Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06880-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06880-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-06880-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
10 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-06880-01
Actor: Carmelo Higuera Aguas
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) trabajo en conexidad
con el principio constitucional de la buena fe
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 11 de noviembre de 2021 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, por medio de la cual negó las pretensiones del amparo.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Meta, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 11 de marzo
de 2021, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 50001-33-33-003-2016-00416-01,
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo en conexidad
con el principio constitucional de la buena fe.
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Actor: Carmelo Higuera Aguas
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que fue nombrado por la Secretaría de Educación del Municipio de
Villavicencio en provisionalidad, el 18 de agosto de 2015, mediante Resolución núm.
1500.56.03/2639, en el cargo de docente en el área de ciencias sociales en la
Institución Educativa Playa Rica del Municipio de Villavicencio, en reemplazo del
titular del cargo José Humberto Boyacá Mojica, a quién se le concedió una comisión
no remunerada.
4. Expresó que el 11 de marzo de 2016, mediante la Resolución núm.
1500.56.03/1090 se terminó la comisión de servicios no remuneradas “[…] para
periodo de prueba […]” del docente José Humberto Boyacá Mojica, y se declaró la
vacancia definitiva del cargo de docente para el área de ciencias sociales de la
Institución Educativa Playa Rica del Municipio de Villavicencio.
5. Manifestó que por medio de la Resolución núm. 1500.56.03/1957 del 28 de junio
de 2016, se terminó su nombramiento provisional, en vacancia temporal del cargo
como docente de la Institución Educativa Playa Rica del Municipio de Villavicencio.
6. Señaló que presentó demanda contra el Municipio de Villavicencio en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se
declarara la nulidad de la Resolución núm. 1500.56.03/1957 del 28 de junio de 2016;
y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara al Municipio de
Villavicencio el reintegro del actor al mismo cargo que desempeñaba en el momento
de la desvinculación o a otro de igual o superior categoría.
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Actor: Carmelo Higuera Aguas
Sentencia proferida el 25 de abril de 2018 por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Villavicencio dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
50001-33-33-003-2016-00416-01
7. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Villavicencio decidió acceder a
las pretensiones de la demanda.
8. Consideró que, de acuerdo a la estabilidad laboral reforzada para los cargos de
carrera sentada jurisprudencialmente por la Corte Constitucional, los fundamentos
dados por la Secretaría de Educación de Villavicencio para finalizar el
nombramiento en provisionalidad del actor, carecen de una verdadera motivación
mediante el cual la Administración municipal hubiera explicado las circunstancias
de hecho y de derecho, por las cuales dio por terminado su nombramiento, pues es
evidente que al momento de la expedición de la Resolución núm.06312 del 7 de
abril de 2016, ya se encontraba consolidado el derecho del actor a la estabilidad
laboral reforzada, toda vez que su nombramiento en provisionalidad se produjo el
18 de agosto de 2015.
9. Señaló que con fundamento en la Constitución y en la Ley, el nombramiento en
provisionalidad se justifica mientras se provee el cargo por el sistema de méritos,
por lo que la consecuencia natural es que la persona en quien recae ese excepcional
nombramiento está llamada a ocupar el cargo hasta que esa condición se cumpla.
Sentencia proferida el 11 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Meta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el número único de radicación 50001-33-33-003-2016-00416-01
10. La parte resolutiva de la mencionada providencia dispuso textualmente lo
siguiente:
“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por la JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO, el 25 de abril de
2018, por las razones expresadas en esta providencia. En su lugar se DISPONE:
• NIEGUENSE las pretensiones de la demanda […]”.
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Actor: Carmelo Higuera Aguas
11. Consideró que:
“[…] No comparte la Sala la conclusión a la que llegó la Jueza de 1ª instancia, en
cuanto a que el acto de retiro del actor no fue motivado, pues del análisis detenido
del contenido de dicho acto, se puede colegir que la Administración da las razones
por las cuales procedió a retirar del cargo de carrera administrativa que ocupaba el
demandante en provisionalidad, y no es otra que, el actor fue nombrado por el
tiempo que durara la situación administrativa, ( art. 13 del Decreto 1278 de 2002 )
quedando supeditada a la duración de la COMISIÓN DE SERVICIOS del DOCENTE
JOSE HUMBERTO BOYACÁ MOJICA, y culminada la misma, la provisionalidad del
actor terminaba, y debía procederse a declarar la vacancia definitiva del cargo que
estaba ocupando el actor, y dar cumplimiento a lo dispuesto por el MINISTERIO
NACIONAL en la Resolución No 06312 del 7 de abril de 2016, que habilitó el
aplicativo del BANCO NACIONAL DE LA EXCELENCIA, y quien se encontraba
inscrita y seleccionada en dicho aplicativo para ocupar en provisionalidad el cargo
que estaba desempeñando el demandante, HIGUERA AGUAS, era la señora YUDI
ELIZABETH BONILLA ROJAS.
