Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07098-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07098-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-07098-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
15 de diciembre de 2021
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07098-00
Accionante: Mauricio Gómez Niño
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., quince (15) diciembre de dos mil veintiuno (2021)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07098-00
Accionante: MAURICIO GÓMEZ NIÑO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN B
Tesis: La solicitud de amparo es improcedente
cuando no se acredita la legitimación en la
causa por activa.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Mauricio
Gómez Niño en contra de la sentencia proferida el 30 de agosto de 2021
por la Subsección B, Sección Tercera, del Consejo de Estado, dentro del
expediente de tutela nro. 11001 0315 000 2020 05102 01 (acumulado).
1.- SÍNTESIS DEL CASO
El señor Mauricio Gómez Niño promovió acción de tutela en contra de la
precitada decisión con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de
justicia, a la conformación, ejercicio y control del poder político, y a la
igualdad; para ello formuló las siguientes pretensiones1:
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 07098 00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07098-00
Accionante: Mauricio Gómez Niño
“[…] PRIMERO: Que se ampare judicialmente el derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29), ARTICULO 2. Son
fines esenciales del estado garantizar la efectividad de los
principios para el caso concreto se conculca el principio de
confianza legítima desarrollado por el articulo 84 constitución
nacional. Derecho a la igualdad (artículo 13), el derecho a la
administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial
(artículo 228 y 229), el preámbulo de la constitución nacional (a la
justicia), la prevalencia del interés general del artículo uno (1),
atenta vulnera el artículo dos “Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución” para asegurar el cumplimiento de
los deberes sociales del Estado”. La conformación ejercicio y
control del poder político y la aplicación, respeto y garantía de la
igualdad ante la ley y los derechos convencionales que otorgan los
tratados suscritos por Colombia en materia de derechos humanos.
SEGUNDO: que se revoque la tutela de fecha 30 de agosto de
2021, publicada el 22 de septiembre del 2021 del Magistrado
Ponente: Alberto Montaña Plata. Bogotá, D.C., 30 de agosto de
2021 Radicación: 11001-03-15-000-2020-05102-01 (Acumulado)
Demandante: Carlos Alberto Román Ochoa y otros Demandado:
Consejo de Estado, Sección Quinta Referencia: Sentencia de
segunda instancia que ordenó DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia
proferida el 3 de diciembre de 2020, por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad electoral nro.
68001-23-33-000-2019-00867-02 y, en consecuencia, ORDENAR a
la Sección Quinta del Consejo de Estado que, dentro de los 10 días
siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva
decisión, en la cual, atienda a lo expresado en esta decisión. En su
lugar se mantenga la decisión tomada en la Sentencia proferida el
3 de diciembre de 2020, por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, dentro del proceso de nulidad electoral nro. 68001-23-33-
000-2019-00867-02.
TERCERO: Deprecamos medida cautelar de suspensión de los
efectos de la decisión tomada por el fallo de tutela la tutela (sic) de
fecha 30 de agosto de 2021, publicada el 22 de septiembre del
2021 del Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata Bogotá, D.C.,
30 de agosto de 2021 Radicación: 11001-03-15-000-2020-05102-
01, toda vez de no afectar el (sic) derechos políticos y
democráticos, el debido proceso y proteger la seguridad jurídica y
política del municipio de Girón […]”.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
Lo primero que el accionante explicó es que está legitimado para
interponer la presente acción de tutela porque es residente “(…) en la
ciudad de Girón del departamento de Santander y tengo el lugar de
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Accionante: Mauricio Gómez Niño
votación para elecciones de candidatos al concejo municipal y alcaldía
de este municipio, lo cual se puede acreditar con el PDF que se aporta
con la tutela, pantallazo en PDF de la Registraduría, en consecuencia
estamos legitimados, bajo el artículo 23 de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, según la cual los ciudadanos
tienen derecho a “elegir y ser elegidos en elecciones periódicas
auténticas” (…)”.
En ese sentido, indicó que el fallo de tutela proferido el 30 de agosto de
2021 por la Subsección B, Sección Tercera, del Consejo de Estado,
vulnera sus derechos políticos, en especial, el derecho a elegir, dado que
participó en la elección de la señora Yulia Moraima Rodríguez Esteban.
Como hechos de la acción de tutela, sostuvo que el 20 de junio de 2021
se llevaron a cabo elecciones atípicas en el municipio de Girón,
Santander, para elegir alcalde para el período 2021 - 2023. En dichos
comicios resultó electa la señora Yulia Moraima Rodríguez Esteban.
