Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07168-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07168-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-07168-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
3 de febrero de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07168-00
Demandante: ELADIA ACUÑA RAMOS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07168-00
Demandante: ELADIA ACUÑA RAMOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y JUZGADO
SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SINCELEJO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Caducidad en medio de
control de reparación directa por desplazamiento forzado.
Conteo del término de la caducidad en los casos de
desplazamiento forzado. Sentencia de unificación de enero 29
de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado. Defecto por desconocimiento del precedente judicial
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Eladia Acuña Ramos contra el Tribunal Administrativo de
Sucre y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo, en la que
pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia, a la verdad y a la reparación integral,
vulnerados, supuestamente, por los autos de 9 de marzo de 2021 y 20 de febrero
de 2020, en su orden, mediante los cuales las autoridades judiciales accionadas
declararon la caducidad de la acción, en el marco del medio de control de
reparación directa que junto con sus familiares promovieron contra la Policía
Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, el
Departamento de Sucre y la Presidencia de la República, con el fin de obtener el
resarcimiento de los perjuicios soportados con ocasión de las acciones y
omisiones de las demandadas que provocaron la desaparición forzada de su hijo
Osmel Jiménez Acuña y el desplazamiento forzado de sus familias.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La accionante manifestó que el 8 de julio de 2015, junto con otros miembros de la
comunidad de San Onofre, Sucre, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa
Nacional, el Ministerio del Interior, el Departamento de Sucre y la Presidencia de la
República, con el fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios soportados con
ocasión de las acciones y omisiones de las demandadas que provocaron la
desaparición forzada de su hijo Osmel Jiménez Acuña y el desplazamiento
forzado de su comunidad, ocurrida el día 18 de abril de 1998, fecha en que
hombres fuertemente armados portando pasamontañas y con lista en mano,
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irrumpieron en la comunidad del municipio de San Onofre, y secuestraron a varios
moradores.
Afirmó que los hechos que dieron lugar al secuestro y desaparición de Osmel
Jiménez Acuña, fueron admitidos por Salvatore Mancuso Gómez, y el ex
comandante militar de las Autodefensas Bloque Montes de María, Uber Banquez
Martínez, en la audiencia de 13 de mayo de 2014, celebrada en la ciudad de
Cartagena por la Sala de Justicia y Paz de Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Bogotá Sala de Justicia y Paz, en el proceso radicado con el Nº
110012252000201400027.
Refirió que mediante auto de fecha 22 de enero de 2016, eI Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Sincelejo, que en un primer momento conoció de la
demanda, la inadmitió para que fueran corregidas algunas falencias, y que una
vez corregidas, por auto de 22 de enero de 2016 dispuso remitir el expediente por
competencia al Tribunal Administrativo de Sucre, que mediante auto de 8 de junio
de 2017 consideró que existía una indebida acumulación de pretensiones dada la
pluralidad de demandantes, por lo que dispuso desagregar las demandas para
que fueran presentadas individualmente.
Adujo que contra el auto de 8 de junio de 2017 interpuso recurso de reposición,
ante el cual el ponente, mediante auto de 25 de abril de 2018, modificó la
providencia en el sentido de “reservarse la competencia para conocer de la
demanda presentada por el núcleo familiar inicial, es decir LEOCADIO BANQUEZ
ESTREMOR”, otorgando un plazo de 10 días para que se presentaran las demás
demandas desagregadas por separado so pena de rechazo, “es decir individual
negrillas y subrayas fuera del texto (sic)”.
Sostuvo que, en tal razón, el 10 de mayo de 2018, junto con sus familiares,
interpuso la demanda de reparación directa, “sin que se perdiera o interrumpieran
los efectos jurídicos iniciales, es decir, los consolidados o creados con la
presentación de la demanda inicial en el mes de julio del año 2015”.
Afirmó que de la acción conoció en primera instancia el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito de Sincelejo, “que mediante auto de 20 de febrero de
2020, en el marco de la audiencia inicial, dio por terminado el proceso al decretar
la caducidad bajo el criterio que no existía uniformidad jurisprudencial y dando
aplicación a la reciente sentencia de unificación del Honorable Consejo de Estado
del 29 de enero de 2020”.
Por último, indicó que contra dicha decisión presentó recurso de apelación, el cual
fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Sucre mediante auto de 9 de marzo
de 2021, notificado el 20 de abril del mismo año, en el que decidió modificar
parcialmente la decisión al declarar la caducidad del medio de control únicamente
por el delito de desplazamiento, y ordenó el estudio de la demanda por
desaparición forzada, “conforme el nuevo criterio, el cómputo de caducidad inicia
desde el momento que las víctimas posean los medios suficientes que les
permitieran saber que el Estado tuvo participación de la producción del hecho
dañoso, para efectos de ser imputado del mismo, en los términos del artículo 90
de la Constitución Política”.
2. Fundamentos de la acción
La accionante presentó acción de tutela con el fin de que el juez constitucional
ampare sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
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administración de justicia, a la verdad y a la reparación integral, los cuales
considera vulnerados con los autos de 9 de marzo de 2021 y 20 de febrero de
2020, proferidos, en su orden, por el Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo, mediante los cuales declararon la
caducidad de la acción, en el marco del medio de control de reparación directa
que junto con sus familiares promovieron contra la Policía Nacional, el Ministerio
de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, el Departamento de Sucre y la
Presidencia de la República.
A su juicio, las providencias objeto de tutela incurrieron en i) desconocimiento
del precedente jurisprudencial, emanado de a) la sentencia SU-254 de 2013 de
la Corte Constitucional, en tanto “no valoró que la demanda se presentó bajo una
línea jurisprudencial que en su momento ofrecía garantías para que las víctimas
de graves violaciones a los derechos humanos, amparadas en el principio de la
buena fe y la seguridad jurídica acudieron a la administración de justicia de cara a
que se le resolviera a través del Medio de Control Reparación Directa las
pretensiones de su demanda por el daño antijuridico sufrido” y añadió que “el
fallador de instancia se limitó a aplicar la sentencia de Unificación del 29 de enero
de 2020, sin tener en cuenta que dicha providencia fue posterior a la presentación
de la demanda, y que los efectos de la misma no podían negar ni desconocer los
derechos adquiridos por los accionantes con las jurisprudencias vigentes a la
fecha en que se presentó la demanda”.
