Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-07060-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-07060-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Corte: procedencia excepcional. Niega amparo solicitado
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-07060-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-07060-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
4 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., marzo cuatro (04) de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 110010315000202107060 01
Accionante: LIGIA INÉS PACHECO NIÑO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (IMPUGNACIÓN)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL DICTADA POR ALTA
CORTE – Procedencia excepcional. Niega amparo solicitado / DEFECTO SUSTANTIVO Y
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE EN MATERIA DE PRIMA TÉCNICA DE
FORMACIÓN AVANZADA Y EXPERIENCIA ALTAMENTE CALIFICADA – Se aplicó la
jurisprudencia vigente de la Sección Segunda de la Corporación.
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la tutelante contra
la sentencia de 18 de noviembre de 20211, mediante la cual la Sección Cuarta del
Consejo de Estado denegó el amparo solicitado.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
La señora Ligia Inés Pacheco Niño, por conducto de apoderada judicial, instauró
demanda de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad. La tutelante elevó las siguientes pretensiones (trascripción literal con
posibles errores incluidos):
1
El proceso se repartió al despacho ponente el 21 de enero de 2022 e ingresó para fallo el 24 del
mismo mes y año.
1
Radicación número: 110010315000202107060 01
Accionante: Ligia Inés Pacheco Niño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
1. Se ordene al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “A”, DEJAR SIN
EFECTOS la sentencia proferida el 22 de julio de 2021, dentro del
expediente 63001-23-33-000-2015-00007-01, Magistrado Ponente: Doctor
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ.
2. Que la Sección Segunda, Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, deberá realizar las gestiones
necesarias para dictar una nueva sentencia en la que se tenga en cuenta
todo el material probatorio existente en el expediente en especial las
certificaciones de experiencia, la reglamentación de la entidad y los títulos
obtenidos.
2. Hechos relevantes
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
señora Ligia Inés Pacheco Niño demandó a la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de que se declarara la
nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se negó el
reconocimiento y pago de la prima técnica por formación avanzada y experiencia
altamente calificada.
Como consecuencia de lo anterior, la señora Pacheco Niño solicitó que se
reconociera dicha prima “en cuantía equivalente al 50% de conformidad con lo
dispuesto en la Resolución 8011 de 23 de noviembre de 1995, desde la fecha de
ingreso a la entidad hasta que se profiera el acto que de cumplimiento a la
sentencia, así como la reliquidación y pago de todas las prestaciones e incentivos
correspondientes de manera indexada”.
Mediante sentencia de 13 de noviembre de 2015, el Tribunal Administrativo del
Quindío accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
La DIAN apeló la anterior decisión ante el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, la cual, por medio de proveído de 22 de julio de 2021, revocó el
fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho.
3. Fundamentos de la demanda
2
Radicación número: 110010315000202107060 01
Accionante: Ligia Inés Pacheco Niño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
El tutelante señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
sustantivo porque desconoció que en las resoluciones números 0718 del 8 de
mayo de 1992 y 1766 del 11 de septiembre de 1992 se demostró que ingresó a la
planta de personal por haber superado un concurso y estar en lista de elegibles.
Indicó que se tomó como base para resolver el fondo del asunto la sentencia de
unificación del Consejo de Estado, en la que se analizó la incorporación
automática a la planta de personal de la DIAN, pero no se tuvo en cuenta que “la
actora sí ingresó por concurso, es decir, cumplió con el requisito de desempeñar el
cargo en propiedad”.
Expuso que la Ley 61 de 1987 autorizó un sistema específico de carrera para los
empleados de la DIAN, el cual fue establecido en el Decreto 1260 de 1988, lo que
fue ratificado por el artículo 125 de la Constitución Política , pues determinó la
existencia de sistemas específicos de carrera administrativa, establecidos y
contenidos por normas especiales, como en el caso de la DIAN.
En ese contexto, sostuvo que ingresó a la DIAN por un concurso de méritos de
conformidad con el Decreto 1260 de 1988, “ingresando de este modo a la carrera
administrativa vigente, que en ese momento era administrada por autorización de
la ley, por el Ministerio De Hacienda y asesorada y vigilada por el Departamento
Administrativo del Servicio Civil, sin ningún requisito adicional sino los que
establecían para ese momento, en las normas citadas. Solo el ingreso a la entidad
por el concurso de méritos, hacía ingresar a la carrera administrativa, al estar
vinculados a la entidad y pertenecer a su nómina”.
Refirió que en la decisión cuestionada se concluyó que no fue incorporada
automáticamente según lo previsto en el artículo 116 del Decreto 2117 del 29 de
diciembre de 1992, pero no tuvo en cuenta que ese decreto fue posterior a la
incorporación a la planta de personal, la que se hizo el 11 de septiembre de 1992,
cunado se nombró con carácter ordinario al cargo de Profesional Tributario nivel
40, grado 25.
Adujo que se incurrió en el defecto sustantivo porque la exigencia respecto de la
calificación por parte del jefe de la entidad “no se efectuó teniendo en cuenta la
situación concreta de los funcionarios de la DIAN, en donde a través de las
Resoluciones No. 3682 de 1994 y 8011 de 1995, se precisó que se podía acreditar
la experiencia profesional altamente calificada, entre otras formas, con el
desempeño de cargos del sector hacendario”, lo que se sustenta en las sentencias
del 29 de enero de 2015 (número interno 3955-13) y del 16 de enero de 2014
(radicado 2013-02409) dictadas por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.
3
Radicación número: 110010315000202107060 01
Accionante: Ligia Inés Pacheco Niño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Precisó la tutelante que acreditó el requisito de la experiencia altamente calificada
en los términos establecidos en los Decretos 1661 y 2164 de 1991, que la
experiencia sea “certificada por el jefe de la entidad y la reglamentación que hizo
la DIAN, mediante resoluciones 3682 de 1994 y 8011 de 1995”.
De otra parte, la señora Pacheco Niño alegó que se le vulneró su derecho al
debido proceso porque la autoridad judicial accionada “se pronuncia sobre
argumentos no presentados en el recurso de apelación por parte de la entidad
demandada”.
También se dijo que se incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente,
para lo cual mencionó que la misma sala que decidió su caso, en fallo de 21 de
junio de 2018 (radicado 2012-01318), accedió a las pretensiones de una
funcionaria de la DIAN que demostró los mismos requisitos de la aquí actora, lo
que evidencia que se vulneró su derecho a la igualdad.
