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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-07162-00

Fecha
2 de diciembre de 2021
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-07162-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Alberto Penagos Rodríguez, respecto a la efectividad de la pensión, la prescripción de las mesadas pensionales y a la indexación de la primera mesada pensional. 2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela en lo relacionado con el desconocimiento del precedente, por las razones expuestas en esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-07162-00

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

2 de diciembre de 2021

Radicado: 11001-03-15-000-2021-07162-00
Demandante: Luis Alberto Penagos Rodríguez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07162-00
Demandante: LUIS ALBERTO PENAGOS RODRÍGUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN E

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se solicitó el reconocimiento
pensional con el régimen especial de la Rama Judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Alberto Penagos
Rodríguez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. En ejercicio de la acción de tutela y mediante apoderado judicial, el señor Luis Alberto
Penagos Rodríguez pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social, que estimó vulnerados
por la sentencia del 13 de agosto de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E. En concreto, formuló textualmente las
siguientes pretensiones:
Primera. Solicito resguardo constitucional a mis derechos fundamentales al MINIMO VITAL, DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA y SEGURIDAD SOCIAL,
quebrantados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, magistrado sustanciador JAIME
ALBERTO GALEANO GARZON, mediante la sentencia de segunda instancia proferida el 13 de
agosto/21 en el expediente 2018-00138-01 adelantado contra la U.G.P.P. por nulidad y
restablecimiento del derecho.

Segunda. Solicito al Honorable Consejo de Estado revocar en todas sus partes la sentencia indicada,
y, en su lugar, ordenarle a la autoridad judicial convocada que, en el término que se juzgue prudente,
profiera la decisión que en derecho corresponda, con sujeción a las precisiones de esa alta
corporación de lo Contencioso Administrativo en el fallo de tutela, así como al fiel acatamiento de las
garantías fundamentales del accionante.

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. El señor Luis Alberto Penagos Rodríguez solicitó a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante
UGPP) el reconocimiento de la pensión de vejez. La entidad, mediante Resolución PAP

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Demandante: Luis Alberto Penagos Rodríguez

011447 del 31 de agosto de 2010, negó lo solicitado.

2.2. Contra la anterior decisión, el señor Penagos Rodríguez interpuso recurso de
reposición, pero la entidad no lo resolvió.

2.3. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el actor demandó
los anteriores actos administrativos y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó el
reconocimiento de la pensión de vejez, conforme con el Decreto 546 de 1971.

2.4. La demanda correspondió al Juzgado 12 Administrativo de Bogotá, que, por sentencia
del 10 de mayo de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda. En concreto, la
autoridad judicial estimó que el actor era beneficiario del régimen de transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y que cumplía los requisitos establecidos en el Acto Legislativo
01 de 2005, para que se le aplicara dicho régimen, pues, para el año 2014, había cotizado
20.92 años, de los cuales 14.35 fueron al servicio de la rama judicial. Que, por lo tanto,
cumplía los requisitos para que se reconociera y pagara la pensión conforme con el
Decreto 546 de 1971, equivalente al 75 % del ingreso base de liquidación previsto en el
mencionado artículo 36.

2.5. La UGPP presentó recurso de apelación contra la anterior decisión y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por sentencia del 13
de agosto de 2021, modificó la decisión adoptada por el a quo. En síntesis, la Corporación
estimó que, en efecto, el señor Penagos Rodríguez es beneficiario del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 y, por tanto, tendría derecho al reconocimiento de la
pensión a partir del 24 de junio de 2014, al haber cumplido más de 20 años de servicio
oficial, de los cuales más de 10 son exclusivos a la Rama Judicial.

2.5.1. Sin embargo, advirtió que “(…) si se tiene en cuenta el cumplimiento del estatus en
el año 2014, cuando cumplió los veinte (20) años de servicio oficial, a quién le
correspondería el reconocimiento de la pensión sería a Colpensiones, pues la UGPP debe
reconocer: i) las causadas hasta la cesación de actividades de Cajanal EICE y, ii) aquellas
pensiones de los servidores públicos que “cumplieron el tiempo de servicio requerido por
el régimen que les fuera aplicable”1 antes de esa misma fecha, por ello, como el actor
solicita la aplicación del régimen del Decreto 546 de 1971, y cumplió los veinte (20) años
de servicios oficial el 23 de junio de 2014, no sería la UGPP la llamada a reconocerle la
pensión”.