Adujo que a pesar de que la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través
de la sentencia de unificación de 29 de enero del año 2020, fijó un criterio
frente la caducidad de la acción cuando se juzga la responsabilidad del Estado
por conductas derivadas por delitos de lesa humanidad crímenes de guerra y
otros actos semejantes conforme con el cual “el termino para demandar es el
establecido por el legislador; ii) desde cuando los afectados conocieron o debieron
conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad
de imputarles responsabilidad patrimonial”, en el caso no está llamado a aplicarse,
“debido a que el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia ha dicho que los
cambios jurisprudenciales no pueden ser retroactivos cuando atentan contra las
garantías procesales de usuarios de la administración de justicia”.
Sostuvo que lo anterior significa que la sentencia de unificación de 29 de enero de
2020 resulta inaplicable al caso en estudio, dado que fue expedida en fecha
posterior a la presentación de la demanda, y los actores apoyaron sus
pretensiones en virtud del criterio jurisprudencial que imperaba para esa época,
“cual es como ya se indicó él de la inoperancia de la caducidad frente a
juzgamientos de conductas derivadas por delitos de lesa humanidad o de graves
violaciones de los derechos humanos e infracción al derecho internacional
humanitario”.
La actora también considera que en el caso se desconoció b) la sentencia de la
Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, en el proceso con
radicación 11001-03-15-000-2020-007151, en donde se indicó que “la valoración
de los elementos de convicción con los que el juez cuente en (…) la valoración
probatoria sobre la caducidad, tiene una mayor rigurosidad debido a las complejas
condiciones en que se desarrollan los escenarios de graves violaciones de
derechos humanos por desbordar el escenario de la normalidad y, sobre todo, en
razón de los obstáculos que se presenten para que las víctimas puedan conocer
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M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
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con claridad los hechos dañosos, la autoría de los mismos e incluso puedan acudir
ante las entidades para reclamar la reparación".
Añadió que “demostrado está que la providencia reprochada es el resultado de un
proceso en el que el despacho no garantizó el debido proceso, ni se realizaron
todas las etapas procesales definidas en la ley, ni mucho menos, se zanjaron
todas las dudas sobre el punto de partida para computar la caducidad del medio
de control. Es decir, el operador judicial "no logro despejar las dudas sobre el
conocimiento REAL, MATERIAL Y EFECTIVO, de la participación de Agentes del
Estado en la comisión de los graves hechos constitutivos de delito internacional,
limitándose a inferir, que "como en la demanda se dijo que la secuestradores
venían de libertad, y pasaron por el frente del Puesto de Infantería de San
Francisco ubicado entre Libertad y Labarces," los demandantes tenían el
conocimiento de la participación de los Agentes del Estado y las suficientes
garantías para presentar las demandas, desatendiendo los elementos de
convicción allegados al proceso con los cuales pudo adoptar una decisión
ajustada a lo probado”.
Afirmó que “el hecho que los ex miembros de las Autodefensas pasaron por la
carretera que de Libertad conduce a Labarces y San Antonio, no supone que la
base o puesto militar estaba frente a la carretera y que tenían un infante en la
Carretera. El Tribunal debió [resolver] el interrogante sobre la distancia que existía
entra la carretera y el puesto de infantería de María y si desde esa distancia los
agentes del Estado podían advertir la presencia del actor armado ilegal”.
Agregó que en el caso se desconoció igualmente el precedente jurisprudencial
emanado de c) la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, en
sentencia de 5 de marzo dos mil veintiuno (2021), radicación número: 44001-23-
33-000- 2015-00086-01(64563), en la que se indicó que “en los eventos en los que
el daño cuya reparación se pretende es producto del desplazamiento forzado, el
término de caducidad de la demanda debe empezar a contarse a partir de la
cesación del daño, esto es, cuando (...) están dadas las condiciones de seguridad
para que se produzca el retorno al lugar de origen”, y de las obligaciones del
Estado Colombiano contempladas en la Convención Americana de Derechos
Humanos, “a la par que constituye un desacato de juez Convencional frente a las
obligaciones que la misma Convención le impone a los operadores judiciales de
los países suscribientes de la Convención”.
Sostuvo que “en el plenario se demostró que la demanda fue radicada en el mes
de julio del año 2015, bajo las directrices establecidas en la Sentencia de
Unificación de la Honorable Corte Constitucional SU-254 del 24 de abril de 2013.
Sin embargo, la incertidumbre, e inseguridad es de tal magnitud, que, frente a un
mismo tópico judicial, las secciones del Honorable Consejo de Estado han fijado
posiciones diferentes, algunas garantes de los derechos de acceso a la
Administración de Justicia, otras regresivas que atentan contra los mismos”.
Añadió que en el ordenamiento internacional se encuentran plasmados unos
principios o normas “que integran el ius cogens aceptados por el Estado
Colombiano” que establecen de manera directa la garantía de la imprescriptibilidad
de las acciones civiles a favor de las víctimas de delitos atroces, que permiten a
estas reclamar su reparación en cualquier tiempo, entre los que resaltó el
Conjunto Actualizado de Principios para la Protección y la Promoción de los
Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad, adoptados en 2005
por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
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Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y lo
dictaminado por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, en el caso de la
Masacre La Rochela vs Colombia.
Finalmente, alegó la configuración en las providencias objetadas de un ii) defecto
fáctico, “por la omisión en el decreto y practica de pruebas y por no haberse
estudiado acuciosamente los hechos de la demanda para computar el punto de
partida de la caducidad de la acción”, y de un iii) defecto sustantivo, el cual no
sustentó.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“a. Tutelar mis derechos fundamentales Constitucionales al debido proceso,
Acceso a la Administración de Justicia, Derechos a la Verdad, Justicia, y
Reparación Integral, los cuales han sido vulnerados por las entidades
accionadas, al desconocer el precedente jurisprudencial fijado por la Corte
Constitucional, el Honorable Consejo de Estado, La Corte lnteramericana en
materia de graves violaciones a los derechos humanos, incumplir con los
tratados Internacionales, e incurrir un vía de hecho absteniéndose de tramitar el
Medio de Control Reparación Directa radicado Bajo el Numero
700013333004201800011500 decretando la caducidad de la acción por el
desplazamiento del que fuimos víctimas.
b. Dejar sin efecto el auto de fecha 20 de febrero de 2020, y 09 de marzo de
2021, mediante el [cual el] Juzgado Séptimo Oral Administrativo de Sucre y el
Tribunal Administrativo de Sucre, decretaron la Caducidad del Medio de Control
Reparación directa por los hechos de (desplazamiento), radicado bajo el
número 700013333004201800011500, cuya demanda inicial fue presentada en
el año 2015.
c. Como consecuencia de la anterior declaración, Ordenar, a la entidad
demandada, Juzgado Séptimo Oral Administrativo y Tribunal Administrativo de
Sucre, sala cuarta de decisión, MP. Eduardo Javier Torralvo, que además de
conocer de la demanda por la desaparición forzada, continúen con el trámite y
estudio de la demanda por los hechos relacionados al desplazamiento forzado
que fueron declarados como caducos por los operadores judiciales.
d. Exhortar a las entidades demandadas para que, en futuros procesos, hagan
el estudio pormenorizado de los hechos y pruebas de la demanda, la reforma”.
