Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07195-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07195-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-07195-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
1 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., primero (1) de abril de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07195-01
Accionante: Comunidades Wayúu de Pakimana, Patsuua y Jalaipa
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por las autoridades
tradicionales de las comunidades Wayúu de Pakimana, Patsuua y Jalaipa, contra la
sentencia de 25 de noviembre de 2021, dictada por la Sección Segunda –
Subsección A del Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió:
<< Primero: Negar el amparo solicitado por los señores Ángel Pushaina, autoridad
tradicional de la comunidad indígena Wayúu de Pakimana, Evelina Arpushana,
autoridad tradicional de la comunidad indígena de Patssua, y Margarita Pushaina,
autoridad tradicional de la comunidad indígena de Jalaipa, en contra de la
Presidencia de la República, los Ministerios del Interior y de Transporte, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Agencia Nacional de Infraestructura
(ANI), el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el Instituto Colombiano de Antropología
e Historia, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría Nacional del Pueblo,
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Unión Temporal Andino, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Exhortar a la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos para que, en
el marco de sus competencias, brinde un acompañamiento a la parte accionante
frente al proyecto de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social y
ambiental sostenible del corredor conexión Alta Guajira Uribia – Puerto Bolívar –
Estrella – VÍAS Wayú y Cabo de La Vela – San Martín>> (Negrillas propias del texto).
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 21 de octubre de 2021, el abogado Pablo Segundo Ojeda Gutiérrez, actuando
en representación de Ángel Pushaina, autoridad tradicional de la comunidad
1
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07195-01
Accionante: Comunidades Wayúu de Pakimana, Patsuua y Jalaipa
Accionado: Presidencia y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
indígena Wayúu de Pakimana, Avelina Arpushana autoridad tradicional de la
comunidad indígena Wayúu de Patssua y Margarita Pushaina, autoridad tradicional
de la comunidad indígena Wayúu de Jalaipa, ubicadas en el municipio de Uribia, en
el departamento de la Guajira, interpuso acción de tutela en contra del Presidente de
la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Infraestructura, el
Instituto Nacional de Vías, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el
Defensor Nacional del Pueblo, la Procuraduría General de La Nación, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y la Unión Temporal Andino, por la presunta
vulneración de los derechos a la vida, seguridad alimentaria, medio ambiente sano,
consulta previa, debido proceso, igualdad, autonomía, autodeterminación,
autogobierno, cementerio ancestral, integridad social integridad cultural, integridad
espritual, integridad territorial, violación de sus sitios sagrados ubicados en el cabo
de la vela, caminos reales, vías de transitar ancestrales, derechos a la pesca,
derecho a la caza, derechos fundamentales de los niños indígenas Wayúu y
propiedad colectiva de los territorios de las comunidades étnicas indígenas Wayúu
de Pakimana, Patssua y Jalaipa del Municipio de Uribia La Guajira.
2.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada con
base en el artículo 86 Superior, de las pruebas allegadas y de lo expuesto por los
accionantes se tiene, que1:
2.1.- El 30 de noviembre de 2020, a través del CONPES 4010, el Gobierno realizó la
declaratoria de importancia estratégica del plan “Compromiso por Colombia:
Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030”. En este documento
el Consejo Nacional de Política Económica y Social planteó la necesidad de realizar
labores de construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura vial en
departamento de la Guajira, con la finalidad de conectar los territorios, gobiernos y
poblaciones ubicadas en esta zona 2. Por lo anterior, adoptó la determinación de
incluir el corredor Conexión Alta Guajira (Uribia – Puerto Bolívar – Estrella, Vías
Wayúu), dentro de los proyectos viales priorizados.
2.2.- Una vez se culminó el proceso de contratación No. LP-DT-066-2020, a través
de la Resolución 954 del 12 de abril de 2021, el Instituto Nacional de Vías (en
adelante INVIAS) adjudicó el contrato de obra pública No. 1009 de 2021 a la Unión
Temporal Andino 066 (en adelante Unión Temporal). Como objeto del mencionado
contrato se estableció “Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social y
ambiental sostenible del corredor Conexión Alta Guajira Uribia - Puerto bolívar -
Estrella - Vías Wayúu y Cabo de la Vela – San Martín en el departamento de la
1 Acción de tutela, fl. 1 – 25.
2 CONPES 4010, “DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL COMPROMISO POR
COLOMBIA: PROGRAMA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030”,
Departamento Nacional de Planeación, 30 de noviembre de 2020, p. 26.
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Accionante: Comunidades Wayúu de Pakimana, Patsuua y Jalaipa
Accionado: Presidencia y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Guajira, en marco de la Reactivación Económica, Mediante El Programa De Obra
Pública “Vías Para La Legalidad Y La Reactivación Visión 2030”3.
2.3.- El 28 de junio de 2021, INVIAS libró la orden de inicio del mencionado contrato4
y el 6 de octubre de 2021, GINPROVIAS, entidad encargada del control y vigilancia
de las obras, aprobó el inicio de la intervención de los 5 primeros kilómetros de la
obra.
2.4.- Las Comunidades indígena de Pakimana, Patssua y Jalaipa forman parte del
resguardo indígena Wayúu5 de La Alta y Media Guajira, constituido legalmente a
través de la Resolución No. 015 del 28 de febrero de 19846, ampliada y modificada
por la Resolución No. 28 del 19 de julio de 1994 7 , expedidas por el Instituto
Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), hoy Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural (INCODER).
2.5.- De acuerdo con las autoridades indígenas, en desarrollo del proyecto de
mejoramiento y adecuación de las vías Puerto Bolívar y Puerto Estrella, la Unión
Temporal Andino, ha realizado obras de construcción al interior de los territorios
colectivos ancestrales que, de conformidad con las resoluciones expedidas por el
INCORA, pertenecen al resguardo indígena Wayúu de La Alta y Media Guajira.
2.6.- Refieren que la Unión Temporal Andino citó a las comunidades Wayúu de
Pakimana, Patssua y Jalaipa a una reunión que se celebraría el 29 de septiembre de
2021, para socializar el proyecto de mejoramiento y adecuación de las vías a Puerto
Bolívar y Puerto Estrella 8 . Sin embargo, en la misma fecha, las mencionadas
comunidades remitieron un comunicado informando a la unión temporal que no
participarían de dicho espacio, al considerar que las actividades de mantenimiento y
construcción desarrolladas en el proyecto debían discutirse al interior de un proceso
de consulta previa9.
3 Unión Temporal Andino 066, Contestación acción de tutela, Anexo, 2.4. INVIAS_Contrato_1009-
2021_MODULO_2_SECOP_2_Aprobado_27May2021.pdf, fl. 1.
4 Unión Temporal Andino 066, Contestación acción de tutela, Anexo, 3.2. Oficio DO-GGP
33061ORDEN DE INICIO CONTRATO 1009 DE 2021 OBRA_28Jun2021.pdf
5 De acuerdo con el Ministerio del interior, “[t]ambién conocidos como Guajiro, Wayu, Uáira, Waiu. La
palabra Wayúu es la auto designación usada por esta comunidad indígena, y traduce “persona” en
general, indígena de la propia etnia, aliado y también la pareja (mi esposo o mi esposa)”. Teniendo
en cuenta lo anterior, en el presente fallo se utilizará el término Wayúu para referirse a la comunidad
étnica a la cual pertenecen los accionantes.
https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/SIIC/PueblosIndigenas/pueblo_way_u.pdf
6 “Por la cual se constituye como Resguardo Indígena en favor de la comunidad WAYÚU de la Alta y
Media Guajira, un globo de terreno baldío, ubicado en la jurisdicción de los municipios de RIOHACHA,
MAICAO, URIBIA y MANAURE, departamento de la Guajira”
7 “Por la cual se amplía el resguardo Indígena constituido mediante Resolución 015 de febrero 28 de
1.984, en favor de la comunidad Wayúu de la Alta y Media Guajira, con terrenos baldíos, ubicados en
jurisdicción de los Municipios de Riohacha, Maicao. Uribia y Manaure, Departamento de la Guajira”.
