Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-06759-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-06759-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2021-06759-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
10 de febrero de 2022
Demandante: Drummond Limitada
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Rad: 11001-03-15-000-2021-06759-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06759-01
Demandante: DRUMMOND LIMITADA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA
Tema: Tutela contra providencia judicial – incongruencia de la
sentencia – procedencia del recurso extraordinario de
revisión
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la sociedad demandante en
contra del fallo del 28 de octubre de 2021 proferido por la Sección Primera del
Consejo de Estado que decidió:
“PRIMERO: DELARAR IMPROCEDENTE la presente acción de
amparo, por las razones expuestas en la parte motiva (…)”
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
La sociedad Drummond Ltda., a través de apoderado, ejerció acción de tutela1
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de defensa, que estimó vulnerados con ocasión de la providencia del
17 de junio de 2021, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por
medio de la cual se confirmó la sentencia del 17 de mayo de 2017, dictada por
el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la
demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
1 La acción de tutela se presentó el 5 de octubre de 2021 en la ventanilla virtual de la Secretaría
General de esta Corporación.
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Demandante: Drummond Limitada
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
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radicación 47001-23-33-000-2012-00023-02 (23352), promovido en contra del
Departamento del Magdalena.
El proceso instaurado tenía como fin obtener la declaración de nulidad parcial
de la Resolución 683 de 2010, expedida por el gobernador del Magdalena, por
la cual se determinó la zona de influencia de las obras del proyecto “Plan Vial
del Norte” y distribuyó, entre los propietarios y poseedores de los predios allí
ubicados, el valor de la contribución de valorización generada por el desarrollo
de la referida obra.
Así mismo, pidió la nulidad del documento de cobro 184104 del 15 de marzo de
2012, por el cual se efectuó el pago de la contribución, y del oficio del 4 de junio
de ese mismo año, por el cual se indicó a la demandante que estaba obligada al
pago en referencia.
En consecuencia, la demandante solicitó:
“a. Declarar que el Consejo de Estado vulneró el debido proceso de mi
representada, y por ello mismo su derecho a la defensa, en tanto analizó
el caso de forma incompleta y desconoció lo establecido por el legislador
en dos momentos distintos.
b. Declarar que el Consejo de Estado vulneró el debido proceso de mi
representada, y por ello mismo su derecho a la defensa, en tanto no se
pronunció respecto a todos los argumentos expuestos en el escrito de
demanda y el recurso de apelación.
c. Proteger el derecho fundamental de Drummond a un debido proceso y
revocar la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado”.
2. Hechos
Como supuestos fácticos de las pretensiones narró, en síntesis, los siguientes:
Señaló que el 4 de julio de 2017 interpuso recurso de apelación en contra de la
sentencia del 17 de mayo de esa anualidad, dictada por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido en contra del Departamento del Magdalena, que tenía como
propósito que se tuviera en cuenta la prohibición que recae en las entidades
territoriales de gravar las actividades de exploración y explotación mineras que
se encuentran sujetas al pago de regalías.
Sostuvo que en la sentencia objeto de cuestionamiento solo se analizó la
incompatibilidad constitucional y se desconoció la incompatibilidad legal que
existe para el cobro de tributos en forma paralela con el cobro de regalías.
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3. Sustento de la petición
A juicio de la parte actora, la sentencia emitida por la Sección Cuarta de esta
Corporación vulneró el principio de congruencia, si se tiene en cuenta que se
pronunció respecto de la incompatibilidad constitucional y pasó por alto las dos
prohibiciones legales que consagran la incompatibilidad entre el cobro de
tributos y de regalías simultáneamente.
Adujo que el artículo 27 de la Ley 141 de 1994 prevé la prohibición de fijar
gravámenes a la explotación de recursos naturales no renovables; lo propio
manifestó en cuanto al contenido del artículo 231 de la Ley 685 de 2001, según
el cual, la exploración y explotación mineras, los minerales que se obtengan en
boca o al borde de mina, las maquinarias, equipos y demás elementos que se
necesiten para dichas actividades y para su acopio y beneficio, no podrán ser
gravados con impuestos departamentales y municipales, directos o indirectos.