2.5.2. Pese a lo anterior y, en aplicación del principio iura novit curia, el Tribunal aplicó la
Ley 71 de 1988 para el reconocimiento pensional al ser más beneficioso para el
demandante, pues determinó que con este régimen podría adquirir el estatus de
pensionado el 16 de junio de 2010, cuando cumplió los 60 años de edad, ya que los 20
años de cotización públicos y privados los habría cumplido el 8 de marzo de 1989,
mientras que con el régimen especial de la rama judicial lo adquiriría el 23 de junio de
2014.

2.5.3. Además, advirtió que esa sería la única diferencia entre ambos regímenes ya que
“(…) las demás condiciones para el reconocimiento pensional serían iguales tanto con la
aplicación de la Ley 71 de 1988, como con la aplicación del Decreto 546 de 1971, dado
que no podría ordenarse la liquidación de la pensión con el salario más alto del último año
de servicios como lo pretende el demandante, dado que el IBL del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, aplicable al demandante, no lo contempla (…)”. Por tanto, explicó

1
Cita original. C.E., SCSC, Sent. 2020-00184-00(C), dic. 14/2020. M.P Germán Alberto Bula Escobar.

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que el actor no contaría con un mejor derecho si se le aplicara el régimen contenido en el
Decreto 546 de 1971, pues el monto, el IBL y la efectividad sería la misma para los dos
regímenes.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. El señor Luis Alberto Penagos Rodríguez, de manera preliminar, manifestó que la
solicitud de amparo cumple los requisitos generales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales.

3.2. En cuanto al fondo del asunto, el actor alegó que la sentencia del 13 de agosto de
2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, vulneró los derechos fundamentales invocados por las siguientes razones:

3.2.1. Que la providencia acusada incurrió en desconocimiento del precedente
establecido por la Corte Constitucional (sentencias T-090 de 2009, T-174 de 2008, T-019
de 2009, T-435 de 2014, T-219 de 2021 y SU769 de 2014), en las que se dispuso la
procedencia de acumular tiempos públicos y privados para efectos del reconocimiento de
la pensión de vejez.

3.2.1.1. Que, por tanto, no es verdad como lo señaló la providencia cuestionada que el
demandante adquirió el estatus pensional el 23 de junio de 2014, pues en dicho análisis
solo se tuvieron en cuenta los tiempos oficiales, dejando por fuera los tiempos privados.
Señaló que si se tuvieran en cuenta todos los tiempos, el estatus pensional fue adquirido
el 16 de junio de 2005, fecha en la que cumplió los 55 años.

3.2.1.2. Indicó que el Decreto 546 de 1971 solo exige que, de los 20 años continuos o
discontinuos, anteriores o posteriores a su vigencia, por lo menos 10 hayan sido prestados
de manera exclusiva a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a ambas entidades,
pero no exigió que los 20 años hayan sido prestados únicamente a empresas o entidades
oficiales.

3.2.1.3. Por tanto, explicó que “como el juez plural no implementó la acumulación de
tiempos, teniendo autorización para hacerlo por fuerza dimanada de la constante y
pacífica jurisprudencia constitucional, terminó adjetivando de favorable una norma (Ley
71/88) claramente desfavorable y desventajosa, por reconocer el derecho sustancial a los
60 años de edad, mientras que la considerada desfavorable (decreto 546/71) determina
ese reconocimiento a los 55 años de edad, partiendo de la particularidad demostrada de
que completé los 20 años de servicios discontinuos y acumulados en el mes de marzo de
1990”.

3.2.2. Respecto a la efectividad de la pensión, sostuvo que el tribunal erró al señalar que,
para el 16 de junio de 2010, el demandante se encontraba afiliado al sistema pensional,
pues, según lo explicó, para dicha data el señor Penagos Rodríguez no tenía ningún
vínculo laboral con el Estado o con particulares y tampoco realizó cotizaciones de manera
independiente. Indicó que se desvinculó y dejó de cotizar desde el mes de abril de 1990
hasta el mes de enero de 2013, esto es, durante 23 años, es decir, que, para el 16 de
junio de 2010, se encontraba desafiliado del sistema.

3.2.3. En cuanto a la prescripción de las mesadas decretadas, sostuvo que la providencia
cuestionada incurrió en decisión sin motivación, ya que “(…) la prescripción de las
mesadas pensionales está íntimamente ligada a la ocurrencia del acto ficto o presunto

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demostrado en el proceso, consecuencia del silencio administrativo negativo de CAJANAL
EICE EN LIQUIDACION (hoy U.G.P.P.).”

3.2.3.1. Que, por tanto “al tomar la determinación de declarar prescritas la mayor parte de
mis mesadas pensionales sin haber esgrimido un solo motivo para explicar la razón por la
cual no se tuvo en cuenta la incidencia del acto presunto en ese punto de derecho, pese
a las admoniciones citadas de la Corte Constitucional, el Tribunal Administrativo incurrió,
además, en el vicio o defecto de decisión sin motivación, al proferir la sentencia de
segunda instancia".