8 Acción de tutela, fl. 20.
9 Acción de tutela, fl. 21.
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Accionante: Comunidades Wayúu de Pakimana, Patsuua y Jalaipa
Accionado: Presidencia y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
2.7.- Los demandantes alegan que las actividades de la Unión Temporal perjudican
a más de 800 comunidades indígenas que componen el mencionado resguardo,
pues generan afectaciones directas al tejido social, cultural y ambiental comunitario,
así como al territorio y a la seguridad alimentaria de los niños Wayúu que hacen parte
de las comunidades Pakimana, Patssua y Jalaipa.
2.8.- Afirman que la zona en la que se pretende realizar la construcción de las vías
Puerto Bolívar y Puerto Estrella está ubicada en el centro del territorio colectivo del
resguardo Wayúu de la Alta y Media Guajira, lugar en el que se sitúan cementerios,
fuentes hídricas y pozos artesanales para obtener agua. Además, que las acciones
de la Unión Temporal Andino afectan directamente el “Jepirra”, nombre nativo del
Cabo de la Vela, uno de los lugares sagrados de mayor importancia para la población
indígena Wayúu,
2.9.- Indican que el proyecto de mejoramiento y adecuación de las vías Puerto
Bolívar y Puerto Estrella no cuenta con un plan de manejo arqueológico, ni con una
licencia ambiental que haya sido previamente consultada con las comunidades
indígenas afectadas, razón por la cual dichas obras afectan la integridad ambiental,
espiritual, cultural, social y territorial de las comunidades Wayúu, así como su
seguridad alimentaria.
2.10.- Afirman que la Unión Temporal Andino desarrolla sus actividades a partir de
un plan de manejo ambiental que no fue consultado con las comunidades indígenas
Wayúu de Pakimana, Patssua y Jalaipa, razón por la cual la ejecución de las obras
no contempla medidas orientadas a mitigar los efectos negativos del proyecto en las
comunidades, poniendo en riesgo su supervivencia.
2.11.- A juicio de los demandantes, la construcción de las vías limitará de forma
permanente la locomoción de los miembros de la comunidad Wayúu por su territorio,
restringiendo el paso de un lado al otro, lo que impedirá que los niños Wayúu y otros
miembros de la comunidad visiten a sus familiares. Tampoco, será posible realizar
labores de pastoreo ya que el aumento en el tránsito de las vías dificultará el traslado
de chivos y ovejas al interior de su territorio.
2.12.- Señalan que, después de la finalización del proyecto, el funcionamiento de los
corredores viales incrementará el número de turistas que visitan la zona afectando
el paisaje natural del Cabo de la Vela y generará un aumento de los accidentes de
tránsito en la zona, poniendo en riesgo la vida y la integridad de las personas y
animales que pertenecen a la comunidad indígena.
2.13- Por último, indican que el mejoramiento y la adecuación de las vías Puerto
Bolívar y Puerto Estrella está asociado a la construcción de 65 parques eólicos en
sus territorios colectivos, razón por la cual las vías serán utilizadas para el transporte
de carga pesada, aumentando los niveles de ruido y la contaminación en los
4
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Accionado: Presidencia y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
territorios que conforman el resguardo indígena Wayúu de La Alta y Media Guajira,
lo que se traduce en una afectación directa a las comunidades de Pakimana,
Patssua y Jalaipa.
3.- Ante la situación descrita, las comunidades de Pakimana, Patssua y Jalaipa, a
través de sus autoridades tradicionales, solicitan al juez de tutela ordenar: (i) al
Ministerio del Interior adelantar los trámites de consulta previa con las comunidades
étnicas Wayúu de Pakimana, Patssua y Jalaipa; (ii) a la Unión Temporal Andino
suspender las obras de construcción de las vías Puerto Bolívar y Puerto Estrella,
hasta tanto no se realice el trámite de consulta previa; (iii) suspender las licencias y
permisos ambientales otorgados a la Unión Temporal Andino para la construcción
de las vías Puerto Bolívar y Puerto Estrella hasta que no se realice el trámite de
consulta previa; (iv) a la Unión Temporal Andino que elabore y presente el plan de
manejo arqueológico correspondiente ante el Instituto Colombiano de Antropología
e Historia; (v) al Presidente de la República que proteja el patrimonio cultural y los
derechos humanos de la población Wayúu; y (vi) al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del
Pueblo que garanticen los derechos de los niños y demás miembros de las
comunidades étnicas de Pakimana, Parssua y Jalaipa10.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
4.- La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado, mediante Auto
del 27 de octubre de 2021 admitió la demanda y ordenó notificar de su presentación
a las autoridades demandadas.
(i) Procuraduría General de la Nación11
5.- El 8 de noviembre de 2021, la Procuraduría General de la Nación alegó la falta
de legitimación en la causa por pasiva.
(ii) Instituto Colombiano de Antropología e Historia12
6.- El 8 de noviembre de 2021, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (en
adelante ICANH) indicó que toda persona, natural o jurídica, que requiera
implementar un Programa de Arqueología Preventiva debe solicitar el registro del
mismo ante el ICANH y contar con un profesional idóneo, inscrito en el Registro
Nacional de Arqueólogos, para adelantar las actividades que impliquen potenciales
intervenciones arqueológicas. Sin embargo, una vez revisada la base de datos de la
entidad encontró que la Unión Temporal Andino no ha presentado una solicitud de
10 Acción de tutela, fl. 1 y 2.
11 Intervención contenida en 5 folios.
12 Intervención contenida en 8 folios.
5
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Accionante: Comunidades Wayúu de Pakimana, Patsuua y Jalaipa
Accionado: Presidencia y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
registro en el Programa de Arqueología Preventiva para el proyecto que se ha
mencionado.
Con fundamento en los argumentos expuestos, adujo su falta de legitimación por
pasiva, toda vez que los hechos y argumentos presentados por los accionantes no
vinculan al instituto y corresponden a obligaciones legales y constitucionales que son
competencia del Ministerio del Interior. Por lo anterior, solicitó que la acción de tutela
se declare improcedente y que se desvincule del proceso al ICANH.
(iii) Autoridad Nacional de Licencias Ambientales13
7.- El 9 de noviembre de 2021, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (en
adelante ANLA) solicitó desvincular a la entidad y denegar la protección reclamada
por los demandantes.
Señaló que al revisar el Sistema de Información de Licencias Ambientales (SILA), la
entidad no encontró un expediente relacionado con el proyecto de construcción de
las vías Puerto Bolívar y La Estrella. De igual manera, señaló que los accionantes no
informaron cuál es el nombre del proyecto, el expediente o alguna indicación que
permita dar claridad sobre lo planteado en el escrito de tutela.
Refieren que la ANLA no es competente para adelantar los trámites relacionados con
el proceso de consulta previa solicitado por los demandantes, ya que dicha
responsabilidad recae sobre la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio
del Interior. Por esta razón, carece legitimación en la causa por pasiva.
Por último, señaló que los accionantes realizan una serie de afirmaciones frente a la
presunta vulneración de sus derechos, sin contar con el material probatorio necesario
para atribuir algún tipo responsabilidad a la ANLA. Al respecto, precisó que el
proceso no cuenta con “prueba siquiera sumaria, que demuestre, por parte de esta
autoridad, ninguna conducta que pueda ser considerada causa del daño o peligro
inminente que pueda padecer la comunidad accionante. Así las cosas, no existen
pruebas en contra de mi representada”.