4. Pruebas relevantes
Se allegaron copias de las actuaciones surtidas en ambas instancias en el medio
de control de reparación directa radicado con el Nº 2018-00115-01, actora: Eladia
Acuña Ramos y otros.
5. Trámite procesal
Por auto de 27 de octubre de 2021, el despacho admitió la solicitud de tutela. En la
misma decisión se ordenó notificar a la accionante, a las autoridades judiciales
accionadas, así como a la Presidencia de la República, al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior, al
Ministerio de Defensa Nacional, a la Armada Nacional, al Ejército Nacional, a la
Policía Nacional, al departamento de Sucre, a la Defensoría del Pueblo - Regional
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Demandante: ELADIA ACUÑA RAMOS
Sucre y a Onasis Jiménez Acuña, Juan Carlos Jiménez Acuña, Manuel Jiménez
Acuña, Elisa Jiménez Acuña, Ornar Jiménez Acuña, Onar Rodríguez Jiménez,
María del Carmen Jiménez Acuña, Marinis Esther Jiménez Castellón, Gris
Rodríguez Jiménez, Mercedes Rodríguez Jiménez, Carmen Mercedes Rodríguez
Jiménez y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros
interesados en el resultado del proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró notificaciones electrónicas el 3 de
noviembre de 2021, con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión2.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo
Mediante oficio de 4 de noviembre de 2021, el juzgado accionado rindió informe
en el que solicitó que se desestimara la demanda de amparo instaurada por la
actora, por cuanto, afirmó, en el caso no hay violación a los derechos invocados.
Luego de un breve recuento del trámite del proceso que originó la controversia,
sostuvo que en el caso, durante el desarrollo de la audiencia inicial, el juzgado se
ocupó de resolver la excepción previa de caducidad propuesta por las entidades
demandadas, oportunidad en la que se declaró probada dicha excepción una vez
realizadas las consideraciones relativas para cada uno de los casos sometidos a
estudio.
Al respecto, precisó que al admitir la demanda, el 2 agosto del 2018, el juzgado
hizo el estudio de caducidad con base en la jurisprudencia vigente para la época la
cual señalaba que el desplazamiento forzado constituía una excepción a la forma
de computar el término de la caducidad del medio de control de reparación directa,
por tratarse de un daño que se va produciendo paulatinamente y que no cesa
hasta tanto concluyan las circunstancias que produjeron la movilización inicial, es
decir, cuando la persona podía regresar a su lugar de origen o establecerse en
otro sitio, porque las circunstancias de violencia y persecución generadoras del
desplazamiento han cesado.
Sostuvo que también sirvió de fundamento a la admisión de la demanda el
pronunciamiento de la Corte Constitucional contenido en la sentencia SU-254 de
2013, donde se dijo que tratándose del desplazamiento forzado “para efectos de la
caducidad de futuros procesos judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, los términos para la población desplazada sólo podrán computarse
a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en cuenta
transcursos de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos de especial protección
constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y
debilidad manifiesta”.
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La notificación se efectuó Se notifica: AUTO QUE ADMITE LA ACCION de fecha 27/10/2021 de RES94361 Noti:112222
ELADIA ACUÑA RAMOS :(enviado email), RES94361 Noti:112223 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y OTRO
:(enviado email), RES94361 Noti:112224 AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO :(enviado email),
RES94361 Noti:112225 ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA :(enviado email), RES94361 Noti:112226 DEFENSORIA DEL
PUEBLO REGIONAL SUCRE :(enviado email), RES94361 Noti:112227 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA :(enviado email), RES94361 Noti:112228 DEPARTAMENTO DE SUCRE :(enviado
email), RES94361 Noti:112229 EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA :(enviado email), RES94361 Noti:112230
JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DE SINCELEJO :(enviado email), RES94361 Noti:112231 MINISTERIO DE
DEFENSA :(enviado email), RES94361 Noti:112232 MINISTERIO DEL INTERIOR :(enviado email), RES94361
Noti:112233 POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA :(enviado email), RES94361 Noti:112234 PRESIDENCIA DE.
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Afirmó que, no obstante, por medio de la sentencia de tutela de 14 de marzo de
2019, el Consejo de Estado señaló el alcance de las reglas a la excepción de la
caducidad en materia de desplazamiento forzado y se ocupó de precisar el
alcance de la Sentencia SU-254 del 2013, determinando que el término de
caducidad de la acción al que se refería la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación, para que sea atendido con laxitud, o se tenga por no computado o
causado, es el referido a futuras reclamaciones judiciales por vía de reparación
directa o acción de tutela, para la determinación del monto de la indemnización
administrativa, pues ello guarda relación, en primer lugar, con el problema jurídico
principal que se resolvió con la sentencia SU-254 de 2013, y, en segundo lugar,
porque en esos términos se extendieron los efectos inter comunis de la sentencia
en cita.
Refirió que, no obstante, para el 20 de febrero de 2020, cuando se celebró la
audiencia inicial, ya la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado
había unificado su jurisprudencia en punto a la caducidad, señalando que, salvo el
caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal especial, el término de
caducidad de dos años estipulado en el artículo 164 del CPACA también es
aplicable cuando a través del medio de control de reparación directa se alega que
el daño causado tuvo su origen en un delito de lesa humanidad, un crimen de
guerrera o genocidio, postura que también fue acogida con posterioridad por la
Corte Constitucional.