3.2.4. Finalmente sostuvo que la decisión cuestionada trasgredió los derechos
fundamentales del demandante, al negar la indexación de la primera mesada pensional,
pues, no tuvo en cuenta que, entre la fecha de efectividad de la pensión (1° de enero de
2016) y la fecha de la sentencia de segunda instancia (13 de agosto de 2021), han
transcurrido más de 6 años, tiempo durante el cual se ha generado la pérdida del poder
adquisitivo de la moneda. Por tanto, indicó que la decisión “(…) es discriminatoria, porque
quebranta el principio de igualdad y es claramente lesiva porque infringe el mínimo vital
del trabajador (…)”.

4. Trámite procesal

4.1. Por auto del 25 de octubre de 2021, el Despacho Sustanciador admitió la demanda
de tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E y, como tercero con interés, al director de la UGPP.

4.2. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 29 de octubre de
20212.

5. Intervenciones

5.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E, por conducto del magistrado sustanciador, indicó que la acción de tutela es
improcedente al no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Explicó que el
señor Penagos Rodríguez cuestiona asuntos estrictamente legales, lo cuales fueron
debatidos y resueltos en el proceso ordinario. Que, de hecho, los argumentos expuestos
en sede de tutela tienen los mismos presupuestos fácticos y jurídicos de las pretensiones
de la demanda y el recurso de apelación que interpuso el demandante, lo que demuestra
que se está utilizado la acción de tutela como una tercera instancia.

5.1.1. Que, de no declararse la improcedencia, se denegaran las pretensiones de la
demanda, ya que la providencia cuestionada no incurrió en ninguna vía de hecho ni
trasgredió ningún derecho fundamental. En concreto, explicó que, contrario a lo afirmado
por el actor, el Consejo de Estado ha señalado que para la aplicación del régimen especial
de la Rama Judicial se requiere que los tiempos sean exclusivos al sector oficial, tal y
como lo indicó en reciente sentencia del 20 de febrero de 2020 (Exp. 2012-01172-01, M.P
César Palomino Cortés).

5.1.2. Que como se explicó en la sentencia cuestionada, al actor le es más favorable la
aplicación de la Ley 71 de 1988, en tanto que el Decreto 546 de 1971 exige 20 años de

2
Índice 7 de Samai.

4

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servicios públicos, los que el actor cumplió el 24 de junio de 2014, mientras si se aplica la
Ley 71 de 1988, como en efecto se hizo, el estatus lo adquiere el 16 de junio de 2010.

5.1.3. En cuanto a la efectividad de la pensión, explicó que “(…) contrario a lo sostenido
por el actor, quien parte de la confusión entre la situación de afiliado al sistema general de
pensiones y la de cotizante al mismo, se tiene que a folio 239 del expediente obra prueba
documental aportada por el demandante al descorrer el traslado de las excepciones, la
que se encuentra legalmente incorporada al proceso, de la que se desprende que el actor
se encontraba afiliado a Colpensiones a la fecha de la adquisición del estatus de
pensionado (2010), pues si bien no reportó semanas de cotización (situación diferente a
la desafiliación), no es menos cierto que en el año 2013 realizó nuevos aportes al sistema
de pensiones, lo que cobra mayor relevancia en cuanto a que su situación no era la de
desafiliado del mismo”.

5.1.4. Que, acogiendo las sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de
Justicia, se explicó que para el disfrute de la pensión se debía demostrar la desafiliación
del sistema, lo cual no sucedió en el presente caso, además, quedó probado que el actor
cotizó en los años 2013, 2014 y 2015.

5.1.5. En cuanto a la prescripción de las mesadas, indicó que la misma se interrumpe por
una sola vez con la petición en sede administrativa conforme a lo previsto en los artículos
41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969. Que, “ni esta normativa, ni
ninguna otra, disponen que la prescripción se interrumpe hasta cuando la petición sea
resuelta o que queda suspendida la prescripción si nunca se resuelve, como parece
entenderlo indebidamente la parte accionante”.

5.1.6. Finalmente, respecto a la indexación de la primera mesada pensional, sostuvo que
en la providencia cuestionada se explicó con claridad que ésta se reconoce cuando
transcurre un tiempo considerable entre la fecha de retiro del trabajador y aquella en que
adquirió el estatus de pensionado. Que para el caso del actor no era procedente su
reconocimiento ya que el actor reportó cotizaciones hasta el año 2015, y pese a que el
estatus de pensionado fue en el año 2010, no había lugar a indexar la primera mesada
pensional, pues la prestación se liquidaría teniendo en cuenta los últimos 10 años
anteriores al retiro definitivo del servicio, sin que se viera afectado el mínimo vital y móvil.

