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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-06534-01

Fecha
31 de marzo de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-06534-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. – REVOCAR la sentencia del 26 de noviembre de 2021 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante la cual declaró improcedente el amparo solicitado, en su lugar, SEGUNDO. – NEGAR el amparo solicitado a través de la tutela presentada por el señor Jorge Briceño Suárez contra la Subsección A 21 www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia ACC IÓN D E T UTEL A R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 1- 0 65 3 4- 0 1 A c ci o na n t e: J or g e B r i ce ñ o S u ár ez y otr o s de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO.- LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. CUARTO.- Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO.- REGISTRAR la presente providencia en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-06534-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

31 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., treinta (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-06534-01
Accionante: JORGE BRICEÑO SUÁREZ Y OTROS
Accionado: SUBECCIÓN A DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO

Tema: Tutela contra providencia judicial / defecto material
o sustantivo, defecto fáctico, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución /
Proceso de reparación directa

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte
accionante en contra de la sentencia del 26 de noviembre de 2021
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado mediante la cual declaró improcedente el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, prevalencia del derecho
sustancial sobre el derecho procesal, libre movilidad, vida digna, buen
nombre, honra, trabajo, participación democrática de elegir y ser
elegido, respeto de las decisiones judiciales, desconocimiento de la
primacía de la Constitución sobre las normas de inferior rango y del

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bloque de constitucionalidad del pacto de San José de Costa Rica tiene
sustento en los siguientes:

1. HECHOS

El señor Jorge Briceño Suárez y otros presentaron acción de reparación
directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, la Rama
Judicial y la Registraduría Nacional del Estado Civil, al considerar que
incurrieron en una falla del servicio con motivo de los procesos penales
en todo el territorio nacional en los que se identificó, libró ordenes de
captura y condenó erróneamente como alias «Mono Jojoy» cuando
eran individuos completamente diferentes.

La demanda le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del
Magdalena que, mediante sentencia del 19 de diciembre de 2017,
condenó a la Nación – Fiscalía General de la Nación por los perjuicios
materiales, morales, convencionales y constitucionales ocasionados a
los accionantes.

Contra la decisión anterior la parte demandante y la Nación – Fiscalía
General de la Nación de forma adhesiva, presentaron recurso de
apelación con motivo del cual la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, a través de fallo del 5 de febrero de 2021, la
modificó en el sentido de condenar en parte iguales a la Nación- Fiscalía
General de la Nación y la Rama Judicial a pagar solo al señor Jorge
Briceño Suárez la suma de cincuenta salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

2. PRETENSIONES

La parte accionante pidió lo siguiente:

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«PRIMERO: Ruego a los Honorables Consejeros de Estado; TUTELAR
los derechos fundamentales de los accionantes Jorge Briceño Suarez;
Carmen Mercedes Padilla Muñoz; Hasbleydi Briceño Padilla; Erika
Patricia Briceño Padilla; Ivonne Sofía Briceño Rincones y María Otilia
Briceño Montes; a UN DEBIDO PROCESO; AL RESPETO DE LA COSA
JUZGADA; A LA PRIMACIA DE LA CONSTITUCION SOBRE LAS NORMAS
DE INFERIOR RANGO; AL ACCESO EFICAZ A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, A LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL
DERECHO PROCESAL, AL DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN;
LA LIBERTAD PERSONAL; A UNA VIDA DIGNA; AL TRABAJO; A LA
PARTICIPACION DEMOCRATICA DE ELEGIR Y SER ELEGIDO; AL
TRABAJO; Y AL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PACTO DE
SAN JOSE DE COSTA RICA Y DE LOS DEMAS DERECHOS CIVILES Y
POLITICOS.; los cuales han sido vulnerados por la Sección Tercera
Subsección A al proferir la sentencia de segunda instancia en el proceso
bajo radicado No. 47001-23-31-000-2011-00400-01(61800) del 5 de
febrero del 2021, siendo la Consejera Ponente la Dra. MARTA NUBIA
VELAZQUEZ RICO; con claras v as de hecho por defecto procesal y
sustancial; de acuerdo a los hechos y fundamentos expuestos a sus
señorías.