Para este Juez colegiado, no es cierto que el acto administrativo no esté motivado,
ni que hubiere consignado referencias de carácter general y abstracto que no se
relacionen de manera directa con el caso particular, porque como se puede ver, en
el acto administrativo de retiro se expusieron de forma detallada y precisa los
motivos que llevaron a la terminación del nombramiento en provisionalidad del actor.
Ahora, que esos motivos resulten constitucionalmente validos a la luz de las
directrices que sobre la materia ha establecido la jurisprudencia, es otra cosa, y por
ello es necesario entrar a determinar si el retiro del demandante se dio por una razón
suficiente.
Como se dijo, la terminación del vinculo (sic) en provisionalidad del actor se produjo
por la aplicación de la Resolución No 06312 del 7 de abril de 2016, donde el
MINISTERIO DE EDUCACIÓN habilitó el aplicativo BANCO NACIONAL DE LA
EXCELENCIA […]”.
[…]
“[…] Entonces, analizado el contenido del acto administrativo que retiró del cargo al
accionante en conjunto con las normas que regulan el actual aplicativo del BANCO
NACIONAL DE LA EXCELENCIA, encuentra esta Corporación que existió una razón
legal suficiente desde la óptica de la jurisprudencia de la CORTE
CONSTITUCIONAL, para haberse retirado del servicio al accionante.
Lo anterior, porque diferente a lo esbozado por la Jueza de 1ª instancia, el actor no
gozaba fuero alguno de estabilidad laboral reforzada, pues no ingresó al cargo a
través del respectivo concurso de méritos previsto en el sistema de carrera especial
docente, como tampoco, se trataba de un sujeto de especial protección
constitucional. Por el hecho de haber sido nombrado en provisionalidad en un cargo
de carrera administrativa, tan solo le asistía una estabilidad laboral relativa, que se
traduce en el deber que tenía la Entidad demandada que al retirarlo del servicio
debía motivar en debida forma el acto administrativo de retiro, dando una motivación
coherente con la función pública en el Estado Social de Derecho, esto es, que el
retiro haya sido con ocasión del nombramiento en el cargo de la persona que superó
el correspondiente concurso de méritos o por otra razón atinente en el servicio, con
lo cual se logra la protección del derecho al debido proceso, lo que se cumplió en el
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Actor: Carmelo Higuera Aguas
presente caso, ya que la razón del retiro del servicio del actor fue que al haberse
declarado en vacancia definitiva el cargo al cual fue nombrado, que en su momento
estaba en vacancia temporal, y por ello era deber de la Entidad Territorial reportar
tal situación tan pronto entró a regir el aplicativo al BANCO NACIONAL DE LA
EXCELENCIA, lo que ocurrió a partir del 22 de abril de 2016, y de nombrar a la
persona que se encontrara inscrita en dicho aplicativo, con el mayor puntaje.
En ese orden, al haberse adoptado el aplicativo del BANCO NACIONAL DE LA
EXCELENCIA a través de la Resolución No 06312 del 7 de abril de 2016, en
acatamiento a lo ordenado en los Decretos 1075 de 2015 y 490 de 2016, la Entidad
Territorial estaba en la obligación de dar pleno cumplimiento a lo regulado en esa
normativa, en el sentido de que sólo los cargos en vacancia definitiva podrían
suplirse con los aspirantes inscritos en el BANCO NACIONAL DE LA EXCELENCIA,
atendiendo el orden de puntaje de los inscritos […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
12. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Solicito de manera respetuosa se amparen los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO y a la GARANTÍA JUDICIAL en conexidad con los siguientes
derechos constitucionales: DERECHO AL TRABAJO, DERECHOS ADQUIRIDOS,
vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, en la sentencia del 11
de marzo de 2021, proferida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho N° 50001333300320160041601 de CARMELO
HIGUERA AGUAS contra el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, por desconocimiento
del precedente constitucional aplicable al caso.