Manifestó que es claro que no hay una norma de rango constitucional que
expresamente prohíba gravar con tributos las actividades que lo están con
regalías; sin embargo, en la sentencia C-1071 de 2003, la Corte Constitucional
señaló que “el cobro de regalías es constitucionalmente compatible con el cobro
de impuestos a la explotación de recursos no renovables y c) corresponde al
legislador establecer si al tiempo con el cobro de regalías, establece impuestos
a la explotación de recursos no renovables”.
Advirtió que, si bien la incompatibilidad entre los dos gravámenes no está
prevista en la Constitución, lo cierto es que existen dos regulaciones legales
que sí la contemplan, de manera que en el fallo objeto de reproche se hizo un
estudio parcial de la jurisprudencia en cita, de lo que se sigue que no se
resolvió uno de los cargos de la demanda relacionado con la incompatibilidad
frente al cobro de regalías, con sustento en las prohibiciones consagradas en
las Leyes 141 de 1994 y 685 de 2001.
Acotó que la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado fue
“insuficiente para los cargos planteados en el escrito de la demanda y lo
preceptuado en el ordenamiento jurídico respecto de la doble imposición de
tributos para las compañías que se dedican a la exploración y explotación de
recursos no renovables”.
Aseguró que en el libelo introductorio se refirió a la imposibilidad de que se
cobrara tributos municipales y departamentales, como la contribución por
valorización del “Plan Vial del Norte”, pero en el fallo únicamente se revisó si
constitucionalmente había existido un incompatibilidad entre ambos cobros,
dejando de lado el argumento de la incompatibilidad legal, por lo que se profirió
“una decisión incompleta (…) sin detenerse a examinar los argumentos
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expuestos en el escrito de demanda, en el recurso de apelación y en el
ordenamiento jurídico”.
4. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto del 7 de octubre de 2021, el magistrado ponente de la Sección
Primera del Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo y ordenó notificar
esa decisión a la Sección Cuarta de esta corporación, en calidad de autoridad
judicial demandada, y dispuso vincular al Tribunal Administrativo del Magdalena
y al Departamento del Magdalena, por tener interés en el resultado de la
presente tutela.
5. Contestaciones e intervenciones
5.1. Sección Cuarta del Consejo de Estado
El magistrado ponente de la decisión censurada se pronunció en el sentido de
indicar que la pretensión de la parte actora es convertir a la acción de tutela en
una tercera instancia del proceso ordinario.
Advirtió que la tutela deviene improcedente, toda vez que los cuestionamientos
del escrito adolecen de “relevancia constitucional”, si se tiene en cuenta que la
sociedad accionante se limitó a afirmar que con la providencia del 17 de junio
de 2021 se vulneró su derecho fundamental al debido proceso, sin explicar en
qué consistió la presunta afectación.
De otro lado, esbozó que en el fallo en referencia se analizaron en forma
integral los planteamientos de la demanda; para ello, indicó que se explicó la
compatibilidad del cobro de regalías con la imposición de tributos a la
explotación de recursos no renovables y aplicó correctamente la jurisprudencia
de la Corte Constitucional sobre la materia, y con base en ese análisis, arribó a
la conclusión de que era procedente el cobro de la contribución por valorización.
Expresó que, sobre el primero de los cargos de apelación referido a la
inexistencia del beneficio respecto de los inmuebles de propiedad de la actora,
se determinó que los argumentos se limitaron a invocar la tesis contenida en el
oficio 340-81101 del 24 de diciembre de 1998, expedido por la
Superintendencia de Sociedades.
Precisó que ese oficio abordó una cuestión totalmente distinta a la debatida en
el caso, pues analizó si respecto de los activos vinculados a los contratos de
exploración y explotación de recursos naturales no renovables, en los que se
pactó una cláusula de reversión en favor de la Nación, se debían efectuar los
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avalúos técnicos en los términos del artículo 64 del Decreto 2649 de 1993, de
manera que en nada justificaba la posición jurídica defendida por la actora.
Desestimó el argumento de la demandante según el cual, por el hecho de no
transportar el carbón explotado por las vías del proyecto “Plan Vial del Norte”,
no realizó el hecho generador del tributo, pues la manera en que ejercía el ius
utendi sobre sus bienes inmuebles no ofrecía evidencia sobre la inexistencia del
beneficio en los términos antes indicados ni desvirtuó la realización del hecho
generador de la contribución de valorización.
