Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-06978-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-06978-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2021-06978-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
17 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06978-01
Accionantes: MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ y NELSON GUERRA CHAVARRO
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
PRIMERA – SUBSECCIÓN A y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO –
que declaró improcedente la acción de tutela en relación con la
protección de derechos colectivos y negó en cuanto a la
supuesta mora judicial
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia de 11 de noviembre de 2021, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, a través de la cual resolvió: (i) declarar improcedente la acción
de tutela respecto de la «Vulneración de los derechos fundamentales de los
accionantes por el mal estado de la vía que conduce al municipio de Tibaná,
Boyacá, hasta Villapinzón, Cundinamarca», y (ii) negar la solicitud de amparo de la
referencia en relación con la presunta mora judicial.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Los ciudadanos Miguel Ángel Gómez y Nelson Guevara Chavarro solicitaron
el amparo de sus derechos fundamentales «a la dignidad humana, a la igualdad, al
trabajo», y de los derechos colectivos «a la salubridad pública, a gozar un espacio
público en buen estado», cuya vulneración le atribuyeron a la Presidencia de la
República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de
Transporte, al Departamento Nacional de Planeación – DNP, al Instituto
Nacional de Vías – INVIAS, a las alcaldías de Nuevo Colón, Tibaná y Turmequé,
Villapinzón, a la Gobernación de Boyacá y de Cundinamarca, en razón a que la
vía que conduce de Tibaná (Boyacá) a Villa Pinzón (Cundinamarca) no cumple con
las condiciones técnicas y ambientales para el tránsito de vehículos de transporte
de carga y de pasajeros.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionantes: Miguel Ángel Gómez y Nelson Guevara Chavarro
2. También le atribuyeron la vulneración de sus derechos fundamentales al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A por la
mora judicial en la toma de decisiones judiciales dentro de los procesos de acción
popular con radicados números 25000-23-41-000-2021-00478-00 y 25000-23-41-
000-2021-00797-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
3. De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos y razones que
motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
3.1. Manifestaron que la vía que conduce al municipio de Tibaná hasta Villapinzón
no cumple con las condiciones técnicas y medioambientales, por lo que no es apta
para el tránsito de vehículos con pasajeros y transporte de carga.
3.2. Señalaron que, debido al pésimo estado de la vía, en época de invierno, los
vehículos se exponen a un alto riesgo de accidente, con lo cual se pone en peligro
la vida e integridad de las personas que transitan por dicha vía.
3.3. Indicaron que, en tiempos de sequía, se levanta el polvo, hecho que afecta la
salud de los transeúntes, lo cual genera enfermedades como rinitis, gripes, afección
pulmonar, la contaminación de los productos agrícolas, el agua y viviendas que
están junto a la vía.
3.4. Argumentaron que la mencionada vía tiene muchos huecos y altibajos; que hay
sectores en los que se corre riesgo de deslizamiento; que es muy angosta y no
permite el paso adecuado de los vehículos de carga en ambos sentidos y en el
sector de Aposentos y El Batán, y que la vía pasa por el borde del río, por lo que
cuando este crece deteriora gran parte de la misma
3.5. Aseguraron que, a pesar de que se trata de una vía principal y que está
contemplada su pavimentación en los planes de desarrollo municipales y
departamentales, no se han asignado los recursos necesarios para llevar a cabo
las obras pertinentes.
3.6. Afirmaron
que por ese camino se desplazan estudiantes de los colegios y
escuelas municipales, poniéndose en riesgo su vida e integridad personal.
3.7. Expusieronque el deterioro de la carretera está afectando el transporte de
alimentos a ciudades principales como Bogotá, lo cual incide en el precio de los
productos debido a que por la tardanza en su entrega se desmejora la calidad de
los mismos, lo cual impacta negativamente el desarrollo económico de la región.
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3.8. Adujeron que varios lideres de la comunidad se manifestaron en los municipios
de Jenesano, Tibaná, Turmequé y Nuevo Colón para que las autoridades
nacionales dieran cumplimiento a la Ley 1332 de 2009 y asignaran los recursos
requeridos para pavimentar la vía.
3.9. Señalaron que esta es una vía muy importante en la medida en que conecta a
los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Casanare, y resaltaron que el mal
estado de la misma afecta al menos a 27.000 habitantes.
3.10. Finalmente, mencionaron que actualmente cursa una demanda en ejercicio de
la acción popular en contra las entidades aquí acusadas, la cual se tramita en la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Sin embargo, pese a que la misma fue radicada hace aproximadamente dos meses,
no se ha emitido ningún pronunciamiento en relación con el componente de
admisibilidad (en el escrito de tutela no señalaron el radicado).
III. PRETENSIONES
4. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] Señor magistrado y/o juez constitucional con todo respeto solicito ante
usted el amparo de los derechos fundamentales y constitucionales vulnerados
a la comunidad y ciudadanos colombianos que se encuentran afectados por la
vulneración de los siguientes derechos fundamentales constitucionales y que
además se concedan las siguientes pretensiones y medidas provisionales o
cautelares que describo a continuación:
PRIMERA: De manera respetuosa solicito ante usted estimado juez y/o
magistrado constitucional que con miras a proteger los derechos
constitucionales y fundamentales de los ciudadanos de la Provincia de Márquez
en Boyacá y del municipio de Villapinzón Cundinamarca, dichos derechos
fundamentales son los siguientes: dignidad humana, igualdad, el goce de un
ambiente sano, nivel de vida adecuado, mínimo vital, salubridad pública, el
goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público,
la defensa del patrimonio público, la defensa del patrimonio cultural de la
Nación, la seguridad y salubridad públicas, la libre competencia económica, el
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna,
el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente,
igualmente son derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la
Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de derecho internacional
celebrados por Colombia y todos los derechos y principios que ya se han
nombrado en los hechos de esta acción de tutela.
