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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-06875-01

Fecha
7 de marzo de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-06875-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia proferida el 22 de noviembre de 2021, mediante la cual la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó por improcedente la acción de tutela interpuesta por José Arnoldo Henao Castrillón en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia. En su lugar, se dispone: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por Arnoldo Henao Castrillón en contra del Tribunal Administrativo de Id Documento: 11001031500020210687501005025210025 Antioquia, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin13. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO. Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-06875-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

7 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 7 de marzo de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06875-01
Demandante: José Arnoldo Henao Castrillón
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial/ Relevancia constitucional.

Síntesis del caso: La parte demandante enjuició la providencia que negó la medida
cautelar pedida en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación interpuesta por la parte accionante, en contra de la
Sentencia de 22 de noviembre de 2021, mediante la cual la Subsección A

Id Documento: 11001031500020210687501005025210025
de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la
solicitud de amparo por no superar el requisito de subsidiariedad y de
relevancia constitucional.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. José Arnoldo Henao Castrillón, por intermedio de apoderado judicial,
presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de
Antioquia, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, así
como de los principios de buena fe y confianza legítima, con ocasión de
las providencias del 2 y 29 de septiembre de 2021, mediante las cuales el
Tribunal Administrativo de Antioquia negó una solicitud de suspensión
provisional en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
05001-33-33-010-2014-01826-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

1 El artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y

333 de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06875-01
Demandante: José Arnoldo Henao Castrillón
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica – declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

“Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas,
respetuosamente solicito HONORABLE MAGISTRADO DEL CONSEJO DE ESTADO
tutelar a favor de mi poderdante los derechos constitucionales,
convencionales y fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, IGUALDAD, CONFIANZA LEGÍTIMA Y BUENA FE,
invocados, y se ordene a el Honorable Magistrado JORGE IVAN DUQUE
GUTIERREZ, que resuelva de fondo la solicitud de Medida Cautelar de
Suspensión Provisional de los Actos Administrativos Demandados, en el
entendido de revocar las decisiones proferidas de no suspender los actos
administrativos y ordenar el reintegro de mi mandante hasta que se resuelva
en segunda instancia sus pedimentos y adoptar las medidas de protección
necesarias.”

3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:

4. 1) José Arnoldo Henao Castrillón presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de
las Resoluciones No. 20 del 19 de junio del 2015 y CSJAR14-524 del 16 de
julio del mismo año, mediante las cuales se declaró insubsistente su
nombramiento como citador grado 3 del Juzgado 8 Laboral del Circuito
de Medellín y se le excluyó del escalafón de la carrera judicial.

Id Documento: 11001031500020210687501005025210025
5. 2) Mediante Sentencia de 5 de octubre de 2017, el Juzgado 10
Administrativo de Medellín negó las pretensiones de la demanda, tras
concluir que los actos administrativos demandados no adolecían de las
causales de nulidad endilgadas. Contra esta decisión, el demandante
presentó recurso de apelación.

6. 3) El 21 de julio de 2021, el señor Henao Castrillón solicitó la suspensión
provisional de los actos administrativos demandados.

7. 4) Mediante Auto de 2 de septiembre de 2021, el Tribunal
Administrativo de Antioquia negó la petición en mención. Decisión
confirmada, en reposición, el 29 de septiembre de 2021.

8. 5) El 29 de octubre de 2021, se profirió la Sentencia de segunda
instancia en la que se confirmó el fallo de primer grado que negó las
pretensiones de la demanda.

9. Como fundamento de la vulneración, la parte actora afirmó que la
autoridad judicial incurrió en los defectos (1) sustantivo porque dio una
indebida aplicación al artículo 229 del CPACA, sobre la oportunidad para
presentar solicitudes de medidas cautelares2; (2) fáctico por una indebida

2 “(…) resumió todo lo manifestado en la Solicitud de Medida Cautelar sin esbozar, cuáles eran y donde se

encontraban los supuestos argumentos que resolvían el fondo de la demanda y resumiendo en un solo aparte
de una decisión del Consejo de Estado, indicando que debí presentar la solicitud cuando fue interpuesta la
demanda, vulnerando el derecho al debido proceso de mi mandante, incumpliendo los mandatos de los
artículos 229 y siguientes del CPACA que indican que podía hacerlo en cualquier estado del proceso, mismos
que argumente (sic) en el recurso de reposición y la complementación del mismo transcribiéndole en extenso el
Precedente del Consejo de Estado donde se manifiesta el procedimiento para resolver una Medida Cautelar de

