Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-06660-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-06660-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2021-06660-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
27 de enero de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06660-01
Accionante: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HÉRNANDEZ
Bogotá D. C. veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-06660-01
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
–UGPP-
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Tema: Tutela contra providencia judicial / Derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia / Defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente jurisprudencial /
Incumplimiento del requisito de inmediatez y
subsidiariedad
ACCIÓN DE TUTELA - SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la
entidad accionante, en contra de la sentencia de 11 de noviembre de
2021 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que
rechazó por improcedente el amparo solicitado por la UGPP.
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia se fundamenta en los
siguientes
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06660-01
Accionante: UGPP
1. HECHOS
La Caja Nacional de Previsión Social –CAJANAL, ahora -UGPP-,
mediante Resolución 14882 de 11 de marzo de 1993, reconoció al
señor José Circuncisión Serrano Godoy pensión de vejez, efectiva a
partir del 2 de julio de 1990, liquidándola con el 75% del salario
promedio devengado en 12 meses y con la inclusión de los factores
salariales de asignación básica, horas extras, bonificación por
servicios prestados y prima de antigüedad.
Al no obtener la reliquidación de su pensión, el señor Serrano Godoy
demandó en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual en primera instancia
correspondió al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga, despacho que en sentencia de 24 de septiembre de
2010 accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó a CAJANAL
la reliquidación de la pensión del demandante.
Apelada la decisión, el Tribunal Administrativo de Santander en
sentencia de 15 de mayo de 2012, modificó la sentencia de primera
instancia, para en su lugar resolver:
Primero. REVOCAR el numeral PRIMERO de la Sentencia impugnada,
por las consideraciones expuestas, en la parte motiva de esta
providencia.
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Accionante: UGPP
Segundo: MODIFICAR el numeral TERCERO de la Sentencia
impugnada el cual quedará así:
"TERCERO: ORDENAR a LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
SOCIAL, que proceda a reliquidar la pensión de jubilación
reconocida al demandante JOSÉ CIRCUNCISIÓN SERRANO
GODOY, tomando como base, él setenta y cinco por ciento
(75%) del promedio mensual, de los factores de que trata el
Art. 45 del Decreto 1045 de 1978, obtenidos por el demandante
en el último año de servicios, como lo son:, salario en especie,
subsidio de transporte, desayunos, prima de alimentación,
horas extras , sobre remuneración, vacaciones, prima de
vacaciones, prima semestral, bonificación, prima de navidad y
bonificación por renuncia. Dicho reajuste deberá realizarse a
partir del 02 de Julio de 1990, actualizarse con los incrementos
dé ley y con la indexación, en la forma como se expuso en la
precedencia.
Tercero. ADICIONASE la Sentencia del 24 de Septiembre de
2010 proferida por el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga, en el sentido que
la demandada, en caso de no haberse pagado los aportes de
ley, deberá realizar las compensaciones a que haya lugar al
momento de pagar las mesadas correspondientes.
Cuarto. CONFIRMAR en los demás aspectos la sentencia del 24
Septiembre de 2010, proferida por el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga.
Por lo anterior, a través de la Resolución RDP 017743 de 03 de
diciembre de 2012, la UGPP reliquidó la pensión de jubilación del
señor José Circuncisión Serrano, incrementó la cuantía de la misma
en $201.887 M/cte efectiva a partir del 1 de julio de 1990, y liquidó
con el 75% del salario promedio de lo devengado en el último año de
servicio, incluyendo los factores salariales de asignación básica,
auxilio de alimentación, auxilio de transporte, bonificación por
servicios prestados, desayunos, horas extras, prima de navidad,
prima de vacaciones, prima semestral, salario de especie,
sobreremuneración y vacaciones.
Posteriormente, a través de la Resolución RDP 017037 del 27 de abril
de 2016, la UGPP modificó el artículo tercero de la Resolución 17743
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Accionante: UGPP
del 03 de diciembre de 2012 en cuanto a la proporción de las
Entidades concurrentes en el pago de la pensión.
