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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06553-00

Fecha
17 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06553-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, contra la sentencia proferida el veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno (2021), por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado No. 08001-23-33-000-2014-01596-01. SEGUNDO: SIN CONDENA en costas. 29 Al respecto, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 9, sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicado N°11001-03-15-000-2019-01749-00. 16 Radicado: 11001-03-15-000-2021-06553-00 Recurrente: UGPP TERCERO: En firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente previas las anotaciones pertinentes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-06553-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

17 de noviembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06553-00
Recurrente: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 16

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06553-00 (9431)
Recurrente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Asunto: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide en única instancia el recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra la sentencia proferida el veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno (2021),
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 08001-23-33-000-2014-01596-01.

I. ANTECEDENTES

1. Antecedentes relevantes del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho

1.1. El nueve (9) de diciembre de dos mil catorce (2014), la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho “acción de
lesividad”, mediante la cual solicitó “[q]ue se declare la Nulidad de las Resoluciones
No. 010235 del 28 de diciembre de 2006 mediante la cual la extinta Cajanal reconoció
y ordenó pagar la pensión de vejez a favor del señor FRANCISCO LEONARDO
BERNAL CONSUEGRA, así mismo contra la Resolución No. 12631 del 06 de mayo
de 2009 por medio del (sic) cual se reconoció una pensión de sobrevivientes a favor

1

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06553-00
Recurrente: UGPP

de la señora BEATRIZ ISABEL AMADOR DE BERNAL con ocasión del fallecimiento
del señor FRANCISCO LEONARDO BERNAL CONSUEGRA”1.

Como sustento fáctico de su demanda, narró que:

“a. Mediante la Resolución No. 542 de 1997 le fue reconocida pensión de
jubilación al señor Francisco Leonardo Bernal Consuegra, como beneficiario
de una convención colectiva de trabajo a cargo del ISS Seccional Atlántico en
calidad de empleador, por un valor de dos millones noventa y seis mil
doscientos setenta y siete pesos ($2.096.277), y mientras cumplía los
requisitos para obtener la pensión de vejez. Dicha prestación fue
incrementada a dos millones ciento cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y
nueve pesos ($2.159.159) con Resolución No. 2144 de ese mismo año.

b. Posteriormente, mediante Resolución No. 10235 de 2006 la Caja Nacional
de Previsión Social – CAJANAL EICE, administradora del fondo de pensiones,
le reconoció pensión de vejez en un monto de tres millones doscientos diez
mil doscientos ocho pesos ($3.210.208).

c. Ante el fallecimiento del pensionado, con la Resolución No. 12631 de 2009
CAJANAL reconoció pensión de sobrevivientes en favor de su cónyuge
Beatriz Isabel Amador de Bernal ‘en el 100% de la cuantía’, por la suma de
tres millones setecientos dieciséis mil setecientos noventa y cinco pesos
($3.716.795).

d. A su turno, el ISS, aduciendo actuar como empleador, mediante la
Resolución No. 735 de 2009 reconoció la sustitución pensional de la mesada
en favor de la señora Amador de Bernal también por el cien por ciento del
monto devengado, esto es, cinco millones doscientos setenta y seis mil
novecientos cincuenta y cinco pesos ($5.276.955).

e. Posteriormente, con la Resolución No. 1530 de 2012, el ISS asegurador le
reconoció pensión de sobrevivientes por un valor de tres millones ochocientos
cuarenta y ocho mil ochocientos setenta y nueve pesos ($3.848.879).”

Así, sostuvo que la señora Beatriz Isabel Amador de Bernal resultó beneficiaria de dos
pensiones de su difunto esposo por el mismo riesgo de vejez, situación que
contraviene la prohibición constitucional de recibir doble asignación proveniente del
Tesoro Público. En consecuencia, solicitó la anulación de las Resoluciones No. 10235
de 2006 y No. 12631 de 2009 expedidas por Cajanal, por ser incompatible la pensión
de vejez reconocida en ellas con la de jubilación concedida por el ISS empleador.

1
Folios 1 al 16 del documento pdf denominado “RECIBEPRUEBAS_01DEMANDAPARTE1( .pdf)
NroActua 29”, visible a índice 29 de SAMAI, (expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
08001-23-33-000-2014-01596-01).

