República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-06800-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
27 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá D. C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06800-01
Demandante: José Enrique Leopoldo Argáez Prada
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Llamamiento a calificar servicios
/ Miembros Policía Nacional / Ley 857 de 2003 / Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional / Ausencia
de defecto sustantivo
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
de 4 de noviembre de 2021, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Quinta,
denegó el amparo deprecado.
1. La acción de tutela
El señor José Enrique Leopoldo Argáez Prada a través de apoderado, promueve
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E y el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá, por estimar vulnerados sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso,
a la dignidad humana, a la paz, a la igualdad, al trabajo y al buen nombre
1.1. Pretensiones
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-06800-01
Demandante: José Enrique Leopoldo Argáez
Prada
En protección de los derechos reclamados, solicita:
Por lo anteriormente expuesto de manera respetuosa solicito se protejan los derechos
fundamentales del accionante y como consecuencia se ordene al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por José Enrique Leopoldo Argáez Prada contra la Nación,
Ministerio de Defensa –Policía Nacional, en un tiempo prudencial se profiera una
sentencia acorde con la protección a los derechos fundamentales y lo probado en el
desarrollo del proceso.
1.2. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:
i) El señor José Enrique Leopoldo Argáez Prada, después de haber cursado y
aprobado el curso reglamentario en el año de 1994, recibió el grado de teniente de la
Policía Nacional.
ii) El 1.° de diciembre de 2003 mediante Decreto 3402 recibió su último ascenso como
teniente coronel, después de cumplir con las condiciones establecidas en el Decreto
1791 de 2000.
iii) El 8 de diciembre de 2007 por Acta 011, - de la cual tuvo conocimiento por Oficio S-
2015-243398/ADEHU-GRUAS-1-10 del 19 de agosto de 2015-, la Junta de Evaluación y
Clasificación para Oficiales de la Policía Nacional, recomendó su selección ante la
Junta de Generales de la Policía Nacional para que realizara el curso de capacitación
para ascenso.
iv) El 13 de diciembre de 2007, conforme al Acta 005, la Junta de Generalesdio lectura
al Acta 11, por medio de la cual se pone a consideración el personal de mayores de la
policía para ingresar por concurso al curso de academia superior en el año 2008, y no
selecciona al señor Argáez Prada, desconociendo lo señalado en la primera acta en
mención.
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Demandante: José Enrique Leopoldo Argáez
Prada
v) El 31 de marzo de 2015 a través de Acta 006 PROP-GRUPE 3-22, la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, recomendó el retiro por
llamamiento a calificar servicios del mayor José Enrique Leopoldo Argáez Prada.
vi) El 1.° de julio de 2015 por Resolución 5459, el Gobierno Nacional retiró al actor por
llamamiento a calificar servicios, acto que hace alusión a la evaluación de la trayectoria
profesional del señor Mayor Argáez Prada efectuada en el año 2007, de conformidad
con lo regulado en el artículo 22 del Decreto ley 1791 de 2000.
1.3. Fundamentos jurídicos del accionante
Los centró en el siguiente defecto:
1.3.1 Defecto procedimental
Sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en dicha causal de procedibilidad
por cuanto:
i) i) No solo la Resolución 06088 de 2006 le otorga a la Junta de Evaluación y
Clasificación la función de recomendar el retiro o la continuidad en el servicio policial,
toda vez que el numeral 3.° del artículo 22 del Decreto 1791 de 2000, también le
atribuye dicha facultad, lo cual se desconoció en el caso del actor y por tanto fue objeto
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho formulada.
ii) Al señalar que los requisitos para el retiro del personal de oficiales y suboficiales de
la Policía Nacional son aquellos que se encuentran consagrados en la Ley 857 de
2003, norma inaplicable al caso concreto.
1.4. Actuación procesal
La tutela de la referencia, admitida por auto del 14 de otubre de 2021, ordenó notificar
a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E y al juez dieciocho administrativo de Bogotá como demandados y, como
terceros interesados, al ministro de Defensa Nacional y al director General de la Policía
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Nacional, para que dentro del término de tres días, y en uso de su derecho de defensa,
rindieran el respectivo informe.