SEGUNDO: que, como consecuencia del amparo constitucional
deprecado, se ordene a la Sección Tercera Subsección A, del Honorable
Consejo de Estado que profiera una sentencia de reemplazo en los
términos que se determinen en la sentencia de tutela» (sic en toda la
cita).

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante aseguró que la sentencia del 5 de febrero de 2021
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado incurrió en los siguientes defectos.

• Defecto material o sustantivo: toda vez que la autoridad
judicial accionada no analizó la transgresión de todos los
derechos fundamentales que deprecaron como vulnerados, entre
ellos, la libertad personal y de locomoción, así como la libertad
de ejercer sus derechos civiles y políticos, máxime cuando la falla
de la de la administración de justicia le generó un daño
continuado. Además, porque aplicó una norma derogada para
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descartar el pago de los perjuicios materiales ocasionados, esto
es, el artículo 116 de la Ley 1395 de 2010.

• Defecto fáctico: puesto que, pese a estar acreditado el daño
ocasionado al señor Jorge Enrique Briceño Suárez y a su núcleo
familiar por las capturas de la que fue sujeto, no fueron
debidamente indemnizados.

• Desconocimiento del precedente: por inaplicación de la
sentencia del 28 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena
de la Sección Tercera dentro del radicado número 36149, de
acuerdo con la cual no solo la víctima directa tiene derecho a la
reparación del daño moral, sino que también su núcleo familiar.

• Violación directa de la Constitución: por la vulneración del
derecho a la igualdad, en el entendido que la parte demandante
no fue indemnizada de la misma forma que en otros casos donde
se ha accedido al pago de todos los perjuicios causados, entre
ellos, la presunción del ingreso de un salario mínimo frente a la
edad y su fuerza de trabajo. De igual manera, porque se
desconoció la cosa juzgada respecto de la sentencia de la Corte
Constitucional T-578 de 2010, a través de la cual se ampararon
los derechos al debido proceso, habeas data, honra y buen
nombre, libertad personal y libertad de locomoción del señor
Jorge Enrique Briceño Suárez vulnerados por la Fiscalía General
de la Nación y los Juzgados 6° Penal del Circuito Especializado
de Bogotá, 1° Penal del Circuito Especializado de Neiva, 2° Penal
del Circuito Especializado de Medellín, 2° Penal del Circuito
Especializado de Bogotá y 6° Penal del Circuito Especializado de
Bogotá.

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4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 1 de octubre de 2021, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de la referencia y
ordenó notificar a los consejeros de estado que dictaron la sentencia
del 5 de febrero de 2021, Rad. Núm. 47001-23-31-000-2011-00400-
01, como accionados, y a la Nación-Fiscalía General de la Nación, la
Nación-Rama Judicial, la Registraduría Nacional del Estado Civil, Jesús
Arturo Brice o Araujo, Elizabeth Suárez Bustamante, Emma Yneyree y
Jorge Leonardo Brice o Lucena, Geovanny Enrique Brice o Padilla,
Elizabeth y Jeines Elena Brice o Armenta, María Milagros Brice o
González, Rita Elena y Jesús Arturo Brice o Suárez, Eduardo Antonio y
Nohora Cecilia Brice o Montes, Mariela de Jesús Briceño Payares y José
Wilfredo Vives Briceño, como terceros interesados, para que se
pronunciaran sobre los hechos que originaron la solicitud
constitucional.

5. INTERVENCIONES

5.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, a través de una de sus consejeras, aseguró que no se incurrió
en la vulneración alegada, puesto que la decisión judicial deprecada
fue proferida según las pruebas, las normas y la jurisprudencia
aplicable al caso en concreto. En ese sentido, advirtió que no se tuvo
en cuenta la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, porque
no era aplicable toda vez que el asunto no se refiere a una privación
injusta de la libertad.