(iv) Unión Temporal Andino 06614
8.- El 9 de noviembre de 2021, la Unión temporal Andino 066 (en adelante Unión
Temporal o contratista), se pronunció sobre los hechos que sustentan la acción de
tutela presentada.
Al respecto, indicó que no es cierto que el 28 de septiembre de 2021 la Unión
Temporal hubiera invitado a las comunidades asentadas a lo largo del corredor San
13 Intervención contenida en 11 folios.
14 Intervención contenida en 29 folios.
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Accionante: Comunidades Wayúu de Pakimana, Patsuua y Jalaipa
Accionado: Presidencia y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Martín – Cabo de la Vela a una reunión con la finalidad de socializar “el proyecto o
la obra de construcciones”, pues, desde el 18 de julio de 2021, la Unión Temporal ha
realizado diez reuniones con “las comunidades” únicamente con la finalidad de
solicitar su autorización para realizar algunas actividades preliminares de
mejoramiento y mantenimiento como topografía y apliques en el corredor San Martín
– Cabo, ubicado en la zona donde habitan los accionantes, a partir de las cuales ha
realizado estudios y diseños, sin adelantar labores de mantenimiento y mejoramiento
sobre la vía existente.
Señala que el contrato No. 1009 de 2021, contempla la intervención de tres
corredores viales: i) Uribia – Puerto Bolívar (en adelante corredor central); ii) San
Martín – Cabo de la Vela (en adelante corredor occidental) iii) San Martín – Nazaret
(en adelante corredor oriental). Sin embargo, el contratista solo ha realizado labores
de mantenimiento y mejora en el corredor central, en el que habitan varias
comunidades, diferentes a las tres accionantes.
Aduce que las intervenciones realizadas en el corredor central no requieren licencia
ambiental ya que están reguladas por un Plan de Adaptación de la Guía Ambiental
(PAGA) aprobado por la interventoría y que dicho corredor es una vía carreteable
construida sobre bienes baldíos de la Nación, cuya administración, operación y
tenencia se encuentra a cargo de Carbones Cerrejón Ltda. desde el año 1981. Dicho
trayecto además se encuentra destinado al servicio público de transporte, razón por
la cual no puede afirmarse que hace parte de la propiedad de las comunidades
indígenas accionantes.
Además, señala que las zonas de los corredores mencionados fueron expresamente
excluidas de la asignación de baldíos realizada por el INCORA en su Resolución N.
° 015 del 28 de febrero de 1984, ampliada mediante Resolución 28 del 19 de julio de
1994, por medio de las cuales se constituyó el resguardo indígena Wayúu de La Alta
y Media Guajira y que en la Resolución 002 de enero 21 de 1981 dicha entidad
consagró un área de exclusión para servicios públicos, en la cual se reservó una
franja de terreno para la construcción de una carretera y un ferrocarril de
aproximadamente 3.645 hectáreas en dichos municipios.
En ese contexto, sostiene que los trayectos que constituyen el Corredor de la Alta
Guajira son bienes de uso público, unos, en cabeza del departamento de la Guajira,
y otros, como el Corredor Central, en administración y operación del Cerrejón Ltda.
Refiere que, en el corredor occidental, en el que habitan 18 comunidades, dentro de
las que se encuentran las tres accionantes y en el corredor oriental, la Unión
Temporal solo ha realizado labores de levantamiento de información y estudios
topográficos, actividades que no representan un peligro para las costumbres, vida,
salud, autonomía e integridad territorial de dichas comunidades indígenas.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07195-01
Accionante: Comunidades Wayúu de Pakimana, Patsuua y Jalaipa
Accionado: Presidencia y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Indica que el mencionado contrato tiene como objeto la rehabilitación, mantenimiento
y/o mejoramiento vial, procesos que son de carácter temporal y periódico, que se
realizan sobre vías existentes, de las que las comunidades se benefician y coexisten,
por lo que, en atención a la jurisprudencia y los pronunciamientos de la Dirección de
la Autoridad Nacional de Consulta Previa, no puede predicarse una afectación directa
a las comunidades étnicas y, con ello, la exigencia de agotar el mecanismo de
consulta previa.
Finalmente, informa que, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ha
socializado con las comunidades asentadas en el tramo San Martín-Cabo de La Vela
las actividades a ejecutar en relación con el mejoramiento y mantenimiento en esa
área y, contrario a lo asegurado por los accionantes, desde el inicio del contrato ha
convocado a más de diez reuniones, en las que explicó el alcance del proyecto y
solicitó su autorización para ingresar a los territorios, con el fin de realizar los estudios
y diseños, las cuales incluso llevaron a tomar la decisión de no ejecutar las acciones
iniciales de limpieza y mantenimiento rutinario hasta la terminación de los estudios y
diseños, que ahora los accionantes pretenden desconocer, entorpeciendo, sin razón
constitucional alguna, una vez más la ejecución normal del proyecto. Por lo anterior,
solicitó denegar las pretensiones de la acción de tutela.
(v) Instituto Colombiano de Vías15
9.- El 10 de noviembre de 2021, la entidad indicó que el objeto del proyecto al que
hizo referencia la parte accionante es el mantenimiento y mejoramiento, gestión
predial, social y ambiental sostenible del corredor conexión Alta Guajira Uribia-Puerto
Bolívar-Estrella-vías Wayúu y Cabo de la Vela-San Martín, vías existentes en el
departamento de La Guajira, el cual se ejecuta en tres corredores viales:
El primero de Uribia – Puerto Bolívar, vía donde se encuentran comunidades
indígenas distintas a la accionante, localizado en el km. 77+300 en el municipio de
Uribia al km142+000 de Puerto Bolívar, el cual está actualmente en ejecución y, de
conformidad con el contrato, requiere labores de mantenimiento y mejoramiento; no
necesita licencia ambiental y cuenta con el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental,
PAGA, aprobado por la interventoría. El segundo corredor, esto es, el occidental,
ubicado en San Martín-Cabo de la Vela, en el que están asentadas las tres
comunidades accionantes, el cual se encuentra actualmente en estudios y diseños,
con ejecución de actividades previas de topografía, apiques, entre otras, que se
desarrollan con autorización previa de la comunidad. Indicó que en este tramo no se
ejecutan actividades de mantenimiento y mejoramiento ni se ha desarrollado ninguna
obra y que en el de San Martín-Nazaret, también se realizan actividades previas y
estudios.
15 Intervención contenida en 20 folios.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Así las cosas, precisó que no es cierto que solo hasta el 28 de septiembre de 2021
se convocó a las comunidades que habitan en el corredor occidental para socializar
el proyecto de construcción, puesto que desde el 28 de julio de dicho año, el
contratista, Unión Temporal Andino, ha realizado diez reuniones con estas, con el
propósito de obtener autorizaciones para iniciar las actividades previas de
mejoramiento y mantenimiento, tales como, topografía y apiques. En todo caso,
aclaró que las actividades de la referida Unión Temporal en la zona están limitadas
a los estudios y diseños y que las reuniones se circunscriben a obtener autorización
para las comisiones previas, ya que solo hasta que se tengan los informes y diseños
en los tramos, se podrán adoptar las decisiones necesarias de intervención, de
acuerdo con el objeto y alcance del contrato. Por lo tanto, afirmó que las
comunidades fueron debidamente informadas de las actividades a ejecutar.