En consecuencia, solicito se revoque, o deje sin efecto, la sentencia del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL META fechada del 11 de marzo de 2021 proferida dentro
del del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho N°
50001333300320160041601 de CARMELO HIGUERA AGUAS contra el MUNICIPIO
DE VILLAVICENCIO y en su lugar se ORDENE al Tribunal proferir dentro de las 48
horas siguientes una nueva sentencia conforme al precedente constitucional […]”.
13. El actor en su escrito de tutela señaló que el Tribunal Administrativo del Meta
incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y en
un defecto fáctico.
Actuación
14. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por auto de 19
de octubre de 2021; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los
magistrados del Tribunal Administrativo del Meta, y iii) vinculó al Municipio de
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Actor: Carmelo Higuera Aguas
Villavicencio en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndoles el término de
tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la parte demandada y del tercero con interés legítimo
15. El Municipio de Villavicencio solicitó que se le desvinculara del presente
trámite de tutela, toda vez que se configuró la falta de legitimación en la causa por
pasiva.
16. El Tribunal Administrativo del Meta consideró que:
“[…] La suscrita advierte que el demandante pretende usar la ACCIÓN DE TUTELA,
como una 3ª instancia, para debatir las consideraciones a las que se llegaron en la
sentencia judicial del 11 de marzo de 2021, desconociendo con ello que dicha acción
se concibió únicamente para dar solución a la transgresión de un derecho
fundamental, pero no para discutir las interpretaciones o valoraciones que son
propias del Juez natural, dentro del ejercicio de la autonomía judicial. En efecto, la
ACCIÓN DE TUTELA no fue instituida como tercera instancia o herramienta para
modificar decisiones judiciales que hayan hecho tránsito a cosa juzgada.
De esta manera, se pretende, no solo el respeto por las decisiones judiciales
proferidas en desarrollo de procesos agotados en su totalidad, y que dentro de los
cuales se establecieron recursos ordinarios, extraordinarios y otros mecanismos
para que las partes involucradas pudiesen controvertir las diferentes actuaciones y
proteger sus derechos, sino que se busca mantener en firme el principio de cosa
juzgada y la seguridad jurídica que generan los fallos judiciales […]”.
La sentencia impugnada
17. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
sentencia de 11 de noviembre de 2021, resolvió lo siguiente:
“[…] Primero. Denegar el amparo invocado por el señor Carmelo Higuera Aguas,
de acuerdo con lo expuesto en este proveído […]”.
18. Consideró que:
“[…] Quiere decir lo referido, que el Tribunal acató la jurisprudencia constitucional
en torno a la motivación de los actos administrativos de retiro de provisionales que
desempeñan cargos de carrera, pues a más de las causales previstas en la
sentencia SU-917 de 2010, también aplicó las señaladas en las sentencias T-147 de
2013, T-753 de 2010 y T-407 de 2016, sobre la existencia de una motivación
constitucional admisible.
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El Tribunal fue claro en advertir, al analizar el caso concreto, que el cargo para el
cual fue nombrado el demandante, en provisionalidad, fue para suplir una vacancia
temporal y no una definitiva (en atención a que el titular del empleo se nombró en
comisión de servicios para desempeñar otro en periodo de prueba), y dado que el
titular del cargo se nombró en propiedad en el empleo para el que le fue concedida
la comisión de servicios, el cargo ocupado por el demandante pasó a estar en
vacancia definitiva y, por tanto, procedía su provisión de acuerdo con la normatividad
aplicable y al provisional no le asistía ningún tipo de estabilidad.
De esta forma, la Sala advierte que la conclusión a la que arribó el Tribunal, de
revocar la decisión del fallador de primera instancia y negar las pretensiones de la
demanda, se encuentra ajustada a la normativa y jurisprudencia aplicable al caso,
en tanto se explicó de manera clara y detallada el por qué el acto administrativo de
retiro fue debidamente motivado y, además, aportó la razón por la cual no le asistía
ningún tipo de estabilidad intermedia.
Por tanto, se difiere de lo señalado por el accionante, pues el Tribunal no desconoció
la jurisprudencia constitucional aplicable al caso, sino que, por el contrario, la trajo a
colación y aplicó los criterios allí previstos, dando así prevalencia a las garantías
constitucionales del demandante.
