el señor Dorian López Vélez
le entregó trescientos cuarenta millones de pesos ($340.000.000), dinero que
camufló dentro de su maleta de viaje. El señor Arias León tomó un bus con
rumbo a la ciudad de Bogotá.

1
Se precisa que fue llamado a rendir testimonio de los hechos, pero no fue no vinculado al
proceso ordinario ni como demandante, ni como tercero con interés, ello conforme al expediente
digital que reposa en el aplicativo del Consejo de Estado “SAMAI”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-06519-01
Demandantes: William Giovanny Rueda Polanía y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”

1.3.4. Sin embargo, cuando el autobús pasaba por el municipio de San Gil -
Santander fue interceptado por detectives del entonces DAS, quienes lo
retuvieron, lo subieron a un automotor oficial y se apropiaron del dinero, no
obstante, el individuo escapó y acudió a las instalaciones de la Policía Nacional.

1.3.5. Mencionaron que varios policías iniciaron las correspondientes
pesquisas, localizaron a los servidores que despojaron al señor Arias León del
los recursos que trasladaba, y les encontraron ciento cincuenta y nueve
millones ($159ʼ000.0000), por lo que fueron presentados ante la Fiscalía
General de la Nación, autoridad que los procesó penalmente por los delitos de
secuestro simple, hurto agravado y porte ilegal de armas, diligencias en las que
aceptaron cargos, razón por la cual se les dictó sentencia anticipada.

1.3.6. De manera que, los señores William Giovanny Rueda Polanía y Dorian
López Vélez promovieron medio de control de reparación directa contra la
Nación – DAS, con el fin de que se le declarara responsable y se le condenara
a pagar a favor de cada demandante $293’606.989 por perjuicios materiales en
la modalidad de daño emergente, además, que les pagaran los intereses
bancarios corrientes de dicha suma como lucro cesante, y 100 SMLMV, para
cada uno de ellos, por razón de perjuicios morales.

1.3.7. En primera instancia, el proceso le correspondió al Tribunal
Administrativo de Santander – Sala de Descongestión que en fallo de 16 de
diciembre de 2013 accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que
en el precitado hecho delictivo participaron detectives de ese organismo y
usaron su dotación oficial para perpetrarlo, lo que comprometía la
responsabilidad patrimonial de la administración.

1.3.8. Inconforme con esa decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación, con fundamento en que los ilícitos que les fueron imputados a los
servidores públicos aprehendidos no estaban relacionados con el cumplimiento
de sus funciones, de manera que, el Estado no tuvo incidencia en el daño
antijurídico que se le endilgaba.

1.3.9. La segunda instancia de este proceso le correspondió a la Subsección
“A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que en fallo de 5 de marzo de
2021, revocó la decisión del a quo, y en su lugar negó las pretensiones de la
demanda, toda vez que si bien en el suceso los capturados emplearon
instrumentos que el Estado les había suministrado, lo cierto es que las
actuaciones de estos no tuvieron vínculo con las labores asignadas en el
ordenamiento jurídico, sino que comportaron un actuar particular e individual
que no concernía al servicio público.

Es pertinente precisar, que en esa oportunidad la Magistrada María Adriana
Marín salvó voto, con fundamento en que la actuación de los miembros del
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Demandantes: William Giovanny Rueda Polanía y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”

extinto DAS, sí tuvo nexo con el servicio, prueba de ello es que perpetraron los
delitos de hurto agravado, porte ilegal de armas y secuestro en servicio activo,
utilizando no solo los instrumentos entregados para la prestación del mismo,
sino que se hicieron pasar por miembros del Estado.

Mencionó que justamente, fue su condición de funcionarios activos y en
servicio, lo que les permitió interceptar al bus en el que se transportaba el señor
Edwin Yesid Arias León, quien llevaba el dinero de los hoy tutelantes.

Precisó que, en términos fácticos y jurídicos, “[…] la conducta de los efectivos del
DAS sí tenia un vínculo indiscutible con el servicio, pues precisamente, esa condición
de agentes activos de la institución les permitió realizar las interceptaciones con
apariencia de legitimas y poner en estado de indefensión a al demandante (sic) para,
posteriormente, hurtarle el dinero, todo lo cual compromete la responsabilidad
patrimonial de la demanda bajo titulo de falla en el servicio […]”.