Adujo que, en ese sentido, desde una perspectiva constitucional y convencional el
término de caducidad del medio de control de reparación directa es razonable y
proporcional, incluso en casos como el presente en los que el daño que se
pretende reparar está encuadrado en un delito de lesa humanidad, pues la única
excepción a esa regla es que las víctimas demuestren la imposibilidad de acceder
a la administración de justicia con el fin de obtener la indemnización de los
perjuicios padecidos, porque el término respectivo solo empieza a contabilizarse
cuando exista conocimiento de la presunta responsabilidad del Estado, incluso si
han transcurrido lustros o décadas desde el instante en el que ocurrió el daño, “lo
anterior , comoquiera que lo determinante - en últimas - no es la fecha de
ocurrencia del daño, sino la posibilidad del interesado de identificar la posible
responsabilidad por acción u omisión del Estado y de acudir al sistema
jurisdiccional para presentar la demanda respectiva”.
Finalizó indicando que, en tal razón, comoquiera que ese juzgado en sus
decisiones siempre estuvo conforme con la jurisprudencia de unificación de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y no desconoció las disposiciones
legales de la materia o realizó una interpretación irrazonable o desproporcionada
de las mismas, no está configurado el defecto alegado en la acción constitucional.
6.2. Respuesta del Ministerio del lnterior
Mediante oficio de 3 de noviembre de 2021, la apoderada del Ministerio rindió
informe en el solicitó declarar improcedente la acción de tutela “por haber operado
la figura de falta de legitimación material en la causa por pasiva e inexistencia de
vulneración de derecho fundamental alguno por parte del Ministerio Del Interior”.
Afirmó que en el caso se debe declarar a favor de ese ministerio la falta de
legitimación material en la causa por pasiva y la inexistencia de vulneración de
derecho fundamental alguno, por cuanto, por una parte, no existe nexo de
causalidad entre la presunta vulneración de los derechos fundamentales
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invocados por la parte actora y la acción u omisión por parte del ministerio y, por
otra, en razón a que esta cartera ministerial no ha quebrantado los derechos de la
accionante, por lo que la presente tutela se torna improcedente.
Por último, sostuvo que en el caso se incumple con el requisito de procedibilidad
de la subsidiariedad, “al existir entonces medios de defensa judicial previsto en la
ley para salvaguardar la integridad de sus derechos fundamentales, y de ese
modo, le asiste a quien acude a la administración de justicia el deber de activar los
mecanismos ordinarios existentes para darle el trámite debido y efectivo a sus
reclamaciones”.
6.3. Respuesta del Ministerio de Defensa Nacional
Mediante oficio de 4 de noviembre de 2021, la apoderada de la entidad rindió informe
en el que solicitó que se denegaran las pretensiones de la acción, por cuanto,
señaló, no se vislumbra la existencia de vulneración de sus derechos fundamentales.
Sostuvo que los fundamentos de Derecho esbozados en los autos atacados para
decidir sobre los requisitos para contabilizar la caducidad en delitos de lesa
humanidad, a excepción de la desaparición forzada, se encuentran ajustados a los
parámetros de convencionalidad y derechos humanos sin que se encuentre que se
ha vulnerado derecho fundamental alguno.
Refirió que en el caso se incumple con el requisito de procedibilidad de la
subsidiariedad, pues, afirmó, los argumentos presentados en la tutela no concuerdan
con los plasmados en el recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal
Administrativo de Sucre, “por tanto esa posición no fue tratada en sede judicial, y que
se pretende traer como nuevos hechos en sede de tutela, ya que lo expuesto en esta
sede judicial es la aplicación de la SU 254 de 2013, y que el demandante se le debe
contabilizar el termino de caducidad desde "...el día 21 de mayo de 2015,
presentamos solicitud de conciliación en la Procuraduría 44 judicial 11 para asunto
Administrativos de Sucre, y el día 8 de julio, radicamos Medio de Control Reparación
directa (…)”.
Agregó que de la lectura del escrito de tutela, se observa que la parte accionante
controvierte la nueva posición jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado frente a
la regla de caducidad, bajo una exposición de razones que ilustraron una
interpretación distinta a la expuesta por la autoridad judicial accionada, sin que ello
signifique la violación directa, clara y abierta, del contenido de algún derecho
fundamental.
Luego de hacer una exposición sobre el fenómeno de la caducidad, el principio de
seguridad jurídica y la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, indicó que no es cierto lo que señalan los
demandantes respecto a que con la misma se está creando una nueva regla de
derecho, por lo que no es de recibo aceptar un absoluto derecho de
imprescriptibilidad en la responsabilidad de estatal, tal cual como lo propone la
accionante.
Añadió que la anterior posición fue avalada por la Corte Constitucional en la
sentencia de unificación SU-312 del 13 de agosto de 2020, en la que estudió la figura
jurídica de la caducidad y el precedente fijado por el Consejo de Estado, y se
determinó que su adopción no implica una afectación grave al acceso a la
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administración de justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos a
efectos de obtener la reparación patrimonial de los daños causados por las mismas.
Por último, indicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la acción de
tutela radicada con el Nº 11001-03-15-000-2020-03381-00, negó las pretensiones
dirigidas a declarar la nulidad de la sentencia de unificación SU-312 del 13 de agosto
de 2020, tras considerar que la misma no vulneraba los derechos del actor.
6.4. Respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República
La apoderada del Presidente de la República y del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República rindió informe en el que solicitó que se declarara
la falta de legitimación en la causa por pasiva a favor del Presidente de la
República y de la Presidencia de la República, y que, en caso de estudiarse los
argumentos esgrimidos por la actora, se declare la improcedencia de la acción por
falta del requisito de e recurso extraordinario de casación contra la decisión
proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre”.
6.5. Respuesta de la Policía Nacional
Mediante oficio de 3 de noviembre de 2021, el apoderado de la institución rindió
informe en el que solicitó denegar las súplicas de la accionante “ante la
improcedencia de la acción de tutela, debido a que tampoco se vislumbra la
existencia de vulneración alguna a sus derechos fundamentales”.
Luego de hacer un recuento de las actuaciones del proceso que originó la
controversia, indicó que “el Tribunal Administrativo de Sucre, dentro del acervo
probatorio arrimado al proceso, señala de forma categórica, como la señora Eladia
Acuña Ramos siendo plenamente conocedora que el dieciocho (18) de abril de
1998 día de la ocurrencia de los hechos causantes del desplazamiento forzado de
la accionante, quien se presentó el día veintiuno (21) junio del año dos mil once
(2011) ante la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, grupo satélite
de Sincelejo - Sucre, con el propósito de reportarse como víctima ante UNFJYP5,
permitiendo concluir que la accionante tenía pleno conocimiento de los mismos,
contrario sensu resulta inviable jurídicamente sus pretensiones porque sería
premiar la negligencia de no acceder a la administración de justicia dentro de los
términos prescritos en el inciso segundo del literal j) del numeral 2 del artículo 164
de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", en concordancia con el
principio que nadie puede alegar su propia culpa en beneficio propio”.
