Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-06983-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-06983-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-06983-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
3 de febrero de 2022
Demandante: Iván Darío Lezcano Lora
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera
Subsección A
Rad: 11001-03-15-000-2021-06983-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-01
Demandante: IVÁN DARÍO LEZCANO LORA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora, a través de
apoderado judicial, contra la sentencia de primera instancia proferida el 19 de
noviembre de 2021 por el Consejo de Estado, Sección Primera. Mediante esta
providencia se declaró improcedente la solicitud de amparo por no superar las
exigencias de relevancia constitucional y la subsidiariedad y se denegó la acción
sobre los aspectos que superaron los requisitos de procedibilidad adjetiva.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. El señor Iván Darío Lezcano Lora, a través de apoderado judicial1, presentó
acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A. En el
escrito de amparo solicitó la protección de su derecho fundamental al debido
proceso.
2. En criterio del demandante, tal garantía constitucional fue vulnerada por parte
de la autoridad judicial accionada con ocasión de la sentencia de 9 de abril de 2021,
dictada en segunda instancia, que modificó el fallo adoptado por el Tribunal
Administrativo de Antioquia el 14 de junio de 2017, dentro del medio de control de
reparación de los perjuicios causados a un grupo, identificado con el número de
radicación 05001-23-33-000-2016-01305-02 2.
1 El escrito constitucional se radicó el 13 de octubre de 2021 a la Secretaría General de esta
Corporación.
2 El citado proceso fue promovido por los señores Iván Darío Lezcano Lora, Gloria Helena Restrepo
Montoya, Jesús Aníbal Gómez Zapata, Jorge Enrique Zuluaga Londoño, Luis Fernando Restrepo
Hernández, Orlando de Jesús Guzmán Herrera, Rafael Pulido García, Diego Pulido Barrientos,
Gabriel Jaime Peláez Restrepo, Juan Esteban Martínez Estrada, Jorge Alberto Restrepo Gallego y
Jhovany Alexander Moreno Aristizábal.
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Demandante: Iván Darío Lezcano Lora
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera
Subsección A
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1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, solicitó el amparo del derecho fundamental invocado
y, en consecuencia, pidió:
Que el excelentísimo Juez Constitucional ampare el derecho fundamental al
debido proceso de mis representados (sic), debido a que la sentencia de segunda
instancia presenta enormes defectos fácticos y defectos materiales o sustantivos.
En consecuencia el Juez Constitucional deberá anular, o dejar sin ningún efecto o
expedir sentencia de reemplazo, respecto de la Acción de Grupo 05001-23-33-
000-2016-01305-02 (AG)3.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El 31 de mayo de 2016, el señor Iván Darío Lezcano Lora y otros4 en ejercicio
del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo,
presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional y el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con el fin de obtener
el reconocimiento y pago de los perjuicios causados con ocasión de la expedición
del Decreto 155 del 1º de febrero de 2016, a través del cual se ordenó la suspensión
general de permisos para el porte de armas de fuego en todo el territorio nacional.
5. El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Tribunal
Administrativo de Antioquia. La referida autoridad judicial, mediante sentencia de 14
de junio de 2017, negó las súplicas de la demanda y declaró la falta de legitimación
en la causa por pasiva respecto del Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República.
6. Lo anterior, al considerar que el DAPRE no representaba al Gobierno
Nacional. De otra parte, determinó que el presunto daño reclamado por los
demandantes como consecuencia de la expedición del Decreto 155 del 1º de
febrero de 2016 nunca se generó, toda vez que el Estado tiene el monopolio de las
armas por mandato constitucional y el permiso de porte o tenencia podía ser
suspendido en cualquier momento.
7. La anterior decisión fue objeto de apelación por la parte demandante. El
recurso fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. En
sentencia de 9 de abril de 2021, la citada autoridad modificó la sentencia recurrida,
3 SAMAI, índice 2, escrito denominado “ESCRITODETUTELA”, p. 41.
4 Gloria Helena Restrepo Montoya, Jesús Aníbal Gómez Zapata, Jorge Enrique Zuluaga Londoño,
Luis Fernando Restrepo Hernández, Orlando de Jesús Guzmán Herrera, Rafael Pulido García, Diego
Pulido Barrientos, Gabriel Jaime Peláez Restrepo, Juan Esteban Martínez Estrada, Jorge Alberto
Restrepo Gallego, Jhovany Alexander Moreno Aristizábal.
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en el sentido de “declarar improcedente el medio de control de reparación de los
perjuicios causados a un grupo”.
8. La autoridad accionada determinó que el Decreto 155 de 2016 no suspendió
los salvoconductos de porte de armas de fuego, sino que delegó tal facultad a las
autoridades militares para que decretaran la suspensión del porte de armas y
determinaran la excepción de tal medida. En tal sentido, expresó que el medio de
control resultaba improcedente por indebida integración del grupo demandante,
pues tratándose de la suspensión de los permisos, los eventuales demandantes
estarán determinados por los actos administrativos que profiera cada unidad militar
en su correspondiente jurisdicción y luego, de ello, correspondería analizar las
posibles consecuencias negativas que se pudieran llegar a originar como causa de
tales actuaciones.