Aunado a lo anterior, destacó que sí tuvo en cuenta la sentencia T-578
de 2010 proferida por la Corte Constitucional, tanto así que se refirió
con suficiencia en el proveído reprochado y precisó que la aplicación
del artículo 116 de la Ley 1395 de 2010 tuvo sustento en que la acción
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se presentó el 7 de octubre de 2011, momento en que se encontraba
vigente dicha norma.

5.2. El jefe de la oficina jurídica de la Registraduría Nacional del
Estado Civil solicitó que se declarara la falta de legitimación en la
causa por pasiva de esa entidad, pues afirmó que dentro del marco de
sus competencias y funciones constitucionales no tiene injerencia en
las decisiones judiciales de tal manera que no es la responsable de la
protección requerida por la parte accionante.

5.3. La Fiscalía General de la Nación, a través de apoderada, pidió
que se declarara improcedente el amparo solicitado, toda vez que la
tutela no cumplió con los requisitos de procedibilidad de la tutela contra
providencia, por cuanto no se sustentaron los defectos endilgados.

5.4. Los demás vinculados no se pronunciaron.

6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través
de sentencia del 26 de noviembre de 2021, declaró la improcedencia
de la tutela, porque advirtió que la decisión cuestionada no fue
caprichosa ni arbitraria y evidenció que los argumentos de la parte
accionante estaban encaminados a volver sobre la controversia que ya
había sido definida por los jueces naturales, es decir, su intención era
convertir esta acción constitucional en una tercera instancia del proceso
contencioso administrativo de reparación directa, en consecuencia, de
estos argumentos, se infiere que para el a quo la acción no cumplió con
el requisito de relevancia constitucional.

7. IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia con
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fundamento en los mismos argumentos que sustentaron la acción de
tutela, en consecuencia, requirió que se analizara de fondo el asunto y
se protegieran los derechos fundamentales que invocó en protección.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 20191,
en cuanto dispone que «las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala
de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder si:

• ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos generales
de procedibilidad?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

• ¿La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al
expedir la sentencia del 5 de febrero de 2021, incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico, en un desconocimiento del
precedente y en una violación directa de la Constitución, por

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Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
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consiguiente, vulneró los derechos fundamentales invocados en
protección por la accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra las providencias judiciales, ii) los
requisitos generales de procedibilidad, iii) el defecto material o
sustantivo, el defecto fáctico, el desconocimiento del precedente y la
violación directa de la Constitución, y iv) el caso concreto.

3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL
CASO

3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.

2
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-
03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García
González.
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Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:

i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.

ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al
alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se
busque evitar un perjuicio irremediable.

iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
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tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en que
se presentó la presunta vulneración y el tiempo de presentación
de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de velar por los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la
Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión
de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

v. Identificación de la situación fáctica que devino en la vulneración
de derechos: que quien acciona identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible.

vi. Que no se trate sentencias de tutela.

3.2. DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional 4, el defecto
material o sustantivo se origina en primer momento cuando la

4 Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017,

SU-567 de 2015, entre otras.
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autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia,
fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o
inconstitucionales5, es decir, se da en los casos en que la autoridad
judicial se basa en, “(i) una norma no aplicable al caso, ya sea, porque
la norma,(a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue
derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente,
(d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es
constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó,
(ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las
sentencias con efecto erga omnes, que son aquellas de aplicación
general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o
contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder
concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no
previsto en la disposición”6.

En segundo momento, el defecto material o sustantivo se origina
cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción
evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican.
En este orden de ideas, se produce cuando la decisión “(vi) se funda en
una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del
análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en
concreto,(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende
afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de
argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez
no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta
violación de la Constitución”7. Este defecto, se presenta ante
situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión

5
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
6 Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.

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judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues
de no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente8.