Visto lo anterior, lo que se observa en el sub lite es una abierta disconformidad de
la parte actora con el criterio adoptado por el fallador, quien resolvió la controversia
planteada bajo un amplio análisis de los preceptos que regulan la materia objeto de
estudio, con fundamento en lo cual encontró ajustado a derecho el acto
administrativo demandado, hecho que no constituye per se vulneración de derechos
fundamentales […]”.
La impugnación
19. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:
“[…] Disiento de la decisión de la Honorable Sala, en virtud de que no realizó el
análisis jurídico a los argumentos de hecho y de derecho expuesto por el Suscrito
en la presente acción de tutela porque el acto administrativo demandado no cumple
con los presupuestos de razón suficiente “u otra razón especifica atinente al
servicio” sencillamente porque esta razón no es válida, no es verdadera conforme
se ha insistido en la presente acción constitucional, así:
a. Sea lo primero manifestar que en virtud del principio de economía procesal y
para no ser repetitivo en el escrito, solicito al honorable Despacho tener en cuenta
los argumentos fácticos y jurídicos invocados en la acción de tutela.
b. El derecho que le asiste al Suscrito es el de la estabilidad laboral reforzada
porque fui nombrado en provisionalidad el 18 de agosto de 2015 y el Ministerio de
Educación expidió la Resolución Nº 06312 el 7 de abril de 2016. Esta Resolución
Nº 06312 es la que impone la utilización del aplicativo “Banco Nacional de la
Excelencia”, para llenar las vacantes de los cargos docentes mediante
nombramiento provisional. En otras palabras, en el momento en que fui nombrado
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en provisionalidad, no existía el requisito de llenar las vacantes de los cargos
docentes mediante nombramiento provisional del Banco Nacional de la Excelencia;
por lo tanto, no me es aplicable.
c. El Docente José Humberto Boyacá Mojica, quien es el titular del cargo en el cual
me nombraron en provisionalidad, se pensionó y fue declarado el cargo en
vacancia definitiva el 11 de marzo de 2016 y al Suscrito se le terminó el
nombramiento el 28 de junio de 2016.
d. Si bien el acto administrativo demandado – Resolución 1500.56.03/1957 del 28
de junio de 2016 – está motivado y la motivación es que “el actor fue nombrado por
el tiempo que durara la situación administrativa, (art. 13 del Decreto 1278 de 2002
) quedando supeditada a la duración de la COMISIÓN DE SERVICIOS del
DOCENTE JOSE HUMBERTO BOYACÁ MOJICA, y culminada la misma, la
provisionalidad del actor terminaba, y debía procederse a declarar la vacancia
definitiva del cargo que estaba ocupando el actor, y dar cumplimiento a lo dispuesto
por el MINISTERIO NACIONAL en la Resolución No 06312 del 7 de abril de 2016,
que habilitó el aplicativo del BANCO NACIONAL DE LA EXCELENCIA, y quien se
encontraba inscrita y seleccionada en dicho aplicativo para ocupar en
provisionalidad el cargo que estaba desempeñando el demandante, HIGUERA
AGUAS, era la señora YUDI ELIZABETH BONILLA ROJAS”, siendo razón
suficiente para separarlo del cargo.
También lo es que al cargo del Suscrito no le aplicaba la directiva del Ministerio
Nacional, porque i) La Directiva emitida por el Ministerio de Educación fue expedida
después de que el Suscrito fuera nombrado en provisionalidad y ii) el cargo no
estaba vacante, estaba ocupado en provisional por el Suscrito.
e. El Artículo 58 de la Constitución Política, expresa respecto de los derechos
adquiridos:
“ARTICULO 58. Modificado por el art. 1, Acto Legislativo No. 01 de 1999. el nuevo
texto es el siguiente: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos
ni vulnerados por leyes posteriores. (…)”
f. El honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, desconoce el
precedente Constitucional y del Consejo de Estado, sobre la desvinculación de
empleados nombrados en provisionalidad, el cual en síntesis que:
• La insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva del
cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo.
• La imposición de sanciones disciplinarias
• La calificación insatisfactoria
• Otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el
funcionario concreto.
No se cumplen con los presupuestos de razón suficiente “u otra razón especifica
atinente al servicio” porque esta razón no es válida o verdades conforme se ha
venido indicando desde la presentación del medio de control, por lo tanto, se
considera que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, desconoció o dejó de
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aplicar es el consignado en la Sentencia SU – 917 de 2010 de la Corte
Constitucional.