Agregó que se desconocieron reiterados pronunciamientos de la Corporación que
señalan que la experiencia altamente calificada es la demostrada a partir de la
obtención del título de postgrado. Como fundamento de lo anterior, trascribió fallo
de tutela del 5 de agosto de 2018 (radicado 2017-03437) dictado por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado.
Relacionó algunas sentencias, tanto de los Tribunales como del Consejo de
Estado, en las que se accedió al reconocimiento y pago de la prima por formación
avanzada y experiencia altamente calificada a funcionarios de la DIAN2.
En línea con lo anterior, relacionó algunos pronunciamientos del Consejo de
Estado respecto de la forma como se acredita el requisito de la experiencia
altamente calificada. Fallos del 13 de julio de 2017 (número interno 1633-2013),
del 8 de septiembre de 2016 (número interno 0746-2014), del 28 de noviembre de
2018 (número interno 2892-2014), del 28 de febrero de 2018 (número interno
2
Tribunal Administrativo de Santander: fallos del 23 de junio de 2011 (rad. 2009-00231), del 19
de agosto de 2011 (rad. 2009-00255), del 5 de septiembre de 2011 (rad. 2009-00238), del 5 de
septiembre de 2011 (rad. 2009-00236) y del 5 de septiembre de 2011 (rad. 2009-00209).
Tribunal Administrativo del Atlántico: fallo del 2 de noviembre de 2011 (rad. 2009-00273).
Tribunal Administrativo de Cundinamarca: fallos del 2 de junio de 2011 (rad. 2009-00243), del
14 de junio de 2011 (rad. 2009-00248), del 21 de julio de 2011 (rad. 2009-00194), del 28 de junio
de 2011 (rad. 2009-00271), del 21 de julio de 2011 (rad. 2009-00215), del 25 de agosto de 2011
(rad. 2009-00208), del 4 de agosto de 2011 (rad. 2009-00216), del 18 de agosto de 2011 (rad.
2009-00215), del 22 de septiembre de 2011 (rad. 2009-00260), del 1 de diciembre de 2011 (rad.
2009-00186), del 15 de diciembre de 2011 (rad. 2009-00185), del 19 de enero de 2012 (rad.
2009-00193), del 16 de marzo de 2012 (rad. 2009-00209), del 11 de julio de 2012 (rad.
2009-00228), del 18 de agosto de 2012 (rad. 2009-00190), del 18 de mayo de 2012 (rad.
2009-00215), del 10 de agosto de 2017 (rad. 2015-00128), del 25 de abril de 2018 (rad.
2013-00327) y del 26 de septiembre de 2018 (rad. 2014-00092)
Consejo de Estado: fallos del 17 de noviembre de 2011 (rad. 2009-00381), del 13 de agosto de
2012 (rad. 2010-00765), del 22 de mayo de 2014 (rad. 2012-00151), del 22 de julio de 2014 (rad.
2012-00182), del 29 de enero de 2015 (rad. 2012-00152), del 21 de junio de 2018 (rad.
2012-01318), del 17 de octubre de 2018 (rad. 2012-01121) y del 16 de marzo de 2020 (rad.
2012-01471).
4
Radicación número: 110010315000202107060 01
Accionante: Ligia Inés Pacheco Niño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
2129-2016), del 21 de junio de 2018 (radicado 2012-01318), del 19 de marzo de
2020 (radicado 2012-01471).
Agregó que se configuró un defecto fáctico, porque no se tuvo en cuenta que la
Resolución 3682 de 1994 prevé que será aceptada como experiencia altamente
calificada, la adquirida en el desempeño de los cargos del sector hacendario
(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos Nacionales, la Unidad Administrativa Especial Dirección
de Aduanas Nacionales, la Superintendencia de Control de Cambios y la actual
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) y
la adquirida en el desempeño de cargos públicos o privados con posterioridad a la
terminación de los estudios universitarios.
4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
4.1. Mediante providencia de 20 de octubre de 2021, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado admitió la demanda de tutela, ordenó notificar a la autoridad
judicial accionada a la DIAN y al Tribunal Administrativo del Quindío.
4.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, señaló que, contrario
a lo afirmado por la tutelante, la corporación analizó las disposiciones que rigen a
los empleados de la DIAN y expuso ampliamente las razones por las que
consideró que la señora Pacheco Niño no acreditó que fuera beneficiaria de la
prima técnica.
Dijo que en la decisión cuestionada se precisó que, si bien es cierto que la
demandante accedió a la entidad mediante concurso, también lo es que fue
nombrada como profesional en ingresos públicos II, nivel 31, grado 21, en
observancia de la incorporación automática consagrada en el Decreto 2117 de
1992, tal y como se lee en el acta de posesión 100 de 2 de junio de 1993.
Explicó que, por lo anterior, se concluyó que, aunque ocupó algunos cargos en
propiedad por haber sido nombrada por concurso público, lo cierto es que desde
su nombramiento como profesional en ingresos públicos no ocupó un cargo por
sus méritos sino por la incorporación automática, lo que impide que se le
5
Radicación número: 110010315000202107060 01
Accionante: Ligia Inés Pacheco Niño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
reconozca la prima reclamada, según la sentencia de unificación de 2016.
Afirmó que no se incurrió en el defecto sustantivo atribuido por la tutelante, pues al
estudiar el caso de la señora Pacheco Niño, se hizo un análisis de la normativa
aplicable y de los requisitos a tener en cuenta para acceder a la prima técnica.
Manifestó que no se configuró un defecto fáctico, porque la decisión de negar las
pretensiones se fundamentó en las pruebas allegadas al proceso y que
demostraron que la tutelante no ocupaba un cargo en propiedad antes de la
entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997.
Añadió que no se incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente, toda
vez que la sentencia se fundamentó en una providencia de unificación
jurisprudencial y que “si bien es cierto en otros casos se ha accedido a las
pretensiones de la demanda, y se ha reconocido el incentivo económico de prima
técnica, es porque los ciudadanos no se encuentran en una situación idéntica a la
de la demandante”.
Advirtió que la tutelante pretende propiciar con la acción de tutela en una tercera
instancia, porque no comparte la interpretación de la normativa aplicable que
realizó el Consejo de Estado ni la valoración probatoria.
Por último, sostuvo que la acción de tutela es improcedente porque no cumple con
el requisito de la subsidiariedad y la relevancia constitucional. Esto, porque la
señora Pacheco Niño pudo interponer el recurso extraordinario de revisión y
porque discute asuntos legales y económicos.
Por lo expuesto, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda de tutela.
4.3. La DIAN se opuso al amparo solicitado e indicó que la sentencia de 22 de
julio de 2021, no vulneró los derechos fundamentales de la tutelante.
