Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-06889-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-06889-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2021-06889-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
3 de marzo de 2022
Demandante: Ecopetrol S. A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Rad: 11001-03-15-000-2021-06889-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06889-01
Demandante: ECOPETROL S. A.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Modifica la
improcedencia del fallo impugnado, para en su lugar, negar
el amparo solicitado. Rectificación postura.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 15 de diciembre de 2021, por medio de la cual la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo
constitucional solicitado por no cumplir con el presupuesto de la relevancia
constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
Mediante escrito recibido electrónicamente el 8 de octubre de 2021, la
representante legal para fines judiciales y extrajudiciales de Ecopetrol S. A.,
obrando por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela en
contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, para que se protegieran
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, así como el
principio de seguridad jurídica.
Sostuvo que tales garantías las vulneró la autoridad judicial con la expedición
de la sentencia de segunda instancia de 25 de marzo de 2021, en la cual
revocó el fallo que había accedido a las pretensiones de la demanda dentro de
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Demandante: Ecopetrol S. A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Rad: 11001-03-15-000-2021-06889-01
un proceso contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del
derecho que entabló contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), identificado con el radicado 25000-23-37-000-2015-02290-01 (23328),
para en su lugar, denegarlas.
En consecuencia, la parte demandante pretende:
«PRIMERO.- Conceder el amparo de los derechos al debido proceso, a la
defensa, a las situaciones jurídicas consolidadas, a la seguridad jurídica y los
demás que ese H. Despacho considere vulnerados, de los que es titular
ECOPETROL S.A., y en consecuencia, se DEJE SIN EFECTO la Sentencia del
25 de marzo de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo -Sección Cuarta-, dentro del proceso 25000-23-37-
000-2015-02290-01 (23328) pues en ella se adoptan una serie de
consideraciones y decisiones erróneas que afectan a mi representada y la
legitiman en la causa para interponer la presente acción.»
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
2. Hechos
Sostuvo que el 16 de diciembre de 2015, Ecopetrol S. A., mediante apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, promovió proceso contencioso administrativo en contra de la DIAN,
para que se declararan nulas unas resoluciones y, a título de restablecimiento
del derecho, se ordenara reconocer a paz y salvo a la entidad respecto de las
sumas objeto de discusión y se procediera al archivo de los expedientes
respectivos. Proceso que se identificó con el radicado 25000-23-37-000-2015-
02290-01 (23328).
Indicó que lo anterior, se debía a la falta de competencia para determinar la
contribución de los contratos de obra pública, en contravía de lo previsto en el
numeral 1º del artículo 730 del Estatuto Tributario y el Decreto 4048 de 2008 y
por la prescripción de la acción para proferir tales actos. Añadió que la
jurisprudencia del Consejo de Estado que ha precisado que Ecopetrol S. A. no
puede celebrar contratos de obra pública en los términos del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993.
Señaló que del asunto conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca -Sección Cuarta, Subsección B-, que mediante providencia
del 5 de mayo de 2017, declaró la «…nulidad total de 10 resoluciones en las
que se estableció que Ecopetrol S. A. no estaba obligada a pagar el valor
correspondiente a la contribución especial por suscripción de contratos de obra
pública», optando por negar las pretensiones de la demanda en relación con los
demás actos administrativos, en los que sí se concretó su obligación de pago
junto con los respectivos intereses moratorios.
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Demandante: Ecopetrol S. A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
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Mencionó que ambas partes apelaron. Ecopetrol porque se mostró inconforme
con la interpretación que hizo el juez a quo del artículo 76 de la Ley 80 de 1993,
en el entendido de que «no excluyó los contratos vinculados con la industria o
con la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos de la
contribución especial para los contratos de obra pública» y además, solicitó que
se tuvieran en cuenta los argumentos expuestos en la demanda y en todo el
proceso, cargos entre los cuales se encuentra lo siguiente:
«2. Violación al debido proceso por falta de expedición de acto previo y
prescripción de la acción para proferir el acto de determinación de la contribución
…
si la DIAN pretendía evitar la prescripción de la facultad de determinación del
tributo y su cobro, debió adelantar el procedimiento establecido en los artículos
643, 715, 717, y 817 del Estatuto Tributario y expedir los actos previos, dentro
los cinco (5) años contados a partir de la suscripción de cada contrato.»1
Añadió que la DIAN señaló que la demandante era un ente descentralizado del
orden nacional, integrante de la rama ejecutiva y, por tanto, de derecho público,
lo cual era constitutivo del hecho generador de la contribución por suscripción
de contratos de obra pública de que trata la Ley 1106 de 2006.
Afirmó que el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia del 25 de
marzo de 2021 revocó la decisión de primera instancia para, en su lugar, negar
en su totalidad las pretensiones de la demanda, bajo la regla trazada por la Sala
Plena de dicha Corporación en la sentencia de unificación del 25 de febrero de
2020, según la cual, el hecho generador de la contribución de los contratos de
obra pública se realiza sobre los que se celebren con entidades de derecho
público, independientemente de su régimen contractual, en tanto la obligación
tributaria se define en función del contrato suscrito y no de la actividad o
régimen jurídico de la entidad de derecho público.
Mencionó que en dicha providencia se estableció que el conjunto de obras que
tienen como propósito la realización de actividades de construcción, reparación
y mantenimiento sobre unos bienes inmuebles, son propias de un contrato de
obra.
Agregó que, en relación con la prescripción, en la sentencia acusada, se indicó:
«En tal sentido, atendiendo la naturaleza de las actuaciones demandadas y
conforme con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 418 de 1997, se considera
que el término de prescripción para la determinación de la contribución de obra
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Esta cita se extrae de la providencia demandada.
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Demandante: Ecopetrol S. A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
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pública corresponde a la prescripción ordinaria prevista en el artículo 2536 del
Código Civil, es decir de diez (10) años, el cual debe contarse desde la fecha de
pago a los contratistas. De ahí que no sea procedente la declaratoria de
prescripción que ordenó el Tribunal sobre un acto.
Por lo anterior, además, se advierte que en el presente caso no operó la
prescripción, toda vez que los 24 contratos gravados con el tributo fueron
suscritos entre los meses de julio y diciembre de 2009, y conforme datos
consignados en actas liquidación se hicieron pagos entre los años 2009, 2010 y
2011, y la Administración notificó entre los meses de septiembre y diciembre de
2014, los actos de determinación del tributo. De tal manera que, la actuación
administrativa fue proferida de manera oportuna, antes de que culminara el plazo
de prescripción ordinaria establecido en el artículo 2536 del Código Civil.
En consecuencia, prospera el cargo para la parte demandada.»
3. Sustento de la petición
3.1. La sociedad accionante, de manera general2, expuso en su solicitud de
amparo, los siguientes argumentos:
3.1.1 «Caso concreto»
Manifestó que la providencia demandada concluyó que la celebración de los
contratos conllevó a la realización del hecho generador de la contribución de los
contratos de obra pública.
Adujo que la sentencia de unificación, en la cual se fundamentó la decisión
acusada «…adolece de todo tipo de vicios, motivo por el cual mi representada
interpuso acción de tutela…Sin embargo, en atención a los impedimentos
manifestados por los respectivos Consejeros, a la fecha no ha sido posible que
se le dé trámite … [ ] La referida SU incurre en vicios tales como: i) desconoce
las propias reglas establecidas en la Sentencia de Unificación respecto del
análisis propio de cada contrato, ii) desconoce el precedente que ha amparado
el actuar de Ecopetrol y en el cual se reconoce que en efecto los contratos
suscritos corresponden a actividades relacionadas con la exploración y
explotación de recursos naturales a los cuales no se les puede aplicar la
contribución de obra pública, iii) desconoce e inaplica lo preceptuado en el
artículo 76 de la Ley 80 de 1993...»
3.1.2. «Hechos relevantes de defensa de Ecopetrol»
Señaló que varios de los actos de determinación le fueron notificados a
2
Los cuales se acompasarán al resolver el caso concreto con los requisitos específicos de
procedencia que más adelante se indican.
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Demandante: Ecopetrol S. A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
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Ecopetrol S.A. por fuera del plazo de cinco años fijado por los artículos 717 y
817 del Estatuto Tributario, contados desde la fecha de suscripción de los
contratos, por lo que fueron extemporáneos, En contraposición, la DIAN adujo
que el término de cinco años se computa desde el momento en que se hizo
exigible el tributo, esto es, desde la fecha en que la entidad efectuó los pagos a
sus contratistas.
Consideró que en reiteradas oportunidades la jurisprudencia había reconocido
que todos los contratos celebrados por Ecopetrol S. A. en desarrollo de su
objeto social carecen de cláusulas exorbitantes, por lo que no hay lugar a la
causación de la contribución de obra pública sobre ninguno de los contratos
suscritos por la compañía y por ende se encontraba en las mismas condiciones
de los particulares que desarrollan actividades propias del sector de
hidrocarburos.
Afirmó que con la providencia acusada se desconoce lo establecido en el
artículo 76 de la ley 80 de 1993, pues Ecopetrol S. A. como entidad competente
para la exploración y explotación de recursos no renovables propias del mismo
sector, está sujeta a leyes especiales y por ende excluida de la aplicación del
artículo 32 del Estatuto de Contratación Pública.
