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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07046-01

Fecha
18 de mayo de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07046-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de tutela proferida el 11 de noviembre de 2021, por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Jaime Herrera Jurado, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin11. CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-07046-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

18 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 18 de mayo de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07046-01
Demandante: Jaime Herrera Jurado
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Requisitos generales de
procedibilidad/ Subsidiariedad.

Síntesis del caso: La parte demandante enjuició el Auto confirmatorio de la decisión de
primera instancia que se abstuvo de librar mandamiento de pago, dentro de un proceso
ejecutivo.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación interpuesta por la parte accionante contra la Sentencia de
11 de noviembre de 2021, mediante la cual la Sección Primera del Consejo
de Estado negó el amparo solicitado.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 15 de octubre de 2021, Jaime Herrera Jurado, por intermedio de
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Juzgado 5
Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, con ocasión de las providencias de
1 de diciembre de 2020 y 12 de agosto de 2021, proferidas por las
autoridades judiciales accionadas, respectivamente, dentro del proceso
ejecutivo No. 52001-33-33-005-2020-00129-00/01.

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

1 El artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y

333 de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2021-07046-01
Demandante: Jaime Herrera Jurado
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca-improcedencia
_____________________________________________________________________________________________________________

“(…) solicito TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales del 'debido
proceso' y de 'acceso a la administración de justicia' claramente violentados
por los Accionados a mi Poderdante y demás ejecutantes, dentro de la
demanda ejecutiva radicada con el No. 52-001-33-33-005-2020-000129 del
Juzgado 5º Administrativo de Pasto, REVOCANDO el auto con el cual, el 12-08-
21, los Magistrados del Tribunal Administrativo de Nariño Accionados,
confirmaron el auto que en el asunto profirió la Accionada Juez 5º
Administrativo de Pasto el 01-12-20, disponiendo en su lugar el mandamiento
ejecutivo de pago que en la demanda se reclamó, a efecto de que en el
curso del proceso pueda, la entidad ejecutada, si a bien lo tiene, ejercer su
derecho de contradicción en los términos que ella estime.”

3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:

4. 1) Jaime Herrera Jurado y sus hermanos, en calidad de vendedores,
y la Unidad Administrativa Especial del Sistema Estratégico del Transporte
Público - Avante UAE SETP, en calidad de comprador, celebraron contrato
de compraventa de 14 inmuebles, en cuya cláusula cuarta pactaron la
forma de pago2 y una cláusula penal3. Dicho negocio jurídico se
protocolizó en la Escritura Pública No. 3600 de 28 de septiembre de 2015.

5. 2) El 7 de octubre de 2020, el señor Herrera Jurado y sus hermanos
presentaron demanda ejecutiva contra Avante UAE SETP, con la finalidad
de que se librara mandamiento de pago por lo adeudado en la cláusula
penal, dado el incumplimiento del plazo que acordaron para el pago.

6. 3) La parte actora adujo que, como se trataba de un título ejecutivo
complejo, adjuntó con la demanda referida los siguientes documentos (se
trascribe): “1) La primera copia, con mérito ejecutivo, de la escritura
pública No. 3.600 del 28-09-15, corrida en la Notaría 3ª de Pasto y 2) El
original de la Certificación que el 11-10-17 expidió la Dirección
Administrativa y Financiera de Avante UAE SETP (ejecutada), donde
reconoce que el último pago que como comprador hizo a los vendedores
en razón a sus obligaciones por esa compraventa, fue el 18-12-15”.
Adicionalmente, aportó como pruebas (se trascribe):

“1) La copia simple del documento fechado a 13-11-15, mediante el cual
Avante UAE SETP confirma recibir de los vendedores, los catorce (14)
certificados de tradición que corresponden a los catorce (14) inmuebles
enajenados, 2) La copia simple del documento por el cual el 15-12- 15,
Avante UAE SETP recibió materialmente de los vendedores esos catorce (14)
inmuebles y 3) la copia impresa del mensaje que el 14-12-15, remitió por
correo electrónico la Directora de Gestión Socio Predial de Avante UAE SETP

