Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-06625-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-06625-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2021-06625-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
3 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicado: 11001-03-15-000-2021-06625-00
Accionante: ALEJANDRO CONSTAÍN MARÍN
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y OTRO
Tema: Acción de tutela contra proceso de tutela / derecho
fundamental al debido proceso
Acción de tutela - sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el Alejandro Constaín
Marín contra el Tribunal Administrativo del Cauca y la Sección Primera
del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
333 de 2021.
I.ANTECEDENTES
El señor Alejandro Constaín Marín, actuando en nombre propio y en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución, invoca la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso, participación en política e igualdad, con fundamento en
los siguientes:
1. Hechos
1.1. El 30 de octubre de 2011, fue elegido como concejal del municipio
de Popayán, para el periodo 2012-2015. El 19 de marzo de 2015, el
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señor Diego Fernando Dorado Espinosa presentó demanda de pérdida
de investidura alegando la causal de inhabilidad de que trata el numeral
4.º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, por tener parentesco con
funcionario que dentro de los doce meses anteriores a la elección
hubieren ejercicio autoridad civil, política, administrativa o militar en el
respectivo municipio.
1.2. El Tribunal Administrativo del Cauca, en providencia del 25 de
mayo de 2015, decretó la pérdida de investidura, decisión que fue
confirmada por la Sección Primera del Consejo de Estado mediante
sentencia del 22 de octubre de 2015.
1.3. Contra las anteriores decisiones, el hoy demandante instauró
acción de tutela aduciendo que su padre, en su condición de director
seccional de Impuestos y Aduanas de la DIAN, no ejerció autoridad
administrativa. A través de sentencia del 19 de abril de 2016 proferida
por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, y su
confirmatoria del 30 de agosto de 2016 dictada por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, se negó el amparo constitucional deprecado.
1.4. Inconforme, también, con lo anterior, instauró una nueva acción
de tutela, que fue rechazada por improcedente por la Sección Segunda,
Subsección A y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de
las providencias del 25 de mayo y 29 de noviembre de 2017,
respectivamente, al considerar que no se acreditó el requisito de
inmediatez.
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2. Fundamentos de la acción
Manifiesta que, con el escenario descrito, se consolidó un estado de
cosas inconstitucional, toda vez que los jueces, en el proceso de pérdida
de investidura, no realizaron una valoración de su conducta, tal como
lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia SU424 de 2016, que
reconoció la aplicación del principio de culpabilidad y el análisis
subjetivo de responsabilidad en este tipo de procesos.
En ese sentido, sostiene que las sentencias que “decretaron la pérdida
de mi investidura como concejal municipal de Popayán-Cauca, deben
ser revisadas por el juez constitucional, para constatar que allí no tuve
una defensa material, ni un debido proceso, pues allí no se analizó que
no se estructuraban los elementos configuradores de la causal de
inelegibilidad que se me endilgaba, ni mucho menos, se hizo un análisis
de culpabilidad de la conducta para poder decretar la pérdida de mi
investidura; en tal sentir, como he sido condenado a través de un juicio
de responsabilidad objetiva, procede esta acción de tutela para
determinar que no existe responsabilidad subjetiva que lleve a que se
me decrete la pérdida de mi investidura”.
Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela,
señala que todos se encuentran acreditados, inclusive, el de
inmediatez, toda vez que existen hechos “sobrevinientes” y “nuevos”
los cuales sirven de base y fundamento para la interposición de la
presente acción, a saber:
(1) La sentencia de unificación SU424-16 de la Corte Constitucional,
mediante la cual se esgrimieron importantes argumentos (ratio
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decidendi) respecto de la naturaleza del proceso de perdida de
investidura, la obligatoriedad en el análisis de la conducta (culpabilidad)
o aspecto subjetivo y las consecuencias por la ausencia de dicho
análisis; y
(2) La expedición de la Ley 1881 de 2018, por medio de la cual se
establece el procedimiento de pérdida de investidura, se consagra la
doble instancia y el término de caducidad, entre otras disposiciones, la
cual es clara en afirmar que el proceso sancionatorio de pérdida de
investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva en donde se
garantizará el principio non bis in ídem.