3.3. DEL DEFECTO FÁCTICO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre
el particular la Corte Constitucional 9 ha identificado dos dimensiones en
las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa10, que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u
omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho
o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva11, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención
del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es,
y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

8 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo

Schlesinger.
9
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-
456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
10
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
11
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis
individual y conjunto de los elementos probatorios»12.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.4. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de
protección y trato por parte de las autoridades y específicamente la
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las
autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad
jurídica y con ella la certeza en los jueces van a decidir los casos iguales
de la misma forma13.

En ese sentido, el precedente judicial14 es la figura jurídica que sirve
como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en
el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias
jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la
aplicación del derecho15.

12
Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
13 Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de

2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
14 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional

precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores
a un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos
resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de
emitir un fallo”.
15 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et

Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266.
13
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En ese orden la Corte Constitucional ha diferenciado lo que constituye
un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto sentido 16.
Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión de una
controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas
similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es
que contiene algunos puntos de Derecho que guían al juez para
resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un carácter
orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en cuenta por
el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de argumentar
las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia
e igualdad”17.

Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un
precedente, cuando “(i) los hechos relevantes que definen el asunto
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a
los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso
presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para
su aplicación”18.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales19, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del

16 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
17 Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
18 Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
19
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior
jerárquico y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas
decisiones fijadas por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes
para resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
14
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que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone
el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se
apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras
de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del derecho y los
principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor
judicial20.

3.5. VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN

Frente a este defecto, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones ha
referido que se origina en la obligación que les asiste a todas las
autoridades de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en
el artículo 4° de la Carta Política, según el cual «la Constitución es
norma de normas. En todo caso de incompatibilidad
entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales.»21

La jurisprudencia constitucional también ha sostenido que procede la
tutela contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución en dos casos: (i) cuando se deja de aplicar una disposición
ius fundamental a un caso concreto; o (ii) aplica la ley al margen de los
dictados de la Carta:

«En el primer evento (inaplicación ius fundamental), la Corte ha
dispuesto que procede la tutela: (i) cuando en la solución del caso se
dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con
el precedente constitucional; (ii) cuando se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata; y (iii) cuando el juez en sus
resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el
principio de interpretación conforme con la Constitución. En el
segundo, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en

20 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
21 SU-336 de 2017, Corte Constitucional

15
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cuenta en sus fallos que la Constitución es norma de normas y, por lo
tanto, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a
las legales mediante el ejercicio de la excepción de
inconstitucionalidad» .
22

Aunque, en principio, la violación directa de la Constitución puede tener
una relación directa con otras causales especiales de procedencia,
como los defectos sustantivos o el desconocimiento del precedente, la
fuerza normativa de la Constitución (art. 4) implica que esta sea
reconocida como una causal independiente.

4. CASO CONCRETO

De conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto y
orientados por el primer problema jurídico planteado, la Sala de
Subsección evidencia de las pruebas obrantes en el plenario que:

(i) A diferencia de lo considerado por el juez de primera instancia para
esta Sala de Decisión la pretensión de amparo constitucional es de
marcada relevancia constitucional, en la medida en que se contrae a
establecer de manera central si la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, con la providencia del 5 de febrero de 2021,
incurrió en la violación de los derechos de la parte accionante al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, prevalencia del derecho
sustancial sobre el derecho procesal, libre movilidad, vida digna, buen
nombre, honra, trabajo, participación democrática de elegir y ser
elegido, respeto de las decisiones judiciales, desconocimiento de la
primacía de la Constitución sobre las normas de inferior rango y del
bloque de constitucionalidad del Pacto de San José de Costa Rica;

22 Sentencia T-094 de 2013, T-209 de 2015 y SU-542 de 2016, Corte Constitucional.

16
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(ii) se agotaron todos los medios de defensa porque contra la sentencia
reprochada no procedía recurso alguno,