Señaló que, mediante fallo de tutela de segunda instancia proferido el
30 de agosto de 2021 por la Subsección B, Sección Tercera, del Consejo
de Estado, se amparó el derecho fundamental al debido proceso del
señor Carlos Alberto Román Ochoa y, en consecuencia, dejó sin efectos
la sentencia del 3 de diciembre de 2020, expedida por la Sección Quinta
de esta Corporación dentro del proceso de nulidad electoral nro. 2019
00867 02, y le ordenó emitir una nueva decisión.
Expuso que la sentencia del 3 de diciembre de 2020, proferida por la
Sección Quinta de esta Corporación, revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, declaró, “con efectos ex nunc, la nulidad del
acto acusado que contiene la elección del señor Carlos Alberto Román
Ochoa como alcalde del municipio de Girón – Santander para el período
constitucional 2020 – 2023”.
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Accionante: Mauricio Gómez Niño
Arguyó que “(…) unos (sic) de los motivos para instaurar la acción de
tutela contra tutela es la vulneración tajante al debido proceso y al
principio de la legalidad, toda vez que el accionante CARLOS ALBERTO
ROMAN OCHOA, está faltando a la verdad induciendo al CONSEJO
estado (sic) en un posible fraude para cambiar el sentido jurídico del
fallo ordinario emitido por el mismo CONSEJO DE ESTADO”.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
3.1. La tutela fue enviada el 19 de octubre de 2021 al correo electrónico
de la Secretaría General de la Corporación2 y asignada por reparto en la
misma fecha3.
3.2. Por auto del 22 de octubre de 20214 se admitió y dispuso notificar a
los consejeros que integran la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado; vincular, por tener interés en las resultas del
proceso, a los señores Carlos Leonardo Hernández, Carlos Alberto
Román Ochoa, Laura Lizeth Barreto Serrato, Carlos Navarro Quintero y
Yulia Moraima Rodríguez Esteban, así como a los consejeros que
integran las Secciones Cuarta y Quinta de esta Corporación5.
Igualmente, se solicitó a los despachos de los Consejeros de Estado
Alberto Montaña Plata y Carlos Enrique Moreno Rubio, que allegaran
copia de los expedientes con radicación números 11001 03 15 000 2020
05102 01 y 68001 23 33 000 2019 00867 02, respectivamente.
También se requirió al accionante para que aportara las direcciones
electrónicas de los señores Carlos Leonardo Hernández, Carlos Alberto
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 07098 00.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 07098 00.
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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 07098 00.
5
Esta orden se cumplió el 2 de noviembre de 2021. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000
2021 07098 00.
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Accionante: Mauricio Gómez Niño
Román Ochoa, Laura Lizeth Barreto Serrato, Carlos Navarro Quintero y
Yulia Moraima Rodríguez Esteban con el fin de que se surtiera la
respectiva notificación; dicha carga fue cumplida por el actor a través
del memorial enviado el 3 de noviembre de 20216,7.
Por último, se denegó la medida cautelar solicitada y la prueba de “librar
oficio al Partido Alianza Verde para que entregue copia de la inscripción
del señor Carlos Alberto Román Ochoa, al partido alianza verde como
militante”.
3.3. El Consejero de Estado Alberto Montaña Plata, ponente de la
decisión cuestionada, rindió informe en oportunidad vía correo
electrónico8, en el que explicó que la petición de amparo tiene por
objeto atacar un fallo de tutela respecto del cual no se configuran los
presupuestos señalados en la sentencia SU – 627 de 2015 de la Corte
Constitucional.
3.4. El señor Carlos Alberto Román Ochoa remitió vía correo electrónico
dos informes dentro de la oportunidad procesal correspondiente9; en el
primero, expuso que, de conformidad con la sentencia proferida el 14 de
octubre de 2021 por la Sección Quinta de esta Corporación10, la
prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo respecto de
candidatos de coalición tendrá aplicación a partir de las próximas
elecciones, por lo que solicitó declarar improcedente la presente acción
de tutela.
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Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 07098 00.
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La notificación a los citados vinculados se surtió el 4 de noviembre de 2021. Visto en
el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 11001 03 15 000 2021 07098 00.
8
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 07098 00.
9
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 07098 00.
10
Expediente nro. 11001 0328 000 2020 00018 00. C.P.: Rocío Araújo Oñate.