Además, reiteró que en la zona donde habitan las comunidades indígenas Wayúu de
Pakimana, Patssua y Jalaipa no se realizan actividades de mantenimiento,
mejoramiento o construcción, por lo que no existe Plan de Manejo Ambiental, dado
que en la actualidad dicho corredor se encuentra en etapa de estudios y diseños y,
por ende, no hay ningún documento que deba someterse a consulta previa, por lo
que no se evidencia una afectación directa ni indirecta a las comunidades. Sobre el
particular, insistió en que en este momento no hay intervención física y material del
tramo, por el contrario, las actuaciones adelantadas corresponden a acciones
preparatorias, que no requieren consulta previa. Agregó que, una vez definido por el
INVIAS la ejecución de las actividades de mantenimiento y mejoramiento de dicho
trayecto, en caso de que se tenga un cierto grado de certeza sobre el tema, deberá
presentarse para aprobación el Plan de Manejo Arqueológico.
Finalmente, refirió que, en atención al objeto del contrato, el cual versa sobre
mantenimiento y mejoramiento de los corredores viales, en principio, no se requiere
un trámite y/o solicitud adicional de licencia ambiental, máxime cuando el proyecto
cobija vías existentes y, en ese entendido, tampoco es exigible un Plan de Manejo
Arqueológico. Asimismo, arguyó que los proyectos de mejoramiento y rehabilitación
no generan un impacto y/o afectación ambiental grave y, en ese sentido, según la
jurisprudencia y las directrices de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta
Previa, no es dable afirmar la existencia de una posible afectación directa a las
comunidades étnicas, por lo que no se predica la necesidad de ejercer el mecanismo
de consulta previa. Al respecto, afirmó que la construcción, mantenimiento y
mejoramiento de obras que se realicen en cumplimiento de las funciones
constitucionales a cargo del Estado, según la normativa constitucional, legal,
ambiental y social, con participación de las comunidades, como, en efecto está
dispuesto, no afecta a las comunidades ni a ningún ciudadano, todo lo contrario,
redundará en beneficios económicos y sociales para la región deprimida, entre otras,
por la deficiencia de la infraestructura del departamento de La Guajira.
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Accionante: Comunidades Wayúu de Pakimana, Patsuua y Jalaipa
Accionado: Presidencia y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
(vi) Defensoría del Pueblo16
10.- El 10 de noviembre de 2021, esta entidad advirtió que existe falta de legitimación
en la causa por pasiva, ya que las actuaciones y comportamientos enunciados en la
solicitud de amparo son ajenos a la entidad y, por ende, no puede atribuírsele
responsabilidad alguna, por lo que la acción es improcedente.
(vii) Presidencia de la República17
11.- El 10 de noviembre de 2021, la Presidencia de la República expresó que ni la
entidad ni el presidente de la República son responsables del menoscabo de las
garantías referidas por el solicitante del amparo. Además, aclaró que no tienen
injerencia ni competencias para atender ninguna de las pretensiones de la acción de
tutela, teniendo en cuenta que corresponde al Ministerio del Interior pronunciarse
respecto a los pedimentos de la parte accionante, pues solicita que se convoque a
una consulta previa del proyecto de construcción de las vías de Puerto Bolívar y
Puerto Estrella.
Asimismo, resaltó que la autoridad administrativa no actúa en nombre ni
representación de ninguna autoridad, por lo que existe una falta de legitimación en
la causa por pasiva.
(viii) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar18
12.- El 10 de noviembre de 2021, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en
adelante ICBF), se opuso a las pretensiones de la acción constitucional, en tanto que
la entidad no ha transgredido, en el marco de su misionalidad, los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante. Precisó que los menores de edad
de las comunidades indígenas accionantes cuentan con el programa de Primera
Infancia, en sus distintas modalidades, propia e intercultural, y el HCB Comunitario.
En esa medida, aseguró que brinda sus servicios y garantiza el acceso a la
alimentación y educación inicial. Aunado a lo anterior, señaló que brinda atención
integral a los niños, niñas y adolescentes, madres gestantes y lactantes en la región
y, actualmente, cuenta con 89.312 usuarios en todo el departamento. En
consideración a esos argumentos, solicitó la desvinculación o la declaración de
improcedencia de la acción de tutela de la referencia.
(ix) Ministerio del Interior
13.- La entidad fue notificada el 5 de noviembre de 2021, pese a esto, no presentó
escrito de contestación.
16 Intervención contenida en 3 folios.
17 Intervención contenida en 11 folios.
18 Intervención contenida en 11 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07195-01
Accionante: Comunidades Wayúu de Pakimana, Patsuua y Jalaipa
Accionado: Presidencia y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
C. Sentencia de primera instancia
14.- Mediante providencia del 25 de noviembre de 2021, la Sección Segunda,
Subsección A, del Consejo de Estado, resolvió negar el amparo solicitado. Lo
anterior, con base en los siguientes argumentos:
14.1- La Unión Temporal Andino 066 acreditó que desde el 28 de julio de 2021, ha
realizado varias reuniones con las comunidades indígenas asentadas en el territorio
cercano a las vías que comprenden la ejecución del proyecto de mejoramiento y
mantenimiento vial, con el propósito de informar sobre los trabajos que se
desarrollaran y, en el caso del corredor occidental, que es en el que confluyen las
comunidades Wayúu de Pakimana, Patssua y Jalaipa aquí accionantes, ha
solicitado su autorización para realizar las actividades de topografía y estudios del
suelo, requeridas para los estudios y diseños previos de la obra.
14.2.- Indicó que la Unión temporal Andino 066, a través de Oficio con radicación
externa EXTMI021-014467 del 3 de septiembre de 2021, solicitó, al Ministerio del
Interior, Dirección de Consulta Previa, la expedición del certificado y determinación
de la procedencia y oportunidad de la consulta previa para la ejecución de proyectos,
obras o actividades, en el marco del contrato de obras del INVIAS 1009 de la
presente anualidad. Así mismo que el 20 de octubre de 2021, mediante Oficio SAL-
00000245 el contratista remitió la documentación exigida por la cartera ministerial:
datos cartográficos, documentos relacionados con la caracterización económica,
social y ambiental, la identificación de comunidades indígenas y la evaluación de
posibles impactos. Además, señala que “el 21 de octubre de 2021, remitió una
solicitud de desistimiento del trámite. Peticiones que se encuentran pendientes de
respuesta por parte de la entidad”.
14.3.- Finalmente, concluyó que “contrario a lo afirmado por los solicitantes del
amparo, en el corredor occidental, en el que se repite, están asentadas las
comunidades indígenas Wayúu Pakimana, Patssua y Jalaipa, en este momento, no
se están ejecutando obras de construcción ni se ha definido la materialización de
estas, de manera que no puede afirmarse que exista una afectación actual a los
derechos individuales y colectivos de esos grupos indígenas”.
D. Impugnación
15.- En desacuerdo con lo anterior, el 16 de diciembre de 2021, el apoderado judicial
de las comunidades indígenas accionantes, presentó escrito de impugnación, en el
cual solicitó revocar el fallo proferido en primera instancia, ya que, de acuerdo con
los peticionarios, actualmente el estado colombiano y la Unión Temporal Andino:
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<<están realizando la obra para la construcción para la carretera en territorio
colectivos que pertenecen a estas comunidades donde estas obras les están
generando afectaciones directas en materia ambiental, social, cultural, espiritual y
territorial, además de eso están generando desplazamiento de estas comunidades
porque en el área se encuentra maquinaria pesada y otros que de una u otra forma
están poniendo en riesgo la supervivencia de las comunidades ancestrales
afectando también su patrimonio arqueológico y si sitio sagrado como lo es el cabo
de la vela.>>
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
16.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199119.
17.- Con todo, debe recordarse que, en lo atinente al trámite de impugnación, la
competencia de quien conoce el asunto se ve delimitada, prima facie, por las razones
o motivos de inconformidad con la providencia que es objeto de debate, con la
circunstancia particular de que estando de por medio derechos y garantías de
raigambre fundamental, el juez, tribunal o alta Corporación, adquiere mayores
facultades para llevar a cabo un análisis integral a fin de dar primacía al derecho
sustancial y salvaguardar los intereses superiores de los administrados.