Ahora bien, si en gracia de discusión se tiene, que la motivación del acto
administrativo es razón suficiente, tampoco se cumplen con los presupuestos,
conforme a lo siguiente:
1. La terminación de la comisión de servicios no remunerados para periodo de
prueba del docente JOSÉ HUMBERTO BOYACÁ MOJICA, se realizó el 11 de
marzo de 2016, mediante Resolución Nº 1500.5603/1090, donde también se
“declaró la vacancia definitiva de un cargo de docente de aula para el área de
Ciencias Sociales como para la institución educativa UNIDAD EDUCATIVA PLAYA
RICA”.
2. Para el 11 de marzo de 2016, cuando se declaró la vacancia definitiva del cargo
de docente que hoy nos ocupa, no se había habilitado el Banco de la Excelencia,
conforme se expresó en la misma Resolución Nº 1500.56.03/1957 […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
20. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20211 y
en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20182 y con el artículo 13
del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento
de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
21. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
1 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
2 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
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Cuestión previa
22. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
23. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
24. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20063, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una
pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
3 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el
juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la
acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos,
contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación
de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el
segundo estatuto."[4]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta
misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que
el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos
fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la
tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño
[…]”.
25. La Sala advierte que el Municipio de Villavicencio solicitó su desvinculación de
la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.
26. Al respecto, es preciso indicar que el actor presentó solicitud de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Meta, porque al proferir la sentencia de 11 de marzo de
2021, vulneró sus derechos fundamentales, en donde se evidencia que al interior
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el núm. de
radicación 50001-33-33-003-2016-00416-01, el Municipio de Villavicencio fungía
como parte demandada.
27. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que al Municipio de Villavicencio le asiste
interés en la decisión de tutela que se profiera, por lo que se declarará no probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva alegada.
Problema jurídico
28. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
4 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito de relevancia constitucional.
29. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al trabajo; v) marco normativo y jurisprudencial del principio
constitucional de la buena fe, procediendo posteriormente a vi) resolver el caso
concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los
requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
30.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena , en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
5
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
31. Esta Sección adoptó6 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005 , proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
7
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
7 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
32. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
33. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos parámetros.
34. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
35. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 . 9
8 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
36. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
Acerca del requisito de la relevancia constitucional
37. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
2014 , al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:
10
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[12].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [ ]. 13
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
10 Ut supra página 6.
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional[ ]. 14
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [ ]. Si 15
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [ ]. 16
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [ ]; el derecho a 17
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).
38. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado : 18
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”19
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
18 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
19Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”20
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
39. En ese orden de ideas, el requisito de la relevancia constitucional se acredita
cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se involucra la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el actor en su
escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la afectación de los
derechos fundamentales.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
40.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
41.Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
21
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
20 Ibidem.
21 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
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judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo
42. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.
43. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo ha
dicho lo siguiente22:
“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de derecho
y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental el derecho
al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la personalidad
jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la medida en que a
través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve logran su
perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría existir
dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios indispensables
para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial creativo y de servicio
a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo pone en contacto
productivo con su entorno.
El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
22 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del principio constitucional de la buena fe
44.Visto el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones
que aquellos adelanten ante éstas […]”.
45. Atendiendo a que la Corte Constitucional23 ha definido el principio constitucional
de la buena fe “[…] como aquel que exige a los particulares y a las autoridades
públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con
las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”24. En
este contexto, la buena fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con
trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que
otorga la palabra dada […]”.
Análisis del caso concreto
46. El actor, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Meta, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 11
de marzo de 2021, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 50001-33-33-003-2016-
00416-01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo en
conexidad con el principio constitucional de la buena fe.
47. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
23 Corte Constitucional, Sentencia C -1194 de 3 de diciembre de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
24 Ver Sentencia T-475 de 1992
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-06880-01
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48. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el
actor en su respectivo escrito de tutela e impugnación.
Acervo y análisis probatorios
49.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
49.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, el 11 de marzo de 2021.