9. La sentencia de segunda instancia fue notificada por la Secretaría General
de esta Corporación, mediante estado electrónico fijado el 23 de abril de 20215.
1.4. Sustento de la vulneración
10. La parte actora aseguró que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A al proferir la sentencia del 9 de abril de 2021, vulneró su derecho
fundamental al debido proceso, por las razones que se exponen a continuación:
1.4.1. Defecto sustantivo
11. Señaló que la autoridad judicial demandada interpretó de manera equívoca
el Decreto 155 de 2016, pues el Gobierno Nacional a través de éste impartió
órdenes precisas a las autoridades militares, es decir, a sus subalternos, razón por
la cual la decisión que afectó a los demandantes fue proferida por el Gobierno
Nacional.
12. Afirmó que el daño que se pretende que sea indemnizado a través del medio
de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo tiene una causa
común, que es la suspensión general de permisos de porte de armas en todo el
territorio nacional, tal como lo dispuso la referida norma.
13. Indicó que estudiar cada resolución que dio cumplimiento al Decreto 155 de
2016 tal como se afirmó en la sentencia objeto de reproche, es desnaturalizar las
acciones de grupo como mecanismo constitucional colectivo.
14. Reiteró que al disponer que las autoridades militares adopten las medidas
necesarias para suspender los permisos de porte de armas, en realidad se trató de
una orden directa, de la Presidencia de la República y del Ministerio de Defensa,
por lo cual la acción está dirigida de manera adecuada. Explicó entonces que se
5 El estado fue desfijado por la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 23 de
abril de 2021 a las 5:00 p.m.
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interpretó de manera errónea el citado Decreto.
15. Adujo que en la sentencia cuestionada se fijó el alcance del Decreto 155 de
2016 de forma inexacta al señalar que se debía demandar cada resolución de
suspensión a fin de restablecer los derechos de los afectados.
1.4.2. Defecto fáctico
16. Para sustentar este defecto, afirmó que en el fallo controvertido se evidencia
una doble deficiencia probatoria “por no analizar pruebas existentes y al dar por
probados hechos que no lo están”, respecto de la causa que originó los perjuicios a los
demandantes.
17. Adujo que no se valoró la certificación de los permisos de porte de armas
facturados por INDUMIL, lo cual implicó que no se efectuara una correcta
determinación del grupo demandante.
18. Indicó que no se tuvo en cuenta las ocho resoluciones6 mediante las cuales,
en su criterio, las autoridades militares acataron lo señalado en el Decreto 155 de
2016, a partir de estas podía comprenderse que la medida de suspensión había
sido tomada por el Gobierno Nacional.
19. Mencionó que la autoridad accionada desconoció por completo las pruebas
existentes en el proceso y no soportó su decisión en ningún medio de convicción y
agregó que su decisión carece de todo respaldo probatorio.
1.4.3. Desconocimiento del precedente
20. Afirmó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa al
reconocer que los daños que afectan al grupo puede ser una cadena de hechos. En
esta medida, expresó que la acción de grupo tiene como causa común del daño la
suspensión general de permisos de porte de armas (el accionante no señaló
ninguna providencia como desconocida).
1.5. Actuaciones relevantes
1.5.1. Admisión de la acción de tutela
21. El a quo de la acción de tutela, en el auto admisorio de 19 de octubre de 2021
admitió la solicitud de amparo contra la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
22. De igual manera, dispuso la vinculación del Tribunal Administrativo de
Antioquia, de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, del Departamento
6 Resoluciones proferidas entre el 1º y 3 de febrero de 2016 por la Primera, Cuarta, Quinta, Décima,
Décima Sexta, y Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, así como por la Brigada de Infantería
de Marina No. 1, y la Resolución del Comando Aéreo de Combate No. 1.
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Administrativo de Presidencia de la República -DAPRE, de la Industria Militar –
INDUMIL, y de los demandantes en el medio de control de reparación de los
perjuicios causados a un grupo: Gloria Helena Restrepo Montoya, Jesús Aníbal
Gómez Zapata, Jorge Enrique Zuluaga Londoño, Luis Fernando Restrepo
Hernández, Orlando de Jesús Guzmán Herrera, Rafael Pulido García, Diego Pulido
Barrientos, Gabriel Jaime Peláez Restrepo, Juan Esteban Martínez Estrada, Jorge
Alberto Restrepo Gallego y Jhovany Alexander Moreno Aristizábal7.
1.5.2. Intervención en primera instancia
23. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentaron las
siguientes intervenciones:
1.5.2.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
24. La magistrada ponente de la decisión cuestionada afirmó que la parte
demandante pretende utilizar la acción de tutela para reabrir el debate jurídico que
ya quedó zanjado en la sentencia ejecutoriada.
25. Mencionó que a través del escrito de amparo, el actor plantea la discrepancia
interpretativa que tiene frente a las conclusiones a las que se llegó en la sentencia.
26. Solicitó negar las pretensiones tutelares, toda vez que no existió vulneración
a derecho fundamental alguno del accionante, por cuanto, la sentencia cuestionada
no incurrió en ninguno de los defectos alegados.