Al estimar que no se dio estricto cumplimiento a lo ordenado en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Serrano
Godoy inició proceso ejecutivo en contra de la UGPP.
El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga, en auto del 17 de octubre de 2017, libró mandamiento
de pago en contra de la entidad demandada y a través de sentencia
de 27 de agosto de 2018, ordenó seguir adelante con la ejecución en
favor del señor Serrano Godoy.
Inconforme con lo anterior, la UGPP interpuso recurso de apelación
que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Santander, en
sentencia de 25 de junio de 2021, a través de la cual adicionó la
sentencia en el sentido de declarar no probada la excepción de la
acción ejecutiva y confirmó en lo demás lo resuelto por el a quo.
2. PRETENSIONES
Solicitó la parte accionante lo siguiente:
« DEJAR sin efectos los fallos Contenciosos (sic) del 24 de
septiembre de 2010 y 15 de mayo de 2012, dictados por el
JUZGADO NOVENO DEL CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE
BUCARAMANGA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 8001333100920090000600, así como la integralidad
del proceso ejecutivo que actualmente cursa en el JUZGADO
NOVENO DEL CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE
BUCARAMANGA bajo Radicado 68001333300920130090300, en
razón a que a través de este se pretende materializar las ordenes
(sic) ya relacionadas del 24 de septiembre de 2010 y 15 de mayo
de 2012 que contienen la vía de Hecho (sic) y abuso del derecho
que se acredita en esta acción constitucional de amparo, en razón a
que desconoce que el régimen de transición contenido en la Ley 33
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Accionante: UGPP
de 1985, no se aplica para determinar los factores que integran el
IBL de las personas sujetas al régimen de transición, como así lo
determinó la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional en las
sentencias SU 395 de 2017, T- 494 de 2017 y T- 328 de 2018, así
como por el Consejo de Estado en sentencias de unificación del 28
de agosto de 2018 y 09 de mayo de 2019, sino solo para efectos de
respetar la edad, tiempo de servicio y tasa de remplazo, lo que
hacía que, en la prestación del señor JOSE CIRCUNSICIÓN
SERRANO GODOY no pudiera serle aplicado la normativa anterior a
la Ley 33 de 1985, esto es el Decreto 1045 de 1978, para con base
en él se ordenara incluir los factores denominados “Subsidio de
Transporte, desayunos, Prima de alimentación, prima de vacaciones,
prima semestral, prima de navidad, y Bonificación por renuncia” y
menos pasarse por alto que sobre esos factores no se hicieron
aportes al Sistema y que algunos de ellos contemplan sumas
superiores a lo devengado en el último año de servicio
b.- Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER dictar nueva sentencia ajustada al marco del principio
de legalidad, esto es, revocando la sentencia del 24 de septiembre
de 2010, dictada por el JUZGADO NOVENO DEL CIRCUITO
ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA, para en su lugar negar
las pretensiones de la demanda».
3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La UGPP considera que con las decisiones reprochadas, el Juzgado
Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga y el
Tribunal Administrativo de Santander, respectivamente, incurrieron en
defecto sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial
por las siguientes razones:
Defecto Sustantivo: Por la indebida aplicación del Decreto
1045 de 1978, toda vez que para la fecha en que el señor José
Circuncisión Serrano Godoy adquirió el estatus para hacerse
beneficiario de la pensión, las normas vigentes para el
reconocimiento de su pensión eran las leyes 33 y 62 de 1985, lo
que genera un pago superior al que realmente tiene derecho el
causante.
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Accionante: UGPP
Lo anterior, teniendo en cuenta que los factores salariales
reconocidos no están catalogados expresamente en la norma
por lo que incluirlos genera una mesada pensional ilegítima y
desproporcionada, situación que además genera un detrimento
al erario y al sistema pensional.