Además, porque la violación al debido proceso por la ausencia de la
valoración y análisis del aspecto subjetivo subsiste de tal forma que se
ha configurado un verdadero estado de cosas inconstitucional frente a
la privación del derecho a la participación política, por cuanto dichas
limitaciones se presentan mediante un proceso que es a todas luces
violatorio de lo consignado en la sentencia de unificación precitada y
las demás que desde la fecha ha venido profiriendo el Consejo de
Estado basado en un régimen de responsabilidad subjetiva, con lo que
se crea un trato abiertamente discriminatorio entre los ciudadanos
beneficiados con dichas sentencias.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicita:
«1.- Se tutelen mis derechos fundamentales a la IGUALDAD, al DEBIDO PROCESO Y
DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA A ELEGIR Y SER ELEGIDO, vulnerados con las
providencias del 25 de mayo de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca y
la del 22 de octubre de 2015 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.
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2.- Se ordene DEJAR SIN EFECTOS las sentencias de pérdida de investidura referidas,
toda vez que, ellas no realizaron un estudio de responsabilidad subjetiva en mi caso y
desconocieron el precedente jurisprudencial. 3.- Se dicte fallo de reemplazo, negando las
pretensiones de la pérdida de investidura por cuanto en el sub lite no se probó que con mi
conducta dolosa o gravemente culposa haya dado lugar a la configuración de una causal de
inelegibilidad, máxime cuando esta ni si quiera se estructuró».
4. Trámite procesal
4.1. Mediante auto del 7 de octubre de 2021, los magistrados William
Hernández Gómez y Rafael Francisco Suárez Vargas manifestaron estar
incursos en la causal de impedimento consagrada en el numeral 6.° del
artículo 56 del C.P.P. para conocer del presente asunto, toda vez que
resolvieron una de las acciones de tutela que interpusiera el accionante
contra las sentencias de pérdida de investidura que hoy se cuestiona 1.
4.2. Teniendo en cuenta lo anterior, el magistrado sustanciador, a
través de proveído del 2 de noviembre de 2021, ordenó efectuar el
respectivo sorteo de conjueces a fin de resolver la manifestación de
impedimento mencionada, siendo designados para conformar el
quorum decisorio los conjueces Pedro Simón Vargas Sáenz2 e Ílvar
Nelson Jesús Arévalo Perico.
4.3. Conformada la Sala de Decisión, a través de providencia del 10
de diciembre de 2021, se declaró fundada la manifestación de
impedimento.
1
Es necesario aclarar que el suscrito magistrado ponente de la presente decisión no manifestó estar incurso
en dicha causal de impedimento, toda vez que no participó en la Sala de Decisión del 25 de mayo de 2017
en la que se resolvió la citada acción de tutela radicada bajo el N.º 11001-03-15-000-2017-01079-00, pues
se encontraba gozando de permiso debidamente concedido, tal como se puede leer de la misma sentencia.
2
El doctor Pedro Simón Vargas Sáenz fue reemplazado por el doctor Hugo Alberto Marín Hernández.
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4.4. Posteriormente, por auto del 26 de enero de 2022, se admitió la
acción de tutela de la referencia y se ordenó notificar al Tribunal
administrativo del Cauca y a la Sección Primera del Consejo de Estado
como accionados y al señor Diego Fernando Dorado Espinosa como
tercero interesado en las resultas del proceso.
5. Informes
5.1. La Sección Primera del Consejo de Estado manifestó que la
presente acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez,
dado que el hecho que presuntamente origina la vulneración ius
fundamental se concreta en las sentencias del 25 de mayo y 22 de
octubre de 2015, mediante las cuales el Tribunal Administrativo del
Cauca y dicha Sala de Sección decretaron la pérdida de investidura del
accionante, lo que evidencia que han transcurrido más de 6 años.
Además, precisó que aunque el demandante alega que la sentencia
SU424 del 2016 y la Ley 1881 del 15 de enero de 2018 que introdujo
el elemento subjetivo en los juicios de pérdida de investidura constituye
un hecho nuevo, lo cierto es que las providencias, al haber sido
proferidas con anterioridad a estos dos eventos, se ajustaron
plenamente al ordenamiento jurídico y a la jurisprudencia vigentes para
la fecha.
Finalmente, señaló que el accionante ya promovió, en dos
oportunidades, acciones de tutela contra las mismas providencias, que
cursaron en esta corporación bajo los radicados N.º
11001031500020160046600/01 y 11001031500020170107900/01,
por lo que pidió rechazar por improcedente la presente acción.
