Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07014-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07014-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-07014-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
4 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 11001-03-15-000-2021-07014-01
Accionante: LUIS EDUARDO RÚA VILLA Y OTROS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Revoca el
amparo dispuesto porque la decisión cuestionada se dictó de conformidad con la
causa petendi de la demanda sin que por vía de tutela se puedan incluir hechos
que no fueron planteados ante el juez natural.
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por los accionantes contra la sentencia
proferida el 11 de noviembre de 2021 por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
por medio de la cual se accedió parcialmente al amparo solicitado.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
Por escrito presentado el 14 de octubre de 2021, los señores Luis Eduardo Rúa
Villa, Verardo Rúa Villa, Jorge Giovanny Galindo Villa, Adriana Galindo Villa, Irene
Gómez García y la menor María Isabel Rúa Verona, a través de apoderado judicial,
instauraron demanda de tutela en contra de la Subsección B, de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la vida en condiciones dignas, la integridad personal y “el mínimo
vital y móvil”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07014-01
Actor: Luis Eduardo Rúa Villa y otros
Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela
2. Hechos
Los accionantes manifestaron que el señor Luis Eduardo Rúa Villa vivía y realizaba
su actividad productiva en la vereda el Murciélago – Municipio de Tarazá, lugar en
el que hace presencia constante la guerrilla y los miembros del Ejército Nacional.
Que el 15 de abril de 2010, el mencionado ciudadano fue enviado por el Ejército
Nacional de la vereda el Murciélago a la vereda Anaparcí Alto – municipio de
Tarazá, en busca de unos víveres de un campamento móvil instalado por la
autoridad castrense “con el incentivo de que al hacerlo los soldados compartían
víveres con ellos”; sin embargo, al realizar la labor fue víctima de una mina
antipersonal.
De acuerdo con la demanda de tutela, el objetivo del Ejército Nacional era “desviar
la atención para que no pareciera que esos víveres iban dirigidos a soldados, Luis
Eduardo fue enviado sin compañía de soldados que velaran por su integridad”.
Manifestó que la mina antipersonal fue puesta por la guerrilla e iba dirigida al
Ejército Nacional, toda vez que la explosión se dio “a escasos 20 metros del lugar
donde estaba el campamento instalado por el Ejército Nacional, y donde aterrizaba
el helicóptero”.
En virtud de los anteriores hechos fue que, el 2 de diciembre de 2010, los
accionantes interpusieron el medio de control de reparación directa en busca de
que se le repararan los daños causados.
El 30 de mayo de 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda tras considerar que se cumplían
con los tres elementos de la responsabilidad extracontractual; sin embargo,
inconformes con la decisión, ambas partes interpusieron recurso de apelación.
El 26 de julio de 2021, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
revocó la anterior decisión y negó las pretensiones de la demanda.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07014-01
Actor: Luis Eduardo Rúa Villa y otros
Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela
3. Fundamentos de la demanda de tutela
El actor indicó que la sentencia cuestionada incurrió en un defecto fáctico y en un
desconocimiento del precedente, toda vez que no se tuvo en cuenta la sentencia
de unificación del 7 de marzo de 2018 sobre la responsabilidad del Estado por
daños ocasionados con minas antipersonal y la sentencia del 14 de agosto de
2008, en las que se sostuvo que el Estado respondería bajo el título de riesgo
excepcional en aquellos eventos en los que se demuestre que la mina iba dirigida
a la fuerza pública, lo que, en su criterio, resultó probado en el proceso ordinario,
pues la mina estaba a unos 20 metros del campamento del Ejército Nacional.
Señaló que “el ad quem no expresó por qué no valoró probatoriamente las pruebas
que demostraban que la mina iba dirigida al Ejército Nacional, y tampoco
fundamentó por qué se separó de ese precedente”; además, que existe
jurisprudencia que ha condenado en aquellos eventos en los que la fuerza pública
envía a ciudadanos a recoger víveres y estos resultan afectados.