Explicó que el Decreto 3461 de 20073, por medio del cual se reglamenta el
artículo 6° de la Ley 1106 de 20064, prevé que los contratos celebrados por
Ecopetrol al no estar sometidos a procesos de licitación pública o selección
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La citada norma, contempla lo siguiente: «Artículo 1°. La contribución a que se refiere el
artículo 6° de la Ley 1106 del 22 de diciembre de 2006, en los eventos en que implica un nuevo
hecho gravado, se causará sólo en aquellos casos en que los contratos con entidades públicas
o con organismos multilaterales se suscriban como resultado de licitaciones o procesos de
selección abiertos a la recepción de ofertas con posterioridad al 22 de diciembre de 2006.
Las adiciones en valor a todos los contratos a que se refiere el artículo 6° de la Ley 1106 del 22
de diciembre de 2006 están gravadas con la contribución prevista en dicha norma.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.»
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Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 prorrogada y modificada
por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y se modifican algunas de sus disposiciones.
«ARTÍCULO 6o. DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O
CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA Y OTRAS CONCESIONES. <Ver modificaciones a este
artículo directamente en el artículo 120 de la Ley 418 de 1997> El artículo 37 de la Ley 782 de
2002, quedará así:
Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades
de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a
favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad
pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del
correspondiente contrato o de la respectiva adición.
Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación,
terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales pagarán con destino a los fondos de
seguridad y convivencia de la entidad contratante una contribución del 2.5 por mil del valor total
del recaudo bruto que genere la respectiva concesión.
Esta contribución sólo se aplicará a las concesiones que se otorguen o suscriban a partir de la
fecha de vigencia de la presente ley.
…»
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Demandante: Ecopetrol S. A.
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abreviada se encuentran excluidos de la contribución de obra pública. Se
desconoció su «presunción de legalidad».
Reiteró que Ecopetrol no celebra contratos de obra pública, sino contratos para
el desarrollo de actividades de exploración y explotación, transporte y refinación
de hidrocarburos.
Señaló que se desconoció el Concepto 063832 de 2008 proferido por la DIAN,
en el cual se indicó que la contribución de obra pública no es aplicable a los
contratos relacionados con la exploración y explotación de recursos naturales
no renovables ni a los contratos relacionados con estas actividades, concepto
que se tuvo en cuenta por parte de la entidad en otros casos en los cuales la
propia DIAN revocó los actos de determinación de la contribución de obra
pública en contra de Ecopetrol S. A.
Aseguró que existen numerosas sentencias tanto del Consejo de Estado como
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca falladas a favor de Ecopetrol S. A.,
que constituyen un precedente jurisprudencial y de los cuales se concluye que,
en efecto, los contratos suscritos por la empresa actora corresponden a
actividades relacionadas con la exploración y explotación de recursos naturales
a los cuales no se les pueden aplicar la contribución de obra pública.
3.1.3. «Inaplicación del artículo 76 de la Ley 80 de 1993 y desconocimiento del
precedente en cuanto a los contratos relacionados con la exploración y
explotación»
Refirió que la autoridad judicial demandada dejó de aplicar el artículo 76 de la
Ley 80 de 1993 que prevé cuáles son los contratos de exploración y explotación
de recursos naturales.
Aclaró que los contratos adelantados por la empresa accionante relacionados
con la exploración y explotación de recursos no renovables corresponden a los
establecidos en la mencionada norma, por lo que no son susceptibles de
aplicárseles la contribución de obra pública.
Indicó que no le corresponde a la DIAN escindir los contratos celebrados por
Ecopetrol S. A. en el ámbito de sus actividades comerciales de los de
exploración y explotación de los recursos naturales no renovables.
Afirmó que la autoridad demandada no hizo ningún ejercicio de valoración
probatoria, tan es así que, en el contenido de la sentencia se limitó a relacionar
las reglas planteadas en la sentencia de unificación respecto de la aplicabilidad
de la contribución de obra pública, a transcribir los objetos contractuales y
afirmar que se trataba de trabajos materiales sobre bien inmueble.
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Manifestó que ni siquiera formuló un análisis sobre cada uno de los contratos y
de sus objetos, para probar y justificar que no se trataban de actividades de
exploración y producción o conexos o, como lo dice la misma sentencia de
unificación, de contratos necesarios para «el posterior desarrollo, producción y
venta de recursos encontrados», desconociéndose así sus propios lineamientos
sobre lo que debe entenderse incluido dentro del marco del artículo 76 de la Ley
80 de 1993.
3.1.4. «Desconocimiento del precedente que ampara el actuar de Ecopetrol»
Refirió los precedentes (anteriores a la sentencia de unificación de Sala Plena)
que sustentan la tesis expuesta por Ecopetrol S.A. en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Citó las siguientes sentencias proferidas por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, que avalan la tesis según el cual los contratos celebrados por la aludida
empresa directamente ligados a la exploración, explotación y comercialización
de recursos naturales no renovables (hidrocarburos) se rigen por el artículo 70
de la Ley 80 de 1993 y por tanto, no generan la contribución de obra pública:
• Del 31 de mayo de 2018, radicación 2014-00616-01 (22388).
• Del 3 de mayo de 2018, expediente 2015-01316-01 (23378).
• Del 24 de mayo de 2018, radicado 2015-00771-01 (23362).
Sostuvo que, en las sentencias del 22 de febrero de 2018, radicación 2014-
000994, de 19 de abril de 2018, radicación 2013-00626-01 acumulado con
2013-00103-00 y del 23 de noviembre de 2016, radicación 2014-00015-00,
habían precisado que los contratos suscritos por Ecopetrol S. A. corresponden
a actividades relacionadas con la exploración y explotación de recursos
naturales a los cuales no se les puede aplicar la contribución de obra pública.
Aseguró que el cambio intempestivo de la línea jurisprudencial antes señalada
implica un perjuicio irremediable de tipo económico para Ecopetrol S. A., por lo
siguiente:
a) Afecta de manera grave e injustificada la competitividad de Ecopetrol S. A.
frente a otras empresas del sector.
b) Anula el efecto que busca el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 que pretende,
entre otras cosas, garantizar que las empresas estatales que compiten en
mercados privados de explotación de hidrocarburos, lo puedan hacer en
igualdad de condiciones para propender por su eficiencia financiera.
c) La carga fiscal adicional que se genera para los contratistas de las empresas
estatales termina reflejándose en los precios ofertados y los valores de los
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contratos, lo que también impacta en la competitividad de entidades estatales
de la misma naturaleza que Ecopetrol S. A., frente a otras compañías del sector
privado.
d) Trae como consecuencia una carga fiscal que Ecopetrol S. A. no debería
soportar, pues no es el sujeto pasivo de la contribución y lo pone en la situación
de recobrar a los contratistas las sumas pagadas a la DIAN. Sin embargo, como
son contratos celebrados hace muchos años, estos ya están liquidados, por lo
que, no existe entonces relación contractual para realizar el cobro y, en muchos
casos las empresas contratistas ya no existen, lo que ocasiona a la empresa de
petróleos un esfuerzo financiero que no le correspondería si se hubiera
mantenido la línea jurisprudencial vigente durante el desarrollo de las
discusiones propias del proceso.
e) Adicionalmente, el cobro del retroactivo de dicho tributo genera para la
compañía el pago de intereses de mora de contratos que fueron ejecutados
hace más de 10 años.
f) Finalmente, esta nueva situación conlleva a riesgos en cuanto a las
discusiones contractuales con los contratistas, por el desequilibrio económico
contractual.
3.1.5. «Desconocimiento de las propias reglas establecidas en la sentencia de
unificación respecto del análisis propio de cada contrato»
Sostuvo que la autoridad judicial acusada debía constatar las reglas previstas
que señaló la sentencia de unificación de la Sala Plena Contenciosa del
Consejo de Estado, las cuales prevén que la contribución se causará respecto
de los contratos de obra pública, que para efectos del tributo, debe entenderse
como aquel celebrado con entidades de derecho público para la realización de
trabajos materiales sobre bienes inmuebles, advirtiéndose que en cada caso es
el juez quien debe verificar si se configura dicho contrato o no de acuerdo con el
análisis de aspectos como el objeto, cláusulas y reglas de interpretación de los
contratos.
Refirió que en la providencia cuestionada no se analizó el objeto ni el fin de
cada uno de los contratos discutidos, simplemente se limitó a enlistar los
objetos contractuales y a determinar que se trataba de actividades materiales
sobre bien inmueble, desconociendo que estos contratos tienen por objeto el
desarrollo, producción, determinación de reservas y comercialización de
hidrocarburos tal y como lo establece el artículo 76 de la Ley 80 de 1993.
3.1.6. «Violación al debido proceso, a la igualdad y la confianza legítima»
Hizo referencia a la definición de cada una de dichas garantías, para luego,
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destacar que los cambios de precedente jurisprudencial pueden dar lugar a
afectaciones precisas de las reglas aplicables en procesos que se encuentran
en trámite.
3.1.7. «Salvamentos de voto que confirman la posición de Ecopetrol S. A.»