SEGUNDA: Ordenar a las entidades accionadas dar cumplimiento a la Ley
1332 del año 2009 de fecha de julio 17, en especial a sus artículos 2 en su
numeral 4 que señala: Pavimentación (sic) de la Vía el Batán – Aposentos y el
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numeral 11, el cual indica sobre la pavimentación de la vía Tumequé-
Villapinzón. Dicho artículo 2º. Indica también: “Autorizase al Gobierno Nacional
para que de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y lineamientos del
marco fiscal de mediano plazo, considere incorporar las partidas
presupuestales para concurrir a la finalidad de las siguientes obras de utilidad
pública y de interés social en el municipio de Tibaná, departamento de Boyacá
así:
-Pavimentación de la Vía el Batán – Aposentos.
-Pavimentación de la Vía Turmequé -Villapinzón
TERCERA: Ordenar a las entidades accionadas hacer los estudios técnicos y
necesarios y realizar y gestionar los proyectos para la pavimentación de la vía
Villapinzón, Turmequé, Nuevo Colon y Tibaná.
CUARTA: Ordenar a las entidades accionadas asignar los recursos
presupuestales necesarios para la pavimentación de la vía en mención en esta
acción de tutela.
QUINTA: Señor Magistrado (sic) solicitamos por favor ordenar al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA
MAGISTRADO PONENTE DOCTOR FELIPE ALIRIO SOLARTE AMAYA EN
BOGOTÁ D.C., en donde se tramita hace varios meses una acción popular por
el mismo tema, pero a la fecha dicho magistrado y su sección no han avanzado
en nada y se ha dilatado dicho proceso de acción popular, por lo cual este
Tribunal o Consejo de Estado requiera y ordene a dicho Magistrado Ponente
(sic) de la Sección Primera, que por favor tramite con diligencia la Acción
Popular (sic) radicada por segunda vez con fecha de 15 de septiembre de 2021
y por primera vez en el mes de junio de 2021, es decir por más de dos meses,
y no ha enviado información alguna a las personas accionantes sobre el trámite
de dicha acción y debido a la negligencia del Magistrado (sic) de la Sección
Primera está en atraso de desarrollo de dicha región ya que aun a la fecha no
se ha requerido a las Entidades Accionadas (sic) para que designen
presupuesto para la pavimentación de dicha vía.
SEXTA: Así mismo, solicitamos Señores Magistrados (sic) se ordene a las
Entidades Accionadas (sic) el cumplimiento y ejecución del artículo 3 de la
misma ley, donde se autoriza al Gobierno Nacional para efectuar las
apropiaciones presupuestales necesarias para la pavimentación de la vía
Villapinzón, Turmequé, Nuevo Colón y Tibaná.
SÉPTIMA: Por último, ordenar a las Entidades Accionadas (sic) a realizar los
Convenios Interadministrativos y de Contratación Estatal que se requieran para
la ejecución de la pavimentación de la vía Villapinzón, Turmequé, Nuevo Colón
y Tibaná, así con esto dar cumplimiento a la Ley 1332 del 2009.
OCTAVA: Señores Magistrados (sic) solicitamos que si los funcionarios de las
Entidades Accionadas no acatan el fallo de Acción de Tutela (sic) se compulsen
copias a los entes de control para su investigación y sanción.
NOVENA: Solicitamos Señores Magistrados (sic) si tiene a bien ordenar y/o
nombrar una comisión de verificación e inspección para ser enviada al lugar
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(vía Villapinzón – Tibaná) para constatar los hechos y real estado de dicha vía.
DÉCIMA: Por último, Señores Magistrados solicitamos que partiendo del
principio procesal de carga dinámica de la prueba, ordene a las Entidades
Accionadas allegar o enviar los correspondientes Planes de Desarrollo desde
el año 2004 a la fecha (2021).
DÉCIMA PRIMERA: Solicito Señores Magistrados revisar las firmas de la
comunidad afectada por el mal estado de la vía, dichas firmas confirman el
interés y el apoyo que se brinda a esta Acción de Tutela.
DÉCIMA SEGUNDA: Señor Magistrado (sic) los departamentos y municipios
mencionados en sus planes o programas de desarrollo en el tema o en el
acápite de infraestructura vial no se ha tenido en cuenta la ejecución de la Ley
1332 del año 2009 de fecha de julio 17, y no se ha dado cumplimiento en la
pavimentación de la vía que comunica a estos municipios con la capital del
país.
DÉCIMA TERCERA: Señor Magistrado (sic) conforme a la Constitución
Política, Ley 472 de 1998 que indica en el artículo 10 y demás leyes que
desarrollan la Acción de Tutela (sic) y sobre el agotamiento opcional de la vía
gubernativa, no es necesario dicha vía gubernativa cuando los derechos
fundamentales y constitucionales se vean amenazados o vulnerados por la
actividad de la administración.