5.1.6.1. En todo caso, sostuvo que el actor no pretende la indexación de la primera
mesada, sino el reajuste de la mesada conforme con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993,
es decir, la actualización de la prestación entre la fecha de efectividad (año 2015) y la
sentencia proferida en el proceso ordinario, asunto que no estaba en discusión en el
trámite del proceso ordinario, pero explicó que “en todo caso, se trata de cumplir un
mandato legal que la entidad de previsión deberá observar al momento de liquidar la
prestación del actor”.

5.2. El apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, de manera preliminar, realizó un
recuento jurisprudencial sobre el asunto objeto de discusión. Con fundamento en ello,
expuso que la acción de tutela es improcedente, en razón a que lo pretendido por el
demandante es crear una instancia adicional para el proceso ordinario.

5.2.1. Sostuvo que en el presente caso no se cumplen ni los requisitos generales ni
específicos de la acción de tutela contra providencia judicial, pues la decisión controvertida
no solamente estuvo debidamente razonada y fundamentada, sino que además se ciñó a
la jurisprudencia que regula el tema del reconocimiento pensional.

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5.2.2. Por otra parte, sostuvo que la tutela tampoco es procedente para reclamar
prestaciones económicas, pues para ello el legislador ha establecido otros mecanismos
judiciales, adicional a que el demandante no demostró un perjuicio irremediable que haga
procedente la acción constitucional.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

1.1. A partir del año 20123, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, se precisó que la acción
de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el
Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política,
ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.

1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia
C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios
ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de
tutela.

1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i)
defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto
orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del
precedente y (viii) violación directa de la Constitución.

1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido
aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta
en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son
propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o
decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo
de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de
cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito
adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional»5.

2. Planteamiento y solución del problema jurídico

2.1. Previo a cualquier consideración sobre el fondo del asunto, la Sala verificará si la
tutela cumple el requisito de relevancia constitucional. De encontrarse cumplido ese
requisito, será estudiado el fondo del asunto, en los términos propuestos en la demanda
de tutela.

3
Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
4
Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
5
SU-573 de 2017.

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2.1.1. El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la
autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos
que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

2.1.1.1. En ese sentido, la Corte Constitucional 6 ha señalado que la relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

2.1.1.2. De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 7, esta Sala ha
determinado8 que un asunto goza de relevancia constitucional cuando se verifican los
siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede
utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se
alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»9. Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de
tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben
tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con
una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con

6
Al respecto, ver sentencias C-590 de 2005, T-335 de 2000, T-102 de 2006, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610
de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de
2014 y T-406 de 2014.
7
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
Sentencia del 11 de febrero de 2021, expediente 11001-03-15-000-2020-05131-00. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
9
Ibidem.

7

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serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.

2.2. En el caso concreto, la Sala advierte que el señor Luis Alberto Penagos Rodríguez
sostiene que la sentencia del 13 de agosto de 2021 transgredió los derechos
fundamentales invocados, específicamente, por cuatro asuntos: (i) la no acumulación de
tiempos públicos y privados para el reconocimiento pensional bajo el régimen pensional
especial de la Rama Judicial - Decreto 546 de 1971-; (ii) la efectividad de la pensión; (iii)
la negativa a indexar la primera mesada pensional y (vi) la prescripción de las mesadas
pensionales.

2.2.1. Al respecto, la Sala advierte que, a excepción del tema relacionado con la
acumulación de tiempos públicos y privados, respecto de los demás asuntos el
demandante propone la misma discusión jurídica que formuló en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra la UGPP. Si bien el demandante alega
que la providencia objeto de tutela vulneró derechos fundamentales, lo cierto es que, en
últimas, lo que pretende es que se reabra el debate respecto a la efectividad de la pensión,
a la indexación de la primera mesada pensional y la prescripción de las mesadas
pensionales. Veamos.