Refirió los salvamentos de voto de la sentencia de unificación de la Sala Plena
del Consejo de Estado, para indicar que aquellos refuerzan la tesis que
sustenta Ecopetrol S. A., relativa a que dicha empresa no es sujeto pasivo de la
contribución de obra pública.
3.1.8. «Prescripción de la acción para proferir el acto de determinación de la
contribución de obra pública»
Indicó que en la sentencia demandada, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado concluyó en cuanto a la prescripción de la facultad impositiva del tributo,
que la decisión administrativa se notificó oportunamente y dentro del plazo legal
de prescripción establecido en el artículo 2536 del Código Civil.
Sostuvo que en la providencia acusada se confundió el concepto de caducidad
con el de prescripción y que, para ello, las normas procesales a aplicar son las
del Estatuto Tributario Colombiano, para lo cual citó el artículo 817.
Explicó que la acción de cobro caduca en el término de cinco años contados a
partir de la ejecutoria del acto de determinación.
Adujo que, asunto distinto es lo que se refiere a la facultad de determinar el
tributo por parte de la DIAN, que es lo que se discute en la providencia
demandada. Para tal efecto, citó el contenido del artículo 717 del Estatuto
Tributario.
Recordó que la DIAN cuenta con cinco años para determinar el tributo mediante
una liquidación de determinación, para los casos en los que el agente retenedor
no haya consignado y declarado los valores correspondientes a la contribución
de obra pública.
Precisó que la misma dirección de aduanas en su contestación y en su
apelación se refirió al término de los cinco años. Sólo que, en apreciación de
dicha entidad el término se computa desde el momento en el que el tributo se
hizo exigible, esto es, desde la fecha de pago a los contratistas. Sin embargo,
Ecopetrol S. A. considera que debe computarse desde la suscripción de los
contratos que es el hecho generador de los tributos.
Adujo que en ningún momento la DIAN hizo referencia al término de diez años
al que hace referencia la sentencia acusada. Por lo que, considera que se
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deben tener en cuenta las reglas establecidas en el artículo 717 del Estatuto
Tributario y no las de la prescripción del artículo 2536 del Código Civil.
Indicó que algunos de los actos de determinación fueron notificados a Ecopetrol
por fuera del plazo de los cinco años fijado por el Estatuto Tributario, es decir,
cuando ya había operado la prescripción antes señalada; por lo que a su juicio,
fueron expedidas en forma ilegal por infracción a la Constitución, la ley, la
jurisprudencia y con violación al debido proceso, situación que no fue tenida en
cuenta en la sentencia demandada.
3.1.9. «Modulación de los efectos de la sentencia»
Consideró que respecto a los efectos de la sentencia de unificación de la Sala
Plena del Consejo de Estado, estos debieron ser modulados y no aplicarse
retroactivamente a las situaciones consolidadas.
3.2. La parte accionante, en el acápite de las causales específicas de
procedencia del escrito de la acción de tutela, indicó que con la providencia
demandada se incurrió, en su orden, en lo siguiente:
3.1. Violación directa de la Constitución
Mencionó que con la expedición de la decisión acusada «…se desconocieron
preceptos constitucionales de gran relevancia como el debido proceso, la
defensa, las situaciones jurídicas consolidadas y la seguridad jurídica», además
que «se adoptan una serie de consideraciones y órdenes erróneas que afectan
a la Compañía».
3.2. Defecto material o sustantivo y desconocimiento del precedente
Indicó que en la sentencia demandada se dio aplicación indebida del artículo 76
de la Ley 80 de 1993 al asunto debatido y, además, se desconoció la propia
interpretación que sobre el tema se venía haciendo para resolver casos
análogos.
Explicó que la autoridad judicial demandada incurrió en una falta de análisis
sobre el objeto y el fin de cada uno de los contratos discutidos, pese a que este
tipo de contratos tienen por objetivo el «desarrollo, producción, determinación
de reservas y comercialización de hidrocarburos, conforme lo establece el
artículo 76 de la Ley 80 de 1993».
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3.3. Defecto procedimental (fáctico)5
Sostuvo que la autoridad judicial no adelantó un análisis minucioso de cada uno
de los contratos debatidos en las resoluciones de determinación para establecer
así, si son o no contratos de obra pública y se vinculan con actividades de
producción o explotación de hidrocarburos, puesto que se limitó a determinar
que se trataba de actividades materiales sobre bien inmueble y a aplicar las
reglas de la sentencia de unificación, improcedentes para el presente caso.
4. Trámite en primera instancia
Mediante providencia del 10 de noviembre de 2021, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, admitió la acción de tutela y, en
consecuencia, ordenó la notificación de los magistrados que integran la Sección
Cuarta de esta Corporación.
Asimismo, dispuso la vinculación de la DIAN.
A su vez, requirió a la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, para que remitiera, en calidad de préstamo, el
expediente identificado con el radicado número 25000-23-37-000-2015-02290-
00.
Finalmente, reconoció personería al apoderado de la accionante.
5. Contestaciones
5.1. Consejo de Estado, Sección Cuarta
Esta autoridad sostuvo que la decisión proferida es producto de la interpretación
de las disposiciones normativas aplicables al caso debatido, realizada conforme
con las reglas sentadas en la sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de
febrero de 2020, la cual determinó el alcance del hecho generador de la
contribución de los contratos de obra pública celebrados con entidades de
derecho público.
5.2. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
En el fallo impugnado se indicó lo siguiente: «La aludida entidad se sirvió
allegar intervención vía correo electrónico dentro de la causa que se examina,
sin que haya sido posible su descarga en formato PDF del aplicativo web Samai
5
De conformidad con los argumentos expuesto por la parte actora, este vicio se analizará
desde la perspectiva de un defecto fáctico.
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
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para dilucidar su contenido, por lo que resulta imposible conocer su postura
frente al requerimiento efectuado».
No obstante, de la revisión de la documentación que reposa en el expediente
electrónico, en esta instancia sí se pudo observar que la DIAN presentó su
informe, lo cual se encuentra en el documento
«32_110010315000202106889005RECIBEMEMORIAL20211122105537», que
a su vez, se encuentra inserto en la carpeta comprimida
«0022Contestación_Tutela.zip», bajo las siguientes consideraciones:
La aludida dirección se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, al
indicar que no existe defecto material o sustantivo en el fallo cuestionado. De la
lectura de la demanda en estudio es evidente que la pretensión del accionante
es reabrir la discusión jurídica que fue objeto del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho que fue resuelta de manera desfavorable por parte
de la sección cuarta del Consejo de Estado.
Agregó que, lo anterior en consideración a que basta con una lectura al escrito
de tutela para evidenciar que los mismos cuestionamientos y cargos de la
demanda presentada en el proceso ordinario se traen como argumentos para
fundamentar el alegado defecto sustantivo.
Precisó que el artículo 6° de la Ley 1106 del 2006 identifica los elementos
esenciales de la contribución especial, como tributo a cargo de las personas
naturales o jurídicas originado por la suscripción de los contratos de obra
pública y de concesión para la construcción, mantenimiento y operaciones de
vías de comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales
con entidades de derecho público, quienes actúan como agentes de retención
del tributo, sin importar el régimen contractual a la que se encuentre sujeta la
entidad pública.
Solicitó que se niegue el amparo solicitado «por improcedente», por cuanto con
el actuar judicial no se vulneró derecho fundamental alguno, vislumbrándose
como única pretensión cuestionar y debatir la decisión definitiva adoptada por la
sección cuarta del Consejo de Estado con fundamento en un precedente judicial
aplicable al caso en concreto con el cual la sala plena del Consejo de Estado
rectificó y unificó la jurisprudencia al respecto.
6. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 15 de diciembre de 2021, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo constitucional
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solicitado por no cumplir con el presupuesto de la relevancia constitucional6,
bajo las siguientes consideraciones:
Precisó que la parte actora no cumplió con el deber de indicar con rigor
demostrativo los presuntos yerros o vicios que, en su sentir, se produjeron en el
fallo dictado por el juez ad quem, pues aunque intentó invocar la existencia de
una decisión con estructurales deficiencias de tipo procedimental y sustantivo,
en ninguno de sus argumentos logró identificar los escenarios genéricos de
configuración perfilados por la Corte Constitucional para habilitar la intervención
excepcional del juez de tutela.
Señaló que la entidad accionante se limitó a enunciar la transgresión del debido
proceso y la defensa, así como del principio de seguridad jurídica, con
aproximaciones generales orientadas más a controvertir la variación
jurisprudencial que supuso la sentencia de unificación del 25 de febrero de
2020, pero sin sustentar debidamente las razones por las cuales aquella se
produce. Al respecto, puntualizó:
«Para el caso concreto, comoquiera que la parte actora no estructuró en debida
forma los cargos que imputó como defectos a la sentencia proferida por el
Consejo de Estado -Sección Cuarta- ni aludió a la eventual configuración de una
anomalía que exija la intervención del juez constitucional, esta Corporación
tampoco puede proceder a ello de forma supletiva, teniendo en cuenta que,
como ya se mencionó, tratándose de acciones de tutela contra providencias
judiciales, la especial carga de contar con una argumentación coherente y
suficiente recae en quien solicita el amparo constitucional y no en quien lo
decide, en tanto están de por medio los principios de los que se desprende el
respeto por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la seguridad jurídica, la
garantía de la independencia, la autonomía de los jueces y, a no dudarlo,
también los derechos de la parte contradictora que resultó favorecida con la
decisión adoptada en el marco del proceso contencioso administrativo de nulidad
y restablecimiento del derecho.»