Reiteró que las pruebas daban cuenta de que la mina iba dirigida en contra del
Ejército Nacional, por lo que era procedente analizar el caso bajo el título de
imputación de riesgo excepcional, sumado a que se probó que la demandada fue
la que envió al ciudadano a recoger los víveres, por lo que existió un actuar
reprochable que generó “el escenario perfecto para el resultado lesivo en un
ciudadano que nada tenía que estar haciendo en ese lugar, y que solo fue al lugar
porque así lo dispuso el Ejército”.
Indicó que la Subsección B, de la Sección Tercera del Consejo de Estado no tuvo
en cuenta las declaraciones de Nabu Morales Fernández y María Wbiter
Fernández Duarte que demostraban la razón del porqué el accionante estaba en
el lugar de los hechos, aunque sí las utilizó para declarar la falta de legitimación en
la causa de una de las demandantes; además, no valoró la denuncia presentada
ante la Fiscalía General de la Nación en la que se indicó que el hecho ocurrió a
unos 20 metros de un campamento del Ejército Nacional, lo que demuestra una
indebida valoración probatoria.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07014-01
Actor: Luis Eduardo Rúa Villa y otros
Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela
Manifestó que las pretensiones del proceso ordinario debían accederse ya sea en
aplicación de un régimen de responsabilidad por riesgo o por falla en el servicio.
Finalmente, sostuvo que se incurrió en un defecto material o sustantivo, toda vez
que la sentencia cuestionada se limitó a señalar que el Estado ha cumplido con la
convención de Ottawa sobre desminado, sin manifestar nada sobre la cercanía de
la mina con el campamento o que iba dirigida a los miembros del Ejército Nacional
o que dicha entidad fue la que envió por víveres al señor Rúa Villa.
Con base en lo anterior, la parte actora elevó las siguientes pretensiones (se
transcribe de manera literal, con posibles errores incluidos):
1. Que se tutelen los derechos fundamentales de LUIS EDUARDO RÚA VILLA,
MARÍA ISABEL RÚA VERONA, VERARDO ANTONIO RÚA VILLA, JORGE
GIOVANNY GALINDO VILLA, ADRIANA GALINDO VILLA e IRENE GÓMEZ
GARCÍA al debido proceso, a la vida en condiciones dignas, a la integridad
personal y al mínimo vital y móvil, por las transgresiones cometidas por la Sección
Tercera Subsección B del Consejo de Estado en el fallo de segunda instancia
dentro del proceso con Radicado 05001-23-31-000-2011-00443-00 (49.592).
2. Que en consecuencia, se anule el fallo de segunda instancia dentro del proceso
con radicado 05001-23-31-000-2011-00443-00 (49.592).
3. Que en consecuencia, se ordene a la subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado emitir fallo de segunda instancia condenatorio por Falla en el
Servicio en contra de la Nación - Ejército Nacional - Ministerio de Defensa
Nacional y en favor de LUIS EDUARDO RÚA VILLA, MARÍA ISABEL RÚA
VERONA, VERARDO ANTONIO RÚA VILLA, JORGE GIOVANNY GALINDO
VILLA, ADRIANA GALINDO VILLA e IRENE GÓMEZ GARCÍA, teniendo en
cuenta la argumentación del recurso de apelación a la primera instancia
interpuesto por la parte demandante, para efectos de una correcta liquidación de
perjuicios.
4. Que en consecuencia, se ordene a la subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado realizar la liquidación del perjuicio material teniendo en cuenta
la argumentación del recurso de apelación a la primera instancia interpuesto por
la parte demandante en cuanto a perjuicios.
5. Que en consecuencia, se ordene a la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado reconocer la legitimación en la causa por activa de IRENE DEL
CARMEN GÓMEZ GARCÍA y liquidar su correspondiente indemnización de
perjuicios.
