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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06740-01

Fecha
15 de marzo de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06740-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1. Revócase la sentencia de 8 de noviembre de 2021, a través de la cual el Consejo de Estado (subsección B de la sección tercera) declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, en relación «[…] con los defectos fáctico [y] […] sustantivo», y negó el amparo, en lo atañedero «[…] al desconocimiento del precedente» invocado; en su lugar: 1.1 Ampáranse los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la señora María Luisa Castro de Vargas, en armonía con lo expuesto en la parte motiva. 1.2 Déjase sin efectos la providencia de 15 de septiembre de 2021, por cuyo conducto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección segunda) confirmó la decisión de primera instancia, que declaró probada la excepción de caducidad opuesta por la parte demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la tutelante contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo 47 No se tutelará la garantía superior a la igualdad de la demandante, puesto que no se acreditó que con la providencia atacada se le haya dado un trato diferente al recibido por otra persona en sus mismas condiciones. 25 Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-06740-01 Actora: María Luisa Castro de Vargas Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (expediente 11001-33-42- 057-2019-00129-01), conforme a la motivación. 1.3 En consecuencia, ordénase a los señores magistrados de la subsección C de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro del término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, dicten un nuevo proveído dentro del aludido asunto ordinario, en atención a las consideraciones planteadas en esta decisión. 2. Adviértese a las autoridades indicadas en el numeral precedente, que el incumplimiento de lo dispuesto en esta providencia dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. 3.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-06740-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

15 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., quince (15) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Acción : Tutela (impugnación)
Expediente : 11001-03-15-000-2021-06740-011
Actora : María Luisa Castro de Vargas
Demandados : Magistrados de la subsección C de la sección segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad
y acceso a la administración de justicia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la actora contra la
sentencia de 8 de noviembre de 2021, emitida por el Consejo de Estado
(subsección B de la sección tercera), que declaró improcedente la presente
acción, en relación «[…] con los defectos fáctico, procedimental y sustantivo»,
y negó el amparo, en lo atañedero «[…] al desconocimiento del precedente»
invocado.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. La señora María Luisa Castro de Vargas, a
través de apoderado, presenta acción de tutela con el fin de obtener la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia, presuntamente quebrantados
por los señores magistrados de la subsección C de la sección segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el auto de 15 de
septiembre de 2021, mediante el cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección C de la sección segunda) confirmó el de 28 de julio
de 2020, con el que el Juzgado Cincuenta y Siete (57) Administrativo de
Bogotá declaró probada la excepción de caducidad opuesta por la demandada
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió
contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (expediente 11001-33-42-057-2019-
00129-01); en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas continuar con el

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-06740-01
Actora: María Luisa Castro de Vargas

correspondiente trámite procesal y decidir de fondo la mencionada demanda
ordinaria.

1.2 Hechos2. Relata la actora que laboró entre el 30 de agosto de 1996 y el
25 de mayo de 2017 como docente adscrita a la secretaría de educación de
Bogotá, por lo que el 14 de agosto siguiente pidió de dicho ente el «[…] pago
de la[s] Cesantía[s] Definitivas a las que legalmente tenía derecho», las cuales
le fueron reconocidas a través de Resolución 8191 de 30 de octubre de ese año.

Que comoquiera que trascurrieron 133 días de mora 3 para que le fuera
consignado el monto correspondiente a sus cesantías definitivas (pues la
Administración tenía para tal efecto hasta el 14 de noviembre de 2017 y lo
realizó el 27 de marzo de 2018), el 11 de mayo de 2018 reclamó la
correspondiente «[…] sanción moratoria» prevista en el artículo 5º de la Ley
1071 de 2006, frente a lo que el 17 siguiente se le indicó, «[…] mediante oficio
S-2018-91688», que se envió por competencia dicha solicitud a la Fiduciaria
La Previsora S. A. (Fiduprevisora S. A), para que la atendiera, no obstante,
esta guardó silencio.

Dice que promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (expediente 11001-33-42-057-2019-
00129-00), encaminado a obtener la anulación del acto ficto derivado del
silencio administrativo negativo respecto de la aludida petición de 11 de mayo
de 2018 y lo deprecado en sede administrativa, del que conoció el Juzgado
Cincuenta y Siete (57) Administrativo de Bogotá que, con providencia de 28
de julio de 2020, declaró probada la excepción de caducidad opuesta por la
demandada, al considerar que el oficio S-2018-91688 de 17 de mayo de 2018
contiene una respuesta de fondo, por consiguiente, era el acto administrativo
susceptible de ser enjuiciado, y dado que aquel quedó ejecutoriado el 31
siguiente y la demanda se incoó el 26 de marzo de 2019, no se observó para tal
propósito el término de 4 meses establecido en la letra i del numeral 2 del

2
Cabe precisar que a pesar de que en la solicitud de amparo se indicaron los fundamentos fácticos que
presuntamente dan lugar a la presente acción, la Sala advierte que se omiten datos necesarios para
contextualizar el asunto sub examine. Sin embargo, con el propósito de garantizar los principios de
informalidad, prevalencia del derecho sustancial y eficacia, se extractarán y organizarán los hechos expuestos
tanto en la petición de tutela, como en los documentos allegados al expediente.
3
Contabilizados a partir del fenecimiento de los 70 días con los que contaba la Administración para sufragar
sus cesantías definitivas.
2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-06740-01
Actora: María Luisa Castro de Vargas

artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).

Que inconforme con la anterior determinación la apeló, al estimar que «[…] la
controversia suscitada se contrae al acto ficto en virtud del cual la entidad
demandada negó […] el reconocimiento […] de la sanción moratoria […]»,
en esa medida, en el asunto sub judice era aplicable la regla enunciada en la
letra d del numeral 1 del referido precepto legal, que señala que los actos «[…]
producto del silencio administrativo […]» se pueden someter a control judicial
en cualquier tiempo, no obstante, aquella fue confirmada el 15 de septiembre
de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la
sección segunda).