2.2.1.1. En el recurso de apelación que presentó el demandante contra la sentencia de
primera instancia del proceso ordinario, resumida en la sentencia de segunda instancia,
se dijo:
(…)
• El fallo de primera instancia omitió indicar la fecha de efectividad de la pensión, por lo tanto, solicita
que se declare que debe hacerse a partir del 20 de mayo de 2007, fecha en la que adquirió el derecho.
(…)
• Señala que no hay prescripción de las mesadas, toda vez que al configurarse el acto ficto negativo
y al no ser una verdadera respuesta de la administración, sino una ficción, no se puede empezar a
correr el término de prescripción.
(…)
• En cuanto a la indexación de la primera mesada, señala que, si bien el juzgado accedió a la
indexación omitió establecer cuál era la cifra concreta que se debe indexar, es decir, la asignación
más elevada que devengó el actor en el último año de servicios fue de: $116.318 la cual debe
indexarse desde el 15 de marzo de 1990 hasta el 16 de junio de 2005, fecha en la adquirió el estatus
pensional (sic).
(…)

2.2.1.2. A su turno, en el escrito de tutela, el demandante propuso los siguientes
argumentos:
(…)
10.- Efectividad de la pensión. La conclusión de este capítulo puede verse en la página 25 del fallo.
Otra proposición conclusiva cimentada en un hecho inexistente. “El disfrute de la pensión -sostiene el
Tribunal- no puede darse a partir del 16 de junio de 2010, dado que a esa fecha el accionante se
encontraba afiliado al sistema pensional, situación que mantuvo hasta el 31 de diciembre de 2015,
por tal motivo la pensión deberá pagarse a partir del 1º de enero de 2016, fecha para la cual no
acredita vinculación laboral con el Estado y no reporta cotización al sistema”.
(…)
Como se constata en las certificaciones laborales CLEBP, laboré con el Estado y coticé a pensiones
hasta el mes de marzo de 1990. Me desvinculé y dejé de cotizar desde el mes de abril de 1990 hasta
el mes de enero de 2013, esto es, durante 23 años (véase documento Cetil), con lo cual se demuestra
hasta la saciedad que, para la fecha intermedia citada por el Tribunal, es decir, el 16 de junio de 2010,

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no trabajaba para el Estado, ni para privados, ni cotizaba, porque estaba desafiliado del sistema. Esa
es la única verdad.
(…)
11.- Prescripción. La eventual prescripción de las mesadas pensionales está íntimamente ligada a
la ocurrencia del acto ficto o presunto demostrado en el proceso, consecuencia del silencio
administrativo negativo de CAJANAL EICE EN LIQUIDACION (hoy U.G.P.P.). De ahí que la sentencia
objeto de reproche en el punto 9 (Consideraciones y Fundamentos de la Sala), numeral 9.2.2.
identificó, entre los problemas jurídicos planteados, el siguiente:

“¿Debe declararse la prescripción de las mesadas, pese a que se configuró el acto presunto?”

Frente a ese anuncio, cualquiera esperaría un ejercicio ponderativo serio, analítico, racional,
sistemático, de fondo, en derredor de la naturaleza, validez y consecuencias colaterales del acto ficto,
influyentes en la operatividad de la prescripción, bien porque forzó una solución de continuidad en su
término o, simplemente, porque el fenómeno estuvo desposeído de toda capacidad jurídica para
contener el conteo prescriptivo de las mesadas causadas y no pagadas. Y en cualquiera de las dos
opciones en que hubiera sido enlistado el acto ficticio, la Sala debió explicar los argumentos y la
fundamentación que sirvieron para anclarlo a ese propósito, pues es derecho del usuario de la
administración de justicia el conocer las motivaciones que guiaron la decisión definitoria del juez
(C.G.P., 280).

Pues bien; esa adecuada e indispensable ponderación no se realizó. No se tejió un solo análisis, un
solo cuestionamiento, ni una reflexión alrededor del silencio administrativo, pero ni siquiera se
mencionó la posible vinculación de la ficción legal con la prescripción. Ver con atención capítulo 12.10
Prescripción, páginas 25, parte final, a 27, 11 párrafos en total.
(…)
12.- Indexación de la 1ª mesada. La verdad es que el discurso aducido para negar la indexación de
la primera mesada, contiene razones ideales, propicias y proclives a su concesión, atendiendo la
filosofía impulsora de los artículos 48, 53 y 230 de la Carta Política, así como los principios de justicia
y equidad, todo lo cual lleva a entender que la pérdida de poder adquisitiva de la moneda y la inflación
son hechos notorios y públicos, afectantes, de manera especial, de las prestaciones como la pensión
o el salario, sin que el pensionado o trabajador deba soportar con estoicismo las negativas
consecuencias del fenómeno.

Por ello, al transcurrir un tiempo considerable entre la fecha de retiro del trabajador y aquella en que
adquiere el estatus pensional, se debe efectuar la corrección monetaria, a fin de garantizar el poder
adquisitivo de la pensión y el mínimo vital del pensionado, quien, por regla general, es un adulto mayor
y, por lo tanto, sujeto de especial protección constitucional.