DÉCIMA CUARTA: Las indicaciones de los derechos o interés colectivos (sic)
amenazados o vulnerados son los siguientes: según artículo 4 de la Ley 472
de 1998 – derechos e intereses colectivos. Son derechos e intereses colectivos,
entre otros, los relacionados con: a) el goce de un ambiente sano (…)
DÉCIMA QUINTA: Señores Magistrados (sic) solicito por favor dar
cumplimiento a las medidas correctivas y otras disposiciones acerca del
DESACATO (decretos reglamentarios 2591 y 306 de 1992 sic). La persona o
funcionario público o privado o entidad pública que incumpliere una orden
judicial proferida por la autoridad competente en los procesos que se adelanten
por acciones de tutela, incurrirá en multa hasta de cincuenta (50) salarios
mínimos mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos, conmutables en arresto hasta de seis (6) meses, sin
perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será
impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial, mediante trámite
incidental y será consultada al superior jerárquico, quien decidirá en el término
de tres (3) días si debe revocarse o no la sanción.
DÉCIMA SÉPTIMA: Ordenar a las entidades accionadas que pavimenten la vía
Villapinzón, Turmequé, Nuevo Colón y Tibaná. Para mejorar las condiciones de
desarrollo en todos los ámbitos mencionados anteriormente en la región […].
(sic en toda la cita).
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IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
5. Elmagistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado a cargo de la
sustanciación del proceso, mediante providencia de 20 de octubre de 2021, admitió
la acción de tutela de la referencia en contra de las siguientes entidades:
«Presidencia de la república, los ministerios de Hacienda y Crédito Público y
Transporte, el Departamento Administrativo de Planeación Nacional, el Instituto
Nacional de Vías, las gobernaciones de Boyacá y Cundinamarca, las alcaldías de
los municipios de Villapinzón, Turmequé, Nuevo Colón y Tibaná, y contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A».
V. INTERVENCIONES
6. Realizadas las comunicaciones y notificaciones a las entidades accionadas, se
produjeron las siguientes intervenciones:
6.1. La Presidencia de la República, por conducto de apoderada judicial, rindió
informe en el que manifestó que no ha desconocido los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante. Asimismo, indicó que la solicitud de amparo es
improcedente por existir otros mecanismos de defensa judicial para la protección
de derechos colectivos.
6.2. Igualmente, indicó que la presidencia carece de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que no tiene la responsabilidad de atender las pretensiones
planteadas por los accionantes.
6.3. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de apoderada judicial,
se opuso a la prosperidad del mecanismo de amparo, al considerar que es
improcedente para la protección de los derechos colectivos, teniendo en cuenta
que los actores ya promovieron una acción popular que cursa en el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca bajo el radicado número 25000-23-41-000-2021-
00797-00.
6.4. El Ministerio de Transporte, por conducto la directora de Infraestructura (E),
contestó la tutela señalando que: (i) lo descrito en los hechos de la demanda de
tutela corresponde a circunstancias y actuaciones de otras entidades involucradas
en el trámite, y (ii) que el Ministerio de Transporte no interviene en la situación de
hecho que ha dado lugar a la aparente vulneración de los derechos fundamentales
señalados por los accionantes.
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6.5. En razón a lo anterior señaló que se evidencia una clara falta de legitimación en
la causa por pasiva, al no existir relación jurídica sustancial entre lo solicitado y la
competencia de esa cartera ministerial.
6.6. El Departamento Nacional de Planeación – DNP, por conducto de apoderada
judicial, contestó la demanda asegurando que esa entidad no es responsable de la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.
6.7. Por lo anterior, solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por
pasiva de dicha entidad y se le desvincule del presente trámite constitucional.
6.8. El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, mediante apoderada judicial, contestó
la tutela señalando que en atención al principio de legalidad que orienta la función
administrativa, al Instituto Nacional de Vías no debe endilgársele responsabilidad
alguna por los hechos narrados en la acción de tutela pues en virtud de los Decretos
2067 de 2003 y 2618 de 2013, por cuanto no tiene relación alguna con las
pretensiones solicitadas por el accionante.
6.9. Puntualizó que la vía objeto de discusión no es concesionada ni secundaria
(departamento) ni está dentro de las vías que tiene a su cargo. Por lo tanto, su
mantenimiento se encuentra en cabeza de la Gobernación de Boyacá.
6.10. Solicitó que se nieguen las pretensiones de la tutela en lo que respecta a esa
entidad en tanto que no se encuentra legitimada en la causa por pasiva.
6.11. El departamento de Boyacá, por conducto de apoderado judicial, contestó la
tutela precisando que el 9 de junio de 2021, suscribió el «CONVENIO MARCO
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LOS MUNICIPIOS DE TURMEQUÉ,
NUEVO COLÓN Y TIBANÁ, PARA REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS,
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O ATENCIÓN,
PREVENCIÓN O MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA RED VIAL
SECUNDARIA Y TERCIARIA, DE INTERCONEXIÓN VIAL Y MUNICIPAL EN LA
PROVINCIA MARQUEZ DE BOYACÁ», con un plazo de ejecución hasta el 31 de
diciembre de 2021.
6.12. Anotó que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora y
que, por el contrario, se encuentra en revisión de las condiciones de la zona en
ejecución del Convenio Interadministrativo 2170 de 2021, en el que se evidencian
los trámites adelantados por parte de dicha entidad y de las alcaldías municipales
involucradas en la problemática.
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6.13. Finalmente, destacó que el medio judicial idóneo es la acción popular no el
mecanismo constitucional de tutela.
6.14. Eldepartamento de Cundinamarca, por intermedio del secretario de
Transporte y Movilidad de Cundinamarca, argumentó que carece de competencia
para atender las peticiones de los accionantes toda vez que estas están
relacionadas con asuntos de competencia de la Gobernación del departamento de
Boyacá. Asimismo, solicitó se estudie una posible temeridad ante la presente
acción y la acción popular que se presentó por los mismos actores.