F. Análisis del caso concreto
18.- Dado lo anterior, le corresponde a esta Sala determinar si confirma, modifica o
revoca el fallo impugnado, proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado
que resolvió negar el amparo solicitado en la demanda, al no encontrar probada la
vulneración ni amenaza de algún derecho fundamental de la parte accionante.
Procedencia de la acción de tutela para solicitar la activación del mecanismo
de consulta previa
19.- Como regla general, el artículo 8620 de la Constitución Política, el Decreto 2591
de 1991 y la Corte Constitucional han indicado que la acción de tutela es procedente,
siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.
19.1.- Sobre el requisito de subsidiariedad, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que la acción de tutela no es un mecanismo llamado a sustituir los
procedimientos ordinarios o especiales de defensa consagrados en las normas que
19 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”
20 “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”
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regulan una materia específica, tampoco puede entenderse como un procedimiento
adicional o complementario a las normas que regulan un procedimiento judicial o
administrativo. La tutela es un mecanismo especial de protección diseñado para
proteger los derechos fundamentales de las personas ante vacíos en el sistema
jurídico o ante las actuaciones arbitrarias y omisiones de las autoridades públicas.
19.2.- El carácter subsidiario del recurso de amparo busca garantizar el respeto por
los mecanismos ordinarios de defensa ya sean judiciales o administrativos, pues por
regla general estos se presumen idóneos y eficaces para garantizar la satisfacción
de las pretensiones y la protección de los derechos fundamentales de las personas.
19.3.- En los casos en los que la parte actora cuenta con un medio de defensa
principal, la Corte Constitucional, ha desarrollado dos excepciones a la regla
expuesta21: i) cuando se promueve el amparo como mecanismo principal, situación
que ocurre en el evento en que las acciones ordinarias carecen de idoneidad o de
eficacia para defender los derechos fundamentales del accionante22 y ii) cuando se
instaura la acción de tutela de forma transitoria para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable23.
19.4.- En el último escenario, la Corte ha señalado que el perjuicio debe ser: “i)
inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente;
i) grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de
la persona sea de gran intensidad; iii) urgente, de tal manera que las medidas que
se requieran tomar para conjurar el perjuicio se deban tomar de manera inmediata;
y iv) la tutela sea un medida impostergable para garantizar que sea adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad”24.
19.5.- Entonces, la determinación de la procedencia excepcional de la acción de
tutela exige del juez un análisis de la situación particular del actor, con el fin de
determinar si el medio de defensa judicial ordinario es lo suficientemente expedito
para proteger sus derechos fundamentales y si se está frente a la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual el conflicto planteado trasciende el nivel
puramente legal para convertirse en un problema de carácter constitucional. En caso
de no verificarse estos requisitos la subsidiariedad exige que el demandante agote
los medios de defensa legalmente establecidos antes de tramitar sus pretensiones
por esta vía, pues de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la
existencia de dichos medios hace improcedente el recurso de amparo.
La consulta previa en el ordenamiento jurídico colombiano
21 Sentencias T-623 de 2011, T-498 de 2011, T-162 de 2010, T-034 de 2010, T-180 de 2009.
22 Sentencia T-235 de 2010.
23 Sentencia T-397 de 2015.
24 Sentencia T-397 de 2015.
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20.- Como punto de partida debe indicarse que la Constitución Política establece que
Colombia es una república democrática, participativa y pluralista (art. 1), que
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural (arts. 7 y 70) y además reconoce
la autodeterminación de los pueblos indígenas en sus territorios (art. 330). De
conformidad con estos principios, la jurisprudencia constitucional ha determinado
que la participación de las comunidades indígenas en las decisiones que pueden
afectarlas, a través de la consulta previa, adquiere la connotación de derecho
fundamental, ya que este instrumento permite al Estado preservar la integridad
étnica, social, económica y cultural de las comunidades indígenas y permite
asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social.
20.1.- Este derecho se encuentra incorporado en el bloque de constitucionalidad, a
través del Convenio 169 de la OIT, el Pacto Internacional sobre los Derechos, Civiles
y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y
la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
20.2.- La jurisprudencia constitucional ha precisado que la consulta previa se
caracteriza por ser un derecho flexible razón por la cual los procesos de consulta no
son iguales en todos los casos. En este aspecto, el numeral 2, del artículo 6 del
Convenio 169 de la OIT establece que el desarrollo de la consulta debe propender
por la flexibilidad y por lograr el consentimiento de los pueblos involucrados.
Interpretando estos postulados, la Corte Constitucional, en Sentencia T-063 de 2019,
indicó que ni en el citado convenio ni en el ordenamiento jurídico interno se
establecen reglas rígidas de procedimiento sobre la consulta previa y reiteró que
“una reglamentación rígida del procedimiento de la consulta previa puede resultar
inconstitucional cuando, de su aplicación resulten consecuencias contrarias a los
mandatos constitucionales y a las normas internacionales, por tal razón el Convenio
No 169 de la OIT otorgó a los Estados un amplio margen de flexibilidad para
determinar la manera en que debe realizarse la consulta”.
20.3.- Sobre su finalidad, la Corte ha señalado que la consulta previa debe estar
orientada a lograr un consenso entre las partes involucradas en el proceso. Para ello,
ha especificado que el principio de buena fe debe guiar la actuación de las partes,
de modo que el mecanismo de consulta asegure una participación activa y efectiva
de todos los interesados, en igualdad de condiciones. Sobre este punto se ha
explicado que la simple notificación a los pueblos interesados o a la celebración de
reuniones informativas no son suficientes para garantizar el derecho a la consulta
previa, de modo que la efectividad de la participación de las comunidades está
determinada por la capacidad que tienen estas de incidir en las decisiones que
adopten las autoridades competentes sobre el objeto que se discute en la consulta.
20.4.- En relación con su alcance, se ha definido que es un proceso de diálogo
intercultural entre iguales, esto significa “que ni los pueblos indígenas tienen un
derecho de veto que les permita bloquear decisiones estatales, ni el Estado tiene un
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derecho a la imposición sobre los pueblos indígenas para imponerles
caprichosamente cualquier decisión, sino que opera un intercambio de razones entre
culturas que tiene igual dignidad y valor constitucional (CP art 70)”.
Procedimiento para la realización de la consulta previa
21.- Teniendo en cuenta lo anterior, a partir de la adopción del Convenio 169 de la
OIT en la Ley 21 de 1991 y de conformidad con las órdenes proferidas en la
Sentencia SU-123 de 2018, el Estado colombiano ha proferido una serie de normas
en las que se establecen los procedimientos que deben cumplirse para garantizar el
derecho a la consulta previa.
21.1.- En este punto, es importante señalar que en la mencionada sentencia la Corte
Constitucional identificó dos dificultades del proceso de certificación de presencia de
comunidades étnicas que hasta ese momento adelantaba el Ministerio del Interior,
con la finalidad de establecer la procedencia de la consulta previa.
21.2.- El primero, se relaciona con “debilidad administrativa y financiera y la precaria
independencia técnica de esa dirección [Dirección de Consulta Previa del Ministerio
del Interior], que le impide muchas veces realizar adecuadamente sus funciones, por
lo cual en casos decididos por esta Corte esa dirección ha certificado
equivocadamente que no existían grupos étnicos en territorios en donde
efectivamente había presencia de esos grupos, con lo cual no fue realizada una
consulta previa que era requerida constitucionalmente”.