Pues bien. Obsérvese el severo contrasentido en la aplicación dada a la excelente motivación: negó
la indexación de la primera mesada. No tuvo en cuenta el fallador que, al tenor de sus propias
determinaciones, el reconocimiento prestacional corre a partir del 1 de enero/16 y que han
transcurrido desde entonces prácticamente 6 años (será casi imposible obtener el pago efectivo por
la UGPP antes del inicio y avance del año 2022), tiempo durante el cual no se ha detenido la pérdida
del poder adquisitivo de la moneda, ni su desvalorización constante y menos la inflación que está en
aumento en la actualidad; esos factores negativos son inmanentes al sistema de mercadeo y
económico del país. No en balde se registra la medición anual de la inflación y, basado en ella, se
producen, año tras año, las alzas de los salarios, insuficientes pero necesarias.
(…)

2.2.1.3. Como se ve, el demandante formuló inconformidades que coinciden con las que
expuso en el recurso de apelación que presentó contra la sentencia de primera instancia.
Evidentemente la tutela busca revivir la discusión respecto a dos asuntos puntuales la
prescripción de las mesadas y la indexación de la primera mesada pensional, aspecto que
ya fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, en la sentencia del 13 de agosto de 2021, que en lo que interesa, consideró:

(…)
En el caso que nos ocupa, la tendencia jurisprudencial ha sido en el sentido de declarar no la
prescripción del derecho pensional, toda vez que se trata de una prestación periódica, sino de
declarar prescritas las mesadas que no se hayan reclamado dentro de los tres (3) años anteriores al
momento en que se quiere hacer efectivo el pago de las mismas.

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Ahora bien, de los hechos demostrados en el proceso se establece que el demandante cumplió los
requisitos para el reconocimiento pensional el 16 de junio de 2010 (fecha en que cumplió los 60 años
de edad), no obstante, la sala advierte que conforme a lo previsto en los artículos 41 del Decreto
3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, las acciones que emanen de derechos laborales
prescriben en tres (3) años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
(…)
Al respecto, el Consejo de Estado10 ha señalado que, “luego de presentada la petición de un derecho,
el interesado cuenta con 3 años para demandar el reconocimiento del derecho, en caso de que la
entidad requerida sea renuente a dar respuesta a la misma, so pena de activarse el fenómeno
prescriptivo, y de esta manera evitar la pérdida del derecho a las prestaciones periódicas que se
llegaren a ver afectadas por el transcurso del tiempo.”
(…)
Por lo tanto, es claro que con la petición del 20 de mayo de 2010 el actor suspendió la prescripción
por tres (3) años, tiempo en el que debía acudir a la jurisdicción, sin embargo, entre esa petición y la
presentación de la demanda, que lo fue el 29 de junio de 2016 ante la jurisdicción ordinaria,
transcurrieron más de tres (3) años.

No obstante, no se puede ordenar el reconocimiento de las mesadas pensionales desde el 29 de
junio de 2013, esto es, tres (3) años antes de la presentación de la demanda en la jurisdicción
ordinaria, dado que, como se dijo anteriormente, se acreditó que el actor se desafilió del sistema a
partir del 1.° de enero de 2016. Adicionalmente, de conformidad con el artículo 128 de la Constitución
Política, nadie podrá recibir más de una asignación del tesoro público.
(…)
12.9 Efectividad de la pensión
Ahora bien, es preciso recordar que el actor cumplió el estatus de pensionado el 16 de junio de 2010,
cuando cumplió 60 años de edad, pues los 20 años de cotizaciones públicas y privadas los había
alcanzado el 8 de marzo de 1989, sin embargo, se verifica que el actor laboró e hizo aportes hasta
el 31 de diciembre de 2015, situación por la cual el derecho pensional lo adquirió cuando obtuvo el
estatus pensional, pero no se puede hacer efectivo a partir de ese momento, porque el accionante
continuó laborando, por tanto, resultan incompatibles a la luz de la Constitución y la ley11.

Sobre este punto, el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 estipuló la obligatoriedad de las cotizaciones
durante la vigencia de la relación laboral, pero que dicha obligatoriedad cesaba cuando el afiliado
reunía los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez.