6. Que en subsidio a la 3° pretensión, se ordene a la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado emitir fallo de segunda instancia condenatorio por
Riesgo Excepcional en contra de la Nación - Ejército Nacional - Ministerio de
Defensa Nacional y en favor de LUIS EDUARDO RÚA VILLA, MARÍA ISABEL
RÚA VERONA, VERARDO ANTONIO RÚA VILLA, JORGE GIOVANNY
GALINDO VILLA, ADRIANA GALINDO VILLA e IRENE GÓMEZ GARCÍA,
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07014-01
Actor: Luis Eduardo Rúa Villa y otros
Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela
teniendo en cuenta la argumentación del recurso de apelación a la primera
instancia interpuesto por la parte demandante, para efectos de una correcta
liquidación de perjuicios.
7. Que en subsidio a la 3° y 6° pretensión, se ordene a la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado emitir fallo de segunda instancia teniendo
en cuenta la apreciación probatoria integral las declaraciones de NABU
MORALES FERNÁNDEZ, MARIA WBITER FERNÁNDEZ DUARTE y la denuncia
interpuesta por LUIS EDUARDO RÚA VILLA para efectos de escoger
correctamente el precedente jurisprudencial a aplicar de acuerdo a lo probado y
fallar condenatoriamente en contra de la Nación - Ejército Nacional - Ministerio de
Defensa Nacional y en favor de LUIS EDUARDO RÚA VILLA, MARÍA ISABEL
RÚA VERONA, VERARDO ANTONIO RÚA VILLA, JORGE GIOVANNY
GALINDO VILLA, ADRIANA GALINDO VILLA e IRENE GÓMEZ GARCÍA; junto
con la argumentación del recurso de apelación a la primera instancia interpuesto
por la parte demandante, para efectos de una correcta liquidación de perjuicios.
4.- La oposición
4.1. Mediante auto del 20 de octubre de 2021, la Sección Quinta del Consejo de
Estado admitió la demanda de tutela, se ordenó notificar a la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y se vinculó al Tribunal Administrativo de
Antioquia, a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y al señor Luis
David Galindo Villa como terceros interesados.
4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia sostuvo que “dará cumplimiento a
cualquier decisión que se adopte”.
4.3. El señor Luis David Galindo Villa, a través de apoderado, señaló que no fue
demandante en el proceso ordinario, razón por la que indicó que “carece de
legitimación en la causa por activa para interponer esta acción de tutela”.
5.- La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 11 de noviembre de 2021, la Sección Quinta del Consejo
de Estado amparó los derechos fundamentales de los accionantes y dejó sin
efectos la sentencia proferida el 26 de julio de 2021 por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, y negó el amparo frente a la pretensión de
reconocer la legitimación en la causa por activa de la señora Irene del Carmen
Gómez García.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07014-01
Actor: Luis Eduardo Rúa Villa y otros
Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela
Como fundamento de su decisión, sostuvo que se incurrió en un defecto fáctico y
en un desconocimiento del precedente, pues si bien la autoridad accionada
manifestó que no era posible aplicar el régimen de daño especial al no existir nexo
causal entre la actividad legítima de la administración y el daño causado, lo cierto
es que no se manifestó frente a la procedencia de un régimen de responsabilidad
por riesgo excepcional, tal como se estableció en la sentencia de unificación del 7
de marzo de 2018, máxime si se alegó que el artefacto explosivo iba dirigido contra
agentes del Estado.
Advirtió que en el proceso contencioso se probó que el señor Luis Eduardo Rúa
Villa resultó lesionado por una mina antipersonal cuando regresaba de un
campamento del Ejército Nacional con unos víveres, por lo que consideró que la
sentencia cuestionada debió analizar, por lo menos, la primera causal de la
sentencia de unificación, es decir, “si la lesión se dio con proximidad evidente a un
órgano representativo del Estado, y bajo la premisa que el artefacto explosivo iba
dirigido contra agentes de esa entidad”.
Sostuvo que el juez constitucional no es el encargado de señalar si se cumplió o no
la referida causal, “pero sí advertir que a la autoridad accionada le corresponde
pronunciarse al respecto, máxime cuando se cita, como sustento jurisprudencial de
su decisión, una sentencia de unificación que contempla el presupuesto que se
estima pretermitido en su estudio”.