Adujo que “el fallo no desconoce los concursos de ascenso que caracterizan las
convocatorias cerradas o al interior de la entidad. Sin embargo, los derechos que
se derivan de la carrera administrativa atienden a la superación de un concurso
6
Radicación número: 110010315000202107060 01
Accionante: Ligia Inés Pacheco Niño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
abierto y objetivo”.
Dijo que en la decisión cuestionada se tuvo en cuenta la sentencia
CE-SUJ205001233300020120079101 (449913), en la que se unificó la
jurisprudencia frente a la prima técnica por formación avanzada y experiencia
altamente calificada.
Refirió que lo que se pretende es reabrir el debate decidido por el juez natural, lo
que no es propio del juez de tutela, dado que a este no le corresponde “establecer
si existe un mejor criterio que el utilizado por el juzgador de instancia”.
Precisó que (trascripción literal con posibles errores incluidos):
… el H. Consejo de Estado Sección Segunda si aplicó un criterio unificado
sobre el tema y ejecuto una operación lógica válida que, además de sumar
varios argumentos para sustentar el no cumplimiento de los requisitos para el
reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia
altamente calificada en este caso particular, también corresponde al desarrollo
jurisprudencial sobre los cargos incorporados automáticamente. En esta
medida y atendiendo que la acción de tutela contra providencias judiciales no
es el medio para controvertir las interpretaciones razonables de los jueces,
solicito se niegue la protección de los derechos invocados.
Sostuvo que se realizó una indebida valoración probatoria, pues en la certificación
expedida por la Subdirectora de Gestión de Personal de la Dirección de Impuestos
y aduanas Nacionales constan los cargos desempeñados por la actora; también
se precisó que, según los artículos 116 y 2 de los Decretos 2117 de 1992 y 1267
de 1999, los funcionarios de la DIAN quedarían automáticamente incorporados a
la nueva planta, lo que coincide con la Resolución No. 001 de 1 de junio de 1993
por medio del cual el Director de la entidad ordenó la incorporación de algunos
empleados, incluida la demandante.
Añadió que las pruebas del expediente no demostraron que la experiencia,
funciones o conocimientos de la demandante eran las exigidas para el
reconocimiento de la prima reclamada, sino que, por el contrario, se estableció
que la experiencia era la de cualquier otro funcionario con las mismas funciones
que las de la tutelante y, por tanto, aclaró que no podía darse un reconocimiento
automático dado que la expresión “altamente calificada” no puede entenderse
7
Radicación número: 110010315000202107060 01
Accionante: Ligia Inés Pacheco Niño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
como la realización de funciones ordinarias.
Mencionó que, aunque los requisitos para acceder a la prima técnica por
formación avanzada están expresamente señalados en la ley, ello no implica que
deba concederse automáticamente a todos los funcionarios, pues “el legislador
otorgó a la entidad la facultad de determinar sus necesidades específicas y las
áreas que requerían los funcionarios altamente calificados.
Agregó que “…es un error considerar que se tiene derecho a una prima técnica de
formación avanzada, de forma unilateral sin consideración a que era la propia
entidad quien determinaba si la experiencia calificada de un determinado empleo
era de utilidad para los requerimientos específicos de ese momento, en cuyo caso
se vulnerarían los principios que dieron origen a esta ley. Menos reconocer
retroactivo sin que exista evidencia del trabajo meritorio por la demandante”.
5. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de 18 de noviembre de 2021, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado denegó el amparo solicitado por la señora Ligia Inés Pacheco Niño.
Como fundamento de esa decisión expuso (transcripción de forma literal):
4.5. Revisada la sentencia que se cuestiona, advierte la Sala que luego de
citar las normas aplicables en materia de prima técnica por formación
avanzada y experiencia altamente calificada en la DIAN, así como el
precedente jurisprudencial de unificación de la Sección Segunda del 19 de
mayo de 2016, pasó a analizar el caso concreto de la actora conforme lo
probado en el expediente y consideró lo siguiente: (…)
De acuerdo con lo indicado en la sentencia, fueron dos los aspectos que el
juez ordinario encontró como no superados para el reconocimiento pretendido:
(i) por una parte, el que la accionante no hubiera ocupado los empleos
producto de un concurso abierto de méritos, como uno de los requisitos a
tener en cuenta para el reconocimiento del incentivo de prima técnica y (ii) la
ausencia de prueba que acreditara que contaba con los tres años de
experiencia altamente calificada.
4.6. En relación con el primer aspecto, esto es, el relacionado con el ingreso a
la carrera de manera automática y no mediante un concurso abierto de
méritos, encuentra la Sala que se trata de una conclusión producto del análisis
de las pruebas allegadas al plenario que dieron cuenta de la forma como fue
vinculada a la DIAN y que obedeció a una serie de concursos cerrados al
interior de la entidad que permitieron su nombramiento en propiedad y, la
8
Radicación número: 110010315000202107060 01
Accionante: Ligia Inés Pacheco Niño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
posterior incorporación automática como Profesional en Ingresos Públicos II,
todo lo cual impide el otorgamiento de la prima técnica solicitada por la actora.
Sobre el particular, es pertinente indicar que la Sala Plena de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación de 19 de mayo de
20163, en relación con la prima técnica por formación avanzada y experiencia
altamente calificada, indicó: (…)
De manera que el sustento que tuvo la decisión cuestionada fue la sentencia
de unificación el 19 de mayo de 2016, la cual constituye el precedente
vinculante y de obligatorio acatamiento en temas de similares contornos, como
en el presente caso en el que se aplicó la regla según la cual ‘los empleados
incorporados a la DIAN automáticamente, por medio del decreto 2117 de
1992, no pueden ser beneficiarios de la prima técnica por formación avanzada
y experiencia altamente calificada, en la medida que no desempeñaron el
cargo en propiedad, como quiera que su inscripción en carrera administrativa
no se derivó de la superación satisfactoria de un concurso de méritos’, lo que
ocurrió en el caso de la actora y que justifica el análisis desde este
pronunciamiento de unificación.
Por lo anterior, no se configura el defecto por desconocimiento del precedente
alegado por la accionante, pues la decisión cuestionada fue producto de la
aplicación de las reglas contenidas en una sentencia de unificación proferida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual debe ser acatada y
aplicada de manera preferente respecto de otros precedentes, aun
provenientes de las subsecciones que componen la misma Sección. Es de
resaltar que la finalidad de las sentencias de unificación es garantizar la
aplicación uniforme de la jurisprudencia, para garantizar principios como la
igualdad y la seguridad jurídica, de allí su carácter obligatorio y vinculante.