Aduce que el auto objeto de censura incurre en defectos (i) sustantivo, porque
la letra i del numeral 1 del artículo 164 del CPACA «[…] se interpretó en
forma contraria […] [al] artículo 23 de la Carta Política», lo que quebranta
sus garantías laborales; (ii) procedimental, puesto que «[...] existió un
desconocimiento de la protección legal de [sus] derechos adquiridos»
ocasionado por la aplicación errada de la norma en este asunto; y (iii) fáctico,
habida cuenta de que no tuvo en cuenta que del oficio S-2018-91688 de 17 de
mayo de 2018, expedido por la secretaría de educación de Bogotá, se podía
colegir que aquel «[...] NO RESOLVIÓ DE FONDO [su] PETICIÓN», sino
que únicamente remitió por competencia a la Fiduprevisora S. A. para que
emitiera la correspondiente respuesta.

Que también se configura desconocimiento del precedente, al no acoger la
sentencia de unificación de 18 de julio de 20184 de esta Corporación, para en
su lugar, fundamentar la «[…] caducidad de la acción en origen a un oficio
que NO RESPONDE DE FONDO la petición incoada».

1.3 Contestaciones de la acción.

1.3.1 Los señores magistrados de la subsección C de la sección segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través del ponente de la decisión
reprochada, sostienen que en el sub lite no se presenta el quebranto de las
garantías superiores de la actora, porque «[...] el único acto […] demandado
[…] fue un oficio de la [s]ecretaría de [e]ducación de Bogotá (S-2018-91688

4
Expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15), M. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
3

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Actora: María Luisa Castro de Vargas

de 17 de mayo de 2018), donde frente a la solicitud de reconocimiento […] de
sanción moratoria por pago tardío de unas cesantías parciales, se le contesta
que […] “no es dable expedir acto administrativo alguno de
reconocimiento”», es decir, sí se advierte una respuesta de fondo.

Además, anotan que la tutelante no incluyó algún «[…] acto expreso o ficto de
la FIDUPREVISORA S.A., ni […] encamina el libelo introductorio contra
dicha entidad, pero ahora trata de corregir su dislate, por vía de tutela
argumentando que la [s]ecretaría de [e]ducación [de Bogotá] realizó un envío
de la solicitud a la citada fiduciaria […] y que no ha sido contestad[a]».

1.3.2 El señor presidente de la Fiduprevisora S. A. 5 guardó silencio en la
oportunidad prevista para el efecto.

1.4 Providencia impugnada. Con sentencia de 8 de noviembre de 20216, el
Consejo de Estado (subsección B de la sección tercera) declaró improcedente
el trámite constitucional de la referencia, en relación «[…] con los defectos
fáctico, procedimental y sustantivo», al considerar que no colman el requisito
de relevancia constitucional, en atención a que basta con «[…] remitirse a los
argumentos expuestos en la tutela para denotar que en ellos [la accionante]
[…] se limitó a señalar que en la providencia cuestionada la autoridad no
tuvo en cuenta la normatividad y jurisprudencia que regían [en su] caso […] y
en lo demás cuestiona el razonamiento de la autoridad para considerar que
debía prosperar la excepción de caducidad sin algún otro planteamiento más
que alegar que fue una decisión equivocada».

Por otra parte, niegan el amparo deprecado, en lo atinente al desconocimiento
de la sentencia de unificación de 18 de julio de 2018 del Consejo de Estado,
puesto que no era dable exigir de las autoridades judiciales tener en cuenta la
mencionada decisión, puesto que su análisis «[…] no recayó sobre el derecho
que podía tener o no al pago de la sanción moratoria la parte actora, sino
sobre la extemporaneidad en la presentación del medio de control, de ahí que

5
Vinculado al presente trámite constitucional, con auto admisorio de 11 de octubre de 2021, en condición de
tercero con interés en sus resultas.
6
Decisión objeto de aclaración de voto por parte del consejero de Estado Pedro Pablo Vanegas Gil, en el
sentido de precisar que si bien en la sentencia de primera instancia se concluyó que se trataba de un asunto que
no revestía relevancia constitucional, en todo caso, «[...] aunque pueda parecer un debate de mera legalidad,
lo cierto es que, cuando la aplicación errada de una norma o la no aplicación de aquella que rige el asunto
determinan el acceso a la pretensión ordinaria que persigue el actor, sin duda se presenta un problema de
índole constitucional, significativo de una indebida administración de justicia. Por tanto, […] interesa al juez
de tutela».
4

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Actora: María Luisa Castro de Vargas

no se desconoció el precedente pues en este no se [decantaron] ni se fijaron
reglas sobre la caducidad».

1.5 Impugnación. Inconforme con la decisión adoptada, la actora la
impugnó, «[…] de conformidad con lo reglado en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991».

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia. En virtud de los artículos 327 del Decreto ley 2591 de
19918 y 25 9 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201910 expedido por la sala
plena del Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de la
presente impugnación.

2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de
1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para
la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, el amparo inmediato de ellos cuando quiera que
resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Cuestión preliminar. En el sub lite se precisa que si bien es cierto que la
accionante en el escrito de impugnación no expuso argumentos contra el fallo
emitido el 8 de noviembre de 2021 en estas diligencias, también lo es que tal
circunstancia no es óbice para que esta subsección revise los fundamentos
fácticos y jurídicos de la aludida providencia, por cuanto el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991 prevé como único requisito para controvertir la sentencia

7
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro
de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
8
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
9
«ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACCIONES DE TUTELA, DE CUMPLIMIENTO,
POPULARES Y DE GRUPO.
[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y
serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido
el reparto […]».
10
«Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado».
5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-06740-01
Actora: María Luisa Castro de Vargas

de primera instancia dictada dentro de una acción de tutela, que haya sido
impugnada de manera oportuna11.

Dicho en otras palabras, dada la informalidad que reviste este trámite
constitucional 12 y conforme a lo precisado en el párrafo precedente, el
ordenamiento jurídico no exige que el impugnador explique las razones de su
inconformidad, sino que el escrito sea presentado «debidamente», es decir, dentro
de los tres (3) días siguientes a la notificación de la decisión judicial, como lo
consagra el artículo 31 del mencionado Decreto13, lo que aconteció en este caso,
pues el fallo de primera instancia se notificó el 15 de diciembre de 2021 y la
impugnación se interpuso el 16 siguiente.