6.15. El municipio de Villa Pinzón, por intermedio del alcalde municipal, señaló que
la acción de tutela es improcedente para el amparo de derechos colectivos, pues
para ello se ha previsto la acción popular, la cual ya fue formulada por los
accionantes y se encuentra en trámite en el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera.
6.16. El
municipio de Tibaná, por intermedio del alcalde, contestó la demanda,
señalando que, la acción de tutela es improcedente por existir otro mecanismo de
defensa judicial para el amparo de derechos colectivos como es la acción popular.
6.17. Agregó que la misma tampoco cumple con el principio de inmediatez, toda vez
que los argumentos expuestos en el escrito de tutela dan cuenta de que los
derechos invocados y que presuntamente se vienen quebrantando, se vulneraron
desde el año 2009, por lo que, si en gracia de discusión existiera una urgencia, esta
fecha da cuenta de que no es así.
6.18. Añadió que no ha vulnerado los derechos de los actores y que el 9 de julio de
2021 se suscribió el Convenio Interadministrativo 2170 de 2021, entre el
departamento de Boyacá y los municipios de Turmequé, Nuevo Colón y Tibaná
para realizar «ESTUDIOS Y DISEÑOS, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y/O ATENCIÓN, PREVENCIÓN O MITIGACION DEL RIESGO
DE DESASTRES DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA, DE
INTERCONEXION VIAL Y MUNICIPAL EN LA PROVINCIA MÁRQUEZ DE
BOYACÁ».
6.19. Asimismo, señaló que se suscribió convenio interadministrativo de
Cofinanciación No. 001 de 2021 entre los municipios de Nuevo Colón, Tibaná y
Turmequé cuyo objeto es: «AUNAR ESFUERZOS, RECURSOS HUMANOS,
FINANCIEROS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS, LA
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, MANTENIMIENTO,
MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y/O ATENCIÓN, PREVENCIÓN O
MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y
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TERCIARIA, INTERCONEXIÓN VIAL MUNIICPAL EN LA PROVINCIA DE
MARQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ».
6.20. El
municipio de Nuevo Colón, por conducto de apoderado judicial, rindió
informe en el que sostuvo que los actores solicitan la protección de derechos de
carácter colectivo y no subjetivo, por lo que este mecanismo constitucional resulta
improcedente ante la existencia de un medio de defensa judicial idóneo como es la
acción popular.
6.21. Agregó que el 9 de julio de 2021 y con anterioridad a la interposición de la
acción de tutela, se suscribió el Convenio Interadministrativo 2170 de 2021, entre
el departamento de Boyacá y los municipios de Turmequé, Nuevo Colón y Tibaná
para realizar «ESTUDIOS Y DISEÑOS, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO,
REHABILITACIÓN Y/O ATENCIÓN, PREVENCIÓN O MITIGACION DEL RIESGO
DE DESASTRES DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA, DE
INTERCONEXION VIAL Y MUNICIPAL EN LA PROVINCIA MÁRQUEZ DE
BOYACÁ», por lo que solicitó declarar improcedente la tutela o, en su defecto,
negar las pretensiones de esta toda vez que no se ha desconocido derecho
fundamental alguno.
6.22. El municipio de Turmequé, por conducto de apoderado judicial, atendió el
requerimiento señalando que dicho ente territorial suscribió un convenio
interadministrativo el 9 de julio de 2021 con la Gobernación de Boyacá y los
municipios de Nuevo Colón y Tibaná para realizar los estudios y diseños,
mantenimiento, mejora, rehabilitación y mitigación del riesgo de desastres de la red
vial secundaria y terciaria de interconexión vial y municipal en la provincia de
Márquez, Boyacá.
6.23. Agregó que, igualmente, se suscribió otro convenio interadministrativo entre
dichos entes territoriales para la cofinanciación de las obras.
6.24. Argumentó que, conforme a lo anterior, el municipio de Turmequé ha realizado
lo que está a su alcance para llevar a cabo la rehabilitación de la vía objeto de la
presente tutela; pero que, en todo caso, la acción de tutela no resulta procedente
para la protección de derechos colectivos invocados.
6.25. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por conducto del magistrado a cargo de la sustanciación de los
procesos objeto de censura, rindió informe en el que advirtió que los aquí actores
promovieron dos demandas en ejercicio de la acción popular, las cuales se
encuentran identificadas con radicados números 25000-23-41-000-2021-00478-00
y 250002341000-2021-00797-00.
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6.26. Adujo que la primera demanda presentada se identificó con el radicado número
25000-23-41-000-2021-00478-00, la cual fue inadmitida mediante auto de 12 de
julio de 2021 y posteriormente rechazada, a través de auto de 23 de julio de 2021;
frente a esta última decisión señaló que no fue objeto de recurso alguno.
6.27. Deotro lado, puntualizó que la segunda demanda de acción de popular
presentada por los aquí actores se identificó con el radicado número
250002341000-2021-00797-00, la cual fue inadmitida mediante auto de 4 de
octubre de 2021.
6.28. Finalmente, adujo que la acción de tutela no constituye el medio idóneo para la
protección de derechos colectivos.
VI. FALLO IMPUGNADO
7. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 11 de
noviembre de 2021, resolvió: (i) declarar improcedente la acción de tutela respecto
de la «Vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes por el mal
estado de la vía que conduce al municipio de Tibaná, Boyacá, hasta Villapinzón,
Cundinamarca», y (ii) negar la solicitud de amparo de la referencia en relación con
la presunta mora judicial.