21.3.- El segundo, consiste en que la certificación de presencia de comunidades
étnicas tenía como objetivo establecer si en el área de interés del proyecto, obra o
actividad que pretendía desarrollar una empresa, se registraba o no la presencia de
una comunidad étnica sobre la cual debería garantizarse el derecho fundamental a
la consulta previa. De acuerdo con la Corte “los estudios técnicos en los que se basa
el concepto de ‘área de influencia’ no dan cuenta de los impactos ambientales, a la
salud, culturales, sociales o espirituales que pueden ocasionarse sobre los pueblos
indígenas o tribales (…) En otras palabras, el área de influencia no establece toda la
afectación directa ni la comprende, pues no tiene ese propósito. Por el contrario, el
concepto de afectación es el criterio determinante para establecer si procede la
consulta previa, por lo que es esencial para este derecho fundamental”.
21.4.- Por lo anterior, la Corte consideró que para eliminar la inseguridad jurídica en
esta materia, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior debía
interpretar su competencia conforme a los principios constitucionales relativos al
derecho a la consulta previa de los pueblos étnicos, por lo cual no debía limitarse a
señalar la presencia o ausencia de dichos pueblos dentro del territorio
correspondiente al área de afectación del proyecto, sino que debe incorporar dentro
de los certificados que expida un estudio particular y expreso sobre la posible
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afectación directa que pueda causar el proyecto, obra o actividad a las comunidades
étnicas con independencia de la limitación del área de influencia.
21.5.- Así, a través del Decreto 2893 de 2011, que deroga el Decreto 200 de 2003,
se asignó al Ministerio del Interior la competencia de coordinar
interinstitucionalmente la realización de la Consulta Previa con los pueblos étnicos
sobre los proyectos que puedan afectarlos, de conformidad con la ley (art. 1). Al
respecto, es importante señalar que, mediante el Decreto 2353 de 2020, el Gobierno
fortaleció el aparato institucional encargado de adelantar los procesos de consulta
previa y creó la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa y las
Subdirecciones Técnica de Consulta Previa, de Gestión de Consulta Previa y
Corporativa. Así mismo, que el numeral 1º del artículo 16 A del citado decreto, asignó
a la Subdirección Técnica de Consulta Previa de la Dirección de la Autoridad
Nacional de Consulta Previa: (i) la función de determinar la procedencia y
oportunidad de la consulta previa para la ejecución de los proyectos, obras, o
actividades, de acuerdo con el criterio de afectación directa, y con fundamento en los
estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o espaciales que se requieran; (ii)
coordinar y desarrollar, bajo las directrices del Director de la Dirección de la Autoridad
Nacional de Consulta Previa, las visitas de verificación en campo que se determinen
necesarias para establecer la procedencia de la consulta previa; y, (iii) expedir y
notificar los actos administrativos de procedencia de la consulta previa, según los
criterios del Convenio 169 de la OIT, la legislación nacional y la jurisprudencia
constitucional.
21.6.- A través de la Directiva Presidencial No. 10 de 2013 desarrolló los lineamientos
generales que deben ser observados por las autoridades públicas y por los
particulares para la realización de consultas previas con comunidades étnicas. En
este documento se describen las obligaciones de las entidades implicadas en el
proceso, se definen las etapas de este y se establecen los insumos y productos que
deben generarse en la implementación de la consulta. Mediante la Directiva
Presidencial No. 08 de 2020, el Gobierno adaptó las etapas y procesos contenidos
en la mencionada directiva a los lineamientos establecidos en la Sentencia SU-123
de 2018. Es importante señalar que la promulgación de la Directiva Presidencial No.
08 sustituyó la etapa de "Certificación sobre la presencia de comunidades étnicas
que hace necesaria la consulta previa" por la etapa de “Determinación de
procedencia de la consulta previa” y adiciona las etapas de "Preconsulta", "Consulta
previa" y "Seguimiento de acuerdos".
21.7.- Para resolver el presente caso, la Subsección enunciará las etapas descritas
en las mencionadas directivas y desarrollará el contenido de la fase de determinación
de procedencia de la consulta previa, ya que de conformidad con los argumentos
expuestos en la demanda y en las contestaciones, la discusión sobre la vulneración
de derechos gira en torno a este punto:
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21.8. El proceso de consulta previa de proyectos, obras o actividades (en adelante
POA) está compuesto por cinco etapas: (i) Determinación de procedencia de la
consulta previa; (ii) Coordinación y preparación; (iii) Preconsulta; (iv) Consulta previa;
y (v) Seguimiento de acuerdos.
21.9 En la primera fase del proceso, corresponde a la Dirección de la Autoridad
Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior determinar si el POA requiere
la realización de la consulta previa, de acuerdo con el criterio de afectación directa
establecido en las Sentencias T-011 de 2011 y SU-123 de 2018 y con fundamento
en los estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o espaciales que se requieran.
La activación de esta etapa requiere que la entidad promotora o el ejecutor del POA
presente una solicitud de determinación de la consulta previa ante la Dirección de la
Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior. En la Directiva se
define como entidad promotora a la entidad pública que suscribió el contrato con el
ejecutor del POA y como ejecutor al particular o entidad pública a cargo de la
ejecución del proyecto, obra o actividad.
21.10 Para realizar el análisis de procedencia la Dirección de la Autoridad Nacional
de Consulta Previa debe solicitar y consultar la información que reposa en sus
archivos, en la Dirección de Asuntos Indígenas ROM y Minorías del Ministerio del
Interior y en la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior; en el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, en la Agencia Nacional de Tierras, en el Instituto Nacional de Antropología
e Historia, y en las demás entidades que considere pertinente.
21.11 En caso de que la información suministrada por la entidad promotora o el
ejecutor del POA y consultada por la Subdirección Técnica de Consulta Previa de la
Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa sea insuficiente para
determinar la procedencia de la consulta previa, la entidad debe realizar una visita
de verificación en territorio. Dicha visita puede comprender una extensión superior al
área identificada por la entidad promotora o el ejecutor del POA, si esto permite
establecer posibles afectaciones directas.
21.12 Una vez se remite la solicitud, la Subdirección Técnica de Consulta Previa de
la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, debe dar respuesta al
requerimiento dentro del término señalado en el numeral 2, del artículo 14 de la Ley
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, sustituido por el artículo 1 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.
21.13 Al finalizar dicha etapa, la Subdirección Técnica de Consulta Previa debe
expedir un acto administrativo en el que manifieste si procede o no la consulta previa
por la posible afectación directa a comunidades étnicas.
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Alcance y naturaleza del proceso de consulta previa de proyectos, obras o
actividades
22.- Sobre el alcance y la naturaleza de las directivas presidenciales que regulan el
proceso de consulta previa la Sección Primera del Consejo de Estado25 ha señalado
que estas se erigen como verdaderos actos administrativos susceptibles de control
judicial por la jurisdicción contencioso administrativa ya que son manifestaciones de
la voluntad del Presidente de la República, en ejercicio de la función administrativa,
en las que se dan órdenes a los funcionarios públicos destinatarios, en relación con
los mecanismos para garantizar el derecho fundamental a la consulta previa con los
grupos étnicos.
22.1.- Estas directivas se encuentran dentro de la categoría de actos administrativos
reglamentarios, a través de los cuales se expidieron órdenes para la adecuada
ejecución del Convenio 169 de la OIT, así como del artículo 330 de la Constitución
Política y de las Leyes 21 de 1991, 70 de 1993 26 y 99 de 199327 (artículo 76)28,
relacionados con el derecho fundamental a la consulta previa.
22.2.- Visto lo anterior, la Sección Primera de esta corporación judicial, en sentencia
de 20 de mayo de 199929, sostuvo que la definición de los criterios participativos
necesarios para el ejercicio del derecho a la consulta previa le compete al Gobierno
Nacional, no solo por sus funciones reglamentarias, sino porque también es el
órgano encargado de propiciar la participación de dichas comunidades.