Es así como en relación con los precedentes citados por la parte actora, la
Sala encuentra lo siguiente:
Las sentencias proferidas por los distintos tribunales administrativos del país,
son pronunciamientos que no constituyen precedente vertical u horizontal que
obligue a la autoridad judicial accionada, que es el órgano de cierre de la
jurisdicción, encargada del estudio y análisis de asuntos laborales y de
seguridad social, y quien profiere las sentencias de unificación que fijan las
reglas de decisión que deben ser observadas por los jueces y tribunales de
inferior jerarquía.
Ahora, respecto del desconocimiento del precedente horizontal, esto es, de las
sentencias proferidas por la misma Corporación, se concluye que no son un
precedente que deba ser tenido en cuenta por la autoridad judicial accionada,
por dos razones: (i) no son sentencias de unificación sino decisiones
emanadas de alguna de las subsecciones de la Sección Segunda del Consejo
de Estado y, (ii) la mayoría de las sentencias citadas son anteriores al
precedente de unificación del 19 de mayo de 2016. Dichas sentencias, son las
siguientes:
3
Original de la cita: “Sentencia SUJ 002 de 2016. Expediente 4499-13. Magistrado Ponente: Luis
Rafael Vergara Quintero”.
9
Radicación número: 110010315000202107060 01
Accionante: Ligia Inés Pacheco Niño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Actor Radicado Fecha
providencia
Silvia Rosa Herrera 2009-00381 17/11/2011
Luz Myriam Díaz Muñoz 2010-00765 13/08/2012
Paulina de Jesús Trujillo 2012-00151 22/05/2014
Mariana Inés Romo Villarreal 2012-00182 22/07/2014
Elda Rosa Barrios 2012-00152 29/01/2015
Fanny Cecilia Otálora de Eslava 11001-03-15-000-2013-02409-00 (AC) 16/01/2014
De los pronunciamientos posteriores a esta fecha, encuentra la Sala que se
trata de las siguientes sentencias:
Actor Radicado Fecha providencia
Nancy Corredor García 2012-001318 21/06/2018
Beatriz Parra Mosquera 2012-01121 17/10/2018
Elvira Sierra Palacios 2012-01471 16/03/2020
El caso de la señora Nancy Corredor García difiere del supuesto fáctico de la
actora, pues se trató de una sentencia que dio cumplimiento a un fallo de
tutela en el que quedó establecido que ingresó por mérito al cargo de
Profesional Universitario, código 3020, grado 6 y no por inscripción
automática, lo que precisamente fue objeto de análisis en el caso de la
accionante Ligia Inés Pacheco Niño en el que se analizó y se concluyó que no
había accedido a la entidad mediante un concurso abierto de méritos, de
manera que no puede ser tenido como un precedente aplicable al caso.
Lo mismo sucede con los casos de las señora Beatriz Parra Mosquera y Elvira
Sierra Palacios, en los que el problema jurídico a analizar tuvo que ver con la
prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada como
factor salarial a tener en cuenta en la liquidación de las prestaciones sociales
y que fue lo que se estudió y accedió por parte de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en esa oportunidad, de nuevo, un tema distinto al que
ocupó la atención de la autoridad judicial accionada y que por tanto no
constituye precedente aplicable al caso.
Frente al punto de experiencia altamente calificada en los que citó unos
pronunciamientos del Consejo de Estado posteriores a la sentencia de
unificación, se tiene que los casos propuestos que no tienen relación con la
situación fáctica de la actora, pues en el caso de la señora Carmen Cecilia
Gómez Sepúlveda, se estableció que no contaba siquiera con 2 años de
experiencia cuando se exigían 3 años y fue esa la controversia analizada; de
la señora Patricia Romero Bernal quedó establecido que ingresó por concurso
de méritos a la DIAN y no por inscripción automática, al igual que el caso de la
señora Elvira Sierra Palacios y, de la señora Gloria Elena Marín Botero, se
quiso hacer valer un tiempo de experiencia como litigante para acreditar el
cumplimiento del requisito de experiencia altamente calificada, y se encontró
que no era relacionada con el cargo en la DIAN, por lo que no podía ser tenida
en cuenta.
10
Radicación número: 110010315000202107060 01
Accionante: Ligia Inés Pacheco Niño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Por las razones expuestas, como quedó dicho, no es posible hablar de un
desconocimiento del precedente en los términos y con las sentencias
propuestas por la actora.
Ahora, frente a la incorporación automática del Decreto 2117 del 29 de
diciembre de 1992, dijo que su incorporación había sido anterior, esto es, el 11
de septiembre de 1992 cuando fue nombrada en el cargo de Profesional
Tributario nivel 40, grado 25, sin embargo la sentencia discriminó cada uno de
los nombramientos y concluyó que habían sido producto de un concurso
cerrado, lo que iba en contra del postulado de ser concursos de mérito
abiertos y, en concreto frente al nombramiento en ese empleo, encontró
probado la Sección Segunda que mediante acta del 25 de septiembre de 1992
se posesionó en ese empleo y que allí se señaló que ese nombramiento
obedeció a lo dispuesto en la Resolución 1766 del 11 de septiembre de 1992
“en la que se señaló que los nombramientos allí contenidos obedecían a los
resultados del concurso cerrado convocado para el efecto”, de manera
que el análisis para no acceder a las pretensiones de la demanda fue acorde
con la tesis del concurso de méritos abierto ya mencionado.
4.7. Ahora, en cuanto al segundo aspecto analizado, esto es, la
contabilización del tiempo a tener en cuenta como experiencia altamente
calificada, encuentra la Sala que en la sentencia se habló de la posibilidad de
que para los cargos de Profesional Tributario nivel 40, grado 24 y de
Profesional Tributario nivel 40, grado 25, podría tener derecho a la prima
técnica reclamada, pero que para la fecha en que se desempeñó en esas
posiciones no tenía 3 años de experiencia altamente calificada, al no
demostrar en qué lugares laboró antes de su vinculación con la entidad, esto
es, con anterioridad al 1º de julio de 1991, ni que superara los 3 años de
experiencia, sumado a la ausencia del título de formación avanzada que solo
obtuvo hasta el 6 de mayo de 1994.