Aclaró que en la providencia cuestionada se concluyó que los alegatos de la
apelante única no estaban dirigidos a controvertir la existencia del presunto
beneficio, que respecto de los inmuebles de su propiedad representó la
construcción de las vías del Plan Vial del Norte, de acuerdo con los métodos de
cálculo del beneficio definidos por el sujeto activo del tributo mediante la
ordenanza en mención; por ello, no prosperó el cargo propuesto.
En cuanto al último reproche de apelación, referente a que el tribunal «ignoró»
la vulneración al artículo 71.5 del Decreto 1222 de 1986, que establece que las
entidades territoriales no pueden gravar las actividades de exploración y
explotación minera, habida cuenta de que previamente están sujetas al pago de
regalías, se indicó que la posición mayoritaria y reiterada de la Sección Cuarta
consiste en que cuando la norma prohíbe imponer tributos sobre objetos o
industrias gravados por la ley, se refiere a la imposibilidad de establecer como
hecho generador de un gravamen departamental el mismo hecho imponible que
ya ha sido previsto por una disposición legal anterior.
Recalcó que el artículo 71.5 del Decreto 1222 de 1986 no resultaba aplicable al
caso enjuiciado, porque las regalías que alegó la apelante no constituyen una
categoría tributaria, además, a la luz de las normas constitucionales vigentes,
no existe incompatibilidad entre el pago de las regalías y los tributos, sin
perjuicio de que la contribución debatida no tuviera como hecho generador la
realización de actividades de explotación de recursos naturales no renovables.
Acotó que se efectuó el análisis del asunto con sustento en lo definido en la
sentencia C-1071 de 2003, para concluir que la compatibilidad constitucional
entre el cobro de regalías y de impuestos a la explotación de recursos no
renovables fue determinada por la Corte Constitucional, por lo que carecía de
fundamento la acusación según la cual se había determinado que la actividad
minera no podía ser objeto de tributos locales ni departamentales si estaba
sometida al pago de regalías.
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Insistió en que la parte actora no explicó en forma concreta cuáles fueron los
cargos de la demanda que se dejaron de examinar en la sentencia objeto de
reproche, razón por la cual solicitó que se declare la improcedencia del amparo.
5.2. Tribunal Administrativo del Magdalena
La magistrada ponente de la decisión de primera instancia del proceso ordinario
rindió informe en el que puso de presente que en el trámite adelantado por esa
Corporación no se vulneraron las garantías fundamentales señaladas por la
parte actora.
5.3. Departamento del Magdalena
A través de apoderado manifestó que no se acreditó la configuración de
ninguna de las causales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
6. Sentencia de primera instancia
La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia del 28 de
octubre de 2021 declaró la improcedencia del mecanismo de amparo, por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Indicó que los argumentos expuestos en la petición eran susceptibles de ser
alegados en el mismo proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, a
través de la solicitud de adición de la sentencia, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 287 del Código General del Proceso, norma aplicable por la remisión
expresa del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
Señaló que el planteamiento principal de la actora radica, en síntesis, en que la
Sección Cuarta omitió pronunciarse sobre uno de los argumentos del recurso
de apelación, en el que se señaló que los actos administrativos demandados
violaban los artículos 27 de la Ley 141 de 1994 y 231 de la Ley 685 de 2001,
normas que prevén que las entidades territoriales no pueden gravar «la
exploración y explotación mineras, los minerales que se obtengan en boca o al
borde de mina, las maquinarias, equipos y demás elementos que se necesiten
para dichas actividades y para su acopio y beneficio».
Explicó que el hecho de que la sociedad accionante no hubiera presentado la
solicitud de adición de la sentencia, implica que la acción de tutela sea
improcedente, en razón a que dicho mecanismo no puede sustituir ni revivir las
etapas procesales vencidas.
Puntualizó que la situación fáctica esbozada no requiere de la intervención del
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juez constitucional para la protección del derecho fundamental que se estima
quebrantado, en la medida en que ello implicaría reemplazar al juez ordinario de
la causa, aunado al hecho de que no se demostró la ocurrencia de un perjuicio
irremediable para efectos de que la petición de amparo procediera como
mecanismo transitorio.