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06875-01
Demandante: José Arnoldo Henao Castrillón
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica – declara improcedente
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valoración de (se trascribe) “Formulario de Calificación Integral de Servicios
Empleados sin Funciones de Sustanciación Corporaciones o Despachos
Judiciales del 28 de mayo de 2014 y la resolución 020 del 19 de junio de
2014”; y (3) de decisión sin motivación, comoquiera que (se trascribe)

“en las referidas decisiones, solo hace planteamientos de forma parca y
generalizada, sin indicar cuales son los argumentos que esboce (sic) en mis
solicitudes que lo hicieron decidir negar y no reponer sus decisiones de una
forma clara, especifica, donde se confronten los artículos, las pruebas y los
perjuicios ocasionados a las partes, como así lo ordena la Constitución, la Ley,
los Tratados Internacionales suscritos por la República de Colombia y los
precedentes jurisprudenciales del consejo de estado, con el acta o Formulario
de Calificación Integral de Servicios Empleados sin Funciones de
Sustanciación Corporaciones o Despachos Judiciales del 28 de mayo de 2014
y la resolución 020 del 19 de junio de 2014 (…)”.

1.2. Fallo de primera instancia e impugnación

10. Mediante Sentencia de 22 de noviembre de 2021, la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado “rechazó” por
improcedente la solicitud de amparo, ya que no se acreditó el requisito de
subsidiariedad comoquiera que, a la fecha de presentación de la acción

Id Documento: 11001031500020210687501005025210025
de tutela (8/10/2021), el mecanismo judicial ordinario se encontraba en
trámite, y no se probó un perjuicio irremediable. Asimismo, señaló que, en
el escrito de tutela, no fueron expuestos, de manera razonable, reparos y/o
defectos contra las providencias cuestionadas, por lo que tampoco se dio
cumplimiento al requisito de relevancia constitucional.

11. El accionante presentó impugnación, en la que señaló que el asunto
superaba todos los requisitos de procedibilidad, entre ellos, el requisito de
relevancia constitucional, pues la solicitud de amparo se presentó ante la
vulneración de derechos fundamentales y se enfocó en cuestionar una
decisión judicial a través de la cual se despojó de sus derechos a un
ciudadano. De la misma manera, se indicó que se cumplió con el requisito
de subsidiariedad, pues agotaron todos los medios de defensa judicial
disponibles en dicha controversia. Expresó que se desconocieron las
peticiones para resolver de fondo y que fueron propuestas contra la
decisión cuestionada.

12. Estableció que no compartía la decisión adoptada en primera
instancia, toda vez que se establecieron las bases necesarias para poder
estudiar su petición de amparo de fondo. En lo que respecta a los defectos
sustantivo, fáctico y decisión sin motivación, manifestó que la sentencia de
primer grado incurrió en error al determinar que no se demostraba un
perjuicio irremediable, puesto que este consistía en no haber sido resuelta
la solicitud de suspensión provisional.

Suspensión del Acto Administrativo y le transcribí como así lo ordena la ley los perjuicios causados a la parte
demandante y al interés general”

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06875-01
Demandante: José Arnoldo Henao Castrillón
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica – declara improcedente
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13. Asimismo, agregó que, en el trámite de la acción de tutela, hubo
una dilación que afectó sus derechos, en total desconocimiento del
régimen normativo vigente. En ese orden, adujo que se desconoció el
precedente sobre el cumplimiento de los términos procesales,
concretamente, las Sentencias T-007 de 1992 y T-346 de 2012 de la Corte
Constitucional.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2 Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusiones.

2.1. Fijación de la controversia

14. Corresponde determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad, así como de los principios de buena
fe y confianza legítima del demandante con ocasión de las providencias
del 2 y 29 de septiembre de 2021, mediante las cuales negó una solicitud

Id Documento: 11001031500020210687501005025210025
de suspensión provisional en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 05001-33-33-010-2014-01826-01. Como consecuencia de lo
anterior se procederá a confirmar, modificar o revocar, la sentencia
impugnada.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial3

15. La Sala confirmará la improcedencia de la acción de tutela,
concretamente, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional,
pues se advierte que la parte actora no desplegó la carga argumentativa
que justificara la intervención del juez de tutela.