En relación con la efectividad, la Corte Constitucional en sentencia T-626 de 201437 concluyó:
(…)
De lo visto se puede concluir que, la efectividad o el disfrute de la pensión no puede darse a partir
del 16 de junio de 2010, dado que a esa fecha el accionante se encontraba afiliado al sistema
pensional, situación que mantuvo hasta el 31 de diciembre de 2015, por tal motivo, la pensión deberá
pagarse a partir del 1.° de enero de 2016, fecha para la cual no acredita vinculación laboral con el
Estado y no reporta cotización al sistema.
(….)
12.11 Indexación la primera mesada
Al respecto, sea lo primero indicar que si bien no existe norma expresa que consagre la actualización
de sumas derivadas de la pensión diferente al reajuste anual de la mesada, el Consejo de Estado, la
Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han consolidado una línea jurisprudencial en
relación con la indexación de la primera mesada pensional.
(…)
En tal entendido, cuando transcurre un tiempo considerable entre la fecha de retiro del trabajador y
aquella en que adquirió el estatus de pensionado se debe efectuar la corrección monetaria, a fin de
garantizar el poder adquisitivo de la prestación pensional y el mínimo vital del pensionado, quien por
regla general es un adulto mayor y, por lo tanto, sujeto de especial protección constitucional.

Sin embargo, como se ha dicho a lo largo del proyecto, el actor se retiró del servicio en el año 2015,
y el estatus de pensionado fue en el 2010, por lo tanto, no hay lugar a indexar la primera mesada
pensional, pues la prestación se liquidará teniendo en cuenta los últimos diez (10) años anteriores al
retiro definitivo del servicio, sin que se vea afectado el mínimo vital y móvil.
(…)

10
Cita original: C.E., Sec. Segunda, Sent. 2013-00718-01, feb. 2/2017. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
11
Cita original: Artículo 128 de la CP, Artículo 17 de la Ley 100 de 1993, artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, T-626 de 2014, entre
otras.

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2.3. Siendo así, aunque el demandante alega la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad
social, lo cierto es que termina promoviendo indebidamente la tutela para obtener un
pronunciamiento que acceda a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra la UGPP, en cuanto a la efectividad de
la pensión, la prescripción de las mesadas pensionales y a la indexación de la primera
mesada pensional.

2.3.1. Por tanto, se declarará improcedente la acción de tutela, por falta de relevancia
constitucional, respecto a la efectividad de la pensión, la prescripción de las mesadas
pensionales y a la indexación de la primera mesada pensional. Las demás
inconformidades se resolverán a continuación.

3. De la acumulación de tiempos de servicio

3.1. En los términos planteados en la demanda de tutela, la Sala deberá establecer si la
sentencia cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente constitucional al (i) no
haber acumulado los tiempos de servicio público y privado prestados por el señor Penagos
Rodríguez, para reconocerle la pensión con fundamento en el régimen especial de la
Rama judicial y (ii) no establecer de manera correcta la efectividad de la pensión.

3.2. Al respecto, en la sentencia del 13 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca explicó que el demandante era beneficiario del régimen especial
establecido en el Decreto 546 de 1971, al haber laborado más de 20 años de servicio
público y 10 de ellos, exclusivamente, en la rama judicial, adquiriendo así el estatus de
pensionado el 23 de junio de 2014, fecha en la cual acreditó los 20 años de servicio
público.

3.2.1. Pese a lo anterior, la autoridad judicial explicó que, para la fecha en que el señor
Penagos Rodríguez adquirió el estatus de pensionado, esto es, para el año 2014, quien
debía pagar la pensión era Colpensiones, pero como el proceso ordinario se presentó
contra la UGPP, no era posible su reconocimiento. Sin embargo, en aplicación al principio
iura novit curia, y en aras de proteger el derecho fundamental a la seguridad social, el
tribunal ordenó el reconocimiento de la pensión de vejez del demandante con fundamento
en la Ley 71 de 1988. En lo que interesa, dicha providencia indicó lo siguiente:

Por lo reseñado en el párrafo anterior, y revisados los tiempos laborados por el actor, le resulta más
favorable la aplicación del régimen contenido en la Ley 71 de 1988, pues con esta normatividad el
actor podría adquirir el estatus de pensionado el 10 (cuando cumplió 60 años de edad), debido a que
los veinte (20) años de cotizaciones públicas y privados los habría cumplido el 8 de marzo de 1989,
por tanto, no tendría que esperar hasta el año 2014 cuando adquiriría el estatus de pensionado en
aplicación del régimen del Decreto 546 de 1971, como lo demanda.

Sin embargo, las demás condiciones para el reconocimiento pensional serían iguales tanto con la
aplicación de la Ley 71 de 1988, como con la aplicación del Decreto 546 de 1971, dado que no podría
ordenarse la liquidación de la pensión con el salario más alto del último año de servicios como lo
pretende el demandante, dado que el IBL del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, aplicable
al demandante, no lo contempla, tal y como ha quedado establecido.