Asimismo, la entidad accionante manifiesta que el parágrafo 2
del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, que prevé que a la fecha
de entrada en vigencia de dicha norma, quienes tuviesen 15
años de servicio, se les continuaría aplicando las disposiciones
sobre edad de jubilación que regían con anterioridad, por lo que
al señor Serrano Godoy solo se le debía respetar la edad y el
tiempo de servicio del régimen anterior y para el reconocimiento
pensional debía darse aplicación al Decreto 3135 de 1968.
Desconocimiento del precedente: se desconoció el
precedente sobre asuntos similares sobre los cuales se ha
pronunciado la jurisprudencia de la Corte Constitucional1 y el
Consejo de Estado2, frente a los factores salariales que
componen el IBL.
Finalmente, sostuvo que el Juzgado al momento de librar el
mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo incorporó a
1 SU-395 de 2017, T-494 de 2017, T-328 de 2018 y T-039 de 2018.
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
25 de febrero de 2016.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 22
de mayo de 2019, C.P. Milton Chaves García, rad. 11001031500020190075500.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”,
sentencia de 9 de mayo de 2019, C.P. William Hernández Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 28
de agosto de 2018, C.P. César Palomino Cortés, rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01.
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Accionante: UGPP
la liquidación el valor total y no proporcional de los factores
salariales bonificación por renuncia y prima de antigüedad, lo
que generó un incremento de la mesada pensional que no
corresponde.
4. TRÁMITE PROCESAL
Mediante el auto de 4 de octubre de 2021, fue admitida la presente
acción de tutela y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Santander y al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga, como accionados; y al señor José Circuncisión Serrano
Godoy, como tercero interesado, para que dentro del término de dos
(2) días siguientes al recibo de la notificación, se pronunciaran sobre
los hechos que originaron la solicitud de tutela, si a bien lo tuviesen.
5. INFORMES
5.1. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga realizó un recuento del trámite surtido dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y del proceso
ejecutivo.
Manifestó que la decisión reprochada se ajustó a la normativa
aplicable y sostuvo que si bien limitó el reconocimiento de los factores
a los previstos en el Decreto 1045 de 1978, el Tribunal decidió
adicionar los percibidos en el último año de servicios del señor
Serrano Godoy.
Finalmente, solicitó rechazar por improcedente el amparo solicitado al
no cumplirse los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06660-01
Accionante: UGPP
5.2. El señor José Circuncisión Serrano Godoy solicitó rechazar
por improcedente el amparo solicitado por el incumplimiento del
requisito de subsidiariedad toda vez que la entidad accionante
contaba con otros medios de defensa para controvertir las decisiones
judiciales reprochadas.
Manifestó que la UGPP pretende revivir términos procesales que dejó
vencer y reabrir un debate que se surtió hace más de 9 años
pretendiendo vulnerar derechos adquiridos de un sujeto de especial
protección como lo es él, ya que tiene 89 años de edad y una
condición de salud muy grave.
Expuso que el proceso ejecutivo aún se encuentra en trámite en etapa
de liquidación del crédito, razón por la cual frente a este proceso
también se torna improcedente la acción de tutela y finalmente,
sostuvo que no es posible aplicar a su caso la sentencia de unificación
de 28 de agosto de 2018, toda vez que su régimen pensional no es el
dispuesto en la Ley 33 de 1985.
5.3. El Tribunal Administrativo de Santander guardó silencio.
6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 11 de
noviembre de 2021, rechazó por improcedente el amparo solicitado al
considerar que no se cumplieron con los requisitos de inmediatez y
subsidiariedad.
Al respecto, manifestó que la sentencia de segunda instancia del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander data del 15 de mayo de 2012,
fue notificada del 22 de mayo de 2012 y la presente acción de tutela
se radicó hasta el 30 de septiembre de 2021, por lo que
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Accionante: UGPP
transcurrieron 9 años, 4 meses y 8 días, superando así los 6 meses
que ha sido estimados por la jurisprudencia como término razonable.
Asimismo, consideró que frente a esa providencia tampoco se cumplió
el requisito de subsidiariedad por cuanto la entidad accionante
contaba con otro medio de defensa para la protección de sus derechos
como lo era el recurso extraordinario de revisión.