Así, debe indicar la Sala que el planteamiento que hace la actora es de su
experiencia con posterioridad a ese título de especialización que obtuvo
precisamente el 6 de mayo de 1994 como ella misma lo relata, pues insiste en
que contaba con experiencia desde ese momento hasta la expedición del
Decreto 1724 del 11 de julio 1997 completando la experiencia altamente
calificada de 3 años con lo cual satisfacía la exigencia para obtener lo
solicitado, pero deja de lado que lo que presentó la sentencia fue la posibilidad
de que eventualmente se revisara esa experiencia pero para el momento en
que ocupó los empleos anteriormente mencionados, encontrando que no
contaba con el título de formación avanzada, por ende, sin la experiencia
altamente calificada, en los términos que esta ha sido entendida.
4.8. Finalmente, en relación con las facultades para pronunciarse el juez
ordinario en relación con aspectos que no se plantearon, la sentencia aclaró
que pese a que la entidad no señaló expresamente la “inexistencia del
derecho por falta de nombramiento en propiedad” ese era un primer aspecto
que debía ser analizado en el caso concreto al ser requisito esencial para
acceder a la prima técnica y, justificó su análisis en el artículo 187 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Dijo la
sentencia sobre el particular lo siguiente: (…)
11
Radicación número: 110010315000202107060 01
Accionante: Ligia Inés Pacheco Niño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
De manera que, para la Sala, está suficientemente justificada la razón para
haberse pronunciado de un aspecto clave y previo a la consideración del
otorgamiento de la prima técnica, razón por la que tampoco se advierte el
desconocimiento de derechos fundamentales por tal circunstancia (subraya
del original).
6. La impugnación
La actora impugnó la anterior decisión e indicó que no se tuvo en cuenta que en la
demanda de tutela se alegó que “hubo un error por parte del fallador en el proceso
ordinario en la observancia de la prueba” porque no se verificaron las resoluciones
números 0718 del 08 de mayo de 1992 y 1766 de 11 de septiembre de 1992,
mediante la cual es nombrada con carácter ordinario en el cargo de Profesional
Tributario nivel 40 grado 28, por estar en lista de aprobados, nombramientos que
fueron anteriores a la fecha de expedición del Decreto 2117 de 29 de diciembre de
1992 –que previó la incorporación automática a la DIAN–.
Insistió en que no era aplicable la sentencia de unificación, habida cuenta de que
determina que no se tienen derechos de carrera con ocasión de la vinculación
automática, pero la tutelante ya tenía esos derechos cuando se expidió el Decreto
2117 de 1992.
Afirmó que tampoco se verificó que mediante las Resoluciones números 3682 de
1994 y 8011 de 1995 la DIAN reglamentó el reconocimiento de la prima técnica y
determinó claramente como se acredita la experiencia altamente calificada.
Planteó (trascripción literal con posibles errores incluidos):
Con las pruebas allegadas tanto en la demanda como en la tutela, se
demostró en el acápite de pruebas que mi poderdante acreditó la
incorporación a la entidad por concurso y la experiencia tal como lo exigió la
misma entidad en los actos administrativos por medio de los cuales se
estableció el procedimiento para el reconocimiento de la prima técnica por
formación avanzada y experiencia altamente calificada, porque cuenta con
título de formación avanzada obtenido el 6 de Mayo de 1994 y según la
jurisprudencia transcrita en el escrito de tutela, los años de experiencia
altamente calificada se contabilizan a partir de la obtención del título de
formación avanzada, es decir, que al 11 de julio de 1997, acreditaba más de
tres años.
Agregó que se configuró el defecto por desconocimiento del precedente, porque
12
Radicación número: 110010315000202107060 01
Accionante: Ligia Inés Pacheco Niño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
no se tuvieron en cuenta los pronunciamientos en los que, en casos como el de la
tutelante, se accedió al reconocimiento de la prima técnica a los funcionarios de la
DIAN.
Tampoco se analizó que se vulneró el derecho de defensa y contradicción al
decidirse sobre argumentos que no fueron expuestos en el recurso de apelación
por la entidad demandada.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales4.
Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
Contenciosa de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la
acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el
amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características5.
Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados, son6:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
dado que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de
2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00(AC), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
entre muchas otras providencias.
13
Radicación número: 110010315000202107060 01
Accionante: Ligia Inés Pacheco Niño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
• Que no se trate de sentencias de tutela.
A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, son los siguientes:
• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.
• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
14
Radicación número: 110010315000202107060 01
Accionante: Ligia Inés Pacheco Niño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
• La violación directa de la Constitución Política.
Así pues, se ha determinado que le corresponde al juez de tutela verificar el
cumplimiento de los requisitos generales, de tal manera que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por el interesado7.
Conviene mencionar que, la Corte Constitucional ha sostenido que cuando se
controvierten providencias judiciales dictadas por las altas cortes -como en el caso
bajo estudio-, además de verificar el cumplimiento de los requisitos generales y los
especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se
debe evidenciar “la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016 00134, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
Nº 2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
15
Radicación número: 110010315000202107060 01
Accionante: Ligia Inés Pacheco Niño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
imperiosa intervención del juez constitucional”. Puntualmente, en sentencia
SU–573 de 2017, se indicó:
Además de los anteriores requisitos, cuando se trate de acciones de tutela
contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado, se ha determinado un criterio adicional, en atención a que ‘dichos
organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en
sus respectivas jurisdicciones’8. En este sentido, la sentencia SU-917 de 2010,
reiterada en la SU-050 de 2017, determinó que:
‘La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más
restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites
de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad
que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás
eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente
la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el
juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado
a otra conclusión’.
Así las cosas, para determinar la procedencia de la acción de tutela contra
una providencia judicial proferida por una Alta Corporación, la jurisprudencia
constitucional ha delimitado tres requisitos: (i) el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el cumplimiento de uno de los requisitos especiales de
procedencia; y (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional.
2. Análisis de la Sala
La tutelante alega que, al proferirse la decisión del 22 de julio de 2021 –por la cual
se revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, se negó el
reconocimiento de la prima técnica–, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, incurrió en un defecto material o sustantivo al no tener en cuenta
que la experiencia altamente calificada se podía acreditar con el desempeño de
cargos en el sector hacendario, como lo estableció la DIAN en las Resoluciones
3682 de 1994 y 8011 de 1995.
También se alegó el desconocimiento del precedente, porque esta Corporación ya
habría reconocido la prima técnica por formación avanzada y experiencia
altamente calificada en casos con la misma situación fáctica.
8
Original de la cita: “SU-050 de 2017”.
16
Radicación número: 110010315000202107060 01
Accionante: Ligia Inés Pacheco Niño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Un defecto fáctico, porque no se valoraron las pruebas aportadas, que
demostrarían el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para obtener el
reconocimiento de la prima técnica por formación avanzada y experiencia
altamente calificada.