Por último, indicó que la caducidad para iniciar la acción ante el contencioso
administrativo es el establecido por el legislador en el literal i) del numeral 2 del
artículo 164 del CPACA, por lo que, ante al señalamiento del Tribunal
Administrativo de Sucre sobre el conocimiento del desplazamiento forzado de la
señora Eladia Acuña Ramos aquel no puede ser eludido, pues la accionante se
presentó el día 21 junio del año 2011 ante la Unidad Nacional de Fiscalías para la
Justicia y la Paz - UNFJYP, grupo satélite de Sincelejo - Sucre, con el propósito de
reportarse como víctima, conforme con lo cual, en aplicación de la sentencia de
unificación 254 de 2013, la parte interesada contó con los términos otorgados de
dos años para iniciar la acción, sin embargo, la señora Acuña Ramos impetró
demanda dentro del medio de control de reparación directa hasta el día 10 de
mayo del año 2018, “es decir después de 5 años de ejecutoriada la
9
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plurimencionada contados a partir de 2013, fecha de ejecutoría de la sentencia de
unificación 254 del mismo año”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Delimitación y planteamiento del problema jurídico
La Sala observa que los defectos fáctico y sustantivo alegados por la demandante
en la solicitud no fueron sustentados mínimamente, pues el defecto fáctico se
alega “por la omisión en el decreto y practica de pruebas y por no haberse
estudiado acuciosamente los hechos de la demanda para computar el punto de
partida de la caducidad de la acción”, sin individualizar ni señalar las pruebas
supuestamente dejadas de valorar o valoradas erróneamente, y relación con el
defecto sustantivo no se hizo desarrollo alguno, por lo que respecto de los
mismos se declarará la improcedencia por falta de relevancia constitucional, en
tanto no cumplen con la carga argumentativa mínima que permita su estudio de
fondo.
Sobre ese particular, uno de los supuestos que se ha precisado en la
jurisprudencia para dar por no superado el requisito de la relevancia constitucional,
es que “el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe
tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales”. Es necesario que el interesado exponga de
manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales3”.
Conforme con lo anterior, corresponde a la Sala determinar si los autos de 9 de
marzo de 2021 y 20 de febrero de 2020, mediante los cuales, en su orden, el
Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
de Sincelejo declararon la caducidad de la acción respecto del desplazamiento
forzado, en el marco del medio de control de reparación directa que la accionante
promovió contra la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional, el
Ministerio del Interior, el Departamento de Sucre y la Presidencia de la República,
vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la verdad y a la reparación integral, por cuanto
incurren en desconocimiento del precedente judicial, contenido en la sentencia
de la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, en el proceso con
radicación 11001-03-15-000-2020-007154, de la sentencia de 5 de marzo dos mil
veintiuno (2021), radicación número: 44001-23-33-000- 2015-00086-01(64563) de
la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, la Sentencia de
Unificación de la Corte Constitucional SU-254 de 2013 y las obligaciones del
3
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
4
M.P. Jaime Enrique Rodríguez Nava.
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Estado Colombiano contempladas en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos5 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos6, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20127, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20148, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico10; (ii) Defecto procedimental absoluto11; (iii)
5
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
6
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
7
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
8
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
10
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.
11
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
11
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Defecto fáctico12; (iv) Defecto material o sustantivo13; (v) Error inducido14; (vi)
Decisión sin motivación15; (vii) Desconocimiento del precedente16 y (viii) Violación
directa de la Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo17 y de la Corte
Constitucional18.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedibilidad
4.1.1. En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela es de relevancia
constitucional, porque debe definirse si se vulneraron a la accionante los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
verdad y a la reparación integral, con los autos de 9 de marzo de 2021 y 20 de
febrero de 2020, mediante los cuales las autoridades judiciales accionadas
declararon la caducidad de la acción respecto del desplazamiento forzado, en el
marco del medio de control de reparación directa que junto con sus familiares
promovieron contra la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional, el
Ministerio del Interior, el Departamento de Sucre y la Presidencia de la República,
(ii) se cumple el requisito de subsidiariedad, en tanto la actora no cuenta con otro
medio de defensa judicial, pues agotó el recurso de apelación contra el auto de 20
de febrero de 2019, objeto de tutela, (iii) se cumple el requisito de la inmediatez,
toda vez que la providencia de segunda instancia objetada fue notificada mediante
correo electrónico el 20 de abril de 2020 y la acción de tutela se presentó el 21 de
octubre de 2020, esto es, seis (6) meses después, dentro del término prudencial
precisado por esta Corporación; (iv) se identificaron de manera razonable los
hechos que generaron la supuesta vulneración de derechos fundamentales y (v) la
acción no se dirige contra un fallo de tutela.
12
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
13
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
14
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
15
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
16
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
17
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7
de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de
2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
18
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado,
SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.
P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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Se advierte, entonces, que se han superado los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que la
Sala entrará a efectuar el estudio de fondo del asunto bajo consideración.
4.2. El asunto bajo estudio no se incurrió en desconocimiento del precedente
judicial
4.2.1. La accionante considera que los autos de 9 de marzo de 2021 y 20 de
febrero de 2020, mediante los cuales las autoridades judiciales accionadas
declararon la caducidad de la acción, en el marco del medio de control de
reparación directa que inició contra la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa
Nacional, el Ministerio del Interior, el Departamento de Sucre y la Presidencia de la
República, incurren en desconocimiento del precedente judicial respecto del
conteo de la caducidad en los casos de desplazamiento forzado, emanado, entre
otras, de la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional, conforme con la
cual, “para efectos de la caducidad de futuros procesos judiciales ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, los términos para la población
desplazada sólo podrán computarse a partir de la ejecutoria del dicho fallo y no se
han de tener en cuenta transcursos de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos
de especial protección constitucional, en atención a sus circunstancias de
vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta".