1.5.2.2. Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Segunda de Oralidad
27. La magistrada ponente de la decisión de primera instancia expresó que
mediante esta acción de tutela se cuestionó la sentencia de segunda instancia y
que la pretensión dirigida a que se deje sin efecto tal decisión, por lo que se abstiene
de realizar pronunciamiento de fondo respecto de la demanda de amparo.
1.5.2.3. Defensoría del Pueblo
28. La profesional adscrita a la Oficina Jurídica de la entidad indicó que carece
de legitimación en la causa por pasiva para pronunciarse respecto de la acción
constitucional, por cuanto, las actuaciones y comportamientos denunciados por la
parte actora son ajenos a la Defensoría del Pueblo.
29. En tal sentido, solicitó su desvinculación, toda vez que no se vulneró derecho
fundamental alguno del accionante.
7 La notificación de los terceros con interés fue realizada por el apoderado judicial de la parte actora,
tal como consta en el índice 26 de SAMAI.
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1.5.2.4. Presidencia de la República - DAPRE
30. La apoderada de la Presidencia de la República y del Departamento
Administrativo de la misma entidad, solicitó que se declare la falta de legitimación
en la causa por pasiva o en su defecto, la improcedencia de la acción de tutela por
inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
1.5.2.5. Industria Militar - INDUMIL
31. El subgerente técnico de la citada empresa señaló que INDUMIL no tiene
competencia para pronunciarse frente a la revalidación y expedición de permisos
para tenencia y porte de armas, toda vez que su objeto se circunscribe a desarrollar
la política general del Gobierno en materia de importación, fabricación y comercio
de armas, municiones y explosivos y elementos complementarios, así como la
explotación de los ramos industriales, acordes con su especialidad.
32. En consecuencia, solicitó su desvinculación del trámite tutelar por carecer de
legitimación en la causa por pasiva.
1.5.2.6. Los otros vinculados a la acción de tutela pese a que fueron notificados en
debida forma, guardaron silencio8.
1.5.3. Sentencia de primera instancia
33. El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia de 19 de
noviembre de 20219, señaló que el desconocimiento del precedente judicial no
superó el requisito de relevancia constitucional, por lo que declaró su improcedencia
al determinar que la parte actora no cumplió con la carga argumentativa mínima
para estructurar dicho defecto.
34. De otra parte, declaró improcedente la acción de tutela en relación con el
defecto fáctico por la falta de valoración de 8 resoluciones expedidas por algunas
autoridades militares, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, en la medida
en que los documentos no se aportaron al proceso ordinario.
35. En la referida providencia, se negó el defecto fáctico en cuanto se refiere a la
valoración de la certificación de los permisos de porte de armas facturados por
INDUMIL, al considerar que el análisis en materia de apreciación de las pruebas
hizo parte de la autonomía del juez natural.
36. Finalmente, se denegó la acción de tutela frente al defecto sustantivo por la
indebida interpretación del artículo 1° del Decreto 155 de 2016. Sobre el punto,
8 Los terceros con interés fueron notificados por el apoderado judicial de la parte actora, quien fue
requerido para tal efecto por la Secretaría General de esta Corporación, tal como consta en los
índices 22 y 26 de SAMAI.
9 El fallo de primera instancia fue notificado el 30 de noviembre de 2021 a través de correo
electrónico.
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precisó que la interpretación de la norma fue razonable, precisa y obedeció a la
independencia de la que gozan los jueces en sus providencias.
1.5.4. Impugnación
37. Con escrito enviado el 3 de diciembre de 2021, la parte actora impugnó la
decisión de primera instancia. Refutó la decisión del a quo indicando que las ocho
resoluciones no fueron aportadas al expediente ordinario porque desconocía su
existencia.
38. Expresó que los argumentos consignados en el escrito de tutela fueron
ignorados en primera instancia y en su lugar, se expusieron aspectos
completamente descontextualizados para soportar la falta de relevancia
constitucional.
39. Explicó que corregir un fallo violatorio del debido proceso que afecta a varias
personas, tiene en sí mismo una enorme relevancia constitucional.
40. Indicó que hasta el momento no se ha resuelto el verdadero problema jurídico
que radica en determinar la afectación y los perjuicios ocasionados a la parte actora
por la expedición del Decreto155 del 1º de febrero de 2016, pues en primera
instancia se defendió una decisión desacertada y violatoria de los derechos
fundamentales.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
41. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 19 de noviembre
de 2021 por el Consejo de Estado, Sección Primera, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Cuestión previa
42. La Defensoría del Pueblo, la Presidencia de la República y la Industria Militar
– INDUMIL en sus intervenciones, solicitaron ser desvinculados del trámite
constitucional de la referencia, al considerar que carecen de legitimación en la causa
por pasiva.
43. Sobre el punto, cabe precisar que no pueden ser aceptadas las peticiones de
la Defensoría del Pueblo y de la Industria Militar - INDUMIL, en la medida en que la
primera de ellas no hizo parte del proceso ordinario ni se dispuso su vinculación al
trámite constitucional y la segunda, fue citada en calidad de tercero con interés en
la decisión que se llegare a adoptar en el presente trámite constitucional.