Ahora, en lo que tiene que ver con las providencias proferidas al
interior del proceso ejecutivo, manifestó que tampoco se cumple el
requisito de subsidiariedad toda vez que el proceso no ha terminado y
hace falta que se profiera la liquidación del crédito, decisión contra la
que procede el recurso de apelación del cual la parte accionante
puede hacer uso.
7. IMPUGNACIÓN
La UGPP en escrito de impugnación reiteró los argumentos expuestos
en la acción de tutela y sostuvo que el juez de primera instancia
realizó una valoración exigente del requisito de inmediatez y el
término en que se debe presentar una acción de tutela ya que la
misma no tiene prescripción o caducidad y puede incoarse mientras
subsista la afectación a los derechos fundamentales.
Ahora bien, si el juez de tutela realiza el estudio del cumplimiento del
requisito de inmediatez, debe contabilizarlo a partir del momento de
la firmeza de la última decisión judicial que haya sido emitida,
situación que en la presente acción de tutela se cumple.
Sumado a lo anterior, sostuvo que “(…)la Corte Constitucional,
igualmente de manera pacífica y reiterada, ha establecido que
en aquellos escenarios de acción constitucional de amparo en
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Accionante: UGPP
donde la parte accionante es la UGPP el término de inmediatez
que debe tenerse en cuenta es actual en virtud de la
naturaleza de su ámbito funcional dentro del cual, como en este
caso, se trata de situaciones pensionales que son heredadas
desde la antigua caja nacional de previsión CAJANAL”.
Así las cosas, en el presente caso el término para el cumplimiento del
requisito de inmediatez debe ser flexible como consecuencia de la
amenaza de los derechos fundamentales, al tratarse de una
prestación económica y su permanencia en el tiempo genera una
mayor amplitud del daño por la afectación periódica al sistema
pensional.
Por lo anterior, reitera la solicitud de dejar sin efectos las sentencias
del 24 de septiembre de 2010 y 15 de mayo de 2012, proferidas por
el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander y como
consecuencia de ello la materialización del proceso ejecutivo ya que a
través de este, se pretende el cumplimiento de los fallos
mencionados.
Ahora, en lo que tiene que ver con el requisito de subsidiariedad,
manifestó que la jurisprudencia hace referencia al agotamiento de los
mecanismos de defensa judicial ordinarios y en el caso del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho se interpuso el recurso de
apelación que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de
Santander a través de fallo de 15 de mayo de 2012.
En lo que tiene que ver con el recurso extraordinario de revisión,
sostuvo que no era el mecanismo eficaz para evitar la consumación
del perjuicio irremediable que se genera mes a mes y a la fecha no es
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Accionante: UGPP
procedente, razón por la cual el único mecanismo con el que cuentan
para controvertir las providencias reprochadas es la presente acción
de tutela ante el perjuicio irremediable que permite la intervención del
juez constitucional para poner fin a la afectación al erario público con
un pago de una mesada pensional que en forma errada se incrementa
en más del 400% por la inclusión de unos factores que no están
enlistados como salariales
I. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 20193,
en cuanto consagra que «las tutelas que sean de competencia del
Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala
de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».
2. PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a responder si:
¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad?
De resultar afirmativo, se determinará si:
¿El Tribunal Administrativo de Santander, al modificar la
sentencia de primera instancia y confirmar lo resuelto por el a
3 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06660-01
Accionante: UGPP
quo, en el sentido de reliquidar la pensión del señor José
Circuncisión Serrano Godoy, incurrió en defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente jurisprudencial y por
consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales de
la entidad accionante?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se analizará: i) la
procedencia de la acción de tutela contra las providencias judiciales,
ii) el requisito de inmediatez y iii) el análisis del caso concreto.
3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
En lo que respecta a la procedencia de la acción de tutela como
mecanismo idóneo para controvertir providencias judiciales, es
imperiosa la necesidad de recalcar el carácter excepcional y residual
que a esta se le ha otorgado jurisprudencialmente.