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-06553-00
Recurrente: UGPP

1.2. El veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve (2019), la Sección A del
Tribunal Administrativo del Atlántico dictó sentencia negando las súplicas de la
demanda y ordenando a la UGPP “que proceda a realizar la actuación administrativa
en orden de aplicar la compartibilidad de la pensión de vejez reconocida por el ISS
empleador mediante la Resolución No 00542 de 21 de abril de 1997 y la de vejez
reconocida por la extinta Cajanal mediante Resolución No 010235 de 28 de diciembre
de 2016 (sic), así como la correspondiente sustitución en la ahora demandada Beatriz
Isabel Amador de Bernal, estableciendo la diferencia existente entre ambas
prestaciones, y si la pensión legal es inferior a la reconocida por el empleador, será el
empleador quién asuma el mayor valor, haciendo la salvedad que el monto pensional
en ningún caso podrá ser inferior a la reconocida por el extinto ISS-empleador”2.

Como fundamento de su decisión, el Tribunal sostuvo que una vez el señor Bernal
Consuegra reunió los requisitos para la pensión legal de vejez, debió aplicarse la
compartibilidad pensional frente a la pensión de jubilación extralegal que le había sido
reconocida inicialmente por su empleador, de manera que se diera la subrogación de
la obligación de pago de la mesada a la entidad de seguridad social con la advertencia
de que “si la pensión reconocida por la entidad de seguridad social es inferior a la
pensión extralegal reconocida por el empleador, será quién asuma el mayor valor de
esa pensión pues entre ambas entidades se comparte la obligación”.

Sin embargo, como ello no ocurrió en este caso, el señor Bernal Consuegra terminó
percibiendo “dos asignaciones pensionales, prestaciones que fueron sustituidas en la
ahora demandada Beatriz Isabel Amador de Bernal”, para las cuales se tuvieron en
cuenta los mismos tiempos laborados por el pensionado para el ISS, en una situación
que resulta claramente irregular.

No obstante, el Tribunal indicó que esto no implicaba que los actos demandados
estuvieran viciados de nulidad “pues la extinta Caja Nacional de Previsión Social como
entidad administradora del riesgo pensional del finado Francisco Leonardo Bernal
Consuegra, se encontraba en el deber de establecer su derecho pensional una vez
acreditara los requisitos para acceder al mismo, como en efecto aconteció, y disponer
su sustitución respecto de los beneficiarios en el evento del deceso del titular del

2
Folios 66 al 82 del documento pdf denominado “03DemandaParte3”, que se encuentra en el archivo
Zip “RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_66202 2(.zip) NroActua 29”, visible en el índice 29 de SAMAI,
(expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 08001-23-33-000-2014-01596-01).

3

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Recurrente: UGPP

derecho”. En ese sentido, consideró que lo que correspondía era que la entidad
aplicara ahora la figura de la compartibilidad de la pensión, teniendo en cuenta que
con la expedición de la resolución en la que Cajanal reconoció la pensión de vejez
“desaparecieron los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustentaba el acto
administrativo que reconoció la pensión por parte del también extinto ISS en calidad
de empleador, perdiendo su fuerza ejecutoria y por ende su decaimiento”.

Finalmente, sobre el restablecimiento del derecho, consideró que no había lugar a la
devolución de saldos en tanto no se probó la mala fe de la beneficiaria.

1.3. La anterior decisión fue apelada por ambas partes. Así, mientras la demandada
consideró que la orden de aplicar la compartibilidad de las pensiones rompió el
principio de congruencia y le cercenó un derecho adquirido3, la UGPP manifestó su
desacuerdo con la conclusión respecto de la devolución de saldos, pues, en su criterio,
existían indicios de que tanto el causante como su beneficiaria sabían que las
pensiones eras incompatibles y que, por tanto, obraron de mala fe4.

1.4. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia
de segunda instancia el veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno (2021),
confirmando parcialmente la decisión de primer grado, en el sentido de disponer, no
como orden sino como exhorto, que la UGPP “inicie de manera célere las actuaciones
administrativas interinstitucionales orientadas a concretar la compartibilidad de las
pensiones de vejez y jubilación concedidas por Cajanal y el ISS, en su orden”5.