Solución al caso en concreto
Análisis del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional
50. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada incurrió
en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial. En ese orden
de ideas, señaló lo siguiente:
“[…] El precedente constitucional que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META,
desconoció o dejó de aplicar es el consignado en la Sentencia SU – 917 de 2010 de
la Corte Constitucional que básicamente sostiene, que:
“…la Corte ha hecho referencia al principio de “razón suficiente” en el acto
administrativo que declara la insubsistencia o en general prescinde de los servicios
de un empleado vinculado en provisionalidad, donde “deben constar las
circunstancias particulares y concretas, de hecho y de derecho, por las cuales se
decide remover a un determinado funcionario, de manera que no resultan válidas
aquellas justificaciones indefinidas, generales y abstractas, que no se predican
directamente de quien es desvinculado”. En otras palabras, de acuerdo con la
jurisprudencia decantada por esta Corporación, “para que un acto administrativo de
desvinculación se considere motivado es forzoso explicar de manera clara, detallada
y precisa cuáles son las razones por las cuales se prescindirá de los servicios del
funcionario en cuestión” (sic).
2 . En este orden de ideas, sólo es constitucionalmente admisible una motivación
donde la insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva
del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de
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Actor: Carmelo Higuera Aguas
sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria “u otra razón específica
atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto”.
(negrilla y subrayado fuera del texto original).
Este precedente constitucional está consolidado y reiterado en innumerables
decisiones tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado. Por
ejemplo, en sentencia T – 723 de 2011, la Corte sostuvo:
“No debe equipararse la situación de quien ocupa en provisionalidad un empleo de
carrera, con la de quien ha sido designado para desempeñarse en un empleo de
libre nombramiento y remoción, no dependiendo la permanencia en el cargo de una
facultad totalmente discrecional del nominador, sino de que exista una razón
suficiente desde la perspectiva del servicio, que justifique el retiro”. (Negrilla fuera
del texto original).
Y en la T-716/13, reiteró:
“6.5.3 En cuanto al contenido de la motivación de los actos de insubsistencia de los
empleados nombrados en provisionalidad, la jurisprudencia ha precisado que ha de
cumplir ciertas exigencias mínimas. En este sentido, la administración en general, y
el nominador en particular, deben dar aplicación al principio de “razón suficiente” en
el acto que declara la insubsistencia de un empleado vinculado en provisionalidad.
Es decir, que las causales para la terminación de un nombramiento en
provisionalidad, son las siguientes:
1. La provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos
respectivo;
2. La imposición de sanciones disciplinarias;
3. La calificación insatisfactoria
4. “u otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar
el funcionario concreto”.
De lo anterior, se advierte que no se cumple con ninguna de las causales enlistadas,
en el precedente constitucional […]”.
51. Ahora bien, para la Sala el actor no cumplió con la carga argumentativa
mínima para estructurar el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, toda vez que no indicó específicamente cuales fueron las i)
reglas y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las providencias que
mencionó en su escrito de tutela, y mucho menos argumentó que las ii) situaciones
fácticas y los iii) problemas jurídicos en ambos casos eran análogos o similares.
60. En ese orden de ideas, para la acreditación del requisito de relevancia
constitucional respecto al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, no basta con citar de manera genérica la jurisprudencia del Consejo de
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Actor: Carmelo Higuera Aguas
Estado o de la Corte Constitucional, sino que por el contrario, el actor tiene la carga
argumentativa de señalar en su escrito de tutela el cumplimiento de los elementos
que permiten configurar la existencia de un precedente judicial25, esto es, i) que
en la ratio decidendi de las sentencias invocadas por el actor en su escrito de tutela
se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta
ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii)
que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente26.
52. Esta Sección con ponencia del Consejero de Estado, doctor Roberto Augusto
Serrato Valdés al resolver un caso en donde los actores habían considerado que la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial contenido en la sentencia SU-072 de 2018, consideró que no se
había acreditado el requisito de la relevancia constitucional por falta de carga
argumentativa, al considerar lo siguiente27:
“[…] FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
1. Los accionantes, a través de apoderada judicial, impugnaron la decisión de
primera instancia acusándola de desconocer los artículos 1º, 2º, 6º, 13, 28, 29, 32,
42, 83, 93, 94, 228, 229 y 230 de la Constitución Política; la Convención Americana
de Derechos Humanos, y distintas sentencias proferidas por el Consejo de Estado
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos.
