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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07155-01

Fecha
21 de febrero de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07155-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Modifícase la sentencia de primera instancia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar: 1°) Deniégase la acción de tutela frente al desconocimiento del precedente. 2°) Declárase improcedente el amparo en lo relacionado con el defecto fáctico. 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-07155-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

21 de febrero de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiuno (21) de febrero de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2021-07155-01
Demandante: JOSÉ DERBY MONTOYA MORALES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SUSTITUCIÓN PENSIONAL. CONVIVENCIA. CÓNYUGE
SUPÉRSTITE.

Síntesis del caso: el demandante consideró que las autoridades judiciales demandadas
vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y seguridad social en el
marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con ocasión de los fallos proferidos
el 28 de mayo de 2020 y el 18 de marzo de 2021 por cuanto a su juicio incurrieron en los defectos
fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor José Derby Montoya Morales
contra la sentencia del 7 de diciembre de 2021 proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: Niégase la acción de tutela presentada por el señor José Derby
Montoya Morales, conforme con lo indicado en las consideraciones de este
proveído.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.” (negrillas y mayúsculas del original - archivo
disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI)

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-07155-01
Demandante: José Derby Montoya Morales
Acción de tutela

I. ANTECEDENTES

La demanda

Mediante escrito radicado el 10 de octubre de 2021 el demandante presentó acción de
tutela con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales antes
mencionados presuntamente vulnerados con ocasión de las sentencias proferidas por el
28 de mayo de 2020 y el 18 de marzo de 2021 por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Armenia y el Tribunal Administrativo del Quindío, respectivamente,
por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente y por tanto se accediera a las siguientes súplicas:

“1. TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, la
familia, seguridad social, irrenunciabilidad a los derechos mínimos, derechos
adquiridos, respetar la ley y el precedente jurisprudencial del señor José Derby
Montoya Morales en calidad de cónyuge supérstite, derechos fundamentales
vulnerados con ocasión de la expedición de la sentencia del 28 de mayo de
2020 que profirió sentencia de primera instancia, proferida por el JUZGADO 1°
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA, decisión que negó las
pretensiones del tercero vinculado, señor JOSE DERBY MONTOYA
MORALES en calidad de cónyuge supérstite por no acreditar el requisito de
convivencia durante los últimos 5 años al fallecimiento de la causante, en
segunda instancia el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO – SALA 1ª
DE DECISIÓN, confirmo la decisión de la a quo través de sentencia No. 040 del
18 de marzo del 2021, decisión que fue objeto de solicitud de aclaración y la
misma fue desestimada por el despacho, la cual fue remitida por correo
electrónico del 16 de abril de 2021 y ejecutoriada el 21 de abril de 2021.

2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 28 de mayo de 2020 que profirió
sentencia de primera instancia, proferida por el JUZGADO 1°
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA, decisión que negó las
pretensiones del tercero vinculado, señor JOSE DERBY MONTOYA
MORALES en calidad de cónyuge supérstite por no acreditar el requisito de
convivencia durante los últimos 5 años al fallecimiento de la causante, en
segunda instancia el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO – SALA 1ª
DE DECISIÓN, confirmo la decisión de la a quo través de sentencia No. 040 del
18 de marzo del 2021, decisión que fue objeto de solicitud de aclaración y la
misma fue desestimada por el despacho, la cual fue remitida por correo
electrónico del 16 de abril de 2021 y ejecutoriada el 21 de abril de 2021.

3. EN SEDE DE INSTANCIA RECONÓZCASE el derecho a que tiene lugar el
señor José Derby Montoya Morales en calidad de cónyuge supérstite de
acuerdo a la sustitución pensional causada por la señora Gilma Trujillo de
Montoya (QEPD) (negrillas y mayúsculas del original -archivo disponible en
medio magnético a través del aplicativo SAMAI).