2.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar la providencia de 15 de septiembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la
sección segunda), por cuyo conducto confirmó la de 28 de julio de 2020, con la
que el Juzgado Cincuenta y Siete (57) Administrativo de Bogotá declaró
probada la excepción de caducidad opuesta por la demandada en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la tutelante contra la
Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (expediente 11001-33-42-057-2019-00129-01); y en
caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de
amparo.

2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de
tutela, con la finalidad de establecer si el auto judicial se adoptó, en apariencia
revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
11
Corte Constitucional, auto 11 de 26 de julio de 1994, M. P. Jorge Arango Mejía.
12
Artículo 14 del Decreto 2591 de 1991.
13
«Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado
por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente,
sin perjuicio de su cumplimiento inmediato […]».
6

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Actora: María Luisa Castro de Vargas

1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto
fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento
probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos
eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez.
(iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que la actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso

7

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-06740-01
Actora: María Luisa Castro de Vargas

judicial siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que
hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución,
que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho,
vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión
de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales 14 , rectificó su
14
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31
8

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-06740-01
Actora: María Luisa Castro de Vargas

posición mediante sentencia de 31 de julio de 201215, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al auto citado ha aplicado en los términos antes expuestos16.

Por último, en el auto de 5 de agosto de 201417, proferido por la sala plena de
lo contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio
de que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el
principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales
y específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron
el de inmediatez y subsidiariedad.

2.6 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que
(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia de la actora18; (ii) contra la
decisión objeto de censura no procede recurso alguno, en atención a que fue
emitida en segunda instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron
los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías

de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis
Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de
2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C.
P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8)
16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
15
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
16
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp.
2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de
2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de
febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P.
Gerardo Arenas Monsalve.
17
Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de
2014, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
18
En ese sentido, no se compadece de la situación de la tutelante la determinación adoptada en la providencia
de primera instancia, en cuanto a que, contrario a lo allí expuesto, la actora alega que la decisión de dar por
terminado el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoado, en razón a que se estimó que
había operado el fenómeno de la caducidad, podría constituir quebranto de sus garantías superiores al debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, puesto que le impide obtener una decisión en
relación con sus pretensiones, circunstancia que reviste a este asunto de la relevancia constitucional necesaria
para efectuar un estudio de fondo.
9

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-06740-01
Actora: María Luisa Castro de Vargas

superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la
determinación judicial atacada 19 quedó ejecutoriada el 22 de septiembre de
2021 y la solicitud de amparo se instauró el 4 de octubre siguiente, es decir,
dentro de un término prudencial (11 días); y (v) la providencia acusada no
desató una acción de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, esta Sala examinará el
fondo del asunto conforme a las causales específicas denominadas defectos
sustantivo y fáctico y desconocimiento del precedente, pues, pese a que la
actora alegó también defecto procedimental, su inconformidad se contrae a
que las autoridades accionadas no tuvieron en cuenta que en la demanda
contencioso-administrativa se deprecó la anulación de un acto administrativo
ficto producto del silencio de la Administración ante su solicitud de pago de la
sanción moratoria y, por ende, podía instaurarla en cualquier tiempo;
argumento que resulta procedente analizar conforme a los aludidos defectos,
dado que atañe a un reproche frente a la aplicación de la norma con base en lo
acreditado en las diligencias ordinarias; lo anterior en virtud del principio de
oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la obligación de interpretar
de manera extensiva el escrito inicial20.

2.6.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente ordinario 21 se destaca lo siguiente:

a) Escrito de 11 de mayo de 2018, por cuyo conducto la tutelante depreca del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y de la secretaría de
educación de Bogotá el «[…] pago de la sanción moratoria establecida en el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 […]», dada la consignación tardía de las
cesantías que le fueron reconocidas a través de Resolución 8191 de 30 de
octubre de 2017.

b) Oficio S-2018-91688 de 17 de mayo de 2018, con el que la secretaría de
educación de Bogotá le indica a la tutelante:

19
Notificada por correo electrónico el 17 de septiembre de 2021.
20
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del
juez de tutela, esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su
función de garante de los derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de
otros operadores jurídicos. En esta medida es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción así
como eventualmente las pretensiones que llevarían a la salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras
jurisdicciones, y en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de
la demanda».
21
Cuyas diligencias reposan en SAMAI.
10

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-06740-01
Actora: María Luisa Castro de Vargas

1. Que la solicitud de intereses por mora no es una prestación social
prevista por el Decreto 3135 de 1968, Decreto 1848 de 1969, Decreto
1045 de 1978 y demás normas concordantes, y en especial la Ley 91 de
1989, Ley 962 de 2005 art. 56, y el Decreto 2831 de 2005. Por ende, no
es dable expedir acto administrativo alguno de reconocimiento.

2. Que la competencia de la Secretaría de Educación de Bogotá va hasta
el reconocimiento mediante acto administrativo de las prestaciones
sociales solicitadas por los docentes, tales como: pensión, cesantías,
auxilios y cumplimiento de fallos judiciales que ordenan el ajuste de una
pensión o cesantía; mas no el pago de las mentadas […], y mucho menos
el reconocimiento y pago de INTERESES DE MORA, para el caso de los
docentes es la Fiduprevisora S.A. como administradora de recursos de
este fondo.

3. Es importante manifestarle que esta Secretaría una vez ejecutoriado el
Acto Administrativo, remite la orden de pago de la prestación reconocida
a la Fiduprevisora, dando cumplimiento al artículo 3 numeral 5 del
Decreto 2831 de 2005 finalizando de esta manera la responsabilidad del
Fondo [Nacional] de Prestaciones [Sociales] del Magisterio.

De conformidad con lo expuesto, es de precisar que la sociedad fiduciaria
La Previsora S. A. – Fiduprevisora S. A-, en su calidad de administradora
de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio es la responsable de pagar los intereses por mora, afirmación
que está contemplada en las obligaciones contractuales [establecidas en el
contrato de fiducia mercantil de 21 de junio de 1990]:

Además de las prestaciones económicas ya señaladas, la FIDUCIARIA se
obliga a cancelar con cargo a los recursos fideicometidos las obligaciones
resultantes de los fallos que en procesos judiciales y/o arbitrales se
profieran contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional -Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y/o contra las entidades
territoriales cuando los mismos se refieran a obligaciones relativas al
pago de prestaciones sociales a cargo del FONDO de los docentes
afiliados. De la misma manera cancelará los resultantes de fallos
judiciales […] y asumirá con cargo a su propio patrimonio, el pago de las
sanciones establecidas en la ley, derivadas del retardo en el pago de
prestaciones económicas, cuando las causas del retardo le sean
imputables.