Como fundamento de su decisión, la Sala encontró probado que cuando CAJANAL
concedió la pensión de vejez al señor Bernal Consuegra no tuvo en cuenta que el ISS
de tiempo atrás ya le había concedido la de jubilación, de manera que debió hacer
efectiva la condición resolutoria contenida en la Resolución 542 de 1997 del ISS, según
la cual “cuando el señor Bernal Consuegra obtuviera a su favor la «pensión de vejez
por el […] ente asegurador [valga decir, en el sub lite Cajanal], debe procederse a

3
Folios 89 al 99 del documento pdf denominado “03DemandaParte3” que se encuentra en el archivo
Zip “RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_66202 2(.zip) NroActua 29”, visible en el índice 29 de SAMAI,
(expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 08001-23-33-000-2014-01596-01).
4
Folios 100 al 106 del documento pdf denominado “03DemandaParte3” que se encuentra en el archivo
Zip “RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_66202 2(.zip) NroActua 29”, visible en el índice 29 de SAMAI,
(expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 08001-23-33-000-2014-01596-01).
5
Folios 137 al 166 del documento pdf denominado “03DemandaParte3” que se encuentra en el archivo
Zip “RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_1_66202 2(.zip) NroActua 29”, visible en el índice 29 de SAMAI,
(expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 08001-23-33-000-2014-01596-01).

4

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Recurrente: UGPP

deducir del valor percibido por concepto de pensión de jubilación, la suma a la cual se
haga acreedor por la pensión de vejez referida»”.

De esa manera, indicó que “si hubo algún yerro, fue de la extinguida Cajanal, que pese
a conocer la Resolución que concedió la pensión de jubilación por parte del ISS que
contenía la condición resolutoria, otorgó la de vejez sin gestionar los trámites
correspondientes a la compartibilidad pensional con ese instituto, omisión que devino
en el pago doble de un mismo riesgo (vejez)”.

Sin embargo, en el mismo sentido determinado por el a quo, consideró que no
resultaba procedente anular los actos demandados en tanto CAJANAL, en calidad de
administradora del fondo de pensión, sustituyó al ISS empleador en el respectivo pago
de la pensión, quedando en cabeza de este último solamente la diferencia resultante,
en caso de que la hubiere, entre la mesada de la pensión de jubilación y la de vejez.
De esta forma, concluyó que la demandante es la actual responsable de continuar con
el pago de la prestación reconocida inicialmente.

De otra parte, la Sala señaló que le asistía razón a la accionada en cuanto al cargo por
falta de congruencia de la sentencia de primera instancia, pues en la demanda no se
presentó ninguna pretensión en punto a la compartibilidad de las prestaciones; sin
embargo, “dada la imperiosa necesidad de proteger el erario y los recursos del sistema
de seguridad social en pensiones”, se consideró necesario “exhortar a la UGPP (antes
Cajanal) para que inicie de manera célere las actuaciones administrativas
interinstitucionales orientadas a concretar la compartibilidad pensional”.

Finalmente y respecto de la devolución de las sumas de dinero pagadas de más,
precisó “que despachadas de manera desfavorable las peticiones del medio de control,
por sustracción de materia, no hay lugar a acceder a ello”.

2. El recurso extraordinario de revisión

El veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021), a través de apoderado judicial,
la UGPP formuló recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el
veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno (2021) por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, alegando la configuración de la causal de revisión
contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, “[c]uando la

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-06553-00
Recurrente: UGPP

cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables”6.

Como sustento de su recurso, la entidad sostiene que la sentencia acusada incurrió
en un yerro al ordenar “compartir la pensión de jubilación ISS Empleador con la de
jubilación de CAJANAL”, cuando lo que debió declararse fue “la incompatibilidad entre
la pensión de jubilación reconocida por el ISS-Empleador al causante mediante
Resolución No 00542 de 21 de abril de 1997, y la de jubilación reconocida por la extinta
Cajanal mediante Resolución No 010235 de 28 de diciembre de 2016, corriendo la
misma suerte de lo principal lo accesorio, esto es la sustitución en cabeza de la ahora
demandada Beatriz Isabel Amador de Bernal”.