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente4 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
Corporación5, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
4
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
5
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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Accionante: UGPP
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.
Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional,
presupone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien
pretende la protección de sus derechos fundamentales, de ahí que la
Corte Constitucional después de años de producción jurisprudencial
adopta requisitos generales y específicos de procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, que tienen como propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad
jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar
la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.
Así las cosas, el ejercicio de la acción de tutela contra providencia
judicial, debe cumplir en cualquier evento los siguientes presupuestos
generales:
a. Que el asunto en disputa resulte de evidente relevancia
constitucional.
b. Que, durante el proceso, se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de
quien persigue el amparo constitucional, salvo, que se pretenda
evitar un perjuicio irremediable.
c. Que cumpla con el requisito de inmediatez, ello es, que la acción
de tutela se presente dentro de un período de tiempo razonable
posterior a la trasgresión de los derechos fundamentales.
d. Que cuando la vulneración devenga de una irregularidad
procesal, ésta debe tener un efecto determinante en la
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06660-01
Accionante: UGPP
sentencia que se impugna y afecta los derechos fundamentales
de la parte actora.
e. Que exista una identificación razonada por la parte actora, tanto
de los hechos que generaron la vulneración como de los
derechos que considera transgredidos y que tal vulneración
hubiere sido alegada, de ser posible, dentro del proceso judicial.
f. Que no se trate de sentencias de tutela.
Una vez agotado el estudio de los requisitos generales de
procedibilidad, y siempre que se constate el cumplimiento de los
mismos, resulta entonces necesario determinar la existencia de por lo
menos alguna de las causales especiales, es decir, es necesario que la
providencia objeto de reproche haya incurrido en: (a) defecto
orgánico, (b) defecto procedimental, (c) defecto fáctico, (d) defecto
material o sustantivo, (e) error inducido, (f) decisión sin motivación,
(g) desconocimiento del precedente constitucional que establece el
alcance de un derecho fundamental o (h) violación directa de la
Constitución.
3.1.1. En el caso de autos, advierte la Sala de Subsección que la
pretensión de amparo es de relevancia constitucional, ya que la
misma se encuentra encaminada a establecer si el Tribunal
Administrativo de Santander con la decisión de 15 de mayo de 2012,
que modifica y confirma lo resuelto por el a quo en el sentido de
ordenar la reliquidación de la pensión del señor Serrano Godoy,
incurrió en violación a los derechos fundamentales ya señalados.
Ahora, lo que respecta al cumplimiento del requisito de inmediatez,
será analizado en el acápite posterior.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06660-01
Accionante: UGPP
3.1. DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, uno de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales es el cumplimiento del requisito de inmediatez:
se debe acreditar que la tutela contra providencia judicial se ha
interpuesto en un plazo razonable.
Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado:
«[…] de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún
años después de proferida la decisión, se sacrificarían los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.»
En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en
sentencia del 5 de agosto de 2014, acogió como regla general «un
plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la
acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente»6.
4. CASO CONCRETO
En el presente asunto, se resuelve la acción de tutela presentada por
la parte accionante en contra del Tribunal Administrativo de
Santander, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia con conexidad al principio de sostenibilidad financiera,
ocurrida con ocasión de la expedición de la providencia de 15 de mayo
6
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: Radicado 11001-03-15-
000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06660-01
Accionante: UGPP
de 2012, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por el señor José Circuncisión Serrano Godoy.
Para resolver, esta Sala de Subsección considera:
En primer lugar, se tiene que la providencia de 15 de mayo de 2012,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, fue notificada
el 22 de mayo de ese mismo año, tal como aparece en la página web
consulta de procesos de la Rama Judicial7, por lo que, finalizado el
término de ejecutoria el 25 de mayo de 2012, la parte accionante
tenía hasta el 25 de noviembre de 2012, para interponer la acción de
tutela. Sin embargo, sólo hasta el 30 de septiembre de 2021 se radicó
la misma.