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44. Respecto de la Presidencia de la República, la solicitud de desvinculación
será aceptada, puesto que en el proceso ordinario se declaró su falta de legitimación
por pasiva.
2.3. Legitimación en la causa
45. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
46. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991 10, en los artículos 1, 10, 46 y
49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier
persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí
misma; ii) a través de representante; iii) apoderado; o iv) por medio de la agencia
oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de
promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores
del pueblo y los personeros municipales11.
47. Con fundamento en el marco conceptual expuesto12, la Sala advierte que el
señor Iván Darío Lezcano Lora, es el titular de los derechos fundamentales que
reclama, en razón a que conformó la parte demandante dentro del medio de control
de los perjuicios causados a un grupo, en el que se profirió la providencia aquí
enjuiciada.
48. En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa,
presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de
procedibilidad y del núcleo esencial del derecho presuntamente vulnerado.
49. Asimismo, la demanda se dirigió contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, autoridad que profirió la providencia objeto de censura,
razón por la cual, se encuentra legitimada por pasiva.
2.4. Problema jurídico
50. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida el 19 de noviembre de 2021 por el Consejo de Estado,
Sección Primera, que declaró improcedente la solicitud de amparo por no superar
las exigencias de relevancia constitucional y subsidiariedad. A su vez, denegó la
acción sobre los aspectos que superaron los requisitos de procedibilidad adjetiva,
para lo cual se deberán resolver los siguientes interrogantes:
10 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-793 del 27 de septiembre de 2007, M. P. Clara Inés Vargas
Hernández
12 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta,
ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones
de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva.
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• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de
la acción de tutela contra providencia judicial?
51. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:
• El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, ¿vulneró el derecho
fundamental del demandante al debido proceso al declarar improcedente el
medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo
interpuesto por el accionante y otros, bajo radicación No. 05001-23-31-000-
2016-001305-00/1, a fin de que se declare la responsabilidad patrimonial por
los perjuicios causados por la expedición del Decreto 155 de 201613?
2.5. Razones jurídicas de la decisión
52. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; y de superarse lo anterior (iii) el análisis del caso concreto.
2.6. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
53. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
14
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 15 y declaró su
procedencia16.
54. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y; iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.
13 El citado proceso fue promovido por el señor Iván Darío Lezcano Lora, Gloria Helena Restrepo
Montoya, Jesús Aníbal Gómez Zapata, Jorge Enrique Zuluaga Londoño, Luis Fernando Restrepo
Hernández, Orlando de Jesús Guzmán Herrera, Rafael Pulido García, Diego Pulido Barrientos,
Gabriel Jaime Peláez Restrepo, Juan Esteban Martínez Estrada, Jorge Alberto Restrepo Gallego,
Jhovany Alexander Moreno Aristizábal contra la Nación – Ministerio de Defensa, y el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
16 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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55. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
56. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.7. Estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.7.1. Relevancia constitucional
57. Para la Sala es necesario precisar que, la parte actora cuestiona la
razonabilidad de la providencia del 19 de noviembre de 2021 de la Sección Primera
del Consejo de Estado, pues a su juicio, en la decisión reprochada se incurrió en los
defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente.
58. En primera instancia, se encontró superado el requisito de relevancia
constitucional respecto de: i) el defecto fáctico en cuanto a la falta de valoración
probatoria de ocho resoluciones expedidas por algunas autoridades militares y la
información que allegó INDUMIL sobre la cantidad de permisos facturados para el
porte de armas; y ii) el defecto sustantivo en cuanto a la indebida interpretación del
Decreto 155 de 2016.
59. Por otra parte, el a quo indicó que el defecto del desconocimiento del
precedente no satisfizo la exigencia de relevancia constitucional, al considerar que
el actor no cumplió con la carga argumentativa mínima para estructurar dicho
defecto.
60. En criterio de la Sala, el requisito de relevancia constitucional se encuentra
satisfecho respecto de todos los defectos endilgados por el accionante, en la medida
en que el debate gira frente a la posible vulneración del derecho fundamental al
debido proceso, con ocasión de la decisión proferida por la autoridad judicial
demandada respecto de la cual el tutelante aduce que se configuraron los defectos
antes citados. Siendo ello así, es del caso revocar la decisión impugnada en este
punto, para en su lugar, proceder a estudiar el desconocimiento del precedente que
se alega.
61. En este orden, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues
en efecto, la parte actora considera vulnerado su derecho fundamental al debido
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proceso, por cuanto la autoridad judicial accionada declaró la improcedencia del
medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo.
2.7.2. Tutela contra decisión de la misma naturaleza17
62. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de tutela, pues,
la providencia judicial demandada fue proferida en dentro del medio de control de
reparación de perjuicios causados a un grupo, instaurado por el actor y otros, contra
el Departamento Administrativo de Presidencia de la República DAPRE y el
Ministerio de Defensa.
2.7.3. Inmediatez18
63. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerado su derecho con
ocasión de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, el 9 de abril de 2021, la cual fue notificada por estado electrónico
fijado el 23 de abril de la misma anualidad, por lo que quedó ejecutoriada el 29 del
mismo mes y año y la acción de tutela se presentó el 13 de octubre de 2021, lo que
para la Sala es un término razonable para el uso del mecanismo de amparo
constitucional.
64. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 19,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200520 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
17 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-
00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00;
Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia
13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20.,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
18 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-
15-000-2019-05167-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia
30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 13.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y
Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P.
Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
20 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
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judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el
amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.
2.7.4. Subsidiariedad21
65. En el escrito de tutela se indicó que la autoridad judicial demandada no valoró
las ocho resoluciones expedidas por algunas autoridades militares mediante las
cuales se acató lo señalado en el Decreto 155 de 2016.
66. Al respecto, el a quo estableció que las resoluciones no hicieron parte del
acervo probatorio del medio de control de perjuicios causados a un grupo y que en
consecuencia, no se superó el requisito de la subsidiariedad.
67. Pues bien, la Sala considera pertinente precisar que la referida exigencia
hace referencia a los recursos establecidos en la ley para controvertir las
providencias judiciales proferidas por los jueces de conocimiento, de tal manera que
únicamente se acuda a la acción de tutela cuando tales medios de impugnación
sean resueltos en el trámite del proceso ordinario. Siendo ello así, es claro que no
es viable realizar un análisis sobre cada defecto invocado por la parte actora en la
forma en que se realizó en primera instancia.
68. En este contexto, se revocará este aspecto de la decisión impugnada y en su
lugar, se estudiará tal falencia en el caso concreto.
69. Así las cosas, en consideración al requisito de subsidiariedad, por tratarse la
sentencia del 9 de abril de 2021 de una providencia que resolvió el recurso de
apelación contra el fallo de primera instancia dictado por el Tribunal Administrativo
de Antioquia el 14 de junio de 2017, es evidente el agotamiento de los recursos
procedentes contra este tipo de providencias.
70. En cuanto a los mecanismos extraordinarios establecidos, no proceden en el
caso concreto, por no cumplirse con los presupuestos de los artículos 248 y 257 de
la Ley 1437 de 2011.
71. Superados todos los requisitos de procedibilidad adjetiva, la Sala abordará
de fondo el amparo solicitado, no sin antes resaltar el carácter excepcional de la
acción de tutela, la cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada,
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
21 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-
15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia
30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-
2019-05025-00; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 13.02.20.,
Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-
00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01.
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el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena
fe, la seguridad jurídica y la confianza en las decisiones judiciales.
2.8. Los defectos alegados
72. La parte actora planteó como defectos de la providencia cuestionada, los
siguientes:
2.8.1. Defecto sustantivo
73. La Corte Constitucional22, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de
aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”23.
74. Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos:
75. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente24 o porque ha sido derogada25, es inexistente26,
inexequible27 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador28.
a) No se hace una interpretación razonable de la norma29.
b) La disposición aplicada es regresiva30 o contraria a la Constitución31.
c) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición32.
d) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma33.
e) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó
o justificó de manera insuficiente su actuación.
22 Corte Constitucional, Sentencia SU-195, 12.03.12, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
23 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU.159, 06.03.02, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; Sentencia T-043, 27.01.05, M.P.Marco Gerardo Monroy Cabra; Sentencia T-295,
31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Sentencia T-657, 10.08.06, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; Sentencia T-686, 31.08.07, M.P. Jaime Córdoba Triviño; Sentencia T-743, 24.07.06,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Sentencia T-033, 01.02.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio,
Sentencia T-792, 01.10.10, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-189, 03.03.05, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-205, 04.03.04, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-800, 22.09.06, M.P. Jaime Araújo Rentería.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
28 Corte Constitucional, Sentencia SU-159, 06.03.02, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
29 Corte Constitucional, Sentencias T-051, 30.01.09, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101,
28.10.2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
30 Corte Constitucional, Sentencia T-018, 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
31 Corte Constitucional, Sentencia T-086, 08,02,07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
32 Corte Constitucional, Sentencia T-231, 13.04.94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
33 Corte Constitucional, Sentencia T-807, 26.08.04, M.P. Clara Inés Vargas
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76. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la
existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han
presentado anteriormente.
2.8.2. Defecto fáctico34
77. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201535 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto
fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente
decisión:
78. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados
por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv)
dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido
proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para
resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta
fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de
negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia,
pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar
que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la
Omisión de decreto posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste
y práctica de procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba
pruebas que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros
indispensables para arriba señalados.
fallar el asunto
De esta manera, se requiere:
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que
solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en
oportunidad legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la
decisión hubiere sido otro.
34 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 23 de enero de 2020, Exp: 11001-03-15-000-
2019-04664-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 30 de enero de 2020, exp: 11001-03-15-
000-2019-04374-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 13 de febrero de 2020, exp: sentencia
del 13 de febrero de 2020, exp: 11001-03-15-000-2020-00137-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
35 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en
el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos
que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el
Desconocimiento fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma
del acervo específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales
probatorio pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron
determinante para desconocidas por el juez.
identificar la
veracidad de los Así las cosas, se configura siempre que:
hechos alegados
por las partes a) Se identifiquen los elementos de prueba no
valorados por el juez.
b) Se demuestre que éstos fueron aportados en forma
legal y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes
para la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los
mismos para variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica,
la apreciación efectuada por el fallador resulta
manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso
otorgado a la prueba se entiende alterado.