Indicó que, aun si en gracia de discusión se admitiera que la acusación que
fundó la empresa actora logra corresponderse con la presunta configuración de
alguno de los defectos alegados, consideraba que la providencia sometida a
examen en esta oportunidad fue dictada en el marco de la autonomía e
independencia judicial que le asiste al Consejo de Estado -Sección Cuarta-,
respaldado a su turno en disposiciones claramente aplicables al caso concreto,
con apoyo en el material probatorio aportado al proceso y ajustado tanto a la
Constitución como al procedimiento legal establecido para tramitar el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, según las previsiones para
este tipo de asuntos.
6
«PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.»
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Mencionó que no se advertía en la decisión que se reprocha infracción alguna a
los derechos fundamentales invocados por la empresa actora bajo la
configuración de los defectos procedimental, material o sustantivo y violación
directa de la Constitución, pues la discusión que se plantea en sede de tutela
sobre la determinación del hecho generador de la contribución de obra pública
ya fue abordada en dicho escenario procesal, en el que se determinó que
Ecopetrol S.A. tenía la calidad de agente retenedor en los contratos de obra
pública que celebró con sus contratistas durante el año 2009.
Agregó que, frente a la solicitud de aplicación del artículo 76 de la Ley 80 de
1993 se evidencia que, con fundamento en la sentencia de unificación
jurisprudencial del 25 de febrero de 2020 -que solo restringió sus efectos a los
asuntos en que hubiere operado el fenómeno jurídico de la cosa juzgada-, el
contrato de obra pública objeto del tributo es sustancialmente diferente del
contrato de exploración y explotación de recursos naturales, por tener
características y finalidades propias, definiéndose, entonces, la obligación
tributaria como consecuencia del tipo de contrato suscrito y no por virtud de la
actividad o régimen jurídico de la entidad de derecho público.
Consideró que en la providencia atacada se analizaron todos y cada uno de los
contratos objeto de los actos demandados, emitiéndose frente a los mismos un
puntual pronunciamiento sobre su condición de gravado, garantizándose la
exigencia de motivación en plena correspondencia con las premisas sentadas
en la referida sentencia de unificación jurisprudencial objeto de aplicación, al
cumplir las características allí establecidas respecto de los contratos de obra
pública obligados con el tributo, sin que se vislumbre arbitrariedad o capricho en
el resultado de su valoración.
Estimó que las presuntas deficiencias alegadas respecto de la decisión
adoptada en sede de segunda instancia dentro del proceso contencioso
administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho, responden, en
realidad, a una mera discrepancia valorativa sobre las reglas jurisprudenciales
aplicadas por el fallador en relación con el hecho generador del tributo que no
es susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues
siempre que se trate de interpretaciones diversas y razonables, es el juez
natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al caso de que se trate,
conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su autonomía e
independencia.
Concluyó que, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional, máxime, si se tiene en cuenta que su objeto no solo
es continuar con un debate que se concluyó en las instancias respectivas, sino
refutar por vía indirecta las reglas jurisprudenciales contenidas en la sentencia
de unificación jurisprudencial del 25 de febrero de 2020, todo lo cual
desnaturaliza su finalidad como mecanismo de protección de los derechos
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fundamentales. De esta suerte, habrá de declararse improcedente el amparo
formulado por la representante legal para fines judiciales y extrajudiciales de
Ecopetrol S. A. ante la ausencia del referido presupuesto formal.
7. Impugnación
Mediante escrito oportunamente allegado el 14 de enero de 2022, la accionante
presentó impugnación en contra del fallo de primera instancia, notificado
electrónicamente el 11 del mismo mes y año, por los siguientes motivos:
Afirmó que sí cumple con el presupuesto de la relevancia constitucional, pues la
decisión judicial realiza una serie de consideraciones y toma decisiones que
desconocen las garantías constitucionales de Ecopetrol. Aunado a ello, la
emisión de sentencias abiertamente injustas que comprenden la vulneración de
derechos fundamentales representa un daño directo contra el Estado Social
Derecho, el cual tiene aquellos como pilares de su propia existencia.
Indicó que tal fue la trascendencia constitucional, relevancia jurídica y
económica del asunto lo que llevó a que la Sala Plena del Consejo de Estado
avocara el conocimiento de un proceso similar y profiriera la sentencia de
unificación dentro del mismo, caso en el cual, determinó nuevas reglas que se
están aplicando en el proveído que es objeto de tutela y de impugnación. De tal
suerte que la relevancia constitucional del tema ha quedado sentada por la
misma Sala Plena.
Consideró que este tipo de actuaciones violatorias de las normas, acarrean un
costo muy caro a la credibilidad de las instituciones jurisdiccionales, lo cual
deriva en la falta de confianza hacia estas por parte de la comunidad. Así las
cosas, nos encontramos ante un debate de evidente relevancia constitucional.
Solicitó que se revoque el fallo del 15 de diciembre de 2021 y en su lugar se
conceda el amparo a los derechos al debido proceso, a la defensa, a las
situaciones jurídicas consolidadas, a la buena fe, a la seguridad jurídica y los
demás se consideren vulnerados, de los que es titular Ecopetrol.
Adujo que el fallo impugnado se refirió al requisito de la relevancia
constitucional, sin abordar los demás cargos formulados por Ecopetrol en el
escrito de tutela, los cuales no fueron resueltos en la sentencia de primera
instancia. Al respecto, puntualizó en lo siguiente:
«a. El Consejo de Estado, al acudir retroactivamente a lo dispuesto en la
sentencia de unificación del 25 de febrero del año anterior, trasgredió los
derechos al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y el
principio de confianza legítima.
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b. El Consejo de Estado pasó por alto los salvamentos de voto y no tuvo en
cuenta que operó la prescripción.
c. El Consejo de Estado interpretó equivocadamente el artículo 76 de la Ley 80
de 1993.»
Mencionó que en reiteradas oportunidades se había reconocido por la
jurisprudencia que todos los contratos celebrados por Ecopetrol en desarrollo
de su objeto social carecen de cláusulas exorbitantes y no corresponden a la
tipología contractual de los contratos de obra pública, por lo que no hay lugar a
causación de la contribución de obra pública sobre ninguno de los contratos
suscritos por Ecopetrol y por ende se encontraba en las mismas condiciones de
los particulares que desarrollan actividades propias del sector de hidrocarburos.
Agregó que, se desconoce lo establecido en el artículo 76 de la Ley 80 de 1993
pues Ecopetrol como entidad competente para la exploración y explotación de
recursos no renovables en el sector de hidrocarburos, así como para el
desarrollo de las actividades industriales y comerciales del mismo sector, está
sujeta a leyes especiales y por ende su contratación no se encuentra
enmarcada en el artículo 32, sino en el artículo 76 de la mencionada Ley 80.
Señaló que según el Decreto 3461 de 2007, los contratos celebrados por
Ecopetrol S.A., al no estar sometidos a procesos de licitación pública o de
selección abierta se encuentran excluidos de la contribución de obra pública. Se
desconoce la presunción de legalidad del Decreto 3461 de 2007.
Destacó que Ecopetrol no celebra contratos de obras públicas sino contratos
para el desarrollo de las actividades de exploración y explotación, transporte y
refinación de hidrocarburos, con los que se da cumplimiento a las obligaciones
adquiridas en los contratos de asignación de áreas para exploración y
explotación, celebrados con la Nación – Ministerio de Minas – Agencia
Nacional de Hidrocarburos. De no celebrar estos contratos se haría imposible
el desarrollo de los de exploración y explotación de hidrocarburos.
Manifestó que contrario a lo que afirmó el a quo, es claro que todo lo anterior
evidencia uno de los aspectos que fueron mencionados en la tutela y que se
reitera en este punto, y es la vulneración al derecho fundamental al debido
proceso por falta de valoración probatoria.
Agregó que según la sentencia de unificación en cuestión, el elemento de la
obligación tributaria se define en función del contrato celebrado y si es o no uno
de obra pública con toda la connotación de este concepto.
Reiteró que se desconoce el Concepto 063832 de 2008 emitido por la DIAN en
el cual se indicó que la contribución de obra pública no es aplicable a los
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contratos relacionados con la exploración y explotación de recursos naturales
no renovables ni a los relacionados con estas actividades, concepto que ha
sido tenido en cuenta por la entidad en otros casos en los cuales la propia
DIAN revocó a Ecopetrol S. A. actos de determinación de la contribución de
obra pública, pues a través de ellos se desarrollan actividades propias del
sector.
Alegó que existen numerosas sentencias tanto del Consejo de Estado, como
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fallados a favor de Ecopetrol S. A.
que constituyen un precedente jurisprudencial, algunos de ellos que se citaran
más adelante, y de los cuales se concluye que en efecto, los contratos
suscritos por Ecopetrol no corresponden a uno de obra pública sino que se
trata de la tipología contractual desarrollada en el artículo 76 de la Ley 80 de
1993; esto es, actividades relacionadas con la exploración y explotación de
recursos naturales a los cuales no se les puede aplicar la contribución de obra
pública
Destacó que el cambio intempestivo y sin fundamento de la línea
jurisprudencial:
«Afecta de manera grave e injustificada la competitividad de Ecopetrol frente a
otras empresas del sector.