En su criterio, la aplicación en su caso del conteo de la caducidad con base en las
reglas definidas en la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo
de Estado de 29 de enero de 2020, conforme con el cual cuando se juzga la
responsabilidad del Estado por conductas derivadas por delitos de lesa
humanidad crímenes de guerra y otros actos semejantes “el termino para
demandar es el establecido por el legislador; ii) desde cuando los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarles responsabilidad patrimonial”, vulnera sus
derechos, debido a que, afirma, “el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia
ha dicho que los cambios jurisprudenciales no pueden ser retroactivos cuando
atentan contra las garantías procesales de usuarios de la administración de
justicia”, lo que además vulneraría los principios plasmados en el ordenamiento
internacional “que integran el ius cogens aceptados por el Estado Colombiano”.
4.2.2. Del auto de 9 de marzo de 2021, mediante el cual el Tribunal Administrativo
de Sucre revocó parcialmente la decisión de primera instancia que había
declarado la caducidad de la acción, en el sentido de indicar que dicho fenómeno
recaía únicamente respecto de las pretensiones que se sustentaban en hechos
relacionados con el desplazamiento forzado del que aducían ser víctimas los
demandantes, se observa que la autoridad judicial accionada adoptó dicha
decisión en aplicación de la mencionada sentencia de unificación de 29 de enero
de 2020, luego de considerar que, dados los hechos de la demanda, de los que se
infería el conocimiento de los demandantes respecto de la participación de
agentes del Estado en los hechos victimizantes, el conteo de la caducidad debía
hacerse desde el día de ocurrencia de los hechos.
Sobre el particular manifestó el tribunal accionado lo siguiente:
“De las pretensiones por desplazamiento forzado.
Sobre este punto, la Sala se percata que la parte demandante anuncia
pretensiones que se sustentan en el desplazamiento forzado de cada uno de los
demandantes con ocasión a la desaparición forzada del joven OSMEL JIMENEZ
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ACUÑA, y las amenazas directas recibidas por miembros de las A.U.C. de
abandonar inmediatamente el corregimiento de San Antonio.
Siendo lo anterior así, se tiene que la revisión y estudio de la caducidad de este
medio de control, debe realizarse bajo la regla jurídica fijada en el precedente
vigente y vinculante sentado en la sentencia de unificación de la Sala Plena de la
Sección Tercera del H. Consejo de Estado, de fecha 29 de enero de 2020, como
quiera que frente a pretensiones que se apoyan en delitos de desplazamiento
forzado, el estatuto procesal administrativo no prevé regla expresa frente aquella
figura procesal.
Ante la aplicación de dicha regla, la Sala desestima la postura de la parte
recurrente, la cual se circunscribe que al ser el desplazamiento forzado un daño
continuado, y de lesa humanidad, no se aplican las reglas de caducidad, dada la
permanencia y persistencia de las situaciones dañosas a la fecha de presentación de
la demanda, debiéndose garantizar el acceso a la administración de justicia y la
tutela judicial efectiva, en aras de obtener la reparación por el padecimiento de
hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad, los cuales son reglas
convencionales, son imprescriptibles.
Lo anterior, en consideración de que en asuntos especiales como el presente, sí
son exigibles las reglas de caducidad estipuladas en el literal i) del numeral 2 del
artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, como se ha venido explicando, salvo que advierta imposibilidad
material por las víctimas de acudir a la administración de justicia, caso en el cual
aquellas estipulaciones no pueden exigirse.
Pues bien, para efectos de determinar si el medio de control de la referencia, se
encuentra afectado de caducidad, debe examinarse más allá de la fecha de los
hechos, el momento en que las víctimas sabía o tenía la posibilidad de advertir
que el Estado tuvo alguna injerencia en el desplazamiento, y que tal hecho le resultara
imputables en los términos del artículo 90 de la Constitución Política. (...)
Revisada la foliatura, se advierte, que los afectados en su demanda dicen que el
desplazamiento se dio dentro de un contexto de alta influencia y presencia del
grupo paramilitar A.U.C. generando graves situaciones de violencia, con
participación por omisión de agentes del Estado, el cual tuvo incidencia en la
desaparición forzada del joven OSMEL ACUÑA JIMENEZ, ocurrido el día 16 de
abril de 1998 - como da cuenta las pruebas documentales reseñadas en
antecedencia -, en el corregimiento de San Antonio, municipio de San Onofre, y
que motivó el desplazamiento inmediato de su madre y demás familiares.
Tal aseveración, denota que la parte demandante, constituida por quienes se
presentan como víctimas del hecho del desplazamiento forzado - reconocen
haber tenido conocimiento, desde un inicio, de la presunta participación por
omisión del Estado en los hechos que dieron lugar al desplazamiento forzado
• objeto de demanda -, siendo endilgable a éste.
Tales afirmaciones del apoderado de los demandantes, como lo sostiene la propia
sentencia de unificación cumplen con los requisitos propios de la confesión, la
cual, se tiene como medio probatorio de lo que aquí se decide, conforme lo dispuesto
en el artículo 165 del C. G. del P.
Por ello, para la Sala en el caso de marras, el momento en que se produjo el
hecho dañoso (desplazamiento forzado) resulta concomitante con el instante
en que las víctimas tenían los medios para inferir la participación d e agentes
del Estado (bien sea por acción u omisión); medios que se extraen de la
misma narración hecha en la demanda, que refiere a la posible omisión de las
autoridades al dejar pasar miembros del grupo paramilitar A.U.C. cuando
transitaban entre el corregimiento de Libertad y Labercé, siendo determinante
en el acaecimiento de hechos violentos, como fueron, la desaparición forzosa
del joven OSMEL ACUÑA JIMÉNEZ y el consecuente desplazamiento de sus
familiares aquí demandantes ante la amenazas hechas el mismo día por ese
grupo armado irregular.
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De igual manera, de la abundante prueba documental que obra en el expediente, no
existe información que advierta al Despacho que los demandantes tuvieron los
medios de conocer la participación del Estado, en otro momento.
Por último, no existe evidencia en el plenario, como tampoco narración por los
mismos accionantes en la demanda, que indique que en el lugar (ciudad) donde
llegaron los demandantes víctimas del desplazamiento forzado, se presentaron
obstáculos que les impidieran acudir a la administración de justicia a efectos de
interponer el respectivo medio de control de reparación directa, con el objeto de
imputar el hecho dañoso al Estado, y en consecuencia obtener la responsabilidad
patrimonial de éste.