2. En desarrollo del escrito de impugnación los accionantes expresaron su
inconformidad con el ejercicio de la función investigativa que desarrolló la Fiscalía
General de la Nación y la jurisdicción ordinaria, especialidad penal, cuando privaron
de la libertad al señor Morales Álape. Específicamente reprocharon que no se
hubiesen percatado de que el procesado residía en el municipio de La Dorada
(Caldas).
3. Aunado a lo anterior, expusieron la importancia y el alcance del derecho a la
libertad de que se garantiza en la Constitución Política y en distintos instrumentos
jurídicos internacionales.
25 Respecto a la carga argumentativa mínima para estructurar el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 19 de abril de 2021, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001-03-15-000-2021-
00999-00.
26 Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.
Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de
2021, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2020-04147-01.
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Actor: Carmelo Higuera Aguas
4. Seguidamente abordaron los elementos de la responsabilidad del Estado por
privación injusta de la libertad. En desarrollo de este argumento señalaron que «ser
privado de la libertad, siendo inocente - así sea que dicha privación se dé con apego
al ordenamiento jurídico - no es una carga que las personas estén obligadas
jurídicamente a soportar; por lo cual los daños producto de tal privación son
antijurídicos, naciendo con ellos una responsabilidad para el Estado».
5. Igualmente, expresaron su inconformidad con el sistema penal colombiano.
Especialmente centraron su crítica en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004 y los
presupuestos que esta norma prevé para que la justicia penal ordene la detención
preventiva de un ciudadano que es objeto de una investigación.
6. Por último, elaboraron un resumen de las intervenciones de las entidades
accionadas y vinculadas en la presente acción de tutela y concluyeron que se
desconoció el precedente contenido en la sentencia SU – 072 de 2018 sin
indicar las razones por las cuales inferían tal conclusión […]”. (Resaltado por la
Sala).
[…]
“[…] Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala encuentra que la
apoderada judicial de los accionantes, al impugnar la decisión del a quo, no
realizó una exposición concreta, específica, clara y coherente acerca del
motivo por el cual consideraba que la sentencia de primera instancia fue
desacertada al declarar la falta de relevancia constitucional y negar la solicitud
de amparo respecto del defecto fáctico.
7. Por el contrario, lo que se percibe del escrito de impugnación es un conjunto
de insatisfacciones de la apoderada judicial de la parte accionante con el
ordenamiento jurídico nacional. Específicamente con el ordenamiento penal y
con las reglas de procedencia de la medida preventiva de privación de la
libertad.
8. Así las cosas, para la Sala de Decisión no es posible abordar el estudio de
fondo del escrito de impugnación por las serias deficiencias argumentativas
que contiene el mismo, lo que impide que esta Sección pueda evaluar si, en
efecto, se incurrió en alguno de las causales específicas de procedencia de la
acción de tutela resaltándose que el extremo accionante estuvo en todo
momento representado por una profesional del derecho. Por tal motivo, se
deberá confirmar la sentencia impugnada […]”. (Resaltado por la Sala).
53. De igual manera, esta Sección con ponencia del Consejero de Estado, doctor
Oswaldo Giraldo López, frente al tema consideró lo siguiente28:
“[…] La Sala estima que, en este caso, no está acreditada la relevancia
constitucional respecto del derecho fundamental a la igualdad, puesto que la
accionante, si bien cumplió con la carga de identificar la sentencia que a su
juicio constituye un precedente, esto es, la sentencia proferida por la Corte
28Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de abril de 2021,
C.P Oswaldo Giraldo López, número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-00843-00.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-06880-01
Actor: Carmelo Higuera Aguas
Constitucional C-258 del 7 mayo de 201329, no explicó la regla jurisprudencial
que considera era aplicable a su caso y que la autoridad judicial accionada
desatendió, argumentación que habilitaría al juez de tutela para analizar si en
las providencias cuestionadas se configuró algún yerro.
Por el contrario, se observa que, en el escrito de tutela, la parte actora se limitó
a señalar que “los fallos de instancia desconocen el precedente constitucional
vertido por la honorable Corte Constitucional en tanto en la sentencia de
constitucionalidad 258 de 2013 estableció que los funcionarios públicos que
ya se encontraban vinculados a 01 de abril del año 1994, no se les aplica la
Ley 100 de 1993 en materia pensional, situación fáctica y jurídica en la que se
encuentra mi prohijada como funcionaria civil del Ministerio de Defensa regida
por el Decreto 1214 de 1990 (personal de planta central del Ministerio de
Defensa Nacional), o del Decreto 2701 de 1988 (personal de las entidades
descentralizadas, adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional)”.