Anula el efecto que busca el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 (ya indicado) que,
entre otras cosas, es garantizar que las empresas estatales que compiten en
mercados privados de explotación de hidrocarburos lo puedan hacer en igualdad
de condiciones para propender por su eficiencia financiera.
Trae como consecuencia una carga fiscal para Ecopetrol que no debería
soportar pues, no es el sujeto pasivo de la contribución y, lo pone en la situación
de recobrar a los contratistas las sumas que tendría que pagar a la DIAN. Sin
embargo, dado que son contratos celebrados hace muchos años, estos ya están
liquidados, no existe entonces relación contractual para realizar el cobro y, en
muchos casos las empresas contratistas ya no existen, ocasionando a Ecopetrol
un esfuerzo financiero que no le correspondería si se hubiera mantenido la línea
jurisprudencial vigente durante el desarrollo de las discusiones propias del
proceso.»
8. Trámite posterior
Mediante providencia del 7 de febrero de 2022, se dispuso la vinculación de los
magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B, Corporación que conoció en primera instancia del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la entidad
accionante en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN).
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Surtidas las notificaciones de rigor, la aludida autoridad vinculada guardó
silencio, solo en primera instancia el secretario de dicha sección procedió a
allegar el expediente ordinario en medio digital, visible en la carpeta comprimida
«0024Indice.zip» del proceso electrónico en el aplicativo Samai.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19917, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 1983 de 2017, así como por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo
080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.
2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la decisión de primera instancia conforme
a los argumentos expuestos por la parte impugnante.
Por tanto, se analizará si la Sección Cuarta del Consejo de Estado vulneró los
derechos invocados, por presuntamente incurrir en los defectos específicos
alegados, al proferir la sentencia demandada, mediante la cual se revocó la que
había accedido parcialmente a lo pretendido por Ecopetrol S. A., dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la
DIAN, identificado con el radicado 25000-23-37-000-2015-02290-01 (23328).
3. Caso concreto
La parte actora sostuvo que la Sección Cuarta del Consejo de Estado vulneró
sus garantías constitucionales al revocar, en sede de segunda instancia, dentro
de un proceso contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del
derecho que entabló contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), identificado con el radicado 25000-23-37-000-2015-02290-01 (23328).
El a quo declaró la improcedencia de la acción de tutela al considerar que no
cumplió con el requisito de la relevancia constitucional; no obstante, en la parte
motiva de dicha decisión, se refirió al asunto de fondo la providencia
demandada e indicó que fue razonable, al considerar lo siguiente:
7
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».
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Demandante: Ecopetrol S. A.
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«12.2.- Con todo, aun si en gracia de discusión se admitiera que la acusación
que fundó la empresa actora logra corresponderse con la presunta configuración
de alguno de los defectos alegados, esta Sala considera que la providencia
sometida a examen en esta oportunidad fue dictada en el marco de la autonomía
e independencia judicial que le asiste al Consejo de Estado -Sección Cuarta-,
respaldado a su turno en disposiciones claramente aplicables al caso concreto,
con apoyo en el material probatorio aportado al proceso y ajustado tanto a la
Constitución como al procedimiento legal establecido para tramitar el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, según las previsiones del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para
este tipo de asuntos.
…
Por lo demás, de lo expuesto igualmente es claro que en la providencia atacada
se analizaron todos y cada uno de los contratos objeto de los actos
demandados, emitiéndose frente a los mismos un puntual pronunciamiento sobre
su condición de gravado, garantizándose la exigencia de motivación en plena
correspondencia con las premisas sentadas en la referida sentencia de
unificación jurisprudencial objeto de aplicación, al cumplir las características allí
establecidas respecto de los contratos de obra pública gravados con el tributo,
sin que se vislumbren visos de arbitrariedad o capricho en el resultado de su
valoración.
…»
A su vez, la parte actora impugnó al reiterar los argumentos iniciales y agregar
que su asunto sí acreditó tal presupuesto.
De manera que, previo a analizar las cuestiones particulares del asunto, debe
precisarse que en relación con el cargo denominado por la parte actora como la
«[p]rescripción de la acción para proferir el acto de determinación de la
contribución de obra pública», esta Sala de la Sección Quinta del Consejo de
Estado rectificó su criterio de la siguiente manera:
Mediante fallos del 17 de febrero de 2022, con ponencias del magistrado Pedro
Pablo Vanegas Gil8, la Sección Quinta del Consejo de Estado, rectificó la
postura en cuanto al análisis de asuntos como el presente, así:
«135. En ese orden de ideas, de acuerdo con los criterios establecidos por la
autoridad accionada, los artículos 717 y 817 del Estatuto Tributarios no son
aplicables a la contribución de obra pública. En efecto, para la Sección de cierre
en materia tributaria el artículo 717 no puede ser extensivo al caso porque esa
disposición regula la caducidad de la liquidación de aforo de las personas
obligadas a declarar, obligación no prevista para la contribución de obra pública.
8
Acciones de tutela 2021-07187-01, 2021-07321-01 y 2021-07186-01.
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Asimismo, el artículo 817 regula el término de caducidad de la acción de cobro
de declaraciones presentadas. Comoquiera que la contribución de obra pública
no fue declarada, ni liquidada, no podría la Administración ejercer la acción de
cobro.
136. Ante la ausencia de disposición normativa específica respecto de la
competencia de la administración tributaria para la determinación oficial de la
contribución de obra pública, para la Sección Cuarta debe acudirse al término
general fijado en el artículo 2536 del Código Civil, el cual es de 10 años.
2.8.3.2.2. Argumentos de inconformidad de la parte actora
137. La parte actora alegó que, en la providencia judicial acusada, se
confundieron los conceptos de caducidad y prescripción en lo relativo a la
posibilidad de determinar y liquidar la contribución de obra pública por parte de la
DIAN. Igualmente, sostuvo que en el Estatuto Tributario existen normas que
permiten inferir que la Administración cuenta con el término general de
caducidad de cinco años para ejercer su potestad sancionatoria.
…»
Así, esta Sección concluyó que debía rectificar la postura que en su momento
derivó en un amparo para, en su lugar, negarlo al considerar que la providencia
demandada fue razonable frente a tal asunto; de manera que, se privilegiara el
análisis del órgano de cierre en materia tributaria dentro de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, así:
«2.8.3.2.3. Posición de la Sala
140. Esta Sala, en sentencias del 21 de octubre de 2021 (expediente No. 2021-
06065-00) y del 3 de febrero de 2022 (expediente No. 2021-06064-01), en el
estudio de casos similares al presente, decidió amparar el derecho fundamental
al debido proceso de Ecopetrol S.A. respecto del cargo relativo a la caducidad de
la potestad de la DIAN. En esos fallos se sostuvo que la Sección Cuarta incurrió
en un defecto sustantivo o material porque no aplicó las disposiciones especiales
que en materia tributaria regula la caducidad de la potestad sancionatoria de la
DIAN.
…
142. En síntesis, para la Sala en decisiones antecedentes, el defecto material se
configuraba porque, en su momento, encontró que el artículo 717 del Estatuto
Tributario era aplicable al caso concreto dado que Ecopetrol tendría el carácter
de agente retenedor.»
Para tal efecto, la Sección Quinta de esta Corporación esgrimió como
motivos de la rectificación de la postura, los siguientes:
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«149. En definitiva, para la Sección Cuarta de esta Corporación, el artículo 717
del Estatuto Tributario no es aplicable porque no se cumple con un requisito sine
qua non establecido en dicha disposición. Este requisito consiste en que exista el
deber de declarar el tributo. Comoquiera que el ordenamiento jurídico no
establece la obligación de declaración para la contribución especial de obra
pública, no se puede aplicar esta norma al caso concreto. Por su parte, se
reitera, hasta el momento para esta Sala de decisión el artículo 717 sí es
aplicable al caso concreto, pues Ecopetrol S.A. debe ser considerado agente
retenedor de la contribución de obra pública.
150. Teniendo en cuenta el escenario expuesto, la Sala advierte que existen dos
interpretaciones razonables del alcance del artículo 717 del Estatuto Tributario,
la sostenida por esta Sala de Decisión y la que defiende la Sección Cuarta de
esta Corporación. Así las cosas, es necesario que la Sala rectifique su postura
porque la interpretación realizada en los fallos censurados no es abiertamente
irracional, desproporcionada, arbitraria o caprichosa. Esta interpretación parte de
un criterio que hasta el momento no había sido analizado por esta Sala de
Decisión. Dicho criterio es que es necesario que el ordenamiento imponga el
deber de declarar para poder aplicar el término de caducidad establecido en el
artículo 717 del Estatuto Tributario. Comoquiera que para la Sección Cuarta no
existe el deber declarar respecto de la contribución de obra pública, el artículo
717 no se puede aplicar para los casos objeto de debate en el proceso ordinario
contra el cual se interpuso la presente acción de tutela.