[…]

En consecuencia, de acuerdo a lo ordenado por el artículo 21 del [Código
de Procedimiento Adminsistrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), se remite el radicado No. E-2018-79567 con radicado de
salida S-2018-91668 de 17-05-2018 a la Fiduprevisora por competencia
para que resuelva de fondo su petición.
11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-06740-01
Actora: María Luisa Castro de Vargas

c) Solicitud de conciliación extrajudicial formulada el 14 de diciembre de
2018, cuyo objeto era precaver el litigio relacionado con la anulación del acto
ficto derivado de la falta de respuesta frente a la solicitud formulada el 11 de
mayo de 2018 y el consecuente «[…] reconocimiento, liquidación y pago de la
sanción moratoria establecida en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006»;
diligencia que se declaró fallida el 7 de marzo de 2019, por falta de ánimo
conciliatorio de la parte convocada, según la constancia expedida en la misma
fecha por la procuraduría 147 judicial II para asuntos administrativos.

d) Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada el 26 de
marzo de 2019 por la tutelante contra la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(expediente 11001-33-42-057-2019-00129-01), encaminada a obtener la
anulación del «[…] acto ficto o presunto configurado el […] 11 de agosto de
2018 […], al dar respuesta negativa […] [a la mencionada] petición [de] 11 de
mayo [anterior] […]», y, en consecuencia, lo deprecado en sede administrativa.

e) Auto de 28 de julio de 2020, por medio del cual el Juzgado Cincuenta y
Siete (57) Administrativo de Bogotá declaró probada la excepción de
caducidad de la acción opuesta por el ente estatal demandado y dio por
terminado el proceso, al considerar que en el asunto sometido a su
consideración no se «[…] configuró un silencio administrativo», habida cuenta
de que se emitió una respuesta definitiva por parte de la Administración
contenida en el oficio S-2018-91688 de 17 de mayo de 2018, con el que «[...]
negó de forma expresa el reconocimiento de la sanción moratoria
reclamada» 22 , de modo que era a partir de la notificación de ese acto
administrativo que se debía contabilizar el término para promover el medio de
control.

f) Escrito contentivo del recurso de apelación formulado por la tutelante, en el
que sostuvo que la entidad demandada no contestó de fondo la petición de
reconocimiento de la sanción moratoria formulada el 11 de mayo de 2018, por
tanto, su demanda está encaminada a obtener la anulación de un acto ficto
producto del silencio de la Administración que, conforme a la letra d del

22
«De acuerdo con lo anterior, para el [d]espacho es claro que la respuesta definitiva y que culminó la
actuación administrativa es la suministrada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
mediante oficio S-2018-91688 del 17 de mayo de 2018, toda vez que neg[ó] de forma expresa el
reconocimiento de la sanción moratoria reclamada por la demandante».
12

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-06740-01
Actora: María Luisa Castro de Vargas

numeral 1 del artículo 164 del CPACA, no está sometido a regla de caducidad
alguna, es decir, puede enjuiciarse en cualquier tiempo.

g) Proveído de 15 de septiembre de 2021, con el que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la sección segunda)
confirmó la providencia citada en la letra e, al estimar que el oficio S-2018-
91688 de 17 de mayo de 2018 de la secretaría de educación de Bogotá, «[…]
no se trata de un acto ficto, sino de un[o expreso] negativ[o] a las pretensiones
de [la] peticionari[a] y demandable ante esta jurisdicción […], ya que allí se
manifiesta la voluntad de la administración […]», al indicarle que no era dable
expedir acto administrativo alguno de reconocimiento de la sanción moratoria
reclamada.

Asimismo, aduce que el mencionado oficio «[…] quedó ejecutoriad[o] el 31
de mayo de 2018 […], [por lo que] el […] medio de control se encontraba más
que caducado, pues, si bien se presentó solicitud de conciliación, esta se
realizó el 14 de diciembre [siguiente] y, como la demanda fue interpuesta
hasta el 26 de marzo de 2019, es evidente que ya había expirado el término de
4 meses previsto en el artículo 164, numeral 2, literal d), del C.P.A.C.A».

2.6.2 Defecto sustantivo. Sea lo primero anotar que el artículo 230 de la
Constitución Política prevé que los jueces se encuentran sometidos al imperio
de la ley. En virtud de dicho mandato, las autoridades judiciales deben decidir
las controversias de acuerdo con las normas que regulan la materia, como
expresión del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional 23 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el
denominado defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es
decidida con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto,
bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que
no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es
paradójica o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte
Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una
falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de
interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso

23
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
13

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-06740-01
Actora: María Luisa Castro de Vargas

sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la
procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de
alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales24.

2.6.3 Defecto fáctico. Una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión»25.

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba
no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto
negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se
configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente,
pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra26.

2.6.4 Desconocimiento del precedente. Al respecto, se precisa que el
desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal
autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se
trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el
artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados
por la Corte Constitucional en su jurisprudencia27, y la segunda hace referencia
a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o
vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia
adolece de un defecto sustantivo 28 en virtud de los principios del debido
proceso, igualdad y buena fe29.

24
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
25
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
26
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
27
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias
de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a
través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
28
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P.
14

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-06740-01
Actora: María Luisa Castro de Vargas

2.6.5 Solución al caso concreto. En el asunto sub examine la accionante
sostiene que la providencia reprochada incurre en defectos (i) sustantivo,
porque aplicó de manera errónea el artículo 164 del CPACA, dado que se
debió acoger la letra d del numeral 1 de ese precepto legal y no la d del
numeral 2 de aquel, en consideración a que, como pretendía la anulación de un
acto administrativo producto del silencio de la Administración, la demanda
ordinaria se podía promover en cualquier tiempo; y (ii) fáctico, pues efectuó
una valoración errónea del oficio S-2018-91688 de 17 de mayo de 2018,
emitido por la secretaría de educación de Bogotá, del que, a su juicio, se
colegía que «[...] NO RESOLVIÓ DE FONDO [su] PETICIÓN», dado que
únicamente remitió por competencia su reclamación a la Fiduprevisora S. A.,
para que la atendiera, por ende, no era dable tenerlo como acto administrativo
susceptible de control judicial, en atención a no definió su situación jurídica.
Asimismo, se configura desconocimiento del precedente, porque inobserva la
sentencia de unificación de 18 de julio de 2018 dictada por esta Corporación.