1.5. Intervenciones
1.5.1. La magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, Patricia Victoria Manjarrés Bravo, señaló que el señor José
Argáez Prada solicitó la nulidad del acto administrativo que lo retiró del servicio por
llamamiento a calificar servicios, bajo el argumento de que fue expedido con infracción
de las normas en que debía fundarse, falsa motivación y desviación de poder. El juez
de primera instancia negó las pretensiones de la demanda pues consideró que el retiro
del uniformado por llamamiento a calificar servicios cumplía con los requisitos que la
norma aplicable dispone, entre ellos, cumplir el tiempo mínimo para tener derecho a la
asignación de retiro.
Anotó que dicha decisión fue confirmada al advertir que no se configuraban las
causales alegadas, en la medida que la desvinculación del uniformado cumplió con los
requisitos que la norma exigía para aplicar la causal por llamamiento a calificar
servicios, dado que le fue reconocida asignación de retiro y, además, el acto que
dispuso el cese de su actividad policial estuvo precedido del concepto previo de la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa.
Afirmó que el actor alega un defecto sustantivo en tanto no tuvo en cuenta el numeral
3.º del artículo 22 del Decreto 1791 de 2000, el cual exige que el retiro del servicio
debe estar precedido de la recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación y
no de la Junta Asesora, afirmación que considera debe ser desestimada, comoquiera
que en la sentencia objeto de tutela se precisó que si bien el Decreto 1791 de 2000
prevé en el artículo 22 que la Junta de Evaluación y Clasificación tiene entre sus
funciones la de recomendar la continuidad o retiro del servicio policial, lo cierto es que
para el presente caso, la norma aplicable era la Ley 857 de 2003, la cual, en el artículo
1.º indica que el retiro de los oficiales debe someterse al concepto previo de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional.
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Precisó que la pretensión del accionante debía ser desestimada, en atención a que la
decisión fue proporcionada y guardó relación con el ordenamiento jurídico, habida
cuenta que para concluir que el retiro del servicio se encontraba conforme a derecho,
se constató que la administración tuvo en cuenta i) la norma vigente al momento del
retiro del accionante, esto es, la Ley 857 de 2003, y ii) la jurisprudencia del Consejo de
Estado expuesta en las sentencias de 4 de abril de 2019 y 20 de octubre de 2020,
conforme a la cual el retiro por llamamiento a calificar servicios de los oficiales de la
policía nacional, está supeditada al concepto previo de la Junta Asesora y no a la
recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación, como lo pretendía el
accionante.
1.5.2. La juez dieciocho administrativo oral de Bogotá,1 Gloria Mercedes Jaramillo
Vásquez, expuso que en el trámite de la primera instancia se encontró demostrado
que el señor José Enrique Leopoldo Argáez Prada prestó sus servicios a la Policía
Nacional, según lo contenido en el acto administrativo demandado, por lo que al ser
retirado por la causal de llamamiento a calificar servicios, ya había adquirido el derecho
a la asignación de retiro, en virtud de lo establecido en el artículo 1.º del Decreto 1157
del 24 de junio de 2014. En efecto, se advirtió que la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional, a través de la Resolución No. 6433 del 8 de septiembre de 2015,
reconoció y ordenó el pago de una asignación mensual de retiro al actor en cuantía
equivalente al 77.8% del sueldo básico en actividad para el grado y partidas legalmente
computables, efectiva a partir del 7 de octubre de 2015.
Igualmente evidenció que la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía
Nacional, mediante el Acta 006 del 31 de marzo de 2015, recomendó al Gobierno
Nacional el retiro del accionante por la causal de llamamiento a calificar servicios, en
razón a que una vez consultado el Sistema de Información para la Administración de
Talento Humano SIATH, contaba con un tiempo de servicio de 21 años, 2 meses y 15
días, por lo que adquirió el derecho a ser beneficiario de la prestación. Además, en el
año 2007 le había sido evaluada su trayectoria profesional, de conformidad con lo
regulado en el artículo 22 del Decreto Ley 1791 de 2000 y mediante Acta 010 del 18
1 Expediente digital de tutela.
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de diciembre de 2007, la Junta de evaluación se abstuvo de llamarlo al curso de
Academia Superior de Policía «ASPOL 2008», por lo que no pudo obtener su ascenso.