8. Como sustento de la declaratoria de improcedencia, el a quo expuso lo siguiente:
[…] 7.1. Vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes
por el mal estado de la vía que conduce al municipio de Tibaná, Boyacá,
hasta Villapinzón, Cundinamarca.
De tal forma que, resulta necesario aclarar y reiterar que, la acción de tutela
puede ser un mecanismo judicial idóneo de protección de derechos colectivos,
cuando se pretenda salvaguardar derechos fundamentales siempre que el
demandante sea la persona directa o realmente afectada en su derecho
fundamental, pues la acción de tutela es de carácter subjetivo. Igualmente, que
la vulneración o la amenaza esté plenamente acreditada.
No obstante, ninguno de estos supuestos se acredita en este caso particular,
pues aun cuando los señores Miguel Ángel Gómez y Nelson Guerra Chavarro
allegaron algunas fotografías del mal estado de la vía en cuestión, no
demostraron de qué manera les afecta a ellos directamente esta situación, pues
se limitan a realizar afirmaciones indistintamente sobre todos los habitantes de
la región, sin siquiera demostrar cuál es su lugar de residencia.
Ahora, si lo que realmente pretenden los demandantes es la protección de los
derechos colectivos a un ambiente sano, a la salubridad pública y a la
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seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, para ello el
ordenamiento previó el medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos sin que en este asunto se haya acreditado la falta de idoneidad de
dicho mecanismo para conjurar la afectación de tales garantías […].
9. Respecto del argumento asociado con la supuesta mora judicial, el a quo
consideró lo siguiente:
[…] Según se tiene, los accionantes afirmaron que en la actualidad cursa una
demanda que presentaron en ejercicio de la acción popular contra las
entidades aquí demandadas, la cual se tramita ante el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera. Sin embargo, pese a que la misma fue
radicada hace aproximadamente 2 meses, no se ha admitido.
Al respecto, la Sala encuentra que, conforme a la contestación de la
Corporación acusada, la parte actora ha presentado dos demandas populares
este año, por los mismos hechos.
La acción popular radicada 250002341000-2021-00478-00 en la que obran
como demandantes los señores Miguel Ángel Gómez y Nelson Guerra
Chavarro quienes manifestaron actuar como representantes y/o voceros de las
comunidades de los municipios de Villapinzón, Turmequé, Nuevo Colón,
Tibaná y Úmbita en el departamento de Boyacá, en la cual solicitaron la
protección de derechos e intereses colectivos en contra de la Presidencia De
La República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de
Transporte, el Departamento Administrativo de Planeación Nacional, el Instituto
Nacional de Vías - Invías, la Gobernación de Cundinamarca, la Gobernación
de Boyacá, la Alcaldía Municipal de Villapinzón, la Alcaldía Municipal de
Turmequé, la Alcaldía Municipal de Nuevo Colón y la Alcaldía Municipal de
Tibaná (Boyacá).
De acuerdo con las actuaciones remitidas por el Tribunal, dicha demanda fue
inadmitida mediante providencia del 12 de julio de 2021, por lo cual se les
requirió a los aquí accionantes que corrigieran los yerros señalados. El auto
inadmisorio fue notificado por estado fijado por la Secretaría de la Sección
Primera de esa Corporación el día 13 de julio de 2021, por lo cual, la parte
actora contaba con el término legal de tres (3) días para la subsanación
correspondiente.
Sin embargo, el término para la subsanación de la demanda terminó el día 16
de julio de 2021, sin que lo señores Miguel Ángel Gómez y Nelson Guerra
Chavarro la corrigieran en los términos señalados por el Tribunal, razón por la
cual, mediante auto de 23 de julio de 2021 se resolvió rechazar la demanda en
el proceso radicado 250002341000-2021-00478-00, al no haberse subsanado
en el término de tres (3) días dispuesto.
El citado proveído fue notificado el 6 de agosto de 2021; sin embargo, contra
dicha providencia no se interpuso recurso alguno, por lo cual quedó en firme la
decisión.
Ahora bien, los señores Miguel Ángel Gómez y Nelson Guerra Chavarro,
quienes manifestaron actuar como representantes y/o voceros de las
12
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06978-01
Accionantes: Miguel Ángel Gómez y Nelson Guevara Chavarro
comunidades de los municipios de Villapinzón, Turmequé, Nuevo Colón,
Tibaná en el departamento de Boyacá, formularon nuevamente demanda en
ejercicio del medio de control para la protección de derechos e intereses
colectivos en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Transporte, el Departamento
Administrativo de Planeación Nacional, el Instituto Nacional de Vías - Invías, la
Gobernación de Cundinamarca, la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía
Municipal de Villapinzón, la Alcaldía Municipal de Turmequé, la Alcaldía
Municipal de Nuevo Colón y la Alcaldía Municipal de Tibaná (Boyacá), la cual
fue sometida a reparto en la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el día 15 de septiembre de 2021, asignándosele en esta
oportunidad el número de radicación 250002341000-2021-00797-00.
[…]
De manera que, contrario a lo señalado por los accionantes, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, no ha incurrido en un
retraso injustificado en el trámite de la acción popular por ellos radicada, pues
como quedó expuesto, la demanda inicialmente presentada por los actores
populares fue inadmitida y posteriormente rechazada al incumplirse con las
formalidades y requisitos legales para su admisión y trámite. La decisión fue
notificada debidamente a los demandantes, obedeciendo el mandato legal
dispuesto por las normas del medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos, en especial, lo correspondiente a la notificación a través
de los medios electrónicos informados por los demandantes en el escrito de la
demanda […].