Hechos
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-07155-01
Demandante: José Derby Montoya Morales
Acción de tutela

1) El señor Eduardo Antonio Díaz Vélez sostuvo una relación por más de 33 años con la
señora Gilma Trujillo, quien disfrutaba de una pensión de jubilación concedida por el
Fondo de Prestaciones del Magisterio.

2) Por su parte, el señor José Derby Montoya Morales el 28 de enero de 1974 contrajo
matrimonio con la señora Gilma Trujillo (q. e. p. d.), unión que duró aproximadamente 3
años.

3) Con ocasión del fallecimiento de la señora Gilma Trujillo los señores Eduardo Antonio
Díaz Vélez -en calidad de compañero permanente- y José Derby Montoya Morales -en
calidad de cónyuge supérstite- elevaron solicitud de reconocimiento de la sustitución
pensional, peticiones que fueron resueltas mediante las Resoluciones números 0002110
del 28 de diciembre de 2016 y 0000044 del 12 de enero de 2017, en las que se dispuso
negar la sustitución pensional.

4) En consideración a lo anterior el señor Eduardo Antonio Díaz Vélez formuló demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de
Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con el fin de que
se declarara la nulidad de las resoluciones citadas en precedencia y se ordenara el
reconocimiento de la sustitución pensional. Al proceso se vinculó como tercero con
interés al señor José Derby Montoya Morales.

5) El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Armenia que mediante sentencia de 28 de mayo de 2021 accedió a
las pretensiones de la demanda del señor Eduardo Antonio Díaz Vélez al considerar que
se había probado la convivencia dentro de los últimos 5 años entre él y la señora Gilma
Trujillo, situación que no se encontraba demostrada en el caso del señor José Derby
Montoya Morales.

6) Contra la anterior decisión el señor José Derby Montoya Morales interpuso recurso de
apelación el cual fue desatado por el Tribunal Administrativo del Quindío en sentencia del
18 de marzo de 2021 en la que confirmó el fallo de primera instancia en consideración a
que no se encontraba probado que su convivencia con la señora Gilma Trujillo haya sido
mayor a los 5 años de que trata la Ley 797 de 2003.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-07155-01
Demandante: José Derby Montoya Morales
Acción de tutela

7) Mediante providencia del 15 de abril de 2021 se negó la solicitud de aclaración de la
sentencia, decisión que fue notificada, por correo electrónico, al día siguiente.

El fundamento de la vulneración

La parte demandante manifestó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
un defecto fáctico por la indebida valoración de las pruebas allegadas que demostraban
la convivencia que hubo entre él y la causante por un lapso superior a cinco años.

De igual manera, expuso que se desconoció el precedente judicial del Consejo de
Estado1, de la Corte Constitucional2, de la Corte Suprema de Justicia3 y del Tribunal
Administrativo del Quindío4, que establece que los cinco años de convivencia no
necesariamente deben cumplirse con anterioridad al momento del deceso, pues es
suficiente que la vida en común por ese lapso haya sido en cualquier época.

Actuación procesal

Por medio de auto de 27 de octubre de 2021 la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó la notificación a los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo del Quindío, al Juez Primero Administrativo del Circuito Judicial
de Armenia, a la ministra de Educación Nacional, al presidente de la Fiduprevisora S.A.
y a los señores Sigifredo Díaz Vélez y Sandra Patricia Gómez Díaz (sucesores procesales
del señor Eduardo Antonio Díaz Vélez, demandante dentro del proceso ordinario, quien
falleció mientras el trámite judicial se encontraba en curso) con el fin de que allegaran un
informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

1 Sentencia del 2010 expediente No. 1955-07 radicación interna 250002325000200080087701 CP Dr.

Gerardo Arenas Monsalve; Sentencia del 15 de septiembre de 2016 expediente No. 1076-2015 radicación
interna 25000234200020130444201 CP Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez; Sentencia del 23 de septiembre
de 2016 expediente No. 3789-2013 radicación interna 25000232500020080058001 CP Dr. Jorge Octavio
Ramirez Ramirez; Tutela del 24 de agosto de 2016 CE-S2-SUB B radicación interna
110010301500020160157600 CP Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
2 C-1035 del 2008, C-336 del 2014, Sentencia T-217 del 2012, T-641 del 2014, T-002 del 2015, T-090 del