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Accionante: Mauricio Gómez Niño
En el segundo informe11 argumentó que el accionante no está legitimado
para interponer el amparo, toda vez que no fue parte en el proceso de
tutela que culminó con el fallo del 30 de agosto de 2021, y anotó que
tampoco probó que la citada providencia fuera producto de una situación
de fraude.
3.5. El señor Carlos Navarro Quintero rindió informe en oportunidad vía
correo electrónico12, en el que indicó que el accionante no tiene
legitimación para interponer el amparo, dado que no está acreditado
que “haya ejercido su derecho al voto en algún momento electoral, ya
que no aportó certificado de votación electoral en la acción de tutela”, y
agregó que el actor no intervino ni fue parte en el expediente de tutela
en el que se profirió el fallo del 30 de agosto de 2021.
3.6. Los señores Carlos Leonardo Hernández, Laura Lizeth Barreto
Serrato y Yulia Moraima Rodríguez Esteban, así como los consejeros que
integran las Secciones Cuarta y Quinta de esta Corporación, guardaron
silencio, pese a que fueron notificados del auto que admitió la tutela.
4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,13 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
11
Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 07098 00.
12
Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2021 07098 00.
13
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
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Accionante: Mauricio Gómez Niño
abril de 202114, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201915 proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES:
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente16:
4.2.1. Los señores Carlos Alberto Román Ochoa, Laura Lizeth Barreto
Serrano y Carlos Navarro Quintero promovieron acción de tutela en
contra de la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2020 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad
electoral radicado con el nro. 68001 2333 000 2019 00867 02,
pretendiendo lo siguiente17:
“[…] 1. Declarar que la Sección Quinta del Consejo de Estado al
proferir la sentencia de fecha 3 de diciembre de 2020, mediante la
cual declaró la nulidad del acto de elección del señor CARLOS
ALBERTO ROMÁN OCHOA, incurrió en violación de sus derechos
fundamentales a ser elegido como Alcalde del Municipio de Girón –
Santander para el periodo constitucional 2020 – 2023.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, amparar los
derechos fundamentales de CARLOS ALBERTO ROMÁN OCHOA, a la
libertad de renunciar a la militancia a un partido político, afiliarse al
partido de su elección en ejercicio del derecho de libertad de
conciencia y libre determinación, y a lo no imposición de decisiones
sobre este aspecto adoptadas por terceros sin su consentimiento,
así como el derecho de elegir y ser elegido (…).
14
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho,
referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
15
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de
Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
16
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por el accionante. Visto en el índice 2
de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03
15 000 2021 07098 00.
17
Lo que se extrae del fallo de tutela proferido el 30 de agosto de 2021 por la
Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado. Visto en el índice 2 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000
2021 07098 00.
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Accionante: Mauricio Gómez Niño
3. Que se deje sin validez la sentencia de fecha 3 de diciembre
proferida por el Consejo de Estado, mediante la cual revocó la
decisión del Tribunal de Santander y en su lugar le ordene proferir
la que en derecho corresponde, conforme a los parámetros
constitucionales, legales y precedentes constitucionales con fuerza
vinculante (…).
4. En caso de haberse ejecutado el fallo que se impugna, y el
Alcalde CARLOS HUMERTO ROMÁN haya sido removido del cargo
por el Gobernador de Santander, a quien le corresponde el
cumplimiento del fallo, oficiar a este Despacho, informándole la
decisión adoptada y los efectos automáticos de incorporación al
cargo del accionante […]”.
4.2.2. La acción de tutela correspondió por reparto a la Sección Cuarta
del Consejo de Estado que en sentencia del 20 de mayo de 2021
resolvió:
“[…] 1. Declarar la falta de legitimación en la causa por activa de
los señores Laura Lizeth Barreto Serrado [05238] y Carlos Navarro
Quintero [05195] y no reconocer como coadyuvantes a los
señores señor Joselin Díaz Aguillón y señora Monica Lilián Angarita
Rodríguez [2020-05195].
2. Negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció el
señor Carlos Alberto Román Ochoa contra la Sección Quinta del
Consejo de Estado […]”.