En ese sentido, al haberse presentado luego de cumplido un
término de ocho (8) años diez (10) meses y cinco (05) días
contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, se concluye
que en el presente caso no se acredita el cumplimiento del requisito
de inmediatez.
De igual modo, de los fundamentos expuestos en el escrito de tutela,
no se advierte que la parte accionante haya señalado alguna razón
que pueda justificar la tardanza en la presentación de la acción o que
encaje dentro de las causales por las cuales el juez constitucional
considere procedente un estudio de fondo de los argumentos
planteados.
En ese orden de ideas, resulta inaceptable que la entidad accionante
pretenda reabrir un debate jurídico con más de ocho años de
anterioridad, desconociendo el principio de cosa juzgada y los
derechos adquiridos.
7
Ver consulta, en:
https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=yrneQ6IXysgUA2QRJ
wK9uZwDLhg%3d
16
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06660-01
Accionante: UGPP
Asimismo, no es dable pretender ejercer la acción de tutela como un
medio alternativo de amparo ius fundamental que, lejos de proteger
un derecho vulnerado, propiciaría un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones que fueron encomendadas a los jueces
constitucionales por mandato de la Constitución.
Así, de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional:
«[…] si bien no existe un término de caducidad para presentar la
acción de tutela, de su naturaleza como mecanismo para la protección
inmediata de los derechos fundamentales se puede establecer que su
finalidad es la de dar una solución de carácter urgente a las
situaciones que tengan la potencialidad de generar una vulneración o
amenaza a derechos fundamentales»8.
En este punto, basta con que no se configure uno de los requisitos de
procedibilidad para que se deba rechazar la presente acción de tutela;
no obstante, en gracia de discusión, esta Sala evidencia además, que
tampoco se cumplió con el requisito de subsidiariedad ya que la UGPP
contaba con el recurso extraordinario de revisión para controvertir las
providencias proferidas al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho del cual no hizo uso.
Sumado a lo anterior tampoco se observa la existencia de una
urgencia o una inminencia que amerite la intervención del juez
constitucional, pues como quedo evidenciado, la entidad accionante
dejó pasar 8 años diez meses y cinco días para controvertir las
providencias que pretende, se analicen en esta providencia.
Finalmente, y teniendo en cuenta que la presente acción de tutela
tiene como pretensión principal dejar sin efectos las sentencias de 24
de septiembre de 2010 y 15 de mayo de 2012, respectivamente,
8
Corte Constitucional. Sentencia SU-108 de 2018. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz.
17
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06660-01
Accionante: UGPP
proferidas al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 8001333100920090000600 y como consecuencia de ello,
la integralidad del proceso ejecutivo.
Lo anterior, en razón a que a través de este se pretende la
materialización de las órdenes contenidas en los fallos cuestionados,
esta Sala de Subsección no realizará ningún pronunciamiento sobre
las providencias proferidas al interior del proceso ejecutivo
identificado con el radicado 68001333300920130090300, en la
medida que: (i) los fundamentos de la acción de tutela y del escrito
de impugnación únicamente están encaminados a controvertir las
sentencias proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho y (ii) al no cumplir con el requisito de inmediatez y no
realizarse un estudio de fondo que tuviese como consecuencia dejar
sin efectos los fallos cuestionados, el proceso ejecutivo mantiene su
curso.
Así las cosas, se confirmará el fallo de primera instancia proferido por
la Sección Primera del Consejo de Estado, que rechazó por
improcedente el amparo solicitado por la UGPP, pero por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
IV. FALLA
PRIMERO. – CONFIRMAR la sentencia de 11 de noviembre de 2021
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado que rechazó
18
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06660-01
Accionante: UGPP
por improcedente el amparo solicitado, pero por las razones
expuestas en la parte considerativa de este fallo.
SEGUNDO.- LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
TERCERO.- Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO. - REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPL ASE
La anterior provi de ncia f ue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada en la f echa.
G ABRIEL V AL BUEN A HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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