1.4. Fundamentos de la solicitud

En el escrito de la acción de tutela, los accionantes manifestaron que la
Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, al proferir la
sentencia de 5 de marzo de 2021 incurrió en un defecto fáctico.

Lo anterior con fundamento en que, en la providencia censurada no se
tuvieron en cuenta que los elementos de convicción allegados al proceso de
reparación directa identificado con el radicado Nº. 68001-23-31-000-2007-
00723-00 demostraban que los detectives del entonces DAS involucrados en
el hecho dañoso, se valieron de esa condición para apropiarse
indebidamente del dinero que transportaba el señor Edwin Yesid Arias León,
pues para tal fin emplearon sus uniformes, placas, vehículo y demás
instrumentos oficiales, lo que impone colegir que esas actuaciones
irregulares tuvieron nexo con sus tareas, por ende, implica una falla del
servicio pasible de indemnización en sede contencioso-administrativa.

Adicionalmente, indicó que, al momento de fallar debe tener en cuenta y
aplicar la postura contemplada en el salvamento de voto de la Magistrada
María Adriana Marín, el cual, según los accionantes “[…] esgrime las razones
por las que se considera a todas luces del derecho la responsabilidad del estado en
los hechos cometidos por agentes del DAS que bajo todo su actuar hicieron creer
que estaban en cumplimiento de un deber como funcionarios de la entidad
demandada […]”.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 29 de septiembre de 2021, la Sección Segunda, Subsección
“B” del Consejo de Estado, admitió la solicitud de tutela y ordenó notificar a los
magistrados de la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, y al
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Demandantes: William Giovanny Rueda Polanía y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”

director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
toda vez que es el organismo estatal sucesor procesal del extinto DAS, para
que, una vez notificada la providencia, rindieran informe y ejercieran su derecho
de defensa y contradicción, dentro del término de dos (2) días.

1.6. Contestaciones

Librados los oficios correspondientes, se pronunciaron las siguientes
autoridades:

1.6.1. Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado

Por medio de documento de 1º de octubre de 2021, el magistrado ponente de
la decisión objeto de reproche, hizo un recuento detallado de los hechos del
proceso ordinario objeto de controversia y de los consignados en esta acción
de tutela.

Manifestó que la sentencia de 5 de marzo de 2021, se fundó en las
disposiciones normativas, las interpretaciones jurisprudenciales y en el material
probatorio aportado al proceso y, en este sentido, los fundamentos que sirvieron
de base para la conclusión del asunto, lejos de aparejar una violación a los
derechos fundamentales, implicó la concreción de los criterios definidos en
torno a la responsabilidad personal de los agentes del Estado, suficientemente
explicada en el fallo atacado, de manera que, no es de recibo que los
accionantes pretendan instrumentalizar la acción de tutela a fin de modificar
decisiones que han sido adoptadas con respeto de las normas en las que debía
fundarse.

Adujo que la jurisprudencia ha decantado que los daños ocasionados por los
agentes estatales relacionados con el servicio no comprometen directamente la
responsabilidad estatal, tampoco cuando el resultado es producido por la
ejecución de labores y actividades típicamente institucionales, pues no basta
que el servidor se valga de instrumentos o distintivos de la institucionalidad para
que el daño sea atribuible al Estado, como en este caso, en el que los agentes,
si bien actuaron con elementos de la extinta entidad, no se hallaban bajo orden
de servicio, motivo suficiente para colegir que el daño sólo les es a ellos
atribuible.

Precisó que en el presente caso los razonamientos sobre la presunta
transgresión de los derechos fundamentales de los actores se reducen a la
transcripción y paráfrasis del salvamento de voto que no acompañó la decisión
objeto de censura, situación que evidencia la precariedad sustantiva de la
acción de tutela e indica, sin duda, la ausencia de mérito constitucional para el
análisis convocado por los accionantes.

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Demandantes: William Giovanny Rueda Polanía y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”

Solicitó que se declare la improcedencia de esta acción de tutela, con ocasión a
que la decisión cuestionada se adoptó con apego a la ley y la jurisprudencia por
las que debía regularse, cuyos fundamentos quedaron consignados de manera
clara y precisa en su parte motiva, razón por la cual y contrario a lo aseverado
por los tutelantes, ningún derecho fundamental resultó vulnerado en este caso.