Frente a la pretensión relativa a que se le reconociera la legitimación en la causa
por activa de Irene Carmen Gómez García, la Sección Quinta de la Corporación
consideró que dicha decisión estuvo sustentada en testimonios que manifestaron
que ella y la víctima directa “se habían dejado”, por lo que existió una debida
valoración probatoria.
6.- La impugnación
Los accionantes impugnaron el fallo de primera instancia, oportunidad en la que
manifestaron que no se resolvió sobre la pretensión de ordenar que se emitiera fallo
condenatorio por falla en el servicio y que se ordenara la liquidación de los perjuicios
“conforme a la apelación de primera instancia en el proceso ordinario”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07014-01
Actor: Luis Eduardo Rúa Villa y otros
Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela
Consideraron que no se tuvo en cuenta que el señor Rúa Villa estaba en el lugar
donde explotó la mina porque el Ejército Nacional le pidió que se trasladara a
recoger unos víveres, pero sin custodia de sus miembros y que en casos similares
el Consejo de Estado ha accedido a las pretensiones (radicados: 50.349, 47.628 y
16.413).
Expresaron que el incidente ocurrió a unos 20 metros del campamento del Ejército
Nacional, lugar en el que aterrizaban los helicópteros y que era alejado de la
población civil, por lo que la mina iba dirigida a los miembros de la fuerza pública,
de modo que a su caso le resultaba aplicable la sentencia de unificación del 7 de
marzo de 2018; en tal sentido, señalaron:
Al respecto, si visualizamos en las últimas páginas de la sentencia objeto de la
presente impugnación, el aquo de tutela solo argumentó que se dejaría sin efectos
la sentencia objeto de tutela ordenando al accionado que se revise si hay
elementos que acrediten que la mina iba dirigida al Ejército Nacional (uno de los
hechos por mí alegados), omitiendo la orden de revisar si, además de lo ordenado,
el señor LUIS EDUARDO RÚA VILLA y su acompañante se encontraban allí
únicamente porque el Ejército les había pedido recoger los víveres en el
campamento al lado del lugar donde aterriza el helicóptero como estrategia militar
para despistar a la guerrilla.
(…) Por lo tanto existe relevancia en que el análisis de la sentencia de reemplazo
sea no solamente en cuanto a que la mina fuere dirigida al Ejército Nacional, sino
que además, se encamine también en resolver de fondo si fue el Ejército quien
envió al sitio del accidente a la víctima directa, generando el escenario propicio
para el civil resultara lesionado (transcripción de forma literal).
II.- C O N S I D E R A C I O N E S
1.- La acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales1.
Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012,
exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
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Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional
contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y
excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el
artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características2.
Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son3:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado
que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.
• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
• Que no se trate de sentencias de tutela.
2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de
febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas otras
providencias.
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Referencia: Acción de tutela
A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:
• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.
• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
• La violación directa de la Constitución Política.
Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
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Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por
el interesado4.
Conviene mencionar, además, que cuando controvierten providencias judiciales
dictadas por las altas cortes, como ocurre en el caso bajo estudio, la Corte
Constitucional ha establecido que además de verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y los especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se debe evidenciar “la configuración de una anomalía de tal
entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional”. Puntualmente,
en sentencia SU–573 de 2017, la Corte Constitucional indicó:
Además de los anteriores requisitos, cuando se trate de acciones de tutela
contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado, se ha determinado un criterio adicional, en atención a que ‘dichos
organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en
sus respectivas jurisdicciones’5. En este sentido, la sentencia SU-917 de 2010,
reiterada en la SU-050 de 2017, determinó que:
‘La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es
más restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una
decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente
incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al
definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando
ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa
intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios
de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de
órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen
aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el
juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera
llegado a otra conclusión’.