Conforme a lo anterior, indicó que el ministro de Defensa Nacional emitió la Resolución
5459 del 1.º de julio de 2015, por medio de la cual retiró al actor del servicio activo de
la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios en virtud del artículo 1.º de la
Ley 857 de 2003, al encontrar acreditado que el actor cumplió con los requisitos
expresamente establecidos por la ley al efecto, esto es, tener derecho al pago de una
asignación de retiro y que su desvinculación de la institución estuviera presidida del
concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional.
Concluyó que la sentencia que puso término a la primera instancia no incurrió en
ninguna de las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, lo que se aprecia al examinar las razones que fundamentaron
el mencionado proveído.
1.5.3. El jefe del Área Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional,2 Francisco Javier Castro Gil, explicó a partir de la normativa aplicable el
procedimiento para el llamamiento a calificar servicios del personal de oficiales de la
Policía Nacional, el cual constituye una causal para la terminación de la carrera policial
y se materializa cuando el uniformado cuenta con el tiempo necesario para
beneficiarse de la asignación mensual de retiro. Igualmente, se hace necesaria dicha
terminación ante la renovación generacional de la estructura institucional.
Precisó que no se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales alegados,
pues el actor se limitó a señalar el recuento del proceso ordinario y las razones de su
inconformidad con la decisión adoptada por las autoridades judiciales, sin embargo,
no sustenta las razones por las cuales los defectos alegados se configuran en este
caso.
1.6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 4 de noviembre de 2021,
2 Expediente digital de tutela.
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denegó la solicitud de amparo, y, al efecto, señaló que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca al resolver la apelación formulada por el apoderado del señor José
Enrique Argáez Prada, advirtió que el artículo 1.º de la Ley 857 de 2003, norma
aplicable al demandante, señala expresamente que «[e]l retiro de los Oficiales deberá
someterse al concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional
para la Policía Nacional», que no exige otro trámite previo distinto al concepto o
recomendación que expidió en este caso dicha junta en sesión de 31 de marzo de
2015, que en todo guarda relación con lo previsto en el numeral 3.º del artículo 22 del
Decreto Ley 1512 de 2000, que le otorga a dicho órgano la facultad de recomendar al
Gobierno, los llamamientos a calificar servicios.
Resaltó que dicha conclusión la fundamentó en el precedente del Consejo de Estado
del 4 de abril de 2019, reiterado en providencia del 20 de octubre de 2020, conforme
al cual «[…]…en el caso de los Oficiales de que trata el artículo 1.º de Ley 857 2003,
se exige también el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa».
Indicó que el Tribunal evidenció que el señor José Enrique Leopoldo Argáez Prada: i)
prestó sus servicios a la Policía Nacional por 21 años, 2 meses y 15 días, ii) en el año
2007, le había sido evaluada su trayectoria profesional, de conformidad con lo regulado
en el artículo 22 del Decreto Ley 1791 de 2000 y según el Acta 010 del 18 de diciembre
de 2007, no fue llamado al curso de la Academia Superior de Policía «ASPOL 2008»,
por lo que no pudo proseguir ascendiendo en su carrera profesional, iii) la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, mediante el Acta 006 del
31 de marzo de 2015, recomendó al Gobierno Nacional el retiro por la causal de
llamamiento a calificar servicios, en virtud de lo establecido en el artículo 1.º del
Decreto 1157 del 24 de junio de 2014, iv) el ministro de Defensa Nacional emitió la
Resolución 5459 del 1.º de julio de 2015, por medio de la cual retiró del servicio activo
de la Policía Nacional al señor Argáez Prada, en virtud del artículo 1º de la Ley 857 de
2003 y v) la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, a través de la Resolución
6433 del 8 de septiembre de 2015, reconoció y ordenó el pago de una asignación
mensual de retiro al actor en cuantía equivalente al 77.8% del sueldo básico de
actividad para el grado y partidas legalmente computables, efectiva a partir del 7 de
octubre de 2015.