2 “(…) un 1er pago de $1.014.363.348.oo a la firma del instrumento ´previos los trámites de pago ante la Fiducia

Bancolombia´ y el 2° por valor de “434.727.149.oo ´una vez se acredite el registro de la tradición a favor de EL
COMPRADOR y con posterioridad a los trámites de legalización del pago ante la Fiducia Bancolombia, términos
que son de veinte días hábiles, a partir de los documentos pertinentes, donde se constate que el inmueble (sic)
es )sic) del Municipio de Pasto.´”
3 “En caso de incumplimiento en los términos pactados en la presente cláusula, para el pago de los inmuebles, el

comprador pagará a los vendedores, por este hecho, un valor que asciende al 30% del previsto en la cláusula
tercera a título de indemnización por los perjuicios causados, la que se cobrará sin necesidad de requerimientos
previos, ni la constitución en mora, con la sola presentación de este escrito y la manifestación en dicho sentido
de los vendedores.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07046-01
Demandante: Jaime Herrera Jurado
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca-improcedencia
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al Director Administrativo y Financiero de la misma entidad, con copia a
funcionarios de Bancolombia, advirtiendo ese 14-12-15 que “… el pago de la
familia Herrera debe ser realizado a más tardar el día de mañana ya que de
no realizarse AVANTE incurre en clausula (sic) penal por equivalente al 30% del
contrato habiendo sido enviados los paquetes por AVANTE con oportunidad a
la fiducia.”

7. 4) El conocimiento del proceso ejecutivo le correspondió al Juzgado
5 Administrativo de Pasto, que, mediante Auto de 1 de diciembre de 2020,
se abstuvo de librar el mandamiento de pago, con fundamento en que no
había prueba de la exigibilidad de la cláusula penal porque no se acreditó
el acaecimiento de ciertas condiciones ni estaban todos los elementos
para la conformación del título ejecutivo4.

8. 5) Contra la anterior decisión, la parte ejecutante presentó recurso
de reposición y, en subsidio, de apelación, en el que alegó que reclamaba
el pago de la cláusula penal, ante lo cual, el juez de primera instancia
exigió, como integrante del título, una prueba innecesaria (certificados de
tradición) y, además, interpretó contrariamente el contrato de
compraventa, al suponer que el trámite de legalización del pago ante la
fiducia estaba a cargo de los vendedores.

9. 6) El Tribunal Administrativo de Nariño, a través del Auto de 12 de
agosto de 2021, confirmó la decisión apelada, tras concluir que existía una
doble condición para que el pago de la cláusula penal fuera exigible y,
aunque el primer condicionamiento [tradición de los inmuebles] se había
cumplido, lo cierto era que, respecto del segundo [gestión del pago ante
la fiducia] no era posible alcanzar la certeza sobre su cumplimiento y, en
esa medida, no se podía determinar su exigibilidad.

10. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó la
configuración de un defecto fáctico, bajo el argumento de que las
autoridades judiciales descalificaron la exigibilidad del título ejecutivo, tras
concluir que (se trascribe): “los trámites de legalización del pago ante la
Fiduciaria Bancolombia no eran carga exclusiva de la ejecutada Avante
UAE SETP”.

11. Por lo anterior, adujo que omitieron valorar y pronunciarse sobre el
contenido del correo electrónico que remitió la gestora predial de Avante
UAE SETP al director administrativo y financiero, el 14 de diciembre de 2015,