(iii) cumplió con el requisito de inmediatez toda vez que la interposición
de la acción se dio en un lapso «razonable y proporcionado» por cuanto
la providencia deprecada se profirió el 5 de febrero de 2021, la solicitud
de aclaración y adición presentada por la parte demandante se resolvió
el 2 de julio de 2021 y la tutela se presentó el 27 de septiembre de
2021,

(iv) de encontrarse probados los defectos alegados estos tienen la
vocación de vulnerar las garantías fundamentales invocadas en
protección;

(v) se identificaron los hechos que sustentan la acción y los derechos
que se consideran vulnerados en razón a la actuación de la parte
accionada, motivo por el cual este requisito se encuentra cumplido, y

(vi) no se trata de una tutela contra tutela toda vez que la decisión
reprochada fue proferida por la jurisdicción contencioso administrativa
dentro de un proceso de reparación directa.

De acuerdo con lo expuesto, la acción de la referencia cumple con todos
los requisitos de la tutela contra providencia, de tal forma que a
continuación se resolverá el segundo problema jurídico propuesto.

Al respecto, se advierte que la decisión judicial reprochada fue proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 5
de febrero de 2021 en el trámite del recurso de apelación presentado
por la parte demandante y el adhesivo formulado por la Fiscalía General
de la Nación en contra de la sentencia proferida el 19 de diciembre de
17
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2017 por el Tribunal Administrativo del Magdalena que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa
presentada por el señor Jorge Briceño Suárez y otros.

En la sentencia referida, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado decidió modificar el fallo apelado, en el sentido de
condenar a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial solo al
pago de cincuenta (50) salarios mínimos vigentes al señor Jorge
Briceño Suárez por la afectación a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados. También los condenó a pedir
disculpas, a publicar la sentencia en un link de sus páginas web
institucionales y a divulgarla en un periódico de circulación nacional.

De acuerdo con el estudio de la decisión, esta sala considera que no se
configuró el defecto fáctico, ni la violación directa de la
Constitución, alegados por la parte accionante, por cuanto la
autoridad judicial accionada valoró las pruebas aportadas al proceso,
según las cuales encontró demostrada: la identificación del señor Jorge
Enrique Briceño Suárez, nombre y número de cédula de ciudadanía, el
poder que le otorgó a un abogado para que adelantara los trámites
pertinentes ante la Fiscalía General de la Nación, la Presidencia de la
República, el Ministerio de Defensa y el Departamento Administrativo
de Seguridad – DAS, el certificado ordinario de antecedentes expedido
por la Procuraduría General de la Nación en el que se consignaron las
anotaciones de las providencias proferidas por los juzgados penales que
lo condenaron por delitos de rebelión, terrorismo, secuestro extorsivo,
tentativa de homicidio, entre otros, la respuesta de la Fiscalía General
de la Nación en la que contestó a la petición del abogado del señor
Jorge Enrique Briceño Suárez en la que señaló que había dado traslado
a los directores seccionales con el propósito de tener un consolidado de
las investigaciones contra el demandante, la acción de tutela
18
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presentada por el señor Jorge Briceño y el trámite que surtió que
terminó con la sentencia T-578 del 21 de julio de 2010 de la Sala
Novena de Revisión de la Corte Constitucional y el oficio presentado por
el Ministerio de Defensa -Policía Nacional - Dirección de Investigación
Criminal e Interpol en el que informó los registros activos de
anotaciones, antecedentes y requerimientos que figuraban en la base
de datos de esa dependencia a nombre del señor Jorge Enrique Briceño
Suárez.