22.3.- La Sala resalta que, las directivas presidenciales a las cuales se ha hecho
referencia constituyen “órdenes” del Presidente de la República, dirigidas a las
autoridades del nivel nacional: i) para establecer los roles que dichas autoridades
deben cumplir cuando se deba acudir a este mecanismo; ii) para recoger lo regulado
en instrumentos internacionales (Convenio 169), en leyes y en distintos
pronunciamientos que frente a este derecho fundamental fueron proferidos por la
Corte Constitucional para la fecha en que fueron expedidas las directivas; y, iii) para
25 Expediente 11001-03-24-000-2016-00164-00, Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés, 11 de
septiembre de 2019, Actor: Gobernador Cabildo Indígena del Pueblo Kankuamo y otros y Expediente 5091,
Consejero ponente: Juan Alberto Polo Figueroa, 20 de mayo de 1999, Actor: Apolinar Pascal Cabezas y
Asociación de Autoridades Tradicionales Awa - Organización Unidad Indígena del Pueblo Awa – UNIPA.
26 “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política” (Ley de comunidades
negras).
27 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de
la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.
28 “La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural,
social y económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales de acuerdo con la Ley
70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Nacional, y las decisiones sobre la materia se tomarán,
previa consulta a los representantes de tales comunidades”.
29 Expediente 5091, Consejero ponente: Juan Alberto Polo Figueroa, 20 de mayo de 1999, Actor: Apolinar Pascal
Cabezas y Asociación de Autoridades Tradicionales Awa - Organización Unidad Indígena del Pueblo Awa –
UNIPA.
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precaver cuestiones de orden administrativo, de gestión y logísticas que deben
surtirse al interior de las entidades públicas para la realización de las consultas.
22.4.- Por último, esta Corporación ha resaltado la flexibilidad de este procedimiento
al establecer que las directivas presidenciales estudiadas son un protocolo sugerido
y, en todo caso, su aplicación estará supeditada a los acuerdos establecidos por la
comunidad en consulta y el interesado. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Corte
Constitucional ha reconocido que cada proceso consultivo debe ser diferente, en la
medida en que debe ajustarse a las necesidades de la comunidad a la cual va
dirigida, delineando exclusivamente el marco general, los principios y las subreglas
específicos que deberían guiarlo.
Análisis del caso concreto
23.- Las comunidades indígenas accionantes, consideran que las entidades
accionadas vulneraron sus derechos a la vida, seguridad alimentaria, medio
ambiente sano, consulta previa, debido proceso, igualdad, autonomía,
autodeterminación, autogobierno, la consulta previa, entre otros, al considerar que
las actividades de mantenimiento y adecuación desarrolladas en el contrato de obra
pública No. 1009 de 2021, debían discutirse al interior de un proceso de consulta
previa.
24.- Por su parte, la Unión Temporal Andino, entidad encargada de ejecutar el
proyecto, considera que la ejecución del Contrato N. ° 1009 de 2021, en el corredor
vial San Martín – Cabo de la Vela no requiere de consulta previa con las
comunidades accionantes en la medida en que, de conformidad con las definiciones
y reglas establecidas en la Ley 1682 de 2021, estaría excluida de dicho trámite, al
no generar un impacto y/o afectación ambiental grave en los territorios indígenas. Lo
anterior, por cuanto para la entidad, el mantenimiento y mejora de infraestructura vial
no representan una afectación directa a las comunidades, según los parámetros
establecidos por la Corte Constitucional.
24.1.- De igual forma señala que, en casos similares, la Autoridad Nacional de
Consulta Previa, ha establecido que frente a las características de los proyectos de
rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento vial, y a su incidencia sobre bienes
de carácter público de la nación, no es dable afirmar la existencia de una posible
afectación directa a las comunidades étnicas, ya que estos: (i) no perturban las
estructuras sociales, espirituales, culturales, en salud y ocupacionales de las
comunidades étnicas; (ii) no generan un impacto sobre las fuentes de sustento
ubicadas dentro del territorio de la minoría étnica; (iii) no imposibilitan realizar los
oficios de los que se deriva el sustento; (iv) no ocasionan un reasentamiento de la
comunidad en otro lugar distinto a su territorio; (v) en el caso concreto, el proyecto
no recae sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales; (vi) ni
los que desarrolla el Convenio 169 de la OIT; (vii) así mismo, no se imponen cargas
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o atribuyen beneficios a una comunidad, de tal manera que modifique su situación o
posición jurídica; (viii) ni se configura una interferencia en los elementos definitorios
de la identidad o cultura de las comunidades étnicas. Contrario al dicho de los
accionantes, las obras facilitan la materialidad de otros derechos tales como: derecho
a la libre locomoción, el derecho a la dignidad humana, derecho al mínimo vital, entre
otros.
24.2.-Aunado a lo anterior, la Unión temporal sostiene que en el momento en que se
interpuso el amparo la ejecución del proyecto se había limitado a desarrollar
actividades preparatorias y previas al inicio de las obras de mejoramiento y
mantenimiento del tramo. Sobre este punto, precisó que dichas actividades
consistían en la realización de la topografía y en la toma de las muestras de suelos
para poder elaborar los estudios y diseños correspondientes a este corredor vial.
Conforme a esto, que no existe una afectación directa ni indirecta a las comunidades,
por cuanto las actividades realizadas no involucran una intervención física y material
del tramo; por el contrario, corresponden a actividades preparatorias o previas, que
no requieren de consulta previa.
25.- Con este contexto, cabe recordar que, según la jurisprudencia constitucional30,
en aquellos casos en los que se alega la vulneración del derecho a la consulta previa
en la ejecución de proyectos de infraestructura de transporte que implican
mantenimiento, rehabilitación o mejoramiento de malla vial existente, la afectación
directa debe estudiarse a partir del impacto de las actividades específicas
desarrolladas por el contratista en el territorio.
En desarrollo de esta postura se ha establecido que, debido a su carácter de derecho
fundamental irrenunciable, la consulta previa no puede circunscribirse a las
restricciones derivadas de las previsiones reglamentarias que se hagan sobre un
sector específico, como el ambiental. Por lo anterior, se ha entendido que el proceso
de consulta es un derecho fundamental que trasciende el campo puramente
ambiental y este debe ser garantizado cuando se registra una intervención directa
en una comunidad étnica, sin importar sí dicha intervención tiene o no carácter
ambiental, esto se debe a que a priori, el mecanismo de consulta no tiene una
relación específica con un tipo de proyecto, por lo que la ejecución de los mismos
amerita un análisis particular en cada caso a partir de la noción de la afectación
directa.
26.- En este punto, la Sala advierte, que: (i) la interpretación propuesta por la Unión
Temporal, según la cual, los contratos de obra celebrados para el mejoramiento y
mantenimiento de infraestructura vial están exentos del trámite de consulta previa al
no requerir de licenciamiento ambiental no se ajusta a la jurisprudencia
constitucional. Como se mostró, no es posible asumir que, al generar un bajo impacto
ambiental, automáticamente este tipo de proyectos no conlleva un impacto directo
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Sentencia T-154 de 2021.
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Accionado: Presidencia y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
en las comunidades étnicas, ya que dicha afectación incluye aspectos sociales,
culturales y religiosos que van más allá de las discusiones estrictamente
ambientales. Por esta razón, en el presente asunto, no puede descartarse de plano
la necesidad de acudir al proceso de consulta previa.