(Negrillas en la providencia)
4.2.3. Inconforme con lo anterior, el señor Carlos Alberto Román Ochoa
impugnó la precitada decisión y la subsección B, Sección Tercera, del
Consejo de Estado, en providencia del 30 de agosto de 2021, dispuso:
“[…] PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela de primera instancia
de 20 de mayo de 2021, por medio del cual la Sección Cuarta del
Consejo de Estado negó la presente solicitud de amparo. En su
lugar, se dispone, AMPARAR el derecho al debido proceso
solicitado por el señor Carlos Alberto Román Ochoa, por las
razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia proferida el 3 de
diciembre de 2020, por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
dentro del proceso de nulidad electoral nro. 68001-23-33-000-
2019-00867-02 y, en consecuencia, ORDENAR a la Sección Quinta
del Consejo de Estado que, dentro de los 10 días siguientes a la
8
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Accionante: Mauricio Gómez Niño
notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión, en la
cual, atienda a lo expresado en esta decisión […]”.
(Negrillas en la providencia)
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
El inciso primero del artículo 86 de la Constitución prevé el derecho que
tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por
quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados.
Igualmente, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales podrá ejercer acción tutela por sí misma, por
representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los
derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover
su propia defensa.
La Corte Constitucional ha explicado que la legitimación en la causa por
activa “no es otra cosa que el reconocimiento de la titularidad subjetiva
de los derechos fundamentales de quien presenta la acción”18 y, en ese
mismo sentido, indicó que19:
“[…] 5. Desde sus inicios, particularmente en la sentencia T-416
de 199720, la Corte Constitucional estableció que la legitimación en
la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de
fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las
partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso
de tutela.
Más adelante, la sentencia T-086 de 201021 reiteró lo siguiente con
respecto a la legitimación en la causa por activa como requisito de
procedencia de la acción de tutela:
18
Corte Constitucional. Sentencia T – 086 del 15 de febrero de 2010. M.P.: Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
19
Corte Constitucional. Sentencia T – 511 del 8 de agosto de 2017. M.P.: Gloria Stella
Ortiz Delgado.
20
M.P.: Antonio Barrera Carbonell.
21
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
9
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Accionante: Mauricio Gómez Niño
“Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección
se interpone la acción sea un derecho fundamental propio
del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se
opone a que la defensa de los derechos fundamentales no
pueda lograrse a través de representante legal, apoderado
judicial o aun de agente oficioso”.
Asimismo, en la sentencia T-176 de 201122 este Tribunal indicó que
la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de
que la persona que presenta la acción de tutela tenga un interés
directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez
constitucional, de tal forma que fácilmente el fallador pueda
establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del
demandante.
En el mismo sentido se pronunció la Corte en la sentencia T-435 de
2016, al establecer que se encuentra legitimado por activa quien
promueva una acción de tutela siempre que se presenten las
siguientes condiciones: (i) que la persona actúe a nombre propio, a
través de representante legal, por medio de apoderado judicial o
mediante agente oficioso; y (ii) procure la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales (…)”.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, cuando una persona
actúa por sí misma, la legitimación en la causa por activa está
determinada por la titularidad de los derechos fundamentales que se
invocan en la acción de tutela.
En el asunto bajo examen, el actor argumentó que está legitimado para
promover el amparo porque el fallo de tutela atacado vulnera sus
derechos políticos, en especial, el derecho a elegir, dado que participó
en la elección de la señora Yulia Moraima Rodríguez Esteban para la
alcaldía del municipio de Girón, Santander, y agregó que su lugar de
votación está en el referido municipio; sin embargo, la Sala considera
que el accionante no tiene legitimación en la causa por activa por las
razones que pasan a explicarse:
(i) El actor pretende a través de este mecanismo constitucional, que se
deje sin efectos el fallo de tutela proferido el 30 de agosto de 2021
22
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
10
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dentro del expediente nro. 11001 0315 000 2020 05102 01 cuando no
intervino ni fue parte en dicho proceso judicial.
(ii) Quienes promovieron la acción de tutela que dejó sin efectos la
decisión proferida por la Sección Quinta de esta Corporación fueron los
señores Carlos Alberto Román Ochoa, Laura Lizeth Barreto Serrano y
Carlos Navarro Quintero y como parte accionada se tuvo a la Sección
Quinta de esta Corporación. Adicionalmente, en el auto que la admitió
se ordenó vincular, como terceros con interés, a los señores Carlos
Leonardo Hernández y Joselín Díaz Aguilón, a la Registraduría Nacional
del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral, a la Coalición “Carlos
Román Alcalde” y al partido político Alianza Verde.