En ese sentido, afirmó que no se acreditó (i) el daño emergente en
relación con los gastos de contratación de un abogado, porque no se
aportaron las facturas o un documento equivalente en los términos
previstos en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2019 y de
conformidad con el artículo 116 de la Ley 1395 de 2010 el cual aplicó
en razón a que era la norma vigente para el momento en que se
presentó la acción, el 7 de octubre de 2011, (ii) el lucro cesante, puesto
que no se demostró la imposibilidad del señor Jorge Briceño Suárez de
ejercer las labores que venía desempeñando, por el contrario se advirtió
que en el 2004 realizó varios trabajos de albañilería, eléctricos y de
pintura, (iii) los perjuicios morales, toda vez que las declaraciones de
los testigos fueron relatos genéricos sobre la situación que enfrentó el
señor Jorge Briceño Suárez y sus familiares, pero no son suficientes
para probar la afectación, puesto que no se trata de una presunción
como sucede en el caso de privación injusta de la libertad, (iv) el daño
a la salud, el que además, según las sentencias de unificación del 14
de septiembre de 2011 y 20 de agosto de 2014 de esa Sección, solo se
puede reconocer como consecuencia de la enfermedad o accidente que
refleje alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la
persona.

Lo que quiere decir que consideró las condiciones particulares del caso
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para determinar que al demandante no le asistía el derecho al pago de
los perjuicios referidos, de tal manera que no se evidenció la
vulneración al derecho a la igualdad que se adujo en la tutela.

De igual manera, se tuvo en cuenta la sentencia T-578 de 2010, la cual
sirvió de fundamento para reconocer el daño convencional o
constitucionalmente amparado y las medidas restaurativas de carácter
no pecuniario como las disculpas públicas y la publicación de la
sentencia en un periódico de amplia circulación nacional.

Tampoco incurrió en el defecto sustantivo deprecado, toda vez que
de acuerdo con los hechos que resultaron probados, analizó el daño
antijurídico y la imputación del daño a la Nación – Fiscalía General de
la Nación y la Rama Judicial, producto de lo cual estimó que eran
responsables conjuntamente por «haber identificado, individualizado y
condenado erróneamente al señor Jorge Enrique Briceño Suárez, como
si fuera Víctor Julio Suárez Rojas, quien era el insurgente públicamente
conocido con el alias de “Mono Jojoy”».

Lo mismo sucedió con la indemnización de perjuicios, acápite en el que
se pronunció respecto al monto de la condena frente al recurso del
demandante y la apelación adhesiva de la Fiscalía que lo hacían
competente para resolver sin limitaciones según lo previsto en el
artículo 357 del CPC.

En este punto, se reitera que la aplicación del artículo 116 de la Ley
1395 de 2010 correspondió a que la acción de reparación fue
presentada el 7 de octubre de 2011, momento en el cual se encontraba
vigente dicha norma.

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Finalmente en relación con el desconocimiento del precedente la
Sala de Decisión considera que tampoco existió, toda vez que la
sentencia del 28 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena de la
Sección Tercera, señalada por la parte accionante, se refiere a un caso
de privación injusta de la libertad el cual dista del asunto en el que se
fundamentó la reparación directa del señor Jorge Briceño Suárez cuyo
daño devino de los procesos penales erróneamente iniciados en su
contra al identificarlo indebidamente.

En conclusión, con fundamento en las consideraciones manifestadas, la
Sala de Decisión revocará la sentencia de primera instancia que declaró
improcedente el amparo solicitado y en su lugar negará el amparo
solicitado a través de la tutela de la referencia, por cuanto no se
configuraron los defectos alegaos contra la decisión judicial deprecada.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

IV. FALLA

PRIMERO. – REVOCAR la sentencia del 26 de noviembre de 2021
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado mediante la cual declaró improcedente el amparo solicitado, en
su lugar,

SEGUNDO. – NEGAR el amparo solicitado a través de la tutela
presentada por el señor Jorge Briceño Suárez contra la Subsección A

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de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas
en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO.- LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

CUARTO.- Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable Corte
Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO.- REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada en la fecha.

GABR IEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FI R MA D O E L E C TR Ó N I C A ME N TE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FI R MA D O E LE C TR ÓN I C A ME N TE FI R MA D O E LE C TR ÓN I C A M E N TE

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