Valoración requiere entonces que:
irracional o
arbitraria de las a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas
pruebas aportadas fueron objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en
relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia,
en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría
una sustitución arbitraria del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos
Dictar sentencia con legales para su producción o introducción al proceso. Así las
fundamento en cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su
pruebas obtenidas apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir
con violación del el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba
debido proceso que desconoce el debido proceso de las partes.
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Para su configuración corresponde señalar:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha
vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción
fueron el sustento de la decisión.
79. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
80. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable
para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra
una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.
81. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre
sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma
prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al
fallador.
2.8.3. Desconocimiento del precedente
82. La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta Corte
para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número
plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea considerada como
precedente. También se considera que constituyen precedente las sentencias de
constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional,
como por el Consejo de Estado.
83. . Sin embargo, resulta necesario advertir que “(…) debe aceptarse que no todas
las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla, pues
son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una
actividad creadora del juez”36.
2.9. Caso concreto
84. La parte actora aseguró que, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, al proferir la sentencia del 9 de abril de 2021 vulneró su derecho
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del
19.02.15, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01.
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fundamental al debido proceso por presuntamente incurrir en los defectos
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente.
85. En tal sentido, se procede al análisis de la siguiente manera:
2.9.1. En el caso bajo estudio el accionante consideró que el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, incurrió en el defecto sustantivo al interpretar de
manera equívoca el Decreto 155 de 2016, a través del cual el Gobierno Nacional
“ordenó” a las autoridades militares adoptar las reglas necesarias para la
suspensión general de los permisos para porte de armas de fuego en todo el
territorio nacional.
86. En criterio del actor el daño que se pretende que sea indemnizado a través
del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo tiene una
causa común, que es la suspensión general de permisos de porte de armas de
fuego en todo el territorio nacional, tal como lo dispuso la referida norma. En tal
sentido, expresó que en la sentencia reprochada se incurrió en un error al
determinar que las decisiones proferidas por cada unidad militar deben ser
cuestionadas de manera individual.
87. Pues bien, de la revisión de la providencia controvertida, se advierte que la
judicatura censurada indicó que, la fuerza normativa del Decreto 155 de 2016 nunca
fue objeto de debate en el medio de control. Lo que hizo la autoridad judicial
accionada fue precisar que no había lugar a acceder a las pretensiones de la
demanda porque en realidad la expedición del referido decreto no conllevó a la
suspensión general del permiso de porte de armas en el territorio nacional.
88. La autoridad accionada explicó que, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 3237 del Decreto Ley 2535 de 1993 y 1038 de la Ley 1119 de 2016, una
37 Artículo 32. Competencia. Son competentes para la expedición y revalidación de permisos para
tenencia y para porte de armas y para la venta de municiones y explosivos en los lugares que
determine el Ministerio de Defensa Nacional, las siguientes autoridades militares: El Jefe del
Departamento Control Comercio Armas, Municiones y Explosivos, los Jefes de Estado Mayor de las
Unidades Operativas Menores o sus equivalentes en la Armada Nacional o la Fuerza Aérea y los
Ejecutivos y Segundos Comandantes de Unidades Tácticas en el Ejército Nacional, o sus
equivalentes en la Armada Nacional y la Fuerza Aérea.
38 Artículo 10. Suspensión. El artículo 41 del Decreto 2535 de 1993, quedará así:
Artículo 41. Suspensión. Las autoridades de que trata el artículo 32 del Decreto 2535 de 1993,
podrán suspender de manera general la vigencia de los permisos, para tenencia o para porte de
armas expedidos a personas naturales, personas jurídicas o inmuebles rurales. Estas autoridades,
también podrán ordenar la suspensión de los permisos de manera individual a personas naturales,
personas jurídicas o inmuebles rurales, previo concepto del Comité de Armas del Ministerio de
Defensa Nacional, cuando a juicio de las mismas, las condiciones que dieron origen a la concesión
original han desaparecido.
Si el titular del permiso respecto del cual se dispuso la suspensión individual, no devuelve el arma a
la autoridad militar competente en un término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de
la disposición que la ordenó, procederá su decomiso, sin perjuicio de las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.
Cuando la suspensión sea de carácter general, los titulares no podrán portar las armas.
Parágrafo 1º. Los gobernadores y alcaldes, podrán solicitar a la autoridad militar competente la
adopción de la suspensión general, de manera directa o por conducto del Ministerio de Defensa
Nacional.
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decisión de esa naturaleza debe ser adoptada por “el Jefe del Departamento de Control
Comercio Armas, Municiones y Explosivos, los Jefes de Estado Mayor de las Unidades
Operativas Menores o sus equivalentes en la Armada Nacional o la Fuerza Aérea y los
Ejecutivos y Segundos Comandantes de Unidades Tácticas en el Ejército Nacional, o sus
equivalentes en la Armada Nacional y la Fuerza Aérea”.