Por el contrario, se evidencia que la señora ELADIA ACUÑA y la señora MARINIS
ACUÑA se presentaron ante la Fiscalía General de la Nación - Unidad de
Justicia y Paz -, para denunciar los hechos que rodearon la desaparición
forzada del joven OSMEL ACUÑA JIMÉNEZ y el posterior desplazamiento de
aquellas, lo que permite intuir a la Sala que, al menos estas dos personas, no
tenían obstáculos para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa
para obtener la declaratoria de responsabilidad que en esta oportunidad
pretenden conforme a los actos derivados del delito mencionado.
Así las cosas, los demandantes al conocer el mismo día de los hechos que
provocaron el desplazamiento forzado, la posible participación en los mismos
de agentes del Estado, se tiene que el conteo del término para la
presentación oportuna de la demanda, según las reglas del literal i) del
numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, inició el 17 de abril de 1998 y feneció el 17 de
abril de 2000. Por consiguiente, para la fecha de presentación, incluso de la
solicitud de conciliación en mayo 21 de 2015, había operado la caducidad.
Así entonces, es claro, que la demanda de reparación directa, frente a las
pretensiones que se edifican en el delito de desplazamiento forzado, NO se
presentó en debida oportunidad. De las pretensiones por desplazamiento forzado”.
(Resaltado de la Sala).
Conforme con lo anterior, el Tribunal Administrativo de Sucre concluyó que, en
tanto los demandantes conocieron de la posible participación de agentes del
Estado el mismo día de los hechos que provocaron el desplazamiento forzado, el
conteo de la caducidad inició el 17 de abril de 1998 y venció el 17 de abril de
2000, por lo que para la fecha de presentación de la demanda, julio de 2015,
había operado la caducidad.
4.2.3. Ahora bien, la Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del
precedente judicial implica que19: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado
de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes
que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho
que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los
supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la
regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación».
El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto
por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía -y, en especial,
19 Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones- no constituye una
facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible
cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el
derecho a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la
regla jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.
En definitiva, para examinar la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las
siguientes reglas20:
1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció21.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría
dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya
decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de
aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias
entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para
apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del
precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento
del precedente si el juez expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de
la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que
el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso
concreto22.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del
derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la
confianza legítima.
En el presente caso, aun cuando la accionante considere que el precedente
jurisprudencial aplicable era la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte
Constitucional, lo cierto es que para la fecha del último de los autos objetados, 9
de marzo de 2021, el criterio de obligatoria observancia respecto del conteo de la
caducidad era el contenido en la sentencia de unificación del Consejo de Estado
de 29 de enero de 2020, en donde la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado unificó los criterios en relación con la caducidad de las
pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda
solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado.
En esta, la Sala Plena de la Sección Tercera fijó las siguientes reglas:
“UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación
con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los
delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se
pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes
premisas: i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el
legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene
regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o
debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la
20 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
21 Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se
demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –
se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a
situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de
análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
22 Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es “la formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes
del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el
fundamento normativo directo de la parte resolutiva”. Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
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posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se
aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio
del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley”
Conforme con lo anterior, para la Sala en el caso el defecto por desconocimiento
del precedente judicial alegado no se configura, habida cuenta de que el Tribunal
Administrativo de Sucre, a partir de las pruebas obrantes en el expediente de
reparación directa, evidenció que desde el 17 de abril de 1998 los demandantes
tuvieron conocimiento de la posible responsabilidad del Estado en el
desplazamiento forzado del que fueron víctimas, por lo que la demanda
presentada en el año 2015 se hallaba afectada por la caducidad, lo que se
acompasa con las reglas fijadas en el precedente jurisprudencial unificado de la
Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la materia.
La Sala agrega que, además, el problema jurídico resuelto en la sentencia SU-254
de 2013, caso cuyo fundamento era una solicitud de indemnización administrativa
y reparación integral presentada después de la entrada en vigencia de la Ley 1448
de 2011, alegada como precedente desconocido, y las eventuales demandas de
reparación directa que se pudieran proponer en razón de esa situación, dista de
aquel analizado en el caso que originó la controversia, lo que se evidencia en
cuanto en aquel la Corte Constitucional fijó como reglas jurisprudenciales que “(a)
respecto de las solicitudes presentadas con anterioridad a la Ley 1448 de 2011,
que fueron negadas y respecto de las cuales se interpuso acción de tutela, se
aplicará el régimen de transición previsto en el articulo 155 del Decreto 4800 de
2011 y por tanto, el artículo 5º del Decreto 1290 de 2008, casos que quedan
cobijados por los efectos inter comunis de esta sentencia, de conformidad con los
criterios señalados anteriormente; (b) en relación con las solicitudes presentadas
con anterioridad a la Ley 1448 de 2011, que todavía no se han resuelto y respecto
de las cuales no se interpuso acción de tutela, se aplicará el régimen de transición
y se seguirán los trámites y procedimientos previstos por el Decreto 4800 de 2011
para determinar el monto de indemnización administrativa a pagar por parte de la
Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Victimas; y
(c) respecto a las solicitudes de indemnización administrativa y reparación integral
que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1448 de
2011, tal como lo señala esa normativa, deberán seguirse los procedimientos allí
establecidos, en concordancia con lo estipulado en el Decreto Reglamentario 4800
de 2011”.
En ese sentido, contrario a lo señalado por la accionante, el tribunal demandado
no podía desconocer la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, toda vez
que se trataba de la interpretación vigente y vinculante para cuando fue dictado el
auto objetado, la cual resulta obligatoria para los jueces y tribunales de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 237-1
de la Constitución Política, que establece que el Consejo de Estado es el Tribunal
Supremo de lo Contencioso Administrativo, y el artículo 270 de la Ley 1437 de
2011, modificada por la Ley 2080 de 2021.
Esta Sala, en un caso de connotaciones fácticas similares23, aclaró que “no resulta
procedente aplicar pronunciamientos anteriores a la sentencia de unificación del
29 de enero de 2020, pues, justamente, la finalidad de dicha sentencia de
unificación fue definir criterios claros y únicos frente a la forma de contar el término
de caducidad del medio de control de reparación directa en casos de delitos de
23
Sentencia de 22 de octubre de 2020, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. Expediente 11001-03-15-000-2020-04069-
00(AC).
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lesa humanidad. No puede, entonces, predicarse el desconocimiento del
precedente, respecto de reglas de interpretación anteriores a una sentencia de
unificación”, lo que descarta el desconocimiento del precedente judicial alegado
por la actora.