151. Así las cosas, la Sala considera necesario rectificar su postura de acceder
al amparo solicitado por Ecopetrol S.A. en los casos que se ha discutido la
interpretación del artículo 717 del Estatuto Tributario. En efecto, esta Sección en
su papel de juez de tutela debe ser especialmente cuidadosa de las
interpretaciones que realicen las otras secciones de esta Corporación, en su
papel de intérpretes de cierre en sus respectivas materias. En este sentido, el
juez de tutela no está llamado a establecer la verdadera interpretación de las
normas de contenido legal, pues desbordaría su competencia e interfería en la
órbita del juez natural. En consecuencia, el juez de tutela únicamente puede
establecer que se configura un defecto material o sustantivo cuando la
interpretación de la norma realizada por los jueces ordinarios es abiertamente
irracional, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
152. En este sentido, el hecho de que el juez de tutela tenga una interpretación
diferente de la realizada por el juez ordinario no da lugar a que se configure el
defecto material o sustantivo, pues en estos casos debe prevalecer la
interpretación de juez natural, sobre todo si ese juez es el órgano de cierre en la
materia.
…»
Por lo anterior, en los citados pronunciamientos de rectificación de criterio, la
Sala de esta Sección Quinta concluyó:
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«169. Aunado a ello, tampoco quedó acreditado un análisis contradictorio con la
línea jurisprudencial manejada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
respecto de los preceptos regulatorios de la caducidad de la competencia de la
administración tributaria para la determinación oficial de la contribución de obra
pública y la prescripción de actuaciones administrativas carentes de regulación
específica. Ello por cuanto, desde el año 2020, existe una postura razonable
sobre la integración normativa entre el Estatuto Tributario y el Código Civil en la
mencionada situación. Entonces, dado que este estudio no resulta desconocedor
de derechos fundamentales, y en aras de garantizar la autonomía judicial de la
sala especializada en materia tributaria, se niega la configuración del mentado
presupuesto constitucional.»
Ahora, para resolver el asunto en particular, resulta necesario establecer si la
solicitud de tutela: i) cumple o no con el requisito de la relevancia constitucional,
ii) de ser el caso, si se acreditan los demás presupuestos generales de
procedencia y, iii) caso concreto.
Por tanto, se procede con el siguiente estudio:
3.1. Presupuesto de la relevancia constitucional, objeto de decisión del fallo
impugnado
La Sala considera necesario precisar que la solicitud de tutela sí acredita el
presupuesto de la relevancia constitucional, ya que cuestionó la razonabilidad
de la providencia demandada y, además no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal.
En efecto, se cumple con el requisito de la relevancia constitucional en la
medida en que el conflicto suscitado involucra el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y seguridad jurídica que invocó la entidad
accionante, derivado de la controversia suscitada respecto a la interpretación
que hizo la autoridad judicial demandada frente al sujeto pasivo de la
contribución por obra pública que, según lo manifestó la parte actora en este
caso se puede comprometer de manera injustificada la competitividad de
Ecopetrol S. A. frente a otras empresas del sector y anular el efecto que busca
el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 que pretende, entre otras cosas, garantizar
que las empresas estatales que compiten en mercados privados de explotación
de hidrocarburos, lo puedan hacer en igualdad de condiciones para propender
por su eficiencia financiera.
En consecuencia, la Sala modificará la declaratoria de improcedencia del a quo,
puesto que se observa que también resolvió el asunto de fondo; sin embargo,
no analizó el cumplimiento de los demás requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
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3.2. Estudio de los demás requisitos generales de procedencia
En el presente asunto se observa que no se trata de una tutela contra decisión
de la misma naturaleza, pues la providencia que censura la accionante se
profirió en el trámite de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
A su vez, se encuentra que se cumple con el requisito de inmediatez9, pues la
providencia mediante la cual se puso fin al proceso que se cuestiona data del
25 de marzo de 2021, la cual se notificó electrónicamente el 9 de abril del
mismo año; mientras que la acción de tutela se presentó el 8 de octubre de
2021, por lo que se advierte un ejercicio oportuno de ésta.
En lo atinente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora
considera vulnerados, la Sala precisa que la sentencia demandada resolvió el
recurso de apelación que era el único que procedía contra el fallo de primera
instancia.
De igual manera, respecto de los argumentos de la accionante, se advierte que
no es procedente, por un lado, el recurso extraordinario de revisión, pues los
motivos que lo sustentan no encuadran en los requisitos y causales
establecidos en la ley, y tampoco en el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, de conformidad con los artículos 258 y 270 de la Ley 1437 de
2011.
Cumplidos los presupuestos generales de procedencia, se analizará de fondo el
asunto planteado.
3.3. Análisis del caso concreto
Para resolver el asunto en particular, de manera específica, se encuentra que la
parte demandante invocó como defectos los siguientes: Violación directa de la
Constitución, sustantivo, procedimental y del desconocimiento del precedente.
No obstante, del análisis integral de los argumentos generales expuestos en la
solicitud de amparo, se advierte que: i) la violación directa de la CP resulta
9
El mencionado requisito exige que la acción de tutela se interponga tan pronto se produce el
hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales o, por
lo menos, dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia, pues el paso
prolongado del tiempo indica que se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la
protección deprecada, desvirtuándose así la inminencia de la afectación. La razón de ser del
referido principio es evitar que este mecanismo constitucional de defensa se utilice como
herramienta que subsane la desidia, negligencia o indiferencia de las personas que debieron
buscar una protección oportuna de sus derechos y no lo hicieron o que la misma se convierta
en factor de inseguridad jurídica.
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consonante con el desconocimiento del precedente y sus alegaciones afines, ii)
el procedimental que se aviene es a un defecto fáctico y, iii) además del defecto
sustantivo invocado respecto de la interpretación y aplicación del artículo 76 de
la Ley 80 de 1993 y, lo concerniente al marco jurídico que regula la prescripción
a la que está sujeta la DIAN para expedir los actos de determinación.
Lo anterior, por cuanto a pesar de que la parte actora lo enuncia así en la
demanda de tutela, de la argumentación que realiza se puede advertir que el
sustento de la violación de sus derechos fundamentales se soporta en tales
defectos.
Por tanto, el estudio del caso en particular se efectuará en el orden que la Sala
considera adecuado para decidir, así:
3.3.1. Defecto por violación directa de la CP y el desconocimiento del
precedente
La sociedad demandante sostuvo que se aplicó de manera retroactiva la
sentencia de unificación de la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado
de 25 de febrero de 202010, pese a que en reiteradas oportunidades se había
reconocido por la jurisprudencia que todos los contratos celebrados por
Ecopetrol S. A. en desarrollo de su objeto social carecen de cláusulas
exorbitantes por lo que no hay lugar a la causación de la contribución de obra
pública sobre ninguno de los contratos suscritos por la compañía.
En lo particular, sobre el defecto por desconocimiento del precedente, la
posición que ha sostenido esta Sala frente a ese yerro corresponde a la
siguiente:
«…es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez
que debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una
similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la
ratio decidendi constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en
determinado sentido’11, y que el desconocimiento de éste se materializa
‘…cuando el fallador -Alta Corporación-, sin motivación - omite referirse a un
caso anterior- o sin una motivación suficiente y razonable, decide separarse o
modificar la subregla de derecho expuesta por él en un caso anterior, o cuando
el juez de inferior jerarquía no lo aplica pese a estar obligado a ello»12.
Es importante tener en cuenta que la Corte Constitucional se ha referido al
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 25 de febrero
de 2020. Radicación: 25000-23-37-000-2014-00721-01. M.P. William Hernández Gómez.
11
Sentencia del 19 de febrero de 2015, Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, Radicado No. 2013-02690-01.
12
Ibídem.
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precedente de la siguiente manera:
«…el conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver, el cual
debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al
momento de dictar sentencia, teniendo en cuenta su pertinencia para la
resolución de un problema jurídico. El precedente debe ser anterior a la decisión
en la que se pretende aplicar y, además, debe presentarse una semejanza de
problemas jurídicos, escenarios fácticos y normativos.»13
De manera que, para que prospere el defecto por desconocimiento del
precedente, éste debe acreditarse con un pronunciamiento –o varios-,
proferidos por una Alta Corte, en la materia, que sirvan de referencia al juez de
la causa, respecto de un determinado asunto, por guardar una similitud en sus
presupuestos fácticos y jurídicos.
En este asunto, la empresa accionante respalda su inconformidad y la
ocurrencia de los referidos defectos en la providencia acusada en tanto que, la
autoridad judicial demandada aplicó el precedente de unificación de manera
retroactiva, sin tener en consideración la línea jurisprudencia reiterada que, con
anterioridad a dicha providencia14, la Sección Cuarta de esta Corporación había
decantado respecto al sujeto pasivo de la contribución de obra pública, de la
cual siempre había sido excluida Ecopetrol S. A.
Sobre el particular, en primer término debe precisarse que la sentencia de
unificación del 25 de febrero de 202015, proferida por la Sala Plena Contenciosa
del Consejo de Estado, expediente 2014-00721-01, solo restringió sus efectos a
los casos en los que hubiere operado la cosa juzgada, por lo que, sobre
aquellos que se encontraban en discusión judicial, como el aquí analizado,
procedía la aplicación de las reglas jurisprudenciales señaladas en dicha
providencia.