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
10. La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, reiterando los
argumentos expuestos en el escrito de tutela. Además de ello indicó lo siguiente:
[…] Crítica a los motivos de hecho y de derecho de la decisión de primera
instancia:
PRIMERA: Que el juez o magistrado superior revise la decisión de primera
instancia, por carecer de las condiciones necesarias a la sentencia congruente
(sic), teniendo en cuenta que: a) No se ajusta a los hechos antecedentes que
motivaron la tutela ni a los derechos impetrados u la solicitud de su defensa y
protección tanto individuales como colectivos, por error de hecho y de derecho,
en el examen y consideración de las peticiones realizadas por los accionante<,
b) el Juez de primera Instancia se niega a proteger los derechos
constitucionales y fundamentales tanto individuales como colectivos en el
sentido de dar cumplimiento del mandato legal de garantizar a los habitantes
agraviados de los Municipio de Villapinzón, Turmequé, Úmbita, Nuevo Colón y
Tibaná en Cundinamarca y Boyacá, el pleno goce de sus derechos, como lo
establece la ley; c) se funda en consideraciones inexactas y pasando por alto
el padecimiento de los habitantes de aquella región de Márquez en Boyacá, la
cual ha sido históricamente olvidada y abandonada tanto por los Gobiernos
Departamentales y Nacionales de turno; d) Incurre el fallador de primera
instancia en error esencial de derecho, especialmente respecto del ejercicio de
13
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06978-01
Accionantes: Miguel Ángel Gómez y Nelson Guevara Chavarro
la tutela que a la vez protege derechos individuales y que dichos derechos son
vulneradas a cada habitante de la región de la provincia de Márquez y del
Municipio de Villapinzón, que resulta inane a las pretensiones de los actores,
por errónea interpretación de los principios constitucionales.
SEGUNDA: EN CUANTO A LOS ARGUMENTOS DE LA DECISIÓN DE
PRIMERA INSTANCIA QUE SE IMPUGNA, CONTESTAMOS LO
SIGUIENTE:
A los puntos indicados tanto por las Entidades Accionadas como por el
Fallador de Primera Instancia, exponemos lo siguiente:
Con respecto a la presunta improcedencia de la acción de tutela para defender
derechos individuales y colectivos, Debo presumir, con contrariedad que el
Señor Juez no examinó nuestros argumentos acerca de la conducta omisiva
de la administración o de las entidades accionadas. Según se ha reconocido
la Corte Constitucional en sus sentencias, si el daño se produjo y ya no quedan
vestigios iniciales, es improcedente la tutela. Pero, en nuestro caso, se trata
de una conducta omisiva y el perjuicio a los derechos fundamentales que
sufren todos los habitantes de los Municipios de Villapinzón, Turmequé […].
Mientras no haya cumplimiento y la realización de un nuevo acuerdo o pacto
entre todas las entidades accionadas en donde se asigne presupuesto dentro
del plan de desarrollo nacional para la pavimentación de dicha vía perdurará y
permanecerá la constante violación tanto a los derechos individuales como
colectivos de los habitantes de dicha región. […]
SÉPTIMA: La gobernación de Cundinamarca jamás contestó la acción de
tutela lo cual es vergonzoso para nuestro país […].
OCTAVA: […] no se tubo (sic) en cuenta tanto por el Magistrado y/o Juez de
Primera Instancia las firmas de toda la comunidad o habitantes de la provincia
[…] que acompañan y respaldan la Acción de Tutela, ya que con el mal estado
de la vía y sin pavimentar por muchos siglos se violan tanto los derechos
individuales como colectivos y viceversa.
[…]
DÉCIMA PRIMERA: Igualmente, no se tubo (sic) en cuenta las pruebas que
se anexaron como videos del mal estado de las vías, las fotografías, las firmas
de la comunidad, los reportes periodísticos de las marchas de la comunidad
en pro de la pavimentación de la vía.
[…]
DÉDIMA CIARTA: Igualmente, el fallo de primera instancia a (sic) desconocido
los derechos colectivos a gozar un ambiente sano, y a tener una
infraestructura adecuada para el buen desarrollo económico, social y cultural
de la región.
HECHOS RELEVANTES DE ESTA IMPUGNACIÓN Y/O APELACIÓN
CONTRA EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
14
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06978-01
Accionantes: Miguel Ángel Gómez y Nelson Guevara Chavarro
[…]
DÉCIMO: Actualmente (octubre de 2021) (sic), cura en el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA MIXTA ORAL
MAGISTRADO PONENETE DOCTOR FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA EN
BOGOTÁ D.C., UNA ACCIÓN POPULAR POR EL MISMO TEMA, en donde el
señor Magistrado se ha tardado en admitir la Acción Popular por más de dos
meses, y no ha envía (sic) información alguna a las personas accionantes
sobre el trámite de dicha acción; y debido a la negligencia del Magistrado de
la Sección Primera está en atraso el desarrollo de dicha región ya que aún a
la fecha se ha requerido a las Entidades Accionadas para que designen
presupuesto para la pavimentación de dicha vía […]. (Negrillas de la sala)
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia
11. Esta Sala de Decisión es competente para conocer la impugnación presentada
por la parte actora en contra de la sentencia de 11 de noviembre de 2021, proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en virtud de lo previsto en el
artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19911, en concordancia
con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 20172, y en armonía con
el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183, respecto de la distribución de
negocios al interior de las secciones del Consejo de Estado.