Para dilucidar este asunto, cabe anotar que la caducidad es una institución
jurídico-procesal que tiene como fin regular el tiempo con el que cuentan las
personas para ejercer el derecho de acción, es decir, para acudir ante la
administración de justicia en aras de dirimir controversias, con lo que se
materializa el principio de seguridad jurídica, porque evita que un conflicto
permanezca sin solución indefinidamente. Esta se configura cuando no se
instauran los medios judiciales dentro del término otorgado en la normativa, lo
que imposibilita al juez decidir de fondo la controversia30.

La letra d del numeral 2 del artículo 164 del CPACA preceptúa que la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho debe presentarse dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo que se pretende anular, motivo por el cual
si se promueve luego de dicho lapso, acontece la caducidad.

De igual modo, el artículo 13 de la Ley 1285 de 200931 señala que cuando las
controversias que se ventilan a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, entre otros mecanismos judiciales, son
Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P.
Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
29
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P.
Jorge Iván Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
30
Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia de 21 de febrero de 2011, C. P. Olga Mélida
Valle de De La Hoz, expediente: 52001-23-31-000-2010-00214-01 (39360).
31
«Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia».
15

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-06740-01
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transigibles, la conciliación «siempre constituirá requisito de procedibilidad»,
por lo que su agotamiento está sujeto a lo dispuesto en el artículo 2032 de la
Ley 640 de 2001 33 , el cual estipula que la presentación de la solicitud de
aquella suspende la caducidad hasta cuando concurra alguno de los
presupuestos allí previstos.

En virtud del citado mandato, una vez se configure alguna de esas situaciones,
se reanuda el término para instaurar la demanda contencioso-administrativa de
nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que esta debe incoarse antes de
que el período computable para la caducidad sume más de cuatro (4) meses,
plazo que está constituido por los períodos comprendidos entre la fecha de la
comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo
acusado y la presentación de la solicitud de conciliación, y desde el momento
en que acontece alguno de los sucesos enunciados en la norma trascrita y hasta
la interposición del escrito inicial.

Ahora bien, en el evento en que los cuatro (4) meses de que trata la letra d del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA finalicen un día feriado o vacante, el
medio de control debe promoverse el primer día hábil siguiente, tal como lo
consagra el artículo 6234 del Código de Régimen Político y Municipal.

Contrario a lo anterior, la letra d del numeral 1 del artículo 164 del CPACA
establece que una demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, se puede formular en cualquier tiempo cuando «[s]e dirija
contra actos producto del silencio administrativo».

Cabe precisar que el silencio administrativo comporta una figura que permite
presumir el sentido de las decisiones de la Administración, cuando no atiende
las peticiones dentro del término fijado por las disposiciones legales, y se
configura de manera positiva en favor del interesado cuando la omisión de la
autoridad de dar respuesta conlleva acceder a lo deprecado, lo que ocurre

32
«La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el
término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta
que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta
que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2[32]. de la presente ley o hasta que se venza el
término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión
operará por una sola vez y será improrrogable».
33
«Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones».
34
«[…] En plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y
de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero
si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil».
16

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únicamente en los casos expresamente señalados en el ordenamiento jurídico35.

Por otro lado, vale aclarar que el auxilio de cesantías es una prestación social a
la que todos los empleados tienen derecho, cuya finalidad primaria consiste en
«[…] cubrir o prever las necesidades que se originan para el trabajador con
posterioridad al retiro de una empresa, por lo que resulta un ahorro obligado
orientado a cubrir el riesgo de desempleo» 36 , que actualmente también
promueve el acceso de los trabajadores a los componentes de educación y
vivienda.

De acuerdo con el artículo 115 de la Ley 115 de 1994, los docentes oficiales
reciben el auxilio de cesantías conforme a los parámetros establecidos por el
artículo 15 (numeral 3)37 de la Ley 91 de 1989, norma que distingue entre los
que se benefician del régimen de cesantías retroactivas y aquellos a quienes les
es aplicable el de cesantías anualizadas con pago de intereses y sin
retroactividad. El reconocimiento de dicha prestación social corresponde al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante las
secretarías de educación de los entes territoriales, y su pago lo efectúa la
sociedad fiduciaria que administre los recursos del fondo, que en la actualidad
es la Fiduciaria La Previsora S. A. (Fiduprevisora S. A.), cuyo trámite estaba
previsto en el Decreto 2831 de 200538.

En este punto, resulta pertinente anotar que la solicitud de reconocimiento de
la sanción moratoria por el no giro oportuno de las cesantías, constituye una

35
CPACA: «ARTÍCULO 84. SILENCIO POSITIVO. Solamente en los casos expresamente previstos en
disposiciones legales especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva.
Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta comienzan a contarse a partir del
día en que se presentó la petición o recurso.
[…]
El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los términos de este Código».
36
Corte Constitucional, sentencia C-823 de 4 de octubre de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
37
«Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de
servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido
modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.
Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados
con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de
1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre
saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad,
equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el
mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989,
que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas
generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional».
38
«Por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3 y el numeral 6 del artículo 7 de la Ley 91 de 1989, y
el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones».
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pretensión autónoma y, por tanto, no accesoria de la aludida prestación
social39.

Por último, sobre la clasificación de los actos administrativos, cabe anotar que
pueden ser de trámite, definitivos y de ejecución; los primeros son los
expedidos por la Administración con el propósito de surtir las etapas previas a
la decisión definitiva y, por ende, no tienen incidencia en el fondo del asunto, y
los últimos se limitan a materializar una situación jurídica previamente
definida, lo que le impide a la jurisdicción contencioso-administrativa
someterlos a control de legalidad40, salvo que pongan fin al procedimiento o
produzcan efectos sustanciales.