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Aclaró esa Sección, que el artículo 22 del Decreto Ley 1791 de 2000 reglamentaba un
asunto distinto al que se debatía, pues se refería al ascenso del personal de la Policía
Nacional y la evaluación de la trayectoria profesional que puede dar lugar a la
recomendación de retiro; sin embargo, la recomendación de continuidad o retiro en el
servicio a la que se refería la citada norma no obedecía propiamente a aquella que
fuera estudiada en sede contencioso administrativa, esto es, el llamamiento a calificar
servicios en consideración a que el señor Argáez Prada ya había cumplido el tiempo y
requisitos para la asignación mensual de retiro.
Reiteró que la norma aplicable al caso era el artículo 1.° de la Ley 857 de 2003,
normativa conforme a la cual tanto el juez de primera instancia como el Tribunal de
segundo grado, llegaron a la conclusión de que el acto administrativo demandado
observó la totalidad de requisitos legales para el llamamiento a calificar servicios del
actor con el consecuente retiro de la institución, razón por la cual se concluyó que,
contrario a lo afirmado por el accionante, no se incurrió en el defecto sustantivo
alegado.
1.7. Impugnación
El accionante insiste en el desconocimiento de lo previsto en el numeral 3.° del artículo
22 del Decreto Ley 1791 de 2000 y el inciso 4.º del artículo 3.° de la Resolución 06088
de 2006, que faculta a la Junta de Evaluación y Clasificación de Oficiales de la Policía
Nacional recomendar el retiro o la continuidad en el servicio policial, antes de que a
ello proceda la Junta Asesora del Ministerio de Defensa conforme a la Ley 857 de
2003, circunstancia que al no cumplirse en este caso, entraña un desconocimiento del
marco jurídico vigente para la fecha en que se expidió el acto administrativo por medio
del cual llamaron a calificar servicios al señor José Enrique Argáez Prada, lo que, en
su criterio, y contrario a lo señalado por la Sección Quinta, constituye un defecto
procedimental en la providencia objeto de litis.
Añadió que la resolución se encuentra viciada de nulidad en la medida que desconoce
las funciones de la Junta de Evaluación y Clasificación, específicamente, la facultad
de recomendar la continuidad o retiro del servicio policial. Concluyó que si bien el
artículo 2.° de la Ley 857 de 2006 indica que además de las causales de retiro
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contempladas en el Decreto-Ley 1791 de 2000, se encuentra, entre otras, la de
llamamiento a calificar servicios por voluntad del Gobierno Nacional, «no existe la
causal de retiro por no ascenso, es más si se extrae el contenido del acto administrativo
señala que por la no recomendación al curso se hace imposible la promoción o
ascenso, con lo cual se desdibuja la tesis del a-quo, donde da a entender que la
recomendación de retiro que debe hacer la Junta de Evaluación y Clasificación es por
no ascenso».
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,3 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Quinta de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Se contrae a determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E vulneró los derechos fundamentales invocados por el
accionante al haber proferido la sentencia del 9 de abril de 2021, por medio de la cual
confirmó la expedida por el Juzgado Dieciocho Administrativo de Bogotá del 22 de
noviembre de 2019, que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el señor José Enrique Leopoldo Argáez
Prada contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, expediente
radicado núm. 11001 33 35 018 2015 00903 00 [01].
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
3 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia
como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, estableció en sus artículos 11, 12
y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir
la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas
por la Constitución.
Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de
manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción
de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones
de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda
causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede
hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.
En este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la
sentencia C-590 de 2005,4 en la que se hace distinción entre causales genéricas,
aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la
acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la
procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.
4 Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes:
(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que
se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir
del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que ésta identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración así como los derechos vulnerados y que se hubiere alegado en el
proceso judicial siempre que hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias
de tutela.