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5.2. El señor Diego Fernando Dorado Espinosa manifestó que no
fue él quien presentó la demanda de pérdida de investidura, pues fue
víctima de un engaño para firmar unos documentos que,
sorpresivamente, fueron radicados como demanda ante el Tribunal
Administrativo del Cauca pero que, incluso, contienen direcciones de
notificaciones diferentes a la de su domicilio.
5.3. El Tribunal Administrativo del Cauca remitió, en medio
magnético, copia del expediente de pérdida de investidura.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:
• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará si:
• ¿El Tribunal Administrativo del Cauca y la Sección Primera del
Consejo de Estado, al proferir las sentencias del 25 de mayo y 22
de octubre de 2015, mediante las cuales decretaron la pérdida de
investidura del accionante, desconocieron el precedente
contenido en la sentencia SU424 de 2016?
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2. Procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente3 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación4, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le
impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
irregularidades que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara, después de
años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio
de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
3
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
4
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.
De tal suerte, que se erigieron como requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b.
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela» (resaltado de la
Sala).
Sobre el requisito de inmediatez, la Corte Constitucional ha precisado:
«[…] de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos».
Además, como lo señaló la misma Corporación 5, el requisito de la inmediatez
protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida
en un plazo irrazonable6»; «da vigencia al principio de seguridad jurídica, al impedir
que el amparo se convierta en un factor que atente contra ella» 7; y previene el abuso
5
Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013.
6
Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084 de
2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.
7
Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006,
T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883 de 2009, entre
otras.
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del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo constitucional como herramienta
supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos8».
Se trata entonces de una condición que permite concretar la urgencia
del amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se
interpuso en un plazo razonable, pues la tutela es un medio excepcional
de protección pronta y eficaz de derechos, por lo que se requiere que
se ejerza en un tiempo prudencial.
En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta corporación, en sentencia
del 5 de agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia,
según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente»9.
3. De la cosa juzgada en la acción de tutela
La Corte Constitucional ha señalado que “Cuando el juez de instancia
resuelve un asunto concreto y posteriormente la Corte decide sobre su
selección10, el fallo judicial se torna definitivo, inmutable y vinculante 11,
presentándose la cosa juzgada constitucional en materia de tutela. Esta
institución jurídica, encuentra su fundamento en el artículo 243 de la
Carta, al establecer que los fallos que dicta la Corte en ejercicio de
8
Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006,
T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras.
9
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: Radicado 11001-03-15-000-
2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez.
10
Si la Corte selecciona el trámite para revisión, la cosa juzgada se produce con la ejecutoria del fallo de
la Corte, por el contrario, cuando la acción no es seleccionada, este fenómeno opera a partir de la
ejecutoria del auto que niega la selección. Así se estableció en la sentencia SU-219 de 2001, citada en la
sentencia T-001 de 2016.
11
Sentencia T-001 de 2016.
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control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional 12 y
de ahí que este vedado al juez volver a decidir sobre lo que se
encuentra materialmente resuelto”13.
Así pues, en la sentencia T-670 de 2017, la Corte Constitucional precisó
que el fenómeno de cosa juzgada constitucional ocurre cuando “se
interpone una acción de tutela sobre una causa decidida previamente
en otro proceso de la misma naturaleza sin que existan razones
suficientes que justifiquen la nueva solicitud”14.
En ese sentido, se ha expresado que existe duplicidad de acciones de
tutela cuando hay identidad respecto a las partes involucradas en el
trámite, las circunstancias fácticas y las pretensiones formuladas.15
Recientemente, en la sentencia T-280 de 2017 se reafirmó el contenido
de los criterios que permiten establecer la cosa juzgada:
“(i) Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma
pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se
presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o
modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se
predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no
fueron declarados expresamente.
(ii) Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o
12
“Artículo 243. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa
juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico
declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que
sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.”
13
T-106-2018.
14
Sentencia C-774 de 2001. Postura reafirmada en las sentencias C-622 de 2007, T-185 de 2013, T-707 de
2016, y T-670 de 2017. Así mismo, se ha determinado que la cosa juzgada constitucional tiene dos
funciones: una negativa, que prohíbe a los funcionarios judiciales fallar sobre lo resuelto y, una positiva,
que procura dotar de seguridad las relaciones jurídicas y lograr la terminación definitiva de las
controversias.
15
Sentencia T-154 de 2014. Iguales supuestos que se estudian respecto a la temeridad.