(iii) Aunado a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha explicado
en relación con el requisito de legitimación por activa cuando se
pretende la protección de los derechos políticos que se debe probar que
quien alega su afectación ejerció efectivamente su derecho al voto,
así23:
“[…] 29. Con respecto a la legitimación por activa para interponer
la acción de tutela con el fin de requerir la protección de sus
derechos políticos, vale señalar que la Constitución señala en el
núm. 2 del artículo 40 que todo ciudadano puede tomar parte en
elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras
formas de participación democrática; y el artículo 103 de la Carta
indica que los mecanismos de participación –incluida la
revocatoria- serán reglamentados por la ley. Por lo tanto, los
ciudadanos, en general, son titulares de tales derechos, pero el
ejercicio de los mismos está precisado en las disposiciones legales
que reglamentan tales potestades. Es relevante entonces analizar
las reglas específicas de legitimación por activa esbozadas por la
Corte Constitucional en relación con las tutelas que exigen la
protección de los derechos políticos, en las cuales se tiene en
cuenta la configuración legal para determinar si es posible hacer
uso de la acción de tutela.
Así pues, tratándose de tutelas dirigidas a solicitar la protección del
derecho a la representación efectiva, esta Corporación ha indicado
que “[p]ara determinar si una persona está o no legitimada para
incoar la acción de tutela en ese tipo de eventos, considerando la
Corte Constitucional. Sentencia T- 066 del 16 de febrero de 2015. M.P.: Gloria Stella
23
Ortiz Delgado.
11
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Accionante: Mauricio Gómez Niño
naturaleza propia del derecho -sobre el cual la Sala volverá más
adelante-, en la sentencia T-1337 de 2001 la Corte fijó la
necesidad de comprobar si quien alega la afectación ejerció
efectivamente su derecho al voto, sin que ello signifique una
exigencia para el sufragante de demostrar cuál fue la
persona o la lista por la cual votó”.
En ese sentido, si se reclama el ejercicio del derecho a la
representación efectiva, la corte consideró que es razonable que
sólo tengan legitimación quienes entregaron esa representación.
No obstante, es desproporcionado exigir a un ciudadano que
pruebe que votó por determinado candidato, teniendo en cuenta
que el voto es secreto. Así pues, la Corte ha optado por reconocer
legitimidad a quienes demuestren que han ejercido su derecho al
voto, sin exigirles probar por quién votaron, pues no es posible
aportar esa constancia y además resultaría desproporcionado.
En efecto, de acuerdo con la sentencia T-516 de 2014, que a su
vez reitera la regla fijada en la sentencia T-1337 de 2001, la Corte
infiere la legitimidad del accionante para la protección de los
derechos políticos, cuando “quien alega la afectación ejerció
efectivamente su derecho al voto” […]”.
(Destacado por la Sala)
(iv) Al respecto, el actor sostuvo que participó en la elección de la
señora Yulia Moraima Rodríguez Esteban para la alcaldía del municipio
de Girón, Santander, y que su lugar de votación está en el referido
municipio, y para acreditar su dicho allegó una captura de pantalla de la
página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil de la cual se
desprende que el número de identificación 91.540.424 tiene como lugar
de votación el municipio de Girón, lo que es insuficiente para comprobar
que efectivamente votó para dicho proceso electoral.
(v) Por consiguiente, el actor no está legitimado para solicitar el amparo
de sus derechos políticos, dado que no cumplió con la carga de probar
que participó en los comicios en los que resultó electa la señora Yulia
Moraima Rodríguez Esteban, verbigracia, con el certificado electoral.
Además, en el escrito de tutela afirmó que se identifica con el número
de ciudadanía 91.249.102 de Bucaramanga, mientras que, en la captura
de pantalla que allegó con el escrito de amparo, se observa que el lugar
de votación en el municipio de Girón le corresponde al número de
identificación 91.540.424.
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Cabe agregar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, “quien pretenda el amparo de un derecho fundamental
debe demostrar los hechos en que se funda su pretensión, a fin de que
la determinación del juez, obedezca a la certeza y convicción de que se
ha violado o amenazado el derecho24”.
Corolario de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela porque además de que el accionante no fue parte en el proceso
judicial que cuestiona, tampoco acreditó que estuviera legitimado para
solicitar el amparo de sus derechos políticos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
interpuesta por el señor Mauricio Gómez Niño en contra de la sentencia
proferida el 30 de agosto de 2021 por la Subsección B, Sección Tercera
del Consejo de Estado, de acuerdo con las razones explicadas en
precedencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
24
Corte Constitucional. Sentencia T – 571 del 4 de septiembre de 2015. M.P.: María
Victoria Calle Correa.
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Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejera de Estado Consejero de Estado
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