De acuerdo con la UGPP, mediante la Resolución No. DIR-1250 de 2017 el ISS, hoy
COLPENSIONES, ordenó el reconocimiento postmortem de la pensión de vejez
compartida en favor del señor Francisco Leonardo Bernal Consuegra en cuantía de
seis millones trescientos cincuenta y un mil doscientos noventa y siete pesos
($6.351.297) a partir del treinta (30) de noviembre de dos mil trece (2013) y sustituyó
la prestación, a partir de esa misma fecha en favor de la señora Beatriz Isabel Amador
de Bernal, en una cuantía del 100%, razón por la cual, “la orden impartida por el
juzgador ya había sido contemplada por el ISS asegurador y se dio entre la pensión
de vejez reconocida por Colpensiones, y la pensión de jubilación reconocida por el ISS
empleador”.

Así, sostiene que en la sentencia impugnada se incurrió en un error al concluir que la
pensión reconocida por el ISS empleador, en virtud de la condición resolutoria
consignada en el artículo 6 de la Resolución 542 de 1997, era compartible con la
pensión de vejez reconocida por Cajanal, con lo cual se terminó afectando el erario
toda vez que la señora Beatriz Isabel “se encuentra devengando tres sustituciones
pensionales a causa del fallecimiento del señor Francisco Leonardo Bernal Consuegra,
1) La reconocida por la Resolución 735 del 2 de febrero de 2009 Pensión de jubilación
ISS Empleador, 2) La reconocida por parte de la extinta CAJANAL con la Resolución
12631 del 6 de mayo de 2009 por la cual se sustituyó la pensión vejez reconocida por

6
Índice 2 de SAMAI, descripción del documento “D:2_110010315000202106553003De
mandaWeb2021927163244(.pdf)NroActua2”. Mediante auto de 23 de noviembre de 2021, se inadmitió
el recurso, entre otras razones, para que se indicara concretamente la causal de revisión y se explicaran
razonadamente los supuestos fácticos y jurídicos que la sustentan, lo cual sucedió mediante memorial
de corrección.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06553-00
Recurrente: UGPP

esa Caja de Previsión Social, y 3) La reconocida por ISS asegurador, hoy
Colpensiones, a través de las Resoluciones 1530 del 17 de febrero de 2012 reconoció
la pensión de sobrevivientes y con Resolución DIR 1250 del 9 de marzo de 2017,
ordenó el reconocimiento post mortem de la pensión de vejez compartida a favor de
Francisco Leonardo en cuantía de $6.351.297 y sustituida a favor de la señor Beatriz”.

Finalmente, indicó que, en cumplimiento del fallo impugnado, la UGPP expidió la
Resolución RDP 014928 del 16 de junio de 2021, ordenando ajustar la mesada
pensional de jubilación sustituida en favor de la señora Beatriz Isabel Amador de
Bernal, frente a lo cual la afectada promovió demanda laboral.

3. Trámite del recurso y oposición

3.1. Mediante auto de diecinueve (19) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), el
Despacho inadmitió el recurso extraordinario de revisión7, el cual, luego de ser
subsanado8, fue admitido por auto de veintitrés (23) de febrero de dos mil veintidós
(2022), ordenándo notificar esta decisión a la señora Beatriz Isabel Amador de Bernal,
al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado9.

3.2. Dentro del término de traslado, la señora Amador de Bernal se opuso a la
prosperidad del recurso por considerar que se “está desconociendo la naturaleza y fin
último de la figura del recurso extraordinario de revisión, al pretender, por un lado,
subsanar el error que le enrostran, tanto el Tribunal Administrativo del Atlántico, como
el Consejo de Estado, a través de la sentencia aquí atacada, al no ser diligentes en la
procuración administrativa del compartimiento. (…) Y, por otro lado, introduce: i)
nuevas pretensiones-, ii) nuevos hechos, y, iii) nuevas pruebas NO CONTEMPLADAS
EN LA DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO QUE
DESPACHÓ EN SU CONTRA EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO”
(mayúscula sostenida propia del texto)10.