Así las cosas, para determinar la procedencia de la acción de tutela contra una
providencia judicial proferida por una Alta Corporación, la jurisprudencia
constitucional ha delimitado tres requisitos: (i) el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el cumplimiento de uno de los requisitos especiales de
procedencia; y (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
5 Original de la cita: “SU-050 de 2017”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07014-01
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2. Caso concreto
En la demanda de tutela, los accionantes alegaron que en la decisión cuestionada
se incurrió en un defecto fáctico y en un desconocimiento del precedente, toda vez
que existió una indebida valoración probatoria y no se aplicó la sentencia de
unificación del 7 de marzo de 2018 (34.359), dictada por la Sala Plena de esta
Sección del Consejo de Estado.
Consideraron que no se tuvo en cuenta que el señor Rúa Villa estaba en el lugar
donde explotó la mina porque el Ejército Nacional le pidió que se trasladara a
recoger unos víveres y que el hecho dañoso ocurrió cerca al campamento del
Ejército Nacional, por lo que debía concluirse que la mina iba dirigida a los
miembros de la fuerza pública.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante el fallo
que dejó sin efectos la Sección Quinta de la misma Corporación, consideró
(trascripción literal):
De acuerdo con lo expuesto en los acápites precedentes, en el sub lite no se
encuentran reunidos los requisitos necesarios para que pueda aplicarse el título
de imputación del daño especial; para comenzar, porque no hay actividad
(legítima) alguna del Estado que haya podido virtualmente producir un perjuicio al
señor Rúa Villa con rompimiento de la igualdad frente a la ley y las cargas
públicas; lo que, se advierte, hace inane cualquier otra consideración sobre el
particular.
Sin embargo, no huelga recordar que, en general, frente a actos violentos de
terceros -como el que nos ocupa-, no es posible imputar responsabilidad al Estado
a través del título de imputación del daño especial, particularmente porque en
dichos casos no es posible establecer causalidad, material o jurídica, entre el daño
y la actuación de la administración.
Por otra parte, en relación con la presunta falla del servicio, se hace necesario
establecer si la Nación, representada por el Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, incurrió en algún yerro que haya permitido o propiciado la ocurrencia del
daño causado materialmente por terceros a las víctimas.
En este sentido, se tiene que, para la fecha de los hechos, y de acuerdo con lo
probado en este proceso (relacionado en el acápite de “los hechos probados”), el
Estado colombiano se encontraba cumpliendo esa obligación gradual y compleja
consistente en desminar o, cuando menos, demarcar las zonas donde se tuviere
certeza o sospecha de presencia de minas antipersona, tal como se lo imponía la
Convención de Ottawa (1997), ratificada por Colombia a través de la Ley 554 del
año 2000.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07014-01
Actor: Luis Eduardo Rúa Villa y otros
Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela
En efecto, el Estado adquirió determinados compromisos frente al desminado
humanitario, para cuyo efectivo cumplimiento contaba con 10 años a partir de la
fecha de ratificación de la Convención. Ahora bien, es necesario tener en cuenta
que la Ley 554 de 2000, antes citada, fue declarada exequible por la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-991/2000, y entró finalmente en vigencia
el 1º de marzo de 2001, por lo que el plazo de 10 años para desminar la totalidad
del territorio bajo su jurisdicción vencía el 1º de marzo de 2011. Sin embargo, con
posterioridad, el Estado colombiano, a través del Programa Presidencial para la
Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA), en el marco de la décima
reunión de Estados parte celebrada en 2010 en Ginebra-Suiza, solicitó una
prórroga de diez años para continuar avanzando en el cumplimiento de las
obligaciones que en materia de desminado humanitario impone el artículo 5 de la
Convención; plazo que le fue concedido en virtud de que el país venía cumpliendo
progresivamente con sus deberes, y el cual venció el 1° de marzo de 2021. Luego,
en fecha 20 de noviembre de 2020, en el marco de la “XVIII Reunión de Estados
Parte de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento,
Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y Sobre su Destrucción” -que
se realizó de manera virtual-, se otorgó al país una nueva prórroga por un plazo
de 4 años y 10 meses, que van del 1º de marzo de 2021 al 31 de diciembre de
20256 (…).