3.2.2. Como se ve, la razón del tribunal demandado para no ordenar el reconocimiento de
la pensión del señor Penagos Rodríguez con el régimen especial de la Rama Judicial fue
que la entidad de previsión que debía reconocerla era la Administradora Colombiana de
Pensiones, mas no la UGPP, que era la demandada en el proceso ordinario.

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3.3. Ahora bien, el demandante señaló que la providencia cuestionada desconoció las
sentencias T-090 de 2009, T-174 de 2008, T-019 de 2009, T-435 de 2014, T-219 de 2021
y SU-769 de 2014, proferidas por la Corte Constitucional, en las que se ha aceptado la
acumulación de tiempos de servicio público y privado para el reconocimiento de la
pensión.

3.3.1. Una vez revisadas las anteriores decisiones, la Sala advierte que ninguno de los
casos tiene coincidencia con el del señor Penagos Rodríguez, ya que, con excepción de
la sentencia T-174 de 2008, en las demás, se trata de la negativa de acumular tiempo
laborado en entidades estatales y aportes privados al ISS, con el fin de obtener el número
de semanas necesarias para el reconocimiento de la pensión de vejez, cuando se es
beneficiario del régimen de transición, que no es el caso del demandante.

3.3.2. Por su parte, en la sentencia T-174 de 2008, se analizó el caso en que se negó el
reconocimiento de la pensión con fundamento en la Ley 33 de 1985, pese a que cumplía
con las condiciones fijadas, esto es, 57 años y más de veintisiete años de servicio, de los
cuales más de veinte habían sido cotizados como empleado oficial.

3.4. A juicio de la Sala, no se evidencia el desconocimiento del precedente, en razón a
que, en el caso del señor Luis Alberto Penagos, la autoridad judicial demandada no negó
el reconocimiento de la pensión con el régimen especial de la Rama Judicial (Decreto 546
de 1971) por falta de tiempo de servicio público, pues como se dijo el señor contaba con
más de 20 años. La razón para no ordenar el reconocimiento con dicho régimen es que
la autoridad de previsión que debía reconocerla era Colpensiones, pero el proceso
ordinario se había promovido contra la UGPP. En otras palabras, la negativa no fue en
razón a la no acumulación de los tiempos de servicios públicos y privados como lo señala
el actor.

3.4.1. En todo caso, conforme con la jurisprudencia reciente de la Sección Segunda de
esta Corporación, la acumulación pretendida por el demandante no es procedente. En
efecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado12, en sentencia del 20 de febrero de
2020, se refirió a la acumulación de tiempos de servicio para la aplicación del régimen
especial de la Rama Judicial, así:

(…)
Frente a la interpretación de los tiempos de servicios exigidos en el Decreto 546 de 1971, para tener
derecho al reconocimiento de la pensión especial, esta Sala en sentencia del 15 de mayo de 2019 al
hacer una lectura integral de los artículos 6, 7 y 8 del Decreto 546 de 1971, se apartó del criterio fijado
en la sentencia de 24 de septiembre de 2015, al considerar que el tiempo de servicios de 20 años
requerido como condición necesaria para el reconocimiento de la pensión especial de jubilación es
solo el que se haya prestado en el sector público u oficial, sin que haya lugar a computar tiempos
privados.
(…)

3.4.2. En esos términos, considera la Sala que la providencia cuestionada no incurrió en
el desconocimiento alegado por el demandante, pues, las razones que tuvo para no
reconocer la pensión con el régimen especial de la Rama Judicial no fueron porque el
demandante no tuviera los 20 años de servicio y fuera necesaria la acumulación de
tiempos públicos y privados.

3.4.3. Por último, la Sala advierte que, en últimas, la decisión sí resultó favorable al
demandante, pues si bien el tribunal concluyó que no podía ordenarse el reconocimiento
de la pensión conforme con el Decreto 546 de 1971, lo cierto es que la reconoció con la

12
Sentencia del 20 de febrero de 2020, exp. 2012-01172-01, M.P César Palomino Cortés.

12

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Demandante: Luis Alberto Penagos Rodríguez

Ley 71 de 1988, norma que le permitía adquirir el estatus de pensionado antes que con
el régimen especial. Además, en los demás aspectos (IBL, tasa de reemplazo y
efectividad de la prestación) no había ninguna diferencia entre los regímenes.

3.5. En esas condiciones, se denegarán las pretensiones de la tutela respecto del
desconocimiento del precedente.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Alberto
Penagos Rodríguez, respecto a la efectividad de la pensión, la prescripción de las
mesadas pensionales y a la indexación de la primera mesada pensional.

2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela en lo relacionado con el
desconocimiento del precedente, por las razones expuestas en esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección Magistrada

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Magistrada Magistrado

13

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