En ese sentido, luego de aclarar que no es cierto que cuente con tres sustituciones
pensiones pues devenga, en realidad, dos reconocimientos de esa naturaleza, sostuvo

7
Índice 5 de SAMAI.
8
Índice 9 de SAMAI.
9
Índices 5 13 de SAMAI.
10
Índice 22 de SAMAI, documento descrito como “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_CONTESTACIONDEMANDA(.pd f) NroActua 22”.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06553-00
Recurrente: UGPP

que cuando se presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en el
año 2014, no había sido expedida la Resolución DIR 1250 de 2017, sobre la que se
basa el argumento central de la causal de revisión hoy alegada, causal que, en todo
caso, a su juicio no se materializa pues la providencia impugnada no fue condenatoria
ni realizó reconocimiento prestacional alguno.

Finalmente, indicó que ha actuado de buena fe y que por ello no resulta procedente la
devolución de dineros.

Por su parte, a pesar de haber sido notificados, ni el Ministerio Público ni la ANDJE
intervinieron en esta oportunidad11.

3.3. Por auto de treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022), el Despacho
dispuso tener como prueba las documentales aportadas con el recurso –expediente
prestacional de Beatriz Isabel Amador de Bernal y Francisco Bernal Consuegra–, y
requirió al Tribunal Administrativo del Atlántico para que remitiera copia del expediente
ordinario, el cual fue allegado al proceso12.

3.4. El trece (13) de junio de dos mil veintidós (2022), el expediente ingresó al
Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda13.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del CPACA14, en concordancia con
lo establecido en el numeral 10 del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 ⎯Reglamento
Interno de la Corporación15⎯, la Sala Especial de Decisión No. 16 es competente para

11
Índice 16 de SAMAI. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado fueron
notificadas el veinticinco (25) de febrero de dos mil veintidós (2022).
12
Índices 24 y 29 de SAMAI. De las pruebas se corrió traslado a las partes el siete (7) de junio de dos
mil veintidós (2022), tal y como consta a índice 30 del aplicativo SAMAI.
13
Índice 31 de SAMAI.
14
“ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. (…)”.
15
“ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado. (…)”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-06553-00
Recurrente: UGPP

resolver el presente recurso, por dirigirse a cuestionar una sentencia dictada por una
Subsección de esta Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si la sentencia proferida en segunda instancia por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 08001-23-33-000-2014-01596-01, se
encuentra incursa en la causal de revisión contenida en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003.

Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales relacionadas
con el recurso extraordinario de revisión y la causal señalada por la parte recurrente,
a partir de lo cual se dará solución al asunto sub examine.

3. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

El recurso extraordinario de revisión es una herramienta cuyo propósito es despojar
del carácter inmutable y de cosa juzgada que por regla general tienen las decisiones
judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten
sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte
Constitucional en sentencia C-090 de 1998 al concluir que se trata de un mecanismo
para evitar “que persistan dentro del ordenamiento jurídico sentencias que vulneren el
debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución”.

En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso extraordinario de revisión
se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la Ley 1437
de 2011, con el propósito de permitir a los jueces reexaminar determinadas sentencias
a efectos de establecer si estas son contrarias al ordenamiento jurídico16, siempre que

16
Sobre el punto, la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló: “Con todo, el principio de
la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso
concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos
excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o
circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede
afirmarse que la revisión se opone al principio ‘res iudicata pro veritate habertur’ para evitar que
prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta
y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad
material, como fines esenciales del Estado”.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06553-00
Recurrente: UGPP

se configure alguna de las causales taxativamente previstas en la ley 17. De acuerdo
con lo consagrado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, este recurso procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, por
los tribunales administrativos y por los jueces administrativos.

Se trata de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la sentencia
cuya revisión se precisa, de forma que no puede entenderse como una instancia
adicional, pues este recurso no es la vía para corregir los yerros probatorios de las
partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir
términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario18.

Adicionalmente, como se trata de un mecanismo excepcional y extraordinario, el
análisis de este recurso tiene interpretación restrictiva. En este sentido, esta
Subsección ha señalado que “[c]omo dicho recurso afecta el carácter de inmutable de
la sentencia judicial ejecutoriada, las decisiones que se producen, con ocasión de su
interposición, son de carácter excepcional, restrictivo y están sometidas a las
causales taxativamente previstas en la ley, con el fin de evitar que se convierta
en una tercera instancia.”19 (Se resalta).