En la sentencia cuestionada, luego de citar la normativa aplicable en materia de
prima técnica de formación avanzada y experiencia altamente calificada y de
referirse sobre la sentencia de unificación jurisprudencial en torno a la inscripción
automática en el sistema de carrera administrativa de la DIAN, se sostuvo lo
siguiente (transcripción de forma literal):
3.5.1. La señora Ligia Inés Pacheco Niño se vinculó a la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
desde el 1 de julio de 1991, en calidad de supernumeraria, y en planta a partir
del 30 de agosto de 1991.
3.5.2. Adicionalmente, se probó que ocupó los siguientes cargos en la
entidad:
• Técnico tributario nivel 30, grado 20: del 30 de agosto de 1991 al 17 de
mayo de 1992. tal como consta en el acta 199 de 30 de agosto de 1991,
en la que se citó que este nombramiento se efectuó de conformidad con
las Resoluciones 3358 de agosto de 1991 expedida por el ministro de
hacienda y crédito público, así como la 001 suscrita por el director de
impuestos nacionales, actos administrativos que no se encuentran en
el expediente.
• Profesional tributario nivel 40, grado 24: del 25 de septiembre de 1992 al 1
de junio de 1993, tal como consta en el acta 231 de 8 de mayo de 1992,
según lo dispuesto en la Resolución 718 de 8 de mayo de 1992 expedida
por el subdirector general de la Unidad Administrativa Especial Dirección
de Impuestos Nacionales, en la que se señaló que los nombramientos allí
contenidos obedecían a los resultados del concurso cerrado
convocado para el efecto.
• Por medio del acta 250 de 25 de septiembre de 1992 se posesionó como
profesional tributario, nivel 40, grado 25, en esta se señaló que este
nombramiento obedeció a lo dispuesto en la Resolución 1766 de 11 de
septiembre de 1992, en la que se señaló que los nombramientos allí
contenidos obedecían a los resultados del concurso cerrado
convocado para el efecto.
• Profesional en ingresos públicos II, nivel 31, grado 21: del 2 de junio de
1993 al 1 de agosto de 1999. En el acta de posesión 100 de 2 de junio de
1993, se estableció que se posesionó como profesional en ingresos
públicos II, nivel 31, grado 21, de acuerdo con la incorporación
automática consagrada en el Decreto 2117 de 1992 y ubicación efectuada
mediante Resolución 001 de 1 de junio de 1993.
• Profesional en ingresos públicos II nivel 31, grado 22: del 2 de agosto de
1999 al 27 de julio de 2008. En el expediente no hay pruebas que permitan
determinar que este nombramiento obedeció a un concurso de méritos.
17
Radicación número: 110010315000202107060 01
Accionante: Ligia Inés Pacheco Niño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
• Profesional en ingresos públicos II, nivel 32, grado 26: del 28 de julio de
2008 al 3 de noviembre de 2008. No existe prueba de que el
nombramiento haya obedecido a un concurso de méritos.
• Gestor III, código 303, grado 03: del 4 de noviembre de 2008 al 26 de
noviembre de 2009. No se demostró que haya accedido al cargo a través
de un concurso.
• Inspector I, código 305, grado 05: del 27 de noviembre de 2009 al 27 de
febrero de 2010. No obra en el expediente prueba de que se haya
ocupado el cargo en propiedad después de agotar un concurso.
• Gestor III, código 303, grado 03: del 28 de febrero de 2010 al 12 de julio de
2012. En el expediente no hay pruebas que permitan determinar que este
nombramiento obedeció a un concurso de méritos.
• Inspector I, código 305, grado 05: del 13 de julio de 2012 al 12 de enero de
2013. No existe prueba de que el nombramiento haya obedecido a un
concurso de méritos.
• Gestor III, código 303, grado 03: del 13 de enero de 2013 al 12 de febrero
de 2013. No obra en el expediente prueba de que se haya ocupado el
cargo en propiedad después de agotar un concurso.
• Inspector II, código 306, grado 06: del 13 de febrero de 2013 a la fecha de
presentación de la demanda. No se demostró que haya accedido al cargo
a través de un concurso.
3.5.3. Así mismo, está demostrado que obtuvo los siguientes títulos
académicos:
-
Abogada de la Universidad Santo Tomás: título obtenido el 26 de octubre
de 1990.
• Especialista en derecho administrativo de la Universidad Santo Tomás:
título obtenido el 6 de mayo de 1994.
• Especialista en derecho procesal de la Universidad Santo Tomás: título
obtenido el 24 de mayo de 1996.
• Especialista en derecho constitucional de la Corporación Universitaria
Empresarial Alexander Von Humboldt en convenio con la Universidad del
Rosario: título obtenido el 10 de julio de 2009.
Al analizar los anteriores documentos se puede advertir lo siguiente: no se
tiene plena certeza de que el cargo de técnico tributario nivel 30, grado 20
haya sido ocupado en propiedad, como consecuencia de un concurso de
méritos puesto que no se allegó copia de las Resoluciones 3358 de agosto de
1991 expedida por el ministro de hacienda y crédito público, así como la 001
suscrita por el director de impuestos nacionales. Sin embargo, se infiere que
efectivamente se trató de un nombramiento en virtud del mérito, ya que las
posiciones que ocupó a continuación fueron producto de un concurso cerrado.
Ahora bien, a pesar de que la señora Pacheco Niño ocupó los cargos de
profesional tributario nivel 40, grado 24 y de profesional tributario, nivel 40,
grado 25 en propiedad por haber sido nombrada a través de concursos
internos, no demostró que ninguna otra posición al interior de la entidad haya
obedecido al mérito, lo que impide que en las sucesivas se le reconozca la
prima técnica con base en el criterio de formación avanzada y experiencia
altamente calificada.
Tal como consta en el acta de posesión 100 de 2 de junio de 1993, a partir de
esa fecha obró como profesional en ingresos públicos II, nivel 31, grado 21,
por la incorporación automática consagrada en el Decreto 2117 de 1992,
18
Radicación número: 110010315000202107060 01
Accionante: Ligia Inés Pacheco Niño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
que, como se estableció en el marco jurídico, no otorga el derecho a la prima
técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada. Al
respecto, se precisa que se trata de un cargo diferente a aquellos en los que
se desempeñó como consecuencia de un concurso de ascenso.
De conformidad con lo anterior, en principio se podría pensar que para los
cargos de profesional tributario nivel 40, grado 24 y de profesional tributario,
nivel 40, grado 25, podría tener derecho a la prima técnica reclamada.