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hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda
presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos
supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen
cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.
(iii) Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye
cosa juzgada.”16
En ese sentido, cuando se configura un evento de duplicidad, el
funcionario judicial no solo tiene la obligación de rechazar las acciones
de tutela sino que además está facultado para controlar el abuso del
derecho y los comportamientos que se opongan a la lealtad procesal,
tendientes a satisfacer intereses individuales sin fundamento
constitucional ni legal17.
4. Caso concreto
En el presente asunto, el accionante reprocha las providencias del 25
de mayo y 22 de octubre de 2015 mediante las cuales el Tribunal
Administrativo del Cauca y la Sección Primera del Consejo de Estado
decretaron su pérdida de investidura, porque considera que omitieron
efectuar el análisis subjetivo de la conducta, como lo exigen la
sentencia SU424 de 2016 y la Ley 1881 de 2018.
Ahora bien, de conformidad con la información que reposa el
expediente y que fue señalada en la demanda, se advierte que el
demandante ya interpuso, en dos oportunidades, acciones de tutela
contra las mismas providencias. Veamos:
16
El estándar anterior fue desarrollado inicialmente en la sentencia C-774 de 2001.
17
En la SU 713 de 2006 se desarrolló ampliamente el sentido de la temeridad en materia de tutela.
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i) En la primera de ellas, tramitada bajo el radicado N.º 11001-03-
15-000-2016-00466-00/01, alegó que la Sección Primera del Consejo
de Estado no tuvo en consideración los argumentos señalados en los
alegatos de conclusión rendidos en segunda instancia.
Dicha tutela fue despachada negativamente por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado en sentencia del 19 de abril de
2016, al considerar que la competencia de la segunda instancia está
delimitada por las inconformidades señaladas en el recurso de
apelación, sin que fuera dable introducir argumentos novedosos al
debate en los alegatos de conclusión.
Esta decisión fue confirmada por la Sección Cuarta de esta corporación
mediante providencia del 30 de agosto de 2016.
ii) Posteriormente, instauró una nueva acción de tutela, seguida bajo
el radicado N.º 11001-03-15-000-2017-01079-00/01, en la que alegó,
como causa petendi, que las autoridades judiciales demandadas, al
resolver el proceso de pérdida de investidura, incurrieron en los
defectos procedimental absoluto y sustantivo, toda vez que lo
sancionaron con base en criterios de responsabilidad objetiva, sin
realizar un análisis subjetiva de su conducta como lo dispuso la Corte
Constitucional en la sentencia SU-424 de 2016.
Asimismo, para justificar la acreditación del requisito de inmediatez,
señaló que la expedición de la sentencia SU424 de 2016 constituía un
hecho nuevo que permitía acudir en dicha oportunidad a la acción
constitucional.
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A c ci o na n t e: A l ej an d ro C o nst a ín Ma rí n
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 25 de mayo de 201718, rechazó por improcedente el
amparo deprecado, al considerar que no se acreditó el requisito de
inmediatez, en tanto demanda se radicó transcurrido más de un año
después de la expedición de la providencia objeto de reproche, la cual,
por demás, se expidió con apego a las normas y a las pautas
jurisprudenciales vigentes para ese momento.
Esta decisión fue confirmada por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado a través de sentencia del 29 de noviembre de 2017.
Visto lo anterior, emerge con claridad para la Sala que, sobre las
sentencias que se cuestionan en esta demanda, ya se configuró el
fenómeno de cosa juzgada constitucional, en tanto la acción de tutela
radicada bajo el N.º 11001-03-15-000-2017-01079-00/01 versó sobre
los mismos hechos, las mismas pretensiones y la misma causa petendi
que se ventilan en el asunto de la referencia.
Por tanto, la Sala concluye que la presente solicitud de amparo
constitucional no es procedente, por encontrarse configurado el
fenómeno de cosa juzgada constitucional y porque, en todo caso, han
transcurrido más de seis años desde la expedición de la providencia
que se cuestiona, lo que impone su rechazo.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
18
Providencia que, se insiste, no fue suscrita por el magistrado ponente de la presente decisión.
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administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela
promovida por el señor Alejandro Constaín Marín en
contra del Tribunal Administrativo del Cauca y la Sección
Primera del Consejo de Estado, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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HUGO ALBERTO MARÍN HERNÁNDEZ SÁENZ ÍLVAR NELSON JESÚS ARÉVALO PERICO
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