Lo anterior, de conformidad con el artículo 189 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que regula los efectos de las
sentencias y la cosa juzgada. De modo que, en consideración a que en el
asunto debatido no se había dictado sentencia definitiva para el momento en
que se profirió el precedente de unificación16, nada impedía que la autoridad
judicial demandada lo aplicara.
13
Corte Constitucional. Sentencia T - 762 de 2011.
14
Para cual citó en el escrito de tutela, las siguientes: Del 31 de mayo de 2018, radicación
2014-00616-01 (22388), del 3 de mayo de 2018, expediente 2015-01316-01 (23378) y del 24 de
mayo de 2018, radicado 2015-00771-01 (23362).
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 25 de febrero
de 2020. Radicación: 25000-23-37-000-2014-00721-01. M.P. William Hernández Gómez.
16
Si se tiene en cuenta que la providencia enjuiciada en este caso es del 4 de marzo de 2021 y
la sentencia unificada se profirió el 25 de febrero de 2020.
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De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, el
Consejo de Estado cumple la función de unificación de jurisprudencia, «…por
razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad
de sentar jurisprudencia que ameriten la expedición de una sentencia de
unificación jurisprudencial...».
En ese orden, la función de unificación jurisprudencial de los órganos de cierre
tienen por finalidad brindar a la sociedad cierto nivel de certeza respecto de los
comportamientos aceptados dentro de la comunidad y que se garantice el
derecho constitucional a que las decisiones se funden en la interpretación
uniforme y consistente del ordenamiento jurídico (seguridad jurídica), ante la
relativa indeterminación de las normas y la multiplicidad de operadores
judiciales que pueden llegar a entendimientos distintos.
Así, las sentencias de unificación de altas corporaciones, además de su
carácter obligatorio y vinculante, por regla general, surten efectos hacia el futuro
y pueden afectar las situaciones jurídicas en curso al momento en que se
profiere la sentencia.
Por lo tanto, a juicio de la Sala, no le asiste razón a la parte actora al señalar
que, la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020 no resultaba
aplicable al caso objeto de debate y, tampoco es de recibo la aplicación de
reglas de interpretación de precedentes anteriores que ya no se encuentran
vigentes. En tal sentido, en el reciente fallo de tutela del 17 de febrero de 2022,
esta Sección, con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate17, sostuvo:
«105. Al encontrarnos frente al mismo argumento, la Sala reitera la imposibilidad
de aplicar un precedente que no se encuentra vigente a los casos sometidos a
consideración de la Sala, indicando que no es la fecha de celebración de los
contratos ni de presentación de la demanda la que marca la jurisprudencia
aplicable al caso sino aquella que se encuentre en vigor al momento de dictar la
sentencia que se adecúa en mayor medida a los principios y valores
constitucionales recogidos en la postura imperante.»
Por lo expuesto, no le correspondía a la autoridad judicial demandada tener en
cuenta en su decisión los salvamentos de voto con los cuales se suscribió la
sentencia de unificación de jurisprudencia.
De manera que, no se encuentra configurado un desconocimiento del
precedente por las causas que alegó la parte actora y tampoco, en razón de
ello, alguna violación directa de la Constitución.
17
Expediente 11001-03 -15-000-2021-08036-01.
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3.3.2. Defecto fáctico (denominado por la actora como procedimental)
La parte actora sustentó que la autoridad demandada no hizo ningún ejercicio
de valoración probatoria, pues no formuló un análisis sobre cada uno de los
contratos y sus objetos, para probar y justificar que no se trataban de negocios
cuya finalidad estuviese relacionada con actividades de exploración y
producción o conexos.
En lo que respecta del defecto fáctico esta Sección se ha pronunciado en
diversas oportunidades para precisar que este yerro se configura siempre que
se advierta cualquiera de los siguientes supuestos: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso18.
De manera que, en cuanto a la inadecuada valoración probatoria, se observa
que, respecto de cada uno de los contratos sobre los que se determinó y liquidó
la contribución de obra pública, en la providencia demandada la Sección Cuarta
del Consejo de Estado determinó lo siguiente:
«4. En relación con la configuración del hecho generador de la contribución, se
pone de presente que en esta providencia se dará aplicación a la regla
jurisprudencial establecida por la Sala Plena de esta Corporación (Sentencia de
unificación del 25 de febrero de 2020, exp. 25000-23-37-000-2014-00721- 01
[22473] [IJ-SU], C.P. William Hernández Gómez). En esa providencia se
definieron las reglas jurisprudenciales respecto del hecho generador de la
contribución de obra pública, en los casos en que el contrato de obra se celebre
con entidades de derecho público sujetas a un régimen especial de contratación,
como lo es Ecopetrol.
De acuerdo con la Sentencia de Unificación, el artículo 6º de la Ley 1106 de
2006 establece la contribución sobre los contratos de obra que se suscriban con
entidades de derecho público, en la cual, el contratista tiene la calidad de
contribuyente, y la entidad de derecho público contratante, es la responsable del
tributo, esto es, quien se encarga de retener y consignar el tributo.
…
18
Radicación 11001-03-15-000-2015-01471-01, Accionante: Jaime Rodríguez Forero;
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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4.1. En el caso concreto, la DIAN determinó que ECOPETROL S.A. era
responsable de retener la contribución de los contratos de obra pública, por la
celebración en el año 2009, de 24 contratos que, en su criterio, están gravados
con el tributo por ser contratos de obra.
Para ECOPETROL S.A. los actos demandados desconocen el verdadero
alcance y contenido del artículo 6º de la Ley 1106 de 2006, como quiera que
ECOPETROL S.A. no celebró contratos de obra pública, sino contratos para el
desarrollo de las actividades de exploración y explotación, transporte y refinación
de hidrocarburos.
Los contratos objeto de discusión por las partes, son los siguientes:
…[cuadro con la relación de los contratos y su objeto contractual]…
Del anterior listado se encuentra que los contratos no corresponden a los de
exploración y explotación de petróleo, porque si bien, se relacionan con esas
actividades, no tienen por objeto la búsqueda o producción de hidrocarburos,
que es la característica principal de este tipo de contratos.»
En consonancia con lo anterior, la autoridad judicial demandada concluyó:
«Lo que se verifica del objeto de los contratos gravados es que se tratan de un
conjunto de obras que tienen como propósito la realización de actividades de
construcción, reparación y mantenimiento sobre unos bienes inmuebles.
Actividades materiales, que como se indica en la sentencia de unificación, son
propias de un contrato de obra.
El anterior argumento se refuerza con la precisión realizada en el fallo de
unificación en el sentido de que ‘el hecho de que las obras se practiquen o se
relacionen con bienes utilizados en la industria petrolera o en el bienestar de los
empleados, no desconoce su naturaleza de contrato de obra pública, porque en
este tipo de contrato, lo esencial es que la actividad contratada sea un trabajo
material sobre un bien inmueble. Tampoco –la destinación de los inmuebles-
puede llevar a considerar que se trate un contrato de exploración y explotación,
porque estos tienen por objeto específico determinar la existencia, reserva,
extracción, y/o la producción del recurso natural’.
En consecuencia, respecto de los contratos de obra analizados se configura el
hecho generador del tributo. En tal sentido, le asiste razón a la DIAN cuando,
con fundamento en los contratos objeto del proceso, determinó que los mismos
corresponden a contratos de obra pública gravados con el tributo.
Por ese motivo, respecto de esos contratos, a ECOPETROL S.A. le
correspondía retener al contratista la contribución de los contratos de obra
pública.
En conclusión, prospera la apelación de la parte demandada
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…»
Así, de conformidad con el contenido de la providencia acusada, se encuentra
que la autoridad judicial demandada estableció en primer lugar que, de acuerdo
con la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020 (aplicable al caso de
acuerdo con lo expuesto en párrafos precedentes), el artículo 6º de la Ley 1106
de 2006 establece la contribución sobre los contratos de obra que se suscriban
con entidades de derecho público; para lo cual, el contratista tiene la calidad de
contribuyente y, la entidad de derecho público contratante es la responsable del
tributo, esto es, quien se encarga de retener y consignarlo.
A partir de lo anterior, sentó el criterio según el cual el hecho generador de la
contribución se realiza sobre los contratos de obra que se celebren con
entidades de derecho público, independientemente de su régimen jurídico, en
tanto la obligación tributaria se define en función del negocio celebrado, y no de
la actividad principal que desarrolla la entidad de derecho público.
Por lo que, la autoridad judicial cuestionada llevó a cabo un listado de la
totalidad de contratos en discusión con la DIAN y, llegó a la conclusión, de que
no corresponden a los de exploración y explotación de petróleo, porque si bien,
se relacionan con esas actividades, no tienen por objeto la búsqueda o
producción de hidrocarburos.
De manera que, en la providencia demandada se concluyó que, de acuerdo con
el objeto de los contratos gravados, se trata de un conjunto de obras que tienen
como propósito la realización de actividades de construcción, reparación y
mantenimiento sobre unos bienes inmuebles a servicio de Ecopetrol S. A. y, por
tanto, en la expedición de los actos administrativos acusados, la DIAN no
incurrió en la causal de nulidad alegada por el apelante.