En esa misma decisión se indicó que, en lo relativo a la solicitud de aplicación en
el caso de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, conforme con el
precedente fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte
Constitucional y tratados suscritos por Colombia, la mencionada sentencia de
unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado hizo un estudio detallado
sobre el tema de la imprescriptibilidad frente a delitos de lesa humanidad y
concluyó que “las situaciones que se pretenden salvaguardar con la
imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de lesa humanidad y los
crímenes de guerra se encuentran previstas en materia de lo contencioso
administrativo al amparo de la hipótesis del conocimiento del hecho dañoso y en
virtud de lo cual el término de caducidad sí debe exigirse en estos eventos, pero a
partir de que se advierta que el interesado sabía o tenía la posibilidad de advertir
que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser
demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política24”.
En ese sentido, se afirmó que la regla de caducidad y la de imprescriptibilidad
envuelven supuestos afines, en tanto ambas parten del conocimiento del hecho.
En el caso de la caducidad del medio de control de reparación directa esta inicia a
partir del conocimiento o de la posibilidad de conocer las situaciones que permitan
deducir que el Estado estuvo involucrado. Asimismo, el desconocimiento de la
identidad de los sujetos implicados en el supuesto delito de lesa humanidad torna
en imprescriptible el asunto hasta tanto se logre la respectiva individualización y
vinculación, lo que no ocurre en este caso porque la individualización de los
responsables se conoció desde el 17 de abril de 1998, fecha en que los
demandantes tuvieron conocimiento de la posible responsabilidad del Ejército en
el desplazamiento del que fueron víctimas.
De igual forma, se resalta que la sentencia de unificación de cuya aplicación se
alega una vulneración iusfundamental reconoció la posibilidad de inaplicar el
término de caducidad en los casos en los que el juez advierta que la no
comparecencia ante la administración de justicia se encuentra justificada contra
quien no goza del acceso efectivo a la administración de justicia, lo cual no ocurrió
en el caso bajo análisis, en donde la actora no dio cuenta de situación alguna que
impidiera la interposición de la demanda de reparación directa.
Igualmente, debe mencionarse que la posición adoptada por la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 29 de
enero de 2020, se encuentra en armonía con la de la Corte Constitucional
contenida en la sentencia de unificación SU-312 de 13 de agosto de 2020, en la
que unificó su jurisprudencia sobre la materia al estimar que el entendimiento del
término de caducidad del medio de control de reparación directa contenido en el
literal i) del numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo es razonable y proporcional
desde una perspectiva constitucional y convencional, incluso en casos en los que
el daño que se pretenda reparar sea causado por un delito de lesa humanidad, un
crimen de guerra o genocidio.
24
Ibídem.
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Lo anterior, por cuanto, consideró “el referido plazo es razonable para que las
víctimas de violaciones a los derechos humanos tengan la oportunidad de
acceder a la administración de justicia con el fin de obtener la declaración de
responsabilidad de la administración y gestionar el resarcimiento de los
menoscabos padecidos, porque el término respectivo sólo empieza a
contabilizarse cuando exista claridad en torno a lo sucedido, incluso sin han
trascurrido lustros o décadas desde el instante en el que ocurrió el delito de lesa
humanidad, el crimen de guerra o el genocidio que causó el perjuicio. Lo anterior,
comoquiera que no es determinante la fecha de ocurrencia de la conducta, sino la
posibilidad del interesado de identificar la participación en la misma de sujetos
vinculados a una autoridad pública y de acudir al sistema jurisdiccional para
presentar la reclamación respectiva”.
En la mencionada sentencia de unificación, la Corte Constitucional determinó que
la adopción del término de dos años contados a partir del momento en el cual los
interesados tienen conocimiento de que el daño es imputable al Estado, aun en
los casos en los que el daño que se pretenda reparar sea causado por un delito
de lesa humanidad, no implica una afectación grave al acceso a la administración
de justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos a efectos de
obtener la reparación patrimonial de los daños causados por las mismas, por
cuanto:
“(i) Los interesados en la reparación patrimonial cuentan con un plazo razonable de
dos años para acudir al aparato jurisdiccional y satisfacer sus pretensiones, el cual no
se cuenta necesariamente desde el momento del daño que origina el perjuicio, sino
que sólo se inicia a contabilizar cuando el afectado tenga conocimiento de que el
menoscabo fue causado por el Estado y se encuentre en la capacidad material de
imputarle el mismo ante el aparato jurisdiccional;
(ii) La procedencia de la demanda de reparación debe ser analizada por el juez
contencioso administrativo competente, atendiendo a las particularidades de cada
asunto en concreto; y
(iii) La desestimación del medio de control de reparación directa por caducidad, no le
impide al perjudicado obtener la compensación económica del daño causado por
otras vías, como el incidente de reparación integral en el marco del proceso penal que
se adelante en contra del responsable material del delito de lesa humanidad o el
trámite de indemnización administrativa”.
Por lo demás, respecto de las providencias de la Sección Tercera, Subsección “C”
del Consejo de Estado, en el proceso con radicación 11001-03-15-000-2020-
00715-002526 y la sentencia 5 de marzo dos mil veintiuno (2021), Radicación
número 44001-23-33-000-2015-00086-01 (64563) de la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado, alegadas como precedente judicial
desconocido, la Sala observa que la primera se trata de una sentencia en la que
se indicó que la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 no se analizaría,
en tanto había sido proferida con posterioridad al fallo allí cuestionado, y la
segunda una sentencia en la que se resolvió un caso en el que no fue posible
determinar si la demanda de reparación directa se presentó dentro del término de
caducidad, razón por la cual la Sala analizó de fondo el asunto en aras de
garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia de los
demandantes, por lo que las mismas no se pueden reputar como precedente
judicial desatendido para el caso que originó la controversia en tanto no
desarrollaron una regla jurisprudencial que inaplique el precedente obligatorio.
25
M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
26
C.P. German Rodríguez Villamizar.
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Por las anteriores consideraciones, la Sala declarará la improcedencia de la
solicitud respecto de los defectos fáctico y sustantivo, y negará las pretensiones
de la acción de tutela presentada por la señora Eladia Acuña Ramos contra el
Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
de Sincelejo, por cuanto el defecto por desconocimiento del precedente judicial no
se configuró.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley.
RESUELVE
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto de los
defectos fáctico y sustantivo, por las razones expuestas.
Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela presentada por la
señora Eladia Acuña Ramos contra el Tribunal Administrativo de Sucre y el
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo, en relación con el
desconocimiento del precedente judicial.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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