Adicionalmente, allegó copia del expediente digital, el cual reposa en el
aplicativo del Consejo de Estado “SAMAI”.

1.6.2. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

A través de contestación enviada al correo electrónico de la Secretaría General
de esta Corporación, el 4 de octubre de 2021, la apoderada de la entidad
mencionó los hechos objeto de debate, y solicitó que se declare la
improcedencia de esta tutela.

Requirió su desvinculación del presente trámite, con fundamento en que carece
de legitimación en la causa por pasiva, puesto que en la presente acción
constitucional los derechos que se entienden presuntamente vulnerados no son
atribuibles a ese departamento administrativo, ni al Presidente de la República.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 27 de octubre de 2021, la Sección Segunda, Subsección
“B” del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo.

Indicó que después de revisar el expediente ordinario, advirtió que aunque
fueron debidamente probadas las circunstancias fácticas en que se causó el
suceso que desencadenó en las diligencias contencioso-administrativas ello no
implicaba declarar la responsabilidad extracontractual del Estado, por cuanto no
aconteció durante el ejercicio de funciones investigativas, sino que se produjo
por una actuar individual de los aprehendidos, quienes, luego de recibir
información de que el señor Arias León transportaba una importante cantidad
de dinero, decidieron actuar motu proprio con el fin de apropiárselo y no
reportar la situación a sus superiores, tal como lo confesaron en el proceso
penal surtido en su contra.

Advirtió que a la Administración le asiste la obligación de reparar
pecuniariamente los perjuicios ocasionados por sus agentes, únicamente
cuando se producen como consecuencia directa del cumplimiento de sus
tareas, pues para ello no basta con que sean causados por servidores públicos
que utilizan su dotación oficial, puesto que, se reitera, los capturados no
causaron los agravios en desarrollo de las labores que les asigna el marco
normativo, sino por su actuar individual.

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Mencionó que “[…] las conclusiones del funcionario judicial (natural) acerca de
la responsabilidad patrimonial del Estado en los hechos acaecidos el 14 de
diciembre de 2005 y que derivaron en el precitado proceso ordinario, están
precedidas de una valoración integral y razonable de las pruebas recaudadas,
lo que imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente
contrarias a las garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite […]”.

En resumen, para el a quo constitucional, no se configuró el defecto fáctico
planteado por los accionantes.

1.8. Impugnación

Mediante documento enviado el 12 de enero de 20222, al buzón electrónico de
la Secretaría General del Consejo de Estado, los accionantes impugnaron la
decisión de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado y
solicitaron que se revocara el fallo de 27 de octubre de 2021.

En el escrito de alzada, la parte accionante reprochó la decisión de primera
instancia constitucional, y enfatizó que al igual que la autoridad demandada,
inobservó la postura correcta que manifestó la Magistrada María Adriana Marín
en el salvamento de voto de la sentencia objeto de debate, donde se explicó
que el Estado sí era responsable de las acciones de los agentes del DAS, pues
le hicieron creer a quien le hurtaron el dinero de los accionantes, que estaban
en cumplimiento de un deber como funcionarios de la extinta entidad.

Adicionalmente, en el escrito de impugnación transcribió in extenso apartes
del salvamento de voto que consideraron desconocido tanto por el ad quem
del proceso ordinario, como por el a quo de esta acción de tutela.

1.9. Trámite en segunda instancia

Encontrándose el expediente en el Despacho para ser fallado, se advirtió que,
en primera instancia no se vinculó al Tribunal Administrativo de Santander –
Sala de Descongestión, o la autoridad que hiciera sus veces, dado que, fue la
autoridad judicial, que conoció en primera instancia el proceso ordinario objeto
de reproche, y que en fallo de 13 de diciembre de 2013 accedió a las
pretensiones de la parte demandante, con el fin de que ejerciera su derecho a
la defensa en este trámite tutelar.

De modo que, en providencia de 4 de febrero de 2022, se puso en conocimiento
del tercero con interés la nulidad saneable que se estaba presentando en este

2
El fallo de primera instancia fue notificado a la parte demandante por medio de correo
electrónico el 16 de diciembre de 2021, y la impugnación fue interpuesta el 12 de enero de 2022
(fecha obtenida del sistema SAMAI), es decir dentro de los tres días que establece el artículo 31
del Decreto 2591 de 1991.
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”

proceso, para que dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación: (i)
alegara la nulidad si a bien lo tenía; (ii) se pronunciara sobre la solicitud de
amparo sin alegar la nulidad; o, (iii) guardara silencio.