4 Al respecto indicó (se trascribe): “(…) si bien se anexó adicionalmente el oficio de radicación de 13 de

noviembre de 2015 sobre certificados de tradición ante la demandada (página 41 archivo 003.DEMANDA, no es
el documento suficiente e idóneo para dar por acreditada la condición de registro de los inmuebles al
vendedor, es decir, no fueron allegados los certificados de tradición a favor de la entidad compradora a efectos
de cumplir con la condición. Por otra parte, deja duda al despacho el tópico de ´los trámites de legalización del
pago ante la Fiducia Bancolombia´, teniendo en cuenta que no hay documento relacionado con la
acreditación del cumplimiento de dicho trámite, es más, no hay documento idóneo sobre los pagos
efectivamente realizados, por lo que surgen cuestionamientos sobre cuáles son todos ´los documentos
pertinentes´”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07046-01
Demandante: Jaime Herrera Jurado
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca-improcedencia
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y que, a su juicio, confirmaba que dicha unidad envió oportunamente los
documentos a la Fiducia Bancolombia para que esta procediera a pagar
el saldo debido a los vendedores. En esa medida, indicó que dicha prueba
despejaba cualquier duda y corroboraba que los trámites de legalización
de pago estaban a cargo únicamente del fiduciante.

12. Adicionalmente, manifestó que, a la fecha, el título ejecutivo se
encontraba prescrito y, por tanto, no era ejecutable, generándose con ello
un daño irremediable que, a su juicio, solo podía evitarse con el amparo
de tutela.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación

13. Mediante Sentencia de 11 de noviembre de 2021, la Sección Primera
del Consejo de Estado negó el amparo solicitado. Para ello, determinó
que, aunque el medio de prueba alegado no fue valorado, el mismo no
tenía la entidad suficiente para declarar el defecto fáctico alegado, pues,
la conclusión a la que llegó el tribunal accionado fue razonable y debía
respetarse en atención a los principios de autonomía e independencia
judicial.

14. La parte actora impugnó la decisión anterior e insistió en que el
tribunal demandado dejó de valorar una prueba – correo electrónico
interno de Avante- que disipaba cualquier duda acerca de que las cargas
y gestiones contractuales para la ejecución del contrato de fiducia
pública eran exclusivas de la fiduciante y no de terceros (vendedores). En
ese orden, señaló que el argumento expuesto por el juez de tutela de
primera instancia era desacertado, ya que no podía descalificarse la
trascendencia de la omisión valorativa.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial 2.2.
Conclusión.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial5

15. En el caso bajo estudio, la Sala revocará la decisión de tutela de
primera instancia que negó el amparo solicitado y, en su lugar, declarará
la improcedencia del mismo, tras advertir que no se cumplió con el
requisito de subsidiariedad6, en la medida que 1) existía un mecanismo de

5 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la

Sentencia T-066 de 2019.
6 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86 constitucional, señaló que la tutela resulta

improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07046-01
Demandante: Jaime Herrera Jurado
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca-improcedencia
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defensa judicial idóneo, el cual no fue agotado debidamente por la parte
actora y, 2) no se acreditó un perjuicio irremediable.

16. El accionante no ejerció adecuadamente el mecanismo judicial que
tenía a su alcance para hacer efectivos sus derechos, a saber, los recursos
que formuló contra el Auto de 1 de diciembre de 2020, mediante el cual el
Juzgado 5 Administrativo de Pasto se abstuvo de librar mandamiento de
pago.

17. Lo anterior obedece a que, en la acción de tutela de la referencia,
el actor puso de presente un reparo que no alegó en el recurso de
apelación: La trascendencia y la falta de valoración y pronunciamiento
sobre el contenido del correo electrónico de 14 de diciembre de 2015. Es
pertinente indicar que respecto de dicha prueba, en la primera instancia
del proceso ejecutivo No. 52001-33-33-005-2020-00129-00, el juzgado
consideró (se trascribe):

“Por otra parte, deja duda al despacho el tópico de “los trámites de
legalización del pago ante la Fiducia Bancolombia”, teniendo en cuenta que
no hay documento relacionado con la acreditación del cumplimiento de
dicho trámite, es más, no hay documento idóneo sobre los pagos
efectivamente realizados, por lo que surgen cuestionamientos sobre cuáles
son todos “los documentos pertinentes”, cuándo fueron entregados o
radicados en su totalidad, y por consiguiente desde cuándo iniciaron a contar
los veinte días hábiles para el pago de que trata el literal B de la Cláusula
Cuarta del contrato. Cabe añadir, que el documento de correo electrónico
(Pág. 43 del archivo digital No. 003.), si bien señala que de no cumplirse el
pago la entidad incurriría en cláusula penal, no puede considerarse como
prueba de dicha manifestación sin los documentos que respalden el trámite
realizado por la entidad fiduciaria que den cuenta del pago7”.