7. Impugnación
Por escrito radicado oportunamente el 17 de noviembre de 20212, la parte
actora impugnó el proveído de primera instancia en los siguientes términos:
Advirtió que en la demanda del proceso ordinario se propusieron algunos
argumentos referentes a la incompatibilidad legal respecto del cobro de
impuestos territoriales y los de regalías, en forma paralela; no obstante, la
Sección Cuarta en la sentencia censurada no se pronunció sobre tales
planteamientos y centró su estudio únicamente en la incompatibilidad
constitucional entre unos y otros.
Resaltó que se desconocieron las prohibiciones señaladas en los artículos 27
de la Ley 141 de 1994 y 231 de la Ley 685 de 2011, lo que conllevó a que se
realizara un análisis erróneo y parcial de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional aplicable al caso.
Añadió que la decisión tuvo como sustento un argumento incompleto de la
definición de la Corte Constitucional en relación con la incompatibilidad del
cobro de impuestos territoriales y de regalías.
Insistió en que en no hubo un pronunciamiento claro y concreto respecto de la
censura esgrimida, por cuanto nada se explicó en punto de la incompatibilidad
del cobro de regalías con el de impuestos locales, de acuerdo con la
consagración normativa ya referenciada.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra
de la sentencia de primera instancia proferida el 28 de octubre de 2021 por la
Sección Primera de esta Corporación, de conformidad con el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, modificado por el Decreto 333 de 2021 y con el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2 El fallo de primera instancia fue notificado el 11 de noviembre de 2021 y mediante auto del 25
de noviembre de ese año fue concedida la impugnación.
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2. Problema jurídico
Corresponde en este caso determinar si de conformidad con los argumentos
planteados en el escrito de impugnación hay lugar a confirmar, modificar o
revocar el fallo de primera instancia proferido el 28 de octubre de 2021 por la
Sección Primera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la
acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales; ii) estudio sobre la subsidiariedad como requisito adjetivo de
procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superado se estudiará, iii) el fondo
del reclamo.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia,
que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.” (Negrilla fuera de texto).
Conforme con el anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es
necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como
expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
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fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se
trate de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; e iii) inmediatez.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
3.1. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva
La Sala no encuentra reparo en relación con la naturaleza del proceso en el
cual se profirió la decisión atacada ni se cuestiona que tenga relevancia
constitucional y tampoco hay ninguna observación en torno a la inmediatez. Sin
embargo, es necesario hacer un estudio en consideración a la subsidiariedad.
Es importante señalar que la Sección Primera del Consejo de Estado advirtió
que la tutela es improcedente por incumplimiento del requisito en mención,
pues, en su criterio, si la parte actora consideraba que en la sentencia de
segunda instancia no se resolvió uno de los cargos de la demanda, debió
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solicitar la adición de la sentencia, en los términos previstos en el artículo 287
del Código General del Proceso.
Sobre el punto, se tiene que en el escrito de impugnación la demandante adujo,
en forma enfática y reiterada, que la sentencia bajo censura quebranta el
derecho al debido proceso, por cuanto la Sección Cuarta del Consejo de Estado
no resolvió en forma integral el objeto de controversia; en otros términos, no
abordó el análisis del cargo relacionado con la incompatibilidad legal respecto
del cobro de impuestos territoriales con el cobro de regalías.
Manifestó que en el recurso de apelación puso de presente que en los artículos
27 de la Ley 141 de 19943 y 231 de la Ley 685 de 20014, el legislador
expresamente estableció la incompatibilidad del cobro de regalías en forma
simultánea con el de impuestos locales.
No obstante, alegó que en la sentencia de segunda instancia del proceso
ordinario se dejó un “vacío de relevancia constitucional y una duda latente en lo
concerniente a la prohibición legal, es decir, ¿a qué impuestos locales se refería
el legislador con las prohibiciones transcritas?
En ese orden, para la Sala es claro que el debate propuesto tiene como eje
central la supuesta falta de congruencia entre lo decidido en la sentencia y los
cargos esbozados en el recurso de apelación, porque, en sentir de la actora, no
se llevó a cabo el examen de un aspecto importante como es el relacionado con
la incompatibilidad legal de los dos gravámenes en referencia.