De allí entonces que este solo proceda en los precisos y estrictos casos previstos en
la ley, sin que sea viable para el juez flexibilizar las exigencias para su procedencia o
crear unos requisitos o causales distintas, dado que ello no solo desnaturalizaría la
excepcionalidad del recurso, sino que atentaría directamente contra la seguridad
jurídica.

4. La causal de revisión prevista en el literal b) artículo 20 de la Ley 797 de
2003

4.1. Tratándose del reconocimiento de sumas periódicas y con el propósito de
preservar la integridad del erario y velar por la sostenibilidad del sistema general de
pensiones, el legislador estableció que las sentencias, actos conciliatorios o

17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013,
radicación 11001-03-15-000-2012-00231-00.
18
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 27, sentencia de 3 de diciembre de 2019, radicado
11001-03-15-000-2018-03791-00
19
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de diciembre de 2020,
radicación 08001-23-31-000-2011-00639-01 (52456).

10

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06553-00
Recurrente: UGPP

transacciones que reconozcan una prestación periódica o pensiones a cargo del
presupuesto público, pueden ser revisadas por el Consejo de Estado o por la Corte
Suprema de Justicia, según sus competencias. Así, el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 prevé:

“Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento
que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación
de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza
podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.”

En sentencia C-835 de 2003, la Corte Constitucional señaló que dicha norma establece
una acción de revisión sui generis, cuyo ejercicio tiene las siguientes características:
(i) está restringido a una parte activa calificada, es decir, solo determinadas entidades
tienen legitimación para instaurarla; (ii) procede únicamente por las dos causales
específicas previstas en la ley, con las cuales se busca la protección y recuperación
del patrimonio público, y (iii) su objeto es delimitado, por lo que el análisis debe dirigirse
a establecer la legalidad de las sumas periódicas que han sido reconocidas20.

Así, en esta clase de procesos lo que se busca es determinar la legalidad del
reconocimiento efectuado, bajo la premisa de que se debe salvaguardar el erario de
prestaciones ilegales o reconocidas de forma errónea y que esa labor corresponde no
solo a las autoridades administrativas, sino también a las judiciales. Por ello, la

20
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 4, sentencia del 30 de noviembre de 2021,
radicación 11001-03-15-000-2017-01538-00.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06553-00
Recurrente: UGPP

jurisprudencia ha entendido que esta acción especial tiene como fin último preservar
el patrimonio público, lo que impone que se examine desde esa perspectiva21.

4.2. De conformidad con el inciso primero del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
primer requisito de procedibilidad de esta acción especial de revisión es que exista una
sentencia, conciliación o transacción en la que la autoridad respectiva haya
reconocido, reajustado o liquidado alguna prestación periódica de suma de dinero con
cargo a fondos públicos. Sobre el punto, la Sala Especial de Decisión N° 6 del Consejo
de Estado indicó:

“Al revisar con detenimiento el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se advierte
que la acción de revisión especial procede contra sentencias que hayan
decretado (i) un reconocimiento que imponga la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o, (ii) una pensión de cualquier naturaleza. Así mismo,
la norma dispone que también procede cuando el reconocimiento sea el
resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

Así las cosas, la acción de revisión exige que el reconocimiento pensional sea
otorgado en una sentencia, o sea el resultado de una transacción o
conciliación. Ahora, si bien el recurrente afirma que en este caso procede el
estudio puesto que al negarse las pretensiones de la demanda, se ‘mantiene’
el reconocimiento de la pensión, y por tanto hay lugar a estudiar: (i) si ese
reconocimiento pensional fue obtenido con violación al debido proceso, y (ii)
si la cuantía excede lo debido de acuerdo con la ley; debe precisarse que
dicha conjetura no está llamada a prosperar, puesto que como se dijo en
precedencia, la revisión es una acción especial, que tiene como objeto o
finalidad controvertir las sentencias, transacciones o conciliaciones que
reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público.

De manera que para la prosperidad de las causales del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, no es lo mismo el reconocimiento de una pensión a través de un
acto administrativo, que por medio de una sentencia; y mucho menos puede
equipararse una sentencia que niega las pretensiones de declarar la nulidad
de un acto que reconoce una pensión, con una sentencia que reconoce o
decreta una prestación o una pensión, para efectos de su estudio en sede del
recurso extraordinario de revisión.”22 (Negritas en original y subraya de la
Sala).