18. En esa medida, la Sala considera que, si la parte actora, quien fungió
como ejecutante, no estaba de acuerdo con el análisis y/o valoración que
efectuó el Juzgado 5 Administrativo de Pasto del correo electrónico de 14
de diciembre de 2015, esta debió alegarlo en el recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación que presentó contra la decisión contenida en el
Auto de 1 de diciembre de 2020, pero no fue así, pues, en dicho recurso
simplemente se limitó a indicar que (se trascribe):

“(…) 2) Interpretó contrariamente el contrato de compraventa consignado en
la escritura pública, suponiendo que era a cargo de los vendedores legalizar
el trámite de pago ante la Fiduciaria, pues esa era una carga de exclusivo
resorte de la administración, aquí ejecutada8”.

19. Respecto de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Nariño, en Auto
de 31 de agosto de 2021 determinó (se trascribe):

7 Página 8 de la providencia referida.
8 Página 3 del recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.

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Demandante: Jaime Herrera Jurado
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Decisión: Revoca-improcedencia
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"(…) con los documentos que se aportaron no es posible alcanzar la certeza
respecto de que las obligaciones relacionadas con la gestión del pago ante la
fiducia se cumplieron por las partes del contrato de compraventa, o no,
considera la Sala que no es posible determinar el carácter de exigible de la
compensación que se pretende ejecutar9”.

20. De lo expuesto, se observa que el argumento alegado en la presente
acción de tutela como defecto fáctico, esto es, la falta de valoración
probatoria de la información contenida en el correo electrónico de 14 de
diciembre de 2015, no fue expuesto en la causa que se pretende atacar,
por lo que, tal como lo advirtió el juez de tutela de primera instancia, dicha
prueba no fue valorada por el Tribunal Administrativo de Nariño.

21. En esa medida, la acción constitucional no puede ser utilizada como
un medio alternativo ni tampoco adicional o complementario de los
mecanismos judiciales ordinarios. Al respecto, la Corte Constitucional, ha
determinado que (se trascribe) “No es la tutela un procedimiento que sirva
para suplir las deficiencias en que las partes, al defender sus derechos en
los procesos, puedan incurrir, porque se convertiría en una instancia de
definición de derechos ordinarios, como lo pretende la solicitante, y no
como lo prevé la Carta Política para definir la violación de Derechos
Constitucionales Fundamentales10”.

22. Así las cosas, en el presente caso no se puede acudir al juez
constitucional con el ánimo de invocar un asunto que debió ventilarse al
interior del proceso contencioso, concretamente, en el recurso de
apelación, salvo que dicho medio no sea idóneo o eficaz para proteger los
derechos fundamentales controvertidos o cuando la tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, escenarios
que, en el caso bajo estudio, no se demostraron, pues invocar que el título
ejecutivo prescribió no hace procedente la acción de tutela.

2.2. Conclusión

23. En virtud de lo expuesto, la Sala revocará el fallo de tutela de
primera instancia, a través del cual se negó el amparo solicita y, en su
lagar, lo declarará improcedente por no superar el requisito de
subsidiariedad. En consecuencia, se abstendrá de estudiar los demás
requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial.

9 Página 10 de la providencia referida.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-008 de 1992. Pronunciamiento reiterado en las Sentencias T-518 de 1995, T-604

de 1996, T-880 de 2013 y T-538 de 2017.

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Demandante: Jaime Herrera Jurado
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca-improcedencia
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3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de tutela proferida el 11 de noviembre
de 2021, por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
presentada por Jaime Herrera Jurado, por las razones expuestas en esta
providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin11.

CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

11 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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