El auto de nulidad saneable se notificó al tribunal interesado el 7 de febrero de
2022 y, no presentó informe dentro del presente proceso.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por los
señores William Giovanny Rueda Polanía y Dorian López Vélez, contra la
sentencia de 27 de octubre de 2021, por medio de la cual, la Sección Segunda,
Subsección “B” del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo, de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015
modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en su escrito
de contestación solicitó su desvinculación del presente proceso, dado que
carece de legitimación en la causa por pasiva.

Sobre el particular, se advierte que no se accederá a la petición, con ocasión a
que fue vinculado como tercero con interés en el proceso ordinario objeto de
reproche, pues es el sucesor procesal del extinto DAS, que fue el departamento
administrativo demandado en el proceso ordinario de la referencia.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse
la decisión de primera instancia proferida por la Sección Segunda, Subsección
“B” del Consejo de Estado, el 27 de octubre de 2021, por medio de la cual, negó
la solicitud de amparo de los accionantes contra la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado.

Para el efecto, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los
requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela de la referencia y; (iii)
de ser superados, estudio del caso concreto.

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2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20123
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema4.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales5.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20146, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio
está revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito
que dio origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la
demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte
que la parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

3
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
4
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
5
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia”.
6
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandantes: William Giovanny Rueda Polanía y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”

Tales garantías constitucionales, cuya protección pretende la actora tienen
rango constitucional, lo que implica que la misma trasciende el ámbito
meramente legal.

2.5.2. La Sala precisa que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia al
juicio de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra
decisión de la misma naturaleza, pues la providencia que se censura
corresponde a una sentencia proferida en el marco del medio de control de
reparación directa promovido por los actores contra el extinto DAS, y que se
identificó con el radicado Nº. 68001-23-31-000-2007-00723-00.

2.5.3. Tampoco existe reparo alguno en cuanto al acatamiento del requisito de
inmediatez, toda vez que la providencia de segunda instancia, acusada como
vulneradora de los derechos fundamentales de la parte accionante fue proferida
el 5 de marzo de 2021, notificada por medio de edicto fijado el 26 de marzo de
2021 y desfijado el 6 de abril del mismo año, mientras que la acción
constitucional fue incoada el 24 de septiembre de 2021, de modo que sin
necesidad de revisar la fecha de ejecutoria de la sentencia reprochada, se
advierte que la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, es
decir seis (6) meses.

2.5.4. Respecto a la subsidiariedad, en el caso concreto, el proceso
contencioso administrativo finalizó con la providencia de segunda instancia de 5
de marzo de 2021 proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo
de Estado, dentro del marco del medio de control de reparación directa
identificado con el radicado Nº. 68001-23-31-000-2007-00723-00, razón por la
cual contra la providencia controvertida no procede el recurso de alzada.

Tampoco procede el recurso extraordinario de revisión debido a que dentro de
los motivos de inconformidad que expuso la parte accionante, no se configuran
las causales señaladas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

De igual modo es improcedente el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, por cuanto los tutelantes no invocaron el desconocimiento de
alguna sentencia de dicha naturaleza.

Superadas tales exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin
perjuicio de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin
garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía
judicial, y la protección de derechos de terceros que puedan verse afectados
con la decisión que se adopte.

2.6. Caso concreto

A juicio de la parte accionante, la autoridad judicial accionada vulneró sus
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Demandantes: William Giovanny Rueda Polanía y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”

derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, al emitir el fallo de 5 de marzo de 2021 por la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado, que revocó la decisión de 16 de
diciembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander – Sala
de Descongestión, que había accedido a las pretensiones del medio de control
de reparación directa promovido por los actores contra el extinto Departamento
Administrativo de Seguridad - DAS, y que se identificó con el radicado Nº.
68001-23-31-000-2007-00723-00.

Conforme a lo expresado en el escrito de impugnación, los tutelantes
aseguraron que el a quo constitucional en el fallo de 27 de octubre de 2021,
negó la acción de tutela porque inaplicaron la postura que manifestó la
Magistrada María Adriana Marín en el salvamento de voto de la sentencia de 5
de marzo de 2021, en la que se explica que el Estado sí era responsable de las
acciones de los agentes del DAS, pues le hicieron creer a quien le hurtaron el
dinero de los accionantes, que estaban en cumplimiento de un deber como
funcionarios de la extinta entidad.