El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012,5 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.
Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de
agosto de 2014,6 acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de
inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.3.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia
La Sala considera que el presente asunto cumple con el requisito de subsidiariedad,
debido a que se dirige contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
5Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González.
Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328 01(IJ).
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente
radicado 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E que resolvió la apelación propuesta
contra la decisión adoptada en providencia del 22 de noviembre de 2019 por el
Juzgado Dieciocho Administrativo de Bogotá, de modo que la parte accionante agotó
todos los medios ordinarios de defensa, es decir, acudió al juez constitucional de forma
subsidiaria.
De otra parte, se encuentra cumplido el requisito de inmediatez, en cuanto la
providencia acusada fue dictada el 9 de abril de 2021 y notificada electrónicamente el
12 de abril de la misma anualidad,7 mientras que la acción de tutela de la referencia
fue radicada el 6 de octubre de 2021,8 es decir, dentro de los 6 meses siguientes,
término que ha sido acogido por esta corporación como prudencial para acudir al medio
de amparo constitucional.
La solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los argumentos con
fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos fundamentales en
la sentencia enjuiciada.
El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la decisión que se
cuestiona se profirió dentro del trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
2.4. Hechos probados
De conformidad con los elementos de juicio que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:
2.4.1. El 31 de marzo de 2015 a través de Acta 006 PROP-GRUPE 3-22, la Junta Asesora
del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, recomendó el retiro por
llamamiento a calificar servicios al mayor José Enrique Leopoldo Argáez Prada.9 Sobre
el particular discurrió:
En el caso particular del señor Mayor JOSÉ ENRIQUE LEOPOLDO ARGÁEZ PRADA, vale la
pena indicar que este dada su trayectoria profesional ha ocupado cargos en los cuales
7 Folios 348 a 359 expediente digital origina de nulidad y restablecimiento del derecho.
8https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100103150002021068000
01100103
9 Folios 48 a 57 expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho .
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Demandante: José Enrique Leopoldo Argáez
Prada
ejecutó tareas de liderazgo, supervisión, control y direccionamiento del personal bajo sus
órdenes en el cumplimiento de las Políticas Institucionales y Directrices
Gubernamentales, puesto que tales circunstancias conllevan a que ostentándose una
posición de garante propia del "ejercicio del mando", se atribuya un rol preponderante al
oficial dentro de la Institución, el cual se verá afectado por la imposibilidad de ascenso.
Aunado a lo anterior, al no poder proseguir ascendiendo en su carrera profesional y de
continuar en la Institución, se desconoce el Lineamiento General de Política Institucional
denominado Direccionamiento en el Ejercicio del Mando, el cual es un baluarte
fundamental de la disciplina de la Policía Nacional; lo anterior teniendo en cuenta que el
uniformado no podrá imponer al personal con menos tiempo de servicio en la institución
pero con mayor grado, medios preventivos para encausar la disciplina generando con
esto como se ha indicado en líneas precedentes alteración en el normal desarrollo de la
finalidad y los conceptos fundamentales bajo los cuales ha sido prevista y encauzada la
jerarquía.
Así las cosas. al no poder trascender la carrera del señor Oficial por existir una
imposibilidad de tracto normativo para integrar un escalafón complementario de
conformidad con lo regulado en el artículo 4° del Decreto Ley 1791 de 2000, resulta ser
el retiro por llamamiento a calificar servicios una herramienta útil en la administración
para la renovación de la estructura piramidal de la Policía Nacional que garantizara la
posibilidad de ascenso dentro de líneas jerárquicas en la Oficialidad, permitiendo que el
personal que ya cumple con los requisitos para acceder a la asignación de retiro, de
paso a una nueva generación de Oficiales que continúen el legado de servicio a la
comunidad y el cumplimiento de la misión institucional encomendada en el artículo 218
superior.
[…]
En virtud de lo anterior, se concluye que el retiro por Llamamiento a Calificar Servicios,
no constituye sanción alguna, mas bien es una forma de culminación normal y no
deshonrosa de la carrera policial, por las razones ya expuestas.