Sin embargo, es de señalar que para la fecha en que se desempeñó en esas
posiciones no tenía 3 años de experiencia altamente calificada, puesto que no
demostró en qué lugares laboró antes de su vinculación con la entidad, esto
es, previo al 1 de julio de 1991, ni que superara los 3 años de experiencia, a lo
que se suma la ausencia de un título de formación avanzada, ya que obtuvo el
de especialista en derecho administrativo el 6 de mayo de 1994, esto es,
cuando ocupaba cargos en la entidad con base en la incorporación
automática.
A esto hay que sumar que tampoco se encuentran la constancias o
certificaciones de la calificación de la experiencia de la señora Pacheco Niño
por parte del jefe de la entidad, elemento que era necesario para el
reconocimiento de la prestación con anterioridad al 11 de julio de 1997.
Así las cosas la demandante no puede reclamar los derechos propios de los
empleados de carrera administrativa, como es el caso de la prima técnica por
el criterio de formación avanzada y experiencia altamente calificada, en el
nivel profesional, toda vez que la norma de inscripción automática de la cual
pretende derivarla, esto es, el artículo 116 del Decreto 2117 de 1992, es
inconstitucional por contrariar el artículo 125 de la Constitución Política y el
derecho a la igualdad en el acceso a la función pública.
En efecto, a la luz de la jurisprudencia vigente, desnaturaliza el significado de
la «carrera administrativa», la circunstancia de que, de manera automática,
ingresen funcionarios libremente designados por el nominador de la entidad
sin haberse sometido a las normas sobre concurso público, ya que de esa
manera «no se tienen en cuenta conceptos como el mérito y las capacidades
de los aspirantes; y por el contrario, se permite el paso a otras formas de
diversa índole para acceder a la administración pública, con lo cual es la
discrecionalidad del nominador la que rige este sistema, y también se impide
que aquellos ciudadanos que creen tener las condiciones para desempeñar un
empleo de esta naturaleza a nivel nacional o territorial, tengan la oportunidad
de acceder a ellos, simplemente porque no hay un mecanismo que permita la
evaluación de sus méritos y capacidades»
Así las cosas, dado que Ligia Inés Pacheco Niño no acreditó el desempeño en
propiedad en un cargo del nivel profesional, requisito fundamental para ser
destinataria de la prima técnica por el criterio de formación avanzada y
experiencia calificada en dicho nivel, se revocará la sentencia apelada y en su
lugar se negarán las súplicas de la demanda.
Al respecto, se advierte que a pesar de que la entidad demandada no señaló
expresamente la inexistencia del derecho por la falta de nombramiento en
propiedad, este es el primer aspecto que se debe analizar en el caso concreto,
puesto que se trata de un requisito esencial para acceder a la prima técnica.
19
Radicación número: 110010315000202107060 01
Accionante: Ligia Inés Pacheco Niño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Cabe recordar que el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo habilita a esta Sala para declarar
excepciones de fondo así no hayan sido propuestas al establecer: «En la
sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera
otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que
el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no,
sin perjuicio de la no reformatio in pejus».
Así las cosas, esta sala encuentra probada la inexistencia del derecho y por lo
tanto revocará la decisión de 13 de noviembre de 2015, y, en consecuencia,
negará las pretensiones de la demanda.
Una vez analizada la sentencia cuestionada, la Subsección considera que en el
presente asunto no hay lugar a predicar la configuración de los defectos alegados
por la accionante, dado que la autoridad judicial accionada explicó, de manera
razonada, porque no había lugar al reconocimiento de la prima técnica reclamada,
lo que obedeció a que no desempeñó un cargo en propiedad, sino por la
incorporación automática prevista en el Decreto 2117 de 1992 y, además, que no
se acreditaron los 3 años de experiencia altamente calificada.
Además, en la decisión cuestionada se precisó que no se aportaron “constancias o
certificaciones de la calificación de la experiencia de la señora Pacheco niño por
parte del jefe de la entidad, elemento que era necesario para el reconocimiento del
prestación con anterioridad de julio de 1997”.
En ese sentido, la Sala estima que la decisión cuestionada se fundamentó en la
sentencia de unificación del 19 de mayo de 2016 –precedente de obligatorio
acatamiento por los jueces del país–, en la que la Sección Segunda del Consejo
de Estado señaló que los funcionarios vinculados de manera automática a la DIAN
no podían ser beneficiarios de la prima técnica, porque no desempeñaron su cargo
en propiedad, en la medida en que su inscripción en la carrera administrativa no
se derivó de la superación satisfactoria de un concurso de méritos.
Además, la sentencia atacada es concordante con la jurisprudencia actual de la
Sección Segunda de la Corporación -por demás especializada en la materia-, en la
que se ha manifestado que no basta con demostrar el desempeño en cargos del
sector hacendario, sino que también se debía acreditar la experiencia altamente
20
Radicación número: 110010315000202107060 01
Accionante: Ligia Inés Pacheco Niño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
calificada.
Así lo estableció la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en la sentencia del 27 de mayo de 2021 (transcripción de forma literal):
Conforme a este contexto, en el caso puntual del demandante, la Subsección
estima que en el marco propio de la DIAN, la experiencia altamente calificada
fue abordada en la Resolución 3682 de 1994, la cual previó que se tendría en
cuenta la lograda en cargos del sector hacendario. Y, en los actos
administrativos posteriores, aunque no lo señaló de manera expresa, sí
advirtió que tenía relación con los conocimientos, habilidades y destrezas
adquiridas a través del ejercicio profesional en el desempeño de cargos o en
investigación técnica o científica, siempre que tuvieran que ver con las
funciones del empleo sobre el cual se solicitaba el beneficio. Se agregó,
también, que sería acreditada mediante certificaciones o constancias escritas.
Por tal motivo, podría considerarse que la experiencia ejercida por el libelista
desde el 19 de diciembre de 1991 (cuando fue vinculado por concurso de
méritos) hasta el 11 de julio de 1997, aquél adquirió experiencia altamente
calificada dado que como se probó, que desempeñó cargos en el sector
hacendario, obtuvo título en formación avanzada y adelantó actividades y
cursos que consolidaron su perfil como un servidor con conocimientos
destacables.