En consecuencia, no le asiste razón a la parte actora cuando indica que en la
decisión acusada se incurrió en un defecto fáctico, ya que la corporación judicial
enjuiciada sí llevó a cabo un análisis sobre cada uno de los contratos y de los
objetos de estos, para probar y justificar que no se trataban de negocios cuyo
objeto estuviese relacionado con actividades de exploración y producción o
conexos, propios de la actividad de Ecopetrol S. A.
Así las cosas, se descarta la configuración del defecto fáctico alegado por la
sociedad accionante.
3.3.3. Defecto sustantivo
La demandante fundamentó que en la sentencia acusada se dejó de aplicar el
artículo 76 de la Ley 80 de 1993 que establece cuáles son los contratos de
exploración y explotación de recursos naturales, norma que establece:
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«ARTÍCULO 76. DE LOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE LOS RECURSOS NATURALES. Los contratos de exploración y explotación
de recursos naturales renovables y no renovables, así como los concernientes a
la comercialización y demás actividades comerciales e industriales propias de las
entidades estatales a las que correspondan las competencias para estos
asuntos, continuarán rigiéndose por la legislación especial que les sea aplicable.
Las entidades estatales dedicadas a dichas actividades determinarán en sus
reglamentos internos el procedimiento de selección de los contratistas, las
cláusulas excepcionales que podrán pactarse, las cuantías y los trámites a que
deben sujetarse.
…»
La Corte Constitucional19 ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando «…la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso
o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que
contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica»20.
Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente21 o porque ha sido derogada22, es
inexistente23, inexequible24 o se le reconocen efectos distintos a los
otorgados por el Legislador25.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma26.
c) La disposición aplicada es regresiva27 o contraria a la Constitución28.
19
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio
Palacio.
20
Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José
Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de
marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-
743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de
2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio entre otras.
21
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda
Espinosa.
22
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
23
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo
Rentería.
24
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
25
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
26
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil
27
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño
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d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición29.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma30 .
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
En relación con el primer asunto, según el cual, de acuerdo con el criterio de la
parte actora, la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo,
en tanto que se dejó de aplicar el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 31 y que
igualmente se omitió que el Decreto 4361 de 2007 estipula que los contratos
celebrados por Ecopetrol S. A. al no estar sometidos a procesos de licitación
pública o selección abierta se encuentran excluidos de la contribución de obra
pública, la Sala encuentra que, tampoco le asiste razón a la accionante
comoquiera que en la providencia cuestionada se aplicaron las reglas previstas
en la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020, así:
a) Para determinar si se realiza el hecho generador de la contribución de los
contratos de obra pública no es determinante el régimen contractual de la
entidad que celebre el contrato de obra pública, sea el general de la Ley 80 de
1993 o un régimen exceptuado. El elemento de la obligación tributaria se define
en función del celebrado y no del objeto o régimen jurídico de la entidad pública.
b) Los contratos de obra pública y los contratos de que trata el artículo 76 de la
Ley 80 de 1993 –de exploración y explotación de recursos naturales y las
actividades comerciales e industriales-, son dos categorías de contratos
diferentes, en tanto tienen características y finalidades propias, que impiden que
se trate de un mismo contrato.
c) La contribución no grava los contratos referidos en el artículo 76 de la Ley 80
de 1993 por cuanto no corresponden a los de obra pública que son objeto de
gravamen en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006.
Así, se observa que de conformidad con lo expuesto en el precedente de
unificación, la Ley estableció el tributo sobre todos los de obra celebrados con
entidades de derecho público, sin consideración al régimen contractual como
28
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa
29
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz
30
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
31
Que prevé cuáles son los contratos de exploración y explotación de recursos naturales.
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referente del hecho generador. Así, en el artículo 6° de la Ley 1106 de 2006 no
se sujetó el hecho gravado a un determinado régimen contractual ni a la Ley 80
de 1993.
De igual manera, se advierte que dentro de esas entidades de derecho público
se encuentran las sociedades de economía mixta en las que el Estado tiene
participación superior al 50% como lo es el caso de Ecopetrol S. A., pues el
hecho de que las entidades públicas tengan un régimen especial para cierto tipo
de contratos, tales como los de exploración y explotación de recursos naturales
renovables y no renovables, no impide que cuando se suscriban los de obra,
estos sí se encuentren gravados con el tributo.
Lo anterior, en atención a que, en ejercicio de su actividad contractual pueden
celebrar diferentes tipos de contratos, sin que cada uno de ellos pierda su
identidad, ya que uno es el objeto social o actividad principal de la entidad y otra
su actividad que puede variar, según el asunto a contratar.
En lo particular, se advierte que la corporación judicial demandada concluyó
que los contratos gravados con la contribución no correspondían a aquellos
celebrados para la exploración y explotación de recursos naturales no
renovables; razón por la cual, Ecopetrol S. A. actuaba como agente retenedor
del contratista en esos eventos, el cual es el sujeto pasivo del tributo. Al
respecto, puntualizó:
«En tal sentido, ECOPETROL, como parte contratante de los convenios de obra
pública, tenía la calidad de agente retenedor de la contribución de obra pública.
De ahí que sea procedente que con fundamento en esa calidad –agente
retenedor-, la DIAN determinara a ECOPETROL la obligación tributaria respecto
de los citados contratos, como se constata en el acto previo y los actos de
determinación de la contribución de obra pública.»
Por lo que, se precisa que la autoridad judicial acusada no desconoció el
Concepto 0638332 de 2008 de la DIAN, en el cual se había indicado que la
contribución de obra pública no se predica de los contratos relacionados con la
exploración y explotación de recursos naturales no renovables ni a los conexos,
en la medida en que los que fueron revisados en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho no gozaban de tal naturaleza jurídica.
Aunado, también carece de asidero el argumento según el cual la autoridad
judicial acusada desconoció la presunción de legalidad del Decreto 3461 de
2001, por medio del cual se reglamenta el artículo 6° de la Ley 1106 de 2006,
que a juicio de la impugnante, contempla que los contratos celebrados por
Ecopetrol al no estar sometidos a procesos de licitación pública o selección
abreviada se encuentran excluidos de la contribución de obra pública
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Así las cosas, en la sentencia cuestionada se estableció que los contratos sobre
los cuales se realizó la liquidación de la contribución son de obra, mas no de
exploración y explotación de recursos naturales y, por tal motivo, se causa el
tributo.
En consecuencia, en esta sede constitucional, se observa que Ecopetrol S. A.
no desvirtuó los elementos que llevaron a la autoridad accionada a concluir que
se trataba de contratos de obra pública, pues se limitó a aseverar que la norma
fue inaplicada y que ningún examen se había realizado sobre el objeto de cada
uno de los negocios jurídicos.
Por lo tanto, tampoco se encuentra demostrado el defecto sustantivo alegado.
Finalmente, se advierte que respecto del cargo relacionado con la prescripción
que alegó la parte demandante y, sobre la cual se pronunció la autoridad
judicial demandada32, esta Sección en Sala del 17 de febrero de 2022,
consideró necesario rectificar su postura de acceder al amparo solicitado por
Ecopetrol S.A. en los casos que se ha discutido la interpretación del artículo 717
del Estatuto Tributario (bajo un defecto sustantivo), para en su lugar, establecer
que lo «… resuelto por la autoridad accionada fue razonable. Por lo tanto, debe
privilegiarse el análisis del órgano de cierre en materia tributaria dentro de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.» Por tanto, frente a dicho asunto,
se negará la solicitud de tutela.
A su vez, se observa que el juez constitucional de primera instancia en sus
motivaciones concluyó que las presuntas deficiencias alegadas por la parte
actora, respondían, en realidad, a una mera discrepancia valorativa sobre las
reglas jurisprudenciales aplicadas por el fallador en relación con el hecho
generador del tributo, lo cual no es susceptible de admitirse como una causal de
procedibilidad especial, pues siempre que se trate de interpretaciones diversas
y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al
caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su
autonomía e independencia.
En consecuencia, se modificará el fallo impugnado, que si bien en su parte
motiva y resolutiva indicó que la acción de tutela debía declararse improcedente
por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional, lo cierto es
que también en aquella motivación se incluyeron argumentos con los cuales se
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Tal y como se expuso en el acápite de hechos de esta sentencia, así: «En tal sentido,
atendiendo la naturaleza de las actuaciones demandadas y conforme con lo dispuesto en el
artículo 121 de la Ley 418 de 1997, se considera que el término de prescripción para la
determinación de la contribución de obra pública corresponde a la prescripción ordinaria
prevista en el artículo 2536 del Código Civil, es decir de diez (10) años, el cual debe contarse
desde la fecha de pago a los contratistas. De ahí que no sea procedente la declaratoria de
prescripción que ordenó el Tribunal sobre un acto...»
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analizó el fondo del asunto, a partir de los que el a quo consideró que la
sentencia demandada fue razonable, ajustada al lineamiento jurisprudencial
vigente, acorde con el material probatorio y, debidamente motivada, entre otros
aspectos.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Modifícase el fallo impugnado del 15 de diciembre de 2021, por
medio del cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
declaró improcedente el amparo constitucional solicitado por no cumplir con el
presupuesto de la relevancia constitucional, para en su lugar, negar la
protección invocada, por las razones señaladas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, y envíese copia de la misma al Despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081»
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