De esta manera, contrario a lo señalado por la Sección Primera del Consejo de
Estado en la sentencia del 28 de octubre de 2021, esta Sala de Decisión
considera que el mecanismo procedente, idóneo y eficaz para establecer si se
quebrantó el derecho al debido proceso de la actora por el hecho de que en el
fallo cuestionado se dejaron de resolver los planteamientos propuestos en el
proceso ordinario, no es la adición de providencias consagrada en el artículo
287 del Código General del Proceso5, sino el recurso extraordinario de revisión,
3 “Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de Regalías, se
regula el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no
renovables, se establecen las reglas para su liquidación y distribución y se dictan otras
disposiciones”. ARTÍCULO 27. PROHIBICIÓN A LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Salvo las
previsiones contenidas en las normas legales vigentes, las entidades territoriales no podrán
establecer ningún tipo de gravamen a la explotación de los recursos naturales no renovables.
4 “Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones”. ARTÍCULO 231.
PROHIBICIÓN. La exploración y explotación mineras, los minerales que se obtengan en boca o
al borde de mina, las maquinarias, equipos y demás elementos que se necesiten para dichas
actividades y para su acopio y beneficio, no podrán ser gravados con impuestos
departamentales y municipales, directos o indirectos.
5 ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los
extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto
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si se tiene en cuenta que la figura de la adición no está instituida para que se
realice el estudio de la sentencia cuando se cuestionan irregularidades que
afectan la integridad de la decisión y de suyo, se reitera, el derecho al debido
proceso6.
Así pues, se tiene que, al margen de la razonabilidad de este argumento, lo
cierto es que esta Sala, investida como juez constitucional, no es competente
para determinar si el proveído bajo cuestionamiento adolece de incongruencia,
ya que tal análisis corresponde al juez natural en instancias del recurso
extraordinario de revisión.
Por lo tanto, la Sala advierte que la demanda de tutela no supera el requisito de
subsidiariedad, toda vez que de acuerdo con la postura de la Sala Veintidós
Especial de Decisión de esta Corporación, la incongruencia da lugar a la
nulidad originada en la sentencia, que es una de las causales que abre paso a
la procedencia del recurso extraordinario de revisión, en los términos del
numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
La tesis de la referida Sala Especial de Decisión, es la siguiente:
“El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de
procedencia del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación”.
(…)
Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de
la Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la
causal 6ª del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA,
por nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras razones,
cuando al demandado se le condena por cantidad superior, o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente
a la invocada en la misma.
de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la
ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte
perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención
o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia
complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de
parte presentada en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación
podrá recurrirse también la providencia principal.
6 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021.
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Demandante: Drummond Limitada
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Rad: 11001-03-15-000-2021-06759-01
(…)
Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de
revisión contra los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda
instancia o única, si se alega el desconocimiento del principio de la
congruencia, que en últimas implica una actuación sin
competencia.
(…)
En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia.
Se puede identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba
el artículo 170 del C.C.A., y las normas del procesal civil, según los
cuales el fallo debe estar en armonía con lo pedido y alegado tanto
por la parte demandante como por la parte demandada. Y, en el
segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que es la
coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo
argüido en la parte motiva de la providencia.
(…)
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo
expuesto, que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del
artículo 250 del CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir,
nulidad originada en la sentencia, se puede configurar cuando el
fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o
la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara
violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que
la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las
formas propias de cada juicio, en específico, la falta de
competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no
se podía pronunciar (…)” (Destacado por la Sala).
En consideración a la anterior tesis, la inobservancia del principio de
congruencia da lugar a que se configure la causal de revisión prevista en el
numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, “existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.”
En razón de lo expuesto, comoquiera que el único argumento tanto de la
petición de amparo como de la impugnación es la falta de consonancia entre el
fundamento del fallo y la materia de controversia, es claro que no supera el
requisito de subsidiariedad, en la medida de que en tal caso procede el recurso
extraordinario de revisión.
En ese orden, la Sala confirmará la sentencia de impugnada, pero sobre la base
de considerar que se incumple el requisito de subsidiariedad, en la medida en
que el mecanismo judicial idóneo y eficaz de defensa judicial que tiene la parte
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actora a su alcance para cuestionar la falta de congruencia de la sentencia es el
recurso extraordinario de revisión con fundamento en la causal 5 del artículo
250 de la Ley 1437, y no la figura de la adición de providencias, prevista en el
artículo 287 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confírmase la sentencia del 28 de octubre de 2021 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la
acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pero con
fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de aquella al Despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
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