Empero, se evidencia que en el expediente no obran constancias o
certificaciones de la calificación de la experiencia del señor Olea Vega por
parte del jefe de la entidad, elemento que era necesario para el
reconocimiento de la prestación con anterioridad al 11 de julio de 1997, que
permita demostrar que cumplió con los requerimientos para justificar el
reconocimiento y pago de la prima técnica por formación avanzada y
experiencia altamente calificada, es decir que acreditó el requisito antes de
entrar en vigencia el Decreto 1724 de 1997, y porque en las certificaciones
aportadas y analizadas en precedencia (folios 41 a 47 y 151 a 163, C.1) solo
se relacionan los tiempos de servicios y cargos desempeñados por el
demandante en la DIAN9.
En la misma línea, en sentencia del 7 de octubre de 2021, la Subsección A de la
misma Sección del Consejo de Estado manifestó:
Sobre el particular, se tiene que, en un asunto de similares contornos,10 esta
corporación denegó las súplicas de la demanda de un empleado de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que si bien acreditó su
designación en propiedad y el título de formación avanzada, no aportó «la
constancia de calificación de la experiencia laboral», requisito que establece la
normatividad vigente para ser beneficiario de la prestación solicitada.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 27 de
mayo de 2021, radicado 5829-19, M.P. William Hernández Gómez.
10
Original de la cita: Sentencia del 14 de febrero de 2019, expediente 3607-17, Actor: Nelson Omar
Esteban Sotaquirá, consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
21
Radicación número: 110010315000202107060 01
Accionante: Ligia Inés Pacheco Niño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
En efecto, en consideración a que la discusión que ocupa la atención de la
Sala en esta oportunidad se contrae a la necesidad o no de una certificación
especial para acreditar el requisito de la experiencia altamente calificada,
corresponde sostener que la referida exigencia indica que la experiencia en el
ejercicio profesional sea calificada por el jefe de la entidad; es decir, no se
trata de una certificación sino una calificación que compete realizarla al jefe de
la entidad, esto es, al nominador o su delegado en forma expresa para tal
actuación.
Lo anterior, toda vez que no se pretende acreditar el simple cumplimiento del
tiempo de servicio en las funciones asignadas en el ejercicio de un cargo, sino
explicar en forma detallada las superiores calidades y condiciones de
idoneidad que la ubican por encima de un profesional durante un lapso
mínimo de 3 años11.
La postura antes descrita también es compartida por la Subsección B de la
referida Sección Segunda de la Corporación, que ha manifestado:
No obstante, en el expediente no se evidencian constancias o certificaciones
de la calificación de la experiencia de la actora por parte del jefe de la entidad,
elemento que era necesario para el reconocimiento de la prestación con
anterioridad al 11 de julio de 1997, que permita demostrar que cumplió con los
requerimientos para justificar el reconocimiento y pago de la prima técnica por
formación avanzada y experiencia altamente calificada, es decir que acreditó
el requisito antes de entrar en vigencia el Decreto 1724 de 1997, y porque en
las certificaciones allegadas solo relacionan los tiempos de servicios,
funciones y cargos desempeñados por aquella en la DIAN.
Lo dicho, en virtud de que la transición regulada en el artículo 4° del Decreto
1724 ibídem implica que los requisitos debían haberse cumplido antes del 11
de julio de 1997, motivo por el cual certificados que valoren la experiencia
posterior a dicha fecha no pueden ser tenidos en cuenta porque no evalúan la
experiencia altamente calificada12.
En ese orden de ideas, la Subsección advierte que la decisión se encuentra
ajustada a la regla jurisprudencial establecida por la Sección Segunda del Consejo
de Estado y al material probatorio que sí fue analizado por la autoridad judicial
competente en virtud de los principios de autonomía y de la sana crítica, razón por
la que no era posible el reconocimiento de la prima técnica al no haberse
demostrado el cumplimiento de los requisitos para ello.
No se pierde de vista que la accionante señaló que en aplicación del
derecho-principio a la igualdad debía reconocérsele la mencionada prima, porque
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 7 de
octubre de 2021, radicado 2796-20, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 14
de octubre de 2021, radicado 0285-20, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
22
Radicación número: 110010315000202107060 01
Accionante: Ligia Inés Pacheco Niño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
ya la jurisprudencia ha accedido a las pretensiones de algunos funcionarios de la
DIAN que se encontraban en situaciones iguales; sin embargo, se procede aclarar
lo siguiente:
Respecto al desconocimiento del precedente horizontal, la Sala resalta que, si
bien esta Corporación ha reconocido la prima técnica en algunos eventos a
funcionarios de la DIAN, lo cierto es que no se configura dicho defecto porque las
sentencias que se pusieron de presente no eran sentencias de unificación como sí
lo es la sentencia del 19 de mayo de 2016 y que, como se dijo, al constituir
precedente obligatorio era la que debía aplicarse para resolver caso de la señora
Pacheco Niño, como en efecto se hizo.
Además, no puede dejarse de lado que algunas de las sentencias de la
corporación que se relacionaron como desconocidas fueron anteriores a la
sentencia de unificación.
Aunado a lo anterior, la Subsección precisa que tampoco puede predicarse un
defecto por desconocimiento del precedente por no tenerse en cuenta los
pronunciamientos en los que algunos tribunales del país han reconocido la prima
técnica a funcionarios de la DIAN, por cuanto no constituyen precedente para la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, la que es la
especializada en asuntos laborales y que, además, fundamentó su decisión en la
sentencia de unificación frente a la inscripción automática en el sistema de carrera
administrativa de la DIAN.
Finalmente, conviene mencionar que la tutelante plantea una vulneración del
derecho al debido proceso porque la autoridad judicial accionada “se pronuncia
sobre argumentos no presentados en el recurso de apelación por parte de la
entidad demandada”.
No obstante, para la Sala no hay lugar a hacer un estudio de fondo al respecto,
toda vez que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, porque, como lo ha
establecido en anteriores oportunidades13, el recurso extraordinario de revisión
13
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P.: María Adriana Marín, sentencia de 20
de febrero de 2020, radicación número: 11001-03-15-000-2019-03861-01.
23
Radicación número: 110010315000202107060 01
Accionante: Ligia Inés Pacheco Niño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
establecido en el artículo 248 del CPACA., bajo la causal de “nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede el recurso de
apelación”, constituye el mecanismo judicial idóneo para alegar la posible falta de
congruencia de un fallo de segunda instancia, como ocurre en la acción de tutela
de la referencia.
Por lo expuesto, la Subsección confirmará el fallo de primera instancia que negó el
amparo solicitado por la señora Ligia Inés Pacheco Niño.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de noviembre de 2021 proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con las razones
expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA
MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
24
Radicación número: 110010315000202107060 01
Accionante: Ligia Inés Pacheco Niño
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
25
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.