89. En tal sentido, se indicó que corresponde a las citadas autoridades la
expedición de otros actos administrativos en los que materialicen las facultades
conferidas en el Decreto 155 de 2016.
90. En esa medida, en la providencia reprochada se anotó que es mediante la
constatación de la existencia de tales actuaciones que se puede establecer si las
decisiones adoptadas por las autoridades militares, afectaron al accionante.
91. Se mencionó que en consecuencia, era necesario que se identificara si la
causa del daño fue la misma para todas las personas que integraron el grupo
demandante, concluyendo que los daños invocados en la demanda no tienen una
causa común, por lo que el grupo demandante no estaba debidamente integrado.
92. En este contexto, la Sala considera que la autoridad demandada realizó una
interpretación armónica del artículo 1°39 del Decreto 155 de 2016, esto es, teniendo
en cuenta o dispuesto por el artículo 32 del Decreto Ley 2535 de 1993 y el artículo
10 la Ley 1119 de 2006. Ello, por cuanto indicó que las referidas normas establecen
la competencia del jefe del Departamento Control Comercio Armas, Municiones y
Explosivos, los jefes de Estado Mayor de las Unidades Operativas Menores o sus
equivalentes en la Armada Nacional o la Fuerza Aérea y los Ejecutivos y Segundos
comandantes de Unidades Tácticas en el Ejército Nacional, o sus equivalentes en
la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, para la expedición y revalidación de los
permisos de tenencia y porte de armas, lo cual sustentó la decisión controvertida
por el accionante. Sobre el punto, precisó:
Parágrafo 2º. La autoridad militar que disponga la suspensión general de la vigencia de los
permisos, podrá autorizar o no de manera especial o individual el porte de armas a solicitud del titular
o del gobernador o alcalde respectivo, previo estudio detallado de las circunstancias y argumentos
de seguridad nacional y seguridad pública que la invocan.
Parágrafo 3º. El Gobierno Nacional a través de las autoridades contempladas en el artículo 32 del
Decreto 2535 de 1993 podrá prohibir en algunas partes del territorio nacional el porte y/o tenencia
de armas de fuego a las personas naturales, jurídicas y extranjeras.
Se exceptúan a las empresas de servicios de vigilancia y seguridad privada y los departamentos de
seguridad debidamente constituidos ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y
autorizadas por esta.
Las personas que al entrar en vigencia esta medida de suspensión disposición, contemplada en este
parágrafo, y tengan en su poder o porten armas de fuego con permiso vigente, deberán presentarlas
entregarlas en la Unidad Militar de su jurisdicción dentro de los treinta (30) días siguientes a la
publicación de esta disposición, por lo cual se les reconocerá una compensación en dinero por cada
arma entregada, conforme a la tabla de avalúo del Comando de las Fuerzas Militares establecida y
se les descargará del sistema.
39 Artículo 1°. Las autoridades militares de que trata el artículo 32 del Decreto-ley 2535 de 1993, en
concordancia con el artículo 10 de la Ley 1119 de 2006, adoptarán las medidas necesarias para la
suspensión general de los permisos para el porte de armas en todo el territorio nacional, desde el 1º
de febrero hasta el 31 de diciembre de 2016, sin perjuicio de las autorizaciones especiales y de las
excepciones correspondientes que durante estas fechas expidan las mismas, por razones de
urgencia o seguridad de los titulares.
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“En tal virtud, la Sala acoge el planteamiento del Ministerio de Defensa al señalar
que el Decreto 155 de 2016 no suspendió los salvoconductos de porte de armas
de fuego, ya que esa competencia quedó deferida a las respectivas autoridades
militares y, por tanto, estas eran las encargadas de establecer las condiciones
modales en que operaría la suspensión.
Así las cosas, el Gobierno Nacional habilitó o delegó en las autoridades militares
una competencia propia del Presidente de la República, al permitir que fueran ellas
las encargadas de proferir los actos administrativos que decretaran la suspensión
del porte de armas de juego, así como establecer las excepciones a dicha medida”.
93. La Sala advierte que, la sentencia de 9 de abril de 2021 se encuentra
debidamente fundamentada en una lectura armónica y razonada de las normas
invocadas por el accionante y que la parte actora pretende controvertir a través de
la presente acción las decisiones adoptadas en el fallo reprochado. De igual
manera, se denota que la decisión se basó en que el Decreto 155 de 2016 no es la
causa eficiente del daño alegado por los demandantes, por lo que no se presentó el
defecto sustantivo alegado
94. Se denota entonces, que la parte actora no compartió el criterio del juez
natural por cuanto no resulta acorde a sus intereses, situación que no puede ser
debatida mediante la acción de amparo.
95. En tal sentido, el defecto sustantivo invocado no se configura.
9.1.2. En cuanto se refiere al defecto fáctico, el accionante señaló que no se valoró
la certificación de los permisos de porte de armas facturados por INDUMIL, lo cual
implicó que no se efectuara una correcta determinación del grupo demandante.