De todo lo anteriormente señalado, es dable concluir que la Nación no incurrió en
una falla del servicio virtualmente capaz de constituirse en la fuente de los
perjuicios sufridos por la parte actora, sino que, por el contrario, dicha fuente se
encuentra en el hecho exclusivo y determinante de un tercero. Lo anterior, en un
todo conforme con la sentencia de unificación en materia de minas antipersonas
de esta Corporación de fecha 7 de marzo de 20187, la cual señala:
La Sala Plena de Sección Tercera unificará su jurisprudencia en el sentido de
afirmar que; i) habrá lugar a declarar la responsabilidad del Estado por los
daños causados con MAP/MUSE/AEI en casos en los que la proximidad
evidente a un órgano representativo del Estado, permita afirmar que el
artefacto explosivo iba dirigido contra agentes de esa entidad, o suceda en
una base militar con artefactos instalados por el mismo Ejército Nacional, ii)
el Estado de Colombia no ha infringido su deber de prevenir y respetar los
derechos de las víctimas de MAP/MUSE/AEI, en los términos del artículo 1.1.
de la Convención Americana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta el
análisis acerca del alcance y naturaleza de la obligación de prevenir las
violaciones a los derechos a la vida e integridad personal de estas víctimas, y
en atención a las particularidades del fenómeno y la dinámica del conflicto
armado en Colombia, al marco legislativo dispuesto por el Estado para
adelantar labores de desminado humanitario y de ERM, a las disposiciones
adoptadas en materia de indemnización mediante la ley de víctimas y sus
decretos reglamentarios, y recordando que el mero hecho de que se presente
la violación de un derecho contemplado en la Convención Americana no
constituye un incumplimiento de las obligaciones convencionales adquiridas
6 Original de la cita: “De acuerdo con información suministrada por la oficina del Alto Comisionado
para la Paz, en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/prensa/colombia-sustenta-ante-
convencion-ottawa-solicitud-de-extension-plazo-limpieza-minas-antipersona [consultado el 16-02-
2021]”.
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Original de la cita: “Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, Rad. 25000-
23-26-000-2005-00320-01(34359)A, M.P. Danilo Rojas Betancourth B”.
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Actor: Luis Eduardo Rúa Villa y otros
Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela
por el Estado, iii) no obstante, será deber del juez de daños solicitar la
inclusión de los actores en la ruta de atención integral para víctimas de minas
antipersonal ofrecida por el Gobierno, a través de las distintas entidades que
prestan los servicios requeridos según sus necesidades para asistir a las
personas que hayan tenido este tipo de lesiones así como a los familiares de
una víctima mortal.
Para la Sala, entonces, si bien en el presente caso se encuentra probado el daño
antijurídico, no se logró establecer la relación de causalidad de este con la
demandada, razón por la cual las pretensiones de la demanda no están llamadas
a prosperar; por lo que deberá, en consecuencia, revocarse la sentencia de
primera instancia.
Una vez revisada la decisión proferida por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado se tiene que se dictó de conformidad con los hechos
alegados y probados en el proceso ordinario, incluso se manifestó que no era
procedente ninguno de los dos títulos de imputación señalados -falla en el servicio
y daño especial-, a lo que cabe agregar que en dicha sentencia sí se analizó y
aplicó la sentencia de unificación cuya inobservancia se predica, por lo que el
razonamiento efectuado no se considera arbitrario o abrupto, y tampoco merece la
intervención del juez de tutela.
La Sala estima que, si bien en la demanda ordinaria se alegó que la zona en la que
estaba la mina antipersonal era frecuentada por la guerrilla y por el Ejército
Nacional, lo cierto es que la jurisprudencia ha considerado que esa sola
circunstancia, per se, no permite configurar la responsabilidad patrimonial del
Estado por falla en el servicio, pues se debe demostrar la omisión en el
cumplimiento de sus deberes8; al respecto se ha indicado:
Asimismo, si bien se acreditó que, para la época de los hechos, en dicha zona
existía presencia del Ejército Nacional a través del Batallón de Infantería de
Montaña No. 36 "Cazadores" y que era de influencia de grupos armados ilegales,
no es menos cierto que no se probó que ocurrieran enfrentamientos en la zona
y en la época en la que ocurrió el accidente del señor Salamanca Salazar (…).