2.4.2. El 1.° de julio de 2015 mediante Resolución 5459 el ministro de Defensa
Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 1.º de la Ley 857 de 2003,
retiró del servicio activo de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios al
señor José Enrique Leopoldo Argáez Prada.10
2.4.3. El 8 de septiembre de 2015, por Resolución 6433 la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional -CASUR, le reconoció al señor José Enrique Leopoldo Argáez
Prada, asignación de retiro por prestar sus servicios durante 22 años y 8 días.11
2.4.4. El 10 de diciembre de 2015 a través de apoderado, el señor José Enrique
Leopoldo Argáez Prada, radicó el medio de control de nulidad y restablecimiento del
10 Folios 17 a 24 expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
11 Folios 168 y 169 expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
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derecho, con el propósito de que fuera declarada nula la Resolución 5459 de 2015; a
título de restablecimiento solicitó: i) el reintegro sin solución de continuidad, ii) la
citación a curso en la Academia Superior de Policía y su posterior ascenso y iii) los
salarios y demás prestaciones sociales dejadas de percibir.12
2.4.5. El 22 de noviembre de 2019, el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá,13 resolvió:
PRIMERO: DENEGAR las súplicas de la demanda por las consideraciones señaladas en
esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas a cargo de la parte demandante.
[…]
2.4.6. El 9 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, confirmó en su totalidad la providencia proferida por el juez a
quo, al efecto resolvió:14
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2019 por el Juzgado
Dieciocho Administrativo del Circuito de Bogotá que negó las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en el presente fallo.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora para lo cual se fijan como agencias en
derecho la suma de doscientos mil pesos ($200.000) que serán liquidadas por el
Juzgado de primera instancia siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 366
del CGP.
[…]
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
2.5.1. Cuestiones previas
i) Antes de estudiar la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados
por el accionante, la Sala aclara que avocará el análisis del caso únicamente respecto
de la decisión adoptada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, órgano de cierre en el presente
asunto.
12 Folios 71 a 115 expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
13 Folios 255 a 271 expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
14 Folios 338 a 347 expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
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ii) Se elucida que si bien el accionante alega como causal autónoma de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales el denominado defecto
procedimental, esta Sala comparte la conclusión del juez a quo de tutela, por
evidenciarse que los reproches formulados en la acción de tutela corresponden a
yerros de carácter sustantivo, en tanto se argumenta que la decisión judicial se apartó
de las normas aplicables al caso -Decreto-Ley 1791 de 2000 y la Resolución 06088 de
2006-, al pasar por alto los requisitos establecidos para el retiro del personal de
oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, razón por la cual, esta objeción será
atendida en el acápite correspondiente al defecto sustantivo.
2.5.2. Defecto sustantivo
El accionante alegó que la providencia acusada incurrió en dicho defecto al señalar
que los requisitos para el retiro del personal de oficiales y suboficiales de la Policía
Nacional son los consagrados en la Ley 857 de 2003, norma inaplicable al caso, en
tanto en el asunto objeto de litis debió surtirse el trámite de la recomendación de retiro
o de continuidad en el servicio policial por parte de la Junta de Evaluación y
Clasificación, previsto en el numeral 3.° del artículo 22 del Decreto-Ley 1791 de 2000
y en el inciso 4.º del artículo 3.° de la Resolución 06088 de 2006, el cual, al no haberse
cumplido, fue objeto de demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.
Esta Subsección evidencia que la autoridad judicial impugnada analizó con suficiencia
los cargos formulados contra el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, y, en
consecuencia, determinó que no le asistía razón al apoderado del actor al señalar que
la entidad demandada desconoció el procedimiento para el retiro de su representado
por la causal de llamamiento a calificar servicios, al no haber efectuado la Junta de
Evaluación y Clasificación previamente la recomendación de separación del servicio
activo de la Policía Nacional, toda vez que el artículo 1.° de la Ley 857 de 2003 -norma
vigente aplicable al momento de decidir la situación del demandante-, determina de
manera perentoria que «el retiro de los Oficiales deberá someterse al concepto previo
de la junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional»,
órgano competente que como consta en el Acta 006 APROP-GRUPE 3-22 del 31 de
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marzo de 2015, recomendó el retiro del accionante por llamamiento a calificar
servicios.