Por su parte, los actos administrativos definitivos son aquellos que contienen
manifestaciones de la voluntad de la Administración que crean, modifican o
extinguen situaciones jurídicas, por lo que inciden en el fondo del asunto, bien
sea de manera directa o indirecta, lo que los hace pasibles de juzgamiento41.

En el sub lite se tiene que la tutelante (i) laboró al servicio de la docencia
oficial desde el 30 de agosto de 1996 hasta el 25 de mayo de 2017; (ii) el 14 de
agosto siguiente, con ocasión de su retiro, deprecó de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
y la secretaría de educación de Bogotá el reconocimiento de las cesantías
definitivas, liquidadas con Resolución 8191 de 30 de octubre de esa
anualidad42, cuyo pago se efectuó el 27 de marzo de 2018; (iii) el 11 de mayo
siguiente solicitó la respectiva sanción moratoria, pedimento atendido por la
Administración con oficio S-2018-91688 de 17 de los mismos mes y año,
notificado el 31 siguiente, no obstante, a su juicio, no desató de fondo su
reclamación, por lo que se originó un acto ficto, al configurarse el silencio
administrativo negativo; (iv) el 14 de diciembre de 2018 formuló solicitud de

39
Así lo ha puntualizado la subsección B39 de esta sección, en auto de 9 de mayo de 2019, M. P. César
Palomino Cortés, al sostener que «[…] la sanción moratoria es una figura disímil del reconocimiento y pago
de las cesantías definitivas, pues mientras el primero es un castigo por el no pago oportuno de dichos
emolumentos, el segundo constituye una acreencia laboral de naturaleza periódica».
40
Al respecto, esta Corporación (subsección A de la sección segunda), en sentencia de 1º de febrero de 2018,
expediente 25000-23-25-000-2012-01393-01 (2370-2015), sostuvo: «Finalmente, los actos de ejecución se
limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa, sin que pueda afirmarse que de ellos
surjan situaciones jurídicas diferentes a las de la sentencia o acto ejecutado. Empero, sobre este punto es
importante señalar que la jurisprudencia ha dicho que es procedente el estudio de los actos de ejecución de
sentencias de forma excepcional cuando: i) la decisión de la administración va más allá de lo ordenado por el
juez, y ii) crea, modifica o extingue una determinada relación jurídica entre el Estado y el particular que no
fue objeto de debate judicial».
41
Corte Constitucional, sentencia SU-201 de 1994, M. P. Antonio Barrera Carbonell.
42
Por $43.591.730.
18

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conciliación extrajudicial, diligencia que se declaró fallida el 7 de marzo de
2019 por falta de ánimo conciliatorio de la parte convocada, según la
constancia expedida en tal fecha por la procuraduría 147 judicial II para
asuntos administrativos; y (v) el 26 de marzo siguiente acudió a la jurisdicción
contencioso-administrativa, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (expediente
11001-33-42-057-2019-00129-01), para obtener la anulación del precitado acto
ficto, sin embargo, en esas diligencias se declaró probada la excepción de
caducidad opuesta por el ente estatal demandado, al considerar que,
comoquiera que por conducto del referido acto administrativo se definió su
situación particular, se debía contabilizar el lapso de 4 meses a partir de su
notificación para instaurar de manera oportuna la correspondiente demanda, lo
cual no realizó.

Revisado el auto acusado se observa que los magistrados demandados
afirmaron:

Es preciso señalar que las Secretarías de Educación usualmente
responden en el sentido de manifestar no ser competentes alegando que
sus facultades van hasta el reconocimiento de prestaciones no siendo
responsables del pago, razón por la cual remiten la solicitud a la
Fiduprevisora por considerar que esta es la entidad encargada para
efectuar los pagos; a su vez, esta última responde en forma negativa al
pago de la sanción moratoria. Este es entonces, el acto de carácter
particular que define negativamente la solicitud de pago de dicha
sanción. No obstante, en algunos casos las Secretarías responden de
fondo v.gr., cuando indican que el pago de dicha sanción no es
procedente, por lo que en estas oportunidades, el acto demandable es el
expedido por la Secretaría.

[…]

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el contenido del oficio S-2018-
91688 de 17 de mayo de 2018, emitido por la Secretar[í]a de Educación,
s[í] contiene una respuesta de fondo que resuelve negar el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria, pues resulta claro que en
atención a lo solicitado, se le indicó puntalmente a la demandante que:
“[…] como marco legal para el retiro de las cesantías de los docentes
vinculados a la Secretaría de Educación, en materia es regulada por una
norma especial como lo es la Ley 91 de 1989 y en ese sentido, aunque la
Ley 1071 de 2006 es posterior, cede ante la norma precitada por ser esta

19

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Actora: María Luisa Castro de Vargas

general, lo anterior obedece a la atención de los docentes como régimen
de excepción (normas especiales).

[…]

En mérito de lo anterior, se considera importante manifestarle:

1. Que la solicitud de intereses por mora no es una prestación
social prevista por el Decreto 3135 de 1968, Decreto 1848 de
1969, Decreto 1045 de 1978 y demás normas concordantes, y
en especial la Ley 91 de 1989, Ley 962 de 2005, artículo 56,
y el Decreto 2831 de 2005. Por ende no es dable expedir acto
administrativo alguno de reconocimiento.

2. Que la competencia de la Secretaría de Educación de
Bogotá va hasta el reconocimiento mediante acto
administrativo de las prestaciones sociales solicitadas por los
docentes tales como: pensión, cesantías, auxilios y
cumplimientos de fallos judiciales que ordenen el ajuste de
una pensión o cesantía; mas no el pago de las mentadas
prestaciones sociales y mucho menos el reconocimiento y
pago de INTERESES POR MORA, para el caso de los
docentes es la Fiduprevisora S.A., como administradora de
los recursos del fondo. […].

De la lectura del texto anterior, es claro para esta Sala que, no se trata de
un acto ficto, sino de un acto expreso negativo a las pretensiones del
peticionario y demandable ante esta jurisdicción, y por tanto, se debió
[enjuiciar] dicho oficio S2018-91688 de 17 de mayo de 2018, puesto que
allí se manifiesta la voluntad de la administración, y si no es una
respuesta satisfactoria para la demandante, s[í] reúne los requisitos para
ser un acto administrativo [susceptible de cuestionarse] ante esta
jurisdicción.