De otra parte, no se acreditó que el Estado creara el riesgo que se materializó
en detrimento de la víctima lesionada, circunstancia que descarta la posibilidad
de responsabilizar al Estado mediante un título objetivo. En ese sentido, en un
caso similar, esta Sala precisó:
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencias del del 19 de julio de 2018, exp. 54.285, CP: Carlos Alberto Zambrano Barrera y 14 de
febrero de 2019, exp. 47.392.
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Actor: Luis Eduardo Rúa Villa y otros
Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela
‘Tampoco puede comprometerse la responsabilidad del Estado, a título de
riesgo excepcional, pues, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la
Sección Tercera, ‘no se puede imputar un daño respecto de un riesgo que
el Estado no ha creado ni del que tampoco tuvo la oportunidad de evitar9.
La misma situación se presenta con el régimen de responsabilidad de daño
especial, pues, para que el Estado responda con fundamento en este título
de imputación, se debe establecer que el daño provino de una acción
positiva y legítima del Estado10, cosa que acá no ocurrió, ya que la mina
antipersonal que lesionó al señor Pérez Ochoa fue sembrada por grupos
al margen de la ley’11.
En suma, no se probó que el hecho que afectó al señor José Rosemberg
Salamanca Salazar resultara previsible para el Ejército Nacional ni se acreditó la
omisión que se le endilgó en la demanda, esto es, el incumplimiento de los
deberes de detección, señalización, georreferenciación de áreas de peligro,
limpieza y eliminación de las minas antipersonales; asimismo, tampoco se
acreditó que obedeciera a una acción positiva en ejercicio legítimo de sus
funciones12.
De otra parte, en la demanda de tutela se señaló que el daño se causó porque
miembros del Ejército Nacional enviaron al señor Rúa Villa a recoger unos víveres,
imputación que no fue planteada en la demanda de reparación directa y, por
consiguiente, ese punto no formó parte de la litis, con lo cual la parte actora
pretende, a través de este mecanismo excepcional, alegar nuevos hechos, no
propuestos en las instancias respectivas.
Ocurre que en el proceso ordinario, los accionantes alegaron que existió una falla
en el servicio por la omisión del Ejército Nacional “en sus deberes de localizar y
desactivar los campos minados o, en forma subsidiaria o concurrente a la anterior,
declarar dicha responsabilidad administrativa por DAÑO ESPECIAL, como
9 Original de la cita: “Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 20 de junio de 2017 (expediente
18.860)”.
10 Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de abril
de 2012 (expediente 21.515)”.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 19 de julio de 2018, exp. 68001-23-31-000-2005-01452-01(54285), CP: Carlos Alberto
Zambrano Barrera. En esta providencia se reitera el criterio expuesto por la misma Sala de
Subsección, en sentencia del 14 de marzo de 2018, exp. 05001-23-31-000-2011-00493-01(49851).
CP: María Adriana Marín.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 19 de julio de 2018, exp. 68001-23-31-000-2005-01452-01(54285), CP: Carlos Alberto
Zambrano Barrera. En esta providencia se reitera el criterio expuesto por la misma Sala de
Subsección, en sentencia del 14 de marzo de 2018, exp. 05001-23-31-000-2011-00493-01(49851).
CP: María Adriana Marín, sentencia del 19 de marzo de 2020, expediente 52.819, sentencia del 23
de octubre de 2020, expediente 60.172, entre otras.
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Actor: Luis Eduardo Rúa Villa y otros
Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela
consecuencia del conflicto armado interno que vive Colombia (…)”, imputación que,
como se vio, quedó desarrollada y definida por el juez natural de la causa, mediante
una decisión razonable y adoptada con base en el acervo probatorio del proceso.