En tal virtud, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, efectuó un pormenorizado análisis del contenido del numeral 3.° del
artículo 22 del Decreto 1791 de 2000, de los artículos 1.° y 3.°de la Ley 587 de 2003 y
de la Resolución 06088 de 2006. Al efecto, señaló:
No obstante, si bien esas disposiciones señalan que dicho órgano colegiado [Junta de
Evaluación y Clasificación] cumple la función de “recomendar la continuidad o retiro del
servicio policial”, lo cierto es que el artículo 1.° de la ley 857 de 2003, norma aplicable al
demandante señala expresamente que “[e] el retiro de los oficiales deberá someterse al
concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía
Nacional”, lo cual significa que no se exige otro trámite previo distinto al concepto o
recomendación que expidió en este caso la Junta Asesora del Ministerio de Defensa
para la Policía Nacional en sesión del 31 de marzo de 2015, que en todo caso guarda
relación con lo previsto en el numeral 3.° del Decreto 1512 de 2000, en donde se le
otorga a dicho órgano la facultad de recomendar al Gobierno, los llamamiento al servicio.
[…]
Así las cosas, comoquiera que el retiro del servicio no vulnera las normas que regulan el
retiro del servicio por llamamiento a calificar servicios, para la Sala tampoco se configura
esta causal de nulidad.
Bajo estas previsiones, al evidenciarse que el retiro del demandante estuvo
fundamentado en el cumplimiento de los requisitos para acceder a la asignación de retiro
previo concepto de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, se confirmará la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
De esta manera concluyó que el acto administrativo objeto de control, observó la
totalidad de requisitos legales para el llamamiento a calificar servicios del actor con el
consecuente retiro de la institución y el reconocimiento de la respectiva asignación.
Se advierte que el Tribunal al pronunciarse sobre ese cargo, lo argumentó con la
reciente jurisprudencia de la Sección Segunda de esta corporación,15 relacionada con
la finalidad y los requisitos del retiro por llamamiento a calificar servicios, conforme a
la cual: « [e]n lo que se refiere al acto administrativo de llamamiento a calificar
servicios, según se expuso, no tiene que ser motivado por la administración, dado que
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de octubre de 2020, expediente radicado
núm. 73001 23 33 000 2013 0072102.
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su motivación la contiene la ley y consiste en la acreditación de que el militar retirado
cumple los requisitos para acceder a la asignación de retiro y, cuando es procedente,
que existe concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, lo
cual es aplicable para los Oficiales, por así ordenarlo el artículo 1.º de la Ley 857 2003
que modificó el Decreto 1791 de 2000».
Se constata así que no existió por parte de la autoridad judicial, la alegada inaplicación
de las normas consideradas pertinentes, como tampoco la afectación de los derechos
fundamentales del accionante, porque la fundamentación de la sentencia se sustentó
en la ley, constituida por los dos requisitos materiales de tiempo servido y de la
existencia de una recomendación previa de la Junta de Asesores del Ministerio de
Defensa Nacional para la Policía Nacional.
Acorde con lo expuesto, la Sala encuentra que la providencia aquí discutida está
razonable y debidamente motivada y se ajusta específicamente a la normativa y a la
jurisprudencia aplicable al caso concreto, razón por la cual no se está en presencia del
defecto sustantivo alegado.
3. Conclusión
La Sala concluye que la providencia de 9 de abril de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, no vulneró los
derechos fundamentales invocados por el señor José Enrique Argáez Prada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia de 4 de noviembre de 2021 que dictó el Consejo de
Estado, Sección Quinta, mediante la cual denegó el amparo de tutela formulado por
el señor José Enrique Argáez Prada, conforme a la parte considerativa que antecede.
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Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CRG
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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