VIII.2. Problemas jurídicos
12. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado4, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela. Si ello es así determinar:
b) Si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales y
colectivos invocados por los accionantes: i) al no destinar recursos para
arreglar la vía que conduce de Tibaná (Boyacá) a Villa Pinzón
(Cundinamarca), y ii) porque la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca presuntamente ha incurrido en
mora judicial en el trámite de los procesos de acción popular con radicados
1
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
4
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
15
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06978-01
Accionantes: Miguel Ángel Gómez y Nelson Guevara Chavarro
números 25000-23-41-000-2021-00478-00 y/o 25000-23-41-000-2021-
00797-00.
VIII.3. El caso concreto
13. Los ciudadanos Miguel Ángel Gómez y Nelson Guevara Chavarro solicitaron
el amparo de sus derechos fundamentales «a la dignidad humana, a la igualdad, al
trabajo», y los derechos colectivos «a la salubridad pública, a gozar un espacio
público en buen estado», cuya vulneración le atribuyeron a la Presidencia de la
República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de
Transporte, al Departamento Nacional de Planeación – DNP, al Instituto
Nacional de Vías – INVIAS, a las alcaldías de Nuevo Colón, Tibaná y Turmequé,
Villapinzón, a la Gobernación de Boyacá y de Cundinamarca, en razón a que la
vía que conduce de Tibaná (Boyacá) a Villa Pinzón (Cundinamarca) no cumple con
las condiciones técnicas y ambientales para el tránsito de vehículos de transporte
de carga y de pasajeros, exponiendo a la comunidad a riesgo de accidentes.
14. También le atribuyeron la vulneración de los derechos fundamentales
anteriormente referenciados al Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Primera – Subsección A por la presunta mora judicial dentro de los
procesos de acción popular con radicados números 25000-23-41-000-2021-00478-
00 y 25000-23-41-000-2021-00797-00.
VIII.3.1. De la improcedencia de la acción de tutela para la protección de
derechos colectivos en el sub examine
15. Sobre el particular, cabe recordar que, dado el carácter subsidiario, excepcional y
residual de la acción de tutela consignada en el artículo 86 de la Carta Política, la
regla general es que tal mecanismo de protección de derechos fundamentales no
puede reemplazar a los medios ordinarios de defensa judicial. Este carácter
excepcional y residual está previsto en el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 19915,
que expresamente prescribe: «La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan
otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».
16. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo, el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
5
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
16
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06978-01
Accionantes: Miguel Ángel Gómez y Nelson Guevara Chavarro
naturaleza6); lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
17. La Corte Constitucional, se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:
[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto. Exigencia
que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito, que
pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]7.
18. Respecto de la procedibilidad de la acción de tutela cuando la afectación se
deriva de la violación de derechos colectivos, esta Sección en sentencia de 6 de
abril de 2017, citando a la Corte Constitucional, señaló lo siguiente:
[…] “En resumen, las subreglas desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, son claras al establecer las dos circunstancias en que
procede la acción de tutela para proteger derechos fundamentales cuya
afectación se derive de la violación de derechos colectivos: (i) cuando la
tutela actúe como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, y (ii) Cuando la amenaza o vulneración de un derecho
colectivo, produce la afectación directa de un derecho fundamental.
Adicionalmente, la Corte ha establecido una serie de criterios de ponderación
que deberá tener en cuenta el juez constitucional para conceder la acción de
tutela, en los casos en que de la violación de derechos colectivos derive la
vulneración o amenaza a un derecho fundamental:
“i) debe existir conexidad entre la vulneración del derecho colectivo y la
amenaza o vulneración de un derecho fundamental; (ii) el accionante debe ser
la persona directamente afectada en su derecho fundamental; (iii) la
6
Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
7
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencia T-890-11 y T-580-06.
17
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06978-01
Accionantes: Miguel Ángel Gómez y Nelson Guevara Chavarro
vulneración del derecho fundamental no debe ser hipotética sino que debe
encontrarse expresamente probada en el expediente; (iv) la orden judicial debe
buscar el restablecimiento del derecho fundamental afectado y no del derecho
colectivo, aunque por efecto de la decisión este último resulte protegido y (v)
debe estar acreditado que las acciones populares no son un mecanismo
idóneo en el caso concreto para la protección efectiva del derecho
fundamental vulnerado”.8
Este criterio jurisprudencial ha sido acogido por la Sección Primera del Consejo
de Estado en sentencia proferida el 31 de julio de 20149, en la cual expuso que,
por regla general, la acción de tutela no procede para la protección de derechos
colectivos, por cuanto existen otros mecanismos como la acción popular; sin
embargo, cuando el hecho generador de la vulneración afecta derechos de una
y otra clase, la acción de tutela puede ser un mecanismo judicial idóneo de
protección de derechos colectivos, cuando se pretenda salvaguardar derechos
fundamentales, siempre que se cumplan los presupuestos antes mencionados.
[…]10.
19. Con fundamento en la anterior premisa y comoquiera que en el presente asunto
los actores aducen que la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
deviene del mal estado de la vía que conduce de Tibaná (Boyacá) a Villa Pinzón
(Cundinamarca), la Sala advierte que tal circunstancia guarda relación con la
vulneración de un derecho de naturaleza colectiva y no individual, motivo por el cual
el mecanismo de amparo no se erige como el medio de defensa idóneo para la
protección de derechos de carácter difuso, ya que el legislador ha previsto para tal
fin la acción popular que se encuentra regulada en la Ley 472 de 1998.
20. Significalo anterior que, tal como lo consideró el a quo, «lo que realmente
pretenden los demandantes es la protección de los derechos colectivos a un
ambiente sano, a la salubridad pública y a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente, para ello el ordenamiento previó el medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos sin que en este asunto se haya
acreditado la falta de idoneidad de dicho mecanismo para conjurar la afectación de
tales garantías».