De ahí entonces que sea necesario, como primer presupuesto de prosperidad de la
acción contenida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que se trate de una sentencia,
conciliación o transacción donde se haya efectuado un reconocimiento pensional.

21
Al respecto, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de
Decisión N° 21, sentencia del 5 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-2016-02514-00.
22
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 6, sentencia del 3 de noviembre de 2020, radicación
11001-03-15-000-2020-03047-00.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06553-00
Recurrente: UGPP

4.3. Ahora bien, para lo que concierne al caso concreto, debe indicarse que la causal
b) de que trata el artículo 20 ibidem, contempla que procede la revisión de la
providencia que reconozca una prestación periódica por encima de la cuantía prevista
en la ley, lo que implica que deba contrastarse la decisión de reconocimiento, reajuste
o liquidación con las normas que regulan la materia, a efectos de establecer si el monto
está ajustado o no a lo ordenado por el ordenamiento jurídico. En la exposición de
motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797 de 2003, se determinó
que ella obedecía a la necesidad “de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los
ciudadanos”23.

Al respecto, esta Corporación ha sostenido:

“(…) la causal se erige como una herramienta legal útil, que persigue fortalecer
el principio de la moralidad administrativa y que permite corregir los
reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan
los principios que orientan el Sistema General de Pensiones, en especial, el
principio de solidaridad y equilibrio financiero.

A lo anterior se suma que el sistema pensional debe ser sostenible
fiscalmente, de tal forma que garantice la estabilidad a largo plazo de las
finanzas públicas y se procure el cumplimiento de los principios de
rentabilidad, sostenibilidad y conveniencia, en cuanto a la determinación del
gasto, de tal forma que prevalezca el interés general sobre el particular”.

Para su procedencia, debe demostrarse “i) que se trate de un derecho debido de
acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido; iii) y que exista un exceso
en la cuantía reconocida frente a ese derecho”24.

Establecido lo anterior y con fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la
Sala a realizar el análisis del caso concreto.

5. Caso concreto

Conforme con lo explicado en el acápite que precede, corresponde establecer
entonces si en la situación objeto de estudio se materializa el supuesto para la

23
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222.
24
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 23, sentencia de 6 de agosto de 2019, radicación:
11001-03-15-000-2016-01280-00.

13

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06553-00
Recurrente: UGPP

procedencia de la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003.

Como se mencionó en las consideraciones generales de esta providencia, el propósito
de la causal invocada es permitir la revisión de aquellos fallos en los que se ha
reconocido, reajustado o liquidado una prestación periódica, cuya cuantía exceda lo
debido de acuerdo con las normas aplicables.

Sin embargo, en este caso es claro que la sentencia cuya revisión se solicita ꟷesto es,
la proferida el veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno (2021) por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estadoꟷ, no reconoció, reajustó ni reliquidó
una prestación periódica, sino que negó las pretensiones de nulidad formuladas contra
dos actos administrativos por los que la extinta CAJANAL reconoció, ella sí, unos
derechos de contenido prestacional. Así, las prestaciones cuya irregularidad reclama
la UGPP ꟷbajo unas razones en el proceso ordinario y aduciendo ahora otras distintas
en el marco de este recurso extraordinario de revisión25ꟷ no fueron reconocidas en
una providencia judicial sino, tal y como se determinó en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en actos administrativos en los que las entidades
involucradas no tuvieron en cuenta la figura de la compartibilidad de las pensiones de
jubilación y vejez, situación que llevó al ad quem a exhortar a la UGPP para que
adelantara la actuación administrativa interinstitucional orientada a concretar la
compartibilidad de dichas prestaciones.

En ese sentido, es claro que la sentencia expedida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado no decretó “reconocimiento que imponga al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza”, tal y como lo exige el inciso primero del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por lo que, de entrada, no se cumple el primer
supuesto de procedencia de la causal de revisión.