Al respecto, la Sala considera que este argumento no tiene vocación de
prosperar, comoquiera que la posición asumida en un salvamento de voto no se
considera precedente, como erradamente lo afirma el tutelante. Al respecto se
puntualiza que, esta figura de manera alguna puede denotar un error judicial,
pues tan solo contiene la opinión de un magistrado en un tribunal colegiado que
no está de acuerdo con el resto de los integrantes de la Sala de Decisión de la
cual hace parte, escrito donde expone las razones por las cuales no comparte
la decisión de la mayoría y si bien dicha opinión forma parte de la resolución, se
ítera, no constituye una posición vinculante en ningún caso.

Sumado a lo anterior, se evidencia que en esa providencia donde se manifestó
el salvamento de voto, la Sala mayoritaria reiteró la postura que se adoptó en la
providencia aquí controvertida, relacionada con la responsabilidad del Estado,
en la cual se precisó:

“[…] Hasta este punto, no cabe duda de que los mentados detectives se valieron
de su condición para ejecutar los hechos materia de análisis, pues, sin el uso de
vehículos e insignias oficiales el conductor del autobús y las personas que allí se
movilizaban no hubieran detenido su marcha y descendido del vehículo, como en
efecto lo hicieron; sin embargo, esta conclusión no basta por si sola para
comprometer la responsabilidad del Estado como esta Corporación lo ha
sostenido7, pues es imprescindible que las acciones u omisiones del agente

7
“El horario del servicio, las funciones asignadas y los instrumentos utilizados en la ejecución
de las mismas, son circunstancias que pueden llevar al juez al convencimiento de que el hecho
generador del daño presentó un nexo con el servicio, porque fueron determinantes en su
producción; pero de ninguna forma, implican que por su sola verificación se deba presumir
responsabilidad de la administración. Es necesario que con motivo del desarrollo de las
funciones públicas, se cause el daño alegado en la demanda, porque de lo contrario, se estaría
ante un caso de responsabilidad personal del agente”, Consejo de Estado, Sala de lo
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estén relacionadas con las funciones de la entidad, para lo cual es útil verificar
las órdenes oficiales impartidas que justificaron inicialmente el daño –si es que
las hubo– y la intencionalidad de los agentes de ceñir sus actos a la legalidad
que le impone el ordenamiento jurídico […]” (Negrillas y subrayado fuera del texto
original)

De manera que, para esta Sala de Decisión es claro que, tal como lo
expresó la autoridad demandada en su contestación, el salvamento de
voto es “[…] es una muestra de la lógica deliberativa y connatural de un cuerpo
colegiado de justicia que supone la divergencia respecto de la resolución
casuística de la controversia, pero no supone, ni así se debe admitir, como
una evidencia de violación a derechos fundamentales como lo aducen los
accionantes, ya que se enmarca en el ejercicio de la autonomía y la
independencia de los jueces y magistrados en la resolución de las
controversias sometidas a su consideración […]”. (Negrillas y subrayado
fuera del texto original)

En suma, el hecho de que uno o varios magistrados discrepen
razonablemente de la decisión adoptada mayoritariamente por la sala o
corporación judicial a la que pertenecen no es razón suficiente para afirmar
que aquella es contraria a derecho.

En ese orden de ideas, bajo el análisis de los argumentos del escrito de
impugnación, para esta Sección es claro que a los accionantes no se le
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
administración de justicia, razón por la cual se confirmará la decisión de
primera instancia que negó el amparo.

2.7. Conclusión

Así las cosas, en atención a los argumentos expuestos, para la Sala es
evidente que la autoridad judicial accionada no transgredió las garantías
constitucionales de los accionantes, por lo que se confirmará la sentencia
proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, el 27
de octubre de 2021, por medio de la cual, negó la solicitud de amparo de los
accionantes contra la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente 18321, C.P. Ruth Stella Correa
Palacio.
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Demandantes: William Giovanny Rueda Polanía y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación hecha por el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sección Segunda,
Subsección “B” del Consejo de Estado, el 27 de octubre de 2021, por medio de
la cual, negó la solicitud de amparo de los accionantes.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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