21. En ese orden de ideas, y en consideración a que del escrito de tutela no se
advierte porque en este caso en específico hay una afectación a los derechos
individuales de los accionantes y muchos se demostró la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que habilite la intervención del juez constitucional de manera
8
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-197 de 1 de abril de 2014.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera ponente: María Elizabeth García
González. Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil catorce (2014). Radicación número: 25000-23-41-000-2014-
00858-01(AC). Actor: Jazmín Agudelo. Demandado: TRANSMILENIO S.A.
10
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente número 68001-23-33-000-2016-
01315-01(AC).
18
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06978-01
Accionantes: Miguel Ángel Gómez y Nelson Guevara Chavarro
transitoria, se concluye que la presente acción de tutela no satisface el requisito de
la subsidiariedad.
22. Tan cierto es lo anterior que los aquí actores promovieron dos demandas de
acción de popular, con el propósito de que se protejan los derechos colectivos con
ocasión del mal estado de la vía que conduce de Tibaná (Boyacá) a Villa Pinzón
(Cundinamarca), la cual, según su criterio, no cumple con las condiciones técnicas
y ambientales para el tránsito de vehículos de transporte de carga y de pasajeros.
23. Ahora bien, y en cuanto al argumento de los actores relacionado con que la
Gobernación de Cundinamarca no rindió informe en el interior del presente proceso,
por lo que se debe tener por cierto los hechos por ellos planteados, la Sala advierte
que no emitirá ningún pronunciamiento al respecto porque dicha entidad sí presentó
contestación al escrito de tutela, tal como se observa a índice 52 del aplicativo
Samai; además, en el caso de autos no se está realizando un estudio de fondo de
la controversia.
24. Sumado a lo anterior, y en cuanto al argumento expuesto en el escrito de
impugnación asociado a que el a quo no efectuó un análisis riguroso de las pruebas
aportadas al presente proceso, la Sala advierte que como el asunto de autos no se
está emitiendo un pronunciamiento de fondo no resulta necesario analizar el acervo
probatorio, ello, porque el mecanismo de la referencia no satisface el requisito
general de procedibilidad atinente a la subsidiariedad, por existir otro mecanismo
de defensa judicial.
25. En conclusión, la Sala confirmará el fallo impugnado que declaró improcedente
la acción de tutela para la protección de derechos colectivos.
VIII.3.2. De la vulneración de los derechos fundamentales por la supuesta
mora judicial
26. Los actores le atribuyeron la vulneración de sus derechos fundamentales a la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
al considerar que la referida autoridad incurrió en mora judicial en el trámite de los
procesos de acción popular con radicados números 25000-23-41-000-2021-00478-
00 y 25000-23-41-000-2021-00797-00.
27. Al respecto, sea lo primero en indicar que, de acuerdo con la jurisprudencia
Constitucional, para que se estructure la violación amparable del debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, por la falta de resolución oportuna del
asunto sometido a conocimiento de un servidor judicial, resulta imprescindible
analizar: (i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión judicial de la respectiva
19
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06978-01
Accionantes: Miguel Ángel Gómez y Nelson Guevara Chavarro
dependencia; (ii) el desarrollo y cumplimiento de las funciones del cargo; (iii) la
complejidad del caso sometido a decisión judicial, y (iv) el cumplimiento por las
partes de sus deberes de impulso procesal11.
28. A efectos de determinar la supuesta mora judicial, la pone de relieve que los aquí
actores presentaron dos demandas en ejercicio de la acción popular, las cuales
fueron identificadas con los radicados números 25000-23-41-000-2021-00478-00 y
25000-23-41-000-2021-00797-00.
29. La demanda con radicación número 25000-23-41-000-2021-00478-00 fue
rechazada mediante auto de 23 de julio de 2021 proferido por la Subsección A de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin que fuera
objeto de recurso. Mientras que la presente acción de tutela fue radicada el 13 de
octubre de 2021, por lo que es evidente que antes de que se presentara la solicitud
de amparo la autoridad judicial había emitido pronunciamiento frente al componente
de admisibilidad y, en ese sentido, resulta imposible concluir que se configuró la
supuesta mora judicial invocada y muchos menos la vulneración de derechos
fundamentales.
30. En cuanto al trámite de la segunda demanda con radicación número 25000-23-
41-000-2021-00797-00, se tiene que esta fue radicada el 15 de septiembre de 2021,
inadmitida el 4 de octubre de la misma anualidad y rechazada mediante providencia
de 11 de noviembre de 2021, por lo que resulta dable concluir que frente a este
proceso nunca existió un retardo en el trámite y, en todo caso, se advierte que se
configuró la carencia actual de objeto por hecho superado12 en el entendido de que
actualmente la autoridad judicial emitió un pronunciamiento dentro del expediente
que se alegaba la supuesta mora judicial.
31. Por tanto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó la solicitud
de amparo respecto de la supuesta mora judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
11
Corte Constitucional. Sentencia T-220 de 2007.
12
La Corte Constitucional en Sentencia T-653 de 2017 definió el hecho superado como “el supuesto de hecho en el que,
entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del obrar
de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la
conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, se superó la afectación y resulta inocua cualquier
intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, no se
encuentran afectados ni amenazados”. (Negrillas fuera del texto)
20
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06978-01
Accionantes: Miguel Ángel Gómez y Nelson Guevara Chavarro
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 11 de noviembre de 2021, proferido por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
P (16)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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