96. Este argumento se encuentra relacionado con el defecto sustantivo estudiado
líneas atrás, pues parte de la comprensión equívoca que el demandante le dio al
Decreto 155 de 2016, al considerar que con el citado acto administrativo se
suspendió el porte de armas de fuego en todo el territorio nacional. Sin embargo,
esa norma habilitó a las autoridades militares a fin de que adoptaran las decisiones
correspondientes.
97. En ese orden, el referido certificado no demostraba la adecuada integración
del grupo demandante, puesto que el citado decreto no suspendió el porte de armas
en el territorio nacional, contrario a lo argüido por el tutelante, con dicha disposición
se otorgó esa potestad a las autoridades militares, para que, en su correspondiente
jurisdicción, se pronunciaran sobre ellos salvoconductos y definieran las
excepciones a la restricción.
98. Siendo ello así, el documento mencionado por el tutelante no tenía la facultad
de cambiar el sentido de la decisión cuestionada.
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99. Ahora bien, en el escrito de tutela también se indicó que la autoridad judicial
demandada no valoró las ocho resoluciones expedidas por algunas autoridades
militares mediante las cuales se acató lo señalado en el Decreto 155 de 2016. En
criterio del actor, a partir de su análisis se podía comprender que en realidad la
medida de suspensión había sido tomada por el Gobierno Nacional.
100. Sobre este argumento, cabe anotar que los actos administrativos invocados
por la parte actora no fueron allegados al expediente ordinario en las oportunidades
procesales pertinentes, por lo cual la autoridad judicial accionada no podía apreciar
tales documentos, por lo que no fue debatido en el medio de control de reparación
de los perjuicios causados a un grupo. De este modo, no se cumplió con la carga
del defecto fáctico para estudiar la omisión en la valoración probatoria, pues las
pruebas no fueron aportadas al proceso.
101. En tal sentido, al tratarse de una acción de amparo contra providencia judicial
el estudio que debe realizar el juez constitucional es más riguroso y parte del estudio
de las actuaciones procesales contenidas en el medio de control en el que se profirió
la providencia censurada, razón por la cual el juez de tutela no está facultado para
pronunciarse sobre aspectos que no fueron objeto de debate en el proceso
ordinario, pues de ser así invadiría la esfera del juez natural de la causa.
102. Por las razones antes expuestas, se concluye que el defecto fáctico aducido
por la parte actora no se abre paso.
2.9.3. Respecto del desconocimiento del precedente, se advierte que la parte
actora afirmó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa al
reconocer que los daños que afectan al grupo puede ser una cadena de hechos, sin
embargo, en el escrito de tutela ni en la impugnación identificó las providencias que
presuntamente fueron desatendidas por la autoridad judicial accionada, y tampoco
hizo referencia a las reglas que fueron desconocidas y que resultaban aplicables al
caso concreto.
103. Sobre el punto, la Sala ha precisado40:
(…) la Corte Constitucional41 y esta Corporación42 han establecido que cuando la
tutela se dirige a cuestionar una providencia judicial, la parte actora tiene el deber
de identificar el derecho fundamental presuntamente vulnerado y “precisar los
hechos y las razones en que se fundamenta la acción”.
En efecto, en la última sentencia referenciada se estableció que “(…) El actor tiene
la carga de identificar, de manera razonable, los hechos que generaron la
vulneración, así como los derechos fundamentales presuntamente afectados por
40
Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Sentencia de 16 de
septiembre de 2021. Exp. 11001-03-15-000-2021-03562-01
41 Ver entre otras la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.
42 Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia 19 de septiembre de
2018. Exp. 11001-03-15-000-2018-01300-01
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la providencia”43, y exponer en forma clara los defectos de los cuales adolece la
decisión judicial, desplegando para el efecto una carga argumentativa mínima que
le permita al juez constitucional abordar el análisis de la providencia.
104. En efecto, al tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial es
necesario que la parte actora cumpla con el deber de argumentar el defecto que
presenta la decisión reprochada, pues están en juego los principios de autonomía
judicial y seguridad jurídica. En el caso objeto de estudio, al tratarse de
desconocimiento del precedente judicial, se debió señalar las sentencias que fueron
desconocidas por la autoridad accionada, la regla establecida en estas y la
incidencia que tendrían en la decisión cuestionadas.
105. En este sentido, la parte actora no cumplió con la carga argumentativa
mínima para estudiar este defecto, por lo cual tampoco prospera.
106. En este orden, la Sala revocará el fallo impugnado en cuanto se refiere a
declarar la improcedencia del amparo por no superar los requisitos adjetivos de
relevancia constitucional e inmediatez y en su lugar, se negará la solicitud de tutela
interpuesta por el señor Iván Darío Lezcano Lora.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Defensoría del
Pueblo, la Presidencia de la República y la Industria Militar – INDUMIL por los
motivos expuestos en esta sentencia.
SEGUNDO: DESVINCULAR a la Presidencia de la República del presente trámite
constitucional, por las razones antes expuestas.
TERCERO: REVOCAR la sentencia de 19 de noviembre de 2021 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, para en su lugar, NEGAR la acción de
tutela interpuesta por el señor Iván Darío Lezcano Lora contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera Subsección A.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
43Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal e) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590
de 2005.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012”.
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