(ii) Así mismo, de conformidad con las disposiciones consagradas en los Decretos
2893 de 2011 y 2353 de 2020 y en las Directivas Presidenciales No. 10 de 2013 y
No. 08 de 2020, es competencia exclusiva del Ministerio del interior a través de la
Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa y la Subdirecciones Técnica
de Consulta, definir en cada caso particular si las actividades desarrolladas en un
territorio afectan directamente o no a las comunidades étnicas y a partir de este
análisis establecer la procedencia de la consulta previa, de acuerdo con el proceso
establecido en las mencionadas Directivas. Por esta razón, no recae en cabeza de
la Unión Temporal contratista, la definición acerca de si el mecanismo de consulta
previa procede.
Lo anterior, por cuanto el mecanismo de consulta previa procede cuando se cuenta
con suficiente evidencia para inferir razonablemente que la adopción de un proyecto,
plan o medida puede generar un impacto directo en una comunidad étnica. Así, una
vez se advierte la existencia de dicho impacto, la consulta previa debe realizarse con
anterioridad al inicio del proyecto, obra o actividad, lo que implica que la apertura del
proceso no debe ser concomitante, simultánea o posterior, al momento en que ha
comenzado la intervención sobre el territorio.
Debe ponerse de presente que, aun cuando la Unión Temporal Andino ha
presentado varias peticiones al Ministerio del Interior para que se establezca la
presencia de comunidades indígenas en cierta área, estas se refieren únicamente al
tramo Uribia Puerto – Bolívar. Así mismo, se observa que, en una de sus
comunicaciones, desistió de dicho trámite.
27.- De conformidad con lo expuesto y con lo previsto en las Directivas
Presidenciales No. 10 de 2013 y No. 08 de 2020, la Sala advierte que existe un
mecanismo de defensa ordinario para resolver este tipo de controversias, en cabeza
del Ministerio del Interior, el cual resulta idóneo y eficaz para atender los reclamos
presentados por las comunidades accionantes.
Dicho proceso, no solo es el canal natural que, en el marco de sus facultades
reglamentarias estableció el Gobierno para dirimir las controversias relacionadas con
la procedencia de la consulta previa, sino que su diseño permite garantizar de
manera adecuada el análisis de los argumentos expresados por los dos extremos en
tensión según el concepto de afectación directa del territorio desarrollado por la Corte
Constitucional, por lo que debe recordarse que el análisis y la interpretación
constitucional de los asuntos de tutela, más allá de perseguir la solución de un
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07195-01
Accionante: Comunidades Wayúu de Pakimana, Patsuua y Jalaipa
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
conflicto, busca la definición de campos de posibilidades para resolver controversias
entre derechos o principios fundamentales.
28.- Precisado lo anterior, la Sala advierte que las comunidades accionadas tienen
a su alcance la posibilidad de activar los mecanismos antes indicados, pudiendo
promover ante las autoridades competentes la verificación de los supuestos que dan
lugar al trámite de las consultas previas, sea acudiendo de manera directa ante la
autoridad respectiva o propiciando la intervención de las instancias de protección y
defensa de los derechos como sería, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo o de la
Procuraduría General de la Nación, entidades que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, “están habilitadas para advertir y adelantar, con base en las medidas
de control que les corresponde, las eventuales omisiones en el deber de
identificación de la posible afectación directa de una determinada comunidad
étnica”31.
29.- En este punto recuerda la Sala que el Ministerio Público, conforme a sus
atribuciones legales y constitucionales, tiene responsabilidades en el procedimiento
de procedencia de la consulta previa. Según el artículo 13 del Decreto 25 de 2014
(Orgánico de la Defensoría del Pueblo) son funciones de las Defensorías delegadas:
“2. Velar por el respeto y ejercicio de los Derechos Humanos y la observancia del
Derecho Internacional Humanitario y adelantar las acciones y estrategias que se
requieran para el efecto. (…)3. Adelantar las acciones y estrategias que se requieran
para la protección de los derechos de los sujetos de especial protección
constitucional, bajo los lineamientos del Defensor del Pueblo. (…) 4. Presentar las
recomendaciones y observaciones a las autoridades y a los particulares, en caso de
amenaza o violación de los Derechos Humanos y la inobservancia del Derecho
Internacional Humanitario (…) 5. Adelantar las investigaciones de oficio o a petición
de parte, sobre las presuntas violaciones de los Derechos Humanos y la
inobservancia del Derecho Internacional Humanitario y rendir los informes sobre el
resultado de las mismas al Defensor del Pueblo”.
30.- Además, el artículo 24 del Decreto 262 de 2000 (Orgánico de la Procuraduría
General de la Nación) y la Resolución No. 017 2000, establecen como función de la
Procuraduría Delegada para la Prevención en materia de Derechos Humanos y
Asuntos Étnicos, la de “intervenir ante las autoridades públicas, cuando sea
necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio público o las garantías y
derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos o del
ambiente, así como los derechos de las minorías étnicas”.
31.-Asi pues, la Sala no encuentra evidencia de que las comunidades que han dado
inicio al presente proceso, hubieren promovido de manera previa a la presentación
de la acción de tutela, la activación de las competencias administrativas
encaminadas a realizar y proteger los derechos que estiman amenazados, sin que
31 Sentencia SU-123 de 2018.
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en sustitución de ello se encuentre evidencia que haga imperiosa la intervención de
una instancia judicial, de cara a la ausencia de un perjuicio irremediable que exija
por parte del juez constitucional la adopción de medidas impostergables en
sustitución de aquellas que pudieren adoptar tales instancias administrativas y de
defensa de los derechos. De hecho, en el caso objeto de estudio, se observa que a
la fecha no se han iniciado labores de construcción en el tramo de la vía en el que
habitan las comunidades accionantes, de igual manera en múltiples ocasiones la
Unión Temporal ha realizado reuniones con las autoridades indígenas, para
gestionar permisos y autorizaciones de las comunidades accionantes, con la
finalidad de adelantar labores relacionadas con la ejecución del proyecto32.
32.- De lo anterior, la Sala concluye que en esta oportunidad el perjuicio: i) no es
inminente pues no se evidenció un daño o menoscabo que esté próximo a ocurrir; ii)
no requiere la adopción de medidas urgentes por parte de la autoridad judicial; iii) no
se comprobó de qué forma grave e irreparable se haya afectado a la parte actora; y
iv) el amparo no es impostergable, pues como se mencionó, a la fecha no se ha
iniciado ninguna actividad que implique una intervención material en el territorio, sin
considerar, además, que las comunidades que han promovido la presente acción de
tutela, hubieran acudido previamente ante las instancias competentes, encargadas
de la realización, protección y defensa de sus derechos .
33.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. - REVOCAR la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021, por la
Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, para en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, conforme a la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. - ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
32 Expediente digital, contestación, Anexo: 7.4. Acta No. 13 del 25 de agosto de 2021.pdf; 7.11 Carta
de la comunidad a la UT ANDINO 066 del 7 de octubre de 2021.pdf; 7.5.Acta No. 16 del 30 de agosto
de 2021.pdf; 7.8.Acta No. 21 del 28 de septiembre de 2021.pdf; 7.6.Acta No. 18 del 4 de septiembre
de 2021.pdf; 7.3.Acta No. 11 del 19 de agosto de 2021.pdf; 7.9.Acta No. 30 del 9 de octubre de
2021.pdf; 7.2 Acta No. 5 del 30 de julio de 2021.pdf; 7.7.Acta No. 20 del 23 de septiembre de 2021.pdf;
7.1 Acta No. 1 del 28 de julio de 2021.pdf y 7.10.Acta No. 34 del 14 de octubre de 2021.pdf
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-07195-01
Accionante: Comunidades Wayúu de Pakimana, Patsuua y Jalaipa
Accionado: Presidencia y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Con salvamento de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE33
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
33VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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