De lo citado se colige que en la providencia reprochada se determinó que las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no
debían encaminarse a la anulación del acto ficto derivado de la falta de
respuesta del ente estatal demandado frente a la petición de 11 de mayo de
2018, puesto que, contrario a lo sostenido por la actora, la voluntad de la
Administración de no conceder la sanción moratoria estaba contenida en el
oficio S2018-91688 de 17 siguiente, en esa medida, ese era el acto administrativo
enjuiciable, por lo que resultaba imperativo promover el medio de control dentro
de los 4 meses contados a partir de su notificación (31 de mayo de 2018), de
acuerdo con la letra d del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, esto es, hasta
el 1º de octubre siguiente, pero solo se incoó hasta el 26 de marzo de 2019.
20

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-06740-01
Actora: María Luisa Castro de Vargas

Ahora bien, observa la Sala que, como lo aduce la accionante, lo consignado
en el precitado oficio S2018-91688 de 17 de mayo de 2018, emitido por la
secretaría de educación de Bogotá, no constituye una respuesta de fondo, es
decir, no definió la situación jurídica de la tutelante, habida cuenta de que se le
informa que (i) la sanción moratoria no es una de las prestaciones sociales
contenidas en el Decreto 3135 de 1968 y demás normas concordantes, por lo
que no es de su competencia «[…] expedir acto administrativo alguno de
reconocimiento», y (ii) su pedimento corresponde atenderlo a la Fiduciaria La
Previsora S. A., como ente encargado del manejo de los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por lo que le sería remitido
para que «[…] lo resuelva de fondo».

En esa medida, la aserción de los magistrados accionados, consistente en que
el mencionado oficio es susceptible de control judicial, dado que expone el
«[…] marco legal para el retiro de las cesantías de los docentes […]»43 con el
fin de negar a la tutelante lo solicitado, contraría la realidad probatoria y, en
particular, el contenido de dicho acto, habida cuenta de que si bien es cierto
que se enunciaron las disposiciones normativas que regulan el reconocimiento
de las prestaciones sociales de los educadores, también lo es que ello se hizo
con el propósito de fundamentar jurídicamente la falta de competencia de la
secretaría de educación en relación con su relamación de 11 de mayo de 2018,
mas no para atenderlo de manera definitiva.

La anterior circunstancia se evidencia en mayor medida en el párrafo final del
precitado oficio S2018-91688 de 17 de mayo de 2018, en el que se le informa a
la actora que su pedimento se remitiría «[…] con radicado de salida S-2018-
91668» de esa misma fecha a la Fiduprevisora S. A., en los términos
establecidos en el artículo 21 del CPACA 44 , no obstante, como tampoco
obtuvo respuesta de fondo del aludido organismo, pues no se aportó a las
diligencias ordinarias prueba que así lo acreditara, es dable concluir que en

43
Al sostener que «[…] contiene una respuesta de fondo que [decide] negar el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria, pues […] se le indicó puntalmente a la demandante [que el] marco legal para el retiro de
las cesantías de los docentes vinculados a la Secretaría de Educación, en materia es regulada por una norma
especial como lo es la Ley 91 de 1989 y en ese sentido, aunque la Ley 1071 de 2006 es posterior, cede ante la
norma precitada por ser esta general, lo anterior obedece a la atención de los docentes como régimen de
excepción (normas especiales)».
44
«ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. Si la autoridad a quien se dirige la petición no
es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5)
días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al
competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente
así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la
recepción de la Petición por la autoridad competente».
21

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-06740-01
Actora: María Luisa Castro de Vargas

este caso se configuró el silencio administrativo negativo alegado en la
demanda.

De lo expuesto se evidencia que, en efecto, el acto administrativo por cuyo
conducto las autoridades accionadas declararon probada la excepción de
caducidad opuesta por el ente demandado, comporta uno de trámite, pues
únicamente le indica que su reclamación, consistente en obtener el pago de la
sanción moratoria por la falta de consignación oportuna de las cesantías, sería
trasladada a la Fiduciaria La Previsora S. A., pero en momento alguno,
contrario a lo determinado por los magistrados accionados, adopta una
determinación definitiva susceptible de juzgamiento, es decir, decidir sobre la
concesión o no del derecho pretendido.

En relación con el control de legalidad de los actos administrativos de trámite,
esta Corporación45 ha dicho:

Por acto administrativo se entiende toda manifestación de la
administración con capacidad para crear, modificar o extinguir
situaciones jurídicas, esto es, una decisión encaminada a producir efectos
jurídicos en los derechos u obligaciones de los administrados, sean
subjetivos, personales, reales o de crédito.

La jurisdicción ejerce su control, para verificar que se ajusten a la
legalidad, pero debe tenerse en cuenta que la impugnabilidad recae sobre
los actos definitivos, es decir, sobre aquellos que exteriorizan la voluntad
de la Administración para producir efectos en derecho, pues no se
justifica un pronunciamiento sobre actos que no crean, modifican o
extinguen una situación jurídica, como son los de trámite, que se limitan a
dar impulso a la actuación. Los actos de trámite no son susceptibles de
control judicial, salvo que impidan al administrado continuar con la
actuación.

Dilucidado lo anterior, en lo atañedero a la competencia para decidir acerca del
pedimento de la tutelante, el artículo 5646 de la Ley 962 de 2005 disponía que
las «[...] prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo, mediante la

45
Sección tercera, sentencia de 8 de febrero de 2012, M. P. Ruth Stella Correa Palacio, expediente: 15001-23-
31-000-1997-17648-01 (20689).
46
Norma derogada por la Ley 1955 de 2019, que en el parágrafo de su artículo 57 prevé «La entidad
territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos
en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos
para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación
territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías».
22

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-06740-01
Actora: María Luisa Castro de Vargas

aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo,
el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad
Territorial Certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el
docente […]», de lo que se concluye que, en efecto, el ente encargado de
desatar si procede o no el reconocimiento de la sanción moratoria reclamada,
aunque no se trate de una prestación social, era el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la correspondiente secretaría
de educación, en este caso la de Bogotá.