Así lo expuso la parte demandante, en cuanto a la forma en que ocurrió el accidente
del señor Rúa Villa (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
5. El día 15 de abril del año 2010, cuando el señor Luis Eduardo Rúa Villa
regresaba de un campamento de soldados del Ejército Nacional, ubicado en la
Vereda Anaparcí Alto del Municipio de Tarazá, con un mercado y unos víveres
que éstos le habían ofrecido, pisó una mina antipersonal que le causó serias
lesiones físicas, tales como amputación del miembro inferior derecho (perdiendo
parte de la fuerza y la movilidad en dicho miembro y en su cadera) por debajo de
la rodilla y fractura en la mano derecha perdiendo la flexibilidad total de su dedo
meñique, lesiones que le han causado traumas y afectaciones sicológicas, así
como, también, problemas y alteraciones en su vida de relación social y familiar.
Lo anterior, de igual forma, le ha impedido volver a trabajar.
6. La mina antipersonal que le causó las graves lesiones al señor LUIS EDUARDO
RÚA VILLA es colocada por la guerrilla al Ejército de Colombia, como táctica de
guerra para proteger el territorio donde se encuentran sus campamentos y, así
mismo, resguardarse de los operativos del Ejército Nacional. Lo anterior es un
hecho evidente y notorio en nuestro medio.
Mientras que en la tutela se indicaron nuevas circunstancias frente a la forma en
que ocurrió el accidente, como, por ejemplo, que la víctima del artefacto explosivo
estaba en el lugar de los hechos porque miembros del Ejército Nacional le pidieron
que se trasladara hasta allí a recoger unos víveres y que el incidente ocurrió a unos
20 metros de un campamento militar, lugar en el que aterrizaban los helicópteros
y que era alejado de la población.
En este contexto, se advierte que la decisión cuestionada se adoptó con
fundamento en la causa petendi, teniendo en cuenta la imputación hecha en la
demanda ordinaria, sin que el caso tuviera que analizarse desde otra óptica o
mediante la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad por riesgo
excepcional -razón que llevó a la Sección Quinta del Consejo de Estado a proferir
una decisión de amparo constitucional-, pues ello habría desbordado la causa
petendi de la demanda, mediante el estudio de una imputación que no fue
propuesta ni desarrollada en la demanda inicial, pues allí solo se alegó que, previo
a la explosión de la mina antipersonal, el señor Rúa Villa “regresaba de un
campamento de soldados del Ejército Nacional, ubicado en la Vereda Anaparcí
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07014-01
Actor: Luis Eduardo Rúa Villa y otros
Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela
Alto del municipio de Tarazá, con un mercado y unos víveres que éstos le habían
ofrecido”, cuestión muy distinta al hecho de que habría recibido una orden de un
miembro de la autoridad castrense para desplazarse por esa zona -como sí se hizo
en la tutela-.
Así las cosas, frente a ese aspecto -que, se reitera, constituyó la razón para
acceder al amparo solicitado- existió un uso indebido de la acción de tutela contra
providencia judicial proferida por un órgano de cierre –como lo es esta
Corporación–, toda vez se incluyeron nuevos hechos, no planteados en el proceso
ordinario.
En otras palabras, resulta evidente que lo pretendido por los accionantes es que,
bajo la posible configuración de un defecto fáctico o por desconocimiento del
precedente, se analicen nuevos hechos que debieron ser planteados en la
demanda ordinaria, lo que no es de recibo, dado que, como lo ha sostenido el
Consejo de Estado, la acción de tutela “no es un medio que remedie los desaciertos
procesales de las partes”13.
De conformidad con lo anterior, la Sala revocará la sentencia impugnada y negará
el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2021 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado y, como consecuencia, NEGAR el amparo
solicitado.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia de 31
de mayo de 2018, exp. 25000-23-42-000-2018-00580-01(AC), M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
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Actor: Luis Eduardo Rúa Villa y otros
Demandado: Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.
VF
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