2016, T-236 del 2016, T-015 del 2017.
3 Radicación 40055 del 29 de noviembre de 2011 MP Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza; CSJ SL 41637-

2012, CSJ SL7299-2015, CSJ SL6519- 2017, CSJ SL16419-2017, CSJ SL1399-2018, CSJ SL5046-2018,
CSJ SL2010-2019, CSJ SL2232-2019, CSJ SL4047-2019, CSJ SL997-2021.
4 Sentencia No. 318 del 05 de octubre de 2017 radicación interna 2014-0216-01.

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Expediente: 11001-03-15-000-2021-07155-01
Demandante: José Derby Montoya Morales
Acción de tutela

Sentencia de primera instancia

La Sección Quinta de esta Corporación en sentencia de 7 de diciembre de 2021 negó las
pretensiones de la demanda con los siguientes fundamentos:

Sobre el defecto fáctico adujo que el demandante no cumplió con la carga argumentativa
mínima para ser estudiado, pues se limitó a señalar que el Tribunal Administrativo del
Quindío hizo una valoración inapropiada de las pruebas aportadas al proceso.

En cuanto al desconocimiento de la providencia del Tribunal Administrativo del Quindío
indicó que no constituye precedente, pues no fue proferida por el órgano de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo; igualmente sostuvo que tampoco
constituyen precedente las sentencias de tutela dictadas por la Corte Constitucional ni la
Corte Suprema de Justicia, debido a que no son los órganos de cierre en materia del
régimen de sustitución pensional de los docentes oficiales.

Por último, afirmó que no se encontraba acreditada la configuración del desconocimiento
del precedente alegado por el accionante en razón a que la argumentación esgrimida por
la autoridad judicial demandada para decretar la nulidad de los actos administrativos
acusados y ordenar el reconocimiento de la sustitución pensional únicamente al señor
Eduardo Antonio Vélez Díaz se fundamentó en la jurisprudencia vigente relacionada con
la acreditación del requisito de convivencia de cinco años, en cualquier tiempo, entre el
causante y el cónyuge y/o compañero permanente.

Impugnación

La parte demandante insistió en el desconocimiento del precedente contenido en las
sentencias T-002 de 2015, T-236 de 2016, T-090 de 2016 y T-015 de 2017 de la Corte
Constitucional en las cuales se estableció que el cónyuge debe comprobar que convivió
al menos 5 años con el causante, en cualquier tiempo, y no solo en los últimos años a su
fallecimiento.

De igual manera, reiteró que se desconocía el precedente contenido en la sentencia con
radicación 40055 emanada de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral,
magistrado ponente Gustavo José Gnecco Mendoza, en la que claramente se dispuso
que al cónyuge que le asista derecho a la pensión de sobrevivientes no tiene la carga de
demostrar una convivencia con el causante en los últimos 5 años anteriores al

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fallecimiento, pero sí debe probar que hubo convivencia, en cualquier tiempo, por un
término de 5 años.

Afirmó que el Tribunal Administrativo del Quindío en la sentencia 318 del 5 de octubre de
2017, Radicado 2014 -0216 -01, Magistrado Ponente Luis Carlos Álzate Ríos, dirimió un
caso similar en el que se accedió al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al
cónyuge supérstite, pues a pesar de la separación con el causante se encontraba
probado el apoyo económico y solidaridad afectiva entre estos.

En consecuencia, sostuvo que no era requisito sine qua non que conviviera con la señora
Gilma Trujillo bajo el mismo techo, pues era claro que entre ellos existía un vínculo de
solidaridad, apoyo y ayuda económica que perduró por el tiempo de 35 años de manera
continua e ininterrumpida.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

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Acción de tutela

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Armenia y al Tribunal Administrativo del Quindío
con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad,
debido proceso y seguridad, presuntamente vulnerados por motivo de las sentencias
proferidas el 28 de mayo de 2020 y el 18 de marzo de 2021 mediante las cuales se negó
el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al señor Montoya Morales.