16. Al respecto, debe indicarse que, la relevancia constitucional es uno
de los requisitos que deben concurrir para que resulte procedente la
acción de tutela contra providencias judiciales, pues, en los términos de la
Corte Constitucional, (se trascribe) “el juez constitucional no puede entrar
a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir
a otras jurisdicciones”4.

17. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 20145, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: (1) la carga argumentativa por

3 Este análisis se hace conforme a lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-66 de 2019
4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
5 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01

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Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
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Decisión: Modifica – declara improcedente
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parte del demandante en la que explique la relevancia de la controversia
para el juez de tutela6 y que la solicitud de amparo no se presente con
objeto de obtener una nueva instancia7; y (2) que se trate de una
controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera
legalidad8.

18. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional9.

19. En el presente caso, se logró evidenciar que, tal como lo puso de
presente el juez constitucional en primera instancia, el asunto no superó el
requisito de relevancia constitucional, como pasa a explicarse.

20. La parte actora no desplegó la carga argumentativa suficiente para
explicar por qué esta controversia tenía una marcada trascendencia
constitucional que ameritara la intervención del juez de tutela.

Id Documento: 11001031500020210687501005025210025
21. Lo anterior obedece a que, pese a que el accionante manifestó que
el asunto superaba el requisito en comento10, se limitó a insistir en las
inconformidades contra la providencia enjuiciada, sin explicar por qué
esos reparos podrían, eventualmente, conllevar a la vulneración de
derechos fundamentales. Puede indicarse entonces que la parte actora se
limitó a realizar una exposición transcrita de diferentes textos procesales y
legales, pero, no justificó la razón de su dicho.

22. Además, si bien el accionante encuadró sus reparos dentro de varios
defectos, lo cierto es que los mismos se presentaron como una reiteración
de los aspectos tratados y desarrollados por el juez natural de la causa al
resolver la petición de medida cautelar y, posteriormente, el recurso de

6 Ídem. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de

tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
7 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia

procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
8 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
9 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
10 El accionante manifestó (se trascribe): “Por último, tratándose de los requisitos generales, para evitar que el

juez de tutela se inmiscuya en asuntos ajenos a su competencia, se ha exigido que la cuestión planteada tenga
evidente relevancia constitucional y que afecte derechos fundamentales. Al respecto, se estima que, si el asunto
radica en que las instancias judiciales cuestionadas inobservaron y desconocieron el precedente constitucional
o jurisprudencial, adicionalmente, no aplicaron un enfoque constitucional fundado en la salvaguarda de los
derechos fundamentales de los accionantes catalogado por la H. Corte Constitucional como una violación
flagrante al debido proceso”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06875-01
Demandante: José Arnoldo Henao Castrillón
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica – declara improcedente
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reposición contra la negativa a declararla11. En otras palabras, del escrito
de tutela, no es posible derivar argumentos jurídicos suficientes que le

11 La solicitud de medida cautelar dentro del proceso de nulidad y restablecimiento No. 05001-33-33-010-2014-

01826-01 estableció lo siguiente (se trascribe): “(…) se concluye que el acta o Formulario de Calificación Integral
de Servicios Empleados sin Funciones de Sustanciación Corporaciones o Despachos Judiciales del 28 de mayo
de 2014(3) y el acto administrativo 020 del 19 de junio de 2014(7) en el cual la Superior Jerárquica Administrativa
de mi mandante, solo por la Reposición presentada vino a exponer los artículos de la resolución 015 del 1° de
julio de 2011(8), que supuestamente trasgredió mi prohijado y lo hizo acreedor a ser Calificado de forma
Insatisfactoria(3) y que es objeto de esta Medida Cautelar de Suspensión Provisional, se cuestiona por considerar,
que según las normas confrontadas con los actos administrativos, son violatorios de normas de carácter
constitucional, convencionales, legal y de precedentes jurisprudenciales, por atentar contra principios y
derechos fundamentales, como al debido proceso, al trabajo, estabilidad laboral, mínimo vital, seguridad social,
igualdad, vida digna, perjuicio irremediable, se puede concluir que a mi mandante le asiste el derecho a que se
le conceda la medida cautelar de suspensión de los actos administrativos demandados y ordenar su reintegro
por los perjuicios aquí manifestados y causados al demandante e igualmente a sus dos hijos, por sus
padecimientos de tipo psicológicos que se han deteriorado con el tiempo ya que cuando fue desvinculado
eran menores de edad y sujetos de especial protección por la constitución y la ley , al igual que al patrimonio de
los ciudadanos y del gobierno nacional, quien se ha visto compelido a cancelar múltiples salarios a diferentes
personas por el incumplimiento de la Juez 8° Laboral del Circuito de Medellín por la omisión de nombrar en
propiedad en el cargo de citador grado 3 a pesar de los múltiples concursos efectuados y a la manifestación de
que tiene en su posesión la lista de elegibles y del Consejo Superior de la Judicatura por no hacer cumplir los
acuerdos por medio de los cuales ha publicado los diferentes concursos desde el año 2013 que igualmente son
costosos para su promulgación y diferentes etapas de los mismos. Suspensión que se haga efectiva hasta que
sea proferida la sentencia de 2ª instancia por el incumplimiento de los artículos de las normas enunciados en la
demanda y el Concepto de Violación, así como de las Leyes, Decretos, Precedentes Jurisprudenciales, de las
Convenciones internacionales y de la Constitución Política de Colombia, (…) que se debieron tener en cuenta
en la creación del Acuerdo 1392 de 2002 el cual creo el formato de calificación de servicios y de la
confrontación de las normas antes transcriptas con los actos administrativos se demuestra la violación de los
mismos”.