Lo dicho, habida cuenta que no basta con citar la jurisprudencia del Consejo
de Estado o de la Corte Constitucional para tener por superado el requisito de
relevancia constitucional respecto del derecho fundamental a la igualdad,
puesto que, para evidenciar una eventual transgresión del mismo, se requiere
que el accionante explique con claridad por qué refiere a las precitadas
providencias en el escrito de tutela; es decir, si lo que persigue es endilgar un
posible desconocimiento del precedente o si, por el contrario, se enlistaron
con otro propósito, más cuando la parte actora omitió exponer cuál fue la regla
jurisprudencial que estima debió tenerse en cuenta para resolverlo […]”.
(Resaltado por la Sala).
54. De igual manera, el actor en su escrito de tutela indicó que el Tribunal
Administrativo del Meta incurrió en un defecto fáctico. En ese orden de ideas,
expresó que:
“[…] También se cumplen los requisitos específicos de procedibilidad: a.
Desconocimiento del precedente en el que la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental, y b. Defecto fáctico, porque el Despacho
demandado desconoció el sustento que soportan las pretensiones de la
demanda que negaron […]”. (Resaltado por la Sala).
55. Ahora bien, para la Sala el actor no cumplió con la carga argumentativa
mínima para estructurar el defecto fáctico, toda vez que no i) indicó
específicamente que medios de prueba fueron valorados erróneamente por parte
del juez colegiado; ii) que además dichas pruebas eran relevantes para cambiar el
sentido de la decisión; y iii) demostrar que la valoración errónea de las pruebas fue
una actuación grosera, arbitraria e irrazonable que trajo como consecuencia la
29 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-06880-01
Actor: Carmelo Higuera Aguas
afectación de sus derechos fundamentales, lo cual no aconteció en el caso sub
examine.
56. Esta Sección frente a la carga argumentativa mínima para estructurar el defecto
fáctico ha dicho lo siguiente : 30
“[…] Al efecto, es preciso destacar que, en materia de acción de tutela contra
providencias judiciales, no basta con citar la falta de valoración de medios de
prueba de manera genérica, sino que es necesario que se expresen con
claridad los motivos por los que se considera que su falta de valoración, por
las autoridades accionadas, generó la afectación de derechos de
contenido iusfundamental y, como su falta de estudio o apreciación, incidió
en la decisión que es objeto de reproche y afectó las garantías
constitucionales31.
Esta carencia argumentativa, sin lugar a dudas, no puede ser suplida por el
juez de tutela, en tanto que si bien la acción de amparo se caracteriza por la
flexibilización de formalidades que impidan la garantía de los derechos
fundamentales, tratándose del reproche contra providencias judiciales, es
exigible un mínimo de argumentación que habilite un examen de fondo sobre
actuaciones que han hecho tránsito a cosa juzgada, al ser proferidas por
autoridades investidas de competencia en procesos que ofrecen los medios
para proteger las garantías constitucionales […]”. (Resaltado por la Sala).
57. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la
acción de tutela no puede considerarse absoluto , pues es necesario satisfacer
32
ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos
como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o
amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor
de la amenaza o del agravio , el señalamiento de las causales especiales de
33
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir con
la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso concreto, entre
otros aspectos.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de marzo de
2020, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2020-00365-00.
31 Respecto de la carga argumentativa mínima que se le exige al actor para que se configure el defecto fáctico,
ver entre otras, sentencias T-214 de 2012, T-121 de 2016 y T-074 de 2018, proferidas por la Corte
Constitucional.
32 Sobre el principio de informalidad, ver Corte Constitucional, Auto A165 de 21 de julio 2011, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio
33 Decreto 2591 de 1991, artículo 14.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-06880-01
Actor: Carmelo Higuera Aguas
Conclusiones de la Sala
58. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 11 de noviembre
de 2021, por medio del cual negó las pretensiones del amparo, y en su lugar,
declarará improcedente el amparo, por no haberse acreditado en el caso sub
examine, el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por el Municipio de Villavicencio, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de tutela proferida el 11 de noviembre de 2021
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio del
cual negó las pretensiones del amparo, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR improcedente el amparo, por el no cumplimiento del
requisito de la relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-06880-01
Actor: Carmelo Higuera Aguas
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
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