La Sección Quinta de esta Corporación en la sentencia de tutela de primera instancia
negó las pretensiones de la demanda.

En su escrito de impugnación la parte demandante presentó argumentos de
inconformidad en relación con el desconocimiento del precedente judicial y reiteró que en
la providencia objeto de la tutela no se tuvo en cuenta lo establecido en las sentencias T-
002 de 2015, T-236 de 2016, T-090 de 2016 y T-015 de 2017 de la Corte Constitucional,
en la sentencia con radicación 40055 emanada de la Corte Suprema de Justicia - Sala
de Casación Laboral, magistrado ponente Gustavo José Gnecco Mendoza y en la
sentencia 318 del 5 de octubre de 2017, Radicado 2014 -0216 -01, Magistrado Ponente
Luis Carlos Álzate Ríos proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, en las cuales
se dispuso que el cónyuge debe comprobar que convivió al menos 5 años con el
causante, en cualquier tiempo, y no solo en los últimos años a su fallecimiento.

Ahora bien, la Sala considera preciso aclarar que, si bien la acción de tutela se dirigió
indistintamente contra los fallos de primera y segunda instancia, proferidos dentro del
proceso ordinario, lo cierto es que en este caso el análisis se limitará a este último por
cuanto fue el que definió la situación jurídica particular.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda por las razones que se
procederán a exponer:

El presente caso cumple los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la
jurisprudencia constitucional, por cuanto: (i) se agotaron todos los medios de defensa
judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo; (ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en

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cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de
la providencia que negó la solicitud de aclaración de la sentencia5; (iii) el presente caso
no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de
la parte actora; (iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron, (v) no se ataca una
sentencia de tutela y, finalmente, (vi) la cuestión que se discute resulta de relevancia
constitucional, por cuanto se alegó la supuesta vulneración de derechos fundamentales
con ocasión de la providencia que decidió que no había lugar al reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes, lo cual tiene importantes repercusiones desde el punto de
vista constitucional.

Superado el análisis anterior, pasa la Sala a establecer si la sentencia objeto de tutela
incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial invocados.

Defecto fáctico

1) La parte demandante manifestó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en un defecto fáctico por la indebida valoración de las pruebas allegadas al proceso que
demostraban la convivencia que hubo entre él y la causante por un lapso superior a cinco
años.

2) No obstante, la Sala advierte que en la demanda de tutela el actor no cumplió con la
carga mínima que le asistía, pues no identificó los medios probatorios que, en su
concepto, se dejaron de analizar o se analizaron erróneamente pues, hizo alusión
simplemente y de manera genérica a las supuestas pruebas que demostraban la
convivencia por un lapso superior a cinco años, sin especificar puntualmente cuál fue el
material probatorio que el tribunal omitió valorar, razón suficiente para declarar
improcedente la tutela frente a dicho cargo.

Desconocimiento del precedente judicial

1) La parte demandante consideró que se desconoció el precedente contenido en las
sentencias T-002 de 2015, T-236 de 2016, T-090 de 2016 y T-015 de 2017 de la Corte

5 La providencia que negó la solicitud de aclaración de la sentencia fue notificada el 16 de abril de 2021 y

la demanda fue presentada el 10 de octubre del mismo año.

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Acción de tutela

Constitucional, en la sentencia con radicación 40055 emanada de la Corte Suprema de
Justicia - Sala de Casación Laboral, magistrado ponente Gustavo José Gnecco Mendoza
y en decisiones del propio Tribunal del Quindío, en las cuales se dispuso que el cónyuge
que le asista derecho a la pensión de sobrevivientes no tiene la carga de demostrar una
convivencia con el causante en los últimos 5 años anteriores al fallecimiento, pero sí debe
probar que hubo convivencia, en cualquier tiempo, por igual término.