25
Muestra de que el debate que hoy se propone es distinto al que se analizó en el trámite ordinario es
que en el escrito mediante el cual la UGPP apeló la decisión de primera instancia que ordenaba aplicar
la compartibilidad de la pensión entre el ISS empleador y Cajanal, dicha entidad expresamente
manifestó que “la decisión tomada por el a quo beneficia a nuestra poderdante, en tanto ordena la
compartibilidad de las pensiones reconocidas al causante, cesando una de las que se pagan de manera
injustificada en beneficio de su cónyuge”.

14

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06553-00
Recurrente: UGPP

En este punto, debe recordarse que, dada la naturaleza excepcional del recurso
extraordinario de revisión, las causales en las que este se funda deben examinarse de
manera restrictiva, incluso en estos eventos en los que se trata de velar por la
sostenibilidad del sistema pensional, pues, en todo caso, con este se busca despojar
de la cosa juzgada a una sentencia debidamente ejecutoriada, lo que impone ejercer
la revisión de forma rigurosa y estricta. Así, el hecho de que el análisis de este recurso
deba estar permeado por principios como la protección de los recursos limitados del
erario, la liquidez, la solvencia y la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, no
flexibiliza el entendimiento de las causales en las que la revisión debe fundarse, ni
tampoco permite que este se convierta en una acción paralela o en una tercera
instancia a efectos de invadir las competencias propias del juez natural de la causa.

Por ello, el Consejo de Estado ha entendido que “[e]se equilibrio entre la prestación y
la legalidad de la misma, es la que debe buscar el juez extraordinario cuando en virtud
de su examen, analice si lo pedido en el recurso extraordinario de revisión recae en
pensión irregularmente otorgada o en monto que no corresponde, o constituye una
mera discrepancia que en última (sic) aconteció por ausencia de reclamo o defensa en
las instancias ordinarias a efectos de plantear discusiones de orden interpretativo que
no resulten de evidente disparidad con lo previsto u ordenado por la ley.”26, pues la
acción de revisión especial “no puede ser solicitada con el fin de controvertir posibles
errores in iudicando en los que incurra el fallador,27 ni para reabrir el debate probatorio
de las instancias”28.

Así las cosas, como en este caso el recurso no se dirige contra una sentencia que
haya reconocido, liquidado o ajustado alguna prestación periódica con cargo a dineros
públicos, no es posible entrar a estudiar los argumentos planteados por la UGPP en
este trámite extraordinario, pues ello supondría desconocer el requisito de procedencia
establecido en la ley y plantear un análisis de fondo de una decisión judicial que no
reconoció ni impuso prestación periódica alguna.

26
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N°4, sentencia del 2 de julio de 2019, radicación 11001-
03-15-000-2018-01883-00.
27
Cita en original: “Ver Corte Constitucional. Sentencia C-520 de 2009. M.P.: Dra. María Victoria Calle
Correa.”
28
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N°7, sentencia del 4 de febrero de 2020, radicación
11001-03-15-000-2016-03243-00.

15

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06553-00
Recurrente: UGPP

Conforme con lo anteriormente expuesto, la Sala Especial de Decisión debe concluir
que en la sentencia del veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno (2021), proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no se materializó
la causal de revisión alegada, razón por la que declarará infundado el recurso
presentado por la UGPP.

6. Costas

El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas “salvo en los procesos que se ventile un interés público”. Teniendo en cuenta
que, tal y como lo ha establecido el Consejo de Estado, cuando las entidades estatales
acuden a la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, lo hacen con el fin de preservar el erario y la legalidad de las prestaciones
periódicas reconocidas29, es claro que este proceso es de aquellos en los que se
ventila un interés público.

En consecuencia, en este caso no resulta procedente imponer condena por ese
concepto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena, a través de la Sala
Especial de Decisión No. 16, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, contra la sentencia
proferida el veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiuno (2021), por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de radicado No. 08001-23-33-000-2014-01596-01.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.

29
Al respecto, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 9, sentencia del 22 de noviembre de
2021, radicado N°11001-03-15-000-2019-01749-00.

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-06553-00
Recurrente: UGPP

TERCERO: En firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente previas las anotaciones
pertinentes.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Consejero Consejera
Salvamento parcial de voto

CÉSAR PALOMINO CORTÉS HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero Consejero
Aclaración de voto

17

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