Id Documento: 11001031500020210687501005025210025
El Auto Interlocutorio No. 197 de 2 de septiembre de 2021, que resuelve sobre la medida cautelar dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento No. 05001-33-33-010-2014-01826-01, estableció lo siguiente (se trascribe):
“Una vez leído el extenso memorial en el que se solicita y fundamenta la suspensión provisional, el Despacho
concluye que no es procedente su decreto puesto que, del análisis de los actos en confrontación de los
argumentos plasmados en el escrito, se puede deducir una ilegalidad que dé lugar al decreto de la medida
cautelar solicitada. Respecto a las razones relacionadas con la violación al debido, proceso, derecho de
contradicción y de defensa y doble instancia, el Despacho concluye que atacan el fondo del asunto debatido,
pues cuestionan la forma como la juez 8 laboral del Circuito de Medellín, calificó el desempeño del actor en su
calidad de Citador Grado 3 del Despacho; dispuso su retiro del Id Documento: 11001031500020210687500005025220007 5-6 servicio y también cuestionan la supuesta vulneración al debido
proceso, al no garantizarse el derecho a la doble instancia frente a los actos proferidos. El aspecto anterior, es
precisamente el asunto a resolver en segunda instancia y para definirlo, se requiere una valoración de toda la
prueba recaudada en primera instancia y la fundamentación e interpretación jurídica que de ellas hace cada
parte y la decisión del Juez de Primera instancia, actividad que es propia de la sentencia. Adicionalmente, se
precisa al solicitante, que la medida de suspensión provisional, si bien “puede ser solicitada desde la
presentación de la demanda y en cualquier estado del proceso”, su estudio debe guardar relación con los
fundamentos y el concepto de violación planteado en la demanda inicial (…)”. En el recurso de reposición contra el auto que negó la solicitud de medida cautelar dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento No. 05001-33-33-010-2014-01826-01 se estableció lo siguiente (se transcribe): “(…)
queda demostrado que dichos actos administrativos están viciados de nulidad por la violación al debido
proceso en la elaboración del acta o Formulario de Calificación Integral de Servicios Empleados sin Funciones de
Sustanciación Corporaciones o Despachos Judiciales(3) de la confrontación de los artículos de la constitución
nacional, normas legales y los precedentes jurisprudenciales en el entendido de quien era el superior
administrativo para resolver el Recurso de Reposición(5) en subsidio el de Apelación y que la motivación que se
hiciera basada en las pruebas aportadas con la contestación de la demanda visible a folios 134 a 305 Carpeta
de Seguimiento(9), del expediente no le fueron puestas en conocimiento físicamente a mi mandante cuando le
fue notificada por la secretaria del Juzgado 8º Laboral Oral del Circuito de Medellín señora PAOLA ANDREA
ALVAREZ ISAZA, la calificación insatisfactoria del periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del
2013(3) y en las cuales solo se aportó prueba negativa en contra del demandante y la cual adolece de
aspectos positivos que debió haber tenido en Id Documento:

11001031500020210687500005025220005 cuenta su
superior jerárquica para poder equiparar la prueba para la posterior desvinculación de mi mandante dando
cumplimiento a todos los requisitos que exige la ley, ni le fue brindada capacitación en todos los años que
estuvo vinculado a la rama judicial, que las pruebas que aporto son para demostrar que su superior
administrativa no lo desvinculo por la necesidad del servicio sino simplemente con el fin de sacarlo de la rama
judicial, solicito que sea valorada como prueba la estadística decretada como prueba de oficio, ya que la
misma no está en poder de mi mandante. (Negrillas y subrayas intencionales) Y permite que se resuelva en forma
positiva el decreto de la medida de suspensión provisional de los actos administrativos aquí demandados y se
ordene el reintegro de mi poderdante hasta que sea tomada la decisión en segunda instancia (…)”. El Auto de 29 de septiembre de 2021 que resuelve sobre la reposición de la medida cautelar dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento No. 05001-33-33-010-2014-01826-01 estableció lo siguiente (se transcribe): “(…) De
la revisión del recurso de reposición presentado, el Despacho concluye que no hay lugar a reponer el auto que
negó el decreto de la medida de suspensión provisional, puesto que, en él memorial aportado no se exponen
razones nuevas o diferentes que permitan concluir que los actos acusados violan el ordenamiento jurídico y que
sea necesario, suspender los efectos mientras se dicta sentencia definitiva. Más allá de la transcripción de las
providencias relativas a la procedencia de las medidas de suspensión provisional, no se sustenta el porqué de la
alegada vulneración y se limita el apoderado a reiterar situaciones personales, económicas y familiares que a su

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Demandante: José Arnoldo Henao Castrillón
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica – declara improcedente
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permitan a esta Sala abordar un análisis de fondo sobre las decisiones
enjuiciadas.

23. Se tiene entonces que, la parte actora, ante el juez de tutela, alegó
aspectos que fueron sometidos al conocimiento del juez natural, los cuales,
a su turno, fueron debatidos y resueltos razonablemente en el trámite del
proceso ordinario.

24. En ese sentido se recuerda que las diferencias interpretativas que
existieren entre el demandante y el juez natural de la causa no constituyen,
por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones
del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por
qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una
tutela contra providencia judicial, pues este un mecanismo constitucional
de amparo de derechos fundamentales de carácter excepcional12.

25. Así las cosas, de cara a la insuficiencia argumentativa y a la evidente

Id Documento: 11001031500020210687501005025210025
reiteración de inconformidades, esta Sala concluye que lo que se
pretende con la solicitud de amparo fue reabrir el debate jurídico y
someterlo a una instancia adicional.

26. En lo que respeta al requisito de subsidiariedad, la Sala estima que, al
encontrarse que no se satisfizo el de relevancia, ello basta para declarar la
improcedencia de la acción. Razón por la cual se abstendrá de hacer
algún pronunciamiento al respecto.

2.3. Conclusiones

27. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela es
improcedente, en tanto, los reparos alegados no revisten de relevancia
constitucional. En consecuencia, se abstendrá de estudiar los demás
requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial y el fondo del asunto, y confirmará la improcedencia de la misma.

28. Sin embargo, debe indicarse que se modificará la decisión de primer
grado que rechazó por improcedente la solicitud de amparo, para que, en
su lugar, disponga que declarar la improcedencia, toda vez que el
rechazo de la acción, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, está

juicio fueron consecuencia de la decisión de Id Documento: 11001031500020210687500005025220006 3-4 retiro
del servicio del demandante, las cuales para el Despacho, no son suficientes para acceder a su solicitud, pues el
primer aspecto que debe acreditarse para que sea procedente el decreto de la medida de suspensión
provisional, es la ilegalidad de los actos acusados (…)”.
12 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659

de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06875-01
Demandante: José Arnoldo Henao Castrillón
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Modifica – declara improcedente
______________________________________________________________________________________________________________

previsto para la falta de corrección del escrito de tutela (artículo 17) y las
actuaciones temerarias (artículo 38).

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia proferida el 22 de noviembre de 2021,
mediante la cual la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado rechazó por improcedente la acción de tutela interpuesta por José
Arnoldo Henao Castrillón en contra del Tribunal Administrativo de
Antioquia. En su lugar, se dispone:

DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
Arnoldo Henao Castrillón en contra del Tribunal Administrativo de

Id Documento: 11001031500020210687501005025210025
Antioquia, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin13.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CUARTO. Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

13 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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