2) Al respecto, en cuanto a las decisiones del Tribunal Administrativo del Quindío citadas,
tal como lo ha señalado esta Corporación en anteriores oportunidades6, solo es
obligatorio y vinculante el precedente vertical del órgano de cierre para los jueces de
inferior jerarquía, toda vez que dos jueces de igual jerarquía pueden tener criterios
diferentes.

3) Asimismo, frente a las providencias de la Corte Suprema de Justicia referida como
desconocida, basta con señalar que las decisiones de esa Corporación no tienen fuerza
vinculante de precedente para los jueces de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

4) Finalmente, respecto a los pronunciamientos de la Corte Constitucional traídos a
colación por la parte actora, la Sala advierte que aunque no fueron objeto de mención
expresa, el tribunal sí observó lo allí dispuesto, pues precisó que si bien existió un vínculo
matrimonial que nunca se disolvió la señora Gilma Trujillo solo convivió de manera
efectiva, permanente y sólida con el señor Montoya Morales por el término de 3 años,
con lo que no se acreditaba el cumplimiento de los requisitos para acceder al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en especial el de la convivencia por el
lapso de 5 años en cualquier época. Sobre el particular, se indicó:

“[S]i bien, se evidencia una convivencia del tercero vinculado con la occisa, esta
no fue mayor a los cinco (5) de que trata la Ley 797 de 2003, normativa vigente

6Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 8 de marzo de
2018, número único de radicación 11001 03 15 000 2017 02894 00, M.P. Hernando Sánchez Sánchez,
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 1 de diciembre
de 2016; C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación número: 110010315000201601285-01; Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de 2018; C.P.
Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 110010315000201801525-00; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 27 de junio de 2019, C.P Carlos Enrique
Moreno Rubio, radicación número: 110010315000201901850-00; Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 23 de agosto de 2019, C.P. Rocío Araujo Oñate, radicación número: 11001-03-15-000-2019-
03288-00(AC).

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Demandante: José Derby Montoya Morales
Acción de tutela

al deceso de la señora Gilma, pues como se corrobora con la declaración de la
señora Paola Andrea Montoya Trujillo, hija del señor José Derby, este solo vivió
con ellas, durante tres años, declaración que coincide, con la rendida por el
testigo Hernando Upegui González, cuando afirma que “el señor José Derby y
la causante únicamente convivieron tres o cuatro años aproximadamente, y
que no volvieron a convivir en la misma casa”, así mismo se tiene, que si bien,
el señor José Derby y la señora Gilma continuaron una relación, esta no fue
permanente, sino ocasional o casual, situación que no amerita ni constituye una
convivencia real, efectiva, permanente y sólida (…), por lo tanto, se tiene que el
señor Montoya Morales no acreditó el cumplimiento de los requisitos
necesarios para hacerse acreedor al reconocimiento de la pensión de
sobreviviente, en especial, el de convivencia de cinco (5) en cualquier
época.”. (negrillas y mayúsculas del original – Subraya la Sala -archivo
disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI).

5) Así las cosas, contrario a lo afirmado el demandante, aunque no se mencionaron
expresamente, la providencia enjuiciada le dio aplicación a las reglas contenidas en las
sentencias enunciadas en lo que respecta a la prueba de la convivencia por el término
de 5 años, en cualquier tiempo.

6) Así las cosas, el Tribunal Administrativo del Quindío no incurrió en los defectos fáctico
y desconocimiento del precedente alegados y en ese orden de ideas estos cargos no
están llamados a prosperar, motivo por el cual se modificará la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se declarará
improcedente el defecto fáctico y se negará el desconocimiento del precedente, por las
razones hasta aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Modifícase la sentencia de primera instancia, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia. En su lugar:

1°) Deniégase la acción de tutela frente al desconocimiento del precedente.

2°) Declárase improcedente el amparo en lo relacionado con el defecto fáctico.

3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

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Demandante: José Derby Montoya Morales
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4º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia de la misma.

5º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

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