Sobre el particular, esta Corporación, en sentencia de unificación de 18 de julio
de 2018, sostuvo que, «[…] en relación con los docentes oficiales, la Ley 962
de 2005 […], previó en su artículo 56 que las prestaciones sociales de los
afiliados al FOMAG, serán reconocidas y pagadas por dicho fondo, mediante
la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre los
recursos de este patrimonio autónomo, el cual en todo caso debe ser
elaborado por el Secretario de Educación de la entidad territorial certificada
correspondiente a la que se encuentre vinculado el docente […]».

Por tanto, la competente para atender el pedimento de la tutelante, esto es, la
secretaría de educación de Bogotá, en el oficio S-2018-91688 de 17 de mayo de
2018, se limitó a remitir esa solicitud a la Fiduciaria La Previsora S. A., con el
argumento de que era dicho organismo al que le correspondía despacharla
(cuando lo cierto es que solo se encarga de administrar los recursos del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), es decir, emitió un acto de
trámite que no era susceptible de ser enjuiciado, por lo que es dable concluir
que en este asunto sí se configuró el acto ficto cuya anulación se depreca en
sede ordinaria ante la falta de respuesta por parte de la Administración.

En ese orden de ideas y como la actora encaminó el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho a obtener la anulación del «[…] acto
ficto o presunto configurado el […] 11 de agosto de 2018 […]», por cuanto no
obtuvo pronunciamiento frente a la petición de 11 de mayo anterior, en la que
solicitaba «[…] el pago de la [s]anción moratoria establecida en el artículo 5
de la Ley 1071 de 2006», en el sub lite sí acaeció el silencio administrativo
negativo, por lo que los magistrados accionados debían acoger la norma
contenida en la letra d del numeral 1 del artículo 164 del CPACA, puesto que
era factible que se formulara la demanda ordinaria en cualquier tiempo.

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Actora: María Luisa Castro de Vargas

En ese sentido, no resultaba procedente aplicar el término de 4 meses para
promover el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
establecido en la letra d del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, como lo
hicieron los señores magistrados de la subsección C de la sección segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al contabilizar ese período a partir
de la notificación del oficio S-2018-91688 de 17 de mayo de 2018, lo que
acaeció el 31 siguiente, para concluir que aquel feneció el 1º de octubre de ese
mismo año, cuando, se reitera, aquel no comportaba un acto administrativo
definitivo, en esa medida, en el sub lite no había lugar a declarar probada la
excepción de caducidad opuesta por el ente estatal demandado.

En otras palabras, las autoridades accionadas incurrieron en el defecto
sustantivo invocado, en atención a que aplicaron de manera errada los
parámetros fijados por el ordenamiento jurídico para estudiar el lapso en el que
debe incoarse el aludido medio de control, pues tuvieron en cuenta la regla
contenida en la letra d del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, en virtud de
la cual el plazo de 4 meses que se tiene para tal finalidad se computa «[…] a
partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo, según el caso […]», a pesar de que la
demanda se presentó contra un acto administrativo ficto producto del silencio
administrativo, lo que habilitaba que fuera formulada en cualquier tiempo,
conforme a la letra d del numeral 1 de la mencionada normativa.

Por último, en la medida en que, como ya se explicó, en el presente asunto los
señores magistrados de la subsección C de la sección segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrieron en defecto sustantivo, la Sala se
sustraerá de verificar lo relativo al vicio fáctico y desconocimiento del
precedente expuestos por la accionante, toda vez que para dictar una nueva
decisión dichas autoridades judiciales deberán examinar los elementos de
convicción allegados al expediente, al igual que la postura jurisprudencial
vigente sobre la materia, luego de estudiar la normativa que aplica en su caso.

A partir de los anteriores prolegómenos, como la determinación cuestionada
incurre en defecto sustantivo, la Sala revocará la decisión de primera instancia,
que declaró improcedente la presente acción, en relación «[…] con los defectos
fáctico, procedimental y sustantivo», y negó el amparo, en lo atañedero «[…]
al desconocimiento del precedente» invocado, para en su lugar; (i) amparar los
derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso a la

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administración de justicia47 de la actora; (ii) dejar sin efectos el auto de 15 de
septiembre de 2021, a través del cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección C de la sección segunda) confirmó el de 28 de julio
de 2020, con el que el Juzgado Cincuenta y Siete (57) Administrativo de
Bogotá declaró probada la excepción de caducidad opuesta por la parte
demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
que promovió la tutelante contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional
• Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (expediente 11001-
33-42-057-2019-00129-01); y (iii) ordenar a los señores magistrados de la
subsección C de la sección segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de
esta decisión, profieran una nueva providencia en atención a las
consideraciones planteadas en este fallo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1. Revócase la sentencia de 8 de noviembre de 2021, a través de la cual el
Consejo de Estado (subsección B de la sección tercera) declaró improcedente
la acción de tutela de la referencia, en relación «[…] con los defectos fáctico
[y] […] sustantivo», y negó el amparo, en lo atañedero «[…] al
desconocimiento del precedente» invocado; en su lugar:

1.1 Ampáranse los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia de la señora María Luisa Castro de
Vargas, en armonía con lo expuesto en la parte motiva.

1.2 Déjase sin efectos la providencia de 15 de septiembre de 2021, por cuyo
conducto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección C de la
sección segunda) confirmó la decisión de primera instancia, que declaró
probada la excepción de caducidad opuesta por la parte demandada en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la
tutelante contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo

47
No se tutelará la garantía superior a la igualdad de la demandante, puesto que no se acreditó que con la
providencia atacada se le haya dado un trato diferente al recibido por otra persona en sus mismas condiciones.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-06740-01
Actora: María Luisa Castro de Vargas

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (expediente 11001-33-42-
057-2019-00129-01), conforme a la motivación.

1.3 En consecuencia, ordénase a los señores magistrados de la subsección C de
la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, dentro
del término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia,
dicten un nuevo proveído dentro del aludido asunto ordinario, en atención a las
consideraciones planteadas en esta decisión.

2. Adviértese a las autoridades indicadas en el numeral precedente, que el
incumplimiento de lo dispuesto en esta providencia dará lugar a las sanciones
establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

3. Notifíquese este auto a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

4. Comuníquese la presente decisión a la subsección B de la sección tercera de